Oaxaca: ¿Por qué crece el rechazo local y global a la minería en la selva de los Chimalapas?

Reportaje especial de Avispa Midia sobre la lucha contra las minería en Oaxaca – A 13 de septiembre de 2020

Por Rafael E. Lozano

En entrevistas con Avispa Midia, promotores y firmantes del Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas explican por qué es importante respaldar la resistencia Zoque frente a proyectos mineros.

La minera canadiense Minaurum Gold Inc. quiere abrir una mina de oro y cobre en la selva de los Chimalapas, una de las regiones más biodiversas del país al sureste de México. Con la reactivación del proyecto “Santa Martha” (uno de sus ocho proyectos mineros en México) Minaurum Gold busca apropiarse de 6,410.35 hectáreas para su explotación en territorio comunal y ejidal enclavado entre los municipios indígenas de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.

Para ello, el 23 de julio del presente año, la Minera Minaurum Gold, S.A. de C.V. filial de la homónima en Canadá, solicitó permiso a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para comenzar con “la exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica de la misma institución, publicada el 13 de agosto del mismo año.

Ante ello, las autoridades municipales, agrarias y comunales de San Miguel Chimalapa se han opuesto públicamente al nuevo intento de Minaurum Gold de explorar y explotar minerales en su territorio. En un posicionamiento presentado el 4 de septiembre de 2020 a la SEMARNAT, dichas autoridades manifestaron su rechazo total a cualquier actividad minera y exigieron el respeto a la comunidad Zoque y a sus derechos como pueblos indígenas y dueños ancestrales de sus territorios.

No es la primera vez que las y los pobladores de la región se movilizan en contra de los intentos de Minaurum Gold por explotar la selva de los Chimalapas. En febrero de 2016, jóvenes de San Miguel Chimalapas y de San Francisco Ixhuatán clausuraron simbólicamente la concesión minera denominada “Jackita” en donde advirtieron el uso de explosivos en años anteriores.

Años más tarde, en 2018, autoridades de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir que Minaurum Gold respete sus derechos como pueblo originario. Además, como su último posicionamiento lo establece “nuestra comunidad en su conjunto, ha expresado, a través de diferentes asambleas generales y oficios emitidos y firmados por anteriores autoridades municipales y comunales de administraciones pasadas nuestro rechazo total a la exploración y explotación minera en todo nuestro territorio comunal y municipal”.

Manifiesto Internacional

En ese contexto, más de 450 personas, y más de 70 organizaciones y colectivos, de cerca de 25 países diferentes firmaron un Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas en el que expresan su preocupación por “evitar la desaparición de las regiones más biodiversas del planeta”. También manifiestan su apoyo y solidaridad internacional con la defensa del territorio del pueblo zoque, “porque salvar la selva de Los Chimalapas es dar un paso más en la defensa del planeta, la vida y la humanidad”.

Además, le demandan a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, que el gobierno junto a los organismos internacionales “respete y reconozca los derechos inalienables de propiedad comunal del territorio (incluyendo el subsuelo) por parte de los pueblos indígenas Zoques”, así como, “que articulen las medidas necesarias para el reconocimiento de los valores ecológicos y bioculturales de este territorio”. Asimismo, solicitan a la SEMARNAT que niegue definitivamente el permiso de exploración antes referido, y que la Secretaría de Economía no otorgue las demás concesiones mineras que se encuentran en trámite.

¿Cuál es la importancia internacional y global de defender la selva de los Chimalapas?

Alberto Matarán Ruiz es profesor de urbanismo y ordenación del territorio en la Universidad de Granada, España, y pertenece a grupos de investigación que apoyan y promueven este llamamiento; entre ellos, el Grupo de Investigación Sobre Estudios Decoloniales en el Sur en la Universidad de Granada, y el Grupo de Investigación sobre Transiciones Socioecológicas.

En su opinión, “la defensa de la selva y de los espacios de gran biodiversidad es un elemento clave para el mantenimiento de la biosfera, de Gaia. El equilibrio de nuestro planeta depende básicamente del buen estado de estas zonas”. En ese sentido, para él no hay excusas que valgan “la destrucción de los lugares de alta biodiversidad donde se fija una mayor cantidad de CO2 y en donde además se produce una parte importante de las aguas potables o dulces del planeta”.

En ese sentido coincide con Daniel Tapia Montejo, de Múnich, Alemania, quien colabora con la oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia; un colectivo internacionalista que tiene más de 35 años trabajando con grupos en México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Colombia.

Daniel advierte que “un lugar que es único en el mundo con una biodiversidad increíble, va a ser amenazado por un proyecto minero de este tipo. El valor de lo que realmente se perdería ahí, de vida, de cultura, de medio ambiente, es muchísimo mayor al valor económico que se le pueda sacar a los minerales que hay abajo”. Pare él, es una cuestión de solidaridad, “es importante apoyarlos en primer lugar porque ellos son quienes se están oponiendo al proyecto, y me parece que tienen toda la razón del mundo al oponerse a un proyecto que para ellos no les parece que sirve, (…) con eso es suficiente, están en todo su derecho de valorar que no quieren un proyecto así en su territorio”.

Vilma Almendra, mujer del pueblo Nasa y del pueblo Misak, vive al sureste de Colombia en donde trabaja la tierra junto a mujeres indígenas, negras y campesinas. Para ella es vital sumarse internacionalmente a la denuncia de San Miguel Chimalapa:

“Porque si logran destruir esas miles de hectáreas de tierra comunal, en donde hay una cantidad de reservorios de agua dulce, estarán matando un pedacito de la Madre Tierra. Para nosotras y nosotros tan importante es defender, denunciar, y apoyar al pueblo de Chimalapa en su defensa de su territorio, como debe sernos urgente también defender el territorio Zapatista, así como debe ser tan urgente defender el Wallmapu, así como debe ser tan urgente defender aquí a la Liberación de la Madre Tierra y a los pueblos que están siendo asesinados. (…) es una lucha que tiene que ser global, por la defensa de la vida toda, que nos garantice no sólo la pervivencia como pueblos originarios, sino que garantice la pervivencia de la libertad a toda la humanidad”.

¿Es esto una forma de Colonialidad?

En su página web, la corporación canadiense Minaurum Gold Inc. presume acaparar 103 mil 718 hectáreas de territorio concesionado o en trámite, en tres estados de la república mexicana. Así como ésta, existen muchas otras empresas mineras, mayoritariamente canadienses y estadounidenses que acaparan grandes extensiones de territorio mexicano para la explotación de minerales. Según el análisis de Geocomunes titulado “Extractivismo minero en México: impactos vs acumulación capitalista”, el 13.5% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, y de este, 2.24 millones de hectáreas de territorios indígenas han sido entregadas.

Para Alberto Matarán es claro que esto es “una continuidad de los procesos de colonialismo que en el caso de el caso de América comenzaron a partir de 1492 -y en el caso de otros territorios comenzaron en otra época- evidentemente con diferentes tipos de dominio: en este caso es un dominio económico con otro tipo de violencia diferente al que se ejercía en el momento inicial del colonialismo, pero es una continuidad de ese tipo de uso, la subalternizacion del territorio”.

Además, apunta que es curioso que “mucha de esta minería está relacionada con lo que nosotros denominamos el colonialismo verde, es decir, son minerales pensados para las transiciones energéticas y la transición ecológica en los países del Norte Global, pero a costa de denominar o marcar como zona de sacrificio zonas del sur global, como México; zonas que serían destruidas para mantener el nivel de consumo de países del Norte Global, y el nivel de bienestar en alguno como por ejemplo Canadá o países europeos”.

Por otra parte, Daniel Tapia agrega, “yo aquí en Alemania normalmente trabajo como arbolista, y basta que haya indicios de que hay un cierto tipo de cascarudo en un árbol para que ese árbol esté protegido y no puedas talarlo en un jardín o en un parque; entonces ponte a pensar ¿porque es tan fácil agredir un medio ambiente tan sensible como el de los Chimalapas ahí, y acá en Europa te protegen un solo árbol? Yo creo que es cuestión de colonalismo; sus recursos aquí no los tocan, tienen sus paisajes, sus tierras, y sus lugares, pero si van a destrozar a otros los lados”.

Armando de la Cruz Cortés, Chontal, es abogado integrante en Oaxaca de la asociación civil Tequio Jurídico. Entre otras labores, han dado seguimiento y acompañamiento a comunidades chontales en la defensa de su territorio frente a concesión mineras otorgadas a la misma Minaurum Gold.

En su opinión, de cara a estos proyectos está en riesgo “el sustento de la vida comunitaria, de la vida colectiva y la existencia misma de las comunidades que han establecido que la madre tierra y el territorio es la fuente de vida. Estos territorios están siendo muy perseguidos por proyectos extractivos que están despojando a comunidades de su territorio; no les están pidiendo autorización ni permiso para que estos proyectos puedan darse. En ese sentido yo creo que se vuelve necesaria la exigencia y la defensa del territorio frente a esas imposiciones del Estado y de las empresas, sobre todo porque es una forma de defender la vida, de defender la existencia como pueblos indígenas en Oaxaca y México”.

Igualmente, Vilma Almendra señala, “Las autonomías que quedamos en los territorios estamos ahí; con contradicciones o no, estamos ahí, a pesar de cinco mil años de patriarcado, casi seiscientos años de colonización, un poquito más de doscientos años de Estados; ahí estamos todavía, hay lenguas, hay plantas que se saben para que son, hay una cantidad de formas ancestrales que nos han garantizado estar aquí ahora, y tener una palabra para caminar”. Por ello insiste, “es vital entender, conocer y defender los territorios originarios, porque creemos que son lo único que queda frente a todo este modelo capitalista, colonial, patriarcal y racista”.

¿Por qué se están reactivando proyectos mineros en el Istmo de Tehuantepec? ¿Tiene que ver con la construcción del Corrdeor Interoceánico o Transístimico?

El pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En la propia descripción del proyecto se estipula que: “El Programa toma como eje de la dinámica económica el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para aprovechar la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. (…) A lo largo del Istmo se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”.

Sobre el tema, Armando Cruz vislumbra, “los empresarios mineros seguramente ven en este proyecto oportunidad para implementar sus proyectos y para seguir saqueando la región. (…) Hablando de los proyectos de Minaurum Gold y Zalamera, parece que se están ubicando como paralelo a dónde está el proyecto transístmico; es decir, parte de la costa, la costa Chontal-Istmo, subiendo hacia esa zona de Matías Romero y luego yéndose hacia Chimalapas, entonces hay como un paralelo en términos de los proyectos y las concesiones otorgadas”.

Por otra parte, Eufemio Felipe Jiménez, originario de San Francisco Ixhuatán en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, expone que funcionarios públicos están llegando a las comunidades “a mostrar maquetas de proyectos para las comunidades, pero en realidad es manipular a la gente para firmar y sellar, y legitimar como consultas que se hicieron del corredor interoceánico”.

En su opinión, “es más de lo mismo: las mismas formas de llegar a ilusionar a nuestras comunidades: nos dicen “miren ahora si vamos a tener proyectos, ahora si vamos a crecer, a hora si vanos a mejorar”. Todo esto nosotros no lo creemos, porque no son proyectos que se hayan construido con la gente; nuestras formas de organización colectiva, nuestras formas de tomas de decisiones es a través de la asamblea, a través de nuestras cooperativas, a través de autoridades ejidales; y son tres espacios diferente de autoridad en donde la gente se reúne y tiene que plantearse ahí -desde lo que tenemos en nuestro territorio- que se tiene que fortalecer nuestra economía comunitaria, o salir otras formas economía”.

En relación con este tipo de grandes obras, Alberto Matarán agrega: “Parece ser que tanto al Corredor Interoceánico como otras grandes infraestructuras y megaproyectos que se están diseñando sobre todo en América Latina -aunque no sólo-, tienen un horizonte claramente extractivista. Aunque parezca que es infraestructura para el desarrollo de determinados territorios, busca algún tipo de extractivismo. Puede ser extractivismo agrario, minero como éste, o puede ser extractivismo en relación con los cuerpos: con la utilización de mano de obra barata”.

También plantea que en estos momentos de escasez y de crisis del capitalismo global, acentuado por la pandemia, parece haber una necesidad de “seguir alimentando la mega-máquina, es decir, de construir por construir”. En su opinión, “ahora mismo dejan de ser rentables muchas de las actividades económicas que desarrollan muchas de las inversiones que se estaban generando; entonces, la rentabilidad se busca solamente en los procesos constructivos, aunque luego no sean eficientes, ni tenga sentido; como por ejemplo, un corredor ferroviario compitiendo con un canal como el canal de Panamá”.

¿Qué hace a los Chimalapas una región tan particular, y cuál es la importancia regional en su defensa?

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la selva de los Chimalapas tiene “un lugar muy alto en las prioridades de conservación a nivel nacional”.  Esta región, “ha sido reconocida como uno de los principales reservorios de diversidad biológica que hay en el país. Los niveles tan altos de precipitación que caracterizan el área han servido de base para sugerir que la región puede haberse comportado como un refugio florístico”.

Además, Eufemio Felipe quien además es coordinador operativo de dos bachilleratos comunitarios en territorio Ikoot de San Francisco del Mar, así como coordinador de uno de los centros universitarios de la nueva Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), explica que, “en la zona Oriente del Istmo conviven y se relacionan fuertemente tres culturas y territorios: La Ikoot, la Zapoteca y la Zoque de la montaña. En esa zona Oriente hay un intento por entubar el territorio, y estamos muy cercanos entre comunidades. (…) De lo que hemos investigado es que, una vez que comiencen a hacer la explotación minera, los daños ecológicos, ambientales, sociales y económicos, van a estar también sobre nuestras comunidades”.

Al menos dos ríos importantes y una serie de arroyos cruzan la extensión en donde la corporación canadiense busca extraer oro y cobre: El río Zanatepec, y el río Ostuta. Eufemio expone que, “las concesiones mineras están en el nacedero del Río Ostuta. Este río nace en Territorio Zoque pero el río atraviesa los pueblos de Zanatepec, Reforma de Pineda, Ixhuatán y San Francisco del Mar, y desemboca en la laguna inferior. Nosotros, las comunidades de la zona Oriente del Istmo, trabajamos y dependemos totalmente de la agricultura y de la pesca”.

A ello agrega: “si se lograra instalar esta minera y empezaran a realizar esta explotación, el daño sería gigantesco para nuestra gente, pues los sembradíos de mango, de maíz, de sandía, de melón, de calabaza y de chile van a ser muy afectado, y también la pesca. El camarón, el pescado y la jaiba es alimento básico de nuestras familias en toda la zona. Por eso nos resistimos a las empresas mineras”.

En el mismo sentido, una joven habitante de San Miguel Chimalapa, estudiante de nivel superior, cuyo nombre se reserva por su seguridad, expresa que “la selva de los chimalapas es un lugar en donde yo crecí y en donde aprendí a amar la naturaleza. En donde aprendí a respetar y a interesarme cada día más por la relación que existe entre todas las especies. Aquí existen animales y plantas que cumplen una función específica”. 

Con preocupación, continúa: “La minería utiliza elementos químicos altamente tóxicos, esto estaría envenenando a nuestro suelo, a nuestra agua, a nuestros arbolitos; todos esos lugares en los que nosotros vemos belleza, que nosotros respetamos y que hemos apreciado durante estos años; como para que de la noche a la mañana se destruya toda esta. Es por eso que los Chimalapas decimos: no a la mina, sí a la vida”.

Imagen: Avispa Midia

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AMLO no puede con las mineras; Equinox Gold viola derechos humanos

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia minera en Carrizalillo, Guerrero – A 8 de septiembre de 2020

La empresa minera canadiense Equinox Gold incumplióel contrato con la comunidad de Carrizalillo, Guerrero. Si esta empresa estafara, robara, fuera corrupta e incumpliera contratos con el gobierno federal, posiblemente AMLO ya hubiera reaccionado y hasta vinculado a proceso la estafa. Por otro lado, si el gobierno federal incumpliera a la minera, seguramente ya hubiera interpuesto demandas internacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio o los Tratados Bilaterales de Inversión que les dan la garantía a las empresas extranjeras de demandar a los gobiernos cuando ven sus intereses amenazados, como ya ha pasado y como actualmente existen demandas contrael gobierno mexicano.

Sin embargo, la empresa Equinox Gold incumplió el contrato,pero con ejidatarios. Y se siente dueño de terrenos ejidales que no le corresponden y cuyo usufructo está condicionado por un contrato que ha incumplido. Razón por la cual,de manera legítima y legal, los ejidatarios han dado por terminadoel contrato y cerrado la mina de oro Los Filos.

Los costos socialesyambientales, los producidos por la defensa legítima como es la defensa legal, los costos de la movilización y la resistencia, el resarcimiento de daños por el incumplimiento de acuerdos, lo perdido durante el proceso de defensa y cierre de la mina, Equinox Gold debe pagarlo. El mismo trato que las empresas canadienses piden en el resarcimiento de daños, y hasta en pérdidas de sus ganancias al futuro, es lo mismo a lo que ellas tienen que estar sujetas en el paíscomo mínimo.

Pese a que las consecuencias legales son claras, el gobierno de AMLO propone una conciliación que significa la rendición incondicional de las Comunidades ante el despojo, la brutal devastación y la depredación de su territorio, así mismo olvidar la destrucción que la Comunidad ha sufrido en su cultura y tejido social, los daños irreversibles a la salud y la destrucción de decenas de familias por muertes por contaminación y asesinada/os, desaparecidas/os (que ni siquiera están cuantificadxs), decenas de familias desplazadas de manera forzada.

Militares intimidando a los dueños de la tierra que deberían estar cuidando al pueblo y no a una empresa que además de llevarse millones de dólares en oro, deja la total devastación del territorio, contaminación de agua, deforestación, pérdida de biodiversidad y de soberanía alimentaria de los pueblos. Una empresa racista que se siente dueña del lugar, que discrimina, que amenaza, intimida, se niega a cumplir contratos, criminaliza cuando su comportamiento haciala poblaciónes criminal, afectando fuentes de agua y faltando a la mayoría de los compromisos en el contrato.

El gobierno federal que dice estar a favor del medio ambiente, de los pobres, de la justicia, del agua como prioridad para la población, solo observa cómo se da el despojo de los indígenas y campesinos en el país por la devastación del modelo extractivo minero. ¿Dónde está la 4T?

¿Qué tipo de conciliación propone Sr. Presidente frente a este panorama? ¿Que nos propone a los pueblos de este país que no hemos recibido del modelo extractivo más que sufrimiento despojo, devastación y muerte?

No, no queremos sus empleos, no queremos su supuesto desarrollo, no queremos más promesas incumplidas, lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz en nuestros territorio

¡JUSTICIA Y RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO EN CONDICIONES DE RESPETOCON LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO, GUERRERO!

¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA LAS EMPRESAS MINERAS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen:Mina Los Filos – El Bermejal, Carrizalillo, Guerrero, Mexico | EJAtlas

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Francisco Quiroga; Un vendedor del territorio mexicano

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de agosto de 2020

El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia, mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.

No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que, desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.

Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la 4T.

Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo: hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.

Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México, que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.

De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica

Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.

Qué le parece si lo invitamos a alguna mina, por ejemplo esta: https://www.proceso.com.mx/644770/guerreros-unidos-toma-la-presidencia-de-teloloapan-retiene-al-alcalde-y-bloquea-minera-de-penoles, para que sienta en carne propia, las verdaderas “buenas prácticas” de sus todopoderosas empresas mineras, responsables de la generación de violencia a partir del patrocinio de grupos armados en varios rincones de México.

Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una burla.

¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego, Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas a nivel mundial?

En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: oro y plata para pocos, miseria para todos”.

Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el empleado de una compañía minera.

No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.

La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una verdadera tomada de pelo a la nación.

Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales-quienes responden con hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.

25 de agosto del 2020

¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Actividad minera en México. Foto La Jornada/ archivo

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Sin resolución, demanda colectiva en contra del maíz transgénico

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha por preservar el maíz nativo en México – A 31 de julio de 2020

Por Jordana Gonzalez

A 7 años de interpuesta la demanda colectiva en contra de la siembra de maíz genéticamente modificado en México, la resolución de ésta continúa pendiente por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe decretar la prohibición de la siembra de organismos genéticamente modificados, dijo Mercedes López Martínez, miembro de la campaña nacional “Sin maíz no hay país”.

Y es que, aunque en 2020 la siembra de maíz transgénico está suspendida debido a una medida cautelar otorgada poco tiempo después de interpuesta la demanda colectiva –el 5 de julio de 2013 por 53 activistas y 20 organizaciones– el reto de ganar la demanda persiste, reconoció la doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México durante el webinario “Siete años de la demanda colectiva contra el maíz transgénico en México”.

Ello, porque desde 2014 la medida ha sido impugnada, mediante todos los medios posibles, por las empresas trasnacionales para que sea revocada y sea posie la siembra de maíz genéticamente modificado en el país, de acuerdo con Rocío Castillo Toxqui, abogada litigante en el proceso de defensa de las 64 razas y cientos de variantes del maíz nativo.

En la actualidad, la medida cautelar es estudiada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ponencia de la Ministra Piña. Se decidirá si se confirma o se revoca, precisó la abogada Rocío Castillo.

Además, la abogada Castillo Toxqui añadió que una de las dificultades y por la cual el proceso de litigio ha sido tan largo es porque “la tradición procesal jurídica viene de derechos individuales, lo que choca con un procedimiento colectivo”. Para ella, “de lo que se trata es de pulir el procedimiento con la participación social para fortalecer la demanda colectiva”.

Por su parte, la doctora Mercedes López, aseguró que con el proceso judicial no se busca la reparación monetaria sino que los tribunales judiciales declaren como “ineficientes” los límites establecidos en la Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, pues existe evidencia de contaminación transgénica de maíz en Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Guanajuato.

Asimismo, aseguró que con el proceso judicial buscan dar cuenta que la siembra de transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de estos, de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos a la alimentación, a la salud y los derechos de las comunidades, detalló la representante de Común Demanda Colectiva.

Y es que, de acuerdo con la doctora López Martínez, el maíz es considerado como bien sagrado por las comunidades indígenas, quienes lo han domesticado por más de 8 mil años; el maíz es la base de la soberanía alimentaria a través de la milpa. En contraste, precisó, las empresas trasnacionales lo miran como una mercancía que pueden patentar y añadir glifosato sin importarles los daños a la salud que causan como el cáncer. Ante ello, pidió a la Secretaría de Desarrollo Rural, entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desistan de litigar a favor de empresas nacionales allanándose de la demanda.

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La “4T” y el derrame tóxico en el Río Sonora… Una herida abierta y el incumplimiento gubernamental continúa

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020

El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.

Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.

El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.

La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.

Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.

Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.

Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.

La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de  la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES

Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.

ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página

Más información:

[PDF] Expansión capitalista y propiedad social en la Península de Yucatán

Les compartimos este análisis hecho por Colectivo GeoComunes, Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez Godoy sobre la Península de Yucatán – Junio 2020

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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este texto es analizar la expansión que sobre la propiedad social tienen tres de los sectores que dinamizan la acumulación de capital en la Península de Yucatán, a saber: el sector de energías renovables, el desarrollo turístico-inmobiliario y el sector agroindustrial. En particular, nos interesa describir la transformación que sobre la tenencia de la tierra ejidal tiene la expansión de un conjunto de proyectos de desarrollo de dichos sectores, que suponen la explotación intensiva de los recursos naturales (tierra, bosques, agua, viento, semillas) y la privatización y mercantilización de la tierra de uso común de núcleos agrarios. Conocer el patrón espacial y los mecanismos de inserción de dichos sectores resulta relevante en la medida en que permite tener una aproximación precisa de los posibles efectos territoriales que tendría la puesta en marcha del llamado “Tren Maya” y el mega-proyecto de reestructuración del sureste del país que vendría a la par.

El presente documento se divide en dos partes. En la primera describimos la situación actual de la propiedad social en la Península de Yucatán y establecemos las bases jurídicas para comprender la forma de tenencia ejidal. Identificamos además los procesos de privatización activados por el PROCEDE y, más importante aún, por los sucesivos cambios de destino promovidos en un gran número de ejidos tras el paso de este programa. En la segunda parte, realizamos una investigación cartográfica que muestra algunas delas transformaciones experimentadas en las relaciones de propiedad y la tenencia de los ejidos de la Península relativos a los proyectos de energías renovables, el tsunami turístico-inmobiliario y la agroindustria.

Para la elaboración de este documento nos apoyamos en varias fuentes de información y trabajos previos que se irán indicando en cada sección. Los mapas y gráficas se realizaron a partir de las bases de datos e información pública provistos por el Archivo Agrario Nacional (RAN), el INEGI, el SIAP de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y las capas elaboradas por Geocomunes. También se construyeron nuevas bases de datos a partir de información pública solicitada vía Infomex a las mismas entidades de gobierno (RAN y Semarnat). Por otro lado, este documento retoma información y argumentos presentados en otros trabajos citados en la bibliografía. Por su especificidad, detallaremos la metodología utilizada para la elaboración de los mapas de expansión urbana y agroindustrial en los apartados correspondientes.

  • Contenido
  • Introducción 2
  • 1.La propiedad social en la Península de Yucatán: procesos de privatización y mercantilización 31.1
  • 1.1.Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida
  • 1.2.Situación de la propiedad social en la Península de Yucatán (2018)
  • 1.3.PROCEDEy el parcelamiento de los núcleos agrarios en la Península de Yucatán
  • 1.4.Cambios de destino de tierras uso común postPROCEDE1993-2018
  • 2.Análisis cartográfico de las estrategias de acaparamiento de la propiedad social por sector de capital
  • 2.1.Energías Renovables: contratos de usufructo sobre tierras de uso común
  • 2.1.1. Mecanismos de apropiación de tierras ejidales del sector de energías renovables
  • 2.2.Expansión urbana y turística: cambio a dominio pleno y asentamientos humanos
  • 2.2.1 Expansión de la mancha urbana sobre la propiedad social y privada
  • 2.2.2 Urbanización futura sobre la propiedad social
  • 2.3 Agroindustria: formas diversas de acceso a la propiedad social
  • 2.3.1 Expansión de la frontera agrícola según tipo de cultivo (riego o temporal)
  • 2.3.2 Monocultivos, propiedad social y privada
  • 22.3.3 Granjas avícolas y porcícolas

1.LA PROPIEDAD SOCIAL EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN: PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN

1.1 Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida

De acuerdo con la Ley Agraria de 1992, el ejido típico se conforma por tres tipos de tierras: tierras parceladas, tierras de uso común y tierras de asentamiento humano. Las tierras parceladas son aquellas asignadas a ejidatarios de manera individual o colectiva (grupos de ejidatarios), que cuentan con certificados parcelarios registrados en el RAN. El artículo 80 de la Ley Agraria dispone que los derechos parcelarios se puedan enajenar a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Se trata de tierras dedicadas a la agricultura intensiva, ganadería y otras actividades productivas, así como a la urbanización irregular en particular en aquellos ejidos colindantes a alguna ciudad en expansión. Las tierras parceladas pueden cambiar de régimen de propiedad y pasar a dominio pleno. Este cambio supone la desincorporación de la tierra ejidal y su conversión a propiedad privada y lo realizan los titulares de las parcelas de manera individual en aquellos ejidos donde la asamblea aceptó el cambio a dominio pleno.

Las tierras de uso común son aquellas que no han sido parceladas y a las que tienen derecho todos los ejidatarios. En la Península de Yucatán se trata, en la mayoría de los casos, de tierras no laborables que se utilizan para aprovechamiento o conservación forestal, milpa, cacería, apicultura, yacimientos de materiales para construcción y uso turístico. Las normas de acceso a las tierras de uso común se establecen por decisión de la Asamblea ejidal o comunal. Estas normas pueden ser desde ‘acceso abierto’ a todos los ejidatarios y comuneros del ejidos, o pueden establecer cierto tipo de restricciones a distintos sujetos agrarios.

Las tierras del asentamiento humano están compuestas por los terrenos donde se ubica la zona de urbanización y su fundo legal. El fundo legal y el asentamiento urbano son tierras destinadas a usos habitacionales de los ejidatarios y demás vecinos, y fueron asignados o reconocidos con la dotación ejidal cuando los ejidos se crearon. Por su parte, las reservas territoriales son zonas creadas tras el paso de PROCEDE por la Asamblea general de ejidatarios. Es importante señalar que el área de reserva de crecimiento y los asentamientos humanos conforman un área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables en tanto no estén divididos. Sin embargo una vez que estas áreas son divididas y convertidas en solares urbanos asignados individualmente a ejidatarios y avecindados, dichas tierras salen del régimen de propiedad ejidal y pasan al régimen de propiedad privada (Pérez Castañeda, 2003:139).

La política de certificación del RAN permite tres figuras: asentamiento humano delimitado, asentamiento humano sin delimitar y reserva de crecimiento

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Imagen: Geocomunes

Más información:

El Escaramujo 99: MÉXICO Y SUS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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En plena pandemia, en Abril de 2020 se firmó la modernización del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea. Y el 1o. de Julio 2020 entra en vigor la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, llamado T-MEC. Con ello iniciará un nuevo período en que el trabajo, los precios, las mercancías, el medio ambiente, la salud, los servicios y otros aspectos de la vida cotidiana marcarán un futuro distinto para la población. Por lo pronto, hagamos un balance general de todos los TLC’s que México ha firmado para darnos cuenta del reto que implicaría un verdadero proceso de transición a un sistema justo, a una integración entre los pueblos con respeto a las asimetrías de los diversos países, a las soberanías y al medio ambiente, y romper así con el entramado de beneficios y facilidades a las grandes trasnacionales que circulan por todo el mundo por las carreteras y la infraestructura de los TLC’s.

Como hemos mencionado en El Escaramujo No. 98, existen diversas modalidades de lo que normalmente llamamos ‘Tratados de Libre Comercio’ (TLC’s), pero que todos ellos determinan la vida cotidiana de la población. Y si bien un país no puede sustituir todas las importaciones y ser 100% autosuficiente, ya que su territorio, su geografía, sus bienes comunes, su cultura o sus posibilidades técnicas y de mano de obra no le son suficientes, se ve obligado a negociar con otros para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, existen otras formas de integración, de apoyo solidario, de Economía Solidaria Internacional, en lugar de los TLC’s que sólo benefician a los países y sus empresas más ricas en una correlación de fuerza desigual, en debilidad y desventaja de los países más pobres.

Cabe señalar que el Banco Mundial ha declarado que los países con menor crisis económica por la pandemia y que crecerán más son los menos abiertos con tanto TLC; los más agrícolas ya que producen sus propios alimentos, no dependen de los precios internacionales ni de las grandes corporaciones; y los que dependen menos del sector servicios como el turismo. Sin embargo, junto con el FMI han presionado por décadas para la apertura comercial y la privatización del sector salud que ahora quieren a reforzar con más deuda de los países. Estas son las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que tanto daño han hecho al mundo y que debieran desaparecer.

Según el Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en conceptos amplios, México ha realizado 298 compromisos internacionales en materia comercial de los cuales incluyen 173 “Acuerdos Interinstitucionales” y 125 “Tratados”. En todos ellos México se compromete con al menos 82 países. Sin embargo, México tiene 34 demandas de inversores extranjeros por el supuestos incumplimientos a estos ‘Tratados’. Es de los más demandados en el mundo.

De los 173 Acuerdos Interinstitucionales se entienden, por ejemplo, memorándums de entendimiento, acuerdos de implementación, declaración de intenciones, declaraciones conjuntas o acuerdos de cooperación en materia de minera, energía, cooperación técnica, encadenamientos productivos. También los hay para conformar estructuras o instituciones bilaterales, para transferencia tecnológica, de cooperación industrial, asesorías, normas, regulación comercial, consultorías, promoción económica, inversiones, turismo, financiación, formación de grupos de estudio o de expertos; en materia de telecomunicaciones, convenios comerciales, sobre pequeñas y medianas empresas, sobre el arancel o información de algún producto específico (tomate, azúcar, edulcorantes, entre otros).

Dentro de las compromisos llamados “Tratados” hay diversas modalidades entre las que se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) como tal. También los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s), de Complementación Económica (ACE), de Alcance Parcial (AAP), de Integración Comercial, de Asociación Estratégica; o acuerdo de Asociación o Cooperación Económica, Comercial, Científica, Tecnológica o Técnica; acuerdos sobre agricultura, para ampliar disposiciones, sobre aranceles, sobre obstáculos al comercio, trámites para importación o hasta acuerdos interinos. Existen también Convenciones para realizar contratos de compraventa o sobre arbitraje. Los Convenios se han firmado para establecer estructuras multilaterales sobre el comercio, industria, organismos, bancos, estatutos; sobre información comercial, de colaboración económica, comercial, financiera e industrial, para el fomento de la inversión o para facilitar las importaciones. Y para todos los anteriores, existen otras firmas de Tratados denominados Protocolos Adicionales, Modificatorios, para Enmendar o Rectificar cualquier tipo de Tratados mencionados.

Por lo general, los temas en todos los ‘Tratados’ que México ha firmado incluyen su ámbito de aplicación, el programa de liberalización de aranceles o desgravación, las reglas de origen, las cláusulas de salvaguardia, el retiro de concesiones, los tratamientos diferenciales, las medidas sanitarias y fito sanitarias, los remedios comerciales así como los obstáculos técnicos al comercio. Otros temas son: contrataciones públicas, inversiones, servicios financieros y marítimos, telecomunicaciones, comercio digital; comercio fronterizo, de servicios y de bienes; entrada temporal de personas de negocios, medio ambiente, laboral, competitividad, solución de controversias, compras del sector publico, propiedad intelectual, agricultura, acceso a mercados, comercio electrónico, transparencia, trato nacional, procedimientos aduaneros, antidumping y derechos compensatorios, prácticas desleales, cooperación bilateral, medidas de emergencia, normas técnicas, políticas de competencia y disposiciones finales.

Entre los anteriores ‘Tratados’ destacamos aquellos que son los centrales. Según la Secretaría de Economía y completando la información con el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE), México ha firmado 14 TLC’s con 50 países, 32 APPRI’s con 32 países, 20 Acuerdos, 8 Convenios y 33 Tratados Bilaterales de Inversión (AII).

En la medida en que los ‘Tratados’ avanzan, los conceptos se amplían y se flexibilizan. Por ejemplo, de “expropiación directa” a “expropiación indirecta” que incluye la criminalización y judicialización contra el movimiento social que interrumpe por alguna vía la inversión extranjera. Ya no solo es la inversión en capital fijo sino es también la fusión de empresas, su compra o traspaso; las patentes avanzan hacia todo tipo de bienes tangibles e intangibles, genes, plantas, semillas o alimentos; la privatización ya no es solo de empresas sino que abarca las propiedades públicas en el sector primario secundario y terciario; por poner algunos ejemplos.

En el marco de los TLC’s, los países desarrollados miembros de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) protegen los intereses de las grandes transnacionales fitomejoradores, de las empresas semilleras y de biotecnología para que puedan patentar variedades de semillas como el arroz, el trigo, el maíz, entre otros, e incluso las plantas. Facilita el robo del conocimiento tradicional indígena y generan derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre la biodiversidad. Por ejemplo, en junio de 2020 investigadores mexicanos se pronunciaron contra el proyecto de ley del Congreso para reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) basada en los lineamientos de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) Acta 1991, ya que México se comprometió a ello en el marco de la firma del Tratado Transpacífico (TPP11) y el T-MEC. Esto implicaría a los agricultores, campesinos e indígenas del país la prohibición de vender e intercambiar las semillas obtenidas de sus cosechas para que sean compradas a las grandes trasnacionales semilleras. Esto agudizaría la dependencia alimentaria y aumentaría la contaminación por los paquetes tecnológicos. Otro ejemplo es el caso de los Estados de la AELC (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) que por años han obligado a los países en desarrollo, en el marco de los TLC’s firmados con ellos, a adoptar leyes que protejan las obtenciones vegetales en consonancia con el Convenio de la UPOV 91. Sin embargo, los Estados de la AELC no cumplen con los requisitos de la UPOV91 en sus propias leyes nacionales. Otro ejemplo es la intención del congreso mexicano para favorecer a las farmacéuticas y preservar sus patentes por más años para cumplir los compromisos de los TLC’s a costa de la población.

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales.

Las demandas Corporativas contra México

Como ya hemos mencionado, todos los Tratados conllevan la adhesión a un tribunal o mecanismo dónde disputar los conflictos que pudieran suscitarse entre los países y sus inversores. Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) o también llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son uno de ellos y ponen las bases para que las empresas demanden al Estado, y no al revés.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es también otra oportunidad para la rapiña del gran capital y enriquecerse a costa de sus consecuencias. Como los gobiernos enfrentaron estallidos sociales ante la pobreza, la falta de empleo y la desesperación social, se prevé que los bufetes de abogados de los países desarrollados, preparen demandas contra los gobiernos que han implementado medidas para enfrentar y mitigar la pandemia ya que supuestamente afectaron sus intereses. Esto implica demandar a los Estados por no garantizar las inversiones, por no dar protección y seguridad frente a las protestas sociales, por intervenir la economía con subsidios en apoyo a un sector vulnerable; por la intervención estatal en algún sector como el de salud para enfrentar el caos sanitario, por fortalecer el sistema eléctrico estatal en el caso de México, por interrumpir operación de empresas, por evitar el corte de servicios básicos privatizados por falta de pago, por beneficios fiscales otorgados generando competencia desleal, o por el mal manejo que dieron a la crisis sanitaria. Por ello, las empresas podrían demandar en el marco de los ‘Tratados’ grandes indemnizaciones y reparaciones.

Según el Informe de ISDS impactos, pese a que México tiene un alto número de demandas, sigue otorgando más derechos y protección a los inversores extranjeros. El TLC México-UE que no contaba con un capitulo de protección de inversiones, con las modernización de dicho tratado finalizado en abril de 2020 se incluye un mecanismo para blindar las privatizaciones y las inversiones en el sector energético en el cual España, por ejemplo, tiene muchas inversiones. Por otro lado, México incluyó el Sistema de Tribunales de Inversiones de la Comisión Europea para “substituir” el tradicional sistema de ISDS. En 2018, previo al cambio del nuevo gobierno, México se convierte en el miembro 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para mandar así un mensaje de seguridad a las empresas extranjeras y atraer su inversión.

México ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina de los países más demandados con 34 demandas. El 58,8% de ellas fueron iniciadas por inversores estadounidenses. El resto son, por orden de importancia, de España, Canadá, Francia, Panamá, Argentina, Singapur y el Reino Unido. Solo existen 4 demandas de empresas mexicanaas contra otros paises (2 contra España, una contra Colombia y otra contra Estados Unidos). A pocos años de firmado el TLCAN, México recibió en 1997 la primera demanda por parte de la empresa estadounidense Metalclad que pretendía construir un basurero de residuso tóxicos en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces se han recibido en promedio una 1 demanda y media por año. Durante el Gobierno de Vicente Fox, en 2002 y 2004 se presentaron 4 demandas en cada año. Y en 2017 se recibieron 3 demandas. Tan solo durante el cambio al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 hasta la fecha ya suman 5 demandas. Aproximadamente las ⅔ partes de las demandas han sido resueltas; 47% a favor del Estado y 53% a favor de las Corporaciones.

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Más escaramujos:

Las razones de Víctor Toledo

Comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de junio de 2020

El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio tiempo para responder a los señalamientos realizados por una serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin exabruptos y de forma contundente, pues no hay desperdicio en los certeros comentarios y señalamientos sobre la actuación y la relación que sus antecesores tuvieron en la relativamente joven política ambiental de este país, ya que surge, como bien señala el Secretario Toledo, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, dos años después del inicio de la agenda verde mundial que se establece de forma global durante la “Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la cual supuestamente definía el establecimiento de “una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas”.

Vale la pena recordar esta Cumbre, porque ahí nace el grueso de la política verde que de una u otra manera sigue vigente; esa misma que en el artículo del Secretario Toledo, señala que fue construida a través de la introducción de “conceptos aparentemente científicos como desarrollo sustentable, crecimiento y economía verde, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la mercantilización de la naturaleza”. Pocos años después, en 1997, con el auspicio de la CONABIO, nace la primera intención regional de darle contenido práctico a la mercantilización de la naturaleza a través del Corredor Biológico Mesoamericano (la segunda región con mayor biodiversidad del planeta). En ese entonces, como ahora, una parte de los planteamientos centrales, “siempre en aras del desarrollo”, era que aquellos sitios de interés biológico o biodiverso que potencialmente quedarán fragmentados de sus “conexiones naturales”, se reconectarían a partir de establecer pasos, túneles, corredores inducidos o naturales, puentes o hasta cableado para que la fauna lograra transitar por ellos. En el ámbito nacional, ese experimento se desarrolló a partir del Programa de Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (COINBIO).

Estos procesos dieron origen a los grupos de interés verdes que a la postre se convirtieron en la denominada “Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su extensa mayoría por quienes forman el Consejo Consultivo del Agua, así como Ceiba y otras Ong´s que han sido formadas o son asesoradas o son consultores que en su momento fueron funcionarios ambientales, tales como el grupo “Política y Legislación Ambiental” (Polea), además del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última, pero no únicamente, desde hace años es una de las principales operadoras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a quienes, a cambio de financiamiento, le han entregado cientos de estudios y, en consecuencia, información valiosísima sobre la riqueza biológica que tenemos en México, lo cual no es un hecho menor, si entendemos que el verdadero interés mercantil en la biodiversidad proviene de las poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas, Estadunidenses y Francesas por citar algunas; esa misma riqueza que el gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes gracias a los acuerdos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que derivó en la firma del “Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”. No sobra señalar que muchas de esas Ong´s “ambientalistas”, desde hace años también han sido precursoras en la práctica de golpetear los procesos organizativos que desde los pueblos se generan en defensa de su territorio y sus bienes naturales.

Desde 1994, y con un México que amanecía en guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN, muchos grupos civiles, académicos, científicos y políticos fueron encandilados por la agenda verde internacional y la supuesta puesta en marcha de la nueva agenda ambiental para el país, encabezada por la recién creada SEMARNAT. Muchos de ellos se volcaron en la implementación de programas relacionados con la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), a través de los “pagos de servicios ambientales”, la creación de ANP´s, la imposición de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos territoriales y planes de manejo, entre otros componentes, que en sí mismos, como bien señala Toledo, sólo han significado la destrucción, la contaminación y la administración mercantil de la naturaleza, además de volverse para algunas/os sus centros de investigación personal, pero todas ellas iniciativas muy útiles para lavar la imagen de empresas y corporaciones, siendo estas las principales impulsoras del Modelo Extractivo Depredador, ese mismo que se traduce en saqueo y desplazamiento forzado de las comunidades.

Desde la creación de la Semarnat, se han diseñado y utilizado diversas estrategias para desplazar, condicionar o convenir con las comunidades la entrega de su territorio y sus bienes naturales, pero siempre hay un común denominador que le da “transversalidad” a la política verde mexicana: la implementación de un componente de corte desarrollista que supuestamente llevará el “progreso” a las comunidades indígenas y campesinas como son; El Plan Puebla Panamá, El Protocolo de Nagoya, Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la Biosfera y las ANP´s, El Acuerdo de Escazú, Las Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo, Los Biocombustibles, el Oro Blanco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, etc.

No podemos no estar de acuerdo con los precisos señalamientos que ha realizado el Secretario Toledo contra sus antecesores, quienes, por supuesto, no podrán responder con ética ni tendrán fundamento alguno contra las puntualizaciones que les han hecho, porque sin duda alguna el desastre ambiental actual empezó y continuó con ellas y ellos en México y con otros grupos similares a nivel Mundial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de atestiguar abiertamente este tipo de señalamientos entre políticos y ex políticos, porque se expone tal cual la causa estructural y el fondo del problema ambiental de México y el Mundo.

Y, sin embargo, en aras de la congruencia, hoy tan ausente, y de manera directa y clara le preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?

El nuestro es continuar defendiendo el territorio, los bienes naturales y las diversas expresiones de comunalidad que en el mismo se expresan, y, por lo tanto, es nuestra intención que la actividad minera se acabe en el país, por una simple razón que usted ya expuso: las grandes corporaciones biotecnológicas, agroindustriales y mineras -no solamente estas, pero principalmente-, están acabando con la vida. Y en aras de la congruencia, de no menor importancia, es necesario señalar que la misma estructura de intereses, la misma mercantilización de la diversidad biocultural, la misma mentalidad desarrollista y colonial y la misma imposición de megaproyectos mediante parodias de consulta, subyace en iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal Seco Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. De ahí la pregunta.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Archivo presidencia.

Más información:

México: Organizaciones denuncian que durante contingencia sanitaria se han recrudecido agresiones contra personas defensoras de derechos humanos

Les compartimos el comunicado de la Red Nacional d Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT)A 14 de mayo de 2020

Según la documentación de la Red TDT suman 30 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio de AMLO.

  • Debido a su labor en defensa de los derechos humanos, por lo menos 4 personas han sido asesinadas en las últimas siete semanas, lo que coincide con el inicio de la contingencia sanitaria.
  • Personas defensoras de la tierra y el territorio siguen siendo quienes enfrentan el mayor número de agresiones.

14 de mayo de 2020.- Las organizaciones firmantes llamamos la atención de la sociedad mexicana ante el hecho grave de que, en las siete semanas anteriores a la emisión de este comunicado, han sido asesinadas al menos 4 personas defensoras de derechos humanos. Esto con el agravante de que 2 de estos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19.

En el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos. Por ello, las personas, organizaciones y comunidades que defienden la vida, la dignidad y los derechos humanos, continúan dando la batalla en entornos mucho más complejizados, lo que les coloca en una mayor situación de riesgo.

Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado a los Estados de la región a “proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19”[1]. Llamado que complementa la declaración previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destaca la necesidad de la protección particular de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, así como el acceso a la justicia y mecanismos de denuncia[2].

La necesidad diferenciada de protección señalada por el Sistema interamericano se confirma al consultar los datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que señalan que desde el 15 de marzo se han registrado 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Nombrar a las personas defensoras asesinadas es, al mismo tiempo, una exigencia de justicia y un llamado a no olvidarles, a continuar sus luchas y continuar trabajando colectivamente en la construcción de un país y un mundo mejor donde los derechos para todas y todos sean una realidad.

A partir de la documentación de la Red TDT, señalamos que estas 4 personas defensoras no fueron asesinadas en hechos fortuitos, sino como represalia por la defensa de derechos humanos que realizaban. Resaltamos que la labor de 3 de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones. Con estos 4 asesinatos, serían ya 30 personas defensoras asesinadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Reiteramos como un hecho de grave preocupación que 2 defensores fueron asesinados en su propia casa, el entorno donde la población debe encontrarse bajo resguardo durante la contingencia sanitaria.

Frente a estos hechos, resulta importante insistir también en la grave situación de violencia que impera en la Sierra Tarahumara y que mantiene en riesgo a las comunidades, colectividades y personas defensoras en la región. El 1 de abril, en San Juanito, Bocoyna, fue asesinado Juan Zamarrón, activista en defensa del bosque y quien denunciara de forma reiterada la tala clandestina en la zona. En los hechos, fueron asesinados dos familiares del defensor, lo que sigue poniendo en entredicho la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, a sus familias y organizaciones, así como garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

En ese sentido, retomamos lo dicho por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en su comunicado del 27 de abril de 2020: el Estado mexicano tiene la obligación de colocar los derechos en el centro de la política y, por tanto, las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población.

Así pues, es mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y demás autoridades obligadas, que se deben coordinar esfuerzos para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en condiciones óptimas de seguridad.

Finalmente, reiteramos el llamado que desde diversas organizaciones de la sociedad civil se ha hecho en relación con las acciones inmediatas que debe tomar el Estado mexicano para proteger adecuadamente a las personas, organizaciones y colectividades defensoras de derechos humanos.[3]

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)

Imagen: Protesta contra la criminalización de defensores y defensoras ambientales. | Crédito: Km 169, Prensa Comunitaria Guatemala.

Más información:

El Escaramujo 96: RADIOGRAFÍA DE LAS REPRESAS EN MÉXICO Parte (III)

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 96 en pdf<<

Desde el año 1550 cuando se tiene registrado la primera en el estado de Guanajuato, hasta el 2018, a lo largo de 468 años, se han construido en México 6,225 represas y bordos, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. El 41.25% de los municipios del país han sido intervenidos a lo largo de su historia por algún tipo de represa. Entre los diez estados que más han sido intervenidos con represas se encuentran, por orden de importancia: Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Nuevo León. La mayoría son del norte del país. Sólo hay tres estados que nunca han sido intervenido con represas: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Al menos 600 Ríos de México se han represado a lo largo de estos 468 años, sin tomar en cuenta otras corrientes de agua como son arroyos, escurrimientos, afluentes, barrancas, canales, cañadas, manantiales, derramaderos, entre otras.1

En México se generó hidroelectricidad por primera vez en 1889 en Chihuahua.2 Otra fuente considera que fue en 1883 en Veracruz. Hasta 1888 la planta hidroeléctrica de Echeverría sobre el Río Atoyac en Puebla es considerada la primera para el servicio público.3 Actualmente, en México existen más de 5,163 represas y bordos que almacenan aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos de agua y equivalen a la capacidad de 60 millones de albercas olímpicas.4 De éstas, 4 mil 462 son presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía.5 Tan solo 181 de estas represas almacenan el 82% de esa agua. Todos estos elementos ya los hemos profundizado en el El Escaramujo No. 88 y El Escaramujo No. 90.

Los Años

Según el inventario de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de las 6,225 de las represas y bordos que se han construido desde 1550, se han registrado el año de su construcción del 65% de ellas que equivalen a 4,027 del total. Las que no tienen registro de fecha muy probablemente sean de hace más de 100 años cuando difícil era contar con registros: 142 corresponden a Aguascalientes, 26 a Baja California, 65 a Baja California Sur, 27 a Chiapas, 121 a Chihuahua, 2 a la CdMx, 79 a Coahuila, 8 a Colima, 80 a Durango, 96 al Estado de México, 100 a Guanajuato, 11 a Guerrero, 116 a Hidalgo, 147 a Jalisco, 77 a Michoacán, 24 a Morelos, 16 a Nayarit, 52 a Nuevo León, 64 a Oaxaca, 34 a Puebla, 85 a Querétaro, 106 a San Luis Potosí, 40 a Sinaloa, 161 a Sonora, 31 a Tabasco, 291 a Tamaulipas, 19 a Tlaxcala, 48 a Veracruz y 130 a Zacatecas.

De las que sí existen registro de fechas de construcción son las siguientes:

En el Siglo XVIII la mayor intervención de las Cuencas se realizó en algunos estados del norte y occidente el país. Si embargo, en el Siglo XIX se amplían en esta región, pero siempre destacan las mayores intervenciones los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Durango y el Estado de México, entre otros. En muchos de estas entidades federales, entre ambos siglos, se llevaron a cabo grandes emprendimientos mineros e inicios de la industrialización precaria en el país. Por su lado, los estados del sur prácticamente se mantuvieron al margen del “desarrollo” y afortunadamente las Cuencas no fueron tan intervenidas como en los casos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De las represas y bordos de todos tamaños y tipos que se tienen registradas las fechas de su construcción, en el Siglo XX se registra el mayor repunte de la intervención en las Cuencas del país para el supuesto desarrollo. Entre 1900 y 1999 se dispara de manera alarmante la construcción de las Grandes Represas para generar hidroelectricidad, dotar de agua a las grandes ciudades y a la industria que aumentaban paulatinamente por todo el país, así como para la irrigación que alimentara la Revolución Verde.

En el Siglo XXI llama la atención la intensidad de la intervención sobre las Cuencas nuevamente en los estados del norte del país e incluso en aquellos donde el estrés hídrico es alto como en Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, entre otros. Esto coincide también con la apertura indiscriminada a la actividad minera que se concentra en estas regiones. También el crecimiento de otras industrias que se instalan como la automotriz, bebidas embotelladas, e incluso las maquiladoras.

Los Tamaños

Según CONAGUA6, actualmente existen 5.163 presas y bordos, de los cuales 181 que representan el 3.5% contienen el 80% del volumen total almacenado en México.

Del total de represas y bordos, 667 corresponden a Grandes Represas de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de Grandes Presas que especifica que son aquellas que tienen una cortina de más de 15 metros de altura o que almacenan más de tres millones de metros cúbicos.

Pese a que la resistencia social contra las grandes represas que repunta con mayor fuerza al iniciar al Siglo XXI, y que empresas y gobiernos iniciaran el “blanqueo” de su imagen argumentando que son energía limpia y que se transitaría hacia las supuestas “pequeñas represas”, no se han dejado de construir las Grandes Represas. Ejemplos de esto es la presa Rompepicos en Nuevo León con una cortina de 70 metros de altura y que inicia su operación en 2004. En Nayarit la presa El Cajón de 186 metros de altura en 2007 y la Yesca de 220 metros de altura en 2012; en Tamaulipas la presa Las Blancas; o en San Luis Potosí la presa El Realito de 90 metros en el 2012.

Otras más se han pretendido construir como las presas Paso de Reina, Paso Ancho en Oaxaca; la presa La Parota en Guerrero; las 5 sobre el Río Usumacinta, Itzantún, Chinín, entre otras muchas en Chiapas; las del Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco, que se encuentran sin terminar.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador pretende construir en su sexenio otras 112 supuestas “pequeñas” represas 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.7

A continuación presentamos algunas de las presas más importantes del país.

ALGUNAS DE LAS GRANDES PRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

Los Daños

Hasta la década de 1990 las Grandes Represas fueron presentadas como una de las mejores vías para obtener la energía para el “desarrollo”. Y aunque se dieron muchas luchas contra la construcción de las represas en el país en las décadas anteriores, como en Oaxaca y Chiapas, poco fueron difundidas en la opinión pública. Todavía en la actualidad, los libros de textos de educación primaria continúan con la narrativa de que las represas son la mejor fuente de energía que aporta al desarrollo económico y socia del país.

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Más escaramujos:

Protección y seguridad, un trato especial para las mineras

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de junio de 2020

En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”, con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.

Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como: robo, homicidio doloso y extorsión.

El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir, disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.

No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son “primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.

Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero, se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores del territorio.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

Más información:

Apoyo a la negativa de la importación de Glifosato y prohibición de su uso, junto con alternativas agroecologías y ampliación de derechos piden Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos  de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades  federales competentes  para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato  por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos  sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA  de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales  de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un  plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos  agrícola, urbano y jardinería. 

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del  COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y  SADER. de que el Plan  Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con  programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato,  como lo hacen ya  otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró  Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México. 

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de  café y otros cultivos” declaró  Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

“Otra de las demandas de la carta es  que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche”  afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres  y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y  agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit. 

También  cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Para mayor información comunicarse con  Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

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