Hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hacen del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente acerca de las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público.
El proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah.
En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente.
La defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública.
El cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita.
Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañanera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, complices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el glifosato en México – A 15 de agosto de 2020
Por: Silvia Ribeiro *
El glifosato fue diseñado para matar plantas, pero como es un veneno afecta también insectos, animales y humanos. Al igual que otros agrotóxicos, para hacer más digerible su misión biocida, la industria le llama herbicida. El glifosato es el más usado en el mundo, principalmente porque más de 85 por ciento de cultivos transgénicos sembrados fueron diseñados para ser tolerantes a éste, lo que permitió usar grandes volúmenes.
Monsanto lo patentó en 1974 y desde entonces sostuvo que no es muy tóxico y que solamente afecta las hierbas. Pero la empresa sabía desde hace décadas, advertida por sus propios investigadores, que tiene efectos dañinos en humanos y animales, incluso cancerígenos.
Tomó 41 años para que la Organización Mundial de la Salud declarara, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario de 17 expertos en cáncer de 11 países, que efectivamente el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos. El equipo analizó cientos de estudios científicos y llamó el glifosato probable cancerígeno en humanos porque no es posible hacer pruebas de laboratorio con humanos para confirmar la hipótesis. Se hicieron en células humanas, in vitro. Revisaron gran cantidad de evidencias en países escandinavos, que muestran una relación entre exposición a glifosato y surgimiento de cáncer linfoma no Hodgkin.
Que Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sabía de la alta peligrosidad del glifosato se demostró en cortes de Estados Unidos, donde a la fecha hay más de 100 mil juicios contra la compañía iniciados por personas afectadas por cáncer debido al uso de glifosato. Tres cortes sentenciaron cifras multimillonarias a favor de cuatro demandantes –antes de las apelaciones, más de 2 mil millones de dólares. La Corte reconoció una cantidad abrumadora de evidencias de que Monsanto sabía de los daños y lo ocultó intencionalmente para seguir vendiendo el tóxico. Según la primera sentencia a favor de Dewayne Johnson, Monsanto actuó con malicia y negligencia. Todo para seguir obteniendo ganancias a expensas de la salud de la gente y la contaminación de agua, alimentos y naturaleza (https://tinyurl.com/juicio-Monsanto).
Es la misma lógica que defiende el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en México cuando reclama que se debe seguir usando este tóxico, así como defiende también el uso de otros agrotóxicos altamente peligrosos y prohibidos en otros países, como paraquat. Los afectados por glifosato, en particular los agricultores que lo usan y sus familias, deberían guardar las evidencias de estas declaraciones y las de Bayer-Monsanto y otras compañías que siguen vendiendo el glifosato sin advertir sobre sus altos riesgos. Podrían ser útiles si deciden seguir el camino de más de 100 mil agricultores estadunidenses afectados por cáncer y otras enfermedades causadas por el uso de glifosato bajo falsas advertencias de baja toxicidad.
No es extraño que el CNA defienda el glifosato y el uso de venenos pese a las muchas evidencias que existen sobre sus riesgos y a despecho de la salud de los trabajadores agrícolas y los consumidores. Muchos de sus socios, hacendados y empresarios, rara vez pisan el campo: los fumigados con glifosato y otros agrotóxicos son sus peones y jornaleros, a quienes consideran materia descartable, abundante y remplazable. Además, en su directiva, a través de la Asociación Mexicana de Semilleros, están representadas Bayer-Monsanto y otras trasnacionales de agrotóxicos y semillas transgénicas, que son las que más ganan con la venta de agrotóxicos, controlan casi la totalidad de ese mercado en México y el mundo.
El argumento de que sin glifosato se afectará la autosuficiencia de México es falaz en muchos sentidos. Para empezar, lamentablemente hay muchos otros agrotóxicos en el mercado, también de alta peligrosidad, como documenta Rapam, que también deberían ser prohibidos (https://tinyurl.com/rapam-pap).
Con la prohibición de agrotóxicos y cambio de forma de producción agrícola, lo que más se afectará no son las necesidades alimentarias de la población en México, que sobre todo se atienden desde la producción campesina y en menor escala, sino las ganancias de las trasnacionales que dominan la venta de agrotóxicos y semillas, la producción de forrajes para la gran industria pecuaria y unos pocos productos más de exportación. Como explica Ana de Ita, estas actividades se han convertido en jugoso negocio de unas cuantas empresas que producen para sus propias ganancias y cínicamente le llaman autosuficiencia de México (https://tinyurl.com/autosufi-AnadeIta).
También hay campesinos y agricultores chicos que usan glifosato para desyerbar, en parte por no conocer el alto riesgo en que ponen su vida, familia y comunidad. El cambio en estas parcelas es viable, posible y juega en su favor. Requiere información y apoyo sólido a las formas de agricultura campesina, sin químicos y desde sus propios conocimientos y formas de organización.
Está en juego la salud de todas y todos con modelos de agrolimentación contrapuestos: sistemas campesinos y locales de alimentación sana, que afirman la diversidad cultural, dan trabajo a muchos y cuidan la naturaleza o sistemas industriales para seguir engordando las ganancias de las trasnacionales, a costa de la salud de la gente y el ambiente.
Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre lo acontencido recientemente en Honduras con las comunidades garífunas – A 16 de agosto de 2020
Amigos de la Tierra Internacional expresa su preocupación, indignación y repudio ante el secuestro en Honduras de Alberth Snaider Centeno Tomas -presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz-, Milton Joel Martínez Alvarez, Suami Aparicio Mejía y Albert Sentana Thomas.
Los compañeros, de la comunidad de Triunfo de la Cruz, ciudad de Tela, e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), fueron sustraídos de sus hogares el 18 de julio por parte de hombres fuertemente armados que vestían prendas de la policía nacional y chalecos con la insignia del Departamento de la Policía de Investigación (DPI).
Desde ese entonces y pese a las reiteradas denuncias que han elevado organizaciones y movimientos nacionales e internacionales, las autoridades hondureñas no han entregado ninguna respuesta efectiva acerca de las investigaciones que se adelantan para dar con el paradero de las cuatro personas secuestradas.
Como es conocido al interior y afuera del país mesoamericano, la comunidad indígena garífuna de Honduras sufre agresiones sistemáticas desde hace varios años, ejercidas por compañías bananeras y de cultivo de palma aceitera, entre otras, y más recientemente por los usurpadores de tierras para emprendimientos habitacionales y turísticos. El ejercicio democrático y legítimo de defensa del territorio realizado por OFRANEH y su permanente denuncia de las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, ha convertido a los integrantes de la organización en blanco de diversos ataques. Han sido reiteradas las situaciones en las que han sufrido amenazas, persecuciones, asesinatos, y acciones repudiables como la que hoy denunciamos, el secuestro de quienes se oponen al modelo neoliberal de privatización y mercantilización de los territorios y de los bienes naturales, que permiten la subsistencia comunitaria.
De acuerdo a las informaciones que hemos recopilado y analizado en las últimas semanas, con el apoyo de los pueblos en resistencia y las organizaciones que hacen seguimiento a los derechos humanos en Honduras, el complejo hotelero INDURA, ubicado en la costa norte hondureña, y el parque nacional PUNTA IZOPO, en el municipio de Tela, han sido denunciados por habitantes de la zona por usurpar tierras y expulsar pobladores locales. Asimismo, se ha advertido sobre posesión ilegal de tierras por parte de las empresas desarrolladoras inmobiliarias MACERICA e IDETRISA.
En ninguno de los proyectos que estas empresas desarrollan fueron consultados los pueblos garífunas, lo que es obligatorio para cumplir con el Derecho a Consentimiento libre, previo e informado que tienen los pueblos indígenas en el mundo, establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ratificado por Honduras en 1995.
Las agresiones se incrementaron notablemente desde 2015, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la devolución de tierras y reparación de daños a la comunidad de Triunfo de la Cruz. La demanda ante la Corte IDH fue presentada en 2003, admitida el 14 de marzo de 2006, y el 8 de octubre de 2015 la Corte IDH emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado de Honduras por todos estos actos de violación de los derechos territoriales y colectivos de la comunidad de Triunfo de la Cruz. En esa sentencia se establecen las responsabilidades del Estado y su obligación de garantizar los derechos a la comunidad, reparar los daños ocasionados y asegurar los mecanismos adecuados para evitar la repetición de esos hechos. Sin embargo, a la fecha, casi cinco años después, la sentencia no se cumple, la comunidad es aún violentada, y el año pasado fueron asesinadas 17 personas, 11 hombres y 6 mujeres.
Desde hace varios años y en el pasado reciente, nuestra red regional de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha denunciado la brutal violencia que soportan las organizaciones, movimientos y comunidades del hermano país mesoamericano. ATALC ha recopilado información, documentado denuncias, y dejado constancia ética e histórica de la nefasta situación a la que se ha llevado al pueblo garífuna, sin que haya acciones contundentes de parte del Estado hondureño y los gobiernos de turno para atender ese contexto. Ante la agudización de la criminalización contra ese pueblo originario y la combinación de todas las estrategias de despojo comunitario y violación de sus derechos, Amigos de la Tierra Internacional reitera el repudio y la denuncia del secuestro de los luchadores de la comunidad Garífuna. Asimismo, denunciamos todos los crímenes de lesa humanidad contra las/os lideresas/líderes comunitarias/os, sujetos políticos en resistencia al modelo de exterminio y en defensa de sus territorios ancestrales, hombres y mujeres fundamentales en la dignificación de la vida de la clase popular.
Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más mujeres y hombres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Mientras, el neoliberalismo despoja territorios para favorecer a las corporaciones transnacionales que, en estos momentos, lucran de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.
Adicionalmente, ante la impunidad reinante en Honduras que a través de esta declaración estamos denunciando, nos sumamos a las organizaciones sociales de ese país para hacer un llamado a la solidaridad internacionalista y exigir al gobierno nacional:
La inmediata aparición con vida de los cuatro Garifunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz secuestrados, entre ellos el Presidente del Patronato de la comunidad e integrante de la OFRANEH.
La detención inmediata de la violencia sistemática y ocasional contra el pueblo garífuna.
El cumplimiento urgente de la sentencia de la Corte IDH en la que se ordenó al Estado, entre otros actores, a sanear, titular y demarcar 2840 hectáreas que corresponden al territorio ancestral, y además devolver a la comunidad de Triunfo de la Cruz, ya que es la dueña legítima, 22 hectáreas de tierras en manos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Tela, así como 98 hectáreas que se encuentran ilegalmente en posesión de las empresas MACERICA e IDETRISA, que ejecutan los proyectos habitacionales Marbella y Playa Escondida.
Convocamos a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con OFRANEH y con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la aparición con vida de los compañeros secuestrados y hasta que cese la violencia sistemática y cualquier ataque contra nuestros pueblos.
Enviaremos estas demandas en una carta al Gobierno de Honduras. Necesitamos su apoyo y solidaridad para que nuestras voces sean escuchadas. Por favor, firmen la carta antes del viernes 21 de agosto de 2020. Reuniremos firmas para enviar la carta antes del 24 de agosto.
Compartimos este boletín informativo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 17 de agosto de 2020
Boletín Causa Berta Cáceres – 17 de agosto 2020 (HERE in english)
La defensa de David Castillo, ejercida por Juan Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, representantes de los intereses de la familia Atala Zablah, han consumado una maniobra dilatoria con el objetivo de dejar en libertad a David Castillo debido al vencimiento de la prisión preventiva. Ritza Antunes representó al Mayor del ejército Mariano Díaz, quien fue condenado por el asesinato de Berta Cáceres.
David Castillo fue capturado el 2 de marzo de 2018, el próximo 2 de septiembre vence el término ampliado de la prisión preventiva, de dos años y medio. Sin embargo, el juicio en su contra no se ha realizado por las maniobras dilatorias de su defensa y la permisividad del poder judicial de Honduras.
Un ejemplo claro de esto es que la audiencia preliminar que debió realizarse el 4 de abril de 2019 no se ha concluido a la fecha debido a las maniobras de mala fe de la defensa de Castillo que la han pospuesto en tres ocasiones. Han transcurrido cerca de un año y cuatro meses debido a esta dilación.
Quieren ocultar la relación de Castillo y la familia Atala
El eventual juicio contra David Castillo demostrará la vinculación de Castillo como empleado de la familia Atala Zablah y las responsabilidades de estos como determinadores en el crimen contra Berta Cáceres. La intención de la defensa es que no haya juicio, liberar a Castillo y que la justicia no alcance a la familia Atala.
La prueba científica, en posesión del Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla, es clara y contundente para sentenciar a Castillo por haber sido el enlace con los autores materiales del crimen de Berta Cáceres y de Daniel Atala Midence, como uno de los determinadores de dicho crimen.
Daniel Atala bajo supervisión de su padre y tíos, autorizó pagos para monitorear, perseguir, criminalizar y judicializar a Berta Cáceres por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, acciones que concluyeron en su asesinato. El pasado lunes 4 de mayo, se presentó ante el Ministerio Público solicitud de requerimiento fiscal contra Daniel Atala, Gerente Financiero de la empresa DESA, por los delitos de asesinato y asociación ilícita.
Daniel Atala autorizó pagos para la liberación de un sicario contratado para asesinar a Berta Cáceres
El plan para asesinar a Berta Cáceres fue fraguado desde alrededor de octubre de 2015, desde esa fecha los dueños de la hidroeléctrica, la familia Atala, determinaron la necesidad de acabar con Berta Cáceres y el COPINH para la continuación de la hidroeléctrica.
Un primer intento consistía en asesinar a Berta Cáceres en la región de Río Blanco utilizando un sicario conocido como Olvin Mejia Este fue capturado en diciembre de 2015 por portación ilegal de armas y homicidio de un poblador de Río Blanco.
Esta información consta en el expediente judicial y de investigación en manos del Ministerio Público de Chinchilla, sin embargo Daniel Atala Midence no ha sido procesado por este crimen.
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Municipio de Chenalhó, Chiapas, México
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
En esta conferencia de prensa desde Acteal, sede de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, tiene por objetivo denunciar la impunidad y darle continuidad a la reivindicación de la memoria y la exigencia de justicia a la masacre cometida en contra de nuestras 45 hermanas y hermanos, más los 4 bebés no nacidos, asesinados brutalmente dentro del vientre de sus madres, por un grupo paramilitar priísta de Chenalhó, bajo las órdenes del gobierno priísta de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el marco de la guerra de contrainsurgencia, inscrita en el Plan de Campaña Chiapas 94.
Queremos recordarle al mundo que un día como hoy del año 2009, la “Suprema Corte de ricos y criminales”, o la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN), liberó masivamente a los autores materiales de la Masacre de Acteal, argumentando “irregularidades en el debido proceso”, el objetivo era encubrir lo que pasó con su manto de impunidad y que no se investigara a los autores intelectuales de dicha masacre.
El acto de impunidad que sembró la mal llamada “SCJN” en el año de 2009, laceró la dignidad y la memoria de nuestras víctimas de Acteal, al liberar a todos los autores materiales de la Masacre de Acteal. No sólo les otorgó impunidad, sino que el Estado mexicano, a través del entonces gobernador perredista de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, premió a los asesinos con tierras, casas y pensiones mensuales. Supuestamente, la condición para recibir estas cosas era no regresar a vivir a sus comunidades en Chenalhó, pero no fue así: ahora los paramilitares asesinos de Acteal andan campantes en Chenalhó y en Acteal, gozando con sus familias de los regalos que les ofreció el mal gobierno; sin embargo, nuestros familiares masacrados ya nunca volverán.
Al tomar la decisión abominable de poner en libertad a los paramilitares, la “SCJN” ni siquiera analizó que estos asesinos pueden volver a matarnos, ya que las armas con las que masacraron a nuestros hermanos, siguen ahí escondidas en sus comunidades, porque el mal gobierno nunca desarmó a los grupos paramilitares que financió en Chenalhó, como en otras partes de Chiapas.
Fue así que hace 11 años la “casa máxima de justicia” de la nación se burló de la memoria y sangre de nuestros 45 hermanos y hermanas y más los 4 bebés no nacidos, y desde esa fecha quedó escrito para siempre en la memoria e historia de Las Abejas de Acteal, que la mal llamada “SCJN”, defraudó al sistema de justicia mexicano en el caso de la Masacre de Acteal.
Cuando vimos que el sistema de justicia en México no es para los pobres y menos para los pueblos con procesos de autonomía, fue que decidimos que para hacer justicia por la Masacre de Acteal era necesario buscar alternativas; una era acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la otra ha sido construir desde los pueblos de abajo y organizados, una justicia verdadera, digna, duradera y humanizada, a la que le llamamos La Otra Justicia, donde sí estamos seguros que se puede lograr el Lekil Chapanel (Justicia Buena/Digna), donde los autores intelectuales y materiales reconocen el crimen que han cometido y se toman medidas efectivas para que no se vuelva a repetir.
A casi 23 años de la Masacre de Acteal, hemos atravesado desgastes de todo tipo, orquestados por el mismo mal gobierno, llámense priístas, panistas y ahora morenista. Como sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal, miembros activos de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, aquí, justo en donde están enterrados nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, reafirmamos que nunca, bajo ninguna condición y circunstancia nos conformaremos con una justicia a medias. Queremos que se entienda nuestra palabra: si nuestras hermanas y hermanos masacrados no renunciaron a su lucha pacífica en el momento de ser privados de su vida, ¿con qué dignidad podemos hablar en su nombre, si dejamos de luchar por su memoria y justicia a cambio de cosas materiales?
No, nosotras y nosotros no queremos justicia a medias. Lo que queremos es una justicia cabal, una justicia que evite la repetición de hechos como el de Acteal. La justicia que anhelamos es investigar a todos los autores intelectuales de la Masacre de Acteal, empezando con el ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, el Gral. Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la defensa nacional, Emilio Chuayfet Chemor, ex Secretario de Gobernación, Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas, el General Mario Renán Castillo y todos los otros ex funcionarios que son responsables de dicha masacre.
Y para que se investiguen estos ex funcionarios y sean juzgados por sus crímenes de lesa humanidad, le reiteramos a la CIDH, que emita ya el informe de fondo que en repetidas ocasiones le hemos insistido, desde que nuestro representante de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, acompañado de nuestros representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, participaron en la audiencia pública, durante el 156 período de sesiones, realizado en Washington, el 20 de abril del año 2015, mediante un documento firmado por Las Abejas de Acteal y de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre, manifestamos nuestra decisión de continuar con el informe de fondo, porque frente a las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano, este debe ser señalado responsable y debe reparar integralmente todo el daño cometido a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto.
El camino que hemos elegido para buscar la verdadera justicia para La Masacre de Acteal, no es corto, no es liso y llano; porque lo fácil, lo sencillo, lo inmediato, se caduca rápido.
Que sepa el Estado mexicano que no vamos a descansar hasta lograr la justicia, que la buscaremos con toda la fuerza de nuestro corazón y alma, porque nuestra palabra es verdadera, porque vivimos y vimos la violencia. Y para lograr ese objetivo, no podemos sólo nosotros, por eso les pedimos a todas las personas de buena voluntad, que también miran y piensan como nosotros, a que se unan a nuestra demanda y exigencia y construcción de justicia verdadera. ¡Ya basta! de tanto engaño y mentiras que hacen los malos gobiernos. Recordemos que lo que ahora estamos plantando, aunque no veamos y comamos su fruto, pero, sepan en su conciencia que nuestras hijas e hijos, cuando escuchen y lean nuestra historia, nos agradecerán infinitamente nuestra lucha que en algún momento la hicimos con amor y dignidad para la humanidad.
Que le quede claro al Estado mexicano:
Las Abejas de Acteal vamos por el Informe de Fondo de la CIDH
Nosotras y nosotros no vamos por la solución amistosa
Justicia para Acteal YA
Pedimos a la Sociedad Civil Nacional e Internacional que este mensaje haga eco. Agradecemos sus palabras hermanas y hermanos porque fortalece nuestro corazón y nos empuja a seguir caminando por la verdad y la justicia por la masacre de nuestras 45 hermanas y hermanos más 4 no nacidos.
Atentamente,
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una demanda histórica, Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron acusadas por la muerte y lesiones graves a niños que trabajan en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las tecnológicas estadunidenses. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos”.
“Se abusa de los derechos humanos de las personas en niveles que muchos consumidores occidentales podrían encontrar difíciles de imaginar”, explica Sophia Pickles, experta en cadena de suministro y líder de equipo en el organismo de control de la corrupción, Global Witness[i]. “A menudo me pregunto si las personas serían tan rápidas para comprar una nueva computadora portátil si su hermano o madre trabajaran en las profundidades de un pozo de 100 metros, sin ningún equipo de seguridad que funcione bajo el riesgo permanente de un colapso de la mina. O si las fuerzas de seguridad golpearan gravemente a su padre en una mina y ahora está paralizado. O si la gran empresa minera los hubiera echado de sus tierras y, como consecuencia, sus vidas dieran un vuelco no deseado”.
A finales de diciembre de 2019 y prácticamente sin mayor atención mediática, las corporativas tecnológicas Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas en un tribunal federal en Washington DC, por parte de la firma de derechos humanos International Rights Advocates. La demanda se presentó en nombre de 14 padres e hijos de la República Democrática del Congo (RDC). El equipo legal de los demandantes incluye a dos reconocidos investigadores y expertos en trabajo infantil forzoso, el profesor Siddharth Kara (Harvard) y el doctor Roger-Claude Liwanga[ii].
De acuerdo con Kara, “esta demanda representa la culminación de varios años de investigación sobre las terribles condiciones de la minería de cobalto en la RDC (…) Espero que nuestros esfuerzos sean dignos de las familias valientes que compartieron su tormento inconmensurable con nosotros, y que la justicia y la decencia triunfarán sobre la búsqueda de ganancias a cualquier costo[iii]“.
Por su parte, el doctor Liwanga comenta: “Este es el comienzo del fin de la impunidad para aquellos que se han beneficiado económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC. Los niños de la RDC también tienen el derecho inherente e inalienable de ser protegidos de la explotación económica[iv]”.
La demanda interpuesta contra las grandes tecnológicas es resultado de una larga investigación de campo realizada por Siddharth Kara, acusando a las compañías de ser responsables de la muerte y lesiones graves de niños que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las compañías mencionadas. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos[v]”.
Una de las alegaciones centrales en la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla eran conscientes y tenían “conocimiento específico” de que el cobalto que usan en sus productos está vinculado al trabajo infantil realizado en condiciones peligrosas, y fueron cómplices en el trabajo forzado de los niños.
“Las familias y los niños afectados por trabajo forzoso buscan una mayor compensación por enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencional de angustia emocional[vi]”.
Las familias argumentan en el reclamo que sus hijos estaban trabajando ilegalmente en minas propiedad de la compañía minera británica Glencore. Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas propiedad de Glencore se vende a Umicore, un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas, que luego vende cobalto de grado de batería a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes dicen que trabajaron en minas propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, una importante firma china de cobalto, que según la demanda suministra a Apple, Dell, Microsoft y otras tecnológicas.
Con detalle, las familias congoleñas describen cómo sus hijos fueron empujados por la pobreza extrema a buscar trabajo en grandes sitios mineros, donde afirman que se les pagó tan solo $2 diarios por trabajos “desgarradores y peligrosos para extraer rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles subterráneos oscuros.
Los niños trabajaban 12 horas al día, cavando y transportando sacos de rocas ricas en cobalto. Es una lucha caótica por hacerse con este producto de gran valor. Casi dos tercios del suministro actual de cobalto del mundo se origina en una franja del sur de la RDC, un país plagado de profunda corrupción y pobreza paralizante.
Cuando los niños no están en la escuela, todos van a trabajar a las minas. Incluso a partir de los 10 años[vii]“.
Auguste Mutombo, director ejecutivo de Alternatives Plus, una ONG con sede en la República Democrática del Congo, que trabaja para mejorar las condiciones en el sector de la minería artesanal, ayudó a facilitar la investigación de campo que formó la base de evidencia para la demanda.
De acuerdo con Mutombo, poco después de que los detalles de la demanda se hicieran públicos, recibió decenas de amenazas de muerte en persona y por teléfono. “Esperaba algunos problemas después de la presentación de la demanda, pero la magnitud de las amenazas me hizo temer mucho por la seguridad de mi familia y significaba que teníamos que escondernos”, dijo Mutombo[viii].
La esencia de losdispositivos tecnológicos
En apenas tres décadas, nuestros dispositivos han evolucionado a tal punto que no concibimos el día a día sin ellos. Su papel es protagónico y hemos pasado a ser dependientes de nuestro teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil. De distintas formas, nuestros dispositivos digitales son imprescindibles, porque son los que nos permiten la conectividad con la membrana digital que hemos creado. Pero realmente sorprende que desconozcamos el origen de los dispositivos tecnológicos que alimentan nuestras vidas, ¿ por qué razón nos molesta tan poco ?
Apple, por ejemplo, ha vendido cerca de mil 500 millones de iPhones en la última década, y con el creciente escrutinio sobre dónde obtiene los metales y minerales de tierras raras, necesarios para producir estos productos a tal escala, la compañía ha tenido que considerar la huella ambiental de sus operaciones de manera similar a una empresa minera, o una empresa de petróleo y gas en alta mar[ix]. Pero lo mismo sucede con Google, Tesla, Microsoft o Dell.
De hecho, las empresas tecnológicas no podrían ser entendidas sin la minería a cielo abierto. De igual forma, la mayoría de los consumidores podrían no ser conscientes de que los componentes principales utilizados en sus teléfonos inteligentes, y gran parte de su tecnología personal, incluyen tierras raras, además de cobalto, oro, plata, paladio, cobre y estaño.
Las materias primas para la electrónica personal provienen de lugares dispares en todo el mundo: el paladio proviene principalmente de Sudáfrica y Norilsk, Rusia, mientras que la plata proviene de minas en todos los continentes. Mientras tanto, la fabricación de piezas tiene lugar en Corea, Taiwán, China, Tailandia, Malasia y Japón, antes de que los dispositivos se ensamblen en países como Brasil e India, así como en China y Corea. La inmensidad de estas cadenas de suministro significa que la transparencia, y la responsabilidad, son fáciles de esquivar. La producción física de productos tecnológicos también consume mucha energía, ya que el viaje global requerido en las cadenas de suministro de tecnología es un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.
Una cadena “borrosa”
Todos los materiales y componentes se fabrican en una cadena de valor altamente compleja y globalizada, a partir de la extracción de recursos hasta el procesamiento de materiales y la producción de componentes (con una gran cantidad de proveedores involucrados en la producción, debido a la experiencia altamente específica requerida). Las muchas funcionalidades del teléfono móvil requieren un amplio conjunto (más de 400) de diferentes componentes (por ejemplo, batería, placa base, cámaras, motor de vibración, altavoces, condensadores, diodos y varistores) .
Los teléfonos móviles forman parte de una categoría de productos denominada “EEE”, que quiere decir “Equipos eléctricos y electrónicos”. Esto incluye cualquier producto con un enchufe de alimentación o batería con circuitos o componentes eléctricos, que van desde lavadoras y computadoras portátiles hasta máquinas de afeitar eléctricas.
En comparación con otros ”EEE”, los teléfonos móviles son uno de los elementos más pequeños, y, por lo tanto, no son los únicos que contribuyen a muchos problemas relacionados con esta categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a la extracción de metales y minerales, que es donde tiene lugar el mayor impacto ambiental y socioeconómico.
En países de bajos ingresos, los metales y minerales a menudo se extraen a través de operaciones artesanales informales y de minería a pequeña escala (ASM). Mientras que las operaciones mineras a gran escala (LSM) son formales, mecanizadas, intensivas en capital con trabajadores altamente calificados, los ASM son en gran medida operaciones informales, intensivas en mano de obra y con una gran fuerza laboral poco calificada.
Los ASM suministran una parte significativa de los metales que son críticos para los teléfonos móviles, como el estaño, el tantalio y el oro (que cubren respectivamente el 20%, 25% y 26% del suministro global) de países como Ruanda, Brasil, Venezuela o Colombia.
Los ASM también proporcionan medios de subsistencia a millones de personas en países de bajos ingresos. Especialmente donde las actividades agrícolas y rurales se están volviendo menos lucrativas, ASM proporciona ingresos para aquellos que tienen pocas oportunidades alternativas de empleo. Para algunos países de bajos ingresos, la minería también contribuye significativamente al PIB (20%, 13% y 6.5% para la República Democrática del Congo, Zambia y Ghana, respectivamente) .
Las operaciones mineras ilegales que producen los llamados “minerales de conflicto” están utilizando trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, y hacen cumplir poco o nada los estándares de seguridad y salud. Las malas prácticas ambientales también resultan en una alta ecotoxicidad para el aire, el agua y el suelo. La ecotoxicidad causada por la minería puede contaminar la cadena alimentaria y el agua potable, así como degradar las tierras de cultivo, lo que afecta la producción de alimentos[x].
En el caso de los teléfonos móviles, estos poseen una vida útil relativamente corta, pero demandan altas cantidades de materiales vírgenes y energía. En 2018, el 49% de todos los teléfonos fabricados eran de China, lo que lo convierte en el país líder en la producción de teléfonos móviles para el mercado global. Si bien la fundición de los metales y minerales tienen lugar en ubicaciones geográficas por todo el planeta, la mayor parte de la producción de componentes y el ensamblaje final ocurre en China, con un alto índice de polución ambiental.
Ahora bien, la demanda de nuevos productos EEE está creciendo, con tendencias imparables como los “hogares inteligentes”, tecnología de realidad virtual y drones personales. En segundo lugar, existe una creciente demanda de los metales críticos que se encuentran en los teléfonos móviles debido a las tendencias en la electrificación y las energías renovables, con una creciente necesidad de, por ejemplo, baterías, turbinas eólicas, pilas de combustible y energía fotovoltaica. Por último, con una clase media de crecimiento mundial, se espera un mayor consumo de EEE.
La era de los metales avanzados
El Premio Nóbel de Física, George Thomson, la llama la “era de los materiales avanzados”. Sus propiedades especiales han hecho posible lo que parecía imposible a nivel de electrónica, digital o científico. Dicho lo cual, su ausencia creará un serio desequilibrio en el modelo que se ha impuesto.
La línea de desarrollo que hemos seguido nos sitúa en esta realidad. El rostro de estos materiales ha ido variando en el tiempo, pero lo que no ha variado es la base del modelo y paradigma. La industria digital y la industria de energías limpias está enroscada a un fodo básico de metales y minerales absolutamente imprescindibles.
¿Por qué razón se está ocultando? ¿Qué es lo que no se quiere revelar? Una rápida vista a Baotou, en Mongolia, o al Amazonas en Brasil, a Guanía, en Colombia, al Arco Minero en Venezuela, es suficiente para entender que la revolución digital y la revolución verde no se alimentan de bambú.
En el caso de Australia[xi], la explotación de tierras raras también genera polémica. La empresa Lynas Corp. maneja dos instalaciones en la producción de tierras raras: la minería, que tiene lugar en Mount Weld, Australia Occidental; y el procesamiento, que sucede fuera de casa, en Kuantan, Malasia. El grueso de la contaminación se genera en Kuantan, donde se han acumulado más de 450 mil toneladas de desechos tóxicos y radioactivos. Esa nube tóxica preocupa al gobierno de Malasia. Y las autoridades de Malasia exigen a Lynas Corp. que retire los desechos radioactivos producidos por las instalaciones de refinado en Kuantan. En la memoria colectiva del país, aún pesa la catástrofe ambiental y de salud que tuvo lugar en Bukit Merah, precisamente por los residuos tóxicos derivados de la explotación de tierras raras. El problema de Lynas Corp. es que la legislación autraliana prohíbe la importación de desechos radioactivos. ¿Entonces dónde colocarlos?
Cada metal y mineral nos plantea en distintas regiones del planeta una realidad de impacto ambiental severo[xii], violaciones a la salud y seguridad de los trabajadores, además de abusos a los derechos humanos. En el caso de América Latina, es algo que documentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) al elaborar el primer mapa de minería illegal en la Amazonía[xiii], una radiografía interactiva que confirma la presencia de 2 mil 312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales en plena selva tropical y 30 ríos donde tiene lugar el accionar de la actividad minera. “La extracción minera en la Amazonia no tiene comparación con ningún otro momento de la historia”, se puede leer en el informe de la RAISG, que también recuerda que la Amazonía es uno de los lugares de donde se extraen los insumos de nuestro ecosistema digital.
La industria de la minería
Los mineros son colectivamente responsables de 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estos gigantes devoran el 6% de la demanda energética mundial mientras mueven rocas y tierra para desbloquear los metales y minerales[xiv] utilizados en el proceso de fabricación de todas las formas y tamaños de nuestra modernidad digital, y de los que depende el interruptor de la energía limpia.
Según la firma de análisis McKinsey, en la última década las corporativas tecnológicas descubrieron en la industria minera uno de sus clientes “vitales”, haciendo que adoptaran diferentes estrategias: inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la tecnología digital móvil, el Internet industrial de las cosas y la arquitectura de datos moderna (incluida la nube).
Estas nuevas tecnologías han permitido una ejecución que permite eliminar la variabilidad inherente a la actividad minera. ¿El resultado? La productividad mineral aumentó aproximadamente 2.8% anual desde 2014.
¿La consecuencia? Que las reservas de minerales y metales está disminuyendo, mientras que la escasez de agua ha amenazado con vaciar los activos en el suelo, y las licencias de operación se han vuelto más difíciles de obtener[xv].
Es importante no olvidar que las Big Tech son empresas y, como tales, buscarán oportunidades para vender sus productos y servicios a quienes los necesiten y puedan pagarlos, sea Big Mining, Big Oil, Big Pharma, Big brother, la CIA, Interpol, Shell, Monsanto, el Pentágono o la industria militar.
Y todos necesitan de las tierras raras.
El senador de Texas Ted Cruz dijo[xvi] que el primer trillonario del mundo se haría en el espacio, refiriéndose al potencial financiero de la minería de asteroides. En abril de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reafirma el interés estadunidense en la explotación corporativa de recursos lunares y de asteroides[xvii]. Un mes antes del comunicado de la Casa Blanca, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, cerraba con la NASA el acuerdo de una misión que despegará en julio 2022 y cuyo destino será Psique 16, “un asteroide metálico, misterioso y gigante. Hay tantos metales preciosos enterrados dentro del asteroide que podría convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria[xviii]”.
Pero antes de que “viajemos” a Psique 16, tendrá que resolverse la demanda presentada contra Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla en una corte federal de Washington.
Imagen: Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx
Les invitamos al estreno del documental el Susto, de la directora Karen Akins, el cual habla sobre el gran problema de diabetes que hay en México y su relación con el alto consumo de refrescos.
Este miércoles 19 de agosto a las 11 de la mañana hora México, por el facebook del documental: El Susto
Antes de que llegara el #COVID_19 a México, ya vivíamos una epidemia. No era la violencia, pero sí se alimentó de la corrupción y la ambición desmedida de las empresas de refrescos y comida chatarra. La DIABETES mataba antes de 2020 a más de 100 mil personas cada año en el país. En #ElSusto te contamos cómo llegamos a ese punto.
En el estreto participaran: Simón Barquera; Director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud Instituto Nacional de Salud Pública, Pilar Zazueta; Historiadora Llilas-Benson The University of Texas At Austin, Damían Añcázar; actor y nuestro compañero Gustavo Castro.
Les compartimos este vídeo sobre unas de las propuestas a la cual le apostamos para generar un cambio desde y para el pueblo y las comunidades.
La Escuela de Justicia Energética nace con el fin de aprender colectivamente sobre el significado del actual Modelo Extractivo Energético, sus consecuencias socio ambientales en los territorios, elaborar análisis y diagnósticos colectivos para diseñar estrategias conjuntas que se encaminen no solo a la resistencia contra este modelo en favor de nuestros ríos y pueblos, sino para reflexionar sobre un nuevo modelo energético.
Las políticas neoliberales han llevado a la privatización de la producción, distribución y comercialización de la energía en manos de las grandes corporaciones trasnacionales. La energía centralizada, privada, de grandes costos, ha levantado mucha indignación y protestas por todo el mundo. Las resistencias de los pueblos a este despojo llevó a que en América Latina se creara la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y luego el Movimiento de Afectados por las Represas (MAR). Luego nacieron algunas redes nacionales para compartir experiencias y estrategias de lucha. En México conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Frente a estas resistencias los gobiernos y las grandes empresas constructoras de represas quisieron cambiar el discurso para convencer que las hidroeléctricas son limpias, verdes, sustentables y amigables con el medio ambiente sumando la responsabilidad social de las corporaciones constructoras. Han pretendido convencer que las supuestas medianas y pequeñas represas ya no contaminan ni desplazan. Sin embargo, el uso de la energía renovable bajo el mismo modelo extractivo energético genera las mismas consecuencias. Por ello, sólo con la información, la formación, la consciencia colectiva de los pueblos sobre este modelo extractivo, la movilización, entre otras estrategias de prevención, se puede construir nuevos horizontes, nuevos paradigmas, nuevos modelos energéticos en manos de los pueblos y para los pueblos.
A 7 años de interpuesta la demanda colectiva en contra de la siembra de maíz genéticamente modificado en México, la resolución de ésta continúa pendiente por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe decretar la prohibición de la siembra de organismos genéticamente modificados, dijo Mercedes López Martínez, miembro de la campaña nacional “Sin maíz no hay país”.
Y es que, aunque en 2020 la siembra de maíz transgénico está suspendida debido a una medida cautelar otorgada poco tiempo después de interpuesta la demanda colectiva –el 5 de julio de 2013 por 53 activistas y 20 organizaciones– el reto de ganar la demanda persiste, reconoció la doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México durante el webinario “Siete años de la demanda colectiva contra el maíz transgénico en México”.
Ello, porque desde 2014 la medida ha sido impugnada, mediante todos los medios posibles, por las empresas trasnacionales para que sea revocada y sea posie la siembra de maíz genéticamente modificado en el país, de acuerdo con Rocío Castillo Toxqui, abogada litigante en el proceso de defensa de las 64 razas y cientos de variantes del maíz nativo.
En la actualidad, la medida cautelar es estudiada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ponencia de la Ministra Piña. Se decidirá si se confirma o se revoca, precisó la abogada Rocío Castillo.
Además, la abogada Castillo Toxqui añadió que una de las dificultades y por la cual el proceso de litigio ha sido tan largo es porque “la tradición procesal jurídica viene de derechos individuales, lo que choca con un procedimiento colectivo”. Para ella, “de lo que se trata es de pulir el procedimiento con la participación social para fortalecer la demanda colectiva”.
Por su parte, la doctora Mercedes López, aseguró que con el proceso judicial no se busca la reparación monetaria sino que los tribunales judiciales declaren como “ineficientes” los límites establecidos en la Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, pues existe evidencia de contaminación transgénica de maíz en Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Guanajuato.
Asimismo, aseguró que con el proceso judicial buscan dar cuenta que la siembra de transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de estos, de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos a la alimentación, a la salud y los derechos de las comunidades, detalló la representante de Común Demanda Colectiva.
Y es que, de acuerdo con la doctora López Martínez, el maíz es considerado como bien sagrado por las comunidades indígenas, quienes lo han domesticado por más de 8 mil años; el maíz es la base de la soberanía alimentaria a través de la milpa. En contraste, precisó, las empresas trasnacionales lo miran como una mercancía que pueden patentar y añadir glifosato sin importarles los daños a la salud que causan como el cáncer. Ante ello, pidió a la Secretaría de Desarrollo Rural, entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desistan de litigar a favor de empresas nacionales allanándose de la demanda.
Compartimos este vídeo publicado en Educa Oaxaca sobre el aniversario 13 del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde – A 29 de julio de 2020
El 11 de julio de 2007 se constituye el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) ante la amenaza de represar el río Verde, uno de los ríos vivos más caudalosos del estado de Oaxaca. El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización tiene la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la región de la costa y sierra sur del estado de Oaxaca frente a los Proyecto Hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos. El COPUDEVER promueve la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.
CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:
¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Desde hace muchos años se advierte la necesidad de eliminar los hidrocarburos como fuente de energía y como combustible para alimentar el sistema actual de vida, de producción y de consumo en todo el planeta. La actividad extractiva de petróleo, gas y carbón acelera irremediablemente el Cambio Climático y los Gases Efecto Invernadero. Las afectaciones sociales y ambientales que ya se agudizan intentan ser drenadas por los supuestos esfuerzos de los gobiernos mediante compromisos que nunca se cumplen y que se postergan a las siguientes décadas cada vez que se reúnen en sus cumbres climáticas. Se insiste en modificar la Matriz Energética Mundial con Energías Renovables pero sin alterar el modelo extractivo, privado y centralizado desde la producción, la transportación, la distribución y el consumo de la energía eléctrica.
Ante tal emergencia, hay quienes desean el cambio radical y mutante, de la noche a la mañana. Otros, para lograr el cambio de la Matriz Energética proponen una “Transición” pero que cada quien entiende de diversa manera; y unos con más urgencia y otros con más paciencia. Para algunas opiniones la transición significa solo un cambio de fuente de energía aunque fueran renovables, mientras que para otros implica una “Transición Justa” con características muy específicas y que se encamine hacia la disminución de los efectos que ahora se sufren por el actual modelo energético, hacia otro paradigma y con otra forma de gestionar la energía.
Así, una Transición del actual Modelo Energético modificando la Matriz Energética y con Energías Renovable. Pero, ¿cómo y hacia dónde? Saltan en el horizonte muchos conceptos como la soberanía energética, seguridad energética, autodeterminación energética, agua y energía no son mercancía, o la energía como un derecho. Pero, la energía, ¿es un derecho o un derecho humano? Cuando hablamos de ‘energía’ ¿nos referimos a la ‘energía’, a la ‘electricidad’ o a la ‘energía eléctrica’? También se discute sobre el papel de las políticas públicas, de la democracia energética; sobre la participación, las consultas y las alternativas, aunque poco sobre el capitalismo. Estas temáticas se tornan cada vez más importantes entre los sectores académicos, ambientalistas, ONG’s, gobiernos, pero también entre los pueblos y los movimientos sociales. Pues bien, aquí abordamos una reflexión sobre estos elementos para alimentar el debate.
La energía, ¿un “derecho” o un “derecho humano”?
Y es que no es lo mismo. Cuando nos referimos a que “tengo derecho” lo usamos en el sentido de que es legítimo querer, hacer o pensar o no en algo, cuyo motor es la voluntad y lo casuístico del querer o no querer. Que se pude renunciar a ello sin que se vea condicionada la felicidad o menoscabe la existencia humana digna, independientemente de si está estipulado ese querer en alguna norma o ley. Es también cuando se dice que tenemos “derecho a decir ‘no”, porque se puede renunciar a ello.
Sin embargo, sabemos que la vida humana, como cualquier otra, no sería posible sin ‘energía’ y que por lo tanto no podemos renunciar a ella. Sin la energía solar no habría vida, alimentos, viento, movimiento, lluvia, biodiversidad, agua dulce o polinización. Todos estos elementos se interrelacionan y son condiciones para la existencia. Y la ‘electricidad’ es una forma como se manifiesta la ‘energía’. Pero ello, la ‘energía’ sí es un ‘Derecho Humano’ y un ‘Derecho de la Naturaleza’ en la medida en que sin ella no es posible la existencia misma. Porque es el principio de la vida. Pero, ¿y la ‘energía eléctrica’? ¿Es un ‘derecho’ o es un ‘derecho humano’? ¿Podemos renunciar a ella o no? ¿Determina los derechos humanos?
El primer registro del Homo Sapiens, de los “humanos”, data de hace 315 mil años. Pero es hasta algunos pocos miles de años que se se conoció la existencia de la ‘electricidad’ presente en nuestro mundo. Sin embargo, sólo hace menos de 200 años se conoció la ‘energía eléctrica’ como la conocemos hoy en día y de la cual la humanidad prescindió durante milenios. Y ahora, es imprescindible para la vida actual. La ‘energía eléctrica’ se descubre dentro del capitalismo, por ello se convierte en una mercancía y por tanto con patente. En la medida en que avanzó el sistema ha hecho que la energía eléctrica sea imprescindible. Sin ella hoy no tendríamos acceso a otros derechos humanos necesarios para existir y hacerlo de manera digna, ya que todos los derechos humanos se complementan, se interrelacionan, son progresivos y son interdependientes como la alimentación, la seguridad, el trabajo, la vivienda digna, la atención de la salud en un hospital, el acceso a la educación en unas instalaciones físicas, al agua cuando tenemos que almacenarla o extraerla, transportarla y consumirla; o para generar frío o calor artificial con el fin de protegernos de las adversidades climáticas. Para todo ello y más requerimos de la ‘energía eléctrica’.
No solo para vivir dignamente sino incluso para sobrevivir en este sistema capitalista la ‘energía eléctrica’ es indispensable. Por ello es un derecho humano, un bien público que no pueden tener un dueño ni ser una mercancía. De ahí la famosa consigna de los pueblos de que “el agua y la energía no son mercancía”, ya que no puede ser un mero “servicio” ni estar en propiedad de una persona o empresa, sino que es de toda la humanidad para que pueda existir de manera digna. Para ello se generan mecanismos, leyes e instituciones con el fin de que todas las personas y los pueblos tengan acceso, y hoy le llaman a eso ‘políticas públicas’ que alguien debe organizar, lo que en el capitalismo denominamos ‘Estado’, quien debe proteger, vigilar y velar por que esos derechos humanos y colectivos se ejerzan.
Sin embargo, no basta una cuota de energía mínima per cápita para garantizar el derecho humano a la energía eléctrica, porque el actual Modelo Extractivo ya impide el goce de otros derechos humanos. Es necesario modificar el sistema de vida porque cuando se garantiza el ejercicio de los derechos humanos también se abusa de ellos. Existen abusos, trastornos, fundamentalismos, excesos y/o enfermedades alimenticias, académicas, laborales, recreativas, religiosas, de acumulación de bienes y de viviendas, de libre opinión, sanitarias, entre otras muchas, y por supuesto de la energía eléctrica con el derroche, el abuso o usos que no ofrecen necesariamente el acceso a otros derechos humanos sino a más enfermedades sistémicas.
Pese a todo ello, podemos decir que la ‘energía’ es un ‘derecho humano existencial’ y que la ‘energía eléctrica’ es un ‘derecho humano sistémico’, porque sin ella no podemos sobrevivir en este sistema, aunque en otros sí se pudo.
La energía no debe ser un tema exclusivo ni monopólico de empresas, gobiernos, ingenieros, intelectuales o ambientes académicos, sino debería ser un concepto, reflexión y realidad apropiada por los pueblos. Porque la energía es la vida. Pero, ¿de dónde obtenemos la energía eléctrica para satisfacer las necesidades? Esto se refleja en la ‘Matriz Energética’. Otro tema será cómo la obtenemos, cómo la producimos, la manejamos, la transportamos y la consumimos. Eso lo refleja el Modelo Extractivo.
La Matriz Energética
La ‘Matriz Energética’ no es otra cosa que una radiografía de las fuentes primarias y secundarias y los porcentajes que se usan en una región determinada, en un país, continente o en el mundo. Esta puede variar con el paso del tiempo. Por ejemplo, en América Latina la energía se obtiene en un 34% del Gas Natural, el 31% el Petróleo, el 19% de la Biomasa (carbón vegetal, bagazo y leña), el 8% de la Hidroelectricidad, el 6% Solar, el 1% Geotermia, el 1% Nucleoeléctrica. Esto es en promedio, ya que en cada país la Matriz Energética cambia ya sea porque se cuenta con energía nuclear o se usa más biomasa, porque no cuenta con represas hidroeléctricas o dependen de la importación de gas o gasolina. También puede variar porque se cuenta con energía geotérmica, parques eólicos o solares; o ya sea porque se descubren nuevos yacimientos petrolíferos en su territorio, porque las fuentes no renovables se agotan, o porque no se cuentan con los recursos para comprarla a otro país. También se dan casos en los países donde existen grandes fuentes de energía renovables o no renovables, pero no se cuenta con la tecnología ni con el dinero para acceder a ella. Razones, hay muchas.
Como podemos observar, la Matriz Energética Mundial está basada principalmente en el consumo de hidrocarburos, una energía no renovable que tarde o temprano se agotará. El Calentamiento Global es ya alarmante y se acelera en la medida en que la demanda de energía y de hidrocarburos aumenta año con año pero no así las mejores condiciones para los pueblos. Los efectos del Cambio Climático están impactando fuertemente sobre los derechos humanos.
Existen desigualdades profundas entre continentes, entre los países y al interior de estos de tal manera que el consumo de energía por persona (consumo per cápita) es muy desigual, muy injusto o con pocas posibilidades de acceso en términos económicos o geográficos. Hay ciudades y regiones que cuentan con todos los servicios, otros sectores en que los altos derroches de energía son alarmantes o con un consumo enorme de energía como son la industria, la minería, los servicios turísticos, entre otros. Todo ello a costa de regiones y sectores pobres, urbanos, campesinas e indígenas con altos índices de ‘pobreza energética’.
Esta Matriz Energética refleja un Modelo Extractivo intenso, privatizado, centralizado y a gran escala, con enormes megaproyectos para genera energía a costa de la apropiación de grandes extensiones de territorios; subsidiados por el estado y entregados en manos de pocas empresas trasnacionales. Megaproyectos de energía que implican ingentes consumos de agua y energía, con altos costos al consumidor, con desplazamientos de población, pérdida biocultural y de la biodiversidad y otras afectaciones sistemáticas a los derechos humanos, y otros enormes daños socio ambientales en muchas ocasiones irreversibles.
Por ello, el nuevo discurso gira en torno a cambiar y transformar la Matriz Energética eliminando los combustibles fósiles. Pero, ¿para qué?, ¿para dónde? No hay consenso en la respuesta. Para algunos será con el objetivo de eliminar la contaminación, combatir el Cambio Climático, descarbonizar la economía y el planeta entero, para eliminar los Gases Efecto Invernadero (GEI) o combatir la pobreza energética. Para otros intereses corporativos el objetivo consiste primordialmente en seguir buscando las mejores oportunidades de inversión, de negocio, de mercado, de ganancia, aunque sea pintando de verde cualquier opción y lucrando con créditos de carbono. Pero, independientemente de ello, para cambiar y transformar esta Matriz Energética, ¿se puede hacer de un día a otro? Obviamente que no, imposible una mutación de la Matriz Energética de un momento otro. Por eso se llama ‘transición’ que significa el movimiento de un lado a otro en un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, ¿existe un cambio significativo si sólo sustituimos una fuente por otra pero con el mismo Modelo Extractivo? Consideramos que tampoco.
La Transición Energética, ¿para dónde, para qué y cómo?
Pese a la crisis global sistémica que enfrentamos producto de la pandemia del COVID-19, no toda la población está consciente de la necesidad de vivir de otra forma, de no regresar a la “normalidad” que ha causado precisamente esta crisis, y menos de evitar una “nueva normalidad” que sólo pretenda pintarla de verde y mitigar sus efectos para continuar con el mismo modelo de extracción de bienes comunes naturales, renovables o no renovables; el mismo modelo de producción y consumo, o que sólo sea una adaptación de sobrevivencia sin atender las causas profundas de esta crisis.
Ciertamente es urgente y necesario modificar la Matriz Energética en todo el mundo. No podemos seguir así, no se puede continuar infinitamente extrayendo hidrocarburos a este ritmo tan acelerado, ni continuar con la carbonización del planeta. Pero nos enfrentamos a muchos retos aunque no imposibles de sortear. Las empresas trasnacionales dueñas de los hidrocarburos no querrán dejar el negocio de vender petróleo, gas, carbón y sus derivados hasta exprimirles el último dólar de su ambición. Son gigantescas empresas las que controlan las voluntades y las políticas de los gobiernos, los precios y los mercados. Las corporaciones dueñas de la tecnología que usan hidrocarburos tampoco cederán tan fácilmente. La dependencia del transporte, de la producción de alimentos, del tipo de consumo y de la generación de energía eléctrica es de tal magnitud que no podría modificar de un día para otro esta multipandemia. De nada servirá si continuamos con el mismo consumo y consumismo que alimenta el mismo modelo extractivista aunque cambie la Matriz Energética. No hay planeta que soporte esto. Incluso hay países que invirtieron muchos recursos en energías fósiles o renovables, o en infraestructura, para la supuesta demanda de energía que llegaría con las inversiones y que nunca sucedió, pero sí aumentaron los conflictos socioambientales y la deuda externa de los países.
Es obvio que requerimos de un proceso paulatino para transitar. Y la crisis ambiental la antoja más rápido que lento. Pero, ¿hacia dónde queremos transitar? Cuando no vemos el objetivo o el horizonte nos quedamos discutiendo sobre el material para construir un puente que nos lleve a otra orilla pero no sabemos a cuál, y en realidad es hacia la misma orilla, hacia más de lo mismo. Ese horizonte diferente es el nuevo paradigma, el nuevo sistema. Podremos cambiar la matriz energética, pero si es bajo el mismo modelo extractivo y para hacer y consumir de la misma manera, regresamos al mismo punto.
Para descarbonizar la vida y el planeta, eliminar la extracción de hidrocarburos, es necesario modificar los patrones de producción y los hábitos de consumo de la sociedad que es de lo más difícil de cambiar. De verdad ¿estamos dispuestos a modificar el consumo? La crisis del COVID-19 nos obligó a ello, pero no fue por virtud o voluntad propia de la humanidad.
La Transición Energética implica hablar de la transición de la Matriz Energética. Y es urgente no sólo porque se agotan los combustibles fósiles, por sus impactos socio ambientales y planetarios, por el desarrollo violento que genera, sino porque sobre todo subyace a ellos la urgente necesidad de la Transición de Sistema. Sin embargo, la Transición Energética no se reduce a una Transición Minera si sólo cambiamos de tecnología y fuente de energía. Insistimos en que no basta cambiar de fuente, aunque sea renovable, sino que es urgente cambiar de modelo para extraer, producir y consumir. Es urgente plantear un nuevo modelo de vida, un paradigma de sociedad con otra forma de sentirse integrada en la naturaleza. La solución no está en la misma lógica capitalista. La resistencia a ello lleva a crear los discursos de economía verde, a plantear el sistema actual como inevitable y solo pretender ‘humanizar’, ‘mitigar’ y ‘compensar’ el mismo modeloextractivo ya sea sobre energías renovables o no renovables.
La Transición Energética no es un fin, ni un medio, sino un proceso con características que abarquen una “Transición Justa” que implica no continuar emitiendo Gases Efecto Invernadero, eliminar los combustibles fósiles paulatinamente aunque rápido y a la par invertir en tecnologías alternativas. Una transición que incluya a la población desfavorecida en el acceso a la electricidad y que mejore las condiciones de vida, que genere procesos descentralizados y modifique el modelo extractivo en que se ha basado la explotación de los hidrocarburos. Una Transición Justa debe contemplar la justicia climática, la perspectiva de la energía como derecho humano y no como mercancía, como un recurso común y público; incluye políticas públicas que garanticen el acceso mínimo universal, que combatan la obsolescencia programada e impulse campañas con el fin de generar conciencia en la urgente necesidad de transitar en los hábitos de consumo.
La Transición Justa implica equidad, democracia, transparencia, sustentabilidad, sin conflictos socio ambientales, con una distribución equitativa de costos y beneficios, con el reconocimiento de la injusticias y las adecuadas reparaciones de los daños socio ambientales; que reduzca las asimetrías de poder en la planeación, producción, distribución y goce de la energía eléctrica. Una ‘Transición Justa’ donde el Estado apoye la creación de experiencias de generación y distribución de energía en micro, pequeñas y medianas escalas por medio de cooperativas y otras formas asociativas locales adecuadas a la población tanto urbanas como rurales, descentralizadas, locales, territorializadas, con gestión local, participación social, con respeto a la autodeterminación de los pueblos, de manera soberana y autónoma pero también solidaria con otras regiones. Con tecnologías apropiadas. Incluso el uso de biomasa a pequeña escala, del biogás doméstico y otros insumos energéticos primarios no fósiles, bien usados y con la tecnología apropiada, han demostrado que son efectivos y sustentables y revierten la estigmatización del uso de la biomasa ligada a la pobreza energética para justificar el acceso a la energía solo por medio del sistema eléctrico centralizado y corporativo.
