Denuncian desalojo violento en comunidad guatemalteca Chapín Abajo

Compartimos esta nota de Olca – A 7 de diciembre del 2022

(Prensa Latina) Autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ de Guatemala confirmaron hoy graves violaciones de los derechos humanos en la comunidad Chapín Abajo, Izabal, tras un desalojo violento.

La comisión llegó al área sur de El Estor, después de que en la madrugada de este martes un numeroso grupo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público ingresara a Chapín Abajo con 25 órdenes de allanamiento contra sus líderes.

En un primer informe de los hechos de violencia -que incluyeron el uso de gases lacrimógenos-, se contabilizaron tres heridos de bala, un niño de 17 años, quien fue trasladado en busca de atención médica, y dos hombres.

La delegación dio cuenta, asimismo, de varias mujeres y niños intoxicados por los gases, lo cual comprobó la prensa independiente que acompañó a las autoridades.

Según la narración de los hechos por las familias, además de las fuerzas de seguridad, intervinieron paramilitares posiblemente contratados por la empresa NaturAceites.

Ellos entraron a las viviendas y robaron alimentos y otros bienes de las familias, confirmó el reporte de las autoridades q’eqchi’.

También constataron la detención de Alba María Choc, esposa del dirigente de Chapín Abajo, Pedro Cuc, junto a sus dos hijos menores de edad, con el propósito de presionar su entrega.

Las autoridades ancestrales pidieron la presencia del Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de verificar la grave situación y el riesgo a la vida de cientos de personas de la comunidad, especialmente por falta de atención médica.

La PNC, por su parte, informó que tres agentes resultaron heridos en los enfrentamientos.

El medio alternativo Prensa Comunitaria recordó que esta es la cuarta ocasión en que fuerzas de seguridad ingresan a Chapín Abajo para desalojar a familias que reclaman las tierras hoy en poder de NaturAceites, dedicada al monocultivo de la palma africana en el área sur de El Estor, Izabal.

La empresa considera esos terrenos como propios y criminaliza a Cuc y otros dirigentes por su resistencia contra la explotación de palma y la minería.

En enero de este año, el líder comunitario aseguró que lo más grave de la problemática agraria en El Estor son las invasiones de tierra de las empresas para sembrar y producir aceite de palma y los desalojos promovidos por terratenientes vinculados a este tipo de monocultivos, compañías mineras y otras.

rgh/mmc

Zacatecas: Habitantes de Tlaltenango logran la clausura total y definitiva del mal llamado «relleno sanitario» en Cicacalco

Compartimos este comunicado a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la defensa del territorio en Zacatecas – A 30 de noviembre del 2022

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29N, Día Internacional de las Defensoras: Ante la barbarie, nos cuidamos entre nosotras, en comunidad

Comunicado de IM-Defensoras en el marco del Día Internacional de las mujeres Defensoras – A 29 de noviembre del 2022

Este año, en México, fueron víctimas de feminicidio cinco defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas. En Nicaragua, veintiuna mujeres siguen presas por luchar contra la deriva totalitaria del gobierno de Daniel Ortega, mientras muchas otras han sido desterradas, se han tenido que exiliar, han visto cómo sus organizaciones eran ilegalmente canceladas o viven, junto con sus familias, bajo un ambiente de miedo y persecución. En Honduras, terratenientes, empresas extractivas y poderes institucionales racistas y corruptos no cesan de agredir y criminalizar a defensoras y comunidades que resisten ante el despojo de sus tierras. En El Salvador, las defensoras y las periodistas viven bajo un régimen de excepción en el marco del cual cualquier arbitrariedad es posible, enfrentando ataques digitales que las señalan y las ponen en el punto de mira de la violencia que sacude el país. 

En toda la región, desde los poderes opresores pero también desde nuestros entornos cercanos, se nos sigue discriminando, acusando de ser “malas mujeres”, agrediendo sexualmente, negando nuestro derecho a organizarnos y a alzar la voz.

Estos son tan solo algunos apuntes sobre el contexto en el que hoy en día las defensoras mesoamericanas de derechos humanos desarrollamos nuestra labor. Seguramente las cosas no han cambiado mucho de cómo eran hace ya casi trece años, cuando defensoras de diversos movimientos sociales de Mesoamérica y otros países nos reunimos en Oaxaca, México, para compartir nuestra preocupación e impotencia ante la violencia que tocaba nuestros cuerpos y vidas. De ahí nació un pacto para protegernos y cuidarnos juntas al que llamamos Protección Integral Feminista (PIF). 

La PIF es la manera en la que nos acompañamos entre defensoras y comunidades cuando somos agredidas; la manera de hacer análisis de riesgo con una mirada feminista que atienda a todas las dimensiones del contexto; de construir espacios de acogida; de documentar las violencias, denunciarlas y buscar justicia; también es la manera de sanar y cuidarnos colectivamente y de fortalecer nuestras capacidades para protegernos. Construirla y llevarla a la práctica no ha sido fácil, ha sido y sigue siendo un proceso plagado de retos y aprendizajes, con sus logros y desafíos, encuentros y desencuentros, dolores y pequeñas victorias. 

Hoy, casi trece años después, nuestra región sigue siendo el lugar violento y hostil que era, incluso puede que más; las políticas capitalistas, racistas y patriarcales que desde hace siglos buscan subyugar y expropiar nuestras vidas siguen tan vigentes o más que antes. La crisis climática, la sindemia por COVID-19, el auge de la extrema derecha y los fundamentalismos religiosos, el poder de las empresas y grupos mafiosos y el autoritarismo cada vez más desacomplejado de algunos Estados dan testimonio de ello.

Ante la violencia de tales poderes, instancias internacionales, entidades supraestatales, mecanismos estatales y otras instituciones se han demostrado, cuando menos, impotentes. Es más, nuestro Registro de Agresiones constata como en toda la región, los Estados – sí, esos que en teoría deberían protegernos – son nuestros principales agresores a través de la acción de policías, militares, instituciones y autoridades de diferente nivel. Esto no ha hecho sino reafirmar nuestra convicción de que la mejor protección es la que nos damos entre nosotras, en comunidad, desde nuestros territorios y desde el enfoque de la Protección Integral Feminista. Nuestras vidas no pueden depender de instituciones incapaces o cómplices. Por ello hemos creado redes de protección entre y para defensoras de diferentes movimientos sociales para cuidar nuestras vidas, nuestras organizaciones y comunidades y, así, seguir luchando juntas por el futuro de la red de la vida.

Hoy, en el marco del Día Internacional de las Defensoras, desde la IM-Defensoras reconocemos y saludamos las luchas de todas nuestras compañeras, denunciamos todas las violencias que buscan acallarnos y nos reafirmamos en el pacto de cuidarnos juntas.

 En este día de las defensoras, también les invitamos a conocer cómo hemos enfrentado la violencia y cómo hemos venido construyendo la Protección Integral Feminista, anunciándoles nuestra próxima publicación, “El pacto de cuidarnos”, que presentaremos públicamente el próximo 9 de diciembre de 2022, a las 10 am horas de Mesoamérica, a través de nuestro canal de Youtube.

Imagen: IM – Defensoras

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Banco ligado al asesinato de Berta Cáceres expande operaciones en Centroamérica

Compartimos esta nota publicada por Avispa Midia sobre – A 7 de noviembre del 2022

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

Imagen: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca– COPINH

Declaración oficial del pueblo y de la Alianza de Sulawesi, Indonesia; en relación con la reunión de la Cumbre del G20 en Nusa Dua Bali

Compartimos este pronunciamiento vía Salva la Selva – A 15 de noviembre del 2022

«Salvemos los bosques tropicales y el pueblo de Sulawesi: Detengan la financiación y la inversión en minas y fundiciones de níquel y sus centrales eléctricas de carbón en Indonesia. Los vehículos eléctricos son una falsa solución al cambio climático»

La Cumbre del G20 se celebrará en Nusa Dua Bali. Los líderes de los países desarrollados y en vías de desarrollo se reunirán para debatir los problemas que están ocurriendo en todo el mundo, especialmente las crisis económicas que están empezando a sufrir los países de Europa y América. Estas crisis también afectarán a Indonesia y a otros países del Sur global debido a su dependencia de la inversión extranjera. Por lo tanto, uno de los intereses de los países en desarrollo en el G20 es garantizar que el capital extranjero de inversores europeos y estadounidenses no se retire de Indonesia por el aumento de los tipos de interés en los bancos europeos y estadounidenses. De hecho, el interés de Indonesia en la cumbre del G20 es convencer a los países desarrollados de que aumenten sus inversiones en Indonesia, especialmente en los sectores de la energía, el transporte y las materias primas relacionadas con la tecnología y los vehículos eléctricos.

Creemos que en esta reunión del G20, el gobierno indonesio ofrecerá a los países desarrollados el potencial de níquel presente en las selvas tropicales de Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. Además, Indonesia tiene la ambición de convertirse en un productor de primera clase de materias primas para baterías que sirvan a la producción mundial de vehículos eléctricos. El gobierno indonesio espera organizar una exposición de vehículos eléctricos tematizando la transición energética.

La Alianza de Sulawesi, una coalición de ONG de la isla de Sulawesi que trabaja por la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los derechos humanos, considera por tanto importante expresar las aspiraciones y la voluntad de la población de la isla de Sulawesi a los líderes mundiales en vísperas de la reunión del G20. Consideramos que esto es crucial porque las políticas del gobierno indonesio no suelen reflejar la voluntad del pueblo.

Los líderes de los países del G20 -especialmente Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Japón, China y Australia- deberían tomar nota de que el nivel de vida de los habitantes de Indonesia, especialmente los que viven alrededor de los bosques, está actualmente disminuyendo. Esto es especialmente cierto para las familias de agricultores y pescadores que viven alrededor de las minas y fundiciones de níquel y sus sucias centrales eléctricas. Antes de que las minas de níquel se extendieran por los bosques tropicales de Sulawesi, los agricultores de Morowali, Morowali Norte (Sulawesi Central), Luwu Este (Sulawesi Sur), Konawe, Konawe Norte y otros distritos del sureste de Sulawesi contaban con dos cosechas al año. Sin embargo, tras la puesta en marcha de las minas y fundiciones de níquel, las comunidades sufrieron numerosas pérdidas de cosechas porque sus arrozales estaban contaminados por los lodos de las minas y los residuos de las fundiciones. Los agricultores se vieron obligados a vender sus arrozales porque ya no eran viables.

La contaminación de ríos y mares es un impacto inevitable de la minería y la fundición de níquel. Los dirigentes de los países que promueven la movilidad eléctrica deberían saber que la destrucción en la isla de Sulawesi debida a las minas y fundiciones de níquel no es sólo un problema local en los bosques tropicales, sino que se extiende también a la costa. Cada lluvia arrastra el lodo de las minas al río Malili, en Sulawesi del Sur, tiñéndolo de rojo. El lodo llega hasta el mar, contaminando la costa, diezmando las poblaciones de peces y afectando negativamente los modos de vida de las familias de pescadores, que se ven obligadas a navegar cada vez más lejos para pescar. Lo mismo ocurre en la aldea de Lampia, en el distrito de Malili, en Sulawesi del Sur, donde el lodo de la antigua mina contamina directamente el mar. El equipo de WALHI Sulsel ha observado que la contaminación del lodo de la mina de níquel en la costa de Lampia ha llegado hasta 100 metros dentro del mar, afectando también a los manglares de la costa de Lampia. Esto ha tenido un impacto dramático en los medios de vida de las familias de pescadores de la zona.

El impacto de la minería del níquel también lo sufren las mujeres: para las mujeres de Sorowako, especialmente las del pueblo indígena karonsie, las minas y fundiciones de níquel propiedad de empresas canadienses y japonesas han destrozado sus sueños de una vida buena y autosuficiente cultivando su propia tierra. Las empresas mineras de níquel les han arrebatado sus tierras y jardines habituales sin compensación e incluso los han convertido en un campo de golf propiedad de la empresa. Ya no tienen acceso a agua limpia y se ven obligadas a consumir agua sucia del río contaminada con el lodo de las minas de níquel. El asentamiento actual ha sido vallado con una total fata de respeto a los derechos consuetudinarios sobre la tierra del pueblo Karonsie.

La expansión de las últimas explotaciones mineras de níquel en Sulawesi del Sur ha provocado desalojos y la incautación de huertos de pimienta de propiedad comunitaria, que proporcionaban a la población local unos buenos ingresos, con los que durante muchos años se mantenían las familias. El conflicto social es inevitable aquí.

En Sulawesi central y sudoriental también se dan casos de destrucción de la selva tropical que repercuten en la destrucción de las fuentes de vida de la población, especialmente de las mujeres. En el centro de Sulawesi, precisamente en los distritos de Morowali y Morowali Norte, debido a los lodos de las minas y a los residuos de las fundiciones de níquel de las empresas chinas, los pescadores de Morowali tienen que resignarse a perder sus medios de vida porque las costas y los mares, que han sido la fuente de ingresos de los pescadores, se han contaminado con los lodos de las antiguas minas de níquel y los residuos de las fundiciones de níquel. Por ello, los pescadores han decidido dejar de pescar y han optado por convertirse en obreros de la construcción y de las fábricas de fundición, cuyos ingresos son muy inferiores a los de cuando eran pescadores.

Lo peor en Sulawesi Central es que la minería y la construcción de la fundición de níquel han creado conflictos agrarios. En el distrito de Morowali Norte, los campos de arroz y los huertos de los agricultores han sido tomados a la fuerza por la empresa sin consulta ni compensación. La comunidad tiene ahora que vivir sin tierra, que es la única fuente de sustento de la comunidad, y que ha sido tomada por la fuerza para las empresas mineras y la construcción de fundiciones de níquel. Así que para nosotros, la expansión de la minería de níquel en la isla de Sulawesi es una catástrofe para la comunidad, especialmente para los agricultores y las mujeres.

Aparte del enorme impacto de las minas y fundiciones de níquel en los bosques, ríos, costas y comunidades de la isla de Sulawesi, creemos firmemente que el níquel, las baterías y los vehículos eléctricos no son una panacea para la crisis climática mundial por las siguientes razones:

1. El aumento de la producción de níquel en Indonesia, así como de baterías y vehículos eléctricos en el Norte global, contribuye directamente a la destrucción de las selvas tropicales, especialmente las de la isla de Sulawesi. Estos bosques tropicales son vitales para el medio ambiente, la vida de las personas y el clima mundial. Las selvas tropicales de la isla de Sulawesi secuestran el carbono emitido por las fábricas de Indonesia, así como por las industrias y las centrales eléctricas de combustibles fósiles del Norte global. Por lo tanto, es muy erróneo llamar a la industria de los vehículos eléctricos -cuya materia prima se obtiene de la destrucción de los bosques- respetuosa con el medio ambiente y una solución al cambio climático.

2. El 80% de la energía eléctrica que mueve las fundiciones de níquel en Sulawesi procede de centrales eléctricas de carbón. Esto es ciertamente contrario a los principios de desarrollo sostenible, de negocios respetuosos con el medio ambiente y de mitigación del cambio climático que están enunciando actualmente los líderes mundiales. El uso de la energía del carbón en las fundiciones duplica las emisiones asociadas a la producción de níquel.

3. Al aumentar la demanda de carbón, la mayor producción de níquel en Sulawesi también está acelerando la destrucción de los bosques en otras islas, especialmente en Kalimantan, el mayor centro de actividad minera del carbón en Indonesia. Mientras la producción de vehículos eléctricos implique la destrucción de selvas tropicales en Sulawesi y Kalimantan y el aumento de las emisiones de carbono, no pueden considerarse una solución al cambio climático.

4. La última consideración es el uso de energía a base de carbón para cargar los vehículos eléctricos: mientras los combustibles fósiles sean la fuente de energía más extendida en el mundo, los daños medioambientales y climáticos continuarán sin cesar. A medida que más y más personas utilicen los coches eléctricos, las minas de níquel y carbón seguirán comiéndose la selva, y se construirán cada vez más centrales eléctricas de carbón.

Por lo tanto, la inversión y la financiación en la industria del níquel en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi, desde la parte alta hasta la baja, refuerza aún más el ritmo de destrucción de la selva tropical, lo que contribuye a que el cambio climático sea cada vez más grave. Además, la vida de la población indígena y local, que actualmente es pobre, será más pobre, porque sus fuentes de subsistencia también se ven perjudicadas e incluso desaparecen.

Para salvar los bosques tropicales que quedan en Indonesia y la vida de las personas, especialmente las mujeres y el futuro de los niños de la isla de Sulawesi, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todas las comunidades, los agricultores y las familias de pescadores afectados por los daños medioambientales debidos a las industrias mineras y del níquel pedimos a los líderes de los países del G20, especialmente al Presidente de China, Xi Jinping y a los BMD, que se comprometan firmemente a poner fin a las inversiones en las minas de níquel, la construcción de fundiciones de níquel, la industria de las baterías y las centrales eléctricas de carbón asociadas en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. También exigimos que los líderes políticos y empresariales de los países del G20 dejen de promover los vehículos eléctricos como una alternativa ecológica y una solución a la crisis climática.

Sobre la base de los hechos y las condiciones reales anteriores, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todo el pueblo de la isla de Sulawesi, exigimos:

  1. A los líderes de los países del Grupo 20, especialmente al Presidente de los Estados Unidos, China, al Primer Ministro de Canadá, Japón, Reino Unido, al Líder de la Unión Europea y al Canciller de Alemania para que dejen de apoyar las inversiones que destruyen los bosques tropicales en todo el mundo, especialmente en la isla de Sulawesi, Indonesia. Exigimos concretamente que se detenga el apoyo a las inversiones en el sector minero, especialmente en la extracción de níquel.
  2. A las instituciones financieras internacionales para que pongan fin al apoyo financiero al sector minero, especialmente a la extracción de níquel en Indonesia. Las instituciones financieras internacionales deben cambiar su financiación hacia empresas sostenibles, especialmente las que protegen los bosques tropicales de todo el mundo.
  3. Al gobierno indonesio, especialmente al presidente Jokowi, para que deje de emitir inmediatamente licencias de negocios mineros, especialmente licencias de negocios mineros de níquel. Además, exigimos que el presidente Jokowi revoque las licencias de minería que han destruido los bosques tropicales de la isla de Sulawesi y otras islas de Indonesia.

Por último, también hacemos un llamamiento a todas las personas del mundo para que apoyen a la Alianza y al pueblo de Sulawesi para detener la destrucción de las selvas tropicales en Indonesia, especialmente en Sulawesi. Proteger la selva tropical es la forma más poderosa de preservar la vida en nuestro planeta.

Makassar, 15 de noviembre de 2022

Alianza de Sulawesi

Sunardi, Director Ejecutivo de WALHI Central Sulawesi

Theo Runtuwene, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Norte

Muhammad Al Amin, Director Ejecutivo de WALHI South Sulawesi

Saharuddin, Director Ejecutivo de WALHI Southeast Sulawesi

Asnawi, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Occidental

Imagen: destrucción en Sulawesi por la minería de níquel

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Video: Decreto de eliminación de glifosato y maíz transgénico en México por Fernando Bejarano

Compartimos la participación del Dr. Fernando Bejarano en el Festival del Maíz Mujeres rurales y alimentación en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas México realizado el día 1 de octubre en el marco del Día Nacional del Maíz el 27 de septiembre

Más información:

Serie de video: Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses

Compartimos con ustedes esta serie de 3 relatos digitales basados en la técnica del “digital Storytelling”; son relatos testimoniales creados a partir de la experiencia compartida de las mujeres chicomuselenses que aceptaron participar en el proyecto de investigación “Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses” que tuvo lugar entre enero 2020-enero 2022, realizada por Linamar Campos

Sipnosis: Tres compañeras de lucha de Mariano Abarca Roblero, líder del movimiento opositor a la extracción de barita en Chicomuselo por parte de la minera canadiense BlackFire Ltd., comparten sus experiencias y las razones que las motivaron a participar en la defensa de sus espacios y el medio ambiente.

Testimonio 1

Testimonio 2

Testimonio 3

Campaña Internacional de Solidaridad con Haití: ¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!

Compartimos la siguiente campaña de solidaridad internacionalista con Haití a través de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 24 de octubre del 2022

Roger Waters, Noam Chomsky, y más de 500 militantes sociales y populares, artistas, académicos/as, figuras públicas, han firmado esta carta abierta por un Haiti digno y soberano, libre de intervención extranjera. Impulsada por la Asamblea Internacional de los Pueblos, ALBA Movimientos, la Asamblea de los Pueblos del Caribe, y la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, buscamos sumar más luchas y manifestaciones de solidaridad con nuestro hermano pueblo de Haití para frenar los ataques en su contra.

Suma tu firma a nuestra declaración en solidaridad con el pueblo haitiano y contra la intervención extranjera: https://bit.ly/3DjBOTa

Durante los últimos 4 años, el pueblo haitiano se ha movilizado permanentemente contra el enorme empobrecimiento de las masas, las escandalosas desigualdades que condenan a la mayoría de la población a vivir en condiciones inhumanas y contra los beneficios económicos de los que goza una pequeña minoría. En particular se ha movilizado contra el aumento de la inflación, los precios del combustible y, más recientemente, para rechazar los llamamientos a la intervención extranjera que ha solicitado de forma ilegítima el primer ministro Ariel Henry, respaldado por Estados Unidos.

Hoy Haití se encuentra frente a una posible nueva ocupación militar directa de la ONU, tal como ocurrió entre 2004 y 2017 a través de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Al respecto son preocupantes las declaraciones del Secretario General del organismo, Antonio Guterres, quien ha solicitado al Consejo de Seguridad la aprobación de dicha intervención de carácter militar, que se suma al reciente arribo de aviones militares enviados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.

Llama especialmente la atención que las razones por las cuales el gobierno de Henry, y las Naciones Unidas justifican esta posible intervención militar, son provocadas precisamente por las ocupaciones anteriores en la isla, como es la propagación del cólera, y la crisis humanitaria ocasionada por los numerosos casos de violaciones sexuales y de derechos humanos cometidos por los cascos azules contra la población civil.

Instamos a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales de integración como la  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, y en particular a los gobiernos populares y progresistas de nuestro continente, a rechazar de forma tajante estos nuevos intentos de ocupación en Haití, y rechazar todo intento de injerencia. Aludiendo a los principios del Derecho Internacional de no intervención, igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, e igualdad soberana consagrados en la Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas; la solución a los problemas domésticos de Haití debe ser impulsada por el mismo pueblo haitiano sin ningún tipo de intervención extranjera, y priorizando la soberanía, autodeterminación y democracia en el país. 

¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!

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Video: Foro y Presentación del informe: La Lucha por lo Esencial; Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina

Compartimos con ustedes algunas fotografías y en video del foro y presentación de informe: La Lucha por lo Esencial; Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina que se realizó el pasado viernes 21 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Las organizaciones que forman parte de la Coalición en Contra de la Pandemia Minera presentaron el informe de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) La Lucha por lo Esencial: La Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19 con participación de compañeras y compañeros de México Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) y del Medio Chiapas Paralelo, así como de Honduras del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y Perú del Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) reflexionando sobre el informe regional Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera,

Video:

https://fb.watch/gmv9YIK3qe/

Galería de fotografías

Morelos: Comunicado de Pueblos y Colonias contra la minería

Compartimos este comunicado de Pueblos y Colonias contra la minería en Morelos a través de Red Latina Sin Fronteras – A 13 de octubre del 2022

12 DE OCTUBRE DÍA DE LAS RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS DE INDÍGENAS DEL MUNDO

COMUNICADO DE LA UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS.

México, Morelos 13 Octubre, 2022

Los pueblos indígenas de México seguimos en la resistencia por nuestra existencia, a 530 años de invasión seguimos siendo invadidos en nuestros territorios, seguimos siendo desplazados, militarizados, desaparecidos y despojados de nuestras tierras. Hoy 12 de octubre día de las resistencias indígenas, saludamos a todos los pueblos que luchan por la vida, por el territorio, por el agua, por el aire, por la madre tierra, saludamos a nuestras hermanas y hermanos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo y exigimos a los 3 órdenes de gobierno que paren el hostigamiento y la militarización en los pueblos zapatistas, de igual forma condenamos la destrucción del territorio por el paso del mal llamado tren maya en los pueblos que resisten a los megaproyectos de muerte.

Denunciamos los atropellos a nuestros derechos humanos y colectivos como pueblos indígenas, la devastación de nuestros territorios, de nuestros cerros sagrados por las empresas extractivas y al Estado Mexicano por permitir tal devastación de nuestra cultura e identidad. Los pueblos nahuas organizados del Estado de Morelos nos hemos unido y realizado EL DECRETO DONDE SE PROHÍBE LA MINERÍA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VINCULADA AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y PROYECTOS DE MUERTE EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO NAHUA DEL ESTADO DE MORELOS aprobados los días 23 y 24 de abril del 2022.

Las comunidades nahuas de Cuentepec, Tetlama, Coatetelco, Xoxocotla y Alpuyeca pueblos originarios, así como las colonias y municipios aledaños de la Unidad Morelos, Temixco, Xochitepec, Acatlipa, Xochicalco, Tezoyuca; Benito Juárez, Aeropuerto, Las Rosas, Francisco Villa, Miacatlán, Palpan, Milpillas, Xochicalco, serán afectados gravemente por las concesiones mineras Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver, empresas canadienses que traen un devastador proyecto minero, paradójicamente denominado “ESPERANZA”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro, plata y otros minerales; proyecto que afectará en forma grave nuestras aguas, tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente 200 mil habitantes que viven en las comunidades y sus alrededores. Señalando además que a 500 metros se encuentra la zona arqueológica de Xochicalco declarada como patrimonio de la humanidad desde el año 1999 por la UNESCO, por lo que es un sitio sagrado para todas las comunidades originarias.

Es por ello que el día de hoy reivindicamos la lucha de los pueblos indígenas originarios de Morelos, México y del mundo, realizando las denuncias correspondientes por la devastación de los cerros sagrados del Jumil y la calabaza, señalamos que las empresas mineras Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver no cuenta con los permisos correspondientes para talar los árboles, realizar caminos y destruir nuestra flora y fauna de nuestro territorio.

Asimismo, hacemos la denuncia del Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual es un megaproyecto de muerte, energético regional que afecta a los pueblos nahuas que rodean el volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y que consta de dos centrales termoeléctricas; habiéndose instalado la primera de ellas aproximadamente a trescientos metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Para alimentar dichas centrales también se ha impuesto un gasoducto de 160 kilómetros que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad. Asimismo, se construye un acueducto de 26 pulgadas de diámetro que pretende despojar de 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región del municipio de Ayala. 

Del mismo modo nos solidarizamos con la lucha de los pueblos de Tepoztlán que se resisten a un megaproyecto turístico y con el pueblo de Jiutepec qué se encuentra en lucha en contra de la minera de cal, el cual ha ocasionado grietas y destrucción de las casas de los habitantes.

¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA, NO A LA MINA!

¡LA ESPERANZA DE JUSTICIA… ES LA CARABINA QUE ZAPATA NOS DEJO!

¡VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS NAHUAS DE MORELOS!

¡VIVA LA UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERIA EN MORELOS!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO!

¡VIVA ZAPATA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS Y NOSOTRAS!

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Alto a los Desapariciones Forzadas y Ataques a los Movimientos Sociales en Honduras: Una Carta Abierta

Compartimos esta carta de solidaridad con el pueblo hondureño – A 12 de octubre del 2022

>>Firma la carta aquí <<

Antecedentes:

En su lucha por defender sus territorios ancestrales, el pueblo Afroindígena Garífuna de Honduras se ha enfrentado a un ciclo casi constante de agresiones por parte del anterior gobierno hondureño, los elementos de la narco-dictadura que todavía existen en el Ministerio Público y la Corte Supremadel gobierno hondureño, las élites poderosas y el crimen organizado. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), contraparte de Grassroots International, es uno de los blancos de estas agresiones.

El mes pasado, OFRANEH lanzó una serie de acciones nacionales e internacionales para llamar la atención y hacer justicia sobre las desapariciones forzadas de cuatro jóvenes líderes comunitarios. En respuesta, la Fiscalía General de Honduras, controlada por la derecha, tomó represalias abriendo investigaciones penales contra dos dirigentes de OFRANEH y un miembro de su equipo jurídico. La coordinadora general de OFRANEH, Miriam Miranda, que ya se ha enfrentado a múltiples amenazas, Luther Castillo Harry, miembro de OFRANEH y ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado de OFRANEH, Edy Tábora, han sido objeto de ataques políticos. Además, la Fiscalía General incluyó a nuestra otra contrparte COPINH en su ataque – porque COPINH se solidarizó con el trabajo de los Garifunas por la justicia.

A pesar de que este año se ha elegido una nueva presidenta, lo que supone una ruptura con los doce años de gobierno golpista de derechas, muchas de las estructuras de poder asociadas al anterior gobierno siguen vigentes, incluso en la Corte Suprema y el Ministerio Público. La Fiscalía afirma que una reciente protesta de la campaña «alteró el orden» y «privó ilegalmente de la libertad». Esto se produce después de otros esfuerzos de la derecha por criminalizar los movimientos sociales, incluyendo la reescritura del código penal.

No basta con que estos cargos criminalicen hipócritamente a los mismos organizadores que buscan acabar con la violencia racista contra los Garífunas. Estos posibles cargos conllevan penas de prisión que van de uno a siete años, un golpe devastador para el movimiento.

Los movimientos de Honduras necesitan urgentemente la solidaridad internacional frente a estos y otros ataques. Por favor, únanse a la creciente protesta internacional en apoyo de estos defensores de los derechos humanos y sus demandas de justicia enviando un mensaje a las autoridades hondureñas.

Por favor, actúe firmando su organización en la siguiente carta, así como tomando medidas individuales aquí. Gracias.

Carta abierta

A la atención de Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla, Fiscal General Adjunto Daniel Sibrian, Presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta, y Carlos Josué Padilla Eveline, representante ante la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

En nombre de las organizaciones abajo mencionadas, les escribimos para expresar nuestra grave preocupación por la creciente ola de violencia y terror contra las comunidades Afrodescendientes e Indígenas en Honduras y la consiguiente persecución de los defensores de los derechos humanos. Esto incluye los recientes ataques contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ambas organizaciones son ampliamente reconocidas y altamente apreciadas por la comunidad internacional de derechos humanos por su trabajo crítico en defensa de los derechos de los pueblos Garífuna y Lenca y sus territorios ancestrales.

Desde la elección democrática de la presidenta Xiomara Castro a principios de este año, los movimientos de Honduras han aprovechado esta nueva apertura política para luchar por la justicia real para los pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Apoyamos sus esfuerzos y nos unimos a ellos para denunciar los intentos del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, que siguen bajo el mandato del anterior gobierno de Juan Orlando Hernández, de socavar la democracia y los derechos humanos.

Hemos tenido conocimiento de que el 17 de agosto de 2022, la Fiscalía Especial contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron que han abierto una investigación penal contra Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, Luther Castillo Harry, miembro de OFRANEH y Ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado Edy Tábora, miembro del equipo jurídico de SUNLA (Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz) y abogado de OFRANEH. También nos preocupa saber que otros líderes de OFRANEH, SUNLA y COPINH están siendo perseguidos a través de una investigación penal.

El momento en el que se ha atacado a estos defensores de los derechos humanos no es una coincidencia. Viene después de una serie de acciones públicas por parte de OFRANEH, COPINH, y aliados a nivel nacional e internacional exigiendo justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes líderes de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. Los jóvenes fueron secuestrados por hombres armados con uniformes policiales el 18 de julio de 2020. OFRANEH ha estado llamando la atención sobre el hecho de que este espantoso crimen aún no ha recibido una investigación adecuada por parte del gobierno.

En lugar de tomar las acciones necesarias para apoyar a las víctimas del secuestro, como lo pide la Corte Interamericana, el Fiscal Adjunto Sibrían Bueso ridiculizó a OFRANEH en las redes sociales e inició una investigación penal contra los defensores de derechos humanos mencionados.

Las desapariciones forzosas no sólo son violaciones contra los individuos involucrados, sino también contra sus familias, comunidades y movimientos. Los ataques contra los líderes de los movimientos sociales van de la mano de los secuestros, como parte de un asalto más amplio contra las comunidades y los movimientos impulsado por poderosos intereses. Nuestra comunidad internacional ha seguido de cerca el caso de las desapariciones forzosas del Triunfo de la Cruz, y este reciente ataque a los defensores de los derechos humanos sólo nos hace estar más atentos.

Les exigimos:

1. Diseñar e implementar acciones y planes de búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz, basados en los Principios Rectores de la ONU para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

2. Crear una fiscalía especial contra la desaparición forzada para investigar la desaparición de los jóvenes líderes de Triunfo de la Cruz y las demás desapariciones que ocurren a diario en el país.

3. La incorporación del Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz («SUNLA») como organismo independiente para la investigación y búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

4. El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

5.  Respetar y cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado; y

6. Cesar inmediatamente la criminalización, represalias y persecución judicial de quienes luchan por la defensa de los derechos territoriales, incluyendo a Miriam Miranda, Luther Castillo Harry, Edy Tábora y otros involucrados con OFRANEH y COPINH.

Viernes 21 de octubre 6 pm Presentación del informe: La Lucha por lo Esencial

Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina

Foro virtual y presencial

Viernes 21 de octubre del 2022

México / Perú: 18 a 20 HRS; Honduras: 17 a 19 HRS

Mientras los grandes capitales mineros se beneficiaron de los altos precios por los metales y las restricciones sociales por la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19, para las comunidades y las mujeres defensoras de la tierra y el territorio este último periodo ha reforzado la importancia de resistir a los proyectos extractivistas, fortalecer el cuidado mutuo, y construir un futuro basado en la salud, la soberanía alimentaria, y la defensa de un ambiente sano y los derechos colectivos. 

Las organizaciones que formamos parte de la Coalición en Contra de la Pandemia Minera presentamos el informe de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) La Lucha por lo Esencial: La Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19 con participación desde Honduras y Perú reflexionando sobre el informe regional Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera.

Presentan:

Honduras: 

Dalila Santiago, Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT)

Perú: 

Valeria Cajia Cajia, Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)

México:

Amada García, Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS)

Ángeles Mariscal, Periodista y Directora de Chiapas Paralelo

Moderan:  Jen Moore, IPS- Economía Global y Libertad Díaz, Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)