Tres décadas de opacidad en gestión ambiental de minería en México

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la voracidad minera en México – A 13 de abril del 2023

PorÑaní Pinto

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.

El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.

TipoNúmero de operaciones identificadasSuperficie (ha)
Carbón6218,073.2
Metálica24979,606.1
No metálica1828,256.8
Salina3856,022.0
Metálica (exploración)34326,362.4
Total874188,320

Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático

La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.

Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.

Imagen: Avispa Midia

Más información:

Diplomáticos canadienses priorizan la minería a expensas de los derechos humanos, dicen expertos legales a la ONU

Compartimos esta nota de Mining Watch Canadá sobre las empresas mineras y sus violanciones a los derechos humanos – A 5 de abril de 2023

OTTAWA – Hoy, expertos en responsabilidad corporativa enviaron una presentación de 30 páginas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su Examen Periódico Universal de Canadá en abril de 2023, denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente (DDH). 

La presentación se basa en cinco estudios de caso bien documentados de México, Guatemala, Perú y Ecuador para ilustrar los temas clave que definen el enfoque diplomático de Canadá a los conflictos mineros en el exterior. Entre los estudios citados, en México, se cree que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso en mayor riesgo la vida del defensor del medio ambiente Mariano Abarca en los meses previos a su asesinato en noviembre de 2009. En Ecuador, en 2021, la embajadora canadiense denegó las peticiones de apoyo de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, después de que ésta denunciara haber recibido amenazas de muerte del vicepresidente de operaciones de la empresa canadiense Solaris Resources como consecuencia de la oposición de su pueblo al proyecto de cobre de la empresa.

El escrito, redactado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) con el apoyo de MiningWatch Canadá, cuenta con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil canadiense y 39 profesores, abogados y juristas. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento por parte de Canadá de sus compromisos en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones específicas, correspondiendo a Canadá la responsabilidad de aplicar los cambios. 

“Hemos constatado que las embajadas canadienses siguen prestando un importante apoyo a las empresas mineras canadienses a pesar de ser conscientes de las graves y creíbles denuncias de violaciones de derechos humanos y medioambientales”, afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (TRU) y integrante de la junta directiva de JCAP. “El Examen Periódico Universal es una oportunidad crucial para poner a Canadá en el punto de mira y revelar la enorme brecha existente entre los compromisos nacionales e internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y las acciones y omisiones de los funcionarios canadienses, que ignoran sistemáticamente las preocupaciones de las comunidades afectadas y los riesgos para las y los defensores. En algunos casos, los funcionarios canadienses han tomado medidas para socavar los esfuerzos de las comunidades por defender sus derechos y acceder a la justicia”.

El documento examina los problemas que siguen planteando las Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, un conjunto de directrices que especifican cómo las embajadas canadienses y otros funcionarios deben apoyar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los canadienses, y promover una conducta responsable por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero. En el documento se señalan fallos específicos de la política, como la falta de claridad en cuanto a las obligaciones concretas de los funcionarios canadienses, la falta de información y transparencia sobre cómo se aplican las directrices y la falta de supervisión independiente para garantizar su cumplimiento. 

“Al mismo tiempo que los funcionarios de la embajada canadiense hacen esfuerzos considerables para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero, poniendo a los defensores en mayor riesgo, el gobierno canadiense no ha logrado garantizar ni siquiera un mínimo de rendición de cuentas para los responsables de daños devastadores”, dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. “Estamos pidiendo al Grupo de Trabajo que haga fuertes recomendaciones a Canadá para que ajuste finalmente sus acciones en cuanto a sus compromisos cuando se trata de la rendición de cuentas del Estado y de las empresas.” 

JCAP hace las siguientes recomendaciones al grupo de trabajo en su escrito: 

  1. Recomendar a Canadá que reforme su política y su enfoque jurídico de la diplomacia económica y los defensores de los derechos humanos en el extranjero por un enfoque que pueda garantizar que las acciones de los funcionarios canadienses cumplan las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales.
  2. Recomendar que dichas reformas se desarrollen únicamente tras un proceso completo y significativo de participación de la sociedad civil. Éste debería incluir a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades y los grupos directamente afectados por la extracción industrial de recursos en el extranjero, con el apoyo del gobierno y las misiones diplomáticas canadienses.
  3. Recomendar que Canadá lleve a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos por parte de los funcionarios canadienses de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales en los cuatro casos citados en este informe. Esta revisión debe identificar los remedios apropiados a cualquier persona que haya sido perjudicada directa o indirectamente por las acciones de Canadá.

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Contactos para medios de comunicación: 

  • Charis Kamphuis, integrante de la Junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers | ckamphuis@tru.ca, 250-572-2625
  • Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina en MiningWatch Canadá | viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264

Imagen: Altar en memoria de Mariano Abarca. Foto: blog ewwaunel vía Chiapas Paralelo

En los Medios:

Semana #Alto al Glifosato en Europa

Compartimos esta información sobre movilizaciones contra el glifosato en Europa compartido a través de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México RAPAM – A abril 2023

Semana #Alto al Glifosato

PAN Europa (Red de Acción en Plaguicidas en Europa ó Pesticide Action Network Europe por sus siglas en inglés) te invita a la semana #ALTO al Glifosato. El glifosato supone un riesgo para nuestra salud y pone en peligro la biodiversidad. La autorización de la Unión Europea (UE) vence en diciembre de 2023 y los que la fabrican solicitaron una nueva aprobación por muchos años más de destrucción. Muchos efectos negativos del glifosato se conocen ampliamente y no necesitamos más glifosato. Existen alternativas más seguras y económicamente viables para todos los usos principales. Para resaltar estos peligros y alternativas habrá una serie de actividades. Encuentra a continuación el programa completo.

Eventos:

3 de abril a las 10:00: Lanzamiento de la Campaña de Financiación Colectiva del Glifosato organizada por la Coalición Alto al Glifosato y PAN Europa. Los fondos recaudados ayudarán a informar mejor al público a nivel europeo y nacional y garantizarán que el tono del debate lo establezca la investigación científica independiente, no la ciencia financiada por la industria.

11 de abril a las 09:30: Conferencia de prensa con el invitado especial DeWayne Lee Johnson, jardinero estadounidense y testimonio vivo de la nocividad del glifosato, la directora de cine Jennifer Baichwal y científicos expertos en el tema.

11 de abril a las 13:00: Mesa redonda organizada por los Verdes en cooperación con PAN Europa: Alternativas al uso de glifosato en vivo en el Parlamento Europeo (Sala A5E1) y en línea. La conferencia con agricultores y representantes de la comunidad científica está organizada por el comité AGRI y los miembros del Grupo Verdes/EFA, Sarah Wiener y Benoit Biteau. (en inglés, alemán y francés). Ya puedes registrarte a través de este enlace.

12 de abril a las 18:30: Estreno en la Unión Europea de la película ‘Into the Weeds‘ con el invitado DeWayne Lee Johnson en UGC de Brouckère. La historia del jardinero de la escuela DeWayne Lee Johnson y su histórica batalla legal contra la compañía química Monsanto (ahora Bayer) provocó una reflexión mundial sobre la seguridad y el impacto ambiental del agente herbicida glifosato. La proyección será seguida por un panel de discusión con el protagonista de la película DeWayne Johnson, la directora Jennifer Baichwal, Carey Gillam (autora de Los papeles de Monsanto) y otros expertos y hacedores de políticas.

13 de abril a las 19:00: Webinar Efectos a largo plazo en la salud de la exposición infantil al glifosato.Presentación de un estudio a largo plazo que examina los posibles vínculos entre la exposición al glifosato y la enfermedad hepática y los trastornos metabólicos. Otro campo donde los efectos del glifosato aún no han sido investigados a fondo por las autoridades.

Nuevas publicaciones:

Informe: herbicidas a base de glifosato y su impacto en la salud de las abejas

Informe: Manejo de malezas: Alternativas al uso de glifosato

Estudio: la inhibición de la autofagia inducida por glifosato da como resultado esteatosis hepática a través de la reprogramación epigenética mediadora de PPARα en gallos

Estudio: Evaluación del daño genético inducido a través del glifosato y tres formulaciones comerciales con adyuvantes en células sanguíneas humanas

Para obtener más información, póngase en contacto con Gergely Simon en gergely@pan-europe.info.

Esperamos verte en estos eventos.

Atentamente,

Emilie Ballivián

Communications Assistant

Monday to Thursday 8.30 -17 hrs

Brussels

PAN EUROPE 

www.pan-europe.info

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Traducción del original en inglés por RAPAM

Eustacio Alcalá Díaz, otro asesinado más víctima del modelo extractivo minero

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 de abril del 2023

Secuestrado el 01 de abril del presente cuando transportaba a 3 monjas provenientes de Aquila hacia su comunidad, Eustacio Alcalá Díaz, representante legal y férreo defensor de su territorio, de Huizontla, Municipio de Chinicuila, en el Estado de Michoacán, fue encontrado sin vida este 4 de abril. La Comunidad indígena nahua decidió en Asamblea emprender acciones legales en defensa de su territorio en contra de la explotación minera desde 2018.

El 21 de enero de 2022 la Comunidad nahua ganó un amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que reconoce la violación a los derechos colectivos de San Juan Huizontla y declara la suspensión de los títulos de concesión minera a las empresas ArcelorMittal y Ternium.

Precisamente el 15 de enero de 2023 el líder comunal Antonio Díaz y el abogado Rafael Lagunes, quienes habían denunciado una posible “explosión de violencia por enfrentamiento entre comuneros y derramamiento de sangre” responsabilizando a la empresa Ternium de “meter las manos para dividir a la comunidad y sacar tajada”; desaparecieron en Aquila Michoacán después de estar en una Asamblea Comunal y hasta la fecha no se ha dado con su paradero.

No es ninguna casualidad que estas empresas mineras, como la mayoría, a lo largo y ancho del país estén siguiendo la misma estrategia de violencia contra las y los defensores del territorio que se oponen a sus proyectos de muerte, pues este es el modus operandi del modelo extractivo minero a nivel mundial que nos han impuesto para sembrar proyectos que a todas luces violentan los derechos de los pueblos, mientras los gobiernos en turno deliberadamente cierran los ojos dando un claro mensaje a las empresas de que tienen el permiso de delinquir, devastar y saquear con total impunidad.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos totalmente el asesinato del compañero Eustacio Alcalá, nos solidarizamos con la familia y la Comunidad de Huizontla, y exigimos a los tres órdenes de gobierno se investiguen los hechos y se castiguen a los responsables, así como un alto total a la violencia en contra de las y los defensores del territorio.

¡ALTO TOTAL A LA ACTIVIDAD MINERA EN NUESTRO PAÍS!

¡YA BASTA DE ASESINATOS Y DESAPARICIONES POR PARTE DE EMPRESAS MINERAS Y LA INACCIÓN DEL GOBIERNO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Ecuador es denunciado ante la CIDH por sus intromisiones en el caso Chevron

Compartimos este pronunciamiento de la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de TexacoUDAPT vía Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el caso Chevron en Ecuador – A 23 de marzo del 2023

Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutorió la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos victimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.

Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.

En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.

Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.

En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.

Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El Laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnancionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.

Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.

Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.

Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.

La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.

Contactos
Donald Moncayo +593 99 397 7808
Pablo Fajardo +593 99 397 7811

Podcats: Día Mundial del Agua

Compartimos este programa especial de radio producido por Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival donde integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA platican sobre los impactos de la minería en el sistema hídrico de los territorios amenazados por megaproyectos mineros – A 16 de marzo 2023

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año para “llamar la atención sobre la importancia de este elemento, defender la gestión sostenible de los recursos hídricos” y asegurarnos de que “todas las personas tendrán acceso a agua y saneamiento gestionados de manera segura para el año 2030”. Aunque esta última meta es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados en el 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, aún estamos muy lejos de lograr el acceso al agua para todas las personas que habitamos este planeta.

Por esta razón, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival preparamos un programa especial para reflexionar sobre la importancia del agua, visibilizar algunas de las problemáticas a las que nos enfrentamos los Pueblos Indígenas en relación con el acceso a ella, así como las consecuencias que trae la explotación minera en nuestros territorios, como la escasez de agua y la contaminación de ríos, arroyos y aguas subterráneas. Conoceremos los casos de la comunidad aymara de Tiquipa, en Bolivia, afectada por la contaminación del Río Katari, así como la amenaza que se vive en México frente a un nuevo impulso minero que pretende llevarse a cabo en “zonas de riesgo hídrico extremadamente alto”.

Puede escuchar, descargar y compartir este programa de forma gratuita.

>>Escucha el programa aquí<<

Musicalización:
Música de introducción:
– “Burn Your Village to the Ground” de The Halluci Nation. Derechos de autor, propiedad de The Halluci Nation. Usada bajo su permiso.
Música de fondo:
– Sonido de río y sonido de aves. Uso libre.
– “El agua” de Tonatiuh de la Cruz. Derechos de autor, propiedad de Tonatiuh de la Cruz. Usada bajo su permiso.
– “Indios Tilcara”, “Sueño en Paraguay” y “Los pastores” de Chancha Vía Circuito. Derechos de autor, propiedad de Chancha Vía Circuito. Usada bajo su permiso.
– “Huaves” de Tezkayoloh. Derechos de autor, propiedad de Tezkayoloh. Usada bajo su permiso.

Voces:
– Verónica Amaro Quispe, comunidad Tiquipa, Bolivia.
– Roberto Aruquipa Amaro, Presidente de la Coordinadora de Defensa, Desarrollo y Medio Ambiente del Río Katari y el Lago Titicaca de la Central Agraria Quiripujo, Bolivia.
– Luis Flores Mendoza, comunidad Tiquipa, Bolivia.
– Carmen Rosa Herrera, integrante del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral (IIADI), Bolivia.
– Integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).
– Raquel Xiloj, Maya K’iche, Cultural Survival, Guatemala.
– Guadalupe Pastrana, Nahua, Cultural Survival, México.

Producción y edición:
– Guadalupe Pastrana, Nahua, Cultural Survival, México.

Imagen:
– Cultural Survival.

Enlaces:
Día Mundial del Agua.
www.un.org/es/observances/water-day

Informe: “Explotación de litio en México. ¿Interés público o extractivismo transnacional?”.
geocomunes.org/Colaboraciones/In…REMA_MWC_2023.pdf

Esta es una producción de Radio de Derechos Indígenas. Nuestros programas son gratuitos para escuchar, descargar y difundir.

Más información:

Informe: Construyendo el poder en la crisis

Compartimos este informe realizado por Fondo SAGE donde Otros Mundos colaboramos – A Marzo 2023

Construyendo el poder en la crisis

Las respuestas de las mujeres al extrativismo

>>Descargar el informe completo en español aquí<<

>>Descargar el resumen del informe en español aquí<<

Antecedentes

Este informe ha sido realizado por el Fondo SAGE como una investigación fundacional para el Fondo de Mujeres Resilientes y Recursos Naturales, una nueva iniciativa de la Ford Foundation. La iniciativa busca impulsar el impacto, resiliencia y respuesta colectiva de las mujeres defensoras que oponen resistencia a la extracción natural de recursos y a la violencia estructural que la extracción engendra y agrava. A lo largo de tres años, la iniciativa fomentará una comprensión más profunda de los vínculos entre movimientos sociales, identificará oportunidades para reforzar alianzas y estrategias y apoyará acciones específicas. A través del aprendizaje, convocatorias y subvenciones, la iniciativa amplificará el impacto del trabajo en la intersección de los campos de recursos naturales, clima y medio ambiente, espacios públicos, derechos humanos, economía global, feminismo y derechos de la mujer y pueblos indígenas.

SAGE es una de las tres organizaciones aliadas que trabajan en distintos ámbitos y regiones y que dirigen la fase inicial del trabajo del Fondo de Mujeres Resilientes y Recursos Naturales. SAGE llevó a cabo un análisis exhaustivo del contexto y de las causas de la violencia estructural, de los impactos de género y de las estrategias y enfoques que guían el trabajo. La Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) llevó a cabo un mapeo de los grupos y actores que trabajan en la intersección del clima, el medio ambiente y la justicia de género, basándose en su trabajo global de subvenciones y en sus redes. Global Greengrants Fund aprovechó su plataforma de aprendizaje sobre clima y género para liderar un proceso de mapeo de los donantes con el fin de identificar oportunidades para financiar más trabajo. Desde fines de 2020 y durante 2022, las tres organizaciones aliadas se reunieron regularmente para perfeccionar su comprensión del problema. A principios de 2023 se publicará un resumen de sus conclusiones conjuntas.

El Fondo SAGE agradece a la Ford Foundation por su apoyo a esta investigación y análisis participativos, así como la oportunidad de apoyar la concesión de subvenciones exploratorias basadas en los resultados.

Indice:

Antecedentes 2
Introducción 4
Desgranando el problema 7
Mujeres, recursos naturales y extractivismo 9
Definiciones 12
Características fundamentales del extractivismo 14
Dimensiones de la violencia estructural de género 21
Causas de la violencia estructural de género 33
Estrategias para construir, confrontar y transformar el poder 46
Estrategias fundacional 49
Estrategias específicas para cada lugar 71
Estrategias transformacionales 101
Resumen de conclusiones 118
Metodología 131
Participantes de la Investigación 134
Notas finales 137

Introducción:

Este informe es un análisis que abarca distintos movimientos del panorama de las necesidades, las lagunas y las oportunidades para apoyar el trabajo en las intersecciones temáticas de las mujeres, los recursos naturales y el extractivismo. Desarrollado como un recurso para los financiadores, la sociedad civil y los movimientos sociales que acompañan a las comunidades afectadas por el extractivismo, este informe ofrece múltiples puntos de entrada para entender el problema y fortalecer las respuestas colectivas. El informe pretende profundizar en la comprensión de un conjunto de cuestiones muy complejas, abriendo la puerta a una mayor exploración entre la comunidad de donantes y la sociedad civil sobre cómo priorizar las experiencias, los conocimientos y las prácticas de las mujeres como trampolín para un mayor apoyo y acción. También identifica una serie de estrategias—dirigidas por mujeres, sus organizaciones y movimientos y sus aliados—que pueden reforzarse para apoyar las luchas de las mujeres contra el extractivismo y amplificar sus soluciones.

A partir de 96 entrevistas a lideresas y líderes que trabajan en África, el Sur y Sudeste Asiático y América Latina, el análisis representa una amplia muestra de puntos de vista, desde mujeres lideresas de comunidades afectadas por el extractivismo hasta grupos de la sociedad civil que trabajan en políticas nacionales y globales, pasando por el sector académico que estudia los nuevos impactos de género del extractivismo. Este informe conecta proyectos ubicados dentro de diversos movimientos sociales,
desde niveles locales hasta el global, y fundamentados en perspectivas geográficas y de campo. Al igual que el Fondo SAGE trata de llenar las lagunas existentes en los campos de la rendición de cuentas corporativa, la economía global y los derechos humanos, nuestro objetivo para este informe es conectar trabajos que a menudo operan en silos.

La primera mitad de este informe sienta las bases conceptuales y de definición necesarias para entender cómo y por qué el extractivismo tiene género. Las estructuras de poder patriarcales tienden a excluir, o a hacer menos visibles, las formas en que las mujeres, las personas trans, intersexuales y no binarias experimentan los impactos del extractivismo de forma diferente a los hombres. Este análisis reconoce la amplitud de los daños causados por el género, pero se centra en las experiencias particulares de las mujeres y las niñas. Una importante base conceptual de este informe es que el extractivismo produce y refuerza la “violencia estructural de género”. La violencia es multidimensional, lo que significa que se produce de diversas formas, como la económica, la medioambiental, la política, la sociocultural y la basada en el género. La violencia también es estructural, lo que significa que está arraigada en los sistemas, instituciones y prácticas que afectan a la vida cotidiana de las mujeres. En consecuencia, este informe trata de trazar un mapa de las esferas de poder en el contexto de las actividades extractivas, desentrañando las agendas interconectadas de los actores públicos y privados y cómo se confabulan para violar los derechos y cambiar fundamentalmente la relación entre las personas y los recursos naturales. El informe también analiza los factores críticos de la violencia estructural de género causada por el extractivismo, situando la crisis actual en un contexto histórico y conectándola con otras luchas cruciales como el cierre del espacio cívico y el aumento del autoritarismo en todo el mundo.

La segunda mitad del informe recoge las estrategias de las mujeres para reivindicar el poder: más concretamente, para construirlo, enfrentarse a él y transformarlo. Estas estrategias se agrupan en tres tipos: (1) estrategias fundacionales de creación de poder, que fortalecen las estructuras organizativas, el liderazgo y las prácticas necesarias para futuras luchas; (2) estrategias específicas para cada lugar que se dirigen a un proyecto extractivo en concreto o abordan una amenaza inminente, y (3) estrategias de transformación, diseñadas para abordar las causas de la violencia y crear un futuro alternativo y sostenible. Estas clasificaciones son útiles para destacar cómo las estrategias dirigidas por mujeres pueden enfrentarse a retos únicos o tratar de aprovechar oportunidades específicas que la sociedad civil y los financiadores aún no han comprendido del todo. Estas estrategias no deben interpretarse de forma aislada, sino como piezas interdependientes de un todo. Cada una de ellas complementa o refuerza a las demás, demostrandola necesidad de formas de apoyo ágiles y específicas para cada contexto. La sección de estrategias ofrece información sobre las necesidades, las carencias y las oportunidades clave para apoyar a las mujeres en su lucha contra el extractivismo.

Conscientes de que los movimientos y la sociedad civil se adaptan constantemente para hacer frente a los retos del extractivismo, este informe pretende ser un documento vivo. Al final de este informe se incluye un resumen de las principales conclusiones, con el fin de compartir los conocimientos con un conjunto diverso de lectores. Para aquellos que busquen un análisis sintetizado, se publicará una versión reducida del informe. Esperamos que estas ideas iniciales cambien a medida que se profundice en la comprensión del problema y evolucionen nuestros enfoques. Mientras tanto, SAGE utilizará este análisis en su labor de concesión de subvenciones y aprendizaje, integrándolo en su trabajo sobre la economía global e incluyendo un enfoque de género más explícito. También utilizaremos el informe como herramienta para involucrar a otros financiadores y apoyar a la sociedad civil en su intento de profundizar en su comprensión y responder con una nueva perspectiva a la urgencia del problema.

>>Seguir leyendo el informe completo en español aquí<<

>>Descargar el informe completo en español aquí<<

>>Descargar el resumen del informe en español aquí<<

Sierra norte de Puebla: Comunidad nahua Tecoltemi logra que no haya nuevas concesiones mineras en su territorio

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por la vida en la sierra norte de Puebla – A 6 de marzo del 2023

PorSare Frabes

La Secretaría de Economía (SE) declaró, a finales de febrero de 2023, que “no es factible” otorgar nuevamente los títulos de concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, las cuales abarcan los territorios de por lo menos 20 comunidades.

La comunidad nahua Tecoltemi logró, en febrero de 2022, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que canceló las concesiones que pertenecían a la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals. La comunidad había interpuesto un juicio de amparo en 2015 para la impugnación de las concesiones.

En dicha sentencia el juez ordenó, primero, que se dejara “insubsistentes

las concesiones mineras”, explica la abogada del caso Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali. Segundo, que se “analizara por parte de la SE la factibilidad de nuevas emisiones de las concesiones”.

La SE señala, según la abogada, que no es factible otorgar concesión en el municipio de Ixtacamaxtitlán por cuestiones ambientales, sociales y culturales.

De manera que, con la decisión de la SE, la empresa Almaden Minerals no cuenta, definitivamente, con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y ya no le serán otorgadas nuevamente. “Lo que queremos es que se vaya definitivamente de nuestro territorio. En ningún lugar los queremos”, sostiene Francisca Zamora, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, y quien vive a 300 metros de donde se pretendía hacer las excavaciones.

Un tercer punto que dicta la sentencia judicial es la necesidad de que se lleve a cabo una consulta a la comunidad. Sin embargo, a pesar de que la empresa, por medio de comunicados ha anunciado que es necesario hacerla, Pérez sostiene que solamente en el caso de que se señalara factible la emisión de nuevas concesiones habría la necesidad de un proceso de consulta. “Al no ser factible la emisión de concesiones, es improcedente la realización de cualquier consulta”, explica la abogada.

“No queremos la consulta, queremos que se respete el dictamen de la Secretaría de Economía”, señala Zamora.

La asamblea ejidal de Tecoltemi ya tomó su decisión. Aprobó un acta que declara la comunidad territorio libre de minería. “Ya hemos decidido. Queremos que respeten nuestra decisión”, dijo el inspector de vigilancia de la comunidad, Raimundo Romano, quién inició el litigio en el año 2015.

“Nuestro municipio es un municipio de historia que viene desde antes de 1519. En todos estos cientos de años no ha habido una persona que se muera de hambre.  Nosotros tenemos de donde vivir. Lo que nosotros producimos ahí es la agricultura, cosechamos maíz, frijol, habas, cebada, trigo. Nosotros vivimos de la tierra. Donde querían construir el proyecto se encuentra un manto acuífero muy importante, que abastece a cuatro municipios y que es fundamental para la vida de los pueblos”, señala Zamora contrarrestando la argumentación de la empresa de que llevará empleos a la comunidad.

Los ejidatarios también rechazaron las declaraciones de la empresa de que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras. “Exigimos a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio”, sostuvieron.

La comunidad Tecoltemi y la Unión de Ejidos exigen que, con la decisión de la SE, la justicia federal de por terminada, definitivamente, la ejecución de la sentencia dictada en febrero de 2022.

Pendiente

Tecoltemi también había reclamado, en el juicio de amparo, la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera, entre ellos, los que determinan que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, y que el titular de las concesiones tiene el derecho de obtener expropiación de terrenos, así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

Sin embargo, la Suprema Corte dejó intacta la legislación, reafirmando su constitucionalidad. “Queda pendiente la modificación de la Ley Minera y del actual régimen de concesiones”, dijo Jorge Peláez, de la Colectiva “Cambiémosla Ya”.

“Hay un marco regulatorio que no cumple los principales estándares internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas. (Las comunidades) Se enteran que hay concesiones en su territorio cuando lo ven en la Gaceta Ecológica.”, añade.

Según datos actualizados del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, se han entregado 25, 267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21 millones de hectáreas del territorio nacional.

Imagen: Ejidatarios y pobladores del Ejido Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla . Avispa Midia

Más información:

“Tenía que ver con mis propios ojos que las máquinas perforaban la cortina de la presa”

Compartimos esta nota de Zona Docs vía Chiapas Paralelo sobre la defensa de la vida en Temacapulín, Jalisco – A 27 de febrero del 2023

*Esta nota fue realizada por Zona Docs, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.


La lucha claramente valió la pena, es la sensación que tienen las y los pobladores de Temacapulín que acudieron puntuales a observar la destrucción de parte de la cortina de la presa El Zapotillo, megaproyecto que amenazaba con inundar Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los cuales defendieron con dignidad hasta lograr frenar un proyecto que, desde el inicio, se hizo a sus espaldas.

Texto y fotografías: Mario Marlo

Con sus dos bastones apoyados firmemente en el suelo y sus pasoslentos y cuidadosos, doña Isaura Gómez Guzmán, una mujer de 87 años oriunda de Temacapulín, Jalisco, finalmente logró acercarse a unos metros de las obras de reacondicionamiento que la Comisión Nacional del Agua lleva a cabo en la Presa El Zapotillo, un megaproyecto contra el cual ha luchado durante más de 16 años para evitar que su pueblo sea inundado.

Conocida cariñosamente como Chagua, esta valiente mujer necesitaba ver con sus propios ojos las máquinas que perforaban la cortina de la presa que le había causado tantas noches de insomnio, angustia y rabia a ella, su familia y sus vecinos durante tantos años.

“Tenía que verlo con mis propios ojos, aunque los de la Conagua me aseguraban que las obras ya habían comenzado, yo no les creía,nos mintieron muchas veces. Ahora me siento tranquila porque finalmente pude constatar que no era una mentira”, expresó con firmeza.

A su lado, con sus ojos atentos y haciendo esfuerzos por escuchar a los oradores que explican los avances, se encuentra Alfonso Íñiguez, un hombre de 86 años que se ha convertido en un símbolo de la resistencia de Temaca, también observó detenidamente cada una de las láminas que muestra Yasser Abiuth García, el responsable de la obra.

“Ahora sí van bastante avanzados, la visita anterior mostraba muy poco, pero ahora parece que el presidente está cumpliendo”,dijo con optimismo.

Desde que iniciaron las obras de reacondicionamiento de la presa, cada mes los pobladores y sus asesores han visitado el lugar para que los representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les informen sobre el avance de la obra. Para doña Isaura y para don Alfonso, esta lucha ha sido larga y agotadora, pero su resistencia y perseverancia les han permitido ver con sus propios ojos: la no inundación de sus comunidades. 

De 105 metros a 46 metros de altura

Como cada mes desde que iniciaron las obras de reacondicionamiento de la presa El Zapotillo, los habitantes de las comunidades deTemacapulín, Acasico y Palmarejo, acompañados de sus asesores, llevaron a cabo una visita de inspección el pasado viernes.

Durante la visita, las autoridades de la Conagua les informaron sobre el progreso de las adecuaciones de la presa, en cumplimiento con los acuerdos firmados el 10 de noviembre de 2021. En dichos acuerdos, el presidente de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptaron la contrapropuesta de los pueblos para el megaproyecto, que incluía algunos cambios.

El cambio principal en el megaproyecto aceptado fue la decisión de no construir un sólo vertedor físico, sino seis ventanas vertedoras de 12 metros de altura por 72 metros de largo, a una altura de 46 metros del punto más bajo de la presa. Con esta modificación, se garantizaría que, en caso de una gran avenida de agua, las tres comunidades no sufran inundaciones.

Según Yasser Abiuth García Sánchez, Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico:

“actualmente las ventanas vertedoras tienen un avance del 9.5% en la excavación, mientras que el proyecto de reacondicionamiento en su totalidad tiene un avance del 25%. Se espera que el proyecto se concluya en diciembre de 2023.”

Abiuth García Sánchez destacó que la decisión de construir las ventanas vertedoras fue la mejor opción para evitar que la presa se convirtiera en un elefante blanco que sólo requeriría gastos de mantenimiento. Con las nuevas obras, se asegura que las comunidades no se inunden y se aprovecha el agua para Guadalajara.

Yasser Abiuth García Sánchez detalló que dentro de las obras de la presa está dividida en dos acciones, las seis ventanas vertedoras y el tanque amortiguador que tiene como objetivo evitar que cuando venga la crecida y empiece a verter, el agua que caiga al suelo no erosione el tanque amortiguador,  pues si eso pasa podría ocasionar alguna falla estructural.

Según Yasser Abiuth García Sánchez, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, el tanque amortiguador está en proceso de construcción y ya lleva un 90% de avance. Se espera que su conclusión tenga lugar en el mes de mayo.

En cuanto a la presa El Zapotillo, las obras de reacondicionamiento en su totalidad se encuentran actualmente en un 25% de avance, y se espera que concluyan para finales del mes de diciembre de este año. Las autoridades de la Conagua planean comenzar a llenar la presa en julio de 2024.

“Es probable que el siguiente año ya esté en operación. La presa se cerrará y se llenará hasta el nivel de las ventanas, empezará a verter y también se empezará a aprovechar para llevar agua a Guadalajara. Si la temporada comienza en julio, para agosto ya estará a nivel de las ventanas y comenzará a verter”, resaltó Yasser Abiuth García.

Claudia Gómez Godoy, encargada por el gobierno federal de la Presa El Zapotillo y del Plan de Justicia para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, enfatizó que la ejecución de las obras es elcumplimiento de uno de los compromisos del presidente con los pueblos.

“El presidente se comprometió el 10 de noviembre de 2021 a que las comunidades no sufrirían inundaciones y a terminar el proyecto de la empresa del Zapotillo. Este acuerdo histórico respeta los impactos sociales y los derechos humanos”, dijo Gómez Godoy.

Por su parte, María González Valencia, directora del IMDEC, organización que acompañó a las comunidades durante su lucha,destacó que el  reacondicionamiento técnico de la presa El Zapotillo se logró gracias a la exigencia y los conocimientos técnicos comunitarios acumulados a lo largo de su lucha.

Según González Valencia, es importante recordar que la propuesta inicial presentada por Conagua el 21 de agosto de 2021 planteaba unriesgo significativo de inundación para las comunidades. Fue gracias a la insistencia de las comunidades, junto con sus asesores y especialistas nacionales e internacionales, que se planteó el vertedor físico como medida de seguridad y solo con esa condición aceptaron el replanteamiento de la presa.

“Hoy podemos constatar que sí era posible modificar el proyecto, incluso rompiendo la cortina, a pesar de los grandes intereses, la corrupción y los agravios. Estos hoyos que vemos en la presa representan años de lucha, vidas, violaciones y despojos. Pero también nos reiteran que es posible agrietar el sistema”,añadió González Valencia.

La Presa El Zapotillo

La presa El Zapotillo, un proyecto hidráulico impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, conocida también como “la presa de la corrupción”, generó controversia desde su inicio en 2005 debido a que nunca se consultó a las comunidades, convirtiéndose en una imposición.

Después del fracaso de dos proyectos hidráulicos en Jalisco en ese mismo año – la presa San Nicolás, sobre el río Verde, y la presa de Arcediano, sobre el río Santiago, ambos cancelados debido a la movilización social – se lanzó el proyecto de la presa El Zapotillo.

El proyecto se justificó en el argumento de abastecer de agua potable a 14 poblaciones de los Altos de Jalisco y las áreas metropolitanas de Guadalajara y León. Sin embargo, esto trajo consigo la transformación de la vida de las comunidades afectadas.

La construcción de La Presa El Zapotillo consistía en la construcción de una cortina de 105 metros sobre el Río Verde y un acueducto de 140 kilómetros para abastecer de agua a la ciudad de León, Guanajuato y la Zona Metropolita de Guadalajara, megaproyecto que dejaría inundadas a las comunidades de Temacapulín, Acasico,Palmarejo y alrededor de 4,800 hectáreas de tierra fértil.

Ante esta situación, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento(CEAS) y el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, propusieron el Plan de Desarrollo Urbano del Nuevo Centro de Población Temacapulín (PDUNCPT), el cual consistía en la reubicación de los pobladores en un lugar denominado Talicoyunque y Nuevo Acasico.

En respuesta a la construcción del megaproyecto, los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, iniciaron una digna resistencia por más de 16 años contra la inundación de sus hogares, cultura y territorio.

A pesar de la fuerte oposición de los afectados, las  autoridades mantuvieron una postura intransigente y recurrieron a la represión, la criminalización y la violación de derechos humanos para imponer el proyecto.

Después de años de lucha y resistencia, las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto con sus asesores el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogadxs, lograron firmar un acuerdo con el gobierno federal para evitar su inundación por la presa El Zapotillo.

El 10 de noviembre de 2021, se firmó el acuerdo para evitar inundar las tres poblaciones, lo que representó una victoria histórica para estas comunidades y para todos aquellos que luchan por la defensa del agua y el territorio.

Imagen: Mario Marlo

Más información:

Informe: Energías renovables y uso de la tierra: obstáculos para la transición justa en el Sur Global

Compartimos el siguiente informe escrito por la Dra. Anne Schiffer de la Universidad Leeds Beckett junto con Amigos de la Tierra (ATI) India, Palestina, Bangladesh y Argentinasobre la transición energética – A 28 de febrero del 2023

>>Descargar el informe aquí<<

Resumen del informe:

Amigos de la Tierra Internacional es consciente de la tremenda magnitud de la crisis climática y la necesidad de una transición justa y rápida que nos permita abandonar el sistema energético fósil dañino y transitar hacia un sistema energético renovable basado en la suficiencia energética para todas y todos. A la fecha, muchos proyectos de energía renovable a gran escala han replicado con demasiada frecuencia los mismos patrones del actual sistema energético sucio y extractivista basado en los combustibles fósiles, así como de los proyectos destructivos de energía hidroeléctrica a gran escala, energía nuclear y de biomasa industrial.

Amigos de la Tierra internacional se propuso recabar evidencia sobre los desafíos y obstáculos para una transición justa mediante el análisis de algunos estudios de caso concretos. Nuestro objetivo es propiciar el aprendizaje y ofrecer recomendaciones sobre cómo desarrollar las energías renovables respetando los derechos de los pueblos y sin provocar graves daños.

El presente informe basado en estudios de caso examina las transiciones energéticas en cuatro países del Sur Global, ante la urgencia de abandonar los combustibles fósiles y multiplicar las energías renovables: India, Palestina, Bangladesh y Argentina. El mismo plantea la siguiente interrogante ¿en qué medida los impactos y los problemas asociados a los sistemas basados en combustibles fósiles y se reproducen en el contexto de las energías renovables? Y ¿las tierras utilizadas para sistemas de energías renovables pueden servir como vehículo para la justicia energética feminista?

En primer lugar,”¿Una transición justa o solamente una transición? El caso del proyecto Rewa Ultra Mega Solar” examina el impacto de una instalación de 750 megavatios (MW) en tierras circundantes a aldeas y comunidades en el distrito de Rewa, del estado de Madhya Pradesh en India. A continuación, “Crecimiento de la energía renovable bajo la ocupación: los impactos socioambientales de la energía solar en Palestina” analiza las oportunidades que existen para aumentar el acceso a la energía, al tiempo que se ponen de manifiesto las brechas existentes en la evaluación y el monitoreo de los impactos ambientales. En tercer lugar, ” Sin espacio para la energía solar: La lucha contra la desidia política para aprovechar la energía solar en los techos en Bangladesh”, destaca la necesidad de un liderazgo efectivo y la implementación de políticas para masificar las energías renovables. Finalmente, Argentina ofrece la oportunidad de examinar los impactos que tienen las cadenas de suministro de materias primas necesarias para la transición energética, mediante el análisis sobre la extracción de litio en la región andina de la provincia de Catamarca, en el estudio de caso “¿Dotación de recursos para la transición energética renovable mediante “colonialismo energético”?
Un análisis sobre la minería de litio en Fiambalá, Argentina”. El informe concluye con un resumen de los hallazgos, que pone énfasis en los obstáculos clave que enfrentan las transiciones energéticas feministas hacia energías renovables y una serie de recomendaciones prioritarias en términos de políticas y prácticas.

Introducción:

Hay una necesidad urgente de una transición justa y rápida que nos permita abandonar el sistema energético fósil dañino y transitar hacia un sistema energético renovable basado en la suficiencia energética para todas y todos. El presente informe basado en estudios de caso examina las transiciones energéticas en cuatro países del Sur Global: India, Palestina, Bangladesh y Argentina. El informe identifica obstáculos y formula recomendaciones para desarrollar las energías renovables en el Sur Global, de forma que proteja los derechos de los pueblos.

¿Por qué una transición justa?

La urgencia de eliminar equitativamente los combustibles fósiles implica la necesidad de multiplicar las energías renovables en todas partes, de forma mucho más rápida y justa. Amigos de la Tierra Internacional prioriza la energía renovable de pequeña escala para los pueblos, controlada socialmente y descentralizada. Proyectos tales como estos de Bangladesh, Palestine y Filipinas contribuyan a sociedades justas y feministas -en el marco de la soberanía energética.

Sin embargo, un rápido incremento de la energía renovable requerirá infraestructura de mayor escala.

A la fecha, muchos proyectos de energía renovable a gran escala han replicado con demasiada frecuencia los mismos patrones del actual sistema energético sucio y extractivista basado en los combustibles fósiles, así como de los proyectos destructivos de energía hidroeléctrica a gran escala, energía nuclear y de biomasa industrial.

Algunos sectores del movimiento por el clima han priorizado la urgencia de enfrentar el cambio climático y el desarrollo de la energía renovable por sobre los derechos de los pueblos que viven en el Sur Global a la tierra, alimentos, agua, medios de sustento y acceso a la energía. Esto ha dado lugar a proyectos de energías renovables (incluida la obtención de materias primas como el litio) que han desplazado o damnificado directamente a las comunidades, y no les han proporcionado ningún beneficio en materia del acceso a la energía. Esta situación conlleva el riesgo de un rechazo absoluto a los proyectos de energía renovable a mayor escala en el Sur Global.

Estudios de caso: energías renovables y uso de la tierra

“¿Una transición justa o solamente una transición? El caso del proyecto Rewa Ultra Mega Solar” examina el impacto de una instalación de 750 megavatios (MW) en tierras circundantes a aldeas y comunidades en el distrito de Rewa, del estado de Madhya Pradesh en India.

“Crecimiento de la energía renovable bajo la ocupación: los impactos socioambientales de la energía solar en Palestina” analiza las oportunidades que existen para aumentar el acceso a la energía, al tiempo que se ponen de manifiesto las brechas existentes en la evaluación y el monitoreo de los impactos ambientales.

“Sin espacio para la energía solar: La lucha contra la desidia política para aprovechar la energía solar en los techos en Bangladesh” destaca la necesidad de un liderazgo efectivo y la implementación de políticas para masificar las energías renovables.

“¿Dotación de recursos para la transición energética renovable mediante “colonialismo energético”? Un análisis sobre la minería de litio en Fiambalá, Argentina” examina los impactos que tienen las cadenas de suministro de materias primas necesarias para la transición energética.

Obstáculos y recomendaciones para desarrollar las energías renovables

El objetivo del informe es propiciar el aprendizaje y ofrecer recomendaciones sobre cómo desarrollar las energías renovables respetando los derechos de los pueblos y sin provocar graves daños.

Identifica los siguientes obstáculos:

  • “Acaparamiento verde” y colonialismo energético
  • Falta de consideración sobre los patrones de uso de la tierra y el agua
  • Falta de políticas de conservación, evaluación de impacto ambiental y seguimiento.
  • Opresión política y desidia
  • Las estructuras patriarcales que excluyen la participación de las mujeres más allá de la toma de decisiones en el hogar
  • Infraestructura de la red anticuada

El informe formula las siguientes recomendaciones:

  1. Garantizar que las comunidades que habitan las zonas donde se instalan proyectos de energía renovable participen activamente en los procesos de toma de decisiones que las afectan, así como de los beneficios. Esto último debería incluir acceso a energía suficiente y asequible y oportunidades socioeconómicas significativas que apoyen a la comunidad en general en lugar de crear tensiones y divisiones.
  2. Promover que las mujeres tengan roles técnicos y en la toma de decisiones, más allá de la esfera doméstica. Se necesitan esfuerzos focalizados y sostenidos, incluida la implementación efectiva de políticas de transversalización de género, así como capacitación equitativa y oportunidades de liderazgo para garantizar transiciones justas para todas/os, no sólo para el 50% de la sociedad.
  3. Analizar detenidamente los patrones de uso de la tierra (y el agua) de las comunidades locales en las distintas estaciones, incluidas las diferencias interseccionales relacionadas con el género y las normas y prácticas socioculturales. Cabe destacar que esto debe incluir los derechos de uso de grupos sin tierra, tales como las comunidades pastoralistas.
  4. Reconocer los costos ambientales y socioeconómicos de la desidia política que favorece enfoques continuistas centralizados y basados en combustibles fósiles. Desarrollar la aplicación efectiva y contextualizada de políticas para el despliegue rápido de energías renovables, como la energía solar en techos.
  5. Desarrollar políticas nacionales para proteger los hábitats ecológicos reconocidos por su importancia en la Convención Ramsar, y garantizar la capacidad para monitorear de forma independiente la aplicación de las políticas sobre impacto ambiental.

Tanto quienes formulan políticas como las y los activistas deberían tener en cuenta las lecciones que aportan estos estudios de caso y otros similares, para lograr una transición justa hacia un futuro energético que sea genuinamente transformador para las comunidades que se encuentran en la primera línea de las instalaciones de infraestructura renovable y la extracción de materias primas.

Amigos de la Tierra Internacional tiene muchas historias positivas de los impactos transformadores de la energía renovable en el Sur Global, pero no son las únicas historias que hay que contar y este informe nos muestra una realidad inquietante. Abordar la crisis climática mediante el despliegue de energías renovables que satisfagan las necesidades de acceso a la energía en el Sur Global exige garantizar que no se sacrifiquen los derechos de los pueblos en función del «bien mayor”, así como no repetir los errores del sistema energético extractivo de combustibles fósiles actual.

>>Descargar el informe aquí<<

Trasnacional de aceite de palma pierde demanda contra ecologistas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resolucióna a favor del Salva la selva por denunciar destrucción ambiental por una empresa de palma aceitera en Indonesia – A 27 de febrero del 2023

El pasado martes (21), después de tres años de batalla legal, el conglomerado de empresas coreana-indonesia, Grupo Korindo, renunció a la demanda que interpuso contra la organización ambientalista Salva la Selva, con sede en Alemania, por señalar su responsabilidad en la destrucción de la selva tropical en Indonesia para la expansión de monocultivos de palma aceitera.

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En 2019, la organización europea fue citada ante un tribunal con relación a una Carta Abierta de 2016, la cual fue dirigida a las empresas alemanas, Siemens y Nordex. En la misiva, 10 organizaciones ecologistas alertaban sobre las relaciones comerciales de las corporaciones energéticas con Grupo Korindo, acusado de la destrucción masiva de selvas tropicales y de violar los derechos de pueblos indígenas de la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte.

Una familia de la tribu Kowin Marind cuyas tierras se ven afectadas por la deforestación provocada por la empresa de plantaciones de Korindo PT Papua Agro Lestari. Foto: Mighty Earth.

Tras el fracaso de la demanda, mediante comunicado público, la organización ecologista enfatizó que Grupo Korindo, productora de aceite de palma, madera y aerogeneradores, renunció a sus exigencias y se comprometió a pagar una parte de los gastos judiciales. “Durante tres años, este pleito nos ha mantenido ocupados y nos ha robado un tiempo muy valioso”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.

Palma de aceite, motor de devastación

Kenertec, empresa indonesia fabricante de turbinas eólicas fue la autora de la demanda contra el grupo ambientalista europeo. Esta empresa, integrante del Grupo Korindo, también exigió a la organización estadounidense Mighty Earth que se retractara de declaraciones que le señalaban por el uso de excavadoras y fuego para deforestar la selva tropical. Aún más, mediante la demanda amenazó a las organizaciones para que se abstuvieran de hacer mención de la devastación ambiental en el futuro.

Mighty Earth es autora del informe Burning Paradise (Paraíso en llamas), en el cual acusa a Grupo Korindo de la destrucción de 50,000 hectáreas de selva tropical en Papúa desde 1998, así como la devastación de 30,000 hectáreas adicionales entre 2013 y 2016. Resalta que Korindo mantiene ocho concesiones en la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte, totalizando 160,000 hectáreas de monocultivos de palma aceitera.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) refiere que Grupo Korindo también es responsable por la deforestación del bosque del pueblo Kinggo para establecer plantaciones de palma aceitera. WRM destaca que la empresa hecho mano de promesas falsas para persuadir a líderes indígenas a renunciar a sus bosques. Cuando el pueblo Kinggo se percató del engaño y reclamó sus derechos colectivos, Korindo recurrió a la intimidación y amenazas.

El pueblo indígena Kinggo se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos.

“Los bosques en la isla de Papúa se han convertido en el objetivo de las inversiones del momento, después que los bosques en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi ya se hayan convertido, en gran medida, en plantaciones industriales de palma aceitera”, contextualiza WRM sobre el interés de Grupo Korindo para su expansión en la región.

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La organización ambientalista destaca la lucha de Petrus Kinggo, anciano de la tribu Wambon Tekamerop, del pueblo indígena Kinggo, quien se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos, pese a las recurrentes amenazas y agresiones de parte de Grupo Korindo.

Deforestación evidenciada

“En Indonesia, Korindo es una de las empresas responsables de gran parte de la destrucción de la selva tropical”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute, también co-directora de Salva la Selva.

En entrevista, Klute asevera que, durante años, distintas ONGs han monitoreado el avance en la deforestación de la selva causada por Grupo Korindo. La experta incluso refiere como evidencia imágenes de satélite, tanto del histórico de Google Earth, como de la NASA, las cuales “ofrecen una visión clara de la expansión de las actividades de tala”, sostiene.

Imagen satelital con fecha de noviembre 2002

Para WRM también es preocupante la actuación de organismos como el Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés), una ONG certificadora con sede en Alemania, que supuestamente garantiza que los productos madereros provengan de empresas éticas y sostenibles.

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Esto deriva de que, acusaciones de violaciones contra pueblos indígenas responsabilizando a Korindo, fueron investigadas por el FSC y, sin embargo, los hallazgos nunca se publicaron debido a que la empresa amenazó con actuar legalmente.

A pesar de ello, un artículo de la BBC reveló algunas conclusiones que señalan a Grupo Korindo como responsable por la destrucción de la selva. Además, señala el informe que la empresa “(…) apoyaba la violación de los derechos humanos y tradicionales en su propio beneficio”; y se estaba “beneficiando directamente de la presencia militar para obtener una ventaja económica desleal” al “ofrecer tarifas de compensación injustas a las comunidades”. Pese a que el informe recomendaba la expulsión de Korindo del organismo, esta acción fue rechazada por el consejo del FSC.

Klute refuerza estas acusaciones ya que, según su experiencia visitando Papúa entre 2007 y 2009, “Korindo ya tenía fama de violar los derechos humanos y de realizar talas excesivas”, justo en momentos donde comenzó a ampliar sus actividades en el sector de aceite de palma. Actualmente, enfatiza Klute, pese a que empresas como Wilmar han cortado relaciones comerciales con Korindo debido a su mala reputación, el aceite de palma de Korindo se destina a India y Corea del Sur, pero también al mercado mundial a través de empresas comerciales e incluso mediante el mercado de fugas.

Destaca el papel de las empresas surcoreanas, tanto como promotoras de plantaciones como compradoras de productos de aceite de palma, pues incentivan la adquisición de aceite que incumple con reglas mínimas de respeto al medioambiente y derechos humanos. Seis propietarios de plantaciones surcoreanos tienen importantes problemas de incumplimiento: Posco International, Korindo Group, Samsung C&T, Daesang Corporation, LG Corporation y JC Chemical.

Aunado a estas evidencias, otra investigación, realizada durante cinco años por Greenpeace y el grupo investigador Forensic Architecture determinaron el uso intencionado de incendios como parte del proceso de limpieza de vastas áreas de selva en las concesiones que Korindo tiene en la provincia de Papúa, Indonesia

Demandas “estratégicas”

“A nuestro parecer, se trataba de una demanda intimidatoria. Su objetivo era intimidarnos y asustar a otras organizaciones. Es bueno que Korindo fracasara con este intento”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.

La organización ecologista es enfática al señalar que este caso es un ejemplo claro de la llamada SLAPP (por las siglas en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation o Demanda Estratégica en contra de la Participación Pública).

“Empresas y personas poderosas hacen un mal uso de los juzgados para limitar la participación pública y la crítica. Los SLAPP suponen una amenaza para las organizaciones y los activistas que en el marco de su trabajo exponen irregularidades, nombran a sus responsables y se comprometen con la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Tales casos constituyen de esta manera ataques de los derechos fundamentales como la libertad de opinión y reunión y en última instancia, de nuestras democracias”, sostuvo Salva la Selva en 2021, ante la apertura del proceso en el juzgado de Hamburgo, Alemania.

Tala para plantaciones de palma por parte de la empresa Korindo en la provincia de Papua, Indonesia.

“El procedimiento cumple los criterios de una demanda por intimidación (…) Entre otras cosas, el tribunal de Hamburgo había llegado a considerar la posibilidad de tener que llegar a escuchar a testigos en Indonesia. Es bueno que las ONG demandadas puedan volver a dedicarse a su trabajo real gracias al acuerdo, pero el problema fundamental planteado por este tipo de demandas sigue existiendo”, afirma Roger Mann, abogado y profesor de Derecho de Prensa en la Universidad de Gotinga, quien representó a la organización demandada.

Tras recibir la demanda, Salva la Selva ayudó a organizar un movimiento europeo contra las demandas intimidatorias y es uno de los primeros miembros de la alianza europea contra este tipo de SLAPPs, llamada CASE (Coalición contra las SLAPPs en Europa).

Deborah Lapidus, Vicepresidenta de Mighty Earth y una de las autoras de Burning Paradise, señala que, “esta denuncia es una típica sucia estrategia corporativa. A la vista de la creciente difusión sobre la destrucción masiva de las selvas tropicales y sobre el desprecio por los derechos indígenas, Korindo trata de intimidar y silenciar a ecologistas, periodistas y activistas y frenar los esfuerzos por exponer las malas prácticas. Pero es una percepción equivocada, porque eso sólo expone aún más la perversa estrategia y la negación continuada del daño causado”.

Alemania está considerada por expertos en derecho como uno de los países de la Unión Europea, en los que las leyes nacionales y las sentencias judiciales fomentan demandas por difamación sin fundamento. Un número especialmente elevado de casos SLAPP ocupan a juzgados de Italia y Malta. Allí, cuando la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada, existían 47 casos SLAPP en contra de ella.

“A raíz de esta demanda, hemos estado informando aún más intensamente sobre la destrucción de la selva tropical en la provincia de Papúa. Si Korindo quería silenciarnos, ha conseguido lo contrario. Estamos reforzando las espaldas de la gente de Indonesia para que ellos también puedan plantar cara a Korindo y defender su selva tropical frente a la empresa”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute.

Imagen: Maquinaria pesada apila troncos de los árboles talados que serán quemados por la empresa productora de aceite de palma, PT Papua Agro Lestari, propiedad de Korindo. Foto: Mighty Earth

La REMA presentó en informe: “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?”

Compartimos en siguiente comunicado de prensa de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 24 de febrero de 2023

El día de ayer se hizo, en un evento virtual, el lanzamiento de la publicación “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional? elaborado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) y MiningWatch Canadá. Acceder al informe completo: http://geocomunes.org/Colaboraciones/Informe_Litio_REMA_MWC_2023.pdf

En dicho informe y evento, resaltamos lo siguiente:

Hoy, el litio de México está en boca de todos y, sin importar la polarización de las discusiones, los que opinan del tema parecen coincidir en una cosa: el extractivismo de litio debe ocurrir. Ante ésto, a las comunidades afectadas por la minería nos resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública que subyace al extractivismo que promueve la Transición Energética Capitalista y, sobre todo, también brindar elementos para cuestionar el fondo de los debates que se han levantado en los últimos meses en México y situar en la opinión pública nuestra posición al respecto: no se puede cuidar al medioambiente ni fortalecer al país destruyéndolo.

Nos parece importante resaltar que el litio, como muchos otros minerales cuyo extractivismo se proyecta ampliar supuestamente en aras de reducir el calentamiento climático que afecta al mundo, no son minerales estratégicos para la transición energética, sino minerales útiles para ciertas cadenas productivas de mercados en expansión que, pintados de “verde”, representa falsas soluciones a la crisis socioambiental que enfrentamos a nivel global. Estos mercados alimentan un modelo energético, extractivista y de consumo que, lejos de buscar sustituir a reducir la huella ecológica que genera, adiciona energía y formas de consumo al mismo modelo extractivo de explotación.

Resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública con la que se pretende justificar la explotación de litio en México, y su promoción como parte importante de un proyecto de recuperación de soberanía nacional, toda vez que lo que ha avanzado es un proyecto claramente articulado con el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense, y que pone a disposición de las empresas automotrices estadounidenses los recursos de litio en México para la producción de automóviles individuales eléctricos.

Quienes hoy aplauden la creación de LitioMx, la entrega de 235 mil hectáreas del territorio sonorense para la zona de reserva minera de litio, o el Plan Sonora, no notan que son los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con quien el Estado mexicano planea consolidar acuerdos para vincular las cadenas de procesamiento de litio y producción de vehículos eléctricos a costa de los territorios (agua, tierra, biodiversidad y cultura) y las vidas de las comunidades. Este plan está principalmente diseñado para aprovechar los nuevos requisitos para la fabricación regional de componentes esenciales de vehículos de pasajeros a ligeros en el marco neoliberal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y servir a la carrera del sector automotriz estadounidense en contra del control de China en toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos.
Lo que se ha difundido como “la nacionalización del litio” en México, son modificaciones minúsculas a la ley que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. Muy por el contrario, lo que se apertura es un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras.

Las modificaciones que se han dado en los últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Los proyectos prioritarios del gobierno actual, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos necesarios, el ocultamiento de la información, la desinformación y la manipulación para fabricar la aceptación social del proyecto, el linchamiento mediático y político de quienes se oponen, la criminalización y uso de la fuerza pública, la posibilidad de expropiaciones directas, y la continuidad de la impunidad por todos los daños a la salud y al territorio que generan los proyectos, terminando con la creación de zonas de sacrificio.

Si bien el gobierno de México ha promovido la supuesta nacionalización del litio como parte de un proceso paralelo al boliviano y al de gobiernos del Cono Sur, buscando resaltar con ello la idea de que es parte de un proyecto de integración latinoamericana de “izquierdas”; la integración norteamericana es la que marca las decisiones que se están tomando desde México, al tiempo que la realidad no sido tan alentadora en el sur nuestro continente. El esquema bajo el cual se ha promovido la explotación de litio Bolivia, por ejemplo, ha generado fuerte endeudamiento público a pesar de poseer recursos de litio mucho más grandes que los de México. Al respeto, Jorge Antonio Campanini Tejerina, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDHIB), señaló durante su participación en el evento que “el proyecto de industrialización del litio en Bolivia no ha superado ni siquiera la fase de concentración primaria, es decir que ni siquiera ha logrado concentrar importantes cantidades de litio como materia prima. Lleva más de 10 años ejecutando la mayor inversión realizada por el Estado, en minería, que hasta el día de hoy continúa generando una serie de cuestionamientos e incertidumbres tecnológicas, ambientales y económicas”.

Las modificaciones que se han dado en últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Acciones que impidan el acceso a la información y la rendición de cuentas sobre el avance de estos proyectos, el uso de los recursos públicos destinados, y posibilita el uso de la fuerza pública (militar y civil) en contra de las poblaciones que se opongan a dichos proyectos.

Los impactos socio-ambientales que podemos prever con la explotación que se proyecta hacer del litio en México son similares a los de la minería a cielo abierto, lo que debería generar una fuerte preocupación por, entre otras cosas, los volúmenes de consumo, disminución y contaminación de agua que implica, particularmente porque las zonas de prospección de litio identificadas por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), ya son regiones afectadas por sequías y escasez hídrica severa.

La mayor parte de los recursos de litio que el SGM ha reconocido con mayor viabilidad, están en depósitos de arcilla, un tipo de depósito del cual no hay explotación comercial, lo que agrega preocupación en torno a los daños socioambientales y las pérdidas económicas por la especulación que se hará con el erario público para el uso de tecnologías nuevas de aprovechamiento de minerales.

La transición energética que proponen desde los centros de poder económico, es una transición de mercado, basada en la tecnología y el capitalismo rapaz que sigue empoderando, enriqueciendo e incrementando las desigualdades. Deja sin atender las verdaderas necesidades con las que se enfrentaría la crisis climática, como un recorte fuerte en la demanda energética y material, lo cuál, entre otras cosas, tendría que implicar una fuerte inversión en el transporte colectivo y no individual, especialmente en los países más ricos y más consumistas del mundo.

En este contexto, las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos.

Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, una propuesta de supuesta soberanía nacional basada en fomentar el extractivismo minero, no es un camino hacia mayor libertad, dignidad o bienestar para el pueblo mexicano. Por el contrario, consideramos que generará más incertidumbre y riesgo, más despojo y destrucción, más sequía y contaminación y mayor división social, coacción, manipulación, militarización y violencia. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro sus bienes naturales, sus territorios y la vida en sí misma?

Por esta razón desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los minerales, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.

POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Presentación del informe