Deforestación y corrupción, resultados de Sembrando Vida en el sur de México

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de monocultivo que se pretende instalar en el sureste mexicano – A 5 de abril del 2021

Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.

Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.

Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.

Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.

Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.

“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.

Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.

Corrupción

Sembrando Vida realiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.

De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.

“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.

Así lo registra el estudio Riesgos de corrupción en los programas sociales. Caso del programa Sembrando Vida, elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el cual señala también la simulación, tanto de propiedades para ingresar al programa, así como del trabajo en las parcelas.

“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.

En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.

La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.

Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.

Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.

Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.

Imagen: Carlos Castillo – Avispa Midia

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Gobierno Provincial de Catamarca y Minera Yamana Gold Declaran la guerra al Pueblo Andalgalá en Argentina

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha antiminera en Argentina – A 19 de abril de 2021

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.

Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal 29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.

Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.

Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.

¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE!
¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!


RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

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Sonora: Juez Federal admite Amparo a Ejido y ordena suspensión de trabajos a Empresa Minera Canadiense de Mulatos

Compartimos esta nota publicada en Dossier Político sobre la defensa del territorio ante las amenazas mineras esta vez en Sonora- A 11 de abril de 2021

Santiago García C. Dossier Politico

Hermosillo, Sonora.- En lo que representa un primer precedente en Sonora, el Juez Federal decimoprimero, aceptó el amparo al Ejido Tesoripa y ordenó a “Minas de Oro Nacional”, subsidiaria de la Canadiense Álamos Gold Inc., la suspensión inmediata de trabajos de instalación de postes de energía eléctrica, realizar desmonte ni tala, barrenación de suelos, ni utilizar ninguna área de tierras de uso común.

El Comisariado Ejidal presentó el pasado 23 de marzo ante el Tribunal Agrario una demanda por la nulidad de acuerdos y la restitución de tierras ejidales en contra de MINAS DE ORO NACIONAL, S.A de C.V, por violaciones graves a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, Ley Agraria y a la propia Legislación Minera, pero el Tribunal Agrario negó la procedencia de la demanda.

Contra la negativa del Tribunal Agrario el Comisariado Ejidal se amparó y el 7 de abril le fue admitida la demanda y concedida la suspensión total de dichos trabajos por la afectación de derechos agrarios y por violación a los derechos humanos, incluyendo por riesgos de daños ecológicos y ambientales irreparables.

El abogado del Ejido, Marco Antonio Andrade Aguirre, dijo que acudieron al Tribunal Agrario para contener la arbitrariedad y el abuso del poder económico y empresarial de Minas de Oro Nacional cometidos en perjuicio del ejido Tesoripa y después el amparo buscando enderezar el mal criterio del Tribunal que negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente.

“Hemos logrado encauzar por la ruta constitucional y por la vía del derecho y la justicia agraria un conflicto generado por el abuso recurrente de algunas empresas mineras y por un evidente fraude a la ley basado en la impunidad jurídica y política que avasalla los derechos de los ejidos sonorenses sobre sus tierras”, señaló Andrade Aguirre.

Con estas acciones los ejidatarios buscan justicia y respeto por la legalidad agraria y sus derechos humanos colectivos ya que han sido fraudeados y es lógico suponer que también están agraviados, como sucede en los ejidos de Mulatos y Matarachi donde la falta de ética y la nula integridad de los representantes de la empresa podría tener, aunados al amparo y al juicio agrario actuales, consecuencias penales por delitos empresariales tipificados por el código penal federal y el código nacional de procedimientos penales”. 

“Estamos revisando el Compliance Criminal Program ó Programa de Responsabilidades Penales de Minas de Oro Nacional y sus Directivos para proceder en consecuencia. Afortunadamente la justicia federal en Sonora si funciona, sin temores ni distingos como lo demuestra la suspensión ordenada por el Juez de Distrito”, señaló.

El Abogado del Ejido Tesoripa refiere que “sin embargo, la realidad socioeconómica del ejido, como sucede en los núcleos agrarios de sonora y del país, aparte de soportar la actividad destructiva de la actividad minera, es incuestionable que enfrentan la necesidad de buscar nuevos mecanismos de aprovechamiento de sus tierras para proteger, por una parte, la deplorable economía familiar y su precaria capacidad productiva.

Y por otra, garantizarse un ingreso por renta de tierras para sobrevivir su casi indigencia actual, lo cual no justifica a la empresa haber violentado la propia legislación minera y la nueva Ley de la Industria Eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica.

“Se aprovecharon de la necesidad y la marginación social de diversas familias ejidales. Nuestro trabajo es demostrar al Tribunal, con el mayor sentido de serenidad, pruebas, fundamentación jurídica y defensa intransigente de los derechos del ejido, que Minas de Oro Nacional violó las obligaciones que le impone la legislación minera e incumplió con los requisitos de forma y validez señalados por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Agraria para ocupar una área de tierras de uso común, incluyendo la inexistencia de un contrato de ocupación temporal, renta, servidumbre superficial de paso, aérea o subterránea para la instalación de postes de la CFE y suministro de energía para un usuario particular exclusivo como es dicha empresa. La electrificación de la Mina no pasa desafortunadamente por ningún ejido, solamente usan sus tierras en forma ilegal y fraudulenta”.

Finalmente el Abogado del Ejido Marco Antonio Andrade  Aguirre, señalo que la demanda de amparo es por el cabal cumplimiento de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y eléctrica, y por otra, para proteger los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes, nada más, pero nada menos.

“La Constitución y diversos tratados internacionales que en su conjunto configuran el orden jurídico nacional, nos dan la razón plena y absoluta para librar con toda determinación esta batalla litigiosa ante los tribunales agrarios, el poder judicial federal u organismos internacionales si es necesario. Es necesario limitar la arbitrariedad, el abuso y los engaños legales inducidos de empresas mineras contra los ejidos y las comunidades rurales y agrarias de sonora”, expresó.

Imagen: Dossier Político

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Oaxaca: Comunidades se pronuncian contra Minera Cuzcatlán

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 30 de marzo de 2021

Nueve comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca lanzaron la tarde de este martes (30) una carta en la cual rechazan el proyecto minero San José de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. La carta es una respuesta a la réplica que ha dado esta empresa en relación a la investigación periodística “Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar”, publicada en alianza con Avispa Midia; Aristegui Noticias; Pie de Página y Connectas. 

Las comunidades sostienen, “nuestras asambleas comunitarias han determinado prohibir cualquier actividad que tenga por objeto explotar nuestros bienes comunes”, de manera que la Minera Cuzcatlán opera “sin el consentimiento de nuestras asambleas”.

Reiteran que la comunidad Magdalena Ocotlán “ha vivido los impactos” producidos por el derrame de jales en el arroyo El Coyote, en 2018, y por “la contaminación hallada en el río Santa Rosa, en 2020”.

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A continuación, la carta íntegramente, firmada por la presidencia municipal de Magdalena Ocotlán, la sindicatura municipal, la regiduría de Hacienda, el comisdariado ejidal, el consejo de vigilancia, entre otros.

Imagen: Avispa Midia

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Oaxaca: Jaime Jiménez Ruíz otra víctima más de la violencia incontrolable contra defensores del territorio

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre otro asesinato más en Paso de Reyna, Oaxaca – A 31 de marzo de 2021

El pasado 28 de marzo fue asesinado cobardemente el compañero Jaime Jiménez Ruiz, quien fuera parte del Movimiento por la Defensa del Río Verde. Con él ya suman 5 asesinados en lo que va del año en esta comunidad ejidal de Paso de la Reyna, Municipio de Jamiltepec, Oaxaca y 26 asesinados en los últimos 4 años en este Estado.  El 23 de enero fue asesinado Fidel Heras Cruz miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) que desde hacía 14 años había dedicado su vida a defender su territorio. El 14 y 15 de este mismo mes Raymundo Robles Riaño suplente del agente municipal, Noel Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, todos miembros de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna fueron asesinados.

Tanto Jaime Jiménez, como Fidel Heras Cruz eran pilares en la lucha contra proyectos extractivos e hidroeléctricos que han pretendido acabar con el Río Verde, principalmente los proyectos hidroeléctricos como el de la Presa Paso de la Reyna y Río Verde, así como la extracción de material pétreo.

A pesar de que la comunidad ha denunciado a grupos y familias caciquiles en diferentes momentos, ni las autoridades locales, ni federales han emprendido medidas para acabar con la violencia que se ha estacionado en esta comunidad, de hecho, hasta el momento todos estos crímenes han quedado impunes.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos este cobarde asesinato. Enviamos toda nuestra solidaridad a la familia y amigas/os de Jaime Jiménez Ruíz, al Movimiento por la Defensa del Río Verde, así como al COPUDEVER y la organización Servicios para la Educación (EDUCA).

Nos unimos a la exigencia de medidas cautelares que salvaguarden la integridad de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna, así mismo exigimos a la Fiscalía General del Estado y de la República emprendan las investigaciones necesarias para capturar y castigar a los responsables no solo de este asesinato, sino de todos los que han quedado impunes en esta comunidad.

¡BASTA YA DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD!

¡JUSTICIA PARA LA COMUNIDAD DE PASO DE LA REYNA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: COPUDEVER

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La minería Verde y Sustentable Canadiense “Equinox a la Vanguardia”

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y un nuevo desastre en Brasil por la rutpura de presa nuevamente – A 29 de marzo de 2021

Mientras el patrón mundial del discurso empresarial avanza inmisericorde desde el Banco Mundial, entre otros, quienes ahora apuestan al financiamiento de la minería climáticamente inteligente para la transición energética, un nuevo y escandaloso desastre ambiental envuelve de nuevo al Modelo Extractivo Minero.  De nuevo en Brasil, de nuevo una presa revienta, de nuevo un río envenenado para siempre, de nuevo cientos de habitantes que se quedaron de golpe sin agua limpia y ahora enfrentarán el paulatino incremento de enfermedades a la salud, con la esperanza de sobreponerse para resistir el largo trecho que deben recorrer para alcanzar justicia; por cierto, una justicia inacabada, incompleta e incomprensible para la población, pero muy eficiente y bien hecha para que la impunidad se instale en los lodos y metales tóxicos que estarán en el río y sus cuerpos para siempre.

El pasado 25 de marzo, en el municipio Godofredo Viana, del estado de Maranhão, en Brasil, se desbordó la presa del proyecto minero Aurizona, perteneciente a la empresa canadiense Equinox Gold, https://twitter.com/MAB_Brasil/status/1375486303626797057?s=20, lo cual  inmediatamente nos hizo recordar las tragedias en las que se vio envuelta la población, tanto del “emblemático” caso de la ruptura de la presa minera de Brumadinho, ocurrido hace apenas dos años en el estado de Minas Gerais al sureste de Brasil, como también lo sucedido en el 2015 por la Vale y BHP Billiton, cuando se rompió y se vertieron unos 50 millones de m3 de relaves de mineral de hierro a lo largo de la cuenca del Río Doce hasta llegar al Océano Atlántico.

Una muestra más de las mentiras del modelo extractivo y sus promoventes, tal cual opera la empresa Equinox Gold, cuando argumenta su compromiso de implementar las mejores prácticas en minería responsable. https://mab.org.br/2021/03/25/barragem-de-mineracao-de-ouro-rompe-em-godofredo-viana-no-maranhao/

Sirva este nuevo desastre ambiental, social y productivo para recordarle al mundo que la minería debe estar prohibida en todo el mundo, que los desastres recurrentes de daños a la población y al ambiente deben ser pagados con la cárcel de propietarios, directivos y operadores y utilizar la riqueza de su saqueo para resarcir, en la medida de lo posible, los daños permanentes que ocasionan.

En México, Equinox Gold opera el proyecto de “Los Filos” en la comunidad de Carrizalillo, en donde la población ha definido a la empresa como racista y discriminatoria, además de incumplir los convenios que acuerda con sus grupos de interés.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Avispa Midia

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La impunidad sigue matando. Jaime Jiménez Ruiz, el quinto asesinado de Paso de la Reyna en 2021

Compartimos este comunicado de la Educa Oaxaca sobre el más reciente asesinato de otro defensor del Río Verde en Paso de la Reyna Oaxaca – A 29 de marzo de 2021

En la tarde del domingo 28 de marzo, en el camino de Santiago Jamiltepec a Paso de la Reyna, fue asesinado a balazos Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de Paso de la Reyna, fue parte del movimiento por la defensa del Río Verde, actualmente del comité de la asociación ganadera local, se sabe también militante activo de MORENA.

Con este nuevo crimen contra un ciudadano de Paso de la Reyna, se sigue aumentando la inseguridad en la comunidad de apenas 500 habitantes. Cabe señalar que a raíz de la crisis institucional que vive Oaxaca, a casi 24 horas del asesinato, las autoridades locales siguen esperando la llegada de la Policía Estatal para brindar medidas de seguridad.

Cabe recordar que el crimen contra Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del territorio, cometido el 23 de enero de 2021 en la comunidad vecina de La Esperanza, sigue en total impunidad, pese a las amenazas de muerte contra Fidel Heras Cruz de parte de la familia caciquil que denunció la comunidad. Hasta hoy día, la comunidad Paso de la Reyna no cuenta con ninguna medida cautelar de parte de autoridades estatales o federales. Recordar también que en la noche del 14 al 15 de marzo de 2021, fueron asesinados a tiros los ciudadanos Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, esto en el Barrio Chico de Paso de la Reyna.

Paso de la Reyna, comunidad símbolo de la lucha pacífica contra los megaproyectos y el extractivismo, como son los proyectos hidroeléctricos que amenazan al Río Verde, sufre el autoritarismo caciquil y la impunidad, que son las causas estructurales de la partida violenta de cinco de sus ciudadanos en este año. Esta ola de violencia crece a la par de la total inoperancia de las instancias estatales y federales que deberían procurar justicia y velar por los derechos y la seguridad ciudadana.

Es preocupante la situación en materia de seguridad y derechos humanos en el estado, entre cambio del titular de la fiscalía, el paro de la policía estatal y la dilatación de la actuación de los funcionarios federales y estatales no hay condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos, más aún cuando está en pleno desarrollo el proceso electoral.

Pese a reuniones con instancias de seguridad y derechos humanos, no se han tenido avances ni en las investigaciones del asesinato de Fidel Heras Cruz, ni en las medidas de seguridad para la comunidad. Exigimos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que dicte a la brevedad medidas cautelares para la agencia Paso de la Reyna, a fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y a la Fiscalía General del Estado la inmediata actuación para abrir las carpetas de investigación correspondientes.

Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C.

Imagen: Educa Oaxaca

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Empresas Mineras en México “Ejemplo de Irresponsabilidad Social y Buenas Prácticas para el Despojo”

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el modelo extractivista minero- A 23 de marzo de 2021

A inicios del mes la empresa minera canadiense First Majestic fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)y la Fundación Mexicana para la Sostenibilidad y la Equidad como empresa líder en Responsabilidad Social Corporativa por sus“prácticas éticas y de buen gobierno”y su “dedicación al cuidado del medio ambiente”. Estos reconocimientos fueron para las tres minas donde opera en México (San Dimas, Santa Elena y La Encantada).

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos incitara los responsables corporativos del CEMEFI para que por lo menos maquillen un pocolos títulos de sus premios y no sean cómplices del lavado de imagen de las empresas mineras, de tal manera que sus reconocimientos al menos, sean más apegados a las realidades que vive la población de lospueblos en donde operan esas empresas.

Desde nuestro punto de vista, un reconocimiento indiscutible para la First Majestic, sería uno que haga referencia a su “dedicación al destrozo del medio ambiente”. Sobran los ejemplos,pero podemos resaltar los derrames por cianuro que han ocurrido en la mina la Encantada en 2016; la contaminación del río San Rafael y las enfermedades en la población derivadas la por su mina Del Toro en Zacatecas; la tala de más de 2,000 hectáreas de bosque, el derrame y entierros de residuos tóxicos, que han contaminado ríos y manantiales provocados por sus minas “La Guitarra” y “El Coloso” en el estado de México.Podemos citar también el grave intento al destrozo del área protegida y sitios sagrados en Wirikuta por su proyecto de mina La luz.

Asociar First Majestic y “prácticas éticas y de buen gobierno” es otro oxímoron. En los distintos territorios donde opera,la población local ha denunciado las irregularidades en las rentas de tierras, los niveles de criminalización y las estrategias de división social utilizadas por la empresa. El hecho que First Majestic está actualmente demandando al gobierno por medio de un arbitraje internacional para evitar pagar impuestos de hasta 4,919millones de pesos mexicanos, no parece por ningún lado una práctica ética, menos aun de buen gobierno. Esta disputa surge en torno a una diferencia con las autoridades mexicanas sobre impuestos pagados sobre las ventas de plata desde la mina San Dimas en Durango entre 2010-2014 a otra filial de la misma empresa en Barbados. En ese entonces, la mina San Dimas fue propiedad de la empresa canadiense Primero Mining, la cual también amenazó a México con un proceso de arbitraje internacional por la misma razón en 2016, aunque luego se desistió después de que su amenaza desembocó en un proceso de diálogo. Ante la insistencia del estado mexicano de recaudar lo que falta, parece que First Majesticva a proceder con su demanda.

Generalmente las empresas mineras han creado una serie de mecanismos basados en; prémiate a ti mismo,en consecuencia, éticamente incorrectas, totalmente alejadas de cualquier posibilidad de vínculo jurídico (le llaman códigos voluntarios) y siempre cobijadas por académicos quienes han desarrollado cualquier cantidad de artificios para lavar un poco la sucia imagen empresarial del sector

Lamentablemente esas mentiras al respeto alas prácticas de las empresasmineras no se han limitadoal CEMEFIo a las propias empresas, sino que ha llegado, en los últimos días, haciael puesto más alto de quien gobierna nuestro país. Lasdeclaraciones de AMLO resaltando la ejemplaridadde la empresa Newmont-Goldcorp por su mina Peñasquito en Zacatecas por el hecho que“paga bien a los trabajadores, ayuda a las comunidades, no destruyeel entorno y cuida el medio ambiente”, son desconcertantes y absurdas por el nivel de engaño que hace en esa declaración.La mina de Peñasquito, si es un ejemplo, pero del nivel de depredación a lo cual puede llegar este modelo extractivo. Desde que ha empezado a operar ha generado un verdadero desastre social y ambiental totalmente ocultado por esta declaración presidencial, como ha sido muy bien señalado en la carta siguiente: https://ljz.mx/2021/03/19/carta-al-presidente-sobre-el-desastre-ambiente-de-la-mina-penasquito/

Basta de tratar de engañar a los pueblos, y a la opinión pública, promoviendo supuestas empresas y prácticas socialmente responsables o verdes. El modelo extractivo minero,y los actores que la promueven,solo generan despojo, miseria y devastación.

La única práctica socialmente responsable, cuidadora del medio ambiente y realmente de buen gobierno es: TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo

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El litio en América Latina y México: entre especulación e intereses geopolíticos

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el litio en América Latina y la supuesta energía verde- A 21 de febrero de 2021

Por Eugenia López

Desde hace varios años y bajo el lema de la transición energética, empresas y organismos internacionales vienen promoviendo el uso de tecnologías llamadas “verdes” y de “energías limpias”, que supuestamente ayudarían a frenar el cambio climático.

El litio, en este contexto, se convirtió en un metal codiciado para la construcción de baterías eléctricas, en particular para coches eléctricos, proyectos de energías renovables (como parques eólicos o fotovoltaicos) o tecnologías como celulares o computadoras. “El crecimiento acelerado en el uso del ion-litio ha provocado que la tonelada de litio haya subido su precio, desde los 350
dólares que costaba en 2003, llegando a los 3,000 dólares en 2009 y entre los 8,000 y 10,000 dólares por tonelada para el 2020″, indica el informe El litio: la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde, publicado en enero del 2021 por GeoComunes, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Mining Watch Canadá.

Más de la mitad del litio extraído a nivel mundial proviene de Australia, aunque más de la mitad de las reservas probadas están ubicadas en Chile. “Así mismo, las reservas posibles, pero aún no comprobadas (llamadas “recursos”), están bastante concentradas en el famoso Triángulo del Litio que se forma en la zona transfronteriza de salares entre Argentina, Bolivia y Chile, representando más de la mitad de los recursos mundiales de este mineral”, detalla el informe.

Especulación

Si bien el litio se ha vuelto en los últimos años un elemento codiciado, en realidad, su producción mundial bajó un 20% en 2019, y el lento crecimiento de la demanda sólo alcanzó el 75% de la oferta, provocando una sobreproducción.

Sin embargo, el hecho de que el metal se haya colocado en el mercado mundial como “verdadero transformador”, dentro de la llamada transición energética, ha provocado un gran movimiento de especulación. “En ese contexto, es la industria automotriz, así como la minera, gobiernos en Asia y Europa e instituciones financieras quienes hacen uso de la creación de expectativas y, en consecuencia, de la especulación sobre el litio”, sostiene el informe.

Por ejemplo, el Banco Mundial en 2020 proyectó que la demanda de litio va a crecer en 1200%, “pero varias organizaciones han criticado estos modelos por no contemplar otros modelos económicos, ni otras tecnologías y tampoco contemplan los impactos producidos por una transición energética que continúa basándose en el modelo extractivo minero vigente y causal de una buena destrucción del planeta”, destaca la investigación. 

El documento detalla el caso del continente americano, donde existe una creciente especulación por parte de empresas mineras llamadas juniors, que no son más que pequeñas empresas sin ingresos productivos, que sobreviven gracias al dinero que generan con la especulación.

Según los datos recopilados por GeoComunes, Rema y Mining Watch Canadá, la mayoría de los proyectos mineros de litio en Latinoamérica están en etapas de prospección y exploración: de los 218 proyectos identificados, solamente 8 están en operación. “Estas empresas posesionan tierras, generan expectativas irreales, además de conflicto, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas”, denuncia el documento.

El litio en México

Los recursos estimados en México representan solamente el 2.8% del recurso mundial, y existen en el país 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos abarcan a 97 mil hectáreas concesionadas además de 537 mil más que están en trámite, es decir que el 84% de las concesiones asociadas con la extracción del litio están actualmente en trámite. 

La realidad de la explotación del litio mexicano es representativa de lo que está pasando a nivel del continente. Como lo señala el informe, “examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos y empresas, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, quienes dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción (Bacanora Lithium, Organimax y One World Lithium).”


Cabe señalar que el proyecto Bacanora, que está activo y ubicado en el municipio
de Bacadehuachi, en la Sierra Madre Occidental en el estado de Sonora, ha sido reconocido por Mining Technology como el proyecto minero de litio con mayores reservas probadas a nivel mundial con 243.8 millones de toneladas.

Además de las concesiones privadas, existen en el país 4 asignaciones mineras en trámite a cargo del Servicio Geológico Mexicano (SGM) para realizar trabajos de exploración, repartidas en los Estados de Sonora, Jalisco y Puebla, lo que refleja la voluntad del gobierno mexicano de mantener un cierto control sobre los yacimientos que se empiezan a considerar estratégicos.  

Intereses geopolíticos

A pesar de la realidad actual que demuestra que los proyectos que existen en torno a explotación del litio en México corresponden más a estrategias especulativas que a una extracción real del  metal, el contexto geopolítico en el cual el país está ubicado obliga a observar la situación presente y futura con más atención.

Hoy en día, el consumo del litio producido alrededor del planeta está vinculado principalmente con las industrias de manufactura de las baterías e infraestructura para las industrias de energía renovable, además de la industria electrónica, cuya mayoría se concentra en  los países asiáticos, con el mayor consumo de la materia prima con destino en China (39%), Corea del Sur (20%) y Japón (18%).

El consumo de Norteamérica es mucho menor, llegando apenas al 6%. Sin embargo, es importante considerar que “no hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEUU”, sostiene el informe.

Esto se ve reflejado en “la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos
multilaterales firmados con este país, como es el caso del T-MEC. Las medidas impuestas para incrementar el consumo de productos de litio extraídos en Norteamérica, sumadas al hecho de que la producción mundial está actualmente concentrada en Australia, Sudamérica y Asia, ponen mayor presión sobre los yacimientos de este mineral en México y Canadá, y en especial por las empresas que desean suministrar litio para la industria automotriz regional”, alerta el informe.

Impactos de la extracción de litio

Actualmente, la extracción del litio a nivel mundial se realiza en dos principales formas de depósitos mineralógicos: litio en roca
(principalmente en Australia) y litio en salmuera o salares (en Sudamérica). A pesar de que presuma ser “verde”, la minería vinculada con este metal presenta una serie de riesgos para el medioambiente, la salud y el bienestar de los pueblos afectados.

“Con respecto a la extracción de litio en roca, los impactos son parecidos a cualquier operación minera que emplea explotación a cielo abierto, en donde prevalece el uso de agua de forma intensiva y el uso de reactivos químicos para el procesamiento. Sin embargo, miembros de la comunidad científica y académicos han denunciado que existen muy pocos estudios que analizan los impactos medioambientales y sociales de la extracción de litio en roca dura”, resalta la investigación.

En cuanto a la extracción de litio en depósitos de salmuera, implica el uso de grandes cantidades de agua, provocando impactos sobre los sistemas hidrológicos de las regiones donde se encuentran, en particular la disminución de las fuentes de agua disponibles, la reducción de humedales, el incremento de estrés sobre sistema hidrológico y las sequías.

Como lo resalta el informe, los efectos no se limitan a estos graves impactos sobre fuentes de agua, sino que “también existen impactos a los usos y costumbres relacionadas con el agua, al pastoreo y, por tanto, a la economía local, además que este tipo de procesos de privatización de tierras ancestrales, la violación de los derechos indígenas y a la libre-determinación de los pueblos, entre otros”, sostiene el informe.

Además, el litio es un elemento altamente inflamable y ligeramente explosivo cuando se expone al aire y al agua, además de ser corrosivo y generar gases tóxicos. Para el ser humano es peligroso su inhalación, la cual puede llegar a provocar edemas pulmonares. También puede provocar daños en la piel, los ojos o el sistema digestivo en caso de ingestión.  

Como lo resalta el trabajo investigativo, el litio no es un recurso verde, ni mucho menos representa un camino hacia la transición energética. “Por el contrario, es la continuación del uso de nuevos
insumos ante el eventual agotamiento de otros. Por esa misma razón, [con el uso creciente del litio] las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce se mantendrán”.

Imagen: Avispa Midia

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Abejas de Acteal rechazan construcción de más represas

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el pronunciamiento de la Sociedad Las Abejas de Acteal en el marco de 14 de marzo Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2021

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, este 14 de marzo de 2021, realizó una acción pacífica en el pinteo de postes y muros para rechazar la construcción de más represas en Chiapas. Señalaron que, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno federal y estatal solo quieren represas para su propio beneficio económico, sin importar las consecuencias que sufren las comunidades, pueblos y pobres.

Ven cada vez más cerca la destrucción de la vida, cerros, manantiales, diversidad de plantas y animales, y salud de las personas, por ello, se detuvieron a pensar que es lo que está pasando y que pueden para detener la muerte de la tierra.

Señalaron que, más gente en sus comunidades viven del gobierno quien de esta manera los compra, divide y acostumbra a vivir del dinero regalado y no de la tierra que trabajan de manera autónoma, además, cuando cerquen las tierras de quienes reciben los apoyos no podrán “morder la mano del amo” que les dio de comer.

De ese modo, la gente en el poder no le será difícil quitarles las tierras para hacer sus proyectos, mencionaron que, el primer paso fue permitir en el gobierno de Salinas de Gortari que la tierra se pudiera vender, después Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma energética en la que buscó modernizar la industria petrolera nacional, confirmando la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos.

Ahora la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por Andrés Manuel López Obrador, donde ya no tendrá que preguntarles, sino que los obligará a venderles por unos pesos sus tierras, si en ellas encuentran gas, carbono, petróleo, y otros minerales como el litio que ayuda a almacenar energía en baterías.

Si quieren usar nuestras tierras o ríos para generar energía eléctrica, no nos preguntaran, si nos negamos legalmente tendrán derecho de despojarnos con la fuerza de sus policías, ejércitos y guardias nacionales, del mismo modo para el caso Acteal ante estas violaciones a los derechos que tenemos los pueblos originarios ya solo nos quedaran las instancias internacionales para exigir el respeto a los convenios y declaraciones universales de derechos de los pueblos originarios donde se reconoce que el territorio es nuestro, dijo la Asociación Civil.

Aunado a ello, el respeto a sus decisiones sobre las tierras que protegen y de dejarlos vivir tranquilos, por ello, siguen en la resistencia contra el despojo, privatización y la instalación de “jugosos negocios” que las compañías nacionales quieren hacer.

Mencionaron que, no aceptaran los miles de pesos que reciben sus vecinos con los programas del gobierno a cambio de ser leales a los partidos políticos y dejaran de hablar sobre cómo engañan a los pueblos originarios para exprimirlos y despojarlos.

Además, siguen en la luchando como Sociedad Civil contra las altas tarifas de la luz, donde el gobierno “cobra tan caro a los pobres, pero regala a los ricos empresarios”, es así como decidieron que hasta que no haya justicia verdadera por la Masacre de Acteal no pagaran la luz.

Denunciaron que, todos los proyectos de ampliación de luz que está dando el gobierno son para dividirlos y poder cobrarle más dinero a la gente instalando medidores digitales que pueden manipular.

Llamamos a toda la gente de buena voluntad que nos unamos a la resistencia y no permitamos que nos sigan engañando y hagamos que nos respeten, porque la tierra es de los pueblos originarios, el gobierno no tiene por qué quitárnosla para hacer autopistas, vías del tren, gasoductos, presas hidroeléctricas, pozos de extracción de gas o petróleo, termoeléctricas, campos de molino de vientos, instalaciones de paneles solares, minas que solo benefician a las grandes empresas nacionales y extranjeras que las construyen y las aprovechan, dijo la Sociedad Civil.

Exigieron justicia por los asesinatos de las y los que fueron reprimidos por participar en organizaciones que defienden a ríos y lucharon para que no se instalaran en sus tierras presas hidroeléctricas y termoeléctricas, como es el caso de Fidel Heras Cruz, miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER); Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla.

Asimismo, Samir Flores Soberanes, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena​ y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko; y Berta Isabel Cáceres Flores, activista hondureña del medio ambiente, ​​cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Acción pacífica en el pinteo de postes y muros para rechazar la construcción de más represas en Chiapas. Cortesía: Abejas de Acteal.

Las Abejas de Acteal exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador detener los asesinatos en contras de las y los defensores de los derechos humanos y la cancelación definitiva del proyecto Tren Maya, la autopista de San Cristóbal a Palenque, a todos los proyectos de ampliación de las presas hidroeléctricas en el estado, la cancelación de construcción de nuevas mini presas hidroeléctricas y proyectos de explotación minera de la costa y sierra de Chiapas.

Como de once nuevos pozos petroleros y una central geotérmica sobre las inmediaciones del Volcán Chichonal, como otorgar nuevas concesiones mineras en la zona centro y norte de Chiapas.

Exigimos que dejen de dilatar el proceso penal contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, ya que, el gobierno hondureño como el mexicano en el caso de la Masacra de Acteal se ha desistido de castigar a los responsables, dijo la Asociación Civil.

Hicieron un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que intervenga, con el fin de que puedan ver llegar la justicia.

Plataforma del geovisualizador. Cortesía: Geocomunes

Por otro lado, el colectivo Geocomunes realizó la investigación denominada “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética. Preguntas clave para entenderlos y construir otros modelos energéticos”, aporta elementos para entender que, para lograr un cambio de modelo energético que frene la devastación del planeta, no basta con la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables.

Sino que, es indispensable incorporar debates vinculados al modelo de producción y consumo capitalistas, como la explotación de trabajadores y trabajadoras, el despojo de bienes comunes y territorios que alimentan la acumulación de capital, la desigualdad que coloca en condiciones cada vez más precarias a comunidades campesinas, indígenas, negras, y mujeres a lo largo del mundo, entre otros.

Geocomunes mencionó que, hablar de energía es también hablar de hidrocarburos, pues su consumo le ha dado forma al mundo durante los últimos 150 años y esta energía fósil ha sido el medio para extender e intensificar la explotación de las personas y la naturaleza por parte del capital.

Agregó que, los problemas que genera están a la vista de cualquiera y la necesidad de una transición energética es algo que va de la mano de una transformación más amplia del sistema, sin embargo, el capital ha generado su propia respuesta y con sus diferentes versiones “verdes”, “limpias” y “sustentables”, la transición energética que impone coloca a la sociedad al borde del suicidio.

Enfatizaron que en su investigación prestan atención a una de las formas en que los hidrocarburos son utilizados en México como fuente energética: la electricidad, ya que su objetivo es aportar una mirada integral del problema energético que muestre la situación actual del sistema eléctrico del país y las contradicciones que presentan los mecanismos y proyectos que impulsan la “transición”.

La investigación viene integrada por un geovisualizador, donde podrán explorar y descargar información georreferenciada sobre los actores y la infraestructura relativa a la producción, transmisión y consumo de electricidad, así como algunas de las principales actividades asociadas con el consumo eléctrico, por ejemplo, la industria minera y cementera maquiladora.

Con el “Panel de capas” podrán activar o desactivar la visualización de la información geográfica, en la sección “Empresas” permite hacer filtros para ubicar las centrales promovidas por determinada empresa, y en la pestaña “Análisis e infografías” integra análisis generales y regionales, así como infografías, que muestran las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y buscan fortalecer la construcción de un modelo energético distinto, dirigido desde y para los pueblos.

Imagen: Área de comunicación de Las Abejas de Acteal

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#14M Las Presas no son Energía Limpia

Compartimos comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER aproposito del Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2021

14 de marzo, 2021, “Celebremos los Derechos de los Ríos”

  • Rechazamos las  modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia
  • Alertamos la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos
  • Demandamos una transición energética que incluya a los pueblos con alternativas de agua y energía sostenibles, justas y solidarias
  • Exigimos justicia para los Defensores de los Ríos Fidel Heras Cruz y Miguel Vázquez Martínez
  • Exhortamos al Congreso de la Unión la aprobación de la #NuevaLeyGeneralDeAguasYA, que incluya los 12 Consensos Ciudadanos por el Agua

Desde el 14 de marzo de 1997, organizaciones y comunidades integrantes del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER),  hemos levantado nuestras voces en el Día internacional de lucha contra las presas, por los ríos, los pueblos y la vida.  Llevamos un camino de más de 17 años siendo guardianes de los ríos, exigiendo al Estado y a las empresas respetar nuestros derechos y decisiones sobre los territorios que habitamos. Cientos de casos en México y en diferentes partes del mundo donde se construyeron presas nos dieron las evidencias de los graves daños ecológicos y sociales causados por estos proyectos: asesinato de defensores y defensoras de los ríos, despojo de tierras, desplazamientos forzosos, generación de conflictos comunitarios, afectación del caudal ecológico de los ríos y de la región hidrológica de las cuencas, entre otros.

Hemos documentado la historia de engaños de los promoventes de estas obras privadas y públicas: simulación de consultas en comunidades indígenas, promesas de empleos y progreso, pago de tierras que no llega, falta de servicios y de trabajo en los “nuevos centros de población”, reasentamientos mal construidos en donde a los pocos años la población prefiere emigrar, población sin acceso al agua, contaminación y deforestación. Jóvenes, ancianos y ancianas son particularmente vulnerados por las transformaciones económicas, sociales y culturales provocadas por las presas.

La criminalización y hostigamiento a defensores de los ríos ha sido una constante a lo largo y ancho del país. Este año sin haber transcurrido 3 meses, fueron asesinados dos de nuestros compañeros del MAPDER, Fidel Heras Cruz defensor comunitario y autoridad agraria, integrante del Copudever en Oaxaca y Miguel Vázquez Martínez integrante de la Alianza de Comunidades del Río Bobos Nautla en Tlapacoyan, Veracruz.

Hacemos responsables a los tres órdenes de gobierno de su asesinato y exigimos justicia por ellos y por todos aquellos que en todos estos años de lucha han sido encarcelados, desaparecidos o asesinados por defender el derecho al agua y a la vida.

Desde el Mapder celebramos que gracias a la incansable lucha de cientos de pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes junto con colectivos, organizaciones sociales y académicas se ha logrado evitar la imposición de grandes proyectos de presas en los últimos 20 años. Sin embargo, persiste aún la amenaza de destrucción ecológica, cultural y social a los pueblos afectados por los siguientes proyectos que aún no ha sido cancelados:

  1. Sistema Presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León – Presa El Purgatorio, en Jalisco, promovida por las empresas españolas FCC y Abengoa y las mexicanas Hermes y La Peninsular, que pretende represar el Río Verde para beneficiar a la industria automotriz e inmobiliaria de Jalisco y Guanajuato.
  2. Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 en comunidades totonacas, que pretende beneficiar a Walmart, Suburbia, Vips, entre otras grandes empresas.
  3. 16 mini hidroeléctricas en el Río Bobos Nautla en Veracruz.
  4. Presa Hidroeléctrica La Parota en Guerrero.
  5. Presa Hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit.
  6. Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina” y Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, en Oaxaca.
  7. Además, existen actualmente, al nivel nacional, 29 hidroeléctricas que cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que se encuentran en fase de construcción o de planeación.

Tenemos la certeza de que nuestra lucha no sólo es para exigir la cancelación de esos  proyectos de muerte, sino por construir en nuestro territorio formas de vida en armonía con la naturaleza y ejerciendo plenamente nuestros derechos.

Con la reciente aprobación a la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el debate público sobre la soberanía energética se ha profundizado. Rechazamos las  modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia. El hecho de priorizar el despacho de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría motivar la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos.

Nos parece pertinente levantar nuestra voz para hacer saber nuestra lucha y demandas, la transición energética debe incluir a los pueblos, donde sean visualizadas, así como apoyadas alternativas energéticas sostenibles, justas y solidarias.

Consideramos que el debate debería centrarse en identificar cómo disminuir el gasto energético insostenible y absurdo que vivimos actualmente y no sólo si se debe dar prioridad a las energías renovables o a los combustibles fósiles. Sabemos los grandes intereses de las grandes empresas privadas transnacionales que están haciendo gran negocio con sus proyectos de energías renovables de gran escala, mal llamadas limpias, pues también conllevan destrucción y daños ecológicos. Los combustibles fósiles se van a agotar y desde luego urge disminuir su uso y avanzar en la transición energética, pero no para mantener y  menos aumentar el gasto absurdo de energía que el actual modelo económico capitalista impone. Nuestra preocupación y acción debe estar orientada a disminuir la producción y consumismo acelerado y brutal que se nos ha vendido como progreso.

El consumo y el acceso a energía siguen siendo bastante injustos y basado en fomentar intereses privados. Una investigación del colectivo GeoComunes presenta que en 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por la industria, lo que representa 3 veces el consumo del conjunto de los usuarios domésticos a nivel nacional. Además, dentro del sector industrial, el mayor consumo lo hacen las ramas minera y cementera, dos actividades que juntas representan en 8% del consumo total de electricidad en 2018, lo que equivale al consumo domiciliario de 46 millones de personas en México. Nos preguntamos, ¿cuál es la supuesta utilidad pública de esos proyectos energéticos si terminan en buena medida abasteciendo actividades que también amenazan nuestros territorios y nuestras vidas como es el caso de la minería?. En muchos de los estados, en los cuales luchamos desde el MAPDER, no solo nos enfrentamos a proyectos de presas sino también a proyectos mineros, industriales o agroindustriales que son parte del mismo modelo extractivo mantenido a flote por el despojo de los pueblos y la generación de energía.

Sobran los ejemplos que nos ilustran que los proyectos energéticos no están promovidos para abastecer en primer lugar de energía a los pueblos. Según la investigación de GeoComunes, y el censo del INEGI, en 2020 existían casi 269 mil viviendas habitadas sin acceso a la electricidad en México. En Nayarit, a pesar de la instalación de 3 de las hidroeléctricas dentro de las más grande del país (Aguamilpa, La Yesca y El Cajón), que han desplazado grandes cantidades de familias,  los municipios del La Yesca y del Nayar contaban en 2020 todavía respectivamente con el 12% y el 30% de las viviendas sin acceso a la electricidad.  El estado de Chiapas que concentra el 41% de la capacidad operada de las hidroeléctricas a nivel nacional, es la tercera entidad con mayor número de viviendas sin acceso a la electricidad con el  9% del total a nivel nacional. Los 2 otros estados que superan a Chiapas en términos de vivienda sin acceso a la electricidad son Oaxaca y Veracruz (12% y 9.4% del total), donde también se encuentran una gran cantidad de centrales eléctricas como hidroeléctricas o parques eólicos.

Es urgente sacar la discusión sobre el agua y la energía de los círculos de expertos técnicos y las altas esferas políticas para debatir colectivamente el agua y la energía para y desde los pueblos.

Respaldamos la Inicitiva Ciudadana de Ley General de Aguas y exigimos al Congreso de la Unión su inmediata aprobación, respetando en todo momento los 12 Consensos por el agua de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.

Abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del Movimiento Anti-Represas de Brasil (MAB), por sus 30 años de valiente lucha en defensa de los ríos y contra las presas. Celebramos con ustedes sus victorias y alzamos nuestras voces por ¡Agua para la vida, no para la muerte!, muchas felicidades.

14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

¡Agua y Energía, No son mercancía!

#RíosLibres #PorLosDerechosDeLosRíos #JusticiaParaFidelHerasCruz #JusticiaParaMiguelVásquezMartínez

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Imagen: Mapder, IMDEC

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¡¡Libres más que nunca!! Atzin y el Consejo Tiyat Tlali logran un nuevo Territorio Libre de Minería en Puebla

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre un gran logro en la lucha por defender la vida de la minería – A 9 de marzo de 2021

A las/os integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería nos llenó de alegría la noticia del Ayuntamiento Municipal de Libres en Puebla quienes, en una sesión de cabildo del 25 de febrero,acordaron no autorizar ningún permiso de uso de suelo para cualquier proyecto minero en el municipio.

Este gran logro se enmarca con la incansable lucha que desde 2014 ha dado el Movimiento Atzin-integrante del Consejo Tiyat Tlali, a su vez miembros de REMA-, al enterarse de la existencia de dos concesiones mineras en la comunidad de Libres, entregadas a la MINERA GAVILAN, S.A. DE C.V filial de la empresa canadiense Álmaden Minerals, con una superficie total de 8,801 Ha.lo que representa alrededor de un tercio de la superficie total del municipio.

Haciendo pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y colectivos, las mujeres y hombres que conforman el movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali lograron involucrar a sus autoridades municipales para que estos sumarán esfuerzos al compromiso por la defensa del territorio y de la vida. Ese acto nuevamente refrenda la fuerza que tiene la organización comunitaria cuando, desde abajo y de forma constante, impulsa procesos que apuntan al ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, dando fuerza y solvencia a sus estructuras de gobernanza tanto agrarias y municipales, al analizar, discutir y acordar aquellas acciones que atentan contra sus vidas y territorios.

Estas estrategias de consolidación de sujetos políticos colectivos y de trabajos preventivos frente al modelo extractivo minero que apuntan hacia la realización actos legales definidos en este caso a partir de las declaraciones de territorios libres de minería,son y debe ser un quehacer fundamental para todos los movimientos de México ante el embate de acomodos de leyes y manipulaciones políticas que actualmente continúan gestándose a favor de empresas dedicadas al extractivismo. Evidentemente a REMA nos da mucha alegría y esperanza que hoy podamos contar con un nuevo territorio libre de minería en nuestro país, porque reafirma que la mejor forma de parar las asimetrías del poder corporativo es a través de las acciones preventivas, mismas que desde la REMA son el tronco común de nuestro quehacer.

Nos unimos a las exigencias y recomendaciones del Movimiento Atzin hacia sus autoridades municipales de no hacer uso de este gran logro ciudadano como bandera política-electoral, asícomo también queden enteradas las autoridades futuras,su obligación en darle un seguimiento rotundo y firme a esta decisión y mantener su compromiso por la defensa del territorio colocando los intereses de la población por encima de las pretensiones empresariales que hacen toda serie de simulaciones para imponer sus proyectos extractivos.

También nos sumamos a las inquietudes frente a otros megaproyectos que amenazan la región de la Sierra Norte de Puebla(proyecto minero Ixtaca de la misma empresa Álmaden Mineralsen el municipio vecino de Ixtacamatitlán,hidroeléctricas, proyectos solares, proyectos agroindustriales, uso de bombas antigranizo, entre otros), para lo que ya se suman esfuerzos y compromisos que sin duda avanzan en una férrea defensa regional de esas hermosas tierras de la Sierra Norte,que han sido tan acogedoras y fuentes de tantos aprendizajes, para toda nuestra red.

Retiramos toda nuestra admiración,felicitación y solidaridad hacia la digna lucha del pueblo de Libres, así como del movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

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