Feminicidios aumentan y Estado propone modificar leyes, la polémica por recategorizar el delito

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelosobre la reciente ola de violencia hacia las mujeres – A 16 de febrero de 2020

Por Andrés Domínguez

«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez.
Foto: Roberto Ortiz

*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.

*El reconocimiento del feminicidio como delito en la normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.


Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH), afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante del homicidio, significaría una salida errónea.

La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan como un retroceso.

No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República, aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la institución no tiene tal intención.

A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.

“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar las capacidades” añadió Villa.

La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es firmante.

“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó Villa.

Panorama

Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1)
Foto: Roberto Ortiz

Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.

En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo registró 20.

En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con 55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.

Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.

Llamado

En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas.
Foto: Francisco López Velásquez (16)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.

“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.

Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto trabajo de legisladoras y legisladores.

“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad del  contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres,  niega de iure y de facto el  acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.

¿Qué es un feminicidio?

Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)

De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”

Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las mujeres.

Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres…”

Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o adaptando el ya reconocido a nivel federal.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. – A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
  3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
  4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
  5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
  6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
  7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas

Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida


El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia feminicida durante los últimos 4 años.

El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5 homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por caso fortuito.

Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.

La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Justicia para Samir Flores Soberanes

Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos” – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<

20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.

En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.

Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.

¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!

¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!

Firma

Otros Mundos Chiapas

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imágenes: Brigada de arte comunitario “Talimakalsinan nanu” y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell

Más información:

Defender el medio ambiente, la práctica más insegura en el mundo

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020

Los defensores del medio ambiente sufren la mayor cantidad de agresiones, según Front Line Defender, una organización internacional de Derechos Humanos. En México el impulso a megaproyectos de desarrollo desde el gobierno federal aumenta su vulnerabilidad

Texto: Arturo Contreras Camero

Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.

En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos fueron asesinadas en el mundo.

América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente. En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por  Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.

Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad, pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia. 

Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado de alguna manera por las agresiones 

Destruir el medio ambiente para combatir la pobreza 

Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una política de combate a la pobreza a través de la creación de megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país. Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso tienen a estas comunidades. 

“El continente fue testigo de la creciente privatización de los servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.

Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”. 

Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”. 

La deuda con las mujeres

En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres, aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de Front Line Defenders.

“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos por defender a personas defensoras de  derechos Humanos, impulsando estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.

Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen en el país. 

Los defensores migrantes, la otra alerta

A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante. Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a los que los defienden.

Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de personas y fueron detenidos sin pruebas. 

“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”, aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT. 

El ejemplo de Nahuatzen

Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”. 

De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente por defender el ambiente. 

“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible. Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en este año”, dijo el representante de la comunidad. 

“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Oaxaca: Pueblo zapoteco de Calpulálpam gana amparo donde se cancelan todas las concesiones mineras en su territorio

Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)

Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este mandato judicial federal.

Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce, hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.

En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la minería”.

Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.

Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época prehispánica.

La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.

En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.

Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los intereses de particulares.

Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido discriminación y racismo en la impartición de justicia.

Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.

“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.

El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen 30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.

Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.

Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las concesiones”.

“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.

Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna institución han hecho absolutamente nada”.

Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.

Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF

Más información:

[Nota] Fonatur pide 1,000 hectáreas a ejido de Bacalar para el Tren Maya

Compartimos la siguiente nota publicada en el diario El economista sobre el Tren Maya y sus proyectos subsecuentes – A 31 octubre de 2019

El Fonatur pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Por Jesús Vázquez

Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última reunión con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, hace más de un mes, las negociaciones están estancadas, pues la asamblea ejidal no autorizará incorporar una superficie tan grande al proyecto sin tener la certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios.

“Ellos quieren hacer negocio con nuestras tierras, pero no tenemos claro de qué manera nos beneficiaremos nosotros. Nos hablan de ser socios, pero no nos han mostrado una propuesta concreta”, explicó.

El líder ejidal agregó que no hay acuerdo tampoco en la superficie que están dispuestos a incorporar al Tren Maya.

“Lo último fue que la asamblea le solicitó a Rogelio Jiménez que se muestre dónde va a estar la estación, dónde son los terrenos que necesitan. Nosotros les mostramos tres lugares, uno le gustó y dijo que se iban a hacer los estudios para después presentárselos a la asamblea, pero después dijo que quieren 1,000 hectáreas al lado, pero lo que está autorizado por la asamblea son solamente los terrenos a los que va a llegar el tren”, detalló.

Desde entonces, no ha habido más acercamientos, porque la postura de la asamblea en ese sentido es inamovible, es decir, sólo permitir estudios en una superficie de 6 hectáreas para la estación, y esperar a que el Fonatur les presente una propuesta económica para las 1,000 hectáreas adicionales que les ha solicitado en torno a la estación, detalló.

“Rogelio Jiménez vino dos veces conmigo para decirme que tienen planeado un centro poblacional a lado de la estación; pero mi gente también necesita recursos. Le pedimos el cambio de uso de suelo a favor del ejido para después negociar las 1,000 hectáreas”, expuso Chimal Balam.

En entrevista aparte, Jiménez Pons confirmó que hay una propuesta de incorporar 1,000 hectáreas del ejido de Bacalar al Tren Maya, pero no se trata de expropiaciones, sino de asociación con los ejidatarios para que ellos renten sus tierras a eventuales inversionistas de proyectos inmobiliarios que se planean detonar en torno a la estación ferroviaria, aseguró.

El esquema de incorporación que el Fonatur propone a los ejidatarios es el fideicomiso de inversión y bienes raíces, figura empleada para fomentar la inversión en bienes raíces al colocar Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores, aseveró.

Este modelo busca aprovechar el expertise del Fonatur en la generación de proyectos, los cuales se pondrán a consideración de las calificadoras para que acrediten su rentabilidad, “y en ese momento lanzarlos al mercado para adquirir el capital para desarrollar las propuestas”, considerando incluso emplear fondos de retiro, que también ya han alzado la mano para participar, refirió.

La cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos – A 21 de enero de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos.

A once meses del asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes en Amilcinco, Morelos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala aseguró que «la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas», sino que «los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México», tales como el Proyecto Integral Morelos (PIM).

A través de una carta pública dirigida a Samir Flores, quien se oponía al PIM y fue asesinado el 20 de febrero de 2018, el Frente denunció el aumento de amenazas contra los defensores del territorio y de las «historias de despojo» en el país por la imposición de proyectos extractivos y turísticos.

Sin embargo, los integrantes del Frente aseguraron que continuarán en la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos indígenas en México, y explicaron que «por eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderán por varios días acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió».

Se trata de «una jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo México y el mundo», indicaron.

A continuación la carta completa:

Hoy caminan los pueblos del volcán, con su guardian Popocatépetl observando, respaldando, hoy sigue caminando Samir con nostr@s. Más que nunca presente.

Samir,

Estamos a once meses de que nos hayan arrebatado tu presencia física de estas tierras y el ataque no cesa. Hoy y cada vez más, la presencia del crimen organizado, como brazo armado del Proyecto Integral Morelos, asedia en Amilcingo y Huexca. Mientras que en Puebla se siguen recibiendo las amenazas de volver a encarcelar o asesinar y desaparecer a compañeras o “tirarles los dientes”, utilizar la fuerza pública o la guardia nacional.

Todo por defender nuestro territorio de los proyectos de muerte, del despojo disfrazado de progreso.

Te agradecemos que no nos haya abandonado en la lucha y te pedimos que sigas con nosotros, que nunca te nos despegues.

En este mes más que te tenemos aquí con nosotros, festejamos el sexto aniversario de la Radio Comunitaria Amiltzinko que fundaste con tus amigas y amigos de la comunidad. En este mes también se celebró el día de ayer la asamblea para nombrar autoridades por usos y costumbre en Santa María Zacatepec, siguiendo el ejemplo que empezaste a impulsar en Amilcingo, como el viejo tonto y loco que eras, ¿te acuerdas de la fábula? Aquel viejo tonto y loco que, en lugar de gastar su tiempo en ganar dinero y fama, se pasó toda su vida sembrando un bosque para que el día de mañana los demás tuvieran donde sobrevivir al desastre que ellos mismos se iban creando.

Así hoy, mi querido Samir, en muchas partes de México y el planeta están gritando como nosotros gritamos y a ese grito conjunto le decidieron llamar Samir, somos todas y todos, resultado del acuerdo del Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, convocado por el EZLN y el CNI.

Y es que las historias de despojo en todo nuestro territorio nacional e internacional están creciendo en todos los rincones de México y el mundo se sufre: de la minería a cielo abierto, al histórico despojo o falta de reconocimiento de territorios ancestrales, pasando por los megaproyectos energéticos de termoeléctricas, gasoductos, parques eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricas, así como las franjas de la muerte moderna de los trenes maya y transísmico, el ataque a las autonomías de las comunidades por el Estado y/o el crimen organizado.

Y todo eso lo llaman progreso o que nos oponemos al progreso, y ahora, dice Monreal, nos oponemos al interés social. Su posición solo nos confirma que la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas, los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México.

Samir, los dolores y la uniones van creciendo en el territorio nacional e internacional, eso estamos haciendo abajo todas y todos. Pero arriba, a once meses de tu asesinato, la justicia que debería llegar por parte del Estado no avanza, no avanzan las líneas de investigación sobre tu labor como defensor de derechos humanos, comunicador y principal opositor al PIM en Morelos. Y mientras tanto, el asesinato a defensoras y defensores de derechos humanos se va incrementando de manera preocupante, sin que ningún caso se esclarezca o se haga justicia. La impunidad en todos los casos, permite el aumento de riesgos a la perdida de la vida de personas defensoras de derechos humanos en México, siendo la omisión de la justicia, una causa estructural de la condición de continuidad de ataques y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos.

Por eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderá por varios días acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió , una jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo México y el mundo. Buscando mas voces y oídos que nos escuchen y a los cuales escuchar, denunciando la grave amenaza de los megaproyectos para la vida y la madre tierra.

Este 20 de febrero Samir, te esperamos en Amilcingo, en tu casa, y en todo el mundo en sus corazones y latitudes, trae a toda la banda que ya conoces por allá, porque se va poner bueno.

Samir Flores Vive y vive, la lucha sigue y sigue

Alto a la devastación ambiental, cancelación de megaproyectos

Cancelación del PIM, No a la termoeléctrica, gasoducto y acueducto

Ni una gota a la termoeléctrica

T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timiiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Firma:

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala

Imagen: Desinformémonos

Más información:

Guanajuato: SEMARNAT niega autorización para la explotación del Proyecto Minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo

Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMAA 22 de enero de 2020

Las comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, junto a las organizaciones integrantes de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), tenemos la alegría de comunicar a la población de los municipios del territorio de la Cuenca de la Independencia que, después de un largo proceso informativo y de organización, de manifestaciones públicas, así como de múltiples gestiones ante las autoridades competentes -federales y municipales-, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT ha tenido a bien resolver -el pasado 17 de diciembre del 2019- el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad B Regional solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V -filial mexicana de la minera canadiense Argonaut Gold- para el proyecto de “EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS CERRO DEL GALLO” a ubicarse en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en sentido negativo.


La denegación de la autorización solicitada se basa, por un lado, en una serie de inconsistencias, irregularidades y omisiones detectadas por la autoridad en el DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO presentado por la empresa y por otro, en que el proyecto minero en cuestión se ubica en un territorio actualmente considerado para uso forestal y agropecuario de temporal por lo que no es congruente con la vocación natural de la región, ni con los objetivos establecidos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET).

Es importante resaltar la Política Ecológica establecida en el programa mencionado – PEDUOET– para las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s) número 239 y 257, en las que se ubicaría este proyecto minero.

El PEDUOET señala entre otras cosas que, la política ecológica y los lineamientos para estas dos Unidades, son: ”restauración y mejoramiento, recuperación de la cobertura vegetal original y las funciones ecológicas de los ecosistemas, promoción e impulso de actividades alternativas para un aprovechamiento sustentable” de los recursos, que evite la disminución de capital natural, por lo que las actividades compatibles serían: acuacultura, agricultura de temporal, ganadería extensiva, forestal maderable y no maderable, turismo alternativo, entre otras. Y que las actividades no compatibles son: agricultura de riego y de humedad, agroindustria, ganadería intensiva, turismo convencional, asentamientos humanos urbanos, industrias ligera, mediana y pesada y minería, entre otras.

Nos congratulamos de que el gobierno federal haya concluido que es un proyecto inconsistente, incompatible e incongruente con la vocación de la región. Reconocemos también que el C. Miguel Ángel Rayas Ortíz, presidente municipal de Dolores Hidalgo haya honrado su palabra dada a las poblaciones afectadas por el proyecto y no haya otorgado ningun tipo de permiso para la operación del mismo, así como por sus gestiones ante las autoridades federales a favor del territorio y de las comiunidades que lo habitan.

No omitimos señalar que el total de las autoridades a quienes la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT les solicitó una opinión técnica sobre el proyecto, concluyeron que este no era viable.
Pese a este triunfo de las comunidades que habitan los territorios de extracción, sabemos que la minera canadiense difícilmente cesará en sus intentos por explotar el Cerro del Gallo. En este sentido, queremos anunciar que continuaremos con el proceso informativo y organizativo con las comuidades para que, en su oportunidad, esten en posición de combatir legalmente un nuevo intento de aprobación.

Finalmente, dado el deterioro ecológico de la región debido en gran medida al abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, esperamos que las instituciones de los tres niveles de gobierno se sensibilicen con la situación y favorezcan la participación de la población organizada de las comunidades campesinas en el diseño y aplicación de proyectos de restauración de los ecosistemas, de aprovechamiento sustentable de los bienes naturales -en especial del agua- en concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET) para reactivar la economía rural en la región y recuperar las capacidades de gestión de sus habitantes.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

COMUNIDADES AFECTADAS HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Rueda de prensa Dolores Hidalgo, Gto, México. 22 de enero de 2020

Más información:

Llega nuevo éxodo centroamericano a frontera sur de México, la falta de claridad de autoridades migratorias genera tensión e incertidumbre

Compartimos comunicado del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano – a 18 de enero de 2020

LLEGA CARAVANA DEL ÉXODO CENTROAMERICANO A FRONTERA SUR, LA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS GENERAN TENSIÓN E INCERTIDUMBRE ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE.

  • No hay claridad sobre los procedimientos migratorios que están realizando y detectamos casos de separación familiar; •
  • Preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país; •
  • Las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no se están atendiendo.

Chiapas, 18 de enero de 2020

Las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano reactivamos el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano. Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrimos la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecun Umán desde diferentes puntos. Asimismo, se mantiene contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.

Identificamos la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertamos de la presencia de personal de seguridad privada. Finalmente, es importante señalar que elementos de la GN y Policía Federal vestida de civil estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integramos la misión de monitoreo durante el día sábado.

Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos. Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y solo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano. Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Previo y durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández. El mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.

Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas especialmente hombres jóvenes intentaron cruzar por el río. Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, la gran mayoría, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso. Algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares adentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.

En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas. Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen. Hacia las 16:00 horas ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.

Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano nos preocupan:

  • La ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional;
  • La falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar;
  • La ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM; •
  • El protagonismo de la GN en durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad.
  • El aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco. •
  • Las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufrimos las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
  • Preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.

Firmamos:

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.

Organizaciones colaboradoras: Dignidad y justicia en el camino A.C “Fm4 paso libre” Apostólicas del Corazón de Jesús

Imagen: Un grupo de migrantes forcejeó brevemente con los militares mexicanos en el paso del puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera con Guatemala© AFP Isaac GUZMAN

Más información:

México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

Compartimos la siguiente nota publicada en Avispa Midia sobre el hostigamiento y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en México – A 8 de enero de 2020

Por Eugenia López

El año que acabamos de despedir fue particularmente violento para defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.

Enero sangriento

El primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas. Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber participado en protestas en demanda de agua potable.

Pocos días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, quien fue destituido dos semanas después.

Para saber más, Chiapas: Paramilitares cobijados por Morena atacan movimiento social en Amatán

El día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.

Al día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán, Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad de San Sebastián Nopalera.

Defensores del territorio y comunicadores

El mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos (PIM).

En contexto: México: a 2 días de que se realice consulta sobre la Termoeléctrica en Morelos, es asesinado un activista

El 2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”,  Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Durante el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como “TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de  Sayula de Alemán, luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Ver también : TíoBad, el jaranero que defendió con rap la lengua mixe-popoluca

En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.

El 5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfort.

Leer también, México: Alertan sobre aumento en violencia contra organizaciones indígenas en Guerrero

La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.

El 1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.

Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)

El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla, defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de las mayores festividades de la diversidad sexual.

En Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor, en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido.

Buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández, quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo.

El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

[Reportaje] Los dueños del agua: trasnacionales acaparan reservas, mientras México avanza al temido “Día Cero”

Compartimos este reportaje especial sobre el acceso y la explotación del agua en México publicado en Contralínea a través de EducaOaxaca – A 6 de enero 2020

Autor: Lauren Franco

Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se suman mineras y agroempresas. Autoridades han otorgado 536 mil concesiones de aguas superficiales, subterráneas y zonas vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al “Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas

Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las reservas hídricas de México. Industrias Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad encabezan la lista de personas morales que, cada año, explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es decir, más de 5 mil millones de litros).

A éstas se suman mineras y grandes terratenientes agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la fecha, las autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.

Las embotelladoras de agua figuran entre las más beneficiadas, revela el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esa base de datos da cuenta de más de 300 concesiones en manos de esa industria. Coca-Cola, por medio de Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-Water; Pepsi Cola con E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, Voltic; y Nestlé con Santa María, Perrier, Pellegrino.

En el caso de Coca Cola, ésta posee títulos de explotación para la producción de refrescos de diversas marcas, como Sprite, Fanta y Mundet. A través de Femsa y Arca Continental, la empresa de origen estadunidense tiene más de 100 concesiones en el país.

Las transnacionales del ramo no sólo se benefician por el acaparamiento de las reservas del país, sino también por el aumento en las ventas de agua embotellada: México es el tercer país en el mundo con mayor consumo, lo que genera un desecho diario de 21 millones de envases PET.

En esa lista también figuran las nacionales Envasadoras de Agua de México y Embotelladora Aga, que cuentan con 30 y 24 títulos de explotación, respectivamente. Además está el caso de la Compañía Maya de Agua Purificada, con 69; y el Grupo Modelo, con 11.

Las cerveceras son también grandes privilegiadas en este sistema de concesiones. Nada más en el Estado de México, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma posee 22 títulos de explotación para agua superficial y subterránea. De esa veintena de títulos, la compañía que distribuye la cerveza Heineken, tiene dos concesiones para explotación de agua subterránea por 2 y 1 millón de metros cúbicos al año.

Al revisar la base de datos del Repda –de Conagua– la empresa no aparece en los registros de permisos descargas industriales en el Estado de México. Por el contrario, sólo registra un permiso de descarga bajo el concepto de “diferentes usos” –título “08MEX100666/12IMDL12”.

Oficialmente la empresa reporta un volumen de descarga al año de 1 millón 164 mil metros cúbicos. Sin embargo este título no aparece en el registro de permisos para explotación de agua para “diferentes usos”.

Como el de esta cervecera, los casos de multinacionales y grandes empresas mexicanas con situaciones de privilegio se repiten a lo largo y ancho del país. Con información del Repda, la organización Agua para Todos señala que existen 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial que no cuentan con permisos para descargas. “Así evitan inspecciones y cobro de derechos”, asegura.

Además del caso de las embotelladoras y cerveceras, cuyos negocios dependen totalmente de la explotación del vital líquido, el registro de la Comisión Nacional del Agua refiere que Pemex es la empresa con más concesiones en México, al sumar 989.

Otras industrias con un consumo indiscriminado del recurso son: Bachoco, con 375 concesiones; la Comisión Federal de Electricidad, con 69; Cementos de México, con 50; Grupo Nestlé, 43; y Grupo Bimbo, 29;

El riesgo de llegar al Día Cero

Aguas superficiales, subterráneas e incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien nacional, más de 44 millones de mexicanos carecen de dotación diaria de agua en sus hogares, refiere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Aunado a ello, el Instituto de Recursos Mundiales ha alertado que México se acerca al temido Día Cero, como se le conoce al riesgo inminente de escasez de agua. En su más reciente informe, el organismo internacional apuntó que son cinco las entidades que se encuentran en una situación de “estrés hídrico extremadamente alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes y el Estado de México– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a la sobreexplotación de las distintas fuentes y a que consumen un nivel superior de agua del que tienen disponible. Y es que cada año se extraen 87 mil millones de metros cúbicos en todo el país.

A pesar de tan inminente riesgo, las autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso. La organización Agua Para Todos alerta que el sistema de concesiones de la Conagua ofrece nuevos permisos para extraer reservas en dichos estados. Además, acusa su falta de precaución, el favorecimiento a privados y la violación de los derechos humanos –principalmente el del acceso equitativo al agua.

Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, asegura en entrevista con Contralínea que el sistema de “compra y venta” de agua en el país inició a raíz del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1992. Éste, explica, impuso al país un “paquetazo de leyes” entre las cuales destaca la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.

“Esta ley nos impone un sistema único de concesiones donde la concesión es un objeto de compra y venta muy diferente a la concepción del agua como un bien nacional. En Estados Unidos no hay ni siquiera un sistema único de concesiones, pero se le impuso a México”, asegura la activista ambiental.

Aunando en lo anterior, Burns detalla cómo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la legislación paralela al tratado comercial– se habían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando hablamos de la privatización del agua es en serio”, asegura.

Los datos de la Conagua revelan que el sector que más concesiones posee es el agrícola, con 233 mil 126; seguido por el público urbano, con 129 mil 583; uno denominado como “diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 mil 429; servicios, 24 mil 977; doméstico, 16 mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 1 mil 575; otros, 289; y generación de energía eléctrica, 159.

En su mayoría, se trata de concesiones por 30 años con renovación automática incluso por el mismo plazo de tiempo. Así, a pesar que la Constitución Política de México establece que el agua es un bien nacional, en la práctica se favorece el interés de privados, observan defensores de los derechos humanos.

Más aún, en el sector agrícola existen permisos para extraer hasta 149 millones de metros cúbicos. Tal es el caso de la Unidad de Riego de la Candelaria en el municipio de El Carmen, Campeche. El gran volumen concesionado pasa por encima de los derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos y de las 44 millones de personas que no tienen acceso a agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales

Vigente desde 1992, la Ley de Aguas Nacionales es señalada como la principal responsable de haber abierto la puerta al acaparamiento del líquido vital, pues en su artículo 24 establece que el tiempo para una concesión no será menor de 5 años ni mayor de 30; además plantea la renovación automática del plazo de extracción por un tiempo igual al solicitado, por lo que en los hechos acaba siendo de 60 años.

“La Ley de Aguas Nacionales se  constituye en la antítesis del acceso equitativo y del uso sustentable del agua, porque permite que en unas cuantas manos, en unas cuántas empresas se concentren grandes volúmenes de agua. Y premia de algún modo el uso inmoderado e irracional del agua”, afirma en entrevista Miguel Montoya, consultor legislativo y experto en derecho humano al agua.

Por la flexibilidad de esta legislación, empresas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Cola, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos en la adquisición de concesiones de agua, consta en las bases de datos de la autoridades federales.

Al uso agrícola le corresponde el 76 por ciento del volumen concesionado del país, según el informe de Estadística del Agua de Conagua. En Chiapas, por ejemplo, en el municipio de Suchiate, existe una concesión para uso agrícola de 141 millones de metros cúbicos al año a nombre de los Usuarios del Departamento de Riego de Suchiate. La situación, evidentemente desigual, se refleja en los permisos de concesiones de productores que no superan los 1 mil metros cúbicos anuales frente a un productor gigante.

Por ello, Elena Burns asegura que la Ley de Aguas Nacionales además de buscar la compra y venta de agua también tenía como objetivo la creación de diferentes distritos de riego. “Estos bajo la ley fueron puestos en manos de los usuarios y se crearon entidades enormes, con concesiones enormes lo que generó una élite en el campo que a lo largo de estos años ha ido desplazando ejidos, comunidades, adquiriendo más y más derechos dentro de los distritos del riego”.

Para Miguel Montoya, “el actual régimen de concesiones, bajo la Ley de Aguas  Nacionales, es muy permisivo y permite el acaparamiento de agua. Eso bajo las reglas de juego de la propia legislación implica una privatización”.

Asimismo, el investigador asegura que la ley es tan flexible que hay pocos, casi nulos, antecedentes de revocación de concesiones. Ni siquiera en el caso de contaminación del Río Sonora, por parte del Grupo México, se echó para atrás el permiso, observa.

Montoya explica que de acuerdo con el artículo 29 bis, y 3 y 4 de la Ley, podía haberse revocado la concesión, pero no fue así. Este caso es el reflejo de la permisividad del país a los grupos privados para permitir adueñarse del agua.

Aunado a lo anterior, la ruta de acaparamiento del líquido se profundizó con el decreto del expresidente Enrique Peña Nieto, donde se establecieron reservas en 245 cuencas y se levantaron 108 vedas. Con éste se otorgaron 362 nuevas concesiones, principalmente para uso agrícola.

Y aunque ahora se vive supuestamente una “cuarta transformación”, los entrevistados coinciden en que, hasta hoy, la situación no parece ser diferente. Y es que con la entrada en vigor de “Conagua Digital” –la plataforma que otorga concesiones en línea–, las organizaciones y los investigadores temen que se beneficie de nuevo a los privados por encima de las comunidades.

Sin embargo, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea que si en épocas anteriores se vulneraron los derechos de comunidades indígenas, en esta administración no se hará. Al ser cuestionado –durante el Congreso Latinoamericano de Cuencas realizado en Ciudad de México–, el funcionario asegura que para ello existe una serie de reglas para las concesiones.

“Conagua Digital”, el peligro

En agosto de 2019, la Comisión Nacional del Agua inauguró la plataforma “Conagua Digital”, con la cual  busca agilizar el proceso de solicitud de concesiones y que más personas tengan acceso a las mismas. Para la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, es una forma de poner en “venta” las aguas de la nación hasta agotar su existencia, lo que pone en riesgo los derechos de ejidos, comunidades y pueblos indígenas e incluso podría otorgar concesiones  en los lugares con riesgo de llegar al Día Cero.

No obstante, el consultor legislativo Miguel Montoya considera que el nuevo sistema de concesiones no privatiza el agua en el sentido estricto de la palabra, debido a que la nación nunca pierde la jurisdicción sobre el recurso. Pero enfatiza que no se puede negar los intereses de ciertos grupos políticos y económicos que desde 2012 han frenado una reforma de la Ley de Aguas Nacionales que favorezca el acceso equitativo al agua y el derecho humano al mismo.

Tanto para Miguel Montoya como para Elena Burns, antes de abrir un nuevo proceso de concesiones debió haberse reformado la Ley, una promesa por cumplir desde la reforma constitucional de 2011, debido a que esta ley es la que debe sentar las bases para lograr un acceso equitativo y de uso sustentable del agua.

Los entrevistados coinciden en que la reforma en la materia debe prohibir las “transmisiones de agua”, es decir la compra y venta de las concesiones. Y es que, observan, la ley actual permite que quien posee una concesión venda parte de la misma a un tercero si así lo desea. Elena Burns, asegura que estas transmisiones son permitidas incluso para usos diferentes a los cuales fue adquirida la concesión: “esto lo hacen gratuitamente, pagando sólo el derecho del trámite”.

Por su parte, el consultor en gestión integral del agua Miguel Montoya alerta sobre otro riesgo en cuanto a las transmisiones de agua: además de que este nuevo sistema permite renovar con mayor facilidad las concesiones, las condiciones sociales están hechas para que ese pequeño productor termine abandonado su aprovechamiento de agua y migre en algún momento a Estados Unidos, por cuestiones de pobreza o violencia.

“Siempre hay una serie de coyotes muy conectados con la autoridad de agua que toman esa concesión. Luego llega la minera, la empresa petrolera, la industria o el gran agricultor y le transmite ese volumen, porque la ley lo permite entre un acuerdo entre particulares”, detalla.

Para el consultor Miguel Montoya, estas transmisiones de agua es de lo más “lascivo” de la ley porque sólo basta un contrato entre particulares que posteriormente se registra en la Conagua para esa compra y venta de concesiones. “Esto puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos y se lleva incluso un porcentaje el propio funcionario de la Conagua que está conectado con el coyote”.

Al respecto, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea que estas transmisiones “se pueden dar siempre y cuando sea [para] el mismo uso, en la misma zona y no modifique las condiciones de ese título”.

Agrega que los distintos decretos pusieron reglas para ciertas transmisiones; “por ejemplo, el agua que se otorgue para consumo humano no se va a poder transmitir, ésa ya es una restricción. Pero si yo tengo mi agua para uso industrial y llega otro industrial a pedirla, la regla dice que sí la puede transmitir”.

Observa como urgente que la próxima ley prohíba de manera clara y contundente las transferencias de derechos de agua: “solamente permitirlo a tu familiar inmediato por un caso testimonial”. Ello porque el sistema de transferencias ha favorecido tanto el acaparamiento como el despojo de las personas.

Miguel Montoya asegura que para entender el nivel de acaparamiento de agua en el país es necesario conocer quién es Eugenio Barrios, el actual subdirector de Administración de la Conagua: “fue el padre de los decretos privatizadores, aunque con honestidad intelectual en el sentido estricto de la palabra no son privatizadores. Pero el sistema de la Ley de Aguas Nacionales hace que en esencia se vuelvan privatizadores”. Barrios asesoró la tan controversial Ley Korenfeld (llamada así por el exdirector de la Conagua, David Korenfel), conocida como la puerta a la privatización. Por ello, dice, “la Conagua sigue siendo la misma institución neoliberal”.

El especialista en derecho humano al agua alerta sobre el mal uso del concepto “afirmativa ficta” por parte de los privados que solicitan una concesión y de las mismas autoridades: este concepto significa que si la autoridad no atiende en un plazo máximo de 60 días la petición de solicitud de concesión, el solicitante tiene derecho automáticamente a ella. A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales no permite esta situación, en la práctica es diferente. “Ellos [los grupos económicos] siempre van a ir por concesiones sempiternas que se renuevan de manera automática”.

Panorama general del agua concesionada en México

México se ubica como el séptimo país del mundo con mayor extracción de agua, al extraer anualmente un estimado de 87 mil millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Estadística del agua 2017, elaborada por la Comisión Nacional del Agua.

El documento detalla que el sector agrícola obtiene el 76 por ciento de ese volumen, seguido por el abastecimiento público, con el 14.9 por ciento; y las industrias que controlan el 9.6 por ciento.

El mismo informe de la Conagua asegura que para 2017 se tenían concesionado el 61 por ciento del agua superficial del país (ríos, arroyos, lagos) para uso consultivo, es decir para la extracción del agua para llevar a cabo una actividad.

Asimismo detalla que, de las concesiones del país, el 39 por ciento se encuentra en agua subterránea. Para el consultor Miguel Montoya, esto es un problema porque la Ley de Aguas Nacionales regula únicamente la aguas nacionales y estas no entran no entran en dicha clasificación.

A pesar de que la federación las puede regular, no les da un carácter de propiedad de la nación, por ello, explica, el debate en torno a las aguas subterráneas es que muchas personas creen que le pertenece al privado, al dueño del predio donde se encuentran estos yacimientos de agua.

Para el especialista, esto se resolvería con una buena ley general de aguas, que le otorgaría a determinadas autoridades jurisdicción sobre las reservas. “La LAN no genera las condiciones para el derecho humano al agua ni para el saneamiento”, afirma Miguel Montoya. Así, México oscila entre la escasez, la contaminación y la falta de políticas que garanticen el derecho humano al preciado líquido.

Algunas empresas con mayor número de concesiones en México

EmpresaNúmero de concesiones
Petróleos Mexicanos989
Industrias Bachoco375
Compañía Maya de Agua Purificada69
Comisión Federal de Electricidad69
Cementos de México50
Grupo Nestlé43
Envasadoras de Aguas de México30
Embotelladora Aga24
Grupo Bimbo29
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma22
Cervecería Modelo11
SectorConcesiones otorgadas
Agrícola233,126
Público Urbano129,583
Diferentes Usos50,720
Pecuaria47,429
Servicios24,977
Doméstico16595
Industrial8573
Acuacultura1575
Otros289
Generación de Energía Eléctrica159

Lauren Franco