Compartimos con ustedes el libro “Las Revoluciones de Berta de Claudia Korol
En el libro “Las Revoluciones de Berta” Claudia Korol nos regala palabras llenas de esperanza y aprendizaje de nuestra compañera #BertaCáceres.
Este 2 de maro se cumplen 5 años de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres. Sabemos que este año por la emergencia sanitaria por la Covid-19 la conmemoración será diferente, pero aún en la distancia que nuestras voces exigiendo justicia sean escuchadas.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Koniki este lunes 1 de marzo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Acompáñanos a la acción global este martes 2 de marzo a las 5:30 de la tarde en la cruz de la plaza de la paz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, donde haremos un altar colectivo.
Lleva flores, velas o algo que quieras dejar en el altar. Recuerda usar cubrebocas y mantener la sana distancia.
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Como todos los años puedes unirte a nuestro Twitazo tomándote una foto o grabando un video exigiendo justicia para Berta utilizando los siguientes mensajes:
– la justicia hondureña, sigue en deuda. A 5 años del crimen de #BertaCáceres, los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah, continúan en la impunidad. El Estado de Honduras se niega a procesarlos.
#JusticiaParaBerta #Castigo A Los Atala
– La prueba contra Daniel Atala, gerente financiero de DESA, demuestra su participación en la persecución, criminalización y ataques que culminaron en el asesinato de #BertaCáceres. Él debe ser procesado y enjuiciado. El @MPHonduras debe actuar.
#JusticiaParaBerta #CastigoALosAtala
-#5AñosJuntoABerta A 5 años de la siembra de nuestra compañera #BertaCáceres, su legado continúa acompañando las luchas en defensa de la vida, los ríos, los territorios y la libertad de los pueblos.
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Compartimos con ustedes la convocatoria del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH para conmemorar el 5to aniversario de Berta Cáceres – A 3 de febrero de 2021
Este 2 de marzo conmemoramos 5 años de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, 5 años de lucha contra la impunidad e injusticias en Honduras, 5 años de enfrentarnos a grandes poderes económicos y políticos que intentan arrebatarnos la justicia que está en nuestras manos. Al mismo tiempo, son 5 años de construir lazos de solidaridad entre compañeras y compañeros de lucha, que han acompañado la exigencia de justicia, 5 años de caminar junto a Berta en la construcción de procesos emancipatorios y de autonomía para los pueblos.
La crisis sanitaria generada por el COVID-19 nos impide el encuentro y el abrazo que tanta fuerza nos da, pero sabemos que la solidaridad y la lucha por la justicia no se detiene por la distancia, que seguimos cuidándonos y acuerpadxs desde las distintas luchas en cada territorio, manteniendo la memoria viva de Berta, su legado, coraje y rebeldía.
Este 5to aniversario, como todo los años, con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, seguiremos levantando nuestras voces llenas de justicia, libertad, dignidad y paz.
Este 2 de marzo conmemoramos 5 años de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, 5 años de luchar contra la impunidad e injusticia en Honduras, 5 años de enfrentarnos a grandes poderes económicos y políticos que intentan arrebatarnos la justicia de nuestras manos, pero al mismo tiempo, son 5 años de construir lazos de solidaridad entre compañeras y compañeros de lucha que han acompañado la exigencia de justicia, 5 años de caminar junto a Berta en la construcción de procesos emancipatorios y de autonomía para los pueblos.
Después de 5 años, y a pesar de la contundencia de la prueba, la justicia hondureña aún no ha procesado a la familia Atala Zablah, autores intelectuales del crimen y dueños de la empresa DESA.
Es por eso que para este 5to aniversario les invitamos a ser parte de nuestro Twitazo global por la Justicia para Berta
¿Cómo puedes participar?
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– la justicia hondureña, sigue en deuda. A 5 años del crimen de #BertaCáceres, los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah, continúan en la impunidad. El Estado de Honduras se niega a procesarlos.
#JusticiaParaBerta #Castigo A Los Atala
– La prueba contra Daniel Atala, gerente financiero de DESA, demuestra su participación en la persecución, criminalización y ataques que culminaron en el asesinato de #BertaCáceres. Él debe ser procesado y enjuiciado. El @MPHonduras debe actuar.
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Más información aquí:
Compartimos esta nota publicada en Servicios de Comunicación Intercultural Servindi sobre la vulneravilidad de los drechos humanos ante mega proyectos energéticos – A 29 de enero de 2021
Al menos 105 comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria energética y otros proyectos, según revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.
Servindi, 14 de enero, 2021.- La industria energética ejerce la mayor cantidad de conflictos en México, afectando masivamente al 96 % de las comunidades registradas para el país.
Así lo revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).
De acuerdo con la plataforma, se mapeó 14 proyectos extractivos y de infraestructura, que afectaron al menos a 105 comunidades mexicanas. Del total de proyectos, 9 son del sector energía: solar, térmica, eólica e hidroenergía.
Esta cifra fue influenciada por la reforma energética mexicana, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto del 2014, donde se amplió la oportunidad de participación privada.
En ese entonces también se ofrecieron incentivos para alentar la inversión en el desarrollo de sistemas de energía renovable.
Además, la agroindustria, la extracción de madera y la minería son las otras industrias que vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.
De acuerdo con la plataforma, el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente saludable fueron violados en el 64.3 % de los casos.
Asimismo, el consentimiento libre previo e informado fue violado en el 57 % de los registros.
En el 85.7 % de los casos, el impacto social registrado es la perturbación de sitios culturales; mientras que el impacto ambiental es más heterogéneo, siendo la de mayor registro la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la deforestación.
Ahora bien, la perturbación de los sitios culturales y sagrados –en el 71.4 % de los casos– y la invasión del territorio colectivo –en el 64.3 % de los casos– fueron los ataques más frecuentes en los casos registrados.
Por los 14 proyectos, 30 personas –pertenecientes entre las 105 comunidades afectadas– fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.
También se reportaron asesinatos y criminalización contra defensores ambientales. Un ejemplo de ello fue el asesinato del indígena comunicador Samir Flores, sucedido en febrero del 2019, quien se opuso a la termoeléctrica de Huexca.
Imagen: Servindi
Más información:
Cada año publicamos nuestro informe global de actividades para que ustedes puedan conocer mejor nuestro trabajo. Gracias por consultar nuestra página y seguir nuestras acciones.
El año 2020 estuvo marcado por la crisis de la Covid-19 acompañada de confinamientos, enfermedades, muertes, crisis social y económica en todo el país. Chiapas no fue la excepción además de la crisis climática provocada por las lluvias intensas y los huracanes cuyos efectos no tienen precedentes. En medio de todo ello, pese a que se suspendieron muchas actividades de todo tipo, el equipo de Otros Mundos AC siguió trabajando adaptándose a las nuevas circunstancias.
Realizamos dos Módulos de la Escuela Popular Ejidal y Comunal con la participación de ejidatarios y comuneros provenientes de una veintena de núcleos agrarios con el fin de conocer las amenazas de los territorios, las herramientas legales y estrategias para la defensa de la propiedad colectiva amenazados por megaproyectos.
Llevamos a cabo el II Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas 2020 “Mariano Abarca“ al Frente Popular por la Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS), el cual es avalado por 32 organizaciones nacionales e internacionales.
Recordamos el 2 de Marzo día del asesinato de Berta Cáceres en la plaza central de la ciudad con el fin de mantener viva la memoria de Berta y las defensoras del medio ambiente, los derechos humanos y de la naturaleza.
Del mismo modo llevamos el 14 de Marzo, día mundial contra las represas se realizaron acciones en la región Costa donde se mantiene la presencia de la resistencia contra las hidroeléctricas de la región.
El equipo de Otros Mundos facilitó talleres de análisis sobre el modelo extractivo al proceso educativo que lleva a cabo KINAL ANTZETIC, así como otros talleres de análisis a equipos pastorales de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas de la Región Altos.
Logramos aumentar el tráfico en la página web de Otros Mundos A.C., con 134,405 visitantes y 810,999 visitas en 2020. Ampliamos nuestra audiencia en redes sociales, con 13,035 seguidores (+708) y 12,653 “Me Gusta” en Facebook (+383), en Twitter 3,513 seguidores (+489), 138 suscriptores en Telegram, en Youtube tenemos 580 suscriptores y 1,209 reproducciones a los vídeos producidos este año. Las invitaciones a nuestro “Seminario Permanente de la sustentabilidad” llegan a 423 personas. Y nuestro boletín mensual actualmente llega a 85 personas, con la migración al nuevo servidor se perdieron las direcciones anteriores, pero ya se está trabajando en lograr recuperar y aumentar el número de suscriptores. En total se enviaron 11 boletines mensuales.
Seguimos con nuestro ritmo de 1 o 2 publicación por día en la página web, y la promoción de cada publicación en nuestras redes sociales. Siempre publicamos comunicados de nuestras redes hermanas como la REMA, el MAR, el Movimiento M4, ATI y ATALC; así como importantes informes sobre temas de defensa del territorio, impactos de megaproyectos y construcción de alternativas.
De igual manera apoyamos publicando y compartiendo comunicados y pronunciamientos de movimientos y organizaciones a quienes hemos acompañado, como el pronunciamiento del último módulo de la Escuela Popular Ejidal y Comunal: Declaración por la Defensa de los Territorios Ejidales y Comunales de Chiapas.
Seguimos haciendo incidencia en temas centrales y dando difusión a campañas como el 14 marzo: Día Mundial de acción en Defensa de los Ríos y Contra las Re-presa, el 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles.
Así como la difusión de mensajes sobre la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo debe centrarse en los derechos humanos, el Décimo Aniversario del Tercer Encuentro Mundial de Afectadas y Afectados por las Represas en la comunidad de Temacapulín, Jalisco.
Estrenamos la serie “Voces en resistencia”, una serie de testimonios de personas que defienden la vida y el territorio de megaproyectos, en el primer capítulo participantes de la primera Escuela Ejidal nos platican el porque es importante defender el territorio. Y en el segundo capítulo integrante de ZODEVITE nos platica sobre la problemática socioambiental en la zona zoque del estado de Chiapas.
Compartimos esta nota de Avispa Midia a 2 años de la tragedia de Brumadinho – A 2 de febrero de 2021
Vale SA es una de las mayores productoras de hierro y níquel del mundo, con operaciones en más de 30 países. El año 2019 volvió a marcar su historial de las afectaciones ambientales que ha provocado en Brasil. La presa que contenía sus desechos tóxicos se fracturo y provocó un derrame de millones de m3 de sus desechos mineros en Brumadinho, un municipio del estado de Minas Gerais en el sudeste de Brasil. Estos lodos tóxicos inundaron pueblos enteros y plantaciones, dejando un saldo de 270 muertos. Fue uno de los peores desastres ambientales del país.
El 25 de enero de 2019 era un viernes de trabajo como cualquier otro en la Mina Córrego do Feijão, donde la empresa minera Vale explota fierro, en el municipio de Brumadinho, en el estado brasileño de Minas Gerais. Aproximadamente a las 12h30, la represa en la cual la empresa almacena los desechos de su proceso minero se rompió. Un mar de lodo empezó a correr a gran velocidad sobre las instalaciones de la minera, un hotel, casas, cultivos, áreas de bosques y el restaurante del personal de la mina, que estaba lleno. La mayoría de la gente se quedó soterrada.
Las alarmas de seguridad no sonaron, hubo poco tiempo para que la gente huyera. Alrededor de 13 millones de metros cúbicos de desechos escurrieron de la represa, matando a 270 personas y contaminando el trayecto de la cuenca del Río Paraopeba, que irriga por lo menos 48 municipios a lo largo de 300 kilómetros, esta agua era utilizada para abastecimiento humano y para uso agropecuario.
Fue uno de los mayores desastres ambientales en este país. Algunos días después del desastre, los órganos de salud estatales lanzaron una alerta para que la población no utilizara el agua en ninguna situación. “El rompimiento de la presa de Brumadinho ofrece riesgos inmediatos y futuros a la salud de quien tenga contacto con los desechos provenientes de la presa”, sostuvo la Secretaría de Salud del Estado de Minas Gerais.
Tres años antes del desastre en Brumadinho, la minera Vale había protagonizado otro desastre en el mismo Estado brasileño, Minas Gerais. Otra presa de desechos mineros explotó. En aquella ocasión había sido en la ciudad de Mariana. Las comunidades de Bento Rodrigues y Paracatu de Baixo quedaron bajo el lodo minero, 19 personas murieron. Hoy, a 5 años del derrame este escenario esta lleno de pueblos fantasmas. En el desastre fueron liberados 40 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos que recurrieron 600 kilómetros del Río Doce hasta llegar en las aguas del océano Atlántico. Es considerado el peor en la historia de Brasil. Las fotos que siguen fueron tomadas por un equipo de Avispa Midia en Mariana, hechas un mes después del desastre.
Fotos: Renata Bessi
A dos años del desastre en Brumadinho, el Movimiento de Afectado por Represas (MAB) denuncia en su informe Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho que “no hubo reparación de los derechos a la población afectada (…), hasta el momento diversas acciones de emergencia no fueron cumplidas, y los afectados sufren sin acceso al agua y con el control de la multinacional Vale sobre los territorios”.
El agua continúa siendo el tema de emergencia en las comunidades afectadas. La población que vive en las orillas del río y que utilizan pozos sufren con el miedo de consumir el agua. “La Vale fue obligada judicialmente a distribuir agua potable a esta población, pero el abastecimiento no es regular”, denuncia el MAB.
De acuerdo con el informe independiente de la Asociación Estatal de Defesa Ambiental y Social (Aedas), a dos años del derrame tan solo el 40% de las familias que fueron afectadas tienen el abastecimiento de agua con regularidad.
Según el MAB, no existen informaciones concretas sobre el nivel de contaminación de las aguas de la región, lo que dificulta las actividades económicas y de subsistencias de esta población. “Dificulta principalmente la vida de los pescadores que están imposibilitados de pescar y al no tener plena confianza en el agua y los pescados”, sostiene en MAB en su comunicado.
El documento de Aedas señala que 62,51% de los afectados no ejercen ningún tipo de actividad remunerada en los municipios de Betim, Juatuba, Mário Campos y São Joaquim de Bicas, siendo uno de los medios de sobrevivencia de esta población el programa asistencial del Estado, el Bolsa-Familia.
La narrativa de la minera Vale ha sido construida en el sentido de sostener públicamente que el río ya está recuperado. Sin embargo, estudios independientes señalan que la contaminación todavía está presente. “La Fundação SOS Mata Atlântica divulgó un informe sobre la contaminación del Río Paraopeba que señala niveles de cobre 600 veces superiores a los niveles permitidos por las normas brasileñas. Inviable para el abastecimiento humano, para el riego, pesca”, sostiene el MAB.
La incertidumbre sobre la real situación de contaminación del agua y del medioambiente en general es generada porque “las empresas contratadas por el Estado para realizar los estudios son prestadoras de servicios de la Vale, lo que trae falta de confianza sobre cualquier resultado”, señala el informe del MAB.
En el 22 de octubre de 2020 la minera Vale, el Gobierno del Estado de Minas Gerais e instituciones judiciales del país realizaron en acuerdo sobre las indemnizaciones y las futuras acciones a ser tomadas por la empresa en lo que respecta a la reparación de los daños ambientales y sociales. Una de las críticas del MAB al acuerdo es que fue hecho bajo sigilo, sin la participación de la principal parte interesada, los afectados.
Otra crítica es en relación a los valores de las indemnizaciones. En un acuerdo inicial, sostiene el MAB, el valor general era de alrededor de 10 billones de dólares, siendo un poco más de la mitad para reparar los daños económicos del Estado y lo demás para reparar daños morales y sociales colectivos de las comunidades. Para hacer una comparación con los lucros de la minera Vale, la compañía registró solamente en el tercer trimestre de 2020, una producción de casi 3 billones de dólares.
En el acuerdo final, según este Movimiento, el valor total de las indemnizaciones se redujo a menos de la mitad, no llega a 5 billones de dólares. Además, los afectados denuncian que parte de estos recursos van para obras del metro y de construcción de carreteras en el Estado, temas totalmente desconectados con el desastre. “Las discusiones sobre reparación de los daños no atienden a las cuestiones de urgencia, como suministro de agua e indemnizaciones, que garanticen las condiciones de vida hasta la reparación integral”, sostuvo el MAB.
Este movimiento de los afectados denuncia todavía que la justicia brasileña no se ha mostrado como un instrumento efectivo de reparación de los daños. Además, la minera Vale posee un “enorme aparato jurídico por medio de los inúmeros bufetes de abogados, lo que le confiere una fuerte capacidad de incisión en las decisiones tomadas por las instancias jurídicas brasileñas”, sostiene el MAB.
La minera es controlada principalmente por el capital financiero, con una importante participación de bancos de distintas partes del mundo, como el banco inglés HSBC, el español Santander, los estadunidense JPMorgan y State Street Corp, el alemán Deutsche Bank, el canadiense Royal Bank of Canadá.
Imagen: Renata Bessi
Más información:
Compartimos este informe de Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA (Por sus siglas en ingles) – A diciembre 2020
Las organizaciones Acción Ecológica México, Academia Mexicana de derecho Ambiental, Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes, Greenpeace México y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo comunitario y Sustentabilidad (LIDECS); todas ellas integrantes de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración /GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives)1, preparamos este reporte para dar a conocer la grave situación de la contaminación por plásticos y difundir las obligaciones que tendrá México a partir del 01 de enero del 2021 para instrumentar la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea.
Dentro del documento hacemos un llamado urgente al gobierno de México para que desarrolle políticas públicas dirigidas a atender el problema de la contaminación plástica desde su producción hasta el final de su vida útil, su imperante y obligado rediseño. Que no se contemplen modelos contaminantes de gestión de desechos plásticos como lo es la incineración, coprocesamiento o cualquier forma de tratamiento térmico-reciclaje energético, y se transite hacia modelos de prevención y no de gestión y remediación. Para ello, es urgente que se instrumente una política de Basura Cero y el reconocimiento y formalización del trabajo de las y los recicladores.
Sobre la pronta instrumentación de la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea, las organizaciones que elaboramos este documento afirmamos que México tiene que ser más ambicioso frente a ésta y prohibir importaciones de residuos plásticos tóxicos y contaminados, ya que la mayoría de éstos no pueden ser reciclados, por lo que terminan incinerándose, quemándose en hornos cementeros, en tiraderos, cuerpos de agua, océanos, áreas naturales protegidas, en la ciudad, en el campo, deteriorando los ecosistemas y dañando la salud humana.
INCINERAR NO ES RECICLAR y RECICLAR NO ES SUFICIENTE, hay que dejar de consumir y de generar estos residuos. Cualquier tratamiento térmico que se le dé a los desechos plásticos y a otros residuos no es reciclaje ni tampoco una política de economía circular. El llamado reciclaje energético es una forma disfrazada de incineración, por lo que debe evitarse. Este documento identifica un escenario muy complejo para atender la problemática de los plásticos y la necesidad urgente que el Estado realice un diagnóstico nacional ya que no hay información suficiente; los datos oficiales son contradictorios y poco sólidos; hay desorden y grandes vacíos en la clasificación y uso de las fracciones arancelarias que identifican importaciones de residuos y desechos plásticos, por nombrar algunas. Es urgente que México diseñe cuanto antes, políticas públicas nacionales dirigidas a abordar y reducir la contaminación plástica y prohibir la importación de estos desechos para su incineración y coprocesamiento.
El Convenio de Basilea2 es un tratado internacional que tiene por objeto regular los movimientos transfronterizos (importaciones, exportaciones) de residuos peligrosos y sustancias que representan un riesgo para la salud humana y el ambiente.
El Convenio de Basilea fue adoptado en 1989, entró en vigor el 5 de mayo de 1992, y actualmente cuenta con 178 países miembros para abordar las crecientes preocupaciones sobre la gestión, la eliminación y los movimientos transfronterizos, de un estimado de cuatrocientos millones de toneladas de desechos peligrosos que son producidos mundialmente cada año.
Los principios rectores3 del Convenio sostienen que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos deben ser reducidos al mínimo, gestionados de un modo ambientalmente racional, tratados y eliminados lo más cerca posible de la fuente que los generó (principio de proximidad), ser minimizados en su origen, enfoque de ciclo de vida, principio del que contamina paga, responsabilidad ampliada de los productores, principio de precaución, consumo y producción sostenibles, entre otros.
El Convenio de Basilea Exhorta a los países miembros y otros interesados a: Redoblar los esfuerzos a nivel nacional para prevenir y reducir al mínimo la generación de desechos plásticos, en particular mediante el aumento de la durabilidad, la reutilización y el reciclado y la promoción de la reparación, el reacondicionamiento y la reelaboración de los productos de plástico, en la medida en la que esto sea viable en lo económico y técnico. Decisión BC14/134
México es parte del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación5 el 6 de agosto de 1990. México, al ser parte del Convenio, adquirió algunas de estas importantes obligaciones:
a) Los desechos se deben gestionar y eliminar de manera ambientalmente racional.
b) Reducir al mínimo la cantidad de desechos que se transportan.
c) Dar tratamiento y eliminar los desechos lo más cercanamente posible al lugar de su generación.
d) Prevenir o reducir al mínimo la generación de desechos en el lugar de origen y fuente
Firma México: 22 de marzo 1989
Aprobación Senado: 3 de julio 1990
Publicación DOF Aprobación: 6 de agosto 1990
Vinculación de México. Ratificación: 22 de febrero 1991
Publicación DOF Promulgación: 9 de agosto 1991
Entrada en vigor internacional: 5 de mayo 1992
Entrada en vigor para México: 5 de mayo 1992
El Convenio de Basilea reglamenta los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, así como otros desechos, y obliga a sus Partes a asegurar que se gestionen y eliminen de manera ambientalmente racional. El convenio abarca desechos tóxicos, venenosos, explosivos, corrosivos, inflamables, ecotóxicos e infecciosos. Ahora con la enmienda de Noruega se regularán también desechos plásticos contaminados.
Es la Enmienda de plásticos conocida también como Enmienda de Noruega6, es una medida vinculante que por primera vez regula el flujo internacional de los residuos plásticos y adopta medidas para proteger la salud y el ambiente ante el comercio mundial de estos desechos. La Enmienda es una modificación formal a las disposiciones del Convenio de Basilea que tiene como objetivo atender la alta contaminación generada por los residuos plásticos a nivel mundial, tanto en el medio marino, como en las poblaciones locales de los países más pobres, afectados por las exportaciones de éstos y de otro tipo de residuos provenientes de países más ricos y desarrollados.
La Enmienda de Plásticos7 quedó formalmente establecida en la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Basilea COP 14) 8, realizada en mayo del 2019, siendo aceptada por todos los países parte del Convenio, entre ellos México.
El propósito de la Enmienda de Plásticos es mejorar el control de los movimientos transfronterizos de los desechos plásticos y reforzar la aplicación del Convenio debido al elevado y rápido aumento de los niveles de basura plástica y microplásticos marinos. Esta propuesta y su incorporación a Basilea, representa un hito que se espera cambie el comercio de los desechos plásticos de manera global, ya que antes no existían regulaciones internacionales para el flujo de plásticos conocidos como “no peligrosos”, pero que han significado una devastación ambiental planetaria.
Compartimos este informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el negocio del carbono – A 20 de enero de 2021
La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. Sin embargo, la industria de los combustibles fósiles se ha esmerado para presentarla como una fórmula mágica para el clima, simplemente porque le permitiría seguir obteniendo ganancias a partir de la destrucción de nuestras comunidades y ecosistemas.
Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS porque:
La BECCS no proporcionará una solución para la creciente violencia de los impactos climáticos. Las soluciones ya existen dentro de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Para lograr la justicia climática requerimos sistemas energéticos limpios, accesibles, asequibles y de propiedad de las comunidades.
En nuestro informe “Un salto al vacío: Los riesgos de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)” desentrañamos los riesgos y peligros de la BECCS y por qué debemos oponernos a ella.
La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. El presente informe describe por qué Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS y presenta los riesgos, costos e impactos negativos de esta tecnología.
La meta del Acuerdo de París de lograr un balance neto de cero emisiones de carbono, o “cero neto”, fue la luz verde que permitió que las emisiones negativas figuren entre los esfuerzos mundiales para combatir el cambio
climático durante las próximas décadas. La BECCS es la principal tecnología que se propone para alcanzar la “neutralidad de carbono” (emisiones negativas netas). Depender de emisiones negativas para lograr cualquier
meta de temperatura se basa en la suposición de que será posible eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera en el futuro. En realidad, no se ha comprobado que ni la BECCS ni la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC, o CCS por sus siglas en
inglés) por sí solas logren esta meta en la escala necesaria. Depender de BECCS es una estrategia inadmisiblemente riesgosa para los pueblos y el planeta. Las políticas climáticas deben basarse en acciones contundentes e inmediatas de reducción de emisiones en la fuente, en lugar de apostar a
estrategias no validadas y de alto riego.
1- La BECCS es una distracción que desvía la atención de las medidas verdaderas que hay que adoptar ahora mismo. Hemos sido testigos de cómo los mercados de emisiones de carbono y la compensación de emisiones les han permitido a los países ricos y a las grandes empresas contaminantes retrasar la aplicación de reducciones radicales de emisiones y la transformación de nuestros sistemas energéticos a sistemas sustentables de energías renovables para todas y todos en manos del Estado/las comunidades.1 De la misma manera, el concepto de “emisiones negativas” ahora les permite a los países seguir retrasando la reducción de emisiones en origen. Se dice que la BECCS es una solución conveniente para el problema del clima porque permite “cancelar” las emisiones actuales -y cualesquier emisiones futuras- en algún momento más adelante. Esto es falso, por supuesto. Cualquier lectura seria de los argumentos científicos en materia climática indica que se debe actuar ahora, no dentro de 40 años. La BECCS no es una fórmula mágica.
La pandemia mundial del COVID-19 ha puesto al descubierto que el sistema político-económico actual ha fracasado en hacerle frente tanto a la crisis climática como a la crisis del coronavirus. La privatización de los servicios públicos, el esmantelamiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores y la explotación del trabajo de las mujeres en virtud de las doctrinas neoliberales han dejado a nuestras sociedades sin capacidad para satisfacer las necesidades más básicas de nuestros pueblos y han provocado una ruptura nefasta entre nuestras sociedades y la naturaleza. La crisis del COVID-19 ha demostrado una vez más que la destrucción continua de los ecosistemas pone en peligro la salud de nuestro mundo. En este contexto, es más urgente que nunca ofrecer soluciones verdaderas y justas.
Hay que conminar a los gobiernos a actuar rápidamente y con determinación para dejar de depender de los combustibles fósiles. No es justo que los ricos y quienes hoy tienen un mejor pasar sometan a los pueblos del Sur Global y a las generaciones futuras a la carga de la contaminación que ellos provocaron y a los impactos negativos de estas tecnologías.
2- BECCS tendrá impactos sociales y ecológicos inimaginables. Suministrar suficiente biomasa para BECCS, a la escala necesaria, sólo sería posible deforestando, acaparando tierras y convirtiendo grandes superficies cultivables en plantaciones de monocultivos. Esto significa que la BECCS generará competencia por la tierra entre las/os productores/ as de alimentos, a medida que más y más tierras cultivables se destinen a la producción de cultivos para combustibles. De hecho, se calcula que desarrollar BECCS a gran escala requerirá hasta 3 mil millones de hectáreas, es decir, casi el doble de las tierras cultivadas hoy en día en todo el mundo.
Sencillamente no hay suficientes tierras cultivables en el mundo para plantar suficientes cultivos para combustibles sin afectar seriamente la producción de alimentos. Si la BECCS se implementa a gran escala, las tierras de cultivo de las/os productores/as de alimentos cambiarán de uso en tal magnitud que se agravará profundamente el hambre en el mundo. Los precios de los alimentos se dispararán y las comunidades que dependen directamente de la tierra y los ecosistemas locales se verán severamente afectadas. Un cambio de uso del suelo de tales proporciones exacerbará las amenazas ambientales ya existentes, tales como la degradación de los suelos y el estrés hídrico.
Las/os productores/as de alimentos a pequeña escala y las/os campesinos se cuentan entre los más afectados por la crisis del COVID-19, y hemos sido testigos del efecto devastador que ha tenido el acaparamiento de tierras en lo que hace a la capacidad de respuesta de los Pueblos Indígenas frente a la pandemia. Ahora que enfrentamos una crisis alimentaria inminente y de gran envergadura, no podemos darnos el lujo de permitir que la BECCS aumente la vulnerabilidad de nuestra tierra y de los pueblos cuyas vidas y medios de sustento dependen de ella.
El informe especial de 2019 del IPCC sobre el cambio climático y la tierra señala que si se pretende usar la BECCS al nivel “necesario para remover CO2 de la atmósfera al ritmo de varios miles de millones de toneladas de CO2 por año, eso podría “aumentar la presión sobre la tierra” y provocar “degradación del suelo”. El informe también hace hincapié en investigaciones que muestran que emplear BECCS y bioenergía podría dar lugar a que 150 millones de personas más corran riesgo de padecer hambre. 3
3- La BECCS es una tecnología no validada e ineficaz. El problema de la disponibilidad de tierras es sólo el comienzo. Hay muchas interrogantes sin respuesta que ponen en cuestión la viabilidad de la BECCS, particularmente referidas a: la penalidad energética* asociada a la CAC; la cantidad neta de CO2 que podría capturarse; los impactos negativos; su alto costo; los riesgos de fuga. A diferencia de la efectividad comprobada y la absoluta necesidad de ejecutar reducciones verdaderas de las emisiones, la BECCS está plagada de incertidumbres.
4- La BECCS le abre las puertas al sistema corrupto de compensación de emisiones. La compensación de emisiones de carbono significa que una actividad para reducir emisiones o remover carbono de la atmósfera (tal como plantar árboles) está diseñada para “compensar” por las emisiones generadas en otro lugar.
En vez de reducir realmente las emisiones, la compensación de emisiones permite que los contaminadores sigan contaminando. Amigos de la Tierra Internacional se opone a todas las formas de compensación y comercio de emisiones de carbono. 4
Se corre el riesgo de que el carbono retirado o las emisiones reducidas mediante BECCS se contabilicen como “compensación” de las emisiones que siguen generando los países por usar combustibles fósiles. Esto implica que no habría una reducción neta de emisiones, lo que echaría por tierra el objetivo de la BECCS como tecnología de emisiones negativas.
Les invitamos a ver la transmisión en vivo de la presentación de este informe este viernes 5 de febrero a las 11 horas Mx por Facebook live
Con mucha alegría les compartimos el primer capitulo de la serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos.
La serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos nos invita a reflexionar sobre el actual modelo energético y las alternativas que nacen en la búsqueda de un nuevo modelo desde la autosuficiencia. En este primer capítulo participantes de una serie de talleres que llevamos a cabo para la construcción de un biodigestor nos hablan sobre la energía.
Esta publicación es financiado con recursos de de la Rosa Luxemburg Stiftung con fondos del BMZ
Compartimos con ustedes el boletín 253 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Noviembre / Diciembre 2020
Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: The Corner House, Reino Unido; mujeres activistas en Costa de Marfil, Sierra Leona y Camerún; miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) en Amapá, Brasil; seis mujeres y hombres activistas a lo largo de Indonesia; Land Watch Thai, Tailandia; Dra. Bernice Maxton-Lee; y miembros del Secretariado Internacional del WRM.
¿Qué es un crimen? Según el diccionario, un crimen o delito es un acto ilegal por el cual alguien puede ser castigado por la autoridad gubernamental. Pero, entonces, ¿qué se considera un ‘acto ilegal’? ¿Y quién decide esto?
Lo que se considera como un crimen o delito, por tanto, siempre va acompañado por lo que no se considera como crimen. Y viceversa.
Son muchas las tácticas y estrategias empleadas para imponer el control de la tierra y las operaciones extractivas en los bosques. Varían tanto como las formas utilizadas para despojar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas de sus territorios, medios de vida y culturas comunales. La mayoría de estas tácticas y estrategias son actos criminales.
Sin embargo, en la percepción pública (y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley), no se los considera criminales y en cambio se los considera legítimos. Esto viene justificado con discursos sobre el “desarrollo nacional”, la “creación de empleo”, el “desarrollo bajo en carbono”, el “progreso”, etc.
El boletín anterior del WRM (1) reflexiona sobre lo que es el mal llamado desarrollo y advierte acerca de las estrategias que utilizan los actores que lo promueven para tomar el control de los territorios. Este boletín se centra en otro lado de esta historia.
El considerar acciones y decisiones particulares de empresas, bancos multilaterales y organismos gubernamentales como no criminales va de la mano de la criminalización de la mayoría de quienes disienten y resisten en el terreno. Quién decide qué debe considerarse criminal y qué no, está muy relacionado con el poder.
En este sentido, la economía capitalista se basa en la opresión estructuralmente racista y violenta de los trabajadores, las mujeres, los campesinos y las poblaciones que dependen de los bosques en el Sur global. Sin embargo, la mayoría de los tribunales y discursos dominantes perciben esta opresión (y los opresores) como legítima o no criminal o no delictiva. Un artículo de este boletín expone cómo la violencia y el abuso contra las mujeres es parte integral del modelo de plantaciones industriales y está en la base de cómo las empresas generan sus ganancias. Este abuso permanece en gran parte invisible para los consumidores e inversores, dejando a los perpetradores cometer sus crímenes sin consecuencias y manteniendo intacto el violento modelo de plantación colonial.
Los actos criminales o delictivos de actores públicos o privados ocurren constantemente en todo el mundo en formas muy diversas y cruzando diferentes capas de las sociedades. Otro artículo de este boletín expone cómo muchas prácticas perfectamente legales pero corruptas son rutina dentro de gobiernos y empresas, y con frecuencia incluso pasan por ‘buena gobernanza’ o son la misión declarada de organismos públicos.
Indonesia es un buen ejemplo. La implementación de la política económica neoliberal a fines de la década de 1960 fue dirigida por un grupo de economistas indonesios que estudiaron en la Universidad de California, Berkeley. Un economista de este grupo, apodado la Mafia de Berkeley, se jactó de haber presentado un ‘libro de recetas de cocina’ a Suharto. El ‘éxito’ de la violencia anti-izquierdista respaldada por Estados Unidos que conmocionó a la opinión pública para aceptar la imposición de un régimen neoliberal de derecha, convirtió el libro de cocina de la mafia en un método portátil. Solo cinco años después de que Suharto asumiera la presidencia, apareció un graffiti en Chile previo al golpe respaldado por Estados Unidos
que derrocó al socialista Salvador Allende. El graffiti decía “Yakarta se acerca”. (2) Ahora parece que Jokowi, el actual presidente de Indonesia, con la controvertida Ley Ómnibus está reabriendo el libro de recetas de cocina de la Mafia de Berkeley. Un artículo de este boletín reflexiona sobre esta Ley y destaca las voces de seis activistas que se han resistido este ‘libro de recetas de cocina’ a lo largo de las islas durante décadas.
Otro ejemplo es el caso de Brasil, donde el acaparamiento de tierras ha sido -y sigue siendo- parte de un fuerte sistema del crimen organizado. Allí, la palabra grilagem se utiliza para referirse a la producción ilegal de títulos de propiedad sobre tierras públicas, dándoles apariencia legal. Una práctica criminal que comenzó en la época colonial con el robo de tierras de los pueblos indígenas y que sigue siendo muy utilizada por el gran capital. Una
entrevista con un miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT, por sus siglas en portugués) reflexiona sobre las tácticas utilizadas por la empresa Amapá Celulose (AMCEL), que es una de las pocas grandes empresas de plantación de árboles en la Amazonía. Las plantaciones de eucalipto con certificación FSC de AMCEL producen y exportan astillas de madera para la industria de la celulosa y para la producción de energía, entre otros a Dinamarca.
Otro artículo de este boletín destaca los actos criminales legalizados que ocurren en Tailandia, donde la prominencia política de los militares y las inclinaciones autoritarias del propio Estado deciden qué es un crimen y qué no. El artículo muestra varios casos en los que la ley se ha utilizado en los últimos años para criminalizar la resistencia de las comunidades que habitan en los bosques contra el acaparamiento de tierras. El artículo
muestra las duras consecuencias para los activistas comunitarios cuando se criminaliza la resistencia con el fin de proteger los intereses del gran capital y de una élite política.
Pero otros actores de la sociedad también influyen en lo que se considera un crimen o delito y lo que pasa como una práctica legítima. Un ejemplo son los sistemas de certificación. Un artículo del boletín muestra cómo el sello RSPO, que emite certificados para plantaciones industriales de palma aceitera con estándares de ‘sostenibilidad’, es administrada por los mismos productores que luego son juzgados por ella. Además, la legitimidad del Estado para establecer leyes se ve debilitada por el argumento de que el mercado debería fijar los estándares de ‘sostenibilidad’. Esto legitima las plantaciones de monocultivos, cuya gestión con demasiada frecuencia implica un crimen tras otro.
Lo que se suele llamar de “violaciones de los derechos de las personas”, por ejemplo, a menudo son lisa y llanamente crímenes que deben ser llevados a juicio. Asimismo, la mayoría de los llamados “impactos diferenciados” que deben soportar las mujeres por la imposición de plantaciones industriales u otras industrias extractivas, deben ser llamados por lo que son: crímenes.
Es hora de llamar a los crímenes y a los criminales por su nombre.
(1) Boletín 252 del WRM, Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación,
https://wrm.org.uy/es/boletines/nro-252/
(2) Lausan, Jakarta is returning: The ‘neoliberal cookbook’ that guides Indonesia’s Omnibus Law,
2020, https://lausan.hk/2020/jakarta-is-returning-omnibus-bills/
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Compartimos este carta publicada en Fuera Mina Escobal — Solidaridad con la resistencia al Proyecto Escoba sobre el hostigamiento a la resistencia minera – A 21 de enero de 2021
Estimados Srs.
Las organizaciones firmantes denunciamos el atentado contra la vida del Sr. Julio David González Arango, miembro de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa en contra del proyecto minero Escobal, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver. La mañana del sábado, 16 de enero de 2021, sujetos no conocidos dispararon al Sr. González en su casa en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa donde también tiene un pequeño negocio de granos básicos. Fue llevado al hospital inmediatamente con heridas graves.
Al día siguiente, otros dos miembros de la resistencia pacífica de Mataquescuintla, el Sr. Juan Eduardo Donis y el Sr. Pablo Adolfo Valenzuela Lima, recibieron mensajes de texto amenazando sus vidas. Las amenazas incluían una referencia explícita al ataque al Sr. González, indicando que ellos serían los siguientes.
El ataque al Sr. González y las graves amenazas en contra del Sr. Valenzuela y el Sr. Donis son la culminación de un contexto cada vez más tenso y peligroso para los y las miembros de la resistencia pacífica y el Parlamento Xinka de Guatemala. Aunque el Sr. González ha sido sujeto de amenazas y fuertes difamaciones por individuos que apoyan el proyecto minero Escobal desde que empezó su resistencia, las agresiones habían aumentado tanto que a principios de diciembre el Sr. González presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos. A raíz de esta denuncia, se intensificaron las amenazas directas contra el Sr. Valenzuela y el Sr. Donis, así como contra Edwin Alexander Reynoso Bran, y el abogado del Parlamento Xinka, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.
Vale destacar que el Sr. Reynoso ya sufrió dos atentados en 2014 y 2015, en el primero de los cuales fue asesinada su hija, Topacio Reynoso Pacheco, de 16 años quien también era defensora de derechos humanos. El Sr. Reynoso es uno de los 59 representantes acreditados para participar en la consulta ordenada por la corte con el Pueblo Xinka sobre la mina Escobal. El abogado Quelvin Jiménez también ha sufrido amenazas desde que la corte puso en marcha el proceso de la consulta, por las cuales tiene medidas cautelares desde julio de 2019 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde septiembre de 2020, el Parlamento Xinka ha denunciado continuamente la existencia de un grupo que se autodenomina como la “Resistencia Reorganizada de Casillas” y que actúa en contra de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y sus miembros. Este grupo está liderado por un ex guardia de seguridad de la mina Escobal y sus miembros se han dedicado a intentar socavar el liderazgo Xinka en la zona, fomentar mayor división, y generar un ambiente de inseguridad. Miembros de la resistencia creen que este grupo está operando en coordinación con la empresa, y tanto representantes de la empresa como del Ministerio de Energía y Minas se han reunido con el grupo.
Además, durante los últimos meses, el Parlamento Xinka ha estado denunciando que la empresa Pan American Silver sigue entrando camiones a la mina innecesariamente y persistiendo con sus proyectos comunitarios, fomentando tensiones y divisiones sociales, mientras toda actividad minera debe ser suspendida. Así también, el trabajo comunitario que realiza la empresa genera procesos de coacción, violando la característica “libre” de la consulta.
La mina Escobal ha sido suspendida desde junio de 2017, primero por los dos plantones pacíficos permanentes instalados por la resistencia pacífica en las municipalidades de Mataquescuintla y Casillas para impedir el tráfico que se dirige al sitio minero. Además, desde julio de 2017, la mina fue suspendida por orden de la Corte Suprema de Justicia y ratificada por la Corte de Constitucionalidad el 3 de septiembre del 2018. El Tribunal ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevara a cabo una consulta con el Pueblo Xinka cuyos derechos fueron violados por el proyecto minero, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En su decisión, la Corte Constitucional “ha sido enfática en afirmar que un escenario de enfrentamientos, violencia y desconfianza, no coadyuva a que la realización de la consulta sea auténticamente productiva.”
Ante el atentado en contra de la vida del Sr. González, las amenazas en contra de líderes y lideresas, y el aumento de tensiones en la zona:
Atentamente,
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Imagen: Acoguate