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LA AMAZONIA: LUCHAS DE LAS COMUNIDADES FRENTE A VIEJAS Y NUEVAS AMENAZAS
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Imagen 26 Febrero 2024Incendios y agronegocios, motores de la deforestación en la Amazonía bolivianaLa expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja o palma aceitera así como la minería y la posible construcción de mega represas avanzan sobre los espacios vitales de comunidades indígenas y campesinas. A fines de 2018, los pueblos se organizaron en una Coordinadora para defender sus territorios y el derecho a una vida digna. →
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Imagen 26 Febrero 2024Las contradicciones de la conservación: El territorio del pueblo Ka’apor, en la Amazonia brasileñaEl pueblo Ka’apor vive en Alto Turiaçu, en el noroeste del Estado de Maranhão, en Brasil. Es el territorio indígena más grande de la Amazonia Oriental y, también, la porción de selva preservada más grande en esa región. Allí llegaron empresas extranjeras a proponer proyectos REDD, que generan conflictos y el rechazo de una parte de la comunidad, que se organiza para resistirlos. →
Les compartimos este posicionamiento de Amigas de la Tierra Brasil sobre la guerra en Palestina – A 20 de febrero de 2024
Traducción en español:
La situación en Palestina no es equivalente al Holocausto: ¿Lula cometió un error?
Genocidio
Ge-no-ci-di-o
sm
Destrucción total o parcial de una etnia, raza o religión mediante métodos crueles. (Diccionario Aurelio)
Al decir que “Lo que está pasando en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino no hay otro momento histórico. De hecho, existía cuando Hitler decidió matar a los judíos”, ¿se equivocó Lula?
La intención del presidente brasileño era equiparar el genocidio palestino al genocidio judío, pero aunque el asesinato masivo y sistemático de personas inocentes es siempre un acto igualmente repulsivo, independientemente del número de personas afectadas, el Estado de Israel está demostrando que ya pasó Es hora de que superemos el Holocausto como criterio último de la monstruosidad de la humanidad. Hay muchos criterios capaces de atestiguar también la monstruosidad de la conducta de los Estados. Uno de ellos es la responsabilidad histórica. Todos aquellos que viven una situación de injusticia y crueldad, si no buscan venganza, tienen el deber histórico de luchar para que el sufrimiento y la barbarie sufrida nunca se repitan –con nadie, con cualquier pueblo, en cualquier momento. Como hemos visto, en opinión de diversas organizaciones, líderes mundiales, pensadores, entre otros -judíos o no, dados todos los esfuerzos por mantener viva la memoria del Holocausto para que no vuelva a suceder, es inconcebible que el Estado de Israel seguiría perpetuando la masacre en Palestina, un verdadero campo de concentración al aire libre.
Además, hay muchos elementos del genocidio cometido por el Estado de Israel que deben ser tomados en consideración para que no nos dejemos sepultar por la monstruosidad del Holocausto hasta el punto de perder de vista la monstruosidad cometida hoy contra el Palestinos. Sabemos que la guerra contra el pueblo palestino utiliza una gran confusión encaminada a situar el antisemitismo como un derecho de defensa del pueblo judío. Este derecho de defensa anunciado por el Estado de Israel ha sido utilizado, sin embargo, como sello para la formación, durante décadas, de un Estado terrorista, asesino y genocida. Vayamos a los elementos:
En primer lugar, mientras que el Tercer Reich en Alemania duró 12 años, el apartheid palestino existe desde hace más de siete décadas. En segundo lugar, las atrocidades cometidas en los campos de concentración nazis fueron condenadas y reprimidas mediante una guerra mundial que no permitió naturalizar el Holocausto y permitió que los judíos fueran liberados y obtuvieran su Estado; El genocidio palestino ha sido distorsionado y naturalizado por los portavoces del sionismo global durante décadas, manteniendo durante todos estos años a los palestinos masacrados y sin esperanzas de liberación a la vista. En tercer lugar, el repulsivo antisemitismo está dirigido contra una nación de personas que hoy tienen la protección y adoptan como cultura y hogar una pluralidad de Estados repartidos por todo el mundo; El odio hacia el pueblo palestino busca eliminar una nación frágil y vulnerable compuesta por poco más de cinco millones de personas confinadas (encarceladas) en una estrecha franja de tierra a la que ni siquiera se le ha asegurado su derecho a formar su propio Estado.
Hay otro elemento más –quizás el más importante– que hace que sea inapropiado decir que el genocidio palestino es equivalente al Holocausto. La tragedia judía fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Al igual que las mortíferas bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, hasta el Holocausto no habría sido posible para la imaginación imaginar que los seres humanos serían capaces de tales atrocidades. Sin embargo, una vez que ocurren por primera vez, la reiteración de tales acontecimientos ya no puede considerarse mera repetición. Quienes cometen una atrocidad inimaginable por segunda vez no se basan en una imaginación salvaje y cruel. Más bien, simplemente están reproduciendo racional y deliberadamente lo que la cultura occidental de la que ellos mismos forman parte ha establecido moralmente como inmoral, repugnante e inaceptable.
Cuando se trata del Estado terrorista, asesino y genocida de Israel, el Holocausto ya no puede utilizarse como criterio último para la monstruosidad de la humanidad o como forma de protegerse de las críticas. Ya no podemos tolerar que todos aquellos que se rebelan contra el Estado de Israel sean amenazados con la etiqueta de “antisemitas”. La nación judía no debe confundirse con el Estado terrorista, asesino y genocida de Israel. Decir que el Estado terrorista, asesino y genocida de Israel ha perdido la legitimidad de utilizar el Holocausto como recurso retórico para proteger sus crímenes de guerra no resta valor a la justa lucha de la nación judía por preservar la memoria vigilante de un pasado que debe Nunca se repetirá contra nadie, ningún pueblo, en ningún momento.
Tal vez sea hora de pensar en cómo hoy el Estado terrorista, asesino y genocida de Israel y sus aliados occidentales alimentan el antisemitismo en el mundo, ya que sus acciones, durante las últimas siete décadas, son en gran medida responsables del derramamiento de sangre de judíos inocentes y de la vergüenza de la memoria de todos aquellos que fueron exterminados en el genocidio de Hitler.
Por este motivo, Amigas da Terra Brasil expresa su apoyo a la manifestación del presidente Lula y rechaza cualquier tipo de retractación del gobierno brasileño hacia el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, primer ministro del terrorista, asesino y genocida Estado de Israel.
Amigos de la Tierra Brasil – 20 de febrero de 2024
Versión Original en Portugues
A situação da Palestina não é equivalente ao Holocausto: será que Lula errou?
Genocídio Ge·no·cí·di·o sm Destruição total ou parcial de um grupo étnico, de uma raça ou religião através de métodos cruéis. (Dicionário Aurélio)
Ao dizer que “O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, será que Lula errou?
A intenção do presidente brasileiro foi equiparar o genocídio palestino ao genocídio judaico, mas embora o assassinato massivo e sistemático de inocentes sempre seja um ato igualmente repulsivo, independentemente da quantidade de pessoas afetadas, o Estado de Israel está demonstrando que passou da hora de superarmos o Holocausto como o critério máximo de monstruosidade da humanidade. Existem muitos critérios aptos a também atestarem a monstruosidade das condutas dos Estados. Um deles é a responsabilidade histórica. Todos aqueles que vivenciam uma situação de injustiça e crueldade, se não buscarem vingança, têm o dever histórico de lutar para que o sofrimento e a barbárie sofrida jamais se repita – com ninguém, com nenhum povo, em nenhum momento. Como temos visto, na opinião de diversas organizações, líderes mundiais, pensadores, entre outros – judeus ou não, diante de todos os esforços para manter viva a memória do Holocausto para que ele não se repita, é inconcebível que o Estado de Israel ainda assim perpetue o massacre na Palestina, um verdadeiro campo de concentração a céu aberto.
Além disso, há muitos elementos no genocídio cometido pelo Estado de Israel que devem ser levados em consideração para que não nos deixemos soterrar pela monstruosidade do Holocausto a ponto de perdermos de vista a monstruosidade cometida hoje contra os palestinos. Sabemos que a guerra contra o povo Palestino se vale de uma grande confusão direcionada a colocar o antissemitismo como direito de defesa do povo judeu. Tal direito de defesa anunciado pelo Estado de Israel tem sido usado, contudo, como chancela para a formação, há décadas, de um Estado terrorista, assassino e genocida. Vamos aos elementos:
Em primeiro lugar, enquanto o Terceiro Reich na Alemanha perdurou por 12 anos, o apartheid palestino já se perpetua por mais de sete décadas. Em segundo lugar, as atrocidades cometidas nos campos de concentração nazistas foram condenadas e reprimidas por meio de uma guerra mundial que não permitiu que se naturalizasse o Holocausto e possibilitou que os judeus fossem libertados e obtivessem seu Estado; já o genocídio palestino é distorcido e naturalizado pelos porta-vozes do sionismo global há décadas, mantendo, durante todos esses anos, os palestinos massacrados e sem esperanças de libertação à vista. Em terceiro lugar, o repulsivo antissemitismo se volta contra uma nação de pessoas que hoje têm a proteção e adotam como sua cultura e lar uma pluralidade de Estados espalhados pelo mundo; já o ódio ao povo palestino busca eliminar uma frágil e vulnerável nação constituída por pouco mais de cinco milhões de pessoas confinadas (aprisionadas) em uma estreita faixa de terra que não teve assegurado sequer seu direito de constituir um Estado próprio.
Existe ainda um outro elemento – talvez o mais importante – que torna inapropriado dizer que o genocídio palestino é equivalente ao Holocausto. A tragédia judaica foi um evento inédito na história da humanidade. Assim como as bombas atômicas assassinas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, até o Holocausto não seria possível à imaginação cogitar que seres humanos seriam capazes de tais atrocidades. Porém, uma vez ocorridos pela primeira vez, a reiteração de tais eventos não pode mais ser considerada como mera repetição. Aqueles que executam uma atrocidade inimaginável pela segunda vez não estão se valendo de uma selvagem imaginação cruel. Ao invés disso, estão simplesmente reproduzindo racional e deliberadamente aquilo que moralmente a cultura ocidental da qual eles próprios fazem parte já estabeleceu como imoral, repugnante e inaceitável.
Em se tratando do Estado terrorista, assassino e genocida de Israel, o Holocausto não pode mais ser usado como o critério máximo de monstruosidade da humanidade ou uma forma de se blindar às críticas. Não podemos mais tolerar que todos aqueles que se rebelam contra o Estado de Israel sejam ameaçados com a pecha de “antissemitas”. A nação judaica não se confunde com o Estado terrorista, assassino e genocida de Israel. Dizer que o Estado terrorista, assassino e genocida de Israel perdeu a legitimidade de utilizar o Holocausto como recurso retórico para blindar seus crimes de guerra em nada desmerece a justa luta da nação judaica pela preservação da memória vigilante de um passado que não deve jamais se repetir contra ninguém, nenhum povo, em nenhum momento.
Talvez esteja na hora de pensar como hoje o Estado terrorista, assassino e genocida de Israel e seus aliados ocidentais alimentam o antissemitismo no mundo, já que suas ações, ao longo dessas sete últimas décadas, são em grande parte as maiores responsáveis pelo derramamento de sangue de judeus inocentes e pela vergonha à memória de todos aqueles e aquelas que foram exterminados no genocídio hitlerista.
Em razão disso, a Amigas da Terra Brasil manifesta seu apoio à manifestação do Presidente Lula e rejeita qualquer tipo de retratação por parte do governo brasileiro perante o criminoso de guerra Benjamin Netanyahu, primeiro ministro do Estado terrorista, assassino e genocida de Israel.
Compartimos este informe de Salva la selva dando seguimiento a una petición que lanzó sobre el mal llamado Tren Maya – A 20 de febrero del 2024
“No vamos a tumbar ni un solo árbol”, decía el presidente mexicano López Obrador en 2018. Hoy, con varios tramos del tren inaugurados, se comprueba que era mentira.
Salva la Selva fue pionera en denunciar el proyecto del Tren Maya a nivel internacional. Casi se puede decir lo mismo a nivel de México, pues tras recibir varias llamadas de socorro, en 2018 comenzábamos la petición Tren Maya arrasará la selva en México. El mayor objetivo era dar a conocer los graves impactos que preveíamos tendría el proyecto insignia del presidente mexicano, que ahora se confirman, de construir un tren turístico que atraviesa cinco estados mexicanos en la península de Yucatán.
Con muy buena resonancia tanto dentro como fuera del país, la petición sumó 282.629 firmas y fue difundida ampliamente y entregada en varias ocasiones a diferentes instituciones del gobierno mexicano. También se adjuntó a procesos legales que por momentos lograron detener tramos de la obra o lograr pequeñas modificaciones del trazado.
Se puede decir que, a pesar de todo, la empecinada priorización del proyecto por parte del gobierno ha impedido que se pudiera detener definitivamente.
Recopilando el sentir de algunos de nuestras organizaciones aliadas en México sobre el avance de la obra y su disque “inauguración” hemos elaborado un informe. Como nos cuentan, por el momento, se van concretando algunos de nuestros temores peores temores y lo reflejamos en el informe Tren Maya ¿Qué Inauguración?
Comienza una nueva fase, que consiste en dar seguimiento a las nuevas realidades que supone el Tren Maya para las comunidades impactadas por su avance.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el preocupante incremento de la violencia en Chiapas – A 14 de febrero 2024
Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.
Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.
Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.
Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas
A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.
En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.
El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.
Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.
Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.
Macrocriminalidad
Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.
Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.
“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.
Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.
Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.
Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.
El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.
Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.
A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.
En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.
Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.
La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.
“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.
Militarizacion, otro frente contra la población
Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.
Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.
Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.
El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.
Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades
Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.
Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.
Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.
Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.
Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.
Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.
Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.
Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.
Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.
Alertas, ignoradas
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.
Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.
Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.
“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.
“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.
Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.
Imagen: Isabel Mateos/CuartoscuroEn portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
La aviación y el turismo: escenarios en Latinoamérica y el Caribe
Primera Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Súmate a la conversación el día 29 de febrero a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México), te invitamos a registrarte en el siguiente enlace:
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda para compartiri sus testimonios de la terrible situación en de desaparición forzada en México. Tuvimos problemas técnicos para transmisitir en la fecha anunciado pero ya tenemos nueva fecha . Acompáñanos en la nueva fecha este viernes 16 de febrero las 6:00 pm por nuestro facebook live.
¡¡HASTA ENCONTRARLOS, HASTA ENCONTRARLES!!
La tragedia de las y los desaparecidos en México
Testimonios de miembros de la Brigada Nacional de Búsqueda
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este de febrero a las 6:00 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Les compartimos la siguiente invitación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Chiapas COPINH – A febrero 2024
El próximo 2 de marzo se cumple el 8vo. aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades Lencas organizadas a COPINH y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les invitamos a acompañarnos a recordar su legado social y político y a seguir exigiendo justicia.
¡Para Berta toda la verdad, toda la justicia!
”¡Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no son caridad. Estamos pidiendo justicia por nuestros derechos…” #BertaCáceres
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la criminalización a defensores de la vida y el territorio en Oaxaca por oponerse al Corredor Interoceánico – A 30 de enero del 2024
El indígena binnizá y agente comunitario de la comunidad Puente Madera, David Hernández Salazar, fue declarado culpable hoy, 30 de enero, en un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y daños por incendio, tras 13 días de audiencia para el desahogo de pruebas y peritajes. La demanda fue impuesta por autoridades municipales de San Blas Atempa, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.
Salazar, quien también es integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la reivindicación de su derecho al territorio que se ha visto vulnerado por la instalación en sus tierras comunes de un parque industrial en el ámbito del megaproyecto Corredor Interoceánico.
El próximo 7 de febrero se retomará la audiencia que determinará la pena y sanciones, sin embargo, “continuaremos defendiendo y exigiendo la inocencia y libertad incondicional de David Hernández Salazar ante la fabricación de delitos y criminalización por su labor como defensor del territorio”, anunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado.
En julio de 2023, 23 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en una Misión Civil de Observación, visitaron la comunidad binnizá y denunciaron actos de criminalización y difamación en contra de 17 defensoras y defensores de derechos humanos en Puente Madera. Las agresiones, argumentan, se deben a su labor de derechos frente la amenaza de imposición del Parque Industrial o Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) del Corredor Interoceánico en San Blas Atempa, incluyendo al defensor de derechos humanos, David Hernández Salazar.
En un comunicado, organizaciones congregadas en el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas denunciaron que las acciones de judicialización en contra de Salazar se “dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la Sedena [Secretaría de Defensa Nacional], organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición” del parque industrial en tierras de uso común de San Blas Atempa.
Durante este martes (30), se realizaron acciones de protesta ante instalaciones del poder judicial y de la fiscalía General del Estado de Oaxaca en las ciudades de Matías Romero y Huajuapan de León para demandar el cese a la criminalización en contra de los defensores del territorio de Puente Madera y de Santa María Mixtequilla, también impactada por la creación de un polo de desarrollo.
Les compartimos el primer capitulo de la Serie Entender la guerra para soñar con el paz, un diálogo sobre la historia e identidades del conflicto Palestino-Israelí para tener un mejor entendimiento ante la complejidad del contexto en el cual se da esté enfrentamiento en el llamado medio oriente, revisando conceptos y términos que pueden dar luz para soñar con la paz.
Capítulo 1: Entendiendo el conflicto Palestino-Israelí
Un diálogo sobre la historia e identidades del conflicto para tener un mejor entendimiento ante la complejidad del contexto en el cual se da esté enfrentamiento en el llamado medio oriente, revisando conceptos y términos que pueden dar luz para soñar con la paz
Producción Otros Mundos Chiapas Amigos de la Tierra México
Contenido y palabra: Ana Vázquez Carpizo, Colaboradora Otros Mundos Chiapas
Conducción y edición: Marco von Borstel Concepto y producción: Ana Vázquez Carpizo, Gustavo Castro y Marco von Borstel
Cámara: Nikte-Ha Vieyra Cid, Comunicación Otros Mundos Chiapas
Logotipo: Uitsili Latapí
Apoyo edición: Mar Xiuhatsin, Sandra Latapí
Música entrada: El Caudal – Rastrillos (con permiso de autores)
Música de apoyo: Sin copyright
Apoyo de difusión: Perimetral y Desdeabajito
Este es un material de contenido educativo y de carácter cultural sin fines comerciales
En Chiapas la violencia derivada de la lucha por el dominio territorial entre diversos grupos el crimen organizado ha entrado en una nueva fase. Los acontecimientos de los últimos meses y, sobre todo, de las semanas recientes son clara muestra de una escalada sin precedentes. Otros Mundos Chiapas expresa su más profunda preocupación ante esta catástrofe social, económica y política.
La imposibilidad de ingresar a diversos municipios del estado por la falta de garantías de seguridad; la carencia de información fehaciente y la confusión que esto genera; el número aún impreciso de desplazados, desaparecidos y asesinados son indicadores de la descomposición acelerada que sufre la entidad, donde la población ha quedado atrapada entre varios frentes.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, y a todos los sectores de la sociedad civil, para que juntos revirtamos esta espiral de muerte y destrucción que podría empeorar en los próximos meses cuando la contienda electoral y los reacomodos de fuerzas estén en pleno auge. Chiapas y todo México merecen vivir en paz.
¡¡ALTO A LA VIOLENCIA, A LA IMPUNIDAD Y A LA BARBARIE!!
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre un paso más de algunas comunidades que resiste al embiste minero en México – A 12 de enero del 2024
Concesiones de agua para industria deberán consultarse con pueblos indígenas
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las autoridades deben consultar a los pueblos indígenas cuando se emitan títulos de concesión de agua para uso industrial que afecten su territorio y su derecho a un medio ambiente sano.
Lo anterior al resolver un juicio de amparo promovido por la comunidad rarámuri de “El Trigo”, Municipio de Uruachi, en el estado de Chihuahua, en contra de la expedición y promulgación de un decreto que eliminó las zonas de veda de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte y estableció zonas de reserva para el aprovechamiento de las aguas del río para usos industriales y urbanos; así como de cuatro títulos de concesión otorgados a empresas mineras para aprovechar industrialmente el agua.
De acuerdo con los datos del caso, la Jueza de Distrito que conoció del asunto decidió no entrar al fondo de la demanda planteada, al “considerar que la comunidad indígena no contaba con interés jurídico ni legítimo, ya que la expedición de los títulos de concesión y su registro no le generaban por sí solos una afectación jurídica, al no tener efectos en su territorio”.
Inconforme con esa decisión, la comunidad indígena interpuso un recurso de revisión, y la Primera Sala asumió el estudio del caso y propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, los integrantes de la Primera Sala, establecieron por unanimidad que la comunidad indígena solicitante de amparo que habita esa región desde principios del siglo XIX y tiene como principal sustento el cultivo de maíz, actividad alrededor de la cual organiza la mayor parte de su vida cotidiana y espiritual, y para cuyo desarrollo depende del agua proveniente de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte, sí cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra de los actos que reclamó.
Los ministros consideraron que debía otorgarse la protección a la comunidad indígena “debido a las potenciales afectaciones que las concesiones implican en su vida cultural y ceremonial, ya que su implementación puede disminuir el flujo o contaminar el líquido vital del que se benefician”.
Así, al analizar el fondo del asunto, la Sala advirtió que los actos reclamados pueden afectar directamente a la comunidad indígena, en particular, sus derechos al territorio en relación con el uso preferente de los recursos naturales existentes en éstos, así como el derecho al agua y a un medio ambiente sano, lo que generaba la obligación de realizar una consulta libre, informada y previa a la emisión de tales actos.
Por tal motivo, la Primera Sala determinó procedente revocar la sentencia y conceder el amparo para dejar sin efectos el Decreto impugnado, así como los títulos de concesión para uso y explotación industrial de las aguas superficiales de la cuenca otorgados por la Comisión Nacional del Agua, con base en ese decreto.
Por ello, determinó que en caso de emitir un nuevo decreto o emitir una nueva concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas que constituyen la Subregión Hidrológica Río Fuerte, de la Región Hidrológica número 10 Sinaloa, las autoridades responsables realicen la consulta previa correspondiente.
Compartimos esta nota publicado en Avispa Midia sobre la poca o nula respuesta del gobierno antes los casos de desaparición en especial de defensoras y defensores – A 16 de enero del 2024
El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.
Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Familiares de los defensores desaparecidos realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX
El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.
Pese a las advertencias reportadas a las autoridades de diferentes niveles, a quienes se les solicitó su intervención para mediar los conflictos entre la población y la minera para evitar la escalada de la violencia en la región, estas fueron ignoradas, destaca un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (RedTDT).
No es un caso aislado
Mediante posicionamiento a un año sin información de su paradero, la RedTDT asevera que la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz no es un hecho aislado. “En los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera”, asevera la red de organismos de derechos humanos en México.
Cabe destacar que, durante el último año, en la región Sierra Costa de Michoacán se han registrado mas ataques y desapariciones contra otras comunidades indígenas y defensores del territorio. De acuerdo a la RedTDT, esto sucede en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.
El profesor Antonio Díaz se distinguió por ser un líder de su comunidad. Foto: cortesía de los familiares/Mongabay
Resaltan los ataques contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, donde tres guardias comunitarios fueron asesinados días después de las desapariciones en Aquila. Ostula también reporta cuatro defensores del territorio que continúan desaparecidos.
También se registró, el 1 de abril del 2023, la desaparición de Eustacio Alcalá, perteneciente a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, población que desde 2017 se declaró como territorio libre de minería y que mantiene una batalla legal para cancelar las concesiones minera de Las Encinas. Tres días después de su desaparición fue encontrado el cadáver de Alcalá.
Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla. Foto: Cortesía Centro Prodh/Mongabay
“Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad”, destaca la RedTDT sobre el lento avance en la búsqueda de Lagunes y Díaz.
Acorde al posicionamiento, a un año de su desaparición forzada, las familias de los defensores han experimentado la realidad que viven miles de buscadoras y buscadores en México, “simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y revictimización desde todas las esferas gubernamentales”.
