Colima: El RAN se niega a recibir acta de la Comunidad Indígena de Canoas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha antiminera en Colima- A 17 de noviembre de 2020

El viernes pasado el Comisariado Ejidal de Canoas. Municipio de Manzanillo, Colima se dirigieron al Registro Agrario Nacional (RAN) para solicitar el registro de su Acta de Asamblea del mes de agosto del presente año, en la que la Asamblea Ejidal como máxima autoridad, por unanimidad rechazó rotundamente el proyecto minero Rufus5 de la empresa minera canadiense Hematie S.A. de C.V., así como cualquier otro proyecto minero en su comunidad. Con anterioridad la Lic María Concepción Núñez Escobedo había citado al Comisariado para atenderlas/os. Sin embargo, unos minutos antes de la cita les llamó para cancelarla.

El comisariado se dirigió a las oficinas para ingresar la solicitud en la ventanilla y se encontraron con un letrero 8Que también se puede ver en la página del RAN ) que dice “Atento aviso: Se suspenden trámites y servicios en oficinas centrales del Registro Agrario y sus 32 representaciones en el país, así como en el Archivo General Agrario, del 06 de abril y hasta nuevo aviso”.

Después de insistir fueron atendidas/os por el Sr. Carlos Anguiano quien recibió documentos de otro asunto que llevaban, pero se negó a recibir el acto con la justificación de que, por la pandemia, desde oficinas centrales se suspendieron todos los servicios desde el mes de abril. Cabe señalar que en el año 2014 esta misma Comunidad también en Asamblea Agraria declaró su Territorio como “Libre de Mineria” y en esa ocasión, sin pandemia, el RAN también se negó a registrar el acta. Esto evidencia la mala fe del RAN y su complicidad con las empresas mineras.

Por otro lado vemos que esta justificación de la pandemia no se ha aplicado a otras instituciones donde las empresas tiene que llevar a cabo trámites para sus proyectos, como es el caso de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturalres (SEMARNAT) que tan solo desde que el RAN cerró sus puertas, -de lo que la REMA lleva contabilizado-, tenemos registrados 881 proyectos recibidos para su evaluación y 479 resolutivos que en su gran mayoría han sido proyectos autorizados

En contraparte, desde marzo que la SEMARNAT, como las otras instituciones del gobierno, han ampliado los plazos legales de respuesta a solicitudes de información vía transparencia con el pretexto de la pandemia. Por ejemplo, una solicitud de transparencia emitida por la REMA a la SEMARNAT el 27 de marzo del 2020 solo fue recibida oficialmente hasta el 18 de septiembre y la respuesta a la solicitud fue entregada el 16 de octubre, es decir 7 meses después de la solicitud, cuando normalmente el plazo legal es de 40 días.

Esto denota la gran desigualdad que existe entre en apoyo (contubernio) que el gobierno federal otorga a las empresas que destruyen y despojan el territorio y la atención a las comunidades que lo defienden. En estos tiempos de pandemia las autoridades mexicanas han operado bajo favoritismo, de un lado permitiendo las actividades declaradas erróneamente esenciales para el país, como la minería, de poder seguir avanzado con toda normalidad en sus trámites para sus procesos de despojo y del otro lado, impidiendo a los pueblos y a la ciudadanía en general ejercer sus derechos de autodeterminación, de tener certeza sobre la tenencia de su tierra o de acceder a información pública.

Así mismo nos muestra el gran desprecio, discriminación, indiferencia y humillación con la que el gobierno trata a las Comunidades Indígenas. No sólo por no llevar a cabo un trámite sino el hecho de obstaculizar el registro de un proceso que es un derecho otorgado por la propia Constitución y Acuerdos Internacionales, que es la “Libre Determinación de los Pueblos”, derecho ya ejercido por la Comunidad Indígena de Canoas.

¡RESPETO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

¡ALTO A LA DEVASTACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVO!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen: Minería Canoas – Rotativa Libre

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Equinox Gold vuelve a traicionar acuerdos en Carrizalillo, Guerrero.

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por Minería REMA – A 14 de noviembre de 2020

La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un juego perverso y déspota, vuelve a impedir acuerdos con las y los ejidatarios de Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri en el Estado de Guerrero, que mantienen cerradas las operaciones de la mina “Los Filos” desde hace 71 días por incumplimiento del convenio.

La Comunidad de Carrizalillo que ha vivido un infierno por años a causa de la destrucción de su territorio, las enfermedades por el uso de agua contaminada, el incremento exponencial de la violencia, así como la pérdida de su calidad de vida por la actividad minera; ha hecho enormes esfuerzos por llegar a un acuerdo que termine con este paro de actividades.  Sin embargo, la empresa de manera prepotente intenta culpar a la comunidad de querer sacar “mayores beneficios”, cuando es la propia empresa, la que sin ninguna consideración ha violentado los derechos mínimos fundamentales de la comunidad como es el derecho al agua aceptable, saludable y asequible; pues los manantiales de donde se abastecía la comunidad, algunos se han perdido y otros rebasan por mucho los límites permisibles del arsénico producto de la actividad minera.

En el colmo del cinismo, el Jefe Ejecutivo de la empresa Equinox Gold, Christian Milau, ha asegurado que “el agua en Carrizalillo es segura para beber”. Esto nos muestra claramente la falta total de respeto que tiene esta empresa canadiense y sus inversionistas por la vida de las personas a quienes la comunidad ha mantenido al tanto de la situación. Así mismo dan cuenta de que lo único que les importa son las ganancias que obtienen del saqueo y despojo a las comunidades.

Tanto la Vicepresidente de Asuntos Externos y Responsabilidad Social, Sra. Georgina Blanco, como el Vicepresidente de Operaciones para México, Sr Peter Burger, han demostrado su total incapacidad para llevar a buen puerto estas negociaciones. Su actitud abusiva y discriminatoria no ha permitido que avancen los acuerdos y cuando parece que ya avanzan, dan marcha atrás, burlándose del proceso.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería exigimos a la empresa canadiense Equinox Gold y a sus inversionistas que retiren a la Sra. Blanco, al Sr. Milau y al Sr. Burger de las negociaciones y que pongan a personas serias y respetuosas que en verdad ayuden a destrabar este conflicto.

A la Comunidad de Carrizalillo les decimos que estamos al pendiente y que cuenten con toda nuestra solidaridad. Las y los felicitamos por la dignidad y presistencia con la que están enfrentando esta lucha tan desigual.

¡ALTO AL ABUSO DE LAS MINERAS!

¡FUERA MINERAS DEL PAÍS!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Carrizalillo LEAGOLD LosFilos EJAtlas

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Ejidatarios exigen a AMLO frenar proyecto de mina canadiense en Colima. Infectará el agua, acusan

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha por la vida en Canoas Colima – A 8 de noviembre de 2020

A unos 50 kilómetros del Puerto de Manzanillo, la minera canadiense Hematite planea operar el proyecto “Rufus 5” para cambiar el uso de suelo y extraer fierro, el metal con más presencia en la entidad al suroeste del país. La Semarnat propuso consultas. Sin embargo, la comunidad de Canoas, un pueblo cafetalero, ya se autoconsultó en su Asamblea Agraria y la respuesta por unanimidad fue una rotunda negativa.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Ejidatarios y habitantes de ocho comunidades aledañas al municipio de Manzanillo, Colima, que gozan del agua limpia del río El Cacao, marcharon hacia la capital estatal y se manifestaron afuera de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) para notificar que no era necesaria una consulta, ya que en Asamblea Ejidal con acta notariada ante el Registro Agrario ya habían decidido en colectivo rechazar un proyecto minero canadiense, como previamente lo hicieron en 2014 con otro intento extractivista.

“Los de Semarnat Colima insistían en que según el protocolo se tenían que hacer varias consultas aquí en Canoas. Pero para qué, si ya fuimos a decirles que no queremos la minería y traemos las firmas [de la Asamblea Ejidal del 30 de agosto]”, dijo Salud Valencia Ramos, Secretaria del Comisariado ejidal. Para reiterarlo enviaron una misiva a la Semarnat federal, cuya respuesta siguen esperando. “La naturaleza es muy exuberante. La mayoría tenemos nuestros cafetales. Al aprobarse el proyecto todo eso se vendría abajo”.

Entre canto de gallos, el Comisario ejidal, Raymundo Campos Muñoz, agregó que de hacerse ese proyecto, justo donde nace el afluente que surte al río, “va a contaminarlo y va a cambiar nuestra forma de vida” como les sucedió a sus vecinos en Minatitlán.

No es la primera vez que inversión privada se interesa en una entidad rica en hierro. En 2014 otro proyecto minero intentó instalarse en la comunidad de Canoas, pero, como ahora, se organizaron, hicieron un Acta notariada para manifestar su rechazo, pidieron estudios de impactos ambiental y los echaron. Seis años después, la empresa canadiense Hematite llegó a solicitar el cambio de uso de suelo, les informó el municipio de Manzanillo y les mandó al Delegado municipal de Medio Ambiente para que les informara detalles del proyecto y su impacto.

“Somos varias comunidades –Canoas, zona alta cafetalera pegada a la montaña, y hacia abajo Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo– las que seríamos afectadas en medio ambiente, salud y todas vivimos de la agricultura y ganadería. Imagínese que venga alguien a contaminarnos el agua, que viene siendo la vida de la región”, aseguró Campos.

Río en los Altos de Canoas, zona cafetalera. Foto: Captura de video.

Los vecinos de Minatitlán, a unos 30 kilómetros en el límite con Jalisco, ya tienen su agua contaminada. Ahí el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, con capital italiano, indio y argentino, extrae fierro. Solo ese municipio representa el 1.80 por ciento del total del valor de la producción minera nacional, reporta la Secretaría de Economía. “Está lleno de explotación minera donde quiera, y vienen a Canoas a tomar del recurso. Estamos previendo que se va a convertir en un conflicto social por el agua”, afirmó el Comisario ejidal.

Colima, si bien solo tiene un 1 por ciento de la superficie concesionada del país, es la entidad con mayor porcentaje de su superficie destinado a la minería: un 39.1 por ciento (más de 226 mil hectáreas de sus 580 mil hectáreas), documentó Manuel Llano de la organización CartoCrítica, con datos de febrero de 2020 de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. En Villa Álvarez, la empresa Peña Colorada también registró un proyecto para extraer fierro en los ayanamientos de Arrayane y Llanitos.

“A febrero de 2020 hay 10 por ciento del territorio nacional concesionado, más bajo que en otros años. Sin embargo, parte del discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se han otorgado concesiones, sí, pero los proyectos mineros siguen vigentes e incluso hay más. La concesión es el paso inicial, pero algunas concesiones no tienen aún proyectos y otras se prestan a la especulación”, explicó Llano.

La Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, dijo durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que no se ha dado ningún permiso para fase de exploración ni explotación de minería a cielo abierto o a tajo abierto, como este caso. “En lugares que tienen esa concesión no en 2020 ni 2019, sino desde hace tiempo, son concesiones que ya se entregaron. y hay que revisarlo”, dijo.

La solicitud de cambio de uso de suelo se metió en julio de 2020. El municipio de Manzanillo planea no otorgar el permiso. Imagen: Gaceta ecológica 24-2020 de Semarnat.

Los alrededor de 400 habitantes de Canoas, que se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, también temen que sus cultivos, la flora y fauna sean dañados por la actividad minera. Hematite busca extraer más de 2 millones de metros cúbicos de fierro, con la apertura de un tajo dividido en cuatro secciones con un aprovechamiento gradual de 16 años, de acuerdo con la gaceta ecológica 24 de la Semarnat de julio. Para la operación y extracción en terrenos forestales de casi 30 hectáreas se requiere cambio de uso de suelo. En el predio El Agostadero la minera ofreció la restauración del sitio y se integrará una plantación de café terminando el proceso de extracción.

La Semarnat local les advirtió que mientras su concesión no sea revocada, seguirán insistiendo para echar a andar el proyecto “Rufus 5”. Y cada vez la comunidad lo rechazará, dijo Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal.

“SU CONSULTA FAVORECE A LA EMPRESA”

Los ejidatarios y avecindados de Canoas se enteraron de las intenciones del proyecto minero porque representantes de la empresa Hematite se acercaron con los directivos ejidales. Trataron de sobornar a cada ejidatario, contó Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal. No aceptaron. Luego les ofrecieron beneficios como una planta purificadora de agua y pavimentación. Pero los ejidatarios les explicaron que en la comunidad las decisiones se toman en colectivo a través de una Asamblea Ejidal. Y así fue.

“Canoas es libre de minería. Es nuestro lema desde 2014. Cómo vienen otra vez con lo mismo a incomodar. Para qué queremos una planta purificadora si acá tenemos agua limpia del río. No necesitamos sus obras, porque sabemos que es el precio para que se metan”, dijo Valencia. En la Asamblea de agosto, sin ser invitado, un representante de la minera acudió, pero se le pidió que se fuera para debatir después, si así lo deseaba el pueblo. “Lo sacamos, era para ejidatarios y no tenía nada qué hacer ahí”, evocó la ejidataria. Formalmente, nunca han dialogado empresa y Asamblea Ejidal.

El 8 de octubre fue cuando los ejidatarios y comuneros se manifestaron contra el proyecto “Rufus 5” afuera de las oficinas de la Delegación Colima de la Semarnat. Se les informó que junto con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se planea realizar una consulta. El INPI, que hace años los reconoció como población indígena, no se ha acercado a ellos. El 20 de octubre enviaron una carta a la Secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, donde le hicieron saber que no necesitan otra consulta.

“Rechazamos rotundamente que se haga una consulta, porque no tenemos la confianza con las instituciones que la harían. La población ya se autoconsultó. Tenemos un Acta protocolizada desde 2014 cuando hubo otro proyecto y ahora el 30 de agosto de este año hicimos otra Asamblea donde volvimos a ratificar que Canoas es territorio libre de minería”, aseveró el Comisario ejidal Raymundo Campos. Entregaron las actas de la asamblea de hace dos meses y la de 2014 a la delegación en Colima de Semarnat. “Estamos exigiendo nuestro derecho como pueblo indígena a que se nos respete nuestra decisión. Si nosotros no queremos, por qué se nos va a hacer una consulta favoreciendo a la empresa”, cuestionó Campos.

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La Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) publicó la carta a la Secretaria Albores. “Nos parece lamentable –dice– que las instituciones de Gobierno se estén coordinando para validar proyectos de muerte y pretendan que, por medio de las ya maltrechas y violentadas consultas que este Gobierno impone, sea la vía que posibilite la entrada de este tipo de proyectos”, escribieron. Y, advirtieron en la misiva, no están dispuestos a permitir el ingreso a su comunidad a ninguna autoridad que pretenda “violentar” el ejercicio de su derecho y libre determinación. Aunque tiene el sello de recibido, en más de una semana después no han recibido respuesta.

También le han escrito al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión ha dicho que en su Gobierno ya no se dan concesiones mineras, porque desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a través de la Ley Minera de 1992 se han otorgado más de 20 millones de hectáreas a nivel nacional.

“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho: que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo el proyecto minero ‘Rufus 5’ y cualquier otro proyecto minero en el ejido”, le pidieron las autoridades ejidales. Pero dejar de dar concesiones no implica que dejen de brotar proyectos en las ya otorgadas.

Imagen: Sin Embargo

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Carta de Grupos y Colectivos instan al fondo de pensiones de Columbia Británica, Canadá, para que presione a la empresa Equinox Gold en torno a su mina en Guerrero, México

Compartimos carta publicada en MiningWacht Canadá sobre la resistencia antiminera en Carrizalillo – A 6 de noviembre de 2020

Exigen que la empresa trate con respeto al ejido de Carrizalillo e incorpore una nueva relación basada en un convenio de prestaciones sociales que resuelva los problemas de fondo de la comunidad.

Hoy, 50 organizaciones canadienses, mexicanas e internacionales, entre ellas el Sindicato de Empleados Generales de Columbia Británica y la Unión de Jefes Indígenas de Columbia Británica, escribieron a la Corporación de Manejo de Inversiones de Columbia Británica (BCI por sus siglas en inglés) sobre su inversión en la empresa minera Equinox Gold con sede en Vancouver. 

Las organizaciones instan al fondo de pensión entrar en un proceso de diálogo respetuoso y de solución de parte de Equinox sobre sus incumplimientos al convenio de cooperación social con el Ejido de Carrizalillo en Guerrero, México, en cuyas tierras se ubica su mina principal. Las violaciones del acuerdo llevaron a la comunidad a ejercer sus derechos establecidos en ese mismo acuerdo y cerrar las operaciones de la mina, ya por 64 días. Algunos de los asuntos relacionados con el fondo del conflicto, se originaron a partir de la irregularidad e incumplimiento de aspectos fundamentales para el bienestar de la población tales como;  la provisión de agua potable, medicamentos, becas educativas, empleo y contratos de equipos y maquinaria. Cabe destacar que durante todo este proceso, Equinox a respondido con un trato discriminatorio y racista cada que la comunidad a intentado establecer procesos de diálogo que resolvieran los incumplimientos. Señalamos que desde que la mina Los Filos entró en operación en 2008, varias fuentes de agua de Carrizalillo han desaparecido y otras más se encuentran contaminadas con arsénico y otros metales pesados.

La carta destaca una preocupación profunda sobre la seguridad, la salud y el bienestar económico de la comunidad, afirmando: “No entendemos por qué la empresa, en lugar de responder de manera pronta y con buena fe, ha decidido adoptar una postura dilatoria, discriminatoria y abusiva, incluso criminalizando las acciones de la comunidad.” El 4 de septiembre, la empresa emitió una declaración pública en la que calificaba el campamento comunitario como un “bloqueo ilegal de carreteras”, poniendo a la población en grave riesgo de la persecución legal y la violencia, algo demasiado común en las zonas mineras de México.

El campamento de la comunidad a sobrepasado en tiempo al último cierre realizado en Los Filos en abril del 2014, el cual duró 33 días después de que la empresa Goldcorp, anterior dueño de la mina, no logró renegociar un convenio sobre el uso de las tierras con la comunidad. Equinox requiere el uso y acceso de las tierras comunales del Ejido de Carrizalillo para poder operar la mina Los Filos.

Las organizaciones firmantes de la carta, algunas de ellas contribuyentes del fondo de pensión, hacen eco a las principales demandas del Ejido de Carrizalillo: 

  • Participar en negociaciones respetuosas y serias sobre un nuevo acuerdo de cooperación social que podría aliviar los daños al agua, la salud, el empleo y la seguridad del ejido.
  • Abstenerse de cualquier acto de criminalización, discriminación, racismo y abuso de su influencia económica y política. 

Se puede encontrar la carta que fue enviada esta mañana con la lista completa de las organizaciones firmantes aquí

Imagen: Community members look on Los Filos open pit mine in Guerrero, Mexico; Photo: Christian Leyva

Más información:

Equinox Gold Violenta a campesinos en Guerrero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia minera en Carrizalillo y los constantes ataques y hostigamientos a las y los campesinos – A 03 de noviembre de 2020

“Los dueños los ignoran, el gobierno de Canadá solapa y el de México calla”

La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un alarde de soberbia, ilegalidad e impunidad, ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Además de los incumplimientos, la empresa ha desatado una campaña que refuerza su ilegalidad, la cual incluye criminalizar a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto de despojo cuando los ejidatarios, haciendo uso de sus derechos escritos en el convenio, cerraron los accesos a la mina al mismo tiempo que la empresa minimiza la participación de los dueños de las tierras, hace señalamientos a personas específicas, obstaculiza el diálogo, así como la negociación, cerrándose a un diálogo en el que se presente sin prepotencia; así mismo mantiene una actitud negligente en donde es evidente el racismo, la discriminación, la intransigencia, la intolerancia y soberbia, propias de una política neocolonial. Todo eso incrementa el riesgo para la población porque es conocido el entorno de violencia en el cual se vive en el Estado.

Hoy se cumplen 60 días en que los ejidatarios de Carrizalillo cerraron el negocio de la empresa que se dedica a la extracción de oro y otros metales a cambio de la destrucción de más de mil hectáreas de territorio del ejido y de otras comunidades vecinas, pero todo indica que el ejido continuará cerrando las operaciones hasta que la empresa canadiense cumpla con un nuevo convenio que garantice nunca más caer en incumplimientos con el ejido en temas tan sensibles, como agua limpia, medicamentos, empleo, equipo y maquinaria, entre otros. Destacamos que, desde el 2007 la empresa minera canadiense Goldcorp asentada en esos tiempos en las tierras del ejido, también incumplió el contrato a tal grado que el cierre de las operaciones duró 83 días.

Equinox Gold se rehúsa a cumplir con un diálogo respetuoso, considerando e incorporando en la discusión las vivencias y problemas que sufre la población, además nos parece que opera en total ilegalidad frente a sus inversionistas a quienes no informa y les tergiversa la realidad del conflicto, incluyendo la omisión por parte del gobierno de Canadá, a través de  la Embajada, quien no actúa con el fin de hacer que sus empresas cumplan con las leyes en un país extranjero y respeten los derechos humanos de la población con sus inversiones. Por otra parte, el gobierno mexicano tampoco presiona a la empresa para proteger a la sociedad mexicana contra el despojo, la violación a los derechos humanos y la ilegalidad que las empresas cometen en los territorios nacionales.

Detener las actividades de la mina sólo es posible gracias a la decisión de toda la comunidad que se apoya en el órgano de máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal y la Asamblea General, quienes han tomado las decisiones sobre su territorio.

Desde hace muchos años la lucha del Ejido de Carrizalillo ha sido una escuela para muchos pueblos en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, por lo cual estamos agradecidos por los aprendizajes ahí generados y compartidos sobre la realidad que implican los daños ocasionados por la extracción de minerales en México, por lo tanto, nuevamente en estos momentos críticos para la población de Carrizalillo, nos vuelven a mostrar de forma contundente, la codicia de las empresas mineras en donde priorizan sus intereses económicos, pero nunca meten en su fórmula los costos sociales y económicos por la destrucción de las tierras, fuentes de agua y la salud comunitaria, ratificando que, para las empresas, la vida de la gente no importa, ni tienen el más mínimo respeto para sus procesos de toma de decisiones y organización colectiva.

La comunidad de Carrizalillo ha dicho estar mejor en su campamento que en su propio pueblo por estarse reencontrando y festejando desde su autodeterminación, su solidaridad y el cuidado mutuo. La REMA le envía saludos y abrazos fuertes de solidaridad en su lucha digna ante un modelo que roba, quita y destruye todo lo que encuentra en su camino.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Diario Bajo Palabra

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Colima: Comunidad Indígena de Canoas rechaza consulta de SEMARNAT, SEGOB, INPI y PA para proyecto minero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de octubre de 2020

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) felicita con enorme alegría a la Comunidad Indígena de Canoas en la municipalidad de Manzanillo, Colima por su fortaleza y firme decisión para rechazar de forma rotunda la consulta que pretende legitimar el despojo que ocasionaría el proyecto minero Rufus 5 de la empresa minera canadiense Hematite S.A de C.V, la cual se está fraguando desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria (PA).

La comunidad indígena de Canoas lleva varios años luchando por evitar que la minería destruya su territorio. Sin embargo, apenas este 8 de octubre del año en curso fue informada de ese plan, y después de haber hecho una marcha y un mitín ante la SEMARNAT, para solicitar que no se apruebe el proyecto minero que desde hace meses está siendo evaluado en la Delegación de esa dependencia en Colima, diversas instituciones que forman parte del Consejo Estatal Forestal como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAP), así como instituciones estatales, como el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR), la Secretaría de Fomento Económico, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVECOL), la Universidad de Colima y la Secretaría de Desarrollo Rural; habían dado ya su voto a favor del proyecto minero sin que la Comunidad indígena de Canoas tuviera noticias.

El Gobierno del Estado de Colima está muy interesado en que este proyecto se lleve a cabo, por lo evidente de su apoyo y el impulso que los diferentes gobernantes de Colima han dado a los proyectos extractivos mineros desde hace décadas, permitiendo la destrucción del territorio, las violaciones a los derechos de los pueblos, la violencia, las desapariciones forzadas y los asesinatos cometidos a defensores del territorio por causa de esta actividad.

Por su parte, la SEMARNAT hace del conocimiento a la Comunidad Indigena que “están planeando una consulta en coordinación con la SEGOB, el INPI y PA”. En esas circunstancias nos preguntamos ¿cuál es el tan cacareado proyecto de cambio para los pueblos? cuando sólo intentan simular que les importa, simular que hacen acciones encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas con los “más altos estándares internacionales”; cuando la verdadera intención es, con esta acción, legitimar estos proyectos que de ninguna forma pueden esconder que son destrucción y muerte.

La Comunidad Indígena de Canoas en dos ocasiones se ha autoconsultado en legales y legítimas Asambleas Agrarias, declarando su “Territorio Libre de Minería”, ejerciendo su derecho a decidir la vida que quieren vivir en su Comunidad.

Desde la REMA abrazamos solidariamente la digna lucha que desde hace muchos años llevan a cabo en la Comunidad Indígena de Canoas, por defender el agua, los bosques, los animales y todo lo que sus ancestras y ancestros les heredaron y, que les queda claro, que es lo único que tienen para heredarle a sus retoños.

Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales el respeto a la libre determinación de la Comunidad Indígena de Canoas que ya decidió un NO A LA MINERÍA. Así mismo sabemos que la violencia impera en esa zona y algunas personas de Canoas ya han recibido amenazas, por lo que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno y a la empresa minera canadiense Hematite S.A de C.V por cualquier acto violento que atente contra la seguridad y la integridad física de las y los defensores.

¡Viva Canoas Territorio Libre de Minería!

¡No a la Consulta!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Proceso

Más información:

[Video] Guerrero: Pobladores de Carrizalillo mantienen plantón después de un mes afuera de minera canadiense

Compartimos este video de Sin Embargo Al Aire sobre la lucha antiminera en Carrizalillo – A 7 de octubre de 2020

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Los rostros (no tan) ocultos del mal llamado tren maya. Parte 6: Agravar un colapso ambiental que ya está ocurriendo

Compartimos este reportaje publicado por el Colectivo Grieta sobre el Tren Maya – A 4 de octubre

“En el proyecto del tren hay elementos que no se consideran. Los políticos se limitan a hablar del impacto de las vías, cuando sabemos que no solo se trata de las vías. Las vías van acompañadas de reubicación de personas, construcción de polos de desarrollo, con la implementación de más agroindustrias, porque uno de los objetivos de esta ruta es el comercio, con la posibilidad de que se traiga más industrias y afectando al ambiente”: Investigadora Científica de Yucatán

Aspecto de la selva de Calakmul desde la Estructura II. La selva que rodea esta zona está en peligro por el mal llamado “Tren Maya”. De esta selva depende la recarga del manto acuífero del que depende toda la Península de Yucatan, donde todas las corrientes de agua corren por el subsuelo. Foto: Colectivo Grieta

Colectivo Grieta
Ciudad de México, 04 de octubre de 2020
Frente al proyecto del mal llamado “tren maya” diversas voces de la comunidad científica han expresado los daños y peligros que traería consigo la realización del proyecto impulsado por el gobierno de la autodenominada 4T. Así, en junio de 2019 un grupo de investigadoras del Centro de Investigación Científica de Yucatán y de la Universidad Autónoma de Yucatán publicaron el artículo “El tren maya ¿Porqué están preocupados los biólogos?”. En paralelo, estas investigadoras, junto con un grupo más amplio de académicos han generado otros documentos donde se analiza la problemática ambiental y social que traería el proyecto de tren del gobierno federal. En días recientes, otros científicos alertaron sobre el riesgo geológico de la Península de Yucatán frente a los megaproyectos. Estas voces, describen una serie de graves problemas ambientales, ecológicos, geológicos y sociales que se ocasionarían, de acuerdo a la información que se conoce, con el proyecto del mal llamado “tren maya”. Para profundizar sobre esta temática, platicamos con la investigadora Casandra Reyes, así como con otras y otros académicos de la comunidad científica de Yucatán, quienes prefirieron reservar sus nombres debido a las presiones de que son objeto al interior de algunos de los centros públicos de investigación para controlar la información que dan a conocer y limitar la que pueda ser crítica respecto a los proyectos gubernamentales.

El proyecto del tren y el agravamiento del cambio climático
Se suele pensar que el clima determina la presencia de las selvas y bosques, pero se reconoce poco el papel de dichas selvas y bosques en la regulación del clima. Las investigadoras señalan que los árboles de las selvas también regulan la temperatura del ambiente porque captan la radiación del sol y liberan vapor de agua de sus hojas al transpirar, lo cual también disipa el calor del sol.

“La península de Yucatán ha sufrido una gran deforestación la cual data desde el siglo pasado, en los últimos 5 años esta deforestación se ha acelerado con los megaproyectos que incluyen las llamadas energías alternativas, la agroindustria y más recientemente el proyecto del tren. Es decir, desde antes del tren la península tiene un serio problema de pérdida de biodiversidad. Por eso cuando empezamos a escuchar del tren por la prensa, porque el famoso proyecto ejecutivo hasta hoy nadie lo ha visto. Y nos preocupamos más cuando vimos las declaraciones de ONU hábitat sobre los polos de desarrollo y los objetivos de esos polos de desarrollo, pues aunque ellos afirmen que serían “ciudades sustentables’, eso es muy difícil de implementar en la realidad”. Comenta una de las investigadoras.

El incremento en la tala, ya sea por la construcción misma del tren o bien por el incremento en los monocultivos agroindustriales podría tener consecuencias graves para la región, pues los estudios científicos han demostrado que la pérdida de árboles hace que el clima se vuelva mucho más caluroso.

“En cuanto al clima, la temperatura se está incrementando. Las temperaturas mínimas se están incrementando y los patrones de lluvias están cambiando. La deforestación que sí traería el tren maya agravaría este cambio climático. La ciudad de Mérida es hoy 1.5 ºC más caliente que hace diez años. En la parte de las zonas de selva, incluso con vegetación secundaria, nosotros hemos hecho mediciones y ahí se ve cómo la temperatura en las zonas arboladas puede ser hasta 10 ºC más baja cuando hay vegetación, comparándola con las zonas que han perdido la cobertura de árboles.”

Monos araña en la selva tropical de la reserva comunitaria de Punta Laguna, Yucatán. La cobertura de los árboles no solo da refugio a la fauna nativa, sino que ayuda a regular la temperatura del ambiente de la región. Foto: Colectivo Grieta

El gobierno federal ha planteado una especie de doble discurso en el que se presenta como una obra que solo implica unas vías férreas cuando se habla ante ambientalistas, mientras que cuando se habla ante los empresarios se insiste mucho en que se buscará crear los llamados “polos de desarrollo”.

“Obviamente de entre los polos de desarrollo el qué más nos puso en alerta y causó preocupación es el polo de desarrollo que se pretende establecer en Calakmul, en la zona de Calakmul que es el uno de los macizos forestales más importantes de México e incluso de América Latina. Calakmul no solo es importante para conservación de la biodiversidad, sino para el funcionamiento ambiental de toda la península, porque el abastecimiento de agua de la Península depende en gran medida del agua que cae en Calakmul. De la lluvia que cae en Calakmul el agua se distribuye a través del subsuelo hacia las costas del norte, del este y oeste de la península”. Señala otra académica.

En el megaproyecto del mal llamado tren maya se ha planteado desde el inicio que se espera llevar masivamente turistas hacia la zona de Calakmul. Las investigadoras han señalado que el incremento de demanda y consumo de agua que esto implicaría tendría consecuencias adversas no solo en las comunidades locales que dependen de esa agua para sus actividades agrícolas, sino también en el resto de la península. No hay que olvidar que la mitad de la Península de Yucatán se encuentra más al norte que la Ciudad de México, y la costa norte de la misma está tan al norte como la Ciudad de Aguascalientes, por lo que las lluvias son más estacionales y escasas (aún así desde los tiempos de Fox, los inquilinos de palacio nacional se refieren a la península como “el sur”). Durante la entrevista, una de las científicas recordó que el abastecimiento de agua ya es un problema para las ciudades del norte de la península, especialmente para Mérida:

“Cuando escuchamos del gobierno o leemos en la Manifestación de impacto ambiental que el objetivo es generar un turismo ‘tipo Cancún’, pues ya tenemos el antecedente de qué tipo de desarrollo se quiere realizar. En Calakmul se reciben alrededor de 44 mil personas al año, mientras que en Cancún se reciben millones de personas al año. En Calakmul el agua es escasa y la gente de un turismo al estilo de Cancún estaría buscando albercas, bares, etc. y obviamente la tala no solo se concentraría en el polo de desarrollo sino que podría extenderse mucho más. En el caso de Mérida, generar, como se pretende un nuevo polo de desarrollo solo agravaría la situación del agua, en especial en cuanto a la contaminación”.

En la parte norte de la península de Yucatán el problema más fuerte tiene que ver con la contaminación del agua del subsuelo. El terreno de esta parte de la península es el karst, en el que la roca caliza del suelo tiene “mucha porosidad, lo cual hace que todo lo que cae al subsuelo se filtra hasta el subsuelo, contaminando el agua. Muchas de las agroindustrias que se están estableciendo en la región no cuentan con las medidas necesarias y ya hay varios estudios que han documentado los riesgos que esto está significando para la contaminación de los acuíferos de los que dependen las ciudades. La capacidad de carga de esta región ya está llegando a su límite y el tren maya amenaza con llevarnos a rebasarlo”, explicó Casandra Reyes.

Mapa de riesgos del acuífero del Estado de Yucatán. Tomado de Revista internacional de contaminación ambiental.

Fragmentación y destrucción de la selva
El gobierno federal ha insistido mucho en que el mal llamado tren maya usará vías o derechos de vía ya existentes. Sin embargo, en sus artículos, las investigadoras señalan que en la realidad varios tramos de esas vías previamente existentes estaban prácticamente en desuso, con lo que la vegetación había vuelto a cubrir parte de esas vías. De esta manera, se había restablecido la conexión entre poblaciones de plantas y animales a lo largo de los años. Uno de los riesgos ahora es que el proyecto del tren contempla volver a poner en funcionamiento esos tramos, fragmentando la selva y convirtiéndose en una barrera para plantas y animales.

Además, en otros tramos, donde existe escaso tráfico ferroviario, el proyecto de tren que impulsa López Obrador es un tren de alta velocidad, mucho más agresivo que el tráfico actual: hoy en día por esas vías transitan trenes dos o tres veces al día, a 15 km por hora, mientras que el proyecto de tren plantea que éste viaje a 120 km por hora cuando transporte mercancías y a 160 km por hora cuando trasporte pasajeros. No hay que olvidar que de acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental se prevé que, inicialmente, el tráfico de trenes sea de un convoy cada 20 minutos . Y de manera aún más grave, los datos que el propio gobierno de la 4T ha presentado ante capitalistas del ramo ferrocarrilero en el congreso ExpoRail 2020  en Quintana Roo, indican que el sistema tendría capacidad para que transite un tren cada 5 minutos, con lo que el riesgo para la fauna de la región sería aún mayor.

Al respecto una académica señala: “Aunque el gobierno señale que es a través de los derechos de vía ya existentes, sabemos que la obra implica talar árboles a 10 metros de cada lado, que si bien al principio dijeron que no se talaría ni un árbol, eso es imposible de realizarse. Además por el trazo van a tener que reubicar un buen número de viviendas y esas viviendas obviamente tendrían que construirse talando partes de la selva.”

Pero además, una vez que se conoció la Manifestación de Impacto Ambiental del primer tramo del proyecto del mal llamado tren maya comenzó a hacerse evidente la verdadera dimensión del impacto del proyecto. Así Casandra Reyes, quien lleva años estudiando la ecología de las plantas de la Península señala que:

“Aunque en teoría utilicen las vías ya existentes, primero van a tener que actualizarlas, porque no pueden usar las vías de ahorita que son para un tren lento que pasaba dos o tres veces al día. Ahora están pensado en un tren mucho más rápido con algunos tramos donde habrían dos vías corriendo paralelas, con trenes que pasen continuamente. Aún con los supuestos pasos de fauna que planean, los cuales son insuficientes, es claro que habría un impacto muy fuerte degradando las comunidades naturales de plantas y animales de la zona.”

“Nosotras pensamos que una planeación responsable debería ser para todo el proyecto en su conjunto (y no por tramos como se ha presentado), porque están interconectados todos los ecosistemas y los mantos freáticos, entonces la afectación en un lado va a ser afectación en otro. Y también vemos que tendría que evaluarse no solo el proyecto del tren per se, sino la acumulación del efecto de todos los proyectos que han venido sucediendo, de granjas porcícolas, de aerogeneradores, de parques fotovoltaicos, etc.”

“Esta MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) solo habla de las vías y no de todo el aumento de población que va a venir con los polos de desarrollo. Nosotros siempre hemos dicho que lo que más nos preocupa son los polos de desarrollo. Porque ahí tienes mucha más gente, más infraestructura y eso es un impacto mucho mayor que el tren, aunque ya estamos viendo que el tren también va a tener un impacto negativo muy fuerte al fragmentar todos estos ambientes naturales”.

Por su parte, otra bióloga consultada señala:
“Se ha mencionado que en la península de Yucatán no hay selvas, no solo por el director de Fonatur, incluso por el propio presidente que ‘ya no hay selvas’, López Obrador dice que cuando su hijo le preguntó, él le contestó que Yucatán ya no hay selvas. Pero ahí están los estudios que ha hecho CONABIO sobre la biodiversidad de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y la cartografía del INEGI TF-6 donde se muestra que la superficie de vegetación arbolada que existe en la península es muy grande. Gracias a estas superficies es que tenemos captación de agua, gracias a esa vegetación secundaria (tipo acahual maduro) la gente del campo obtiene materias primas para artesanías, madera, frutas, etc, y se mantiene la biodiversidad de la región.”

Ave en el bosque tropical en las inmediaciones de Cobá, QRoo. El presidente López Obrador niega la existencia de esta selva, y sin embargo, las aves aún llegan a ella. Foto: Colectivo Grieta

“Estos megaproyectos que se pretende implementar sin cuidados ni conciencia ambiental pondrían en riesgo a un mayor número de especies, así como los servicios ambientales de los que dependemos todos.”

La investigadora recordó que la cueva de los murciélagos, que se ubica en Calakmul, es uno de los dos lugares en el mundo (el otro está en Malasia) donde se tiene un “volcán de murciélagos” del cual por las tardes los murciélagos salen en masa a cazar insectos, a comer néctar, a polinizar plantas, etc. Esta cueva ya sufrió algunos derrumbes por las obras de ampliación de la carretera Chetumal-Escárcega y ahora el riesgo es que ese tramo del tren maya (asignado a la SEDENA) termine de afectar la viabilidad de esa población de murciélagos, la cual no solo es un elemento de biodiversidad relevante en sí mismo, sino que brinda indirectamente beneficios a las poblaciones locales al controlar poblaciones de insectos y al polinizar plantas a muchos kilómetros a la redonda.


“Una de las zonas que nos preocupa mucho es Calakmul, por la fragilidad del área donde pasaría el tren, que es donde se encuentra una de las cuevas de murciélagos más importantes del continente americano. Esta cueva ya sufrió derrumbes cuando se amplió la carretera Chetumal-Escárcega y obviamente la construcción de otra vía impactaría en ella.
Estos murciélagos, de los cuales se estiman una población de más de tres millones de murciélagos en este sitio. Esos murciélagos regulan la población de insectos en toda esta región. Hay alrededor de 7 especies de murciélagos en esa cueva. Los murciélagos son especies claves en estos ecosistemas por la cantidad de insectos que comen cada noche, sin ellos, podrían presentarse incluso incrementos en la incidencia de plagas a escala regional.”

Foto: Christopher González. Tomada de www..mexiconewsnetwork.com

Pero no son solo murciélagos, ornitólogos consultados nos cuentan que por la Península de Yucatán pasan casi la mitad de todas las aves migratorias de América en sus recorridos anuales, especialmente en la zona norte de la península, la misma que se vería afectada por los así llamados “polos de desarrollo” de Izamal y Valladolid, entre otros.

Esta realidad no se refleja en la Manifestación de Impacto Ambiental pues en ella, quienes la elaboraron plantean que el megaproyecto del tren solo afectaría áreas muy pequeñas, sin justificar o sustentar tal afirmación en evidencia científica: “al final literalmente dicen que seleccionaron las áreas más pequeñas que les dio el modelo, sin ninguna explicación de por qué lo hicieron; no hay un análisis en realidad de flujos de agua de los ecosistemas, de la capacidad de carga”, señala la Dra. Casandra Reyes. En resumen, es una MIA hecha a modo.

Ave en el bosque tropical en las inmediaciones de Cobá, QRoo; el tren impulsadopor el gobierno dela 4T pondría en riesgo su hábitat. Foto: Colectivo Grieta.

Coatíes atraviesan un camino en medio de la selva de Campeche. Para éstos y otros mamíferos una vía férrea con un tráfico de de trenes a 120 km por hora cada 20 minutos sería una barrera que pondría en riesgo a las poblaciones de la zona. Foto: Colectivo Grieta.

El tren contra los agroecosistemas mayas
La destrucción de la naturaleza por el capital es, al mismo tiempo, una afectación a la vida de las comunidades que dependen de ella. De la naturaleza dependen los campesinos para producir los alimentos que todos consumimos y, como se señala en uno de los documentos que han publicado sobre el impacto del tren en el norte de la península de Yucatán la milpa maya “no es solo un espacio agrícola, sino que es una forma de relación con la naturaleza que tiene muy claro que en sitios tropicales y estacionales se requiere biodiversidad para su supervivencia”.

Al respecto, una ecóloga de la zona nos comenta:
“En el caso de Calakmul, donde se tiene una de las selvas mejor conservadas, los comisariados ejidales están preocupados porque a raíz de las delimitaciones de la reserva ellos tienen limitado lo que pueden hacer en las zonas de amortiguamiento, lo cual los llevó a depender mucho de la producción de miel. El cambio climático ya ha afectado los periodos de floración y ello a su vez ha afectado a la producción de miel. En particular el comisario ejidal de Conhuas ha expresado su preocupación de que si entra el tren, la llegada de gente puede afectar la producción de miel al alejar a las abejas o alterar aún más su actividad. La pretensión de que el tren entre 20 kilómetros dentro de la reserva de Calakmul hasta la caseta de la CONANP aumenta la preocupación de los campesinos de la zona.”

“Esta situación se repite en diferentes zonas, donde el cambio ambiental global ha alterado los patrones de lluvia y donde seguir deforestando en zonas como Izamal o Valladolid para los llamados polos de desarrollo, aumentaría la problemática ya existente. En casi toda la Península de Yucatán la producción de miel es una de las principales actividades para los ingresos de las personas. Eso es también lo que está en juego con el megaproyecto del tren”.

El tren pretende convertir a los campesinos y apicultores mayas en el mejor de los casos en empleados de un turismo efímero que asistiría como espectador en primera fila al colapso ambiental de la península de Yucatán. Se trata de una forma más de la guerra que el capitalismo tiene en contra de formas de vida más diversificadas, donde las comunidades defienden el territorio porque defienden su vida. Justamente al referirse a las estrategias de supervivencia de las comunidades mayas, Casandra Reyes apunta:

“La entrada de los cultivos transgénicos hace unos 10 años marcó un parteaguas porque fue la primera vez que se dio una articulación de las comunidades de los tres estados de la Península de Yucatán en defensa de su apicultura ya que el polen de los transgénicos afecta directamente la capacidad de venta de su miel a mercados europeos. Dicha organización logró hacerle frente a los transgénicos, ganando juicios y propiciando decretos que protegen la zona. La cultura maya sigue ahí, sigue en torno a la milpa, en torno a la apicultura, en torno a los solares. Es un sistema con varias patas, en el que la agricultura es una, el solar o traspatio de las casas es otra, la apicultura es otra y la recolecta y caza vendría siendo otra pata.”

Jitomates nativos creciendo en un traspatio en Calcehtok, Yuc., su morfología característica, su resistencia a enfermedades así como el tipo de sabor que confieren a los guisos locales los vuelven muy apreciados. La importancia biocultural y de soberanía alimentaria de los cultivos de traspatio es enorme para las comunidades mayas.

Así, las investigadoras ubican a la naturaleza y a la vida de las comunidades como parte de una misma cosa, de una relación. Por eso la lucha en defensa del territorio es siempre una lucha por la vida. Eso es lo que está en juego.

Como académicas, nosotras necesitamos más de las asambleas y del movimiento social que ellos de nosotras

Para las investigadoras el análisis y la crítica del megaproyecto del tren ha ido de la mano con una experiencia, nueva, la de relacionarse con las asambleas, con las comunidades mayas y con los espacios organizativos que defienden el territorio, así una de ellas nos dice:

“En nuestro caso hemos intentado participar en las revisiones de las Manifestaciones de Impacto Ambiental y de estar atentas a la forma en que toman las decisiones los gobiernos, revisando documentos, emitiendo opiniones. Cuando nos enteramos del proyecto y nos dimos a la tarea de ver qué estaban haciendo otros grupos, otras personas por fuera de la academia al respecto de esto. Ahí comentamos lo que nosotras sabemos de estos aspectos ambientales, del manto acuífero, etc., no tanto porque seamos expertas, sino porque sabemos de las investigaciones que otros académicos hacen sobre eso temas. En todo caso a mi lo que me sorprende es que no haya más personas participando, sobre todo cuando hay muchos investigadores que ya tienen trabajos respecto a la problemática ambiental”.

En el mismo sentido, Casandra Reyes habla de una sensación ambivalente. Por un lado, nos dice que es muy deprimente ver el nivel colapso ambiental que ya está sucediendo en toda la región con los megaproyectos que se han realizado. Pero al mismo tiempo nos explica que poder aportar desde su conocimiento a los espacios organizativos significa una posibilidad que no tenían antes:
“Frente al surgimiento de organizaciones civiles y sociales como Articulación Yucatán y Muúch Xiimbal, como académicos lo que nos pasó es que no pudimos negar ya más la importancia de lo que pasaba a nuestro alrededor y decidimos que teníamos que darle tiempo y espacio a esta lucha en la agenda. Ellos empezaron a decir que querían apoyarse en ‘los académicos amigos’, o ‘los académicos solidarios’ y ahí me cayó el veinte de que para los pueblos la mayoría de los académicos no son amigos y no son solidarios y seguramente tienen razón en su percepción.”
“Algo que me llamó la atención fue que cuando publicamos el artículo de por qué están tan preocupados los biólogos frente al tren maya, este texto recibió mucha atención. Y pienso que fue porque fuimos las primeras en decir lo que otros ya estaban pensando y que nadie se atrevía poner en escrito y a sustentar con datos, esa oposición al tren desde el cuidado al medio ambiente. Pero lo que más me llama la atención es que otros académicos no digan nada cuando es evidente lo que está pasando.”

Otra académica concluye:
“En este caso yo me atrevería a decir de los movimientos sociales, que nosotros como investigadores los necesitamos más a ellos de lo que ellos nos necesitan a nosotros. Porque son grupos que se informan bien, que luchan por sus derechos. Nosotros como servidores públicos estamos muy limitados en nuestro alcance para emitir opiniones o para llegar más gente o incidir realmente en la toma de decisiones. La gente de las asambleas, de las organizaciones de la sociedad civil tiene otra realidad, a través de ellos podemos tener una participación como científicos y podemos contribuir realmente a lo que pueda pasar o pueda hacerse respecto a la realidad ambiental. Por eso yo creo que los necesitamos más a ellos que ellos a nosotros.”

El panorama ambiental derivado del megaproyecto del mal llamado “tren maya” es oscuro. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, el ejercicio de comunicación y diálogo de algunas científicas y científicos con el movimiento social y con las comunidades que defienden sus territorios, ha sido, sin duda, una experiencia alentadora. Son muchas las vías y los puntos de partida desde los que se construye la resistencia y más importante que su origen será el camino que puedan construir juntos. En ese sentido, el megaproyecto del mal llamado “tren maya” suma ya otra derrota pues donde buscaba fragmentar, ha terminado uniendo en la resistencia. De esta resistencia seguirá floreciendo la vida en el sureste y en el oriente de México.

Imagen: Aspecto de la selva de Calakmul desde la Estructura II. La selva que rodea esta zona está en peligro por el mal llamado “Tren Maya”. De esta selva depende la recarga del manto acuífero del que depende toda la Península de Yucatan, donde todas las corrientes de agua corren por el subsuelo. Foto: Colectivo Grieta

Más información:

Megaproyectos de muerte: la Termoeléctrica en Huexca ante la devastación ambiental de Morelos

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada Morelos sobre la Termo Electrica – A 25 de septiembre de 2020

JOSEMANUEL LUNA…

La urbanización e industrialización del estado de Morelos ha resultado en una devastación socioambiental, la cual se ha agudizado con la prospección y desarrollo de una serie de megaproyectos presuntamente sustentables que han propiciado el desarrollo de cierto tipo de infraestructuras que acompañan, convalidan y retroalimentan la reconfiguración capitalista del territorio. Por ejemplo, la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado que se ha instalado en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que hoy día amenaza con sobreexplotar y contaminar los recursos hídricos subterráneos y superficiales del estado de Morelos.

La termoeléctrica en Huexca representa una megainfraestructura que ha producido un escenario de conflictividad socioambiental frente a la devastación latente del territorio. Recuérdese que la inversión multimillonaria del capitalismo español representado por las empresas Abengoa, Elecnor y Enagás han construido —en contubernio con la Comisión Federal de Electricidad— una infraestructura que consta de tres turbogeneradores de gas y uno de vapor y un acueducto que pretende extraer agua del caudal del Río Cuautla para la operación y enfriamiento de los turbogeneradores.

El proyecto energético de la Central Termoeléctrica en la comunidad de Huexca representa un foco rojo para la devastación socioambiental en el estado de Morelos. En primer lugar, se ha de considerar que la infraestructura que se requiere para su funcionamiento necesita de un acueducto de poco más de 10 kilómetros de longitud para extraer más de 500 litros por segundo del caudal del Río Cuautla. Aunque presuntamente dicho volumen será obtenido del agua excretada por la Planta de Tratamiento del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Río Cuautla (soaps), en realidad, expertos en ingeniería hidráulica y pobladores de Anenecuilco han denunciado la existencia de diversos puntos de conexión del acueducto a canales del Río Cuautla y la perforación de pozos para la extracción de agua subterránea. En segundo lugar, la Central Termoeléctrica representa un factor de impacto socioambiental en tanto que se producen altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono que terminaría por provocar una fuente de disminución de la función pulmonar para los habitantes de la comunidad de Huexca y una reducción en la capacidad agrícola y forestal, en tanto que el proceso de fotosíntesis se ve atrofiado.

El problema del consumo productivo del agua por parte de la termoeléctrica no sólo queda en la construcción del acueducto que busca extraer agua del cauce del Río Cuautla, sino que al interior de la Central Termoeléctrica —según testimonios de los pobladores de Huexca y de expertos en hidroingeniería que han visitado la comunidad— se están llevando a cabo diversos trabajos que presuponen la perforación de pozos al interior de las instalaciones para poder abastecer de la cantidad de agua a la Termoeléctrica, una vez que el caudal de los manantiales y del Río Cuautla, se ha visto disminuido en los últimos años, por lo que en sí mismos no representan una fuente de agua suficiente para el funcionamiento de la megainfrasestructura.

Los peligros derivados de la entrada en operación de la Termoeléctrica, no se quedan, desafortunadamente, en supuestas especulaciones alarmistas de la comunidad, ambientalistas y de científicos críticos que se han opuesto activamente en contra de este megaproyecto; la realidad hídrica de zonas del país en los cuales se han construido Centrales Termoeléctricas muestran, precisamente, la inviabilidad ecológica e hídrica de este tipo de megaproyectos. Tal es el caso de la Termoeléctrica en Tula, Hidalgo, para cuyo funcionamiento se han perforado diversos pozos de los cuales se extraen importantes volúmenes de agua tanto para su operación directa, como para el suministro de energía a los parques industriales que se han establecido en dicho territorio.

Ante la creciente incertidumbre que representa la devastación ambiental e hídica que actualmente se ha producido en Morelos por la reconfiguración urbana e industrial del territorio, se puede establecer que el estado de Morelos no es viable para la operación de la Termoélectrica en la comunidad de Huexca, en tanto que el Río Cuautla, de por sí ha visto disminuido y contaminado su caudal, así como la sobreexplotación de los recursos hídricos de la entidad, se verían impactados negativa e, incluso, catastróficamente tanto por la extracción de agua por medio del acueducto, pozos y demás tomas clandestinas que se instalen para abastecer de agua a la megainfraestructura, así como también por el calentamiento del agua excretada y devuelta al Río Cuautla una vez de haber sido utilizada por la termoeléctrica.

La Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado construida en la comunidad de Huexca no sólo resulta hídrologicamente inviable sino que, también, es innecesaria, pues ni en los municipios circunvecinos, ni en el estado de Morelos se requiere de la cantidad de electricidad que se generaría con la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica, a menos que, en realidad, ésta fuese ofertada para abastecer a la industria que actual y proyectivamente se busca emplazar en la región como parte del Proyecto Integral Morelos. Es decir que la Termoeléctrica de Huexca representa no sólo una superexplotación del agua por medio del sobreconsumo del recurso hídrico sino que, también, ésta cantidad de agua saqueada, implicaría un inminente apuntalamiento del proceso de industrialización de los territorios de la región, que terminaría por impulsar la ya de por sí acelerada devastación ambiental de Morelos.

Dada la inviabilidad hídrica y el talante innecesario de la Termoeléctrica en la comunidad de Huexca, se tiene que impedir a toda costa que esta megainfraestructura entre en funcionamiento. De lo contrario, se estaría dando la estocada final tanto a la vocación agrícola y campesina de la región, así como se impactaría negativamente sobre el metabolismo natural y social del agua, en tanto que el agua superficial y subterránea se vería contaminada y sobreexplotada, en primer lugar, por la propia Central Termoeléctrica y, en segundo lugar, por todos los procesos de industrialización que se generarían posteriormente a la entrada en funcionamiento de la Termoeléctrica.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fijado una postura referente a la Termoeléctrica en Huexca que, de mantenerse, daría continuidad a las dinámicas neoliberales de contaminación, despojo y devastación ambiental del territorio morelense. Sin embargo, dado el talante transformador y de rectitud moral y humanista social con el que el actual Presidente fija su ética política, se abre una posibilidad ante la coyuntura que marcaría una ruptura con la larga tradición de devastación ambiental llevada a cabo de forma sistemática por los gobiernos neoliberales que le antecedieron; y, con ello, se vuelve posible poder detener el avance de uno de bastiones más agresivos que hoy día amenazan con embestir desde diversas aristas al estado de Morelos: el Proyecto Integral Morelos.

Para impulsar que el Gobierno Federal recapacite respecto a su posicionamiento sobre el perfil presuntamente sustentable de la Termoeléctrica en Huexca, se deben de ofrecer caminos de solución al problema que, presuntamente, esta megainfraestructura busca atender. Por ejemplo, ante el controvertido avance del megaproyecto de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado en la comunidad de Huexca, el Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la Dra. Elena Burns, ha presentado un proyecto para que la infraestructura de la termoeléctrica sea reemplazada por una planta de energía solar para la producción de electricidad.

Los costos de operación y mantenimiento de esta interesante propuesta de producir energía a partir de paneles solares, serían de 3.16 mil millones de dólares; mientras que la operación de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado está costeada en 5.3 mil millones de dólares. El costo de operación de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado estimado en 5.3 mil millones de dólares no contempla el mantenimiento al acueducto ni al gasoducto; además no considera la variación en el precio del gas lutita (shale gas) que se importaría de Texas (Estados Unidos) para poner en funcionamiento la termoeléctrica.

Además, la propuesta de sustituir la termoeléctrica por una planta de energía solar, permitiría que no se sobreexploten y contaminen los recursos hídricos de la región, en tanto que no se requeriría hacer un uso energético-productivo de los casi 8 mil millones de litros agua que se necesitan para el funcionamiento de la Central Termoeléctrica. Esta u otras soluciones deben provenir del diálogo horizontal entre la comunidad de Huexca, la Academia y los representantes tanto del gobierno local como Federal. Por lo anterior resulta urgente que se diseñen propuestas concretas que tengan como principal objetivo el cancelar o transformar la serie de megaproyectos productivos, energéticos y de comunicación y transporte que se promueven actualmente bajo la forma del Proyecto Integral Morelos. Y si bien la resistencia social se ha topado con la barrera institucional burocrática y política del Estado mexicano neoliberal, esta postura no debe de traducirse en la desmovilización y despolitización de aquellas comunidades que tendrán que sufrir directamente los efectos derivados de la devastación ecológica y social del territorio.

Por lo pronto se tiene que hacer un llamado urgente para que el Gobernador del estado de Morelos e, incluso, el propio Gobierno Federal reconsideren la entrada en funcionamiento de la Termoeléctrica en Huexca. Más allá de los resultados de una consulta “popular” en la que no se vieron reflejados los derechos ambientales y de autodeterminación de las comunidades afectadas, así como de la evaluación supuestamente neutral por expertos internacionales, se tiene que reconocer con ugencia la amenaza de muerte y devastación ambiental que representa la entrada en funcionamiento de la Termoélectrica en Huexca, en tanto que se vendrían a complicar aún más los diversos escenarios de riesgo, vulnerabilidad, injusticia y conflictividad socioambiental, en tanto que las megainfraestructuras que contempla el Proyecto Integral Morelos han propiciado la destrucción del tejido comunitario, la violación de derechos humanos y ambientales, la criminalización de la protesta y el asesinato de activistas sociales frente a la vulnerabilidad socioambiental múltiple y la creciente sobreexplotación y contaminación de la riqueza hídrica y ambiental de la entidad.

Imagen: La Jornada

Más información:

“El Gobierno Trabajando Para Empresa Minera Canadiense”, Respuesta del Movimiento Morelense ante el Servilismo Oficial

Comunicado del Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras por Metales y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de octubre de 2020

Constantito Maldonado Krinis,titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, informó en el periódico El Regionalel 4 de octubre del año en curso(https://www.elregional.com.mx/comenzaron-estudios-de-impacto-para-proyecto-minero-en-tetlama), que la dependencia “inició los trabajos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para confirmar la viabilidad del proyecto minero Esperanza Silver en el Cerro del Jumil, en la comunidad de Tetlama, en el municipio de Temixco”.

Según lo declarado por el titular de esta dependenciaen Morelos,dicho “estudio de impacto ambiental del proyecto minero esimportante para darle paso para al avance y factibilidad de la minería”.

Al parecer, el titular de esta dependencia en Morelos desconoce que por ley, en los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,y en el artículo 5 inciso L del Capítulo II del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental,corresponde al promovente -la empresa minera canadiense-realizar la Manifestación de Impacto Ambiental, y que es una instancia federal, la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA),la encargada de evaluar y emitir una resolución de manera imparcial respecto a la MIA presentada por la empresa. Ello, además de contravenir los artículos 38 al 49 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental.

El que la dependencia del gobierno de Morelos denominada “Secretaría de Desarrollo Sustentable” se involucre en la realización de un trabajo que por ley corresponde a la empresa minera, demuestra:

a) Un desconocimientototal de la normativa legal en cuestión

b) Lacolocación de esta dependencia pública al servicio de intereses particulares

c) Ladegradación de esta dependencia pública, encargada de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos, haciendo lo contrario a su función, al facilitar una iniciativa de depredación que, como se ha demostrado a cabalidad con evidencias a nivel nacional y mundial, vulnera esa integridad, afectando el bienestar de la población.

d)La instrumentación mediáticade dicha dependencia como parte de la campaña de desinformación emprendidapor la empresa canadiense en los medios de comunicación de Morelos.

e)Que a la referida dependencia no le interesa abordar este tema de manera precautoria directamente con las comunidades afectables, teniendo como su exclusivo interlocutora la empresa canadiense.

f)Elabsurdo ético y jurídico de destinar dinero públicode los impuestos que aporta la población,para pagarun estudio que corresponde a la empresa minera deenormecapital privado realizar.

DESDE EL MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LASCONCESIONES DE MINERÍA A TAJO ABIERTO POR METALES:

  1. Expresamos nuestro más enérgicaprotesta al Gobierno Estatalpor la actitud tendenciosa, parcial y fraudulentacon que se conduce esta dependencia estatal (Secretaría de Desarrollo Sustentable) colocándoseal servicio de intereses particulares,cuando se ha demostrado a cabalidad con evidencia científica a nivel nacional y mundial que la minería es un modelo extractivista que deja daños a perpetuidad al medio ambiente y vulnera la integridad de la población ya que la expone a severos daños a la salud, contaminación del aguaydestrucción de la flora y fauna del entorno en el que se lleve a cabo la explotación minera y el territorio próximo al mismo,ignorando las posturas de rechazo a la imposición del desarrollo de un proyecto minero en nuestro Estado.
  2. Exigimos que esta dependencia pública(Secretaría de Desarrollo Sustentable)retome su vocación de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos abordando dicho estudio con apego al principio precautorio, ya que de lo contrario estaría facilitando una iniciativa de depredación afectando de manera irremediable el bienestar de la población morelense.
  3. Solicitamos que la referida dependencia abra un canal de interlocución directamente con las comunidades afectadas y afectables ya que actualmente tiene como su exclusivo interlocutor a la empresa canadiense dejando a las comunidades de Morelos sin posibilidad de ejercer sus derechos democráticos en función de decidir qué modelo de desarrollo eligen sin la imposición de una empresa privada.
  4. Reprobamos la instrumentación mediática de dicha dependencia que pudiese estar formando parte de la campaña de desinformación emprendida por la empresa canadiense en los mediosde comunicación del estado de Morelos.
  5. Solicitamos se inicie una campaña de comunicación del riesgo entre la población morelense en la que se den a conocer las afectaciones a la población que han sufrido comunidades en las que se han desarrollado proyectos mineros de similares características.
  6. Solicitamos a la Cámara de Diputados del Estado de Morelos que cite al funcionarioen sesión públicapara dar cuenta de estas acciones yse procedaa medidas correctivas.

Todo lo anterior posibilitaun ejercicio auténtico de gobernanza con el único objetivo de preservar la vida en las mejores condiciones para las futuras generaciones de quienes habitamos nuestro Estado.

¡NO A LA MINA, SÍ A LA VIDA!

Firman

MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES y RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Morelos sin Mina

Más información:

Con engaños, Fonatur se adueña de tierras para el Tren Maya: asesora

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el Tren Maya – A 3 de octubre de 2020

Lorenzo Chim

Campeche, Cam., Mediante argucias legales, engaños, sobornos a los comisariados ejidales, avalúos amañados y presiones, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y representantes de los consorcios que construirán los tramos del Tren Maya engañan a los ejidatarios para expropiarles las tierras por donde pasarán las vías férreas, denunció la asesora independiente de los ejidos 5 de Febrero, Miguel Colorado, Xbacab y Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Champotón, Naayeli Ramírez.

Acusó que ha faltado transparencia en la firma de los convenios de ocupación de tierras para el paso del tren por esas comunidades y que la Procuraduría Agraria ha incumplido su obligación de acompañar este proceso de diálogo con los campesinos. “No acuden sus visitadores a las asambleas ejidales –máxima autoridad para decidir el destino de las tierras– y cuando algunos comisariados han presentado quejas por irregularidades en el proceso, evaden su responsabilidad y ponen trabas”, añadió la también investigadora y académica por el Tecnológico de Monterrey.

Por ley, recordó Ramírez, toda afectación a tierras ejidales tiene que tomarse por acuerdo de asamblea, pero en varios casos acordaron la integración de una comisión gestora con los mismos poderes y facultades de una asamblea ejidal. Ha habido abusos, pues emiten documentos sin sustento legal y se toman acuerdos sin el respaldo real de los ejidatarios.

“Tampoco son transparentes en cuanto al valor de la tierra, los avalúos del Instituto Nacional de Bienes Nacionales han sido amañados y, en el peor de los casos, entregan una cantidad menor a la que ya se había acordado y dejan en la indefensión a los ejidatarios.

“La falta de información de los campesinos los ha obligado a aceptar esos convenios y, en otros casos, a los comisariados ejidales se les entrega dinero para que ‘convenzan’ a los demás de aceptar los términos que impone el Fonatur.”

Narró que, en el caso del ejido 5 de Febrero, firmaron un convenio de ocupación, pero al final terminará siendo una expropiación de más de 29 hectáreas a un precio de 2 millones 283 mil pesos. “Cuando los ejidatarios inconformes vieron sus cheques con un pago menor a lo acordado, les dijeron ‘esto es lo que hay, no tenemos más’ y no les ha quedado más que aceptar”.

Se supone que se nombraron comisiones de seguimiento que integran, entre otros, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria y Fonatur, a fin de acompañar este proceso en los ejidos, pero por el pretexto de la pandemia no se han reunido para atender quejas e inconformidades. La Procuraduría Agraria no trabaja, no manda visitadores, no revisa actas de asamblea, tampoco atiende las quejas de los comisariados y lo peor es que, en otros casos, ni siquiera ha habido asambleas, dijo.

Ante estas irregularidades, los comisarios ejidales de las comunidades afectadas exigen transparencia en la información sobre las afectaciones a los ejidos, pues en varios casos tendrá que haber desalojos, pero en el convenio de ocupación no se estableció alguna indemnización adicional para esas familias, no se toman decisiones informadas, sino con promesas y con dinero, abusando de la pobreza de los campesinos, sostuvo Naayeli Ramírez.

Lo que pedimos es que las autoridades ejidales puedan ir a la Procuraduría Agraria para verificar los contratos, que haya un acompañamiento real del gobierno federal, pues hasta ahora se puede asegurar que Fonatur está tratando de convencer a los ejidos de manera irregular, ilegal y corrupta, afirmó la investigadora.

Imagen: Protesta realizada en Mérida, Yucatán, en junio pasado.Foto Cuartoscuro

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Seguridad a las empresas mineras, pero no para los Pueblos

Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de octubre de 2020

Como un hecho insólito en el país y como un símbolo de falta de respeto al pueblo de México, el  gobierno federal inaugura la primera generación 118 policías de Servicio de Protección Federal (SPF), equipados con fusiles de asalto, especializados en garantizar la seguridad de las instalaciones mineras. Con este curso de Especializaciones en Instalaciones Mineras se pretende proteger del crimen organizado a las corporaciones del sector, especialmente a las extranjeras que se llevan el oro, la plata y otros minerales al mercado internacional.

La minería de despoja, deforesta, no paga impuestos, incumple contratos con los campesinos e indígenas, viola resoluciones judiciales, está involucrado en la violencia, crímenes como el de Mariano Abarca o Bernardo Vázquez, contamina irremediablemente cuencas como el Rio Sonora en total  impunidad, deja población enferma, fulmina los suelos, no aporta a la economía local más que miseria y pobreza, y sin embargo es para el gobierno “una industria clave para el desarrollo del país y para su economía” por lo que es necesario que con recursos del pueblo mexicano se le otorgue seguridad por ser una “prioridad”.

Un pueblo que paga impuestos y  que genera economía, que además es víctima de la actividad minera que depreda los territorios e incumple contratos ¿no merece un equipo especializado para protegerse de las empresas mineras?

Una policía de élite para proteger los intereses de las grandes corporaciones  mineras no solo es un insulto para el país, sino para los pueblos que se ven despojados de sus territorios, en comunidades enfermas y contaminan sus ríos.  Comunidades con desplazamiento forzado ya sea por las mineras o por el crimen organizado producto de la actividad minera. Comunidades divididas que han perdido familias enteras asesinadas a manos de estor cárteles por el control del negocio en zona minera.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería,  Rechazamos rotundamente la creación de una policía de élite que se destine a proteger los intereses de las corporaciones que tanto daño causan a este país. Repudiamos la utilización de recursos públicos para destinarlos al cuidado de quienes nos saquean; nos contaminan, nos destierras, nos enferman y nos matan. Para la 4T no son primero los pobres, sino primero los mercedarios.  

¡BASTA DE PRIVILEGIOS A LAS EMPRESAS!

¡POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO DE EXTRACTIVO MINERO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas

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