COVID-19: Las empresas mineras ponen a los trabajadores y a las comunidades en el mayor riesgo

Compartimos esta información publicada por MiningWatch sobre situación de los trabajadores mineros y el coronavirus – A 31 de marzo de 2020

Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades.  Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:

  1. Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
  2. Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
  3. Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
  4. Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
  5. Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
  6. Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
  7. Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
  8. Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
  9. El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
  10. La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.

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5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali

Compartimos esta nota publicada publicada en Ángulo 7 a través de la REMA sobre los proyectos extractivistas en la Sierra Norte de Puebla – 29 de marzo de 2020

Al menos cinco megaproyectos que buscan ejecutarse en las Sierras Norte y Nororiental tiene procesos jurídicos en contra, tras los amparos promovidos por las comunidades afectadas, entre ellas de los municipios de Cuetzalan, Huacatlán e Ixtacamaxtitlán.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyac Tlali, quien indicó que lo anterior se ha logrado por la “lucha de los pueblos” que se han agrupado para evitar que las “grandes empresas” terminen con sus recursos naturales.

Explicó que entre los proyectos que han logrado frenar están la “Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín, que consiste en 20 kilómetros de LAT de 115 kilovots de doble circuito y que aterriza en una subestación que entronca con una línea eléctrica que va de Teziutlán a Papantla, con una inversión de 200 millones de pesos.

Otro de ellos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está a cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en el municipio de Ahuacatlán, con el que se busca generar energía para abastecer de electricidad a cadenas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.

Explicó que esta obra se basa en una a concesión para el uso y aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, específicamente para 350 millones de metros cúbicos de aguas naturales por un periodo de 15 años, por lo que igual se verían afectados las demarcaciones de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya.

Licencias irregulares

Sin embargo, indicó que “gracias” al gobierno municipal actual se ha detenido, pues en enero pasado en sesión de Cabildo, se determinó cancelar los permisos que se dieron años atrás, ya que eran ilegales y ante eso la empresa no puede trabajar.

Explicó que se detectó que la autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del periodo 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, fue de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia de construcción deben ser aprobados por el cuerpo edilicio, lo cual nuca sucedió.

No obstante, señaló que esta acción por parte del ayuntamiento provocó que la empresa haya demandado al gobierno municipal por revocar permisos que ya tenían, por lo que ahora se resolverá en tribunales.

Diana Pérez comentó que otros de los proyectos involucran los municipios como Tlatlauquitepec, en Ixtacamaxtitlan, donde se pretende hacer una minera a cargo de la empresa Almaden Minerals, además de otro más en Cuetzalan.

“Ha variado la disposición de las distintas autoridades, esto de acuerdo con los diversos momentos y sensibilidades de los gobiernos en turno, pero ahorita todos estos que mencioné tienen acciones jurídicas en contra, todos tienen suspensiones los proyectos, ninguno ha continuado”, expresó.

Posponen asamblea por Covid-19

En otro tema, comentó que debido a la contingencia epidemiológica por el Covid-19, se determinó posponer la Asamblea para la Construcción de planes de Vida en el Territorio de los Pueblos Maseual, Tutunaku, y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, misma que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo en Ahuacatlán.

Precisó que estas asambleas son un ejercicio de autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que se han desarrollando desde 2014; primero eran cada mes y desde 2018 se hace cada tres, por lo que era la primera del año.

Indicó que, aunque esta región contempla a 69 municipios del estado, solo acuden alrededor de 38 y en su mayoría se encuentran en las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, población principalmente náhuatl, totonaca, que son de la Sierra Nororiental.

Aunque se le preguntó sobre si conocía avances del Gasoducto que la empresa Trascanadá pretende ejecutar y atravesar la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán, indico que la única información es que hay un recurso jurídico al respecto, pero debido a que los pobladores no han acudido a las asambleas no saben mayores datos.

“En estas asambleas se han tomado varias decisiones importantes como la creación del consejo Maseual Altepetajpianij, que se hizo para presentar acciones ilegales en contra de concesiones mineras y otros megaproyectos hidroeléctricos, así como otras enfocadas al apoyo y respaldo a otros pueblos para fortalecer la solidaridad con otras luchas”, concluyó.

Imagen: 5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali. Foto: Especial Ángulo 7

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Jalisco: Denuncian ataques contra wixárikas de San Lorenzo de Azqueltán

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.

«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los responsables y justicia para las víctimas.

A continuación el comunicado completo:

Al pueblo de México
A los medios de comunicación

Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.

Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco, en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad, apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que salga nos lo vamos a chingar”.

Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.

A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo.

Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.

Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos hechos.

Atentamente

Marzo de 2020

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Imagen: Alejandra Padilla / Noticias de abajo

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Oaxaca: La lucha Mixteca contra la voracidad minera

Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020

Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos

Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla. Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.

Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec, Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán, Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de los intereses de las grandes corporaciones mineras.

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Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña

En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología, un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].

En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.

Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales, contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la producción alimentaria.

Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional  de Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen intereses específicos en Oaxaca.

Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los megaproyectos mineros en sus localidades.

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La organización de los pueblos ante la voracidad minera

En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de 30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y 35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.

La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar, asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.

A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009, la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente, habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.

También en Valles Centrales las comunidades en resistencia realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se declararon “territorios prohibidos para la minería”.

Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca. Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten sus comunidades y la biodiversidad que poseen.

Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha implementado a través de los partidos políticos de todos los colores. Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.

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El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca

A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales, habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca, con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.

Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos, población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado, Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.

Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago Chazumba.

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La minería es feminicida

El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en desaparecernos y enfermarnos”.

Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal; también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.

Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la impunidad, lo haremos nosotras”.

“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”

“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes” para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores del Grupo de Investigación Independiente de Oaxaca.

Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos, ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.

También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal, dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.

El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”. De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y, principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido en las leyes”.

Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir información lo más completa y certera posible. También considera que es fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de la asamblea comunitaria.

“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’. En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa razón es válida”.

Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.

Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

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Baja California: Gobierno confirma cancelación de cervecera de Constellation Brands en Mexicali

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali el pasado fin de semana – A 23 de marzo de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy el resultado de la consulta realizada ayer en Mexicali, Baja California, en la que la mayoría decidió no aceptar la instalación de una planta cervecera de la trasnacional licorera Constellation Brands.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali

Inclusive, ante las primeras reacciones de organismos y cámaras empresariales, así como de algunos actores políticos, el mandatario expuso que no podía ponerse en duda el resultado de dicha consulta, por la cantidad de participantes, así como del amplio margen de rechazo.

“Cuando hay resultados así es evidente que no hay acuerdo. Si hubiese participado menos gente o hubiera un resultado más parejo… pero hay que gobernar con el mandato popular”, expresó el mandatario.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados que, con una participación total de 36 mil 781 personas, reflejó que 76.1 por ciento de los participantes están en contra y sólo un 23% a favor.

“Conagua ya no dará los permisos correspondientes para la operación de la planta. El gobierno se pondrá en contacto con la empresa para la subsanación de los daños”, dijo.

La instalación de una cervecera en esa ciudad fronteriza ha generado descontento desde hace años, por las implicaciones que tendría para el acuífero.

Las respuestas de la consulta fueron:

  • Estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la planta de Cerveza Constellation Brands porque ya han invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población.
  • No estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la planta de Cerveza Constellation Brands porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias.

Ante el movimiento de rechazo, el gobierno de López Obrador decidió realizar una consulta que se celebró los pasados 21 y 22 de marzo, con el resultado mencionado.

En su alocución al respecto, el presidente recordó el amplio movimiento social que se gestó en Baja California en defensa del agua, hace unos años.

Finalmente, el mandatario se dijo dispuesto a tener diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial, así como con otros organismos y con los dueños de la empresa, a fin de ofrecerles opciones y facilidades para su instalación en zonas donde si hay agua.

“Voy a hablar, si es necesario, con los dueños. Claro que nos importa la inversión extranjera, la creación de empleos, pero también tenemos que cuidar la opinión de la gente y cuidar nuestros recursos naturales, no es crecer por crecer, es crecer con bienestar”, dijo.

Imagen: Opositores a la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Foto: Especial Proceso. / La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali Foto: Germán Canseco

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La empresa minera El Puntal S.A. de C.V. y el Gobierno de Chiapas amenazan a defensores y defensoras ambientales de Acacoyagua

Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C. – A 23 de marzo de 2020 >> Descargar comunicado en pdf<<

El gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por el Lic. Concepción Zavala López, ha convocado a una reunión de trabajo al Frente Popular en Defensa del Soconusco para “dirimir conflictos sociales” sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hayan solicitado. La reunión se llevó a cabo con el empresario Victor Espinoza, representantes de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. El objetivo de la convocatoria fue la de advertir a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras. En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado expresamos nuestra preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas está dando a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua. Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan “el estado de derecho” al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, “el estado de derecho”, en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros.

Del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. Misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR. En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente. Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.

En esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V.. Desde entonces las organizaciones advertimos que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos. Además que su apoyo a la empresa contravenía la obligación del estado de proteger los derechos humanos antes que los intereses privados. Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.

Reiteramos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.

Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos. Llamamos a la protección de nuestros derechos y la integridad física y psicológica de los integrantes del FPDS.

Firma

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO “20 DE JUNIO”

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.

OTROS MUNDOS A.C.

Contacto: frentesoconusco@gmail.com

>> Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Área de Comunicación de Otros Mundos Chiapas

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Tren Maya: funcionarios simuladores y jueces que no ven

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el Tren Maya – A 17 de marzo 2020

Por Magdalena Gómez E

El proyecto llamado Tren Maya es un vivo retrato de la injusticiabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. A la simulación de consulta ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, ajena a los estándares internacionales como señaló la oficina en México de representación de Naciones Unidas; ahora el Poder Ejecutivo ha decretado una fase de seguimiento con las autoridades ejidales y municipales que suplantaron a las indígenas. El objeto de esa llamada fase es revisar los acuerdos tomados cuando libremente aprobaron el Tren Maya, es decir, las peticiones planteadas que consisten en apoyos oficiales diversos.

Pero no queda ahí la auténtica operación de Estado. Ante el amparo que presentó el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), en Campeche, en el cual obtuvo primero una suspensión provisional respecto del proyecto de tren que ya hemos insistido es más que un tren, Fonatur presentó una queja cuyo documento es toda una pieza digna de denunciarse. Argumentó que la suspensión afecta a quienes participaron en la consulta y aprobaron el proyecto. Es decir, se abroga la representación de dichas autoridades ejidales y municipales, habla en su nombre, son su estandarte para tender un manto de legalidad a su consulta.

No sólo eso, reproduce el discurso oficial respecto a los indígenas, no a los pueblos, lo sabemos, a los indígenas que reciben apoyos individualizados y miente ante el Poder Judicial señalando que son entidades de derecho público cuando la contrarreforma indígena de 2001 los ubicó como entidades de interés público y a la fecha la Constitución no se ha reformado. Si recordamos que el Poder Legislativo en la creación del Instituto de Pueblos Indígenas mencionó que lo son de derecho público. ¿Pretendió reformar la Constitución a través de una ley? Todo se vale. Reiteró que se trata de un reordenamiento territorial sin abordar la implicación en términos del mercado de tierras sustentando el proyecto en que las vías del tren ya existen. Pero este galimatías fue recibido por el tribunal colegiado de circuito, que al resolver el discurso de queja, perdón, el recurso de queja, transcribió ampliamente el sustento de la suspensión, las jurisprudencias que se han emitido por la Corte en materia indígena, el texto del artículo 2º constitucional y ello le sirvió para rechazar el cuestionamiento de Fonatur sobre la representatividad de los promoventes del amparo, lo cual es positivo, validó su interés legítimo, pero introdujo la limitante de que la suspensión se circunscribe al ámbito geográfico donde se ubican los promotores. Ello a partir de la facultad de modificar la suspensión que la jueza primera de distrito con sede en Campeche había otorgado respecto al proyecto en cuestión. Es decir que el área de influencia del proyecto o el impacto no atañe a la integridad territorial de los pueblos indígenas, sino que aplicó el criterio jurídico tradicional de amparar sólo a quien promueve . Las autoridades de Fonatur se dieron por satisfechas, ya que en virtud de tal determinación la jueza asumió ese criterio en la audiencia incidental del pasado 4 de marzo y si bien concedió suspensión definitiva lo hizo sólo para el área de influencia acotada a Calakmul.

Falta avanzar en el juicio de amparo, presentar pruebas y obtener una resolución definitiva. Mientras, continuarán con el proyecto. El asunto no queda sólo entre funcionarios que simulan y jueces que no ven y comunidades indígenas apelando al respeto a sus derechos mediante un juicio de amparo. El panorama está cargado de señales que configuran el patrón de despojo que viene de tiempo atrás. En los días previos afloró un escándalo en el Registro Agrario Nacional, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de un informe sobre mercado de tierras y prácticas corruptas que derivó en la remoción de su delegado en Yucatán. Se aplicó control de daños y sólo los medios locales filtraron datos del informe. Justamente es un telón de fondo no casual, no de ahora, en la trayectoria de tratamiento oficial en la península, frente a los ejidos a partir de la contrarreforma salinista al 27 constitucional. Hay juicios en curso derivados de esas prácticas que involucran a otras dependencias.

¿Cómo y de dónde saldrán las tierras que requieren los polos de desarrollo previstos para el llamado Tren Maya? Fonatur en días recientes aplicó un blindaje al reservar información respecto del proyecto llamado Tren Maya reservándola por cinco años, en un contexto en que un día se habla de recursos sólo del gobierno y otro de inversión privada. Lo contrario de transparencia es oscuridad y esa es la apuesta oficial hoy, mientras otras comunidades buscarán el amparo de la justicia federal, como un pie en la resistencia.

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Baja California: Cervecera se quedaría con 44% del agua de Mexicali

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página a proposito de la consulta que se realizará este fin de semana en Baja California sobre las concesión del agua para la cervecera Constellation Brands – A 17 de marzo de 2020

Si la empresa Constellation Brands instala la cervecera en Mexicali, Baja California, tomaría casi la mitad del agua disponible, según un estudio. En una zona con estrés hídrico. La consulta para definir su instalación está prevista para este 21 de marzo

Texto y fotos: Daliri Oropeza

La empresa cervecera Constellation Brands tomaría hasta el 44 por ciento del agua de la reserva que tiene Mexicali, de acuerdo con el investigador Alfonso Andrés Cortés Lara, quien hiz un estudio para una Opinión Técnica sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Planta Cervecera.

Por ello, denuncia que el derecho humano al agua no se consulta sino que se protege y debe garantizarse agua de calidad, de manera oportuna, precio asequible, y de esa manera también garantizar el derecho de los productores agrícolas para la seguridad alimentaria.

Para el, la Constellation Brans atenta directamente contra este derecho. 

Desde su perspectiva, “una consulta como la que proponen es como decir ‘¿están de acuerdo que se cumpla el derecho humano al agua?’ y esa no es la ruta mas indicada (para respetarlo)”. 

A esto se suma la denuncia de Elena Burns de la red Agua para Todos. Ella da cuenta de que las leyes mexicanas que crearon permiten el acaparamiento del agua confines mercantiles. 

“Estamos en un periodo con una Ley de aguas nacionales que no reconoce el derecho humano al agua y está permitiendo la violación de este derecho en el país. Particularmente en esta zona, de las más críticas del país. Las temperaturas llegan a 45 grados, además, Estados Unidos presiona por tener acceso”.

De acuerdo con su lectura, se está privilegiando en este caso la mercantiilzación. Explica que esto es posible desde 1992. Para llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio acomodaron la ley para poner las aguas nacionales bajo sistema de concesiones concebida como compra y venta, sin preocuparse por derechos de pueblos.

“El derecho humano al agua no tiene valor bajo este sistema, y todos los funcionarios, (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña Nieto lo siguieron, y sigue operando actualmente”.

Queda entonces reducido al acceso al agua por privatización.

Por ello, la CNDH emitió la recomendación 1/2020 para la Conagua y el gobierno de Baja California.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la instalación de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali.

De acuerdo con el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara es importante que la CNDH resaltó las irregularidades en el otorgamiento de permisos que hubo a la empresa estadounidense.  Cortés Lara se especializa en uso y manejo del agua en zonas áridas y desarrollo de recursos Hídricos,

Estrés hídrico

La cuenca del Río Colorado, que es la que abastece al valle de Mexicali, principal fuente de agua para todo el estado y para parte de Sonora, es una cuenca que está bajo amenaza por estrés hídrico, por cuestiones de cambio climático, por atravesar zonas desérticas y por el uso que se le da a este afluente compartido con Estados Unidos. 

El Acuífero Valle de Mexicali es vedado y oficialmente reconocido como sobreexplotado, en esta zona de extremo estrés hídrico.

Alfonso Andrés Lara, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte asegura que esta cuenca resiente el periodo prolongado de sequía que vivimos desde 1999. Además se han agotado las fuentes de recarga y la precipitación pluvial es casi nula. Por lo que es imposible una recarga natural del acuífero. En suma, la evaporación por el calor es mayor que la precipitación.

Es un desierto, es zona seca, árida. Aunque la planta la construyeron en un lugar estratégico cerca de los campos de riego agrícolas, a la orilla sur de la ciudad, al norte del Río Colorado, cerca de carreteras y vías férreas.

El exgobernador panista Víctor Hermosillo vendió a 11 pesos el metro cuadrado a la empresa, cuando su valor está entre 200 y 300 pesos por metro cuadrado.

A esto se suma que el caudal del río Colorado, que baja desde las montañas Rocallosas, atraviesa por 7 estados de EU, y deriva a través de la presa José María Morelos y Pavón al cruzar la frontera. Desde 1965 hay concesiones de agua, y está sobre explotado.

Los acuíferos del norte de Baja California, como el del Valle de Mexicali, se abastecen de los ríos que bajan desde Colorado y California. Y ambas fuentes se encuentran en condición crítica por la sobreexplotación agrícola que prevalece en Estados Unidos y en este estado. 

En suma, nada de esta agua se regresa al medio ambiente y este es el principal punto de alerta que detalla el investigador. 

Uso del agua y opacidad

El volumen del agua que utilizaría la planta cervecera pone más presión limitar el agua para consumo humano, de acuerdo con el investigador del Colef Alfonso Andrés Cortés Lara.

El doctor encontró, al revisar la Manifestación de Impacto Ambiental de la empresa, que la trasnacional nunca especifica de manera precisa el volumen de agua que requieren para la construcción y operación de la planta cervecera. 

De acuerdo con sus cálculos, si usara el que tiene más coincidencias en la MIA, serían 15 millones de metros cúbicos del agua superficial y 5 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas.

Pero Cortés Lara acusa que hay maña cuando la cervecera niega que se afectará el consumo de agua de la ciudadanía en Mexicali. Esto es porque lo está equiparando con el volúmen de agua del Estado, en donde entonces sí daría el 1 por ciento. 

“La empresa no dice que va a sacar el agua de toda la ciudad ni del valle, no dice que de la reserva de la ciudad, y esa es 22.78 millones de metros cúbicos al año. Mexicali actualmente consume 101 millones de metros cúbicos al año, es dueño de 124 millones de metros cúbicos. Esa reserva es para todas las actividades: uso gubernamental, privado, público, de los hogares y para la siembra. En documentos oficiales dicen que la cervecera obtendría de la ciudad 20 millones de agua. Si hacemos el cálculo con 10 millones de metros cúbicos equivale al 44 por ciento de las reservas”, detalla el investigador.

En la gestión del panista Víctor Hermosillo, la ciudadanía organizada de Mexicali logró frenar la construcción irregular destinada a ser un acueducto que daría servicio a la cervecera. Se construía con recursos públicos licitado en 520 millones de pesos.

De acuerdo con los informes, la cervecera tiene el 65 por ciento de avance en su construcción. 

La cuenca compartida y el tironeo con EU

Baja California tiene derecho a usar el 9 por ciento del agua de la cuenca del río Colorado. Lo comparte con 7 estados de Estados Unidos, país de donde llega el río y desemboca en el golfo de California. 

Para dividir el uso, México firmó el Tratado de Aguas Internacionales con el país vecino por el cual puede usar mil 850 millones de metros cúbicos anualmente.

Este tratado tiene agregados que ha hecho Estados Unidos en los últimos años. Con estos agregados se ha reducido la cantidad de litros que pueden ocupar los ocho usuarios mencionados en el acuerdo.

Por ello, el investigador afirma que esto tiene efectos esperados como resultado de la alta variabilidad climática para el Valle de Mexicali, como es la disminución de la velocidad de flujo del agua, el aumento de la concentración salina en el agua del río y acuífero subterráneo, la disminución de eficiencia de riego a nivel general y parcelario; el incremento de costos de operación en zona de riego y en sistemas de la ciudad, entre otros.

¿De dónde salió la consulta?

“Nos mandan a decir hasta de la Embajada de Estados Unidos (…) que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país”, dice el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador sobre las presiones que recibe por la inversión realizada por la cervecera trasnacional Constellation Brands. Es su conferencia de prensa del 3 de marzo. Asegura que la consulta fue una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, para ver si opera o no la planta en Mexicali. 

 “¿Y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación, que es una inversión que va a generar empleos”.

Uno de los argumentos para realizar la consulta que dio el presidente en su conferencia matutina es una denuncia: “¿quiénes fueron los responsables de esto?, ¿quiénes dieron los permisos? Si no era conveniente, ¿para qué entregaron los permisos a la planta? Nos toca a nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a la gente”.

A su vez emitió un mensaje a las élites extranjeras: “Pedirles también a los inversionistas extranjeros, a los empresarios en general que actúen también con ética, porque, ¿qué pasaba antes? Venían y veían a México como tierra de conquista”.

Colectivos ciudadanos como Mexicali Resiste han documentado que la empresa constructora de la cervecera es del ex alcalde panista, Víctor Hermosillo.

El presidente reiteró la realización de la consulta en su visita a Baja California del 8 de marzo.

Las irregularidades de la consulta

Semarnat aseguró que es la Secretaría de Gobernación la que convoca a la consulta. Esta semana previa a la consulta comenzaron a circular volantes con información idéntica a la que difunde la empresa pero firmados con el sello que dice “Gobierno México” y Secretaría de Gobernación, Conagua y Semarnat.

Ante esto, Semarnat también se deslindo de la información: 

“Uno de los principios fundamentales de la Semarnat es el manejo de información científica actualizada en la toma de decisiones, así como un respeto irrestricto a la opinión de los ciudadanos y su derecho a recibir información fidedigna. Por lo cual, la Semarnat no está de acuerdo con la información que desde el pasado sábado está circulando en un folleto”.

Elena Burns denuncia que es una consulta “es altamente irregular, pues no saber las preguntas, las casillas. Y lo que no nos gusta es que este tipo andamiaje, intento de consulta, tan rápido y tan opaco y tan manipulado, es muy preocupante”. Estos días fueron publicados de maneraoficial los lugares de Mexicali donde habrá casillas. Aún falta la pregunta y la información se maneja a cuentagotas. 

“Yo hubiera preferido que se dejara libre el proceso con la CNDH. Que se evitara esta distracción de la consulta para que siguiera el proceso de las recomendaciones y que las autoridades respondieran a estas. Con la consulta, de manera indirecta facilita, se desvía a que las autoridades evadan la responsabilidad de responder a la CNDH, proceso que llevaría a frenar la construcción”, asegura el doctor Cortés Lara. 

Las élites trasnacionales

Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100 marcas de vinos, licores y cervezas. 

En 2013 la compañía compró Grupo Modelo, la empresa cervecera más importante de México. La compañía tiene plantas de producción en Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. Desde que compró Grupo Modelo en las plantas de Hidalgo y Yucatán, momento en que se convirtió en la tercera productora de cerveza en México.

Imagen: Daliri Oropeza , Pie de página

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Comunidades de Oaxaca denuncian nuevo intento de construir presa en el Río Verde

Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre un proyecto hidroeléctrico en Oaxaca – A 16 de marzo 2020

Comunidades chatinas, mixtecas y afromexicanas, que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) denunciaron un nuevo intento por construir una presa hidroeléctrica en el Río Verde, Oaxaca, a pesar de que han expresado su rechazo y el presidente López Obrador dijo que no se construirá la presa Paso de la Reina.

En el “Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos”, reunidos en el ejido de Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, los integrantes del Copudever informaron que el 20 de febrero la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, promovido por la empresa ENERSI.

La empresa ya había presentado la MIA en 2019, misma que fue rechazada en noviembre por Semarnat al presentar varias inconsistencias.

El Copudever denunció además, actos de intimidación a la población posiblemente relacionados con el nuevo proyecto hidroeléctrico, pues el 08 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas Atoyaquillo, todos ellos, pueblos que viven del Río Verde.

La organización de pueblos y ejidos de Oaxaca reiteraron su rechazo a la imposición de cualquier proyecto hidroeléctrico y exigieron a la Semarnat y a las instancias del Gobierno Federal respetar esa decisión.

El proyecto  hidroeléctrico de la empresa ENERSI contempla la construcción de una central hidroeléctrica para generar 30 MW de energía que afectaría los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtlayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.

A lo largo de 10 años, el Copudever rechazó un primer intento de construir una presa en el Río Verde, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el cual pretendía contar con una cortina de agua de 180 metros que afectaría siete comunidades por inundación o por desecación.

Además, en 2018 integrantes del Copudever ganaron un juicio de amparo contra la declaración de zonas de reserva que decretó Enrique Peña Nieto, para evitar construir cualquier proyecto de infraestructura, resolución que fue impugnada por la Conagua y Semarnat en el gobierno de AMLO.

El 13 y 14 de marzo, el Copudever conmemoró el Día Internacional Contra las Presas con ceremonias y fiesta al margen del Río Verde, así como con la proyección del documental La Sangre de la Tierra.

Para los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos el Río Verde es “la madre de nuestras aguas y nos permite alimentarnos, crecer, divertirnos y valorar a la naturaleza”.

Imagen: Conmemoración del día mundial el defensa de los ríos, Copudever, Crédito: Educa Oaxaca

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Otra vergüenza en Zacatecas ante el imperativo de reorientar al RENIECYT en todo el país

Incentivan a empresas mineras a registrarse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)

Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de marzo de 2020

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), dependiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, hace unos días se congratuló por una capacitación que proporcionó a integrantes del Clúster Minero de Zacatecas para facilitar a que accedan a recursos federales de Conacyt, a través de la promoción de su registro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)1.

Hasta la fecha -según los datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)2-, existe 56 empresas relacionadas con la actividad minera registradas en el RENIECYT en 20 entidades de la república, principalmente en los estados de Coahuila (10 empresas), Sonora (8), Nuevo León (6) y Chihuahua (4), Tabasco (4) y Zacatecas (4). Sin embargo, esta base de datos no detalla cuáles de éstas han sido apoyadas y, en su caso, qué monto económico han recibido ni el motivo de dicho apoyo.

Como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta acción que no sólo busca promover al sector minero, sino cínicamente, se apoya para que la poderosa industria privada minera tenga acceso a recursos públicos, sea directamente o por condonación de impuestos. La explotación minera, ícono de las actividades que más despojo han generado en la historia del país y del planeta, particularmente en su fase neoliberal, no debe ser financiada directa, ni indirectamente por las instituciones públicas, por más que pretendan disfrazar el despojo y el interés privado como “desarrollo” y “oferta de empleo”. El despojo no es de utilidad pública.

Hace un año, la actual directora del CONACYT dio a conocer y denunció las prácticas en las que se había incurrido dentro de esta entidad científica en los sexenios anteriores, justo por la asignación -a fondo perdido-, de recursos públicos a proyectos de empresas privadas. Entre 2009 y 2017, a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), se destinaron 7 mil 367 millones de pesos a 512 grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre ellas IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto/Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México3. En ese contexto, esta reciente invitación a las empresas mineras para participar dentro del RENIECYT y beneficiarse del erario público de manera directa o indirecta, busca mantener las canonjías de la misma forma en la que se hizo en sexenios anteriores.

El RENIECYT debe orientarse al bien común de manera clara y categórica, y en particular, aquellas empresas e instituciones, sean nacionales o extranjeras, cuyas actividades atentan contra el bien común y contra la integridad de las comunidades y territorios, como es el caso bien fundamentado de las empresas de megaminería tóxica, no deben de ser incorporadas a dicho registro bajo ningún concepto. De otra forma se refrenda la continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores y sin duda alguna se afirman las contradicciones entre los hechos y los dichos del actual gobierno.

El RENIECYT, como instrumento de apoyo y fomento a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación en el país, que es pagado con presupuesto público, es decir, con el esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora, no puede prestarse para apoyar a un sector que viola constantemente los derechos de las comunidades, daña de manera irreversible al ambiente y la salud de la población y quebranta el marco legal nacional, además de recibir una cobertura oficial a su calidad de evasor de impuestos. Como ejemplo de ello, y a pesar de la enorme magnitud económica de los recursos que estas empresas sustraen sistemáticamente del país, durante el periodo 2010-2014 sólo el 1% de los ingresos fiscales totales en México provinieron la actividad minera4, y por lo menos 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales5 durante el 2017.

En tanto, las condiciones que favorecen este despojo no han sido modificadas de manera sustantiva por los legisladores, no a fin de que se incremente la carga fiscal a dichas empresas, sino a fin de suspender de manera categórica sus operaciones por el bien del país, de sus habitantes y de sus territorios.

Los llamados “Clúster Minero” son un ejemplo claro de los mecanismos de asociación entre el gobierno y capital privado del neoliberalismo, mecanismos de compadrazgo y complicidad donde los intereses de la población no sólo quedan fuera, sino desaparecen totalmente. Recordemos que se trata de una figura donde empresas mineras, proveedores de ésta y funcionarios públicos estatales y federales, así como de universidades y fundaciones universitarias se reúnen bajo la figura de una asociación sin fines de lucro, con el fin promover la explotación minera principalmente metálica-, en distintos estados del país, a través de la incidencia en políticas públicas y el acaparamiento de apoyos gubernamentales.

En México, existen cinco agrupaciones de este tipo, mismas que se encuentran en Estados con daños muy graves y un sinfín de actos de violencia por esta actividad: Guerrero, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

Es importante destacar que el clúster minero de Zacatecas (Clusmin), integrado por siete empresas mineras (Industrias Peñoles, Grupo Frisco, Capstone, FirstMajestic, Newmont/Goldcorp y Mineras Bacis), mantienen un “estrecho” vínculo con varias áreas de universidades mexicanas y extranjeras: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Instituto Lowell, Universidad de Arizona, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland, Australia (SMI), el Centro Norcat en Canadá y el Instituto de Minería Sustentable del Perú (ISEM)6 lo cual, sin duda alguna, significa una pérdida de credibilidad y las coloca en claro conflicto de interés en casos del uso de la “ciencia institucionalizada” para dirimir controversias entre los desastres mineros y las comunidades que inevitablemente acarrea este tipo de extractivismo. Es decir, la ciencia no puede estar financiada para luego ser aprisionada y sometida por interés de particulares.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

Basta de falsos disfraces para la investigación y desarrollo tecnológico para encubrir actividades que se basan en el extractivismo y en el despojo de las comunidades.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA¡

¡CIENCIA, ACADEMIA Y RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y NO DE QUIENES LOS DESTRUYEN!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina peñasquito – Desinformémonos

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