Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la reciente represión a las y los defensores del humedal en Xochimilco – A 27 de julio del 2021
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos la violenta represión de la que fueron victimas las y los defensores del territorio de Xochimilco el viernes pasado en la CDMX, por un escuadrón de ganaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que golpearon y maltrataron a las y los defensores.
Esto sucedió mientras la Coordinadora de Pueblos y Barrios de Xochimilco se manifestaban pacíficamente frente al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, para exigir que el Tribunal resuelva dos recursos de revisión que están pendientes para los pueblos de Xochimilco, a causa de la pretensión de construir de forma ilegal el puente vehicular de Cuemanco que afectará gravemente el humedal.
Las y los chinamperos han venido denunciando desde hace más de un año el daño irreparable que traerá el puente para su actividad y para las especies endémicas y migratorias de la zona lacustre. Asimismo, han denunciado que esto traerá graves consecuencias para el abastecimiento de agua a corto plazo.
Desde la REMA exigimos al Décimo Tribunal Colegiado que resuelva los recursos de revisión interpuestos por los pueblos de Xochimilco. Exigimos igualmente a Claudia Sheinbaum un alto total a la represión a las y los defensores del territorio en la CDMX.
¡BASTA DE REPRIMIR A LOS PUEBLOS POR DEFENDER SU TERRITORIO!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta petición de Salva la selva para exigir justicia para Simón Pedro y seguridad para su familia y demás integrantes de las Abejas de Acteal – A 27 de julio del 2021
Ser defensor de la naturaleza y los derechos humanos expuso a Simón Pedro Pérez López al peligro. El 5 de julio, un individuo se le acercó en motocicleta y lo asesinó de un disparo en la cabeza. Sucedió en en Chiapas, México, concretamente en Simojovel, cuando se encontraba en el mercado con su hijo.
Simón Pedro era defensor de los derechos humanos, y acompañaba a comunidades indígenas Tsotsiles y Tseltales que denuncian proyectos extractivos y la violencia estructural y continuada en la región de los Altos de Chiapas. La situación de emergencia y peligro en la zona persiste para varias comunidades.
El contexto es complejo. Muchas personas se han visto obligadas a desplazarse por la violencia que existe en la región, y por la acción del crimen organizado. De ello se benefician las empresas extractivas que buscan un acceso al territorio para llevar a cabo sus proyectos.
Por favor, solidarízate y firma la petición exigiendo justicia para Simón Pedro, seguridad para sus familiares y personas allegadas y la actuación del Estado mexicano para llevar a cabo la prevención integral de la violencia contra las personas y comunidades indígenas en el estado de Chiapas.
Las defensoras y defensores de la selva se activan rápidamente cuando la selva está en peligro. Por eso, necesitamos fondos para prestarles nuestro apoyo directo. Por favor, ayúdanos con una donación para que podamos seguir salvando las selvas y apoyando a sus defensoras y defensores.
En nuestra emisión mensual de agosto del El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre la situación tan complicada y difícil por la que esta pasando Haití y la resistencia de su pueblo en la búsqueda de una vida digna, así que acompáñanos este martes 3 de agosto a las 6 pm.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Koniki este martes 3 de agosto a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Compartimos este comunicado de la Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el pueblo Haití – A 21 de julio del 2021
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo haitiano, ante la violencia, inestabilidad e incertidumbre social ocurrida en las últimas décadas y acrecentadas con los riesgos de intervención extranjera generados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien se había mantenido en el poder de una manera violenta e ilegal ya que su mandato constitucional finalizo en el pasado 7 de febrero 2021.
Desde hace meses, Haití vive una espiral de violencia que busca frenar y reprimir las luchas populares que se han mantenido de forma permanente y pacífica durante los últimos 4 años. Según organizaciones locales y organismos internacionales:
• La organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020. • La Red Nacional de DDHH de Haití (RNDDH) denuncia 12 masacres. • Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló un informe reciente del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH). • Se han identificado más de 76 grupos armados y 500.000 armas ilegales denunciadas por la CNDDR, Comisión Nacional de desarme, desmantelamiento y reitengración. • Cálculos de Unicef y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estiman 10.000 personas desplazadas por enfrentamientos. Según la organización Noupapadomi, 214 niños han quedado huérfanos por masacres en barrios populares.
A estas cifras se sumaron recientemente 17 nuevos asesinatos en el distrito de Delmas 32, entre las víctimas se incluyen periodistas y líderes sociales.
Con el deterioro de la situación sociopolítica, los grupos más vulnerables tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, con el riesgo de enfrentar una crisis mayor a la ya generada por las sucesivas crisis y la pandemia. Actualmente Haití es el único país de la región donde no hay programa de vacunación contra el COVID 19.
Los sectores progresistas y populares haitianos denunciaron hace mucho el riesgo latente de una nueva ocupación militar avalada por organismos internacionales. Asimismo reclaman organizar un período de transición de por lo menos dos años que permita restaurar la legalidad constitucional, reorganizar el sistema electoral y responder a la masificación de la pobreza y el grave deterioro de las condiciones de vida de la población, salir del neoliberalismo y definir un nuevo pacto nacional de desarrollo que sea el resultado de un amplio proceso de concertación.
La grave situación que vive el pueblo haitiano hoy exige un cambio radical de la política de las agencias internacionales hacia Haití, que detenga el ataque a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. Nos oponemos a cualquier intento de manipular la transición mediante el injerencismo, la ocupación y las medidas represivas y violentas.
Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista y nos mantenemos en alerta ante el devenir de los acontecimientos en Haití y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de América y otras partes del mundo a sumarse a las demandas del pueblo haitiano construyendo solidaridad activa en torno a la justicia y la soberanía de los pueblos.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) Julio de 2021
Compartimos esta entrevista de Código Sur a nuestro compañero Gustavo Castro sobre los retos de cuidar el medio ambiente – A 16 de julio del 2021
El Estado de Chiapas, al sur de México, se caracteriza por su espíritu rebelde. Desde la insurrección del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, Chiapas se posicionó como un punto de referencia a nivel global para quienes estudiaban los efectos de la globalización y las alternativas al sistema neoliberal dominante.
Pero más allá de la pobreza y la desigualdad que inspira el espíritu rebelde de este Estado, Chiapas es una de las regiones más ricas en recursos naturales de todo México. Desde minerales preciados – como el oro y la plata – hasta gas natural y petróleo, la región se ha convertido en el blanco de empresas extractivistas transnacionales, especialmente desde la aprobación del NAFTA.
Es en ese contexto en que la organización Otros Mundos, una asociación civil sin fines de lucro que lucha, desde el 2006, por preservar la naturaleza y apoyar a las comunidades locales afectadas por las dinámicas de explotación en la región.
En este proceso, Otros Mundos se ha sumado a la infraestructura de Código Sur para mejorar los procesos de uso de tecnologías de la organización. Conversamos con Gustavo Castro, fundador y director de Otros Mundos, sobre el rol de la tecnología en su lucha por preservar el medio ambiente en Chiapas.
Código Sur: Desde hace un tiempo, Otros Mundos ha alertado sobre los ataques de grupos paramilitares contra diferentes organizaciones sociales, más recientemente contra CDH Fray Bartolomé de las Casa (Frayba). Estas organizaciones criminales, ¿estarían interviniendo las comunicaciones de los movimientos sociales? Y de ser así, ante la inacción del Estado, ¿qué medidas están tomando para contrarrestar esta amenaza?
Gustavo Castro: Desde hace años los diversos grupos armados han agudizado su violencia en diferentes partes del estado. En Aldama, Chenalhó, Ocosingo, Carranza, Pantelhó, entre otros municipios. Los conflictos por tierras, por el control político, económico, social, territorial. Aunque su capacidad organizativa y la impunidad con la que operan es alta, no consideramos que tengan la capacidad técnica ni financiera para intervenir comunicaciones de los movimientos. Sin embargo, en la medida en que haya grupos armados vinculados con el crimen organizado, es posible que sí tengan éstos últimos dicha capacidad.
CS: Otros Mundos ha lanzado la Escuela Ejidal y Comunal, como parte de sus esfuerzos de formación a personas que luchan por defender el medio ambiente. ¿Cómo se implementan tecnologías seguras y libres en estos procesos formativos y en la articulación con las comunidades para dar seguimiento a los aprendizajes colectivos generados en la escuela?
GC: Este es un punto muy débil en el movimiento. No solo para los participantes en la Escuela Popular Ejidal y Comunal, sino en la Escuela de Justicia Energética y otros procesos y redes sociales locales. Las personas en las comunidades, a lo mucho, cuentan con la herramienta de Whatsapp. No conocen Telegram o Signal, no se conocen otras vías de comunicación, no se conoce el Zoom u otras herramientas. No hay cobertura de internet, en algunos casos las personas utilizan las redes de WiFi públicas de las presidencias municipales, que son redes abiertas e inseguras, porque no hay otra opción. Quienes tienen celular suelen tener equipos básicos, o no cuentan con información necesaria para darle mantenimiento, para ampliar la memoria de los dispositivos. No cuentan con una computadora para bajar sus archivos fotos etc. y simplemente llega un punto en que se saturan sus teléfonos. “No tengo espacio para más,” nos dicen, y claro, mucho menos tendrán espacio para bajar otra aplicación como el Signal, por ejemplo.
CS: Sabemos que Otros Mundos, como organización que promueve la protección del medio ambiente, enfrenta amenazas constantes. ¿Qué medidas de seguridad han tomado como organización para fortalecer su portal digital y sus comunicaciones?
GC: Sumarnos a Código Sur. Usamos Signal para las comunicaciones, usamos respaldos en discos duros seguros. Algunos de nosotros usamos software libre, no todos ya que algunas herramientas de diseño, y de comunicación, a veces resultan incompatibles con otros equipos.
CS: ¿Cómo concibe Otros Mundos la relación entre la protección del medio ambiente y la utilización de software libre?
GC: El principal beneficio del software libre para el medio ambiente es no requiere de compras de programas o equipos de mantenimiento. Esto permite reducir el consumo comercial de software, que a su vez conlleva a una reducción en el consumo de otros insumos conexos al software privativo, que a su vez requieren una actividad extractiva intensa de energía, agua, minería, papel, combustibles fósiles, etc. El software libre desincentiva esta demanda a largo plazo. Por otra parte, también permite extender la vida útil de los dispositivos o hardware; muchos equipos pasan a ser considerados obsoletos al no soportar nuevas actualizaciones de software privativo, cuando en realidad continúan siendo funcionales. El software libre permite aprovechar esos equipos y reducir la basura electrónica.
Compartimos esta nota de La Jornada Ecológica en su emisión del julio donde entrevistaron a nuestro compañero Agustín Vázquez sobre los biodigestores – Julio 2021
En Los Altos de Chiapas, así como en otras comunidades rurales, el principal combustible para la cocina es la leña, la cual expone a las familias, en especial a las mujeres, a la inhalación de humos tóxicos y dañinos para la salud. Cuando no hay leña, se recurre a los tanques de gas licuado de petróleo (LP), un hidrocarburo derivado del proceso de refinación de petróleo que es muy costoso para la economía familiar.
Ante ello, los biodigestores que producen biogás representan una alternativa viable y económica de producción de energía limpia y renovable para comunidades rurales y semirurales que están bus-cando alternativas encamina-das a la autogestión y autosuficiencia energética.
Instalar un biodigestor permite sustituir el uso de gas LP por biogás para cocinar, lo que brinda muchos beneficios, incluyendo reducir las emisiones de gas metano a la atmósfera, mejorar la economía familiar, reducir el pesa-do trabajo de cortar y acarrear leña para la cocina, disminuir la exposición de la familia a los humos provenientes de la quema de leña y contar con un fertilizante natural de excelente calidad para la producción agrícola.
Además, resuelve el tema de los malos olores y el manejo de las descargas residuales que puedan resultar de la crianza de vacas, cerdos o borregos, así como de los desechos humanos.
¿Qué son los biodigestores?
Un biodigestor es un con-tenedor cerrado hermética-mente que, a través del aprovechamiento de estiércoles y desperdicios orgánicos por colonias de bacterias, genera un proceso anaeróbico de oxidación a partir del cual se produce un gas (metano) que es combustible y un líquido (biol) mejorador de suelos.
La asociación civil Otros Mundos Chiapas desarrolló el programa Autosuficiencia energética con biodigestores, a través del cual instalarán 20 biodigestores en la región de Los Altos de Chiapas, en acuerdo con las familias campesinas indígenas de la región. A sus bondades ambientales se añade el hecho de que es un proyecto que impacta de forma directa en la economía y en la salud familiar.
José Agustín Vázquez Álvarez, promotor comunitario y técnico certificado, colabora con Otros Mundos en la instalación de los biodigestores; ya antes había instalado este tipo de contenedores en diversas regiones de la península de Yucatán.
“El biodigestor funciona utilizando los desechos de los animales y las descargas de residuos sólidos urbanos, productos que en algún momento se tienen que manejar. Un proyecto de este tipo en una región como Los Altos es muy útil porque hay mucha dificultad para la obtención de leña, además de que el humo emitido durante la quema daña la salud. Es una zona en la que hay mucho enfisema pulmonar justamente por la exposición a los humos de la cocina de leña”, explica Agustín.
Actualmente, ya instalaron cinco biodigestores en esta región y ahora dan acompañamiento a las familias en su uso y manejo. Con este proyecto buscan impulsar la creación de una red de usuarios de biodigestores en la región.
Agustín agrega otros beneficios a los ya mencionados: al instalar los biodigestores, ya no se necesitan instalar fosas sépticas y el fertilizante es muy nutritivo para la milpa y las hortalizas que producen las familias, además de que no degrada el suelo, como sucede con los fertilizantes químicos.
“El biodigestor se adapta muy bien a las condiciones de una familia. Para instalar-lo, hay que tener dos vaquitas o cinco cerditos; también se puede utilizar con estiércol humano”.
Además señaló: “Hay que darle su cuidado, el biodigestor empieza a formar parte de la familia… Esto le genera un cambio de actitud a la familia. La instalación de biodigestores es un proceso len-to que requiere de la observación de resultados y de cierta labor de convencimiento. Las familias son complejas y desplazar el uso de la leña no es fácil pues el fuego, además, tiene un significado cultural. Hay familias que no tienen problema para hacerlo, hay otras que tienen temor. Las familias que aceptan instalar el biodigestor no dejan la leña por completo, sino que combinan su uso con el biogás”.
Para las mujeres, la instalación del biodigestor implica reducir la carga laboral de salir a buscar la leña para el fuego, además de reducir su exposición al material particulado emitido por estufas pobremente ventiladas.
La ciencia en la cocina
Alermo López y Melisa Presas viven en Comitán, Chiapas; tienen una hectárea de tierra, dos vacas y cuatro ovejas. En su casa viven cinco personas y hace un mes que instalaron su biodigestor.
“Llevamos 20 días de tener gas. El primer día que abrimos la estufa fue sorprendente. Balam, nuestro hijo de 11 años, vio todo el trabajo de instalación. Y cuando abrimos el gas, su reacción fue inolvidable. “¡Wowwww! Esto es increíble, es ciencia”, dijo. Es un regalo atreverse a hacer cosas distintas. Ya también tenemos un panel solar. Estamos agradecidos, sigue el asombro, pero ahora estamos aprendiendo el manejo.
Ahora también usamos las descargas humanas. Aquí en Comitán ya se contaminó todo un lago de Montebello, por la falta drenaje. El biodigestor es una solución. Soñamos que otro mundo es posible y que podemos construirlo colectivamente”, dice Alermo acerca de qué ha pasado en la vida familiar con la llegada del biodigestor.
Melisa añade: “Ahora los desechos son muy valorados. Podemos cocinar y sostener la vida, además el fertilizante es muy útil para nuestra huerta. La gente de alrededor se asombra, nos pregunta, viene a verlo. Agustín nos había dicho que tendríamos cuatro horas de gas al día, pero en realidad lo hemos usado diario y nunca se ha terminado. Hemos cocinado ahí todos los tiempos de comida, es suficiente para lo que se cocina. Nosotros gastamos 500 pesos de gas LP cada tres meses, entonces ahí nos ahorraremos unos 2 mil pesos al año; si a eso le agregas el gasto en leña, que es de mil pesos al año, el ahorro será de unos 3 mil pesos anuales”.
El fertilizante que se produce en el biodigestor, conocido como biol, mejora mucho las cosechas. Melisa y Alermo planean comenzar a sembrar nopales y pitahayas utilizando el biol que produce su biodigestor. El biodigestor requiere mantenimiento y eso genera cambios en la dinámica familiar y también en la valoración de los residuos. Si bien en las ciudades sería difícil instalar biodigestores, lo cierto es que esta ecotecnia puede instalarse incluso en zonas semiurbanas y usarse de manera cotidiana.
El biodigestor se puede adaptar a distintas condiciones del clima. En la experiencia de Agustín, ha funcionado muy bien en península de Yucatán, a nivel del mar y con altas temperaturas, pero también en Los Altos, a pesar del clima frío y de estar a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.
El reto hoy, señala Agustín, es ampliar el programa, incluso con apoyo gubernamental, pues se trata de una solución de bajo costo que mejora la calidad de la vida de la gente, la empodera energéticamente, ayuda en la regeneración del suelo y evita la contaminación de los cuerpos de agua.
Además, los residuos orgánicos pasan de ser un pasivo ambiental del que no se puede disponer adecuadamente, por la infraestructura inexistente en ciertas regiones, a ser revalorizados como un activo sostén de los medios de vida de las familias.
Compartimos esta información de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 19 de julio del 2021
Las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas lanzan una contramovilización mundial contra los actos previos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, del 25 al 28 de julio de 2021.
La Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre sostiene que la Cumbre desvía la atención de los verdaderos problemas a los que se enfrenta el planeta en la encrucijada actual. La Cumbre es fruto de una asociación entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial (formado por las 1 000 empresas más importantes del mundo) y está desproporcionadamente influenciada por el sector agro-alimentario industrial, además de carecer de mecanismos de transparencia y responsabilidad. La Cumbre está desviando la energía, la masa crítica y los recursos financieros necesarios para apoyar soluciones ya existentes y cuyo potencial para abordar las múltiples crisis del hambre, el clima y la salud ya está demostrado.
Los sistemas alimentarios globalizados e industrializados están fallando a la mayoría de las personas, y la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que empeorar la situación. Según el informe de la ONU El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el número de personas que padecen subalimentación crónica en el mundo ha aumentado a 811 millones, mientras que casi un tercio de la población mundial no tiene acceso a una alimentación adecuada. El Sur Global todavía se tambalea a causa de la Covid-19, lo que deja al descubierto las arraigadas asimetrías estructurales de poder, la fragilidad y la injusticia en que se basa el sistema alimentario predominante.
En la protesta participan más de 380 millones de personas que forman parte de los movimientos transnacionales de personas campesinas y agricultoras, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas dedicadas al pastoreo, personas sin tierra, migrantes, pescadoras y pescadores, personas que se dedican a trabajos agrícolas y alimentarios, integrantes del sector de los consumidores y habitantes de núcleos urbanos que sufren inseguridad alimentaria. Estas personas exigen una transformación radical de los sistemas alimentarios corporativos hacia un sistema alimentario justo, inclusivo y que sea verdaderamente sostenible. Asimismo, exigen una mayor participación en los modelos de gobernanza alimentaria democrática existentes, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CSA) y su Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). La Cumbre amenaza con socavar el CSA, que es la principal plataforma intergubernamental inclusiva de formulación de políticas internacionales. Al tratarse de un órgano que, de manera excepcional, prioriza un enfoque basado en los derechos humanos, el CSA proporciona un espacio para que las personas más afectadas puedan dar su opinión. Sin embargo, el sistema multilateral de las Naciones Unidas está siendo secuestrado por los intereses corporativos con el fin de legitimar un sistema alimentario aún más perjudicial, impulsado por la tecnología y sumido en la crisis.
Esta contramovilización refleja la preocupación por la dirección tomada por la Cumbre. Pese a que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios afirma que es una «Cumbre de los pueblos» y una Cumbre de «soluciones», en realidad facilita una mayor concentración empresarial, fomenta cadenas de valor globalizadas insostenibles y promueve la influencia de la agroindustria en las instituciones públicas.
Entre las falsas soluciones promovidas por la Cumbre se incluyen soluciones «positivas para la naturaleza», planes voluntarios de sostenibilidad empresarial, organismos genéticamente modificados (OGM) y biotecnología, agricultura regenerativa e intensificación sostenible de la agricultura. No se trata de soluciones sostenibles, ni asequibles para los productores de alimentos en pequeña escala, y tampoco sirven al bien público. La Cumbre es un intento de los agentes corporativos de normalizar los apaños tecnológicos rápidos y perjudiciales, que no abordan las injusticias estructurales como el acaparamiento de tierras, territorios y recursos, la pérdida de biodiversidad y creciente la desigualdad económica.
La contramovilización paralela presentará las realidades de las personas que producen alimentos en pequeña escala y, en general, de las personas trabajadoras, así como sus visiones para una transformación de los sistemas alimentarios basada en los derechos humanos y en la agroecología. Se destacará la importancia de la soberanía alimentaria, la agricultura sostenible en pequeña escala, los conocimientos tradicionales, los derechos a los recursos naturales y los derechos de las personas trabajadoras, los pueblos indígenas, las mujeres y las generaciones futuras. Los debates se centrarán en soluciones reales: normas vinculantes en respuesta al abuso empresarial, el fin del uso de los plaguicidas y la promoción de la agroecología como ciencia, práctica y movimiento.
El programa incluirá las siguientes actividades:
25 de julio de 2021: Una manifestación mundial por medios virtuales con las personas que producen alimentos en pequeña escala y las opiniones de personas de las comunidades de base.
26 de julio de 2021: Una declaración política de apertura y tres mesas redondas públicas sobre el contexto de la Covid-19, las crisis del hambre y del clima y la forma en que la Cumbre impulsa la captura corporativa de la gobernanza y la ciencia.
27 de julio de 2021: 15 eventos de la sociedad civil dedicados a las alternativas y puntos de vista de esas personas sobre los sistemas alimentarios.
28 de julio de 2021: Un panel de cierre con un resumen preliminar de la contramovilización y una propuesta para cuestionar la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios en septiembre.
– FIN-
Se proporcionarán más detalles durante una rueda de prensa virtual que tendrá lugar el 22 de julio de 2021 a las 13:30, hora central europea de verano (CEST), seguida de un turno de preguntas y respuestas. Si desea participar, puede inscribirse aquí.
Contactos para los medios de comunicación: Marion Girard | Oficial de comunicaciones del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA) marion.girard.cisneros[at]csm4cfs.org
Compartimos este reportaje publicado en El Ciudadano sobre la minería y los mega proyectos en la Sierra Norte de Puebla – A 3 de julio del 2021
Por Kara Castillo
El proyecto Ixtaca está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, SA de CV.
«Proyectos de muerte» es el nombre que reciben los planes de exploración, extracción y explotación de recursos naturales que resultan dañinos para el medio ambiente y no respetan los procesos de autodeterminación de las comunidades donde se encuentran.
El Colegio de Postgraduados – Campus Puebla ha documentado que el «Proyecto de Muerte» Ixtaca constituye uno de los conflictos socioambientales y minería a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla, México.
A pesar de que Puebla no es productor de oro y plata, en 2015 el gobierno concesionó alrededor de 169 mil 320 hectáreas en 103 títulos mineros, donde los principales minerales para explotar según el Sistema de Administración Minera (SIAM) serán oro (18 por ciento), plata (18 por ciento), zinc (16 por ciento), cobre (15 por ciento) y plomo (13 por ciento) (SIAM, 2016).
En la Sierra Norte de Puebla se realizan actividades de exploración del proyecto minero de oro, plata y cobre. El proyecto Ixtaca está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, SA de CV, empresa mexicana subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals. Esta empresa, descubrió en el 2010 que en la zona había mineralización de oro y plata en el subsuelo, con una ley de dos gramos de oro por tonelada equivalente.
Para el año 2012, bajo el amparo de los títulos 241003 y 241004 adjudicados a la empresa Minera Gavilán S.A. de C.V., con vigencia hasta el año 2062 y prorrogables otros 50 años, se concesionaron 55 mil 885 hectáreas (SIAM, 2016), que corresponden al 97.5 por ciento del área autorizada para la minería en la Sierra Norte de Puebla.
Para el 2013, en la exploración se habían realizado aproximadamente 400 barrenos, calculando 1.35 millones de onzas probadas de oro equivalente, 2.18 millones de onzas indicadas y 717 mil onzas inferidas, lo cual lleva a formular un plan de explotación de la mina de 14 años para el proyecto Ixtaca (publicado en la página web de Almaden Minerals).
Las y los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y las organizaciones que durante nuestros años de resistencia al conocer el rechazo de la MIA celebraron la decisión de la Secretaría y aunque reconocieron este acto como un pequeño triunfo para las comunidades reconocen que el proyecto sigue vigente y que esto no pone fin a las pretensiones de Almaden Minerals de imponer un proyecto de muerte en el territorio.
Defensores del Territorio afirman que la resistencia crece, más pobladores están tomando consciencia de la dimensión del proyecto minero y se han sumado al rechazo.
“Por más de una década, las comunidades organizadas de Ixtacamaxtitlán hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto de Almaden Minerals y hemos luchado para desmantelar las mentiras de la minera. Esta lucha se intensificó en los últimos dos años, cuando la empresa manifestó sus intenciones de iniciar la explotación de la mina. Tras la Reunión Pública de Información, realizada el 25 de junio de 2019, como parte del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, comunidades, académicos y defensores de derechos humanos manifestamos a la Semarnat en 17 ponencias los motivos científicos, técnicos y sociales por los que el proyecto minero en Ixtacamaxtitlán es inviable, dadas las graves e irreversibles consecuencias que tendría para el medio ambiente, para toda la cuenca del río Tecolutla y para todo el sistema agroforestal del que depende la vida de las comunidades originarias de la región. Defensores del territorio
“El 22 de octubre de 2019, más de 40 comunidades organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua entregamos a la Semarnat actas de asamblea con tres mil 500 firmas, en las que en un ejercicio de autodeterminación hicimos de conocimiento a la autoridad ambiental que rechazamos el proyecto minero y negamos nuestro consentimiento para su realización», dice el comunicado emitido por las organizaciones que defienden el territorio.
Rechazo de los pobladores
En dicho escrito, las organizaciones defensoras del territorio manifiestan: “Almaden Minerals ha violado los derechos de las comunidades desde que inició la exploración en Ixtacamaxtitlán y continúa mintiendo a sus inversionistas y al público. En su comunicado, en el que la empresa manifiesta su decepción con la decisión de la Semarnat, cita un documento de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora INPI, diciendo que ‘tras analizar el caso, se consideraba que no era necesaria la consulta (a las comunidades) ya que los datos analizados indicaban la ausencia de población indígena en el área del proyecto’, lo cual fue desmentido por el mismo Instituto, que señaló que tanto en el municipio de Ixtacamaxtitlán como en el área de influencia del Proyecto Minero Ixtaca existe población indígena y que, por tanto, el Estado mexicano se encuentra obligado a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
“La empresa también señala en su comunicado que ha cumplido con la Evaluación de Impacto Social; sin embargo, este supuesto estudio, pagado por la empresa, nunca se hizo público y nunca fue entregado a las comunidades. Todos los demás argumentos mencionados en su comunicado para convencer a los inversionistas y al público del supuesto proyecto ‘responsable con el medio ambiente` han sido ampliamente rechazados por las comunidades con argumentos científicos, técnicos y con un enfoque en derechos humanos.
“Recalcamos que ni Almaden Minerals, ni sus filiales u otras empresas mineras han tenido o tendrán el permiso de las comunidades para explotar los bienes naturales de su territorio. Si Almaden Minerals insiste en su proyecto de muerte, las comunidades estaremos en pie de lucha para evitarlo”.
Compartimos la Declaración sobre la Crisis en Haití de la Universidad Itinerante de Resistencia en Haití – A 13 de julio, 2021
Una vez más, Haití se encuentra en el centro de una crisis. El ex presidente Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio. El había suspendido las elecciones presidenciales previstas constitucionalmente para el mes de febrero pasado, y con ello había dado inicio a otra dictadura en Haití. Aun así, denunciamos enérgicamente su asesinato.
Su ilícita continuidad en el cargo venía siendo apoyada por la administración de Biden. Al mismo tiempo, algunos sospechosos de ser responsables del crimen trabajaron como informantes para la US Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). El listado de los actores haitianos y extranjeros en el complot muestra que Haití ha sido tomado como rehén por la mafia nacional e internacional.
Denunciamos también el nuevo golpe de estado que sucedió tras el asesinato de Moïse, que abrió la entrada de una dictadura más feroz. Ahora ninguna de las ramas del poder público es legítima ni funciona, dado que el tribunal judicial y el parlamento ya se encontraban suspendidos y que hubo dos primeros ministros, uno despedido por el presidente y el otro apenas nominado pero nunca confirmado.
Es evidente el uso premeditado de este vacío de poder para establecer otro gobierno ilegítimo y violento; la declaración de «estado de sitio» y la promulgación de la «ley marcial» apenas unas horas luego del asesinato, por un supuesto primer ministro que nunca fue legalmente posesionado, lo evidencian: se imponen condiciones abiertamente dictatoriales, el ejército reemplaza a la policía en las acciones de seguridad pública, libertades del estado de derecho (como la circulación, la manifestación y la expresión) quedan fuertemente restringidas, los medios de comunicación están controlados, se ha establecido el toque de queda, los tribunales civiles han sido reemplazados por tribunales militares y en general se aumenta la vigilancia de la población.
Estos hechos muestran la continuidad de la criminalización de los movimientos sociales y de las personas más pobres y necesitadas. Bajo la administración de Moïse, por ejemplo, hubo 13 masacres de 7 o más personas, más de 10.000 personas desplazadas por violencia, violaciones colectivas sin fin y secuestros constantes. Cada día el pueblo vive en medio de una inseguridad feroz.
Saludamos a la población haitiana y a las organizaciones y movimientos sociales que tratan de ver el camino a seguir y planifican sus estrategias para el restablecimiento de la democracia. Deploramos que la ONU, por el contrario, trabaje con un ex primer ministro haitiano que había sido destituido y que no tiene ninguna autoridad. Resulta altamente preocupante el pedido de fuerzas militares estadounidenses hecha por el primer ministro de facto – por ahora sin respuesta positiva – y que el gobierno estadounidense haya enviado misiones del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional a Haití, lo que puede significar el inicio de una gran estrategia de intervención internacional. Es claro que otra ocupación solo agravará la situación de pobreza, inseguridad e inequidad, y reproducirá la ausencia de poder y de derechos que parecen ser el destino diario que una pequeña élite y una serie de gobiernos han impuesto históricamente al pueblo haitiano. La nueva dictadura y la intervención internacional son dos caras de un mismo plan para destruir y matar al pueblo y a las instituciones democráticas. Por eso el pueblo nunca ha podido construir un futuro mejor para el país.
Compartimos plenamente las palabras de Kettly Alexandre, de la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití (UNIR) y la sección de mujeres del Movimiento de Campesinos de Papay (MPP): «Solo el pueblo haitiano puede decidir su futuro, pero es esencial contar con la solidaridad de los movimientos sociales internacionales y sus verdaderos amigos.»
Imagen: Confederación Sindical de Comisiones Obreras
Compartimos el informe anual de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 2 de julio del 2021
CARTA DE KARIN NANSEN – PRESIDENTA DE AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL
2020 fue un año plagado de desafíos como resultado de la pandemia de Covid-19 que exacerbó las crisis que enfrentamos. Pero al mismo tiempo, también puso de manifiesto lo vital que es el trabajo inspirador y las soluciones verdaderas de los pueblos y comunidades de todo el mundo.
El campesinado, gran parte del cual son mujeres asumió rápidamente la responsabilidad de alimentar a los pueblos, y sus sistemas alimentarios diversificados y ecológicos se tornaron aún más relevantes para nuestras sociedades. Los mercados locales demostraron ser una alternativa real para la población urbana, que puede evitar así la mortífera especulación de los grandes supermercados controlados por empresas transnacionales y poderosas élites económicas. Resurgieron las ollas y comedores populares, organizados y sostenidos por la clase trabajadora: sindicatos, vecinas/os y organizaciones feministas que alimentaron a millones de personas que perdieron sus empleos, y a inmigrantes. Como siempre, las mujeres estuvieron en la primera línea de la respuesta a la crisis y sostuvieron no sólo el trabajo de cuidados tan necesario para sus familias y comunidades, sino otros tipos de tareas esenciales en nuestras sociedades, como la salud pública, la educación, el procesamiento de alimentos y otros sectores.
En tiempos de crisis, lo que más importante se hace evidente. En todo el mundo, los pueblos comenzaron a entender una vez más que el derecho a la alimentación, el agua, la energía, la biodiversidad y un ambiente saludable, así como el trabajo de cuidados, los sistemas de salud pública, los servicios públicos y la seguridad social son claves para sostener la vida. Con la pandemia y sus enormes impactos, se hizo más claro que nuestras sociedades deben organizarse para apoyar a quienes más lo necesitan, y al mismo tiempo exigir políticas públicas que pongan la vida en el centro y garanticen el cumplimiento de sus derechos. Quedó más claro que nunca que el neoliberalismo no tiene como prioridad salvar vidas, y que se necesita urgentemente una transformación radical para hacer avanzar la justicia ambiental, social, de género y económica y para garantizar la sustentabilidad de la vida. Por eso, la necesidad de respuestas que contribuyan al desmantelamiento de los sistemas de explotación y opresión, incluido el poder empresarial que genera y exacerba las crisis sistémicas resultó crucial, al igual que las respuestas basadas en la solidaridad internacional.
En este difícil contexto de 2020, nuestras profundas raíces nutridas por la larga trayectoria de trabajo local y nacional con las comunidades y los movimientos sociales de todo el mundo, combinadas con nuestra perspectiva internacionalista construida junto con nuestras/os aliadas/os, le permitieron a Amigos de la Tierra Internacional organizarse rápidamente en múltiples niveles para ofrecer respuestas estructurales frente a la pandemia, basadas en la justicia, y encarar a la vez otras crisis sistemas interrelacionadas.
Nuestro trabajo a nivel local, nacional, regional e internacional se nutrió y fortaleció con nuestros principios comparticos para una Recuperación Justa. Estos principios fueron el resultado de un trabajo conjunto de la Federación para llegar a una comprensión y análisis en común de las causas estructurales de la crisis sanitaria y sus vínculos con las otras crisis sistémicas, y de sus impactos devastadores que se extienden más allá de la trágica pérdida de vidas humanas, para evitar volver a lo que se consideraba “normal”, tomando medidas en pos de la construcción de la sociedad que queremos.
Nuestro compromiso de desmantelar el patriarcado adquirió aún más vigencia y se hizo más apremiante a medida que fuimos atestiguando la violencia creciente contra las mujeres: atrapadas en hogares poco seguros con sus agresores; en sus comunidades mientras lideran luchas colectivas contra el poder empresarial, el acaparamiento de tierras, la deforestación, los combustibles fósiles, las megarrepresas y la minería; en sus empleos donde su trabajo y sus cuerpos son explotados; e institucionalmente cuando sus derechos son constantemente violados.
Desmontar la división sexual del trabajo y reorganizar el trabajo de cuidados como responsabilidad compartida de la sociedad en general y del Estado, es un asunto verdaderamente urgente. Viendo cómo la crisis sanitaria y sus consecuencias amenazaron las vidas de Pueblos Indígenas, pueblos y comunidades negras, gente que sufre racismo, mujeres y población LGBTQ, reafirmamos priorizar la lucha contra todas las formas de opresión en nuestra agenda política. Junto con nuestras/os aliadas/os de la Marcha Mundial de las Mujeres y La Vía Campesina pudimos conocer e integrar el análisis y los principios de la economía feminista en nuestro trabajo.
Fue difícil movilizarnos en las calles o hacer trabajo de incidencia de manera presencial, sin embargo, a través de seminarios virtuales y reuniones de estrategia con aliadas/os, y la movilización, participación y monitoreo virtual de las negociaciones internacionales, nuestros programas internacionales lograron transmitir una crítica sólida contra las falsas soluciones con que se pretende que todo siga igual pero con fachada verde, e impugnar la cooptación empresarial de los procesos de toma de decisiones. Junto con nuestras/os aliadas/os, nos movilizamos a nivel internacional contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales y su impunidad, así como contra los privilegios excesivos que se les otorgan a través de los tratados de libre comercio e inversión y los rescates de grandes empresas.
Cabe destacar además que continuamos avanzando en nuestra agenda en pos del cambio de sistema. Dimos un salto cualitativo al proponer vías para fomentar soluciones populares sistémicas verdaderamente emancipatorias y propuestas claras de políticas para propiciar el manejo comunitario de bosques, la soberanía alimentaria y la agroecología, la justicia económica, la justicia climática y una Transición Justa. Nuestras regiones y programas avanzaron por igual en darle un encuadre feminista a la Transición Justa, en un rico diálogo con nuestras/os aliadas/os.
Fortalecimos la solidaridad internacionalista en nuestra federación, y nuestros grupos miembro y regiones aunaron esfuerzos para participar en acciones de solidaridad y resistir la ofensiva de la derecha y las grandes empresas contra los pueblos y el medioambiente, desplegada actualmente en tantos lugares en todo el mundo.
Fuimos testigos una vez más de cómo un sistema estructurado en torno a la opresión y la explotación hará lo que sea para silenciar las voces de quienes lideran las luchas colectivas contra el racismo estructural y la destrucción y el acaparamiento de sus territorios.
Denunciamos el asesinato de Jehry Rivera, líder indígena del pueblo Naso Bröran de Costa Rica. Jehry luchaba por la autonomía de los Pueblos Indígenas frente a proyectos extractivistas y usurpadores de tierras como el proyecto hidroeléctrico de Diquís, que estaba afectando negativamente a la comunidad.
Repudiamos el asesinato de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade y Ahmaud Arbery y los asesinatos y violencia sistémicos contra la población negra en Estados Unidos, avalados por el Estado. Expresamos nuestra solidaridad y aunamos fuerzas para denunciar el racismo sistémico y la opresión institucionalizada.
También condenamos el asesinato de Mama Fikile Ntshangase en Sudáfrica. Como integrante de la Organización de Justicia Ambiental Comunitaria de Mfolozi (MCEJO), Mama Fikile manifestaba abiertamente su preocupación por la operativa de la mina de carbón de Tendele. Nos solidarizamos con su familia y toda la comunidad de Somkele en su reclamo por justicia para que la impunidad de los autores intelectuales y materiales de este horrendo crimen no prevalezca.
Nuestra lucha continúa y sin duda tenemos enormes desafíos por delante. Pero nuestra estructura descentralizada y democrática, que es bastante singular, nos permite estar profundamente arraigadas/os en las luchas locales y trabajar juntas/os a nivel internacional compartiendo un profundo compromiso por la justicia. Nuestro análisis y agenda política compartidos, tanto dentro de Amigos de la Tierra Internacional como con otros movimientos y organizaciones sociales, es una base firme para una mayor convergencia en pos de la construcción de poder popular, soluciones de los pueblos verdaderas y solidaridad internacionalista, al mismo tiempo que enfrentamos los sistemas de opresión y explotación que son el origen de las crisis sistémicas.
Valoramos enormemente su apoyo constante, que es fundamental para nuestra lucha y para lograr una transformación radical de nuestras sociedades basada en la justicia.
Carta de la Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional 4
Informe sobre la pandemia de Covid-19 6
Justicia climática y energía 12
Justicia económica y resistencia al neoliberalismo 16
Soberanía alimentaria 20
Bosques y biodiversidad 24
Integración de la justicia de género 28
Sistema de solidaridad internacionalista 30
Temas transversales e hitos regionales 32
Finanzas 38
Nuestro comité ejecutivo 39
Grupos miembro 40
INFORME ANUAL 2020 |
7P: ¿CÓMO CUIDAMOS DE NUESTRA FEDERACIÓN DURANTE LA PANDEMIA?
“A pesar de ser un año muy complicado y extenuante, también cambió la forma en que trabajamos y nos organizamos,” constató Amigos de la Tierra Asia Pacífico, que en pocas palabras resume el parecer compartido por toda Amigos de la Tierra Internacional.
A medida que las medidas de confinamiento se extendieron por todo el mundo, la mayor parte de la actividad pasó a formato virtual por Internet, desde las actividades de formación hasta los grandes eventos como nuestros populares talleres de la Escuela de la Sustentabilidad y nuestras AGA. Para nuestros grupos miembro cuyo trabajo está basado en la movilización de las comunidades con el fin de llevar a cabo acciones colectivas, esto significó un cambio drástico que exigió nuevos métodos de trabajo y aplicaciones, encuestas y proyectos piloto, así como subvenciones para apoyar a quienes más lo necesitaban.
En marzo creamos un grupo de bienestar que ha seguido funcionando en 2021. Organizamos una encuesta sobre los impactos de la pandemia de Covid-19 en los grupos miembro, gestionamos subvenciones de emergencia y llevamos a cabo un evento de solidaridad que fue muy bien recibido, además de un taller sobre bienestar.
Las respuestas de 37 grupos miembro a nuestra encuesta virtual (20 de marzo – 19 de abril) mostraron que todos se vieron enfrentados a un incremento muy marcado del trabajo en formato virtual. Algunos de los problemas que surgieron fueron:
Necesidad de investigar y recibir capacitación sobre herramientas virtuales para videoconferencias y comunicaciones. Como el 90% de nuestros grupos estaban trabajando en la virtualidad o desde sus hogares, realizamos tres seminarios en formato virtual (en inglés y castellano) para facilitar el trabajo en equipo a distancia, propiciar el bienestar y compartir consejos sobre cómo organizarnos mejor y crear espacios inclusivos por vía electrónica. En diciembre también organizamos una sesión abierta para todos los grupos miembro con el fin de compartir historias de esperanza, solidaridad e inspiración.
Trabajar desde casa implicó más responsabilidades con respecto a los cuidados (de las/os hijas/os y otros familiares, entre otras) para varias/os de las/os voluntarias/os e integrantes clave del personal de nuestros grupos miembro, particularmente mujeres, debido al rol socialmente construido que tienen como cuidadoras. Muchos grupos respondieron con flexibilidad, acordando a menudo reducir la carga de trabajo/horaria sin recorte salarial.
El confinamiento forzoso con la familia/amigas/os, perder el empleo o contraer el virus, y la dificultad para acceder a tratamientos médicos en algunos países, repercutió de variadas maneras en el personal y voluntarias/os clave, incluida una menor motivación del personal y problemas de salud mental. Algunos grupos miembro realizaron chequeos colectivos o individuales del personal y establecieron sistemas de acompañamiento. Algunos proporcionaron equipos de protección y desinfección en caso de ser necesarios. También brindamos materiales de comunicación para compartir, como videos y artículos donde mostramos nuestras soluciones en pos del cambio de sistema una vez pasada la crisis.
Incertidumbre respecto del financiamiento. Algunos grupos miembro están ideando nuevas estrategias de financiamiento, en la medida que nos vemos obligados a adaptar los planes de las subvenciones o perdemos potencialmente donaciones regulares del público. También compartimos fondos de emergencia con grupos miembro y comunidades para solventar necesidades humanitarias (productos sanitarios, medios de sustento y cuidado de las/os hijas/os) especialmente de quienes trabajan con defensoras y defensores de los derechos humanos para fortalecer la solidaridad internacionalista (ver p30).
La necesidad de resolver temas de seguridad digital y conectividad. Tras nuestro taller de seguridad digital en mayo y la encuesta realizada con 83 personas descubrimos que 30 seguían teniendo problemas de conexión a Internet. Esto llevó a que se otorgaran subvenciones a 18 personas con cargos regionales o internacionales para ayudarles a resolver los problemas de conectividad.
[A] cinco años [del Acuerdo de París], el mundo sigue estando plagado de desigualdades, crisis más profundas de desempleo creciente, proyectos de combustibles fósiles y rescates para las empresas más contaminantes, además de la pandemia deCOVID-19. El origen de todas estas crisis interrelacionadas es en todos los casos el capitalismo extractivista movido por el afán de lucro. Exigimos uncambio de sistema,sistemas energéticos renovables de propiedad comunalyderechos para los PueblosIndígenas y comunidades que están en la primera línea del frente para que puedan seguir protegiendo los ecosistemas que nos nutren a todas/os y al planeta.
https://www.foei.org/es/comunicados_prensa/cinco-anos-acuerdo-paris-clima-cop, dipti Bhatnagar, Coordinadora internacional del programa de Justicia Climática y Energía diciembre de 2020 (ver p12 por más información sobre nuestro programa de Justicia Climática y Energía).
P: ¿CÓMO AFECTÓ LA PANDEMIA DE COVID 19 A NUESTRAS CAMPAÑAS?
Nuestra visión de una Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 está basada en la justicia ambiental, social, de género y económica. Apoyadas/os en nuestras redes, pudimos predecir acertadamente que los sectores más afectados serían la clase trabajadora rural y urbana, los Pueblos Indígenas, las mujeres, quienes sufren racismo, las/os migrantes, los pueblos que viven en zonas de guerra y conflicto, la población LGBTQ, los pueblos de países que enfrentan bloqueos económicos. Nuestra respuesta fue ejecutar mejor el trabajo transversal a los programas para que todas las regiones y la Federación en su conjunto trabajemos por una Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 que ayude al mundo a avanzar hacia el cambio de sistema.
Nos pronunciamos sobre el modo en que la pandemia de Covid-19 es atizada por el sistema político-económico actual que privilegia el lucro y las ganancias antes que los derechos de los pueblos y el medioambiente. Mostramos cómo el neoliberalismo y la financiarización de la naturaleza imponen obstáculos importantes a las respuestas estructurales, lo que a su vez empeora la crisis sanitaria mundial. Por ejemplo:
Debilitando los sistemas de salud pública y seguridad social y los servicios públicos (ver p16 JERN).
Desmantelando los derechos de las/os trabajadoras/es y flexibilizando el empleo y las condiciones de trabajo, ver acuerdo entre el Mercosur y la UE (ver p16 JERN) y Soberanía Alimentaria (ver p20 SA).
Explotando cada vez más el trabajo de las mujeres (ver p9 Recuperación Justa, p12 JCE y p28 JGDP).
Cediéndoles más poder y privilegios a las empresas transnacionales a través del neoliberalismo, y reduciendo a la vez el papel y la figura del Estado (ver resistencia a los ADPIC p16 JERN, soberanía alimentaria p20 y Marco Posterior a 2020 p24 ByB).
También fuimos las/os encargadas/os principales de la autoría de la mayor evaluación popular de la pandemia de Covid-19 y los sistemas alimentarios, que reúne as voces de millones de productoras/es de alimentos a pequeña escala, trabajadoras/es, consumidoras/es, mujeres y jóvenes representadas/os en las organizaciones que participan en el Mecanismo de la sociedad civil y Pueblos Indígenas (MSC) para reclamar que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU coordine una respuesta mundial justa a la crisis alimentaria derivada de la pandemia de Covid-19 y a los problemas estructurales que enfrenta el sistema alimentario, basada en los derechos humanos. Este informe fue publicado en octubre. Ver p20 para mayor información sobre nuestro trabajo en torno a la soberanía alimentaria.
La pandemia puso al desnudo las desigualdades que existen en todo el mundo, y trajo consigo muchas prácticas antidemocráticas y un aumento de la pobreza y la violencia. En todos los países, las medidas de confinamiento afectaron negativamente a las pequeñas empresas, agricultoras/es, comerciantes informales y el transporte. El resultado ha sido un aumento de los precios de los alimentos descomunal, sumado a la pérdida de millones de puesto de trabajo y fuentes de ingreso.
Amigos de la Tierra África informa haber sido testigo de abusos de poder acompañados de la militarización creciente en varios países, atropellos y abusos de la policía, y respuestas ineficaces y desarticuladas de los gobiernos, tanto frente a la crisis sanitaria como a las crisis socioeconómicas cada vez más extendidas. A nivel mundial, las medidas de algunos gobiernos para lidiar con la pandemia de Covid-19 representan ataques contra las libertades civiles y acaparamientos de tierras que han aumentado la vulnerabilidad de las defensoras y defensores del medioambiente (ver p30 para mayor información sobre nuestro Sistema de Solidaridad Internacionalista)
Nuestros grupos miembro denunciaron un crecimiento brutal de la violencia basada en género en sus sociedades, especialmente en el hogar, acompañada de nuevas y mayores exigencias para las mujeres con relación al trabajo de cuidados y en términos de la supervivencia en circunstancias extremas. La pandemia ha demostrado cuán crucial es el trabajo de cuidados para la sustentabilidad de la vida en nuestras familias, comunidades y sociedades, así como para la defensa de nuestros territorios.
Dejamos en claro que la recuperación no significa volver a la ‘vieja normalidad’. Este es el momento de dar prioridad a la sustentabilidad de la vida, los derechos de los pueblos y la protección de los medios de sustento y el planeta. En agosto de 2020 propusimos cuatro principios para una Recuperación Justa:
Abandonar el neoliberalismo y la austeridad y adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
Las medidas de recuperación deben estar fundadas en la cooperación multilateral y la solidaridad internacionalista y potenciarlas.
Fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos y de los pueblos.
Los gobiernos tienen que responder a las múltiples crisis sistémicas — de la pandemia, desigualdad, clima, alimentación y biodiversidad, y a la crisis de los cuidados — y a sus causas estructurales, proponiéndose una agenda transformadora de cambio de sistema.
Este contundente análisis político colectivo ayudó a la mayoría de los grupos miembro de Amigos de la Tierra a compartir una comprensión común de la crisis de Covid-19 y abogar por una Recuperación Justa a nivel nacional y local. Juntos, los movimientos progresistas y ambientalistas han contribuido a que la Recuperación Justa sea parte de la agenda a nivel mundial. Muchas agendas públicas y políticas nacionales han usado el lenguaje de una Recuperación Justa como encuadre para responder a la Covid-19. Por ejemplo el secretario general de la ONU, el presidente de China, la UNCTAD y muchas ciudades y gobiernos locales usaron el concepto o instaron por una ‘Recuperación Justa’ o verde, aunque el Foro Económico Mundial está haciendo uso del término para promover sus propias falsas soluciones empresariales. Sin embargo, el discurso de la llamada ‘recuperación justa’ y las políticas adoptadas por los gobiernos o las instituciones internacionales a menudo contienen solamente algunos elementos de lo que Amigos de la Tierra Internacional consideraría una Recuperación Justa que pueda dar lugar a sociedades sustentables
P: ¿CÓMO LLEVAMOS ADELANTE LAS CAMPAÑAS CUANDO NOS VIMOS ENFRENTADOS A LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE ACARREÓ LA PANDEMIA DE COVID-19?
Muchas reuniones internacionales como las COP de la ONU sobre el clima y la biodiversidad se pospusieron hasta 2021, ya que sólo se permitían viajes esenciales. A nivel nacional, muchos países prohibieron las reuniones de más de tres a diez personas, mientras se aprobaban leyes de distanciamiento social o se declaraban estados de emergencia, que pusieron en suspenso los eventos públicos, las manifestaciones y los viajes internacionales.
Reunirse con funcionarias/os gubernamentales se tornó imposible, y hacer trabajo de incidencia a favor de la justicia ambiental fue más difícil.
Identificamos que es incluso más difícil para los grupos defender la justicia ambiental y los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y proteger el medioambiente. Esto nos llevó a asignar subvenciones a nuestros grupos miembro en Georgia, Honduras, Palestina y Sri Lanka para atender situaciones asociadas a la Covid-19. Ver p24 para mayor información sobre Bosques y Biodiversidad.
Al mismo tiempo, el apoyo a proyectos de solidaridad y comunitarios creció exponencialmente. Muchos grupos y activistas de Amigos de la Tierra están trabajando directamente con campesinas/os, aliadas/os de las comunidades, del movimiento social o de semillas en estos proyectos. También apoyamos activamente los servicios públicos y particularmente a las/os trabajadoras/es de la salud.
Al mismo tiempo que las campañas se posponían o suspendían, nuestros grupos miembro resaltaron que la crisis de Covid-19 es, al igual que las otras crisis que enfrenta el planeta, una alerta y llamado de urgencia por un programa de recuperación justa y sustentable. Muchos grupos dieron inicio a nuevas campañas:
Cuestionando las políticas gubernamentales de respuesta al coronavirus (ver p24 para mayor información sobre derechos ByB).nDe denuncia contra medidas autoritarias (ver p30 SSI).
De vigilancia a los gobiernos y grandes empresas que aprovechan la crisis para obtener ganancias (ver todos los programas).
Exigiendo que ningún rescate gubernamental se destine a empresas contaminantes (ver p12 JCE y p24 ByB).
Exigiendo que todos los fondos de recuperación gubernamentales se destinen a la recuperación justa y sustentable, nuestra Recuperación Justa (ver p12 JCE).
Haciendo énfasis en la necesidad de una respuesta feminista a la crisis (ver p28 JGDP).
Necesitamos una nueva economía al servicio de los pueblos y el planeta y que integre una perspectiva feminista. Mientras la pandemia sorprendía al mundo, creamos un Grupo de Trabajo Político al que confluyeron todas nuestras estructuras internacionales para construir colectivamente como Federación un análisis político coherente y en profundidad al respecto de la crisis, su contexto e impactos, – incluidas las amenazas crecientes a la justicia ambiental, social, económica y de género – y para el poder popular y la soberanía de los pueblos y los cambios más urgentes en materia de políticas que se requieren para encarar y resolver estos problemas.
Hacemos un llamado a la solidaridad interncionalista con el pueblo Garifuna que han sido victimas de múltiples violencias entre ellas la desaparición forzada de Garifunas pertenecientes a la OFRANEH de la población del Triunfo de la Cruz.
Mientras el Estado hondureño continua judicializando, criminalizando al pueblo Garifuna en Honduras en una continua campaña de despojo territorial han pasado 12 meses desde que Sneider Centeno Presidente del Patronato de la Comunidad de Triunfo de la Cruz junto a los jóvenes Suami Mejía, Milton Martínez y Gerardo Trochez fueron llevados de sus casas violentamente por personas con vestimenta perteneciente a la dirección de policía de investigación(DPI) desde entonces no se ha sabido de su paradero, por lo cual se constituye en una desaparición forzada violentando sus derechos humanos y el de sus familiares, la OFRANEH y SUNLA pide a todo el mundo que le digan a los familiares y al pueblo Garifuna que no están solos en la búsqueda de Sneider, Suami, Milton y Gerardo.
Al juntarte de las manos con alguien, tomar una foto y compartir la imagen con los demás en las redes sociales, la gente puede abogar por la búsqueda de Sneider, Suami, Milton, Gerardo, la paz interior de sus familiares en tiempos de angustias y acompañar la lucha del pueblo Garifuna para poner fin a esta violencia sistemática de la que es víctima, así como exigir en todo momento el cumplimiento de las sentencias a favor de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Respaldado por la OFRANEH, SUNLA continúa su labor de investigación y búsqueda acompañando a las familias y comunidades.
OFRANEH y SUNLA están pidiendo a la gente de todo el mundo que realicen acciones individuales, colectivas durante los días 18, 19 y 20 de julio, para demostrar su masivo apoyo al pueblo Garifuna en Honduras abogar por la búsqueda de Sneider, Suami, Milton, Gerardo, solidaridad con sus familiares y demandar al Estado de Honduras acciones que den con el paradero de los jóvenes.
Tenemos la responsabilidad colectiva de traducir la indignación en acción; para enviar un mensaje claro al mundo que, en este momento decisivo, la historia nos juzgará, y que aquellos con poder de cambio deben intensificar sus esfuerzos para cambiar el curso de esta escalada sistemática de criminalización, judicialización, Desaparición Forzada y asesinato del Pueblo Garifuna.
LO QUE LA GENTE PUEDE HACER:
Solidarizarse
Exigir la búsqueda con vida de Sneirder Centeno, Suami Mejía,
Milton Martínez, Gerardo Trochez .
Exigir en todo momento el cumplimiento de las sentencias a favor de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
–18 Y 19 DE JULIO–
Solidaridad: Tómate de la mano con uno o varios familiares o amigos juntos con las manos en alto en señal de solidaridad y lucha, haz una foto o un video clip pequeño y publícalo en Facebook o Twitter con los hashtags: #HastaEncontrarlesGarifuna #VivosLosQueremos #JusticiayVerdad #PorLaVidaElTerritorio #ElEstadodeHondurasResponsable
Súmate al Foro Virtual de Solidaridad Global: Transmisión por Facebook Live [2], “Día de la Solidaridad Hagana San? ¿Dónde están?”
–20 DE JULIO–
Exigir la búsqueda con vida: Exige movilizándote con pancartas, camisetas, videos, plantones en lugares emblemáticos de tu ciudad, plantones frente a las embajadas y consulados de Honduras en tu ciudad, oficinas de las secretarias de Relaciones Exteriores de tu país.
Haz una foto o un video clip pequeño y publícalo para acompañar el TWITAZO “A un año de la desaparición forzada de Sneider, Suami, Milton y Gerardo”, a partir de las 10:00 am (hora Centroamérica). Acompañalo con los hashtags #HastaEncontrarlesGarifuna, #VivosLosQueremos #JusticiayVerdad #CumplimientoSentenciaYa#PorLaVidaElTerritorio #ElEstadodeHondurasResponsable en Facebook o Twitter. Exige en todo momento el cumplimiento de las sentencias de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Si estás en Honduras puedes sumarte a la movilización de Tegucigalpa del día 20 de Julio, o acompañarla a través de tus redes sociales, compartiendo los vídeos e informaciones que promuevan las páginas oficiales de Ofraneh en twitter y Facebook para visibilizar y a la observar desde el lente internacional.
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre el derrame del jalo de una mina en Sonora – A 1 de julio del 2021
Aquí viven de la pesca y el ganado, pero este último ha estado muriendo por beber agua de los pozos que mandó a hacer la minera en el cauce, con la idea de que los residuos caigan y se depositen para luego ser retirados o sepultados.
Fue el 25 de abril. Esa es la fecha exacta cuando ocurrió el derrame de jales mineros por una fuga de la mina Real de Cosalá, aunque los pobladores de San José de las Bocas se enteraron cinco días después.
Jaime Guinea González se presentó con el pueblo para darles la noticia. Antes habló de los beneficios de la “minería responsable” y luego les soltó una propuesta.
“El dueño de la mina vino y nos dijo que bebería agua de los derrames para mostrar que no hacía daño”, contó Yuridia, una de las mujeres pobladoras de San José de las Bocas, que está a un lado del río San Lorenzo. Ese cauce lleva a la presa José López Portillo, la cuarta con más capacidad en Sinaloa para almacenar agua.
Aquí viven de la pesca y el ganado, pero este último ha estado muriendo por beber agua de los pozos que mandó a hacer la minera en el cauce, con la idea de que los residuos caigan y se depositen para luego ser retirados o sepultados.
“El señor Jaime dijo que cuando lloviera iba a caer el jale a los pozos y luego vendrían por eso”, contó la mujer que nació y creció en este pueblo que ahora ya vio caer las primeras lluvias de verano.
El ganado que bebe agua con jales ha muerto en Cosalá
Ninguna autoridad se ha acercado para preguntar su estado de salud o hacer muestras de la tierra, cuentan los pobladores.
La responsabilidad de este derrame es de una sociedad minera registrada en Sinaloa compuesta por Minera Real de Cosalá, Minera Cosalá y Minera Tapacoya, un grupo de empresas extractivas que se dedican a la exploración y extracción de oro, plata, plomo, cobre, zinc y hierro. Por lo menos 650 toneladas de material para obtener 77 kilos entre todos los materiales, siendo el zinc, hierro y el plomo los más redituables.
La gente de San José está enojada. Aquella vez que el señor Jaime Guinea González fue a contarles de los beneficios de la minería, también señaló que en unos días habría máquinas retroexcavadoras y camiones de carga para llevarse un lodo que verían en los próximos días.
Así sucedió, era un material gris, casi blanco que corría por el cauce y que provenía del arroyo Calleros, un raudal de por lo menos 10 kilómetros que conecta a la presa de jales de la mina con el río San Lorenzo.
“Las máquinas rasparon todo hasta donde llegaron, pero nomás se quedaron en donde están las rocas. Para allá arriba hay más de los jales y es un cochinero”, dijo Juan, un joven vaquero de San José de las Bocas.
Los jales han dejado un camino de color blanco por el cauce del arroyo Calleros
En el pueblo se dicen preocupados, porque aunque tratan de creer que los jales no los dañarán, ven la muerte de las vacas como una señal de desconsuelo.
A una de las mujeres de este pueblo ya se le murieron cinco vacas y por el cauce del arroyo Calleros hay más bestias muertas.
“El dueño de la mina dijo que tomaría agua para que viéramos que no hacían daño los jales, le dijimos que queríamos verlo, pero nomás nos ignoró”, dijo Yuridia y más tarde lo recordó Juan.
Ya cayeron las primeras aguas del verano y la sospecha del arrastre de los químicos se cumplió. Es un lodo color blanco que apesta y se pega a las piedras, mata animales y se dirige a la presa José López Portillo.
