Compartimos este informe de Salva la selva dando seguimiento a una petición que lanzó sobre el mal llamado Tren Maya – A 20 de febrero del 2024
“No vamos a tumbar ni un solo árbol”, decía el presidente mexicano López Obrador en 2018. Hoy, con varios tramos del tren inaugurados, se comprueba que era mentira.
Salva la Selva fue pionera en denunciar el proyecto del Tren Maya a nivel internacional. Casi se puede decir lo mismo a nivel de México, pues tras recibir varias llamadas de socorro, en 2018 comenzábamos la petición Tren Maya arrasará la selva en México. El mayor objetivo era dar a conocer los graves impactos que preveíamos tendría el proyecto insignia del presidente mexicano, que ahora se confirman, de construir un tren turístico que atraviesa cinco estados mexicanos en la península de Yucatán.
Con muy buena resonancia tanto dentro como fuera del país, la petición sumó 282.629 firmas y fue difundida ampliamente y entregada en varias ocasiones a diferentes instituciones del gobierno mexicano. También se adjuntó a procesos legales que por momentos lograron detener tramos de la obra o lograr pequeñas modificaciones del trazado.
Se puede decir que, a pesar de todo, la empecinada priorización del proyecto por parte del gobierno ha impedido que se pudiera detener definitivamente.
Recopilando el sentir de algunos de nuestras organizaciones aliadas en México sobre el avance de la obra y su disque “inauguración” hemos elaborado un informe. Como nos cuentan, por el momento, se van concretando algunos de nuestros temores peores temores y lo reflejamos en el informe Tren Maya ¿Qué Inauguración?
Comienza una nueva fase, que consiste en dar seguimiento a las nuevas realidades que supone el Tren Maya para las comunidades impactadas por su avance.
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
La aviación y el turismo: escenarios en Latinoamérica y el Caribe
Primera Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Súmate a la conversación el día 29 de febrero a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México), te invitamos a registrarte en el siguiente enlace:
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la criminalización a defensores de la vida y el territorio en Oaxaca por oponerse al Corredor Interoceánico – A 30 de enero del 2024
El indígena binnizá y agente comunitario de la comunidad Puente Madera, David Hernández Salazar, fue declarado culpable hoy, 30 de enero, en un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y daños por incendio, tras 13 días de audiencia para el desahogo de pruebas y peritajes. La demanda fue impuesta por autoridades municipales de San Blas Atempa, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.
Salazar, quien también es integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la reivindicación de su derecho al territorio que se ha visto vulnerado por la instalación en sus tierras comunes de un parque industrial en el ámbito del megaproyecto Corredor Interoceánico.
El próximo 7 de febrero se retomará la audiencia que determinará la pena y sanciones, sin embargo, “continuaremos defendiendo y exigiendo la inocencia y libertad incondicional de David Hernández Salazar ante la fabricación de delitos y criminalización por su labor como defensor del territorio”, anunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado.
En julio de 2023, 23 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en una Misión Civil de Observación, visitaron la comunidad binnizá y denunciaron actos de criminalización y difamación en contra de 17 defensoras y defensores de derechos humanos en Puente Madera. Las agresiones, argumentan, se deben a su labor de derechos frente la amenaza de imposición del Parque Industrial o Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) del Corredor Interoceánico en San Blas Atempa, incluyendo al defensor de derechos humanos, David Hernández Salazar.
En un comunicado, organizaciones congregadas en el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas denunciaron que las acciones de judicialización en contra de Salazar se “dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la Sedena [Secretaría de Defensa Nacional], organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición” del parque industrial en tierras de uso común de San Blas Atempa.
Durante este martes (30), se realizaron acciones de protesta ante instalaciones del poder judicial y de la fiscalía General del Estado de Oaxaca en las ciudades de Matías Romero y Huajuapan de León para demandar el cese a la criminalización en contra de los defensores del territorio de Puente Madera y de Santa María Mixtequilla, también impactada por la creación de un polo de desarrollo.
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre un paso más de algunas comunidades que resiste al embiste minero en México – A 12 de enero del 2024
Concesiones de agua para industria deberán consultarse con pueblos indígenas
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las autoridades deben consultar a los pueblos indígenas cuando se emitan títulos de concesión de agua para uso industrial que afecten su territorio y su derecho a un medio ambiente sano.
Lo anterior al resolver un juicio de amparo promovido por la comunidad rarámuri de “El Trigo”, Municipio de Uruachi, en el estado de Chihuahua, en contra de la expedición y promulgación de un decreto que eliminó las zonas de veda de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte y estableció zonas de reserva para el aprovechamiento de las aguas del río para usos industriales y urbanos; así como de cuatro títulos de concesión otorgados a empresas mineras para aprovechar industrialmente el agua.
De acuerdo con los datos del caso, la Jueza de Distrito que conoció del asunto decidió no entrar al fondo de la demanda planteada, al «considerar que la comunidad indígena no contaba con interés jurídico ni legítimo, ya que la expedición de los títulos de concesión y su registro no le generaban por sí solos una afectación jurídica, al no tener efectos en su territorio”.
Inconforme con esa decisión, la comunidad indígena interpuso un recurso de revisión, y la Primera Sala asumió el estudio del caso y propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, los integrantes de la Primera Sala, establecieron por unanimidad que la comunidad indígena solicitante de amparo que habita esa región desde principios del siglo XIX y tiene como principal sustento el cultivo de maíz, actividad alrededor de la cual organiza la mayor parte de su vida cotidiana y espiritual, y para cuyo desarrollo depende del agua proveniente de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte, sí cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra de los actos que reclamó.
Los ministros consideraron que debía otorgarse la protección a la comunidad indígena “debido a las potenciales afectaciones que las concesiones implican en su vida cultural y ceremonial, ya que su implementación puede disminuir el flujo o contaminar el líquido vital del que se benefician”.
Así, al analizar el fondo del asunto, la Sala advirtió que los actos reclamados pueden afectar directamente a la comunidad indígena, en particular, sus derechos al territorio en relación con el uso preferente de los recursos naturales existentes en éstos, así como el derecho al agua y a un medio ambiente sano, lo que generaba la obligación de realizar una consulta libre, informada y previa a la emisión de tales actos.
Por tal motivo, la Primera Sala determinó procedente revocar la sentencia y conceder el amparo para dejar sin efectos el Decreto impugnado, así como los títulos de concesión para uso y explotación industrial de las aguas superficiales de la cuenca otorgados por la Comisión Nacional del Agua, con base en ese decreto.
Por ello, determinó que en caso de emitir un nuevo decreto o emitir una nueva concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas que constituyen la Subregión Hidrológica Río Fuerte, de la Región Hidrológica número 10 Sinaloa, las autoridades responsables realicen la consulta previa correspondiente.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de enero del 2024
Hace ya un año que Salomón Jara Cruz tomó posesión como gobernador constitucional de Oaxaca. Su victoria en las urnas fue más una consecuencia del fenómeno López Obrador que por méritos propios de un personaje más que gris, bastante turbio, que ya en campaña se vio rodeado de «gente nueva» que, entre telones de la política subterránea oaxaqueña, se relacionan más con grupos del crimen organizado que con políticos de la nueva generación de la 4T.
El megaproyecto del Corredor Interoceánico fue el principal objetivo para Salomón Jara o mejor dicho la encomienda de su jefe directo, AMLO. El gobernador anterior, Alejandro Murat, quien llegó a su puesto con una coalición del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza y quien apenas renunció al PRI para convertirse en flamante apoyador de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, también había hecho su partea favor del Corredor ganándose así las simpatías del jefe máximo. Este megaproyecto es parte de la política neoliberal arropada por los mismos conceptos anquilosados de «progreso, desarrollo y bienestar» que se siguen usando como argumento para seguir despojando de los bienes naturales y sociales en los territorios indígenas y campesinos.
Ahora Salomón Jara dio otro salto, poniéndose a la derecha de Carlos Salinas y de su política privatizadora del campo mexicano por medio de la reforma del Artículo 27 de la constitución de 1992, con su propuesta de creación de un programa totalmente antiagrarista e inconstitucional para el estado de Oaxaca.
En un lapsus de sinceridad política, Jara propuso abolir la propiedad social en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024: Se propone a esa Soberanía la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los Municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales.
Con la mayoría del congreso local a fin al movimiento de la 4T y con una oposición más que timorata fue aprobada la propuesta, pero ya sin el texto original, aunque un poco tarde para no ver el sentido de esta propuesta antiagrarista.
Artículo 25. El Programa de Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, otorgará estímulos fiscales a los beneficiarios del programa, consistente en el 50 por ciento de los derechos contenidos en el artículo 25 fracciones I y II de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y 50 por ciento del Impuesto para el Desarrollo Social… https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/decretos/DLXV 16 06.pdf (pág. 26)
Después de ese resbalón, ante las reacciones de diferentes sectores de la llamada sociedad civil y sobre todo la incertidumbre que comenzó a surgir en los núcleos agrarios y el temor ante un fantasma de sexenios pasados, el gobernador en un comunicado oficial del pasado 18 de diciembre contestó lo siguiente:
El referido programa consiste en darle certeza jurídica a las personas poseedoras de predios, siempre y cuando ya tengan el «dominio pleno», es decir, que ya hayan sido desincorporados de los núcleos agrarios ejidal o comunal previamente autorizados en asamblea comunitaria.
Dicha certeza es a través de la expedición del certificado parcelario inmobiliario o título de propiedad otorgado por la Coreturo.
La incertidumbre ha llevado a algunos movimientos a iniciar procesos legales o por lo menos anunciarlos, algunas organizaciones apelando a la cercanía con el gobierno de Oaxaca y a la amistad con Jara Cruz le piden que vete su propia ley. Pero algunos todavía más ilusos ya están poniéndose la soga al cuello pidiendo ser consultados ante un programa completamente inviable por ser inconstitucional.
La tenencia colectiva de la tierra tiene su propia reglamentación y marco legal, además de ser una ley federal y ningún programa, ley o reglamento estatal puede estar encima de ella, ni de la Constitución, por el principio jurídico de jerarquía.
La intromisión de una institución del gobierno del estado o del propio municipio en el ejido, su intromisión o coacción podría establecer una falta administrativa, la usurpación de funciones o llegar a constituir otros delitos más graves además de crear conflictos en las comunidades.
Estamos a 30 años del inicio de los programas de «regularización y certeza jurídica» PROCEDE, FANAR y RRAJA. Los gobiernos siguen aprovechando la falta de información y utilizarán esta condición para tratar de seguir dividiendo los territorios por medio de dos instituciones ejecutadoras de la política privatizadora del campo hasta el día de hoy: el Registro Agrario Nacional RAN y la Procuraduría Agraria PA. Su función ha sido y sigue siendo para crear condiciones a las empresas extranjeras, nacionales y paraestatales (SEMAR, Sedena, PEMEX, CFE o LitioMx) que ahora como nunca amenazan la propiedad social y los territorios indígenas, promoviendo el saqueo de los bienes naturales a través de la privatización de las tierras.
Así que esta iniciativa de Salomón Jara es solo una parte de su política abiertamente neoliberal, antiagrarista y extractivista. No solo por esta propuesta sino por todos los megaproyectos relacionados con procesos de privatización de tierra en Oaxaca: el Corredor Interoceánico, los proyectos carreteros, los proyectos turísticos e inmobiliarios, los proyectos mineros, los parques industriales, los parques eólicos y otros proyectos energéticos, y un sin fin de megaproyectos que han despojado a las comunidades de sus territorios con mentiras de progreso y desarrollo.
Las y los comisariados comunales y ejidales del estado han denunciado que el gobierno de Jara está colocando operadores políticos dentro del RAN desde el actual delegado impuesto por el gobierno de Jara, hasta las y los visitadores agrarios que se la pasan interviniendo, interfiriendo y en ocasiones usurpando las funciones de los comisariados abusando de ese poder que ni siquiera tienen.
Desde la REMA hacemos un llamado a las y los comisariados y a los pueblos campesinos y originarios a no dejarse engañar por estas políticas entreguistas del gobierno de Oaxaca, a no caer en las trampas jurídicas violatorias e inconstitucionales del RAN y la PA, y a seguir defendiendo la tierra y el territorio, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, como lo han hecho desde tiempos inmemoriales ya que es la mejor herencia que les dejaron y que dejarán a sus hijos e hijas.
Denunciamos enérgicamente la política antiagrarista, neoliberal y extractivista del gobierno de Oaxaca, lo cual no nos sorprende. Salomón Jara nunca ha sido un amigo o aliado de las causas y las luchas de los pueblos y lo saben los y las compañeras de los valles centrales de Oaxaca cuando con su investidura de Senador de la Republica en el año 2016 llegó a la comunidad de Magdalena Ocotlán con todo el cinismo que lo caracteriza y acompañado de los representantes de la empresa minera Cuzcatlán ha intentado, con engaños, realizar una consulta exprés y aceptar la ampliación del proyecto minero. Ese es el verdadero Salomón Jara, un político abusivo, mediocre, fanfarrón como los que tanto señala su querido presidente y que pretende el saqueo total en los territorios. Así que le decimos los pueblos y sus autoridades nos vamos a permitir cualquier intento de privatización y atropello en nuestras tierras ancestrales.
La tierra colectiva, ejidal y comunal, es de los pueblos originarios de Oaxaca y es para el sustento de sus familias y no para las empresas transnacionales.
!ALTO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD SOCIAL! ¡BASTA DE LA CORRUPCIÓN E INTERVENCIÓN DEL REGISTRO AGRARIO Y LA PROCURADURÍA AGRARIA EN NUESTROS TERRITORIOS! ¡ALTO A LA POLÍTICA ANTIAGRARISTA DEL GOBIERNO DE OAXACA!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Les compartimos este reportaje de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha en el desierto de Sonora – A 7 de diciembre del 2023
Es muy difícil para Abigail hablar del encarcelamiento de su papá, Bartolo Pacheco. Él es uno de los cinco ejidatarios del ejido El Bajío detenidos el 13 de abril de 2016 por defender su territorio de una mina de oro que pertenece a una empresa del poderoso grupo mexicano Peñoles, controlado por la familia Baillères.
“No se me hace justo y a la vez te da mucho coraje porque no puedes hacer nada, viendo como la misma ley te trata de ver como una persona mala, cuando no lo eres. Ellos por ser inocentes, por cuidar sus tierras, por defender lo de ellos, los llevan como si fueran criminales. Pues, no. No lo podía creer y nunca me imaginé estar en esta situación,” nos dice Abigail entre lágrimas.
Frente a la detención de su padre, Abigail tuvo que tomar una difícil decisión para ayudar la economía familiar. Buscaría trabajo en la misma empresa, pero en la mina La Herradura, una mina de oro a cielo abierto que colinda con su ejido y que inclusive ha invadido una parte de sus tierras. Haría esto enfrentando la discriminación, explotación laboral y riesgos a la salud.
“Tenía mi niña grandecita un año y seis meses, y dije, ¿qué vamos a hacer? Mis hermanos [estaban] estudiando y decidí buscar trabajar para ayudar un poquito a mi familia, mi mamá, mi papá, lo que sea, mis hermanos. Y la opción fue la mina. En este tiempo, mi esposo estaba trabajando y fue el que me ayudó con la solicitud, y sí. Pero, pensaba que no nos iba a aceptar porque, por ser hijos de ejidatarios, ¿no?”
Foto: Patio de lixiviación de la mina Herradura; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
Por parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), participamos en el encuentro Comunidad-Minería-Periodismo en septiembre de este año dentro del territorio del ejido El Bajío, ubicado en el Gran Desierto de Altar frente el Golfo de California, entre Puerto Peñasco y Caborca, Sonora. En este desierto, único en su tipo en toda América del Norte por sus dunas, los espectaculares colores y la frescura de sus amaneceres y atardeceres invitan a reflexionar sobre la belleza de la diversidad de cactáceas y especies de fauna tímidas que habitan estas tierras de calor hostil, pero de una diversidad importante. Este hermoso e imponente desierto resguarda especies en peligro de extinción, como el berrendo sonorense, y paisajes llenos de vida y resistencia.
Organizado por el ejido y la Fundación Bajío Sahuaro, este encuentro nos dio la oportunidad de conocer de cerca las importantes victorias y los difíciles sacrificios que han hecho las mujeres y hombres del ejido, quienes siguen en la lucha para hacer valer sus derechos colectivos y para defender sus tierras.
Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
La mina ilegal Soledad-Dipolos y los abusos de poder de la empresa minera Fresnillo PLC
Un enorme despliegue de 33 patrullas acompañado por la seguridad privada de la empresa minera Penmont, subsidiaria de la Fresnillo PLC, se presentaron en el Ejido aquel día de abril 2016 que detuvieron a Bartolo y cuatro compañeros más. Fresnillo cotiza en la bolsa de valores de Londres y presume ser la principal explotadora de plata en el mundo. Las policías respondieron a una denuncia interpuesta por Rafael Pavlovich Durazo, el tío de la entonces gobernadora de Sonora, quien también había mostrado interés en las tierras del ejido.
Sin embargo, fue la empresa Penmont la que estaba operando en la ilegalidad.
Desde fines de los años noventa, la empresa operó en el ejido mediante convenios acordados con un pequeño grupo de ejidatarios. Los convenios de los años 2002 y 2005 jamás fueron ratificados por la Asamblea Ejidal, la máxima autoridad del ejido, y tampoco cuentan con la firma del Comisariado Ejidal, sino de un notario y de los representantes de la empresa minera. En 2010, la empresa puso en operación comercial la mina de oro Soledad-Dipolos.
Pero para entonces ya habían crecido las tensiones entre la empresa y la mayoría de los y las ejidatarios quienes, en pleno ejercicio de sus derechos agrarios, lograron una victoria poco común entre las luchas contra las grandes empresas mineras. En diciembre de 2014, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Distrito Veintiocho dictó 67 sentencias a favor del ejido. Las sentencias ordenaron a la empresa entregar y reparar las tierras del ejido, indemnizar al Ejido por los daños generados y, algo inédito, devolver el oro que se había extraído de forma irregular de su territorio. Sin embargo, frente a esa sentencia histórica, la impunidad se ha antepuesto: el Magistrado no fue ratificado por el Senado y las sentencias aún no han sido ejecutadas.
Foto: Defensores y Defensoras del Territorio, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
Desde ese entonces, para proteger su amplio territorio de 19 mil 38 hectáreas, un grupo de ejidatarios ha mantenido un campamento en un área cercana a donde se encuentra la mina. Están ahí para vigilar la implementación de las sentencias y cuidar su terreno, haciendo lo que el tribunal debería hacer, pero que no ha hecho. Quienes resisten en el campamento han contado con mucho apoyo de sus familias y de los demás ejidatarios, muchos de los cuales han tenido que desplazarse a otros lados, dadas las difíciles condiciones que se presentan en el ejido, especialmente la falta de agua.
Gracias a la lucha de este ejido y al campamento que sostienen, durante la mayor parte de los últimos nueve años, la mina no ha operado. Sin embargo, desde esta sentencia la criminalización y la violencia escaló inmediatamente, con grandes costos para la vida de todo el ejido.
La violencia que siguió a la victoria
Margarita López recuerda claramente el día 13 de abril de 2016, cuando más de cien policías llegaron al campamento junto con la seguridad privada de la empresa para detener a cinco compañeros del ejido, entre ellos su esposo Erasmo Santiago. En este momento, ella no pasaba las noches en el campamento, sino en el centro habitacional del ejido que se llama El Sahuaro, debido a que sus hijos aún eran pequeños y necesitaban ir a la escuela.
“A nosotros nos avisaron ya cuando llegaron la policía… Veníamos entrando cuando la patrulla ya iba saliendo con ellos.”
Después de presionar mediante su abogado para saber a dónde los había llevado, ella y otras compañeras del ejido iban cada ocho días para verlos en la cárcel Centro de Reinserción Social (CERESO), en Caborca. Tuvieron que pasar por revisiones invasivas para poder entrar. Toda la comida y otras cosas que llevaban para sus compañeros fue inspeccionada y estropeada adrede con tan violenta verificación.
Erasmo se quedaría en la cárcel un año y ocho meses, mientras que los demás compañeros lo harían por ocho meses.
“El chiste es que cuando lo agarraron [ellos] querían un líder para chingarlo y colocarlo en su lugar. Y cuando agarraron a Erasmo, [que] es quien habló más, es quien le andaba más a la madre, a la fregada y todo esto. Entonces, ¿qué hicieron con él? Por eso le pusieron más cargos falsos, para que él se quedaba allí adentro.”
Durante el resto del sexenio de la Gobernadora Claudia Pavlovich, ahora cónsul de México en Barcelona, la violencia se mantuvo muy fuerte en contra del ejido.
En febrero de 2018, el ejidatario Raúl Ibarra fue asesinado, y Noemí Elizabeth López Gutiérrez desaparecida. Eran esposos. Margarita nos dice que ellos eran los que siempre lucharon más que todos.
“Raúl Ibarra era quien más hablaba también que el no se dejaba, si entraba un gobierno, él le mandaba hasta la madre. Decía que aquí es mi tierra y nadie me va a sacar de aquí. Él hablaba duro. Y su señora es igual,” dice Margarita.
Raúl logró evitar ser detenido en 2016. No estuvo en el campamento este día y le llegó el aviso a tiempo. Aún así, Noemí acompañaba a las compañeras.
“Noemí Elizabeth siempre estuvo con nosotras. Cuando [los] íbamos a visitar, ella también iba y daba ánimo a los que estaban adentro, que no se preocupa, que todo iba a salir bien.”
“Ella, cuando fue a pelear con nosotros, a lo mejor para esto fue en contra de ella también, porque ella es la que hablaba más. Y cuando se enojaba, ella entraba y agarraba el teléfono y le grababa a los policías allí adentro y no se detenía.”
Otro líder, José de Jesús Robledo Cruz, quien era el presidente del comisariado ejidal en el momento que salieron las 67 sentencias, huyó a los Estados Unidos por todas las amenazas que enfrentaba. Sin embargo, cuando volvió a México, en abril de 2021, fue asesinado junto con María de Jesús Gómez Vega, su esposa.
“Por parte de Chuy Robledo, pues, fue ensaña en contra de él porque fue el Comisariado en aquellos tiempos. … Todo el tiempo ha tenido amenazas. Y el último, pues, creo que se descuidó y lo agarraron con todo y su señora, pues. Y se mira en el cuerpo, porque cuando lo encontraron estaba bien feo. … Y en su cuerpo, cuando se murió, le puso un cartón con cuchillo en la panza con los nombres de todos los hombres ejidatarios.”
El ejido se enteró del asesinado de la pareja y de la amenaza en contra de los 13 ejidatarios por los noticieros, y esto les generó mucho miedo y preocupación nuevamente.
Reflexionando sobre estas grandes pérdidas, Margarita dice, “No podemos hacer nada, están descansando. Pero su lucha no va a quedar en vano, los que hicieron un sacrificio también les pasó lamentablemente, pero su lucha valía la pena y nosotros vamos a seguir adelante para que valga la pena lo que ellos hicieron y vamos a seguir hasta que ganamos.”
El extractivismo minero rapaz y los daños a la salud
En tan solo tres años de operación, la empresa Fresnillo sacó 236,709 onzas de oro de la mina Soledad-Dipolos, una cantidad que cabe en un cubo de 70 centímetros por 70 centímetros. Sin embargo, dejó un hueco enorme y más de 3 mil hectáreas destruidas con millones de toneladas de roca y residuos tóxicos del mineral procesado, residuos que permanecerán para siempre en el territorio de El Bajío. Los desechos amontonados se muestran en el horizonte como grandes escalones planos y alargados que contrastan con las siluetas accidentadas de la Sierra Madre Occidental.
Foto: La mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
El artista Miguel Fernández de Castro expone la dramática diferencia entre la pequeña cantidad de mineral extraído y la magnitud de la destrucción generada por la mina de tajo abierto, con la instalación de un cubo de tierra compactada marcada con una placa con textos de Natalia Mendoza. Después de mostrarlo en Nueva York, ahora se encuentra dentro del tajo de la mina Soledad-Dipolos.
Regresar este oro a la comunidad es algo que está dentro de las posibilidades de esta empresa mexicana transnacional. El oro que Fresnillo debe a El Bajío es equivalente a 37% del oro que la empresa sacó en sus siete minas en operación en México tan solo en 2022, o el 68% del oro extraído solamente de la mina La Herradura el mismo año.
Foto: El cubo y la placa dentro de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
Sin embargo, si bien la empresa podría regresar el oro, esta parte del territorio de El Bajío jamás regresará a su estado anterior.
Desde hace unos años, Margarita y sus hijas permanecen más tiempo en el campamento, junto con Erasmo. Pero no es fácil.
“Lo que comemos, tenemos un poquito de ayuda de los ejidatarios que [viven fuera y] nos ayuda. Y yo tengo también hijos ya grandes por la propia familia” dice Margarita. Sus hijos trabajan fuera y mandan todo que pueden como parte de su contribución a la lucha.
Tampoco hay agua para poder cultivar y, aún cuando la mina no está en operación, todos ellos están constantemente expuestos al polvo contaminado de los patios de lixiviación que dejó la mina. La exposición a metales pesados como el plomo tiene impactos sobre el sistema nervioso. En otras comunidades afectadas por la minería en México los daños a la salud por la minería se han observado particularmente en las mujeres gestantes que viven cerca de las minas de oro a tajo abierto, tal como en el caso de Carrizalillo, Guerrero, donde desde hace años se ha identificado un fuerte aumento en los nacimientos con deformaciones, así como un incremento en los abortos y partos prematuros.
Por su parte, Abigail se quedó trabajando en la mina La Herradura de la empresa Fresnillo desde la detención de su papá para ayudar a su familia. Trabajaba en el laboratorio y, poco después de entrar, se embarazó.
Foto: Patio de lixiviación y instalaciones mineras de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
“En el área en donde yo trabajaba, estábamos dos meses, cinco días a la semana en el mismo lugar. Inhalar todo el vapor, hasta los mismos facilitadores te dicen, ¿sabes qué?, el colector no está funcionando. Aquí se sienten el sabor como si fuera dulcecito de cala, es algo que tú sientes y es difícil quitártelo, aunque tomas agua, aunque comes algo, allí lo tienes. Hasta los mismos facilitadores saben que es el plomo y con sólo el olor, el sabor, dicen checan el colector.”
Tuvieron su uniforme y ropa especial designada, pero aún así el plomo traspasaba todo: “aunque dicen que tienen todos los controles, aún estás en contacto” comenta Abigail.
Su segunda hija nació con espina bífida y otros problemas de salud. Hoy Abigail está embarazada de nuevo. Luchar para que su hija pueda caminar y jugar como las demás niñas es un gran reto, especialmente ahora, puesto que fue despedida hace unos meses, y ahora lucha para que la empresa le pague lo que le debe.
“Espero que me paguen lo que me correspondan y todo el daño que nos hayan hecho.”
Que viva el Gran Desierto de Altar y su gente
La lucha del ejido El Bajío sigue con la mirada puesta en la lucha por un futuro mejor para sus familias y todos los seres vivos en su territorio. No solo están luchando por la ejecución de las 67 sentencias del Tribunal Agrario y por justicia por toda la violencia que han sufrido, sino también para restaurar el hábitat con la importante flora y fauna que abarca su territorio.
Mientras visitamos su campamento, el papá de Abigail firmó un certificado que convierte 2,460 hectáreas del ejido en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación. Abigail espera que el proyecto que salga de allí y de su lucha pueda mejorar la situación para todo el ejido, y también para toda la flora y fauna del hermoso desierto de Altar.
Foto: Bartolo Pacheco firma certificado del área de conservación, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023
Margarita dice estar feliz por las sentencias que ganaron, pero para que realmente valga la pena el sacrificio que han hecho y para que esto tenga sentido para quienes vengan en un futuro, lo que quiere es seguir luchando por su territorio: “Seguir adelante es lo que queremos. Cuidar los animales mejor y las plantas, para que ya no destruye.” En lo personal, también espera poder descansar un rato, poder estar más con su familia y sembrar sus tierras.
“Nos gusta mucho el cultivar,” dice, sonriendo.
Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
Imagen: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023
Compartimos este comunicado de la REMA resultado del Foro realizado en Cicacalco, Zacatecas – A 30 de noviembre del 2023
Foro en Cicacalco, Zacatecas, la «Dignificación de Nuestra Tierra», celebra la lucha de la comunidad indígena, teje alianzas hacia alternativas para un medioambiente sano, y exige concluir el programa de cierre y transitar a la remediación del tiradero municipal
Con la participación de luchas y resistencias de distintas regiones del país, hoy, 30 de noviembre de 2023 realizamos el foro, «Tratamiento de Residuos, Agua y Territorio: Dignificación de Nuestra Tierra», en la comunidad indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Con la participación de 21 organizaciones de varias partes del país e invitados de la región, reafirmamos nuestro compromiso con la vida y el cuidado del medio ambiente, y refirmamos nuestra exigencia a las autoridades de los tres niveles para concluir el cierre y realizar la remediación y reparación de dafios generados en nuestra comunidad por la instalación de un mal llamado «Relleno Sanitario», con dictamen de clausura total definitiva desde noviembre de 2022.
Nuestro territorio, en el sur de Zacatecas, tiene paisajes hermosos, ríos, arroyos y de abundante agua subterránea, en donde los pozos son de baja profundidad y tenemos múltiples ojos de agua y estanques con agua todo el año. No obstante, tal como queda plasmado en el mapeo comunitario que hoy hacemos público, un basurero municipal fue colocado en 2019 sobre el nacimiento del arroyo Los Tecongos, afluente del río Tlaltenango, y a menos de 800 metros de varios ojos de agua que están sobre el cauce de dicho arroyo, no solo violentando la ley, sino toda lógica de protección a la vida. Esta zona está rodeada por áreas de cultivo y de pastoreo de ganado, por lo que afectó nuestras formas de ser y estar en e mundo.
Aunque se abrió bajo el nombre Relleno Sanitario de primer nivel, el basurero funcionó como tiradero a cielo abierto, ya que en su interior se mezclaron sin ningún tratamiento desechos urbanos, desechos tóxico infecciosos y múltiples animales muertos. Se calcula que entraban aproximadamente 20 toneladas de desechos al día, por lo que durante los meses en que estuvo abierto, se depositaron entre 10 y 12 mil toneladas de desechos al basurero en Cicacalco. La presencia de moscas gusaneras, bolsas de basura y malos olores, llegarona afectar un radio de entre 2.5 y 3 km. Desde sus inicios, y con toda la intención, aguas contaminadas salieron de tubos que las depositaban sobre el arroyo.
Entre septiembre y noviembre de 2020, hubo un brote de hepatitis entre los habitantes del barrio más cercanos al basurero a un lado del arroyo Los Tecongos. Los habitantes lo asocian con los residuos peligrosos y biológico infecciosos observados dentro del tiradero y los lixiviados que fluyeron desde ahí toda la temporada de lluvias, además de las tolvaneras que dispersaban todo tipo de residuos. Además, para la instalación de este basurero no fuimos tomados en consideración, violentando nuestra autodeterminación como pueblo Indígena y pasando por encima nuestra máxima autoridad, la Asamblea Comunal.
Durante el foro, dimos un paso importante para fortalecer la organización local y consolidar acciones ante el impacto que dejó el «relleno sanitario» instalado en la comunidad indígena de Cicacalco. A través del intercambio de conocimiento y experiencias nos fortalecemos y construimos nuevas alianzas basadas en la solidaridad. Desde las experiencias que nos compartieron desde Guadalcázar, San Luis Potosí y de las Lomas de San Francisco Tepojaco, de la Ciudad de México, estamos construyendo acciones para frenar la contaminación del territorio y del agua a causa de los desechos y sitios de disposición final. Asimismo, con representantes de las poblaciones de El Grullo, Jalisco y Susticacan, Zacatecas, municipalidades que han trabajado para construir procesos de formación ambiental, vemos opciones para un control adecuado de los desechos sólidos y planes para una reducción en la basura generada.
De esta forma podemos visualizar los pasos necesarios para construir mayor fuerza social que permita un mejor manejo de la basura en Tlaltenango. Todo ello depende de mantener fuerte la unidad y los procesos de autodeterminación de nuestra comunidad, lo cual también conversamos con quienes nos visitaron desde la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Nos juntamos para una vez más decir que no estamos de acuerdo que nuestra comunidad sea convertida en zona de sacrificio, tal como sucede en donde se instalan los tiraderos municipales, de desechos tóxicos, industriales y otros. En un mundo de plástico, «del consúmase y tire», del «extraiga, fabrique y venda», y del «reemplace y tire», todos somos afectados. Indudablemente, estas acciones provocan graves afectaciones a la vida: al agua, a la tierra, a nuestros organismos y a la salud de nuestras comunidades. Nuevas formas de ser y estar en el mundo son necesarias, por ello son importantes estos ejercicios de reunirnos para repensar y construir nuevas formas de relación con la vida, con el medio ambiente.
Denunciamos y rechazamos la administración de los conflictos por las autoridades, asimismo las demás formas de dominación política, económica y cultural que nos vende un estilo de vida donde el aumento desmedido de la riqueza y el poder mediante el extractivismo, es uno de los fines. Igualmente, refrendamos la necesidad de otro tipo de relación campo- ciudad que no se base en la falsa «seguridad» de garantizar bienes y servicios a los grandes conglomerados de poblaciones humanas, en perjuicio de las comunidades y sus territorios.
Nos queda claro que este foro es un paso para la generación de conciencias y de acciones en donde las autoridades, dependencias, legisladores y ciudadanos hagamos lo que a cada uno nos corresponde para el cuidado de nuestra casa común.
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
Atentamente:
BIENESTAR COMUNITARIO CICACALCO
ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA DEL VALLE DE OCOTLÁN, OAXACA ASOCIACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LA TIERRA Y EL BIENESTAR DE EPAZOYUCAN A.C. (APTYBE), HIDALGO BÍOS IGUANA COMITÉ DE DEFENSA, PAPALUTLA, OAXACA COMITÉ DE DEFENSA DEL TERRITORIO DE GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ CONSEJO REGIONAL DE AUTORIDADES AGRARIAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO (CRAADET), MONTAÑA Y COSTA CHICA, GUERRERO EJIDO CANOAS, COLIMA GEOCOMUNES FRENTE POPULAR EN DEFENSA DE SOCONUSCO 20 DE JUNIO, CHIAPAS (FPDS) FRONTERAS COMUNES JORGE ARZAVE, ACTIVISTA POR LA VIVIENDA, EL AGUA, LA SALUD Y MEDIOAMBIENTE, LOMAS DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, ESTADO DE MÉXICO JOSÉ EDUARDO VILLALPANDO RUIZ & CARMEN ALIAGA, ACTIVISTAS, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO, ZACATECAS OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS ZACATECAS PROCESOS INTEGRALES PARA LA AUTOGESTIÓN DE LOS PUEBLOS (PIAP) RED LATINOAMERICANA DE DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA) RIZOMA ENTRETEJIENDO LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES VICTORIANO DÍAZ FÉLIX & GUSTAVO JAVIER VÁSQUEZ DÍAZ, AMBIENTALISTAS, MUNICIPIO DE SUSTICACAN, ZACATECAS
Comunidad Indígena de Cicacalco, 30 de noviembre de 2023.
Imagen: MARTÍN CATALÁN LERMA – La Jornada Zacatecas
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 28 de noviembre del 2023
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, condenamos la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, Indígena Nahua-Otomí de la comunidad de Ayotitlán, Jalisco, quien el viernes el 24 de noviembre del presente fue citado a la presidencia municipal de Cuauhtitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco y no se supo de él hasta que el sábado 25 de noviembre fue localizado sin vida a la altura del puente Arroyo, en el tramo carretero de Cuautitlán de García Barragán a la localidad Las Marias.
Higinio Trinidad era defensor del territorio contra la minería, el despojo de tierras en su comunidad de Ayotitlán y la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
La comunidad indígena de Ayotitlán tiene una historia de casi 90 años de violencia y despojo, desde que por los años 30s, el General García Barragán permitía y solapaba la tala inmoderada de los bosques en territorio indígena y luego se incrementó con la llegada del Consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada que comenzó a operar en 1967, primero como una paraestatal y luego privatizada en el periodo de Salinas de Gortari.
Esto aunado a la falta de seguridad jurídica sobre los límites territoriales entre Colima y Jalisco, que ha dado por resultado que ninguno de los dos Estados se haga cargo de seguridad, servicios, bienestar y salud de las y los habitantes de la zona. Muy por el contrario, los dos Estados han estado apoyando fuertemente al Consorcio Peña Colorada, una asociación entre las empresas siderúrgicas Ternium y ArcelorMittal, y dejando en total indefensión a la comunidad indígena. Los dos estados han otorgado todo el apoyo con la fuerza pública, pero solo para reprimir a las y los defensores indígenas que siguen defendiendo su territorio, como lo hicieron sus antepasados.
Condenamos también al Gobierno Federal, Estatales de Jalisco y Colima, así como a los Municipios de Cuauhtitlán de García Barragán y Minatitlán que han sido omisos ante la flagrante violencia que se ha desatado en la zona con el crimen organizado que opera para la empresa minera y los talamontes. La falta de atención a las denuncias realizadas por las comunidades de La Astilla, Puertecito de las Parotas, Mameycito, Las Pesadas, CI Naranjal, entre otras, así como la denuncia por desaparición de Celedonio Monroy Prudencio (2013), que no han tenido ninguna respuesta y ni justicia, sin embargo, el etnocidio continúa impunemente, tal parece que es un objetivo de los tres niveles de gobierno.
Exigimos atención inmediata, un alto total al despojo, la contaminación y la violencia contra la comunidad indígena de Ayotitlán y el esclarecimiento del cobarde asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. A sus familiares y amigos, les enviamos toda nuestra solidaridad.
Con mucha alegría les compartimos el sexto capítulo de Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.
En este capítulo, les compartimos las experiencias de 4 maravillosas mujeres; Dominga, Bárbara, Dania y Natalia, enfrentando y resistiendo a la palma de aceite desde diferentes puntos de Mesoamerica.
Les compartimos la siguiente petición de Salva la selva, Voces Ecológicas y Radio Temblor sobre la resistencia antiminera – A 17 de noviembre 2023
Panamá está movilizada. El gobierno ha desencadenado una profunda crisis de confianza al autorizar una enorme mina de cobre en la selva tropical. Decenas de miles de personas están protestando y han paralizado en parte el país. Exigen que se preserve la naturaleza y se respeten los derechos humanos. Apoya la protesta con tu firma.
Decenas de miles de personas salen a las calles en Panamá desde hace semanas para manifestarse contra los proyectos mineros. Acusan al gobierno de vender sus tierras y sus recursos a empresas extranjeras.
El foco de las protestas es la enorme mina de cobre a cielo abierto de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum. La mina se sitúa en medio del corredor biológico de selva tropical que conecta América Central con América del Sur.
El pueblo panameño junto a las organizaciones socioambientales denunciaron el acuerdo de concesión de la empresa minera y ganaron en la Corte Suprema por fallo de inconstitucionalidad en el año 2018. Pero los políticos y las autoridades han impedido durante años que se ejecute la sentencia.
Mientras tanto, Minera Panamá ha construido la mina a cielo abierto donde antes había selva tropical y biodiversidad: naves industriales, tuberías, depósitos de residuos y depósitos para los lodos tóxicos de la mina, así como un puerto y una central eléctrica de carbón en la costa caribeña para alimentar la mina. Desde 2019, la empresa exporta concentrado de cobre a China, Japón, Corea del Sur, España y Alemania.
El presidente de Panamá, Laureano Cortizo, presenta la mina de cobre como «el futuro del país». Sin una auténtica participación ciudadana, el gobierno negoció un nuevo acuerdo de concesión con Minera Panamá, desencadenando una profunda crisis de confianza.
El Contrato Ley 406 aprobado por el Parlamento a mediados de octubre y firmado por el Presidente el mismo día, pretende legalizar la mina de cobre durante al menos 20 años prorrogables por otros 20.
El pueblo de Panamá está protestando en las calles. Ha habido cuatro muertos: el dinero de la empresa minera no puede compensar el daño que la mina causa a la vida y la naturaleza. Exigen naturaleza intacta y un medio ambiente limpio.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia de habitantes de algunas colonias de Zacatecas – A 20 de noviembre del 2023
El pasado 15 de noviembre del presente año, vecinas y vecinos de las colonias Gustavo Díaz Ordaz, Lázaro Cárdenas del Río, Frente Popular de Zacatecas, Bancomer, La Filarmónica, El Robote de Barbosa, Las Margaritas, la Peñuela, Lomas de Bracho, Mexicapan, Pedro Ruiz Gonzáles y gran parte del Centro Histórico, fueron afectadas y afectados por los cuatro sismos que se sintieron a causa de las detonaciones de la mina Capstone Gold.
Desde hace varios años las y los vecinos han exigido que se revise y se de cierre la mina debido a las afectaciones que vienen sufriendo por el impacto minero después de que la empresa decidiera implementar un plan de crecimiento en su explotación y producción. Actualmente, la canadiense extrae 4 mil 400 toneladas diarias de material rocoso que concentra cobre y plata principalmente y de 2023 a 2030, calculan tener una producción anual promedio de 20 mil toneladas de cobre y 1.3 millones de onzas de plata (Valadez, 2023. La Jornada) a expensas de la población de Zacatecas.
La mina está ocasionando estragos estructurales a las casas de las colonias, además de que existen daños a perpetuidad para el territorio, la contaminación que se expande a 100 kilómetros en el perímetro de la actividad minera y los ahora daños psicológicos para las y los afectados de la Capstone.
La REMA denunciamos la omisión del estado de Zacatecas ante la problemática, el hostigamiento por parte del ejército a las personas que están alzando la voz y se manifiestan en contra de la minera y exigimos el cierre inmediato de la mina Capstone Gold Cozamin en la capital de Zacatecas. Desde la REMA enviamos un fuerte saludo a las y los compañeros afectados y nos unimos a su exigencia.
Les compartimos la siguiente nota de Avispa Midia sobre la resistencia a la palma de aceite en Guatemala – A 15 de noviembre del 2023
Por Renata Bessi
Lago de Izabal, lugar sagrado para el pueblo Maya Q’eqchi’. Las aguas azules obscuras forman un espeso espejo de casi 600 km2, cerca de la costa del Mar Caribe de Guatemala. Alrededor de todo el lago, el más grande del país, han vivido desde siempre las comunidades Maya Q’eqchi’, desde antes de la llegada de los españoles.
Desde El Estor, núcleo urbano al norte del lago, donde hay una base militar, el equipo de este reportaje siguió una línea recta, hacia el sur del lago, lo que significa aproximadamente dos horas de viaje a bordo de una lancha acondicionada para realizar viajes colectivos de la comunidad. Es la única forma, en época de lluvias, de llegar en estos territorios. Ahí, la bienvenida se recibe de un paisaje monótono verde olivo de extensas plantaciones de palma africana.
En este lado del lago habitan 16 comunidades Maya Q’eqchi’ que luchan para continuar viviendo en sus territorios y salir del arrinconamiento que les ha sometido las extensas plantaciones de palma de la empresa Naturaceites. Ahí también está un segundo destacamento militar.
A pocos metros del desembarque en esta parte sur del lago está la comunidad Chapín Abajo, que ha sufrido, por lo menos en los últimos tres años, la intensificación de los intentos de desalojo y de incursiones militares violentas por supuestas órdenes de captura a sus miembros. Durante las incursiones, militares del destacamento de la parte norte del lago se mueven en rápidas lanchas para el “combate”.
La abuela Maya Q’eqchi’ que se identificó como Juana recordó con dolor en su lengua materna el último ataque a la comunidad. “Sentía el rugir de las balas por detrás de mis pies, mientras intentaba proteger a los niños. Nos trataron como animales”, cuenta al equipo de Avispa Mídia. Los militares incursionaron violentamente en Chapín Abajo el 6 de diciembre de 2022, supuestamente contaban con 20 órdenes de captura contra comunitarios, “órdenes que nunca nos enseñaron”, agregó la abuela Juana.
Un contingente policial de aproximadamente 5 mil agentes “mezclados con cuadrillas que sabemos que son pagadas por la empresa [Naturaceites]”, cuentan los pobladores, cercaron la comunidad durante horas hasta la madrugada, “nos atacaron”. Antes de estos hechos ya habían atacado dos meses antes, el 26 de octubre de 2022.
Las mujeres de la comunidad hicieron frente y tomaron las riendas de la situación. Salieron al encuentro del contingente. “A través de un megáfono preguntábamos qué estaba pasando, si acaso éramos narcotraficantes o estábamos haciendo actos ilegales para que fuéramos criminalizados y perseguidos de esta manera. Pues ellos, de igual forma, no respondieron a nada, sino al contrario, ellos ingresaron”, relata para Avispa Mídia, en su lengua Maya Q’eqchi’, Alba María Choc, quien fue agredida y detenida en esta ocasión, junto a su hijo de 14 años. “Ingresaron sarcásticamente accionando sus fusiles y pistolas”, recuerda
Autoridad ancestral Pedro Cuc al lado de su familia. Foto: Aldo Santiago
Como en las películas del viejo oeste, tres fotos de las autoridades ancestrales figuran en carteles que ofrecen 50 mil quetzales a quienes ofrezcan informaciones sobre ellos, por participar de movimientos en defensa del territorio. “El Estado regó carteles con nuestras fotos por todo El Estor ofreciendo recompensa a cambio de informaciones sobre nosotros”, cuenta al equipo de Avispa Mídia Pedro Cuc Pan, una de las tres autoridades ancestrales perseguidas, miembro del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo, quien también se ha declarado en resistencia contra la minería y la plantación industrial de palma aceitera, también conocida como palma africana.
Ahora en el territorio se siente una calma tensa. La memoria de la violencia aun está presente y afecta especialmente a los niños y ancianos. La posibilidad de que en cualquier momento se pueden suscitar nuevas incursiones militares es latente. “Siguen las órdenes de captura”, señala Pedro Cuc.
¿De quién es la tierra?
En Chapín Abajo, alrededor de 200 familias viven en cuatro hectáreas. Esta comunidad está cercada por plantaciones de palma de la empresa Naturaceites, la cual se vanagloria de estar certificada al 100% bajo la certificación estándar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, en español Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible).
Las familias no tienen espacio suficiente para sus cultivos de subsistencia y tampoco para criar animales. Ya no les queda espacio para construcciones esenciales para la comunidad como una escuela para los niños.
La zona es controlada por la seguridad de la empresa y por los militares. “Somos vigilados todo el tiempo, incluso por drones”, sostiene Ana Coc.
Naturaceites sostiene que todas las tierras donde tienen plantación son suyas. También dice en sus informes que posee los documentos que le aseguran la propiedad de las tierras. No obstante, las comunidades y organizaciones tienen otra perspectiva de cómo la empresa fue acumulando tierras.
La empresa afirma que posee un total de 11 mil 736 hectáreas propias y 16 mil 249 hectáreas de productores asociados en los municipios de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; San Luis, Petén; Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal.
En el Valle de Polochic, donde está Chapín Abajo, según información de la propia empresa, posee 6 mil hectáreas no continuas de plantaciones y una planta de beneficio. Sus marcas comerciales son: Capullo, Cora y Great Taste.
Erwin Tut, de la Fundación Guillermo Toriello, que ofrece asesoría y acompaña no solamente Chapín Abajo, sino que también a otras comunidades afectadas por la palma y la minería en la región, sostiene para Avispa Mídia que gradualmente “las comunidades fueron siendo arrinconadas por la palma”.
La estrategia utilizada por Naturaceites fue apropiarse poco a poco de las tierras y, en muchos casos, fueron registrando “de manera anómala” en su nombre, sostiene Tut. “Hay un acaparamiento enorme de tierras y hay mucha vinculación con el gobierno”, señala.
La Ley de la Oficina de Control de las Reservas Territoriales, por ejemplo, garantiza que las tierras que están a una distancia de hasta 200 metros del lago son del Estado. “Pero ¿qué pasa?, la palma está en toda la orilla del lago. Y si vamos a reclamar, la empresa dice que tiene los títulos de estas tierras. ¿Y cómo lo obtuvieron?”, indaga.
Otro caso que ilustra las formas turbias de cómo Naturaceites fue concentrando las tierras es respecto al proceso del indígena Maya Q’eqchi’ Oswaldo Rey Chub Caal, capturado y acusado por usurpación de tierras, en el desalojo de la comunidad llamada Palestina, en la finca Chabiland, Chinebal, al sur de El Estor, en noviembre de 2021. La acusación es de la empresa Naturaceites, quien alega que las tierras son suyas.
Él permaneció nueve meses en prisión. Al final, la empresa no pudo comprobar las acusaciones contra el indígena y fue puesto en libertad. El indígena Caal, que es de la comunidad de Chapín Abajo y quien, en solidaridad, estuvo presente en el desalojo violento de la comunidad Palestina, fue liberado porque la empresa no logró probar que es propietaria de las tierras. El registro de propiedad que presentó durante el proceso no correspondía a la finca en El Estor, pertenecía a otra jurisdicción, al municipio de Livingston.
Oswaldo Rey Chub Caal. Foto Renata Bessi
Es decir, “¿cómo Caal pudo ser acusado por Naturaceites de usurpar una tierra que no tiene cómo probar que son suyas?”, dijo el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, quien defendió el indígena Maya Q’eqchi’ en los tribunales.
Con base a ese mismo título de propiedad, señala el abogado, existe una serie de otras órdenes de captura en contra de otros comunitarios que estuvieron en el desalojo.
“Nosotros, las organizaciones, así como las comunidades, no tenemos recursos para hacer un estudio completo de la ocupación de las tierras y de los registros catastrales, es muy caro. El Estado no tiene interés de hacerlo. Pero en estudios que hemos logrado hacer en casos específicos, nos deparamos con esta realidad, con esta misma lógica anómala de apropiación de tierras”, argumenta el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas.
“No necesitamos que un documento nos diga que esta tierra es nuestra”
Durante el periodo colonial, explica el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, los maya Q’eqchi’s no fueron pueblos que habían desarrollado una titulación de sus territorios, como ocurrió en otras regiones de Guatemala, cuyos títulos se conservan hasta la actualidad.
Tener el registro implicaba comprar sus propias tierras a la Corona española y, como consecuencia, tenían que someterse al régimen de tributación que había en ese entonces.
Después, con la creación del Registro de la Propiedad, alrededor de 1870, “muchas de estas tierras fueron tituladas a particulares y también como fincas públicas. Sin embargo, las comunidades siguieron permaneciendo ahí, a pesar de no tener títulos”, puntualiza el abogado.
“Son comunidades que no tienen registros de la titulación de esas tierras, pero tienen una posesión histórica y tienen una relación histórica con el territorio”, subraya Castro.
El Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio de El Estor 2018 – 2032 identifica Chapín Abajo como uno de los lugares con “mayor antigüedad e importancia por su densidad y pertenencia Q’eqchi’ se ubican en el área de la cuenca del lago de Izabal”. Además de Chapín Abajo, mencionan: Nueva Esperanza, Lancetillo, Chinebal, Río Zarquito, Pataxté, Chichipate, Setal y Selempin.“A nosotros no nos pertenece la tierra porque un documento lo diga o porque un ingeniero lo dijo, nos pertenece la tierra porque aquí murieron nuestros antepasados y aquí nacimos nosotros. Entonces la defendemos”, dijo Pedro Cuc.
