Este 21 de Septiembre, expresamos una vez más nuestra solidaridad con esta resistencia y compartimos algunos materiales que pueden ayudar a comprender la importancia de estas luchas.
El 21 de septiembre es el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Una fecha en que diversas comunidades reafirman y celebran la resistencia ante las plantaciones industriales de árboles que invaden sus territorios.
En todo el mundo, empresas, gobiernos e instituciones financieras promueven los monocultivos de árboles no sólo para la producción de madera, celulosa, caucho, aceite de palma, combustibles o biomasa, sino también para hacer negocios en los mercados de carbono.
Para las comunidades que viven en los territorios donde se instalan las plantaciones, esta expansión significa destrucción de bosques e invasión de tierras fértiles, agotamiento del agua, despojo, violencia -en especial sobre las mujeres-, y contaminación con agrotóxicos, entre otros graves impactos.
Los monocultivos de árboles reducen y destruyen los espacios que son vitales para las comunidades y, por lo tanto, amenazan su capacidad para producir alimentos y desarrollar sus actividades. Asimismo, la industria de las plantaciones refuerza el racismo y el patriarcado, a la vez que deteriora las relaciones e interacciones colectivas. Como consecuencia, las comunidades pierden autonomía y soberanía sobre sus territorios y cuerpos, al tiempo que aumenta la pobreza, las enfermedades y la desigualdad.
Ante ello, comunidades indígenas, campesinas, quilombolas y muchas otras se organizan y resisten este avance, en una lucha por la tierra y por la vida.
Este 21 de Septiembre, expresamos una vez más nuestra solidaridad con esta resistencia y compartimos algunos materiales que pueden ayudar a comprender la importancia de estas luchas.
¡Basta de plantaciones! ¡NO a los monocultivos!
En solidaridad,
El equipo del WRM
* Las comunidades quilombolas son aquellas formadas por descendientes de personas africanas que fueron sometidas a la esclavitud y escaparon para fundar “quilombos” en el Brasil Colonial e Imperial.
Les compartimos esta carta de solidaridad firmada por las 36 organizaciones avales del Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca con el moviemiento de vecinas y vecinos de la Colonia Maya – A 18 de septiembre del 2023
Saludamos la presentación del informe de Amnistía Internacional, México: Tierra y ¿Libertad?: Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Celebramos que se sigan creando espacios para denunciar las prácticas de las autoridades que han permitido la criminalización y difamación de las personas y colectivos que defienden el territorio.
Queremos recordar que hace un año, un colectivo de 36 organizaciones, decidimos otorgar el premio Mariano Abarca a las y los vecinos de la colonia Maya por su lucha propositiva en defensa del territorio que les rodea. Desde entonces, hemos puesto atención a lo que pasa en su entorno y hoy, con motivo de la presentación de este importante informe, nos queremos sumar a sus demandas. Celebramos, aplaudimos y nos sumamos a la postura de las y los vecinos, en contra de la construcción de una carretera en una zona de conservación que no cumple con los permisos necesarios para construir caminos y casas habitación. Nos sumamos y apoyamos su interés de conocer y analizar el expediente que avala la construcción de una estación de servicio (gasolinera). Estamos enterados que descubrieron información irregular que han querido presentar y aclarar con las autoridades responsables. Para dicho fin, desde el 5 de junio, solicitaron una audiencia pública que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Por lo anterior, queremos manifestar nuestra solidaridad con esta comunidad de vecinas y vecinos que, a pesar de recibir respuestas omisas y dilatorias, siguen insistiendo con distintas estrategias con el objetivo de defender sus derechos. En el marco de este informe, queremos reprobar el hecho que, por haberse opuesto a las prácticas depredadoras del empresario de la Moraleja y en alianza con las autoridades de la administración municipal del trienio 2105-2018 hayan logrado que una carpeta de investigación con información falsa y difamatoria, se haya convertido en 6 órdenes de aprehensión para las seis personas que entregamos nuestros datos a la presidencia municipal.
Exigimos, como se dice en el informe de Amnistía, que se revise y se cierre esta carpeta de investigación que es un claro ejemplo de criminalización de quienes son defensoras y defensores del territorio y del medio ambiente.
Atentamente: Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera. Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS). México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA). Cataluña: Entrepueblos. País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad. Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
Compartimos este reportaje especial publicado por el espacio Jaltun investigación y acción colectiva sobre los avances del modelo extractivo en la comunidad a orillas de la laguna de Bacalar en Quintana Roo – A septiembre del 2023
Agroindustria, turistificación y Tren Maya en Bacalar:
afectaciones y resistencias colectivas
Narrativas de Resistencia
La milpa, la apicultura y el turismo local fueron durante décadas el sustento económico de un territorio orgulloso de su biodiversidad y destacado por el saber de las comunidades mayas que lo habitan. Todo cambió a partir de decisiones políticas y empresariales que colocaron al pueblo en el mapa letal del extractivismo peninsular. Impactos negativos y luchas por el buen vivir.
Hasta hace un par de décadas, Bacalar era un pequeño pueblo maya de puertas abiertas al Caribe y cuya economía se sostenía a través de la milpa, la apicultura y la docencia, en este último caso a partir del funcionamiento del Centro de Educación Normal en Bacalar. En ese apartado del estado de Quintana Roo el turismo mostraba un rasgo regional y los atributos del lugar se transmitían de boca en boca.
Veinte años atrás, los pobladores no imaginaban que con el correr del tiempo el turismo se convertiría en el soporte económico primordial del municipio. Y que, combinada con la agroindustria, la actividad terminaría resquebrajando el paisaje biocultural y los modos de vida locales.
Dos eventos cambiaron la historia de ese Bacalar ajeno al extractivismo turístico, bajo el cual se promovió la Riviera Maya como destino internacional, y de labor agrícola concentrada entre los pobladores históricos del lugar.
El primero de ellos correspondió a la instalación de colonias menonitas que, a inicios del 2000, comenzaron a proliferar a partir de la compra ilegal de tierras ejidales. Nadie en el pueblo y sus alrededores, ni siquiera los mismos ejidatarios, sospecharon que el arribo de los menonitas abriría paso a una explotación que, respaldada mediante programas de impulso agropecuario, corrupción de funcionarios agrarios e intereses de empresas nacionales e internacionales, terminaría lacerando la selva de Bacalar por efecto de una expansión incontenible.
Los datos de esta depredación son contundentes: según un monitoreo de Global Forest Watch, el estado de Quintana Roo perdió, justamente en 20 años, al menos medio millón de hectáreas de monte a manos del desarrollo turístico, la agroindustria ligada al cultivo intensivo de soya, maíz y caña de azúcar, y la expansión inmobiliaria.
El segundo evento tuvo lugar en 2006, cuando el gobierno federal, encabezado entonces por Vicente Fox, declaró “Pueblo Mágico” a Bacalar. La categoría asignada a la comunidad, estatus pensado para acentuar la explotación turística en determinadas zonas de México, disparó el interés de los capitales privados por hacer del sitio otro espacio destinado a captar visitantes y viajeros sobre todo del exterior.
Cada año, Bacalar recibe un promedio de 180 mil visitantes mientras que su población apenas alcanza los 12 mil 527. De 2005 a la actualidad, la afluencia de turistas creció 750% (INEGI). Fotografía: R. Canul.
Rápidamente se consolidó la idea de comercializar a Bacalar como un paraíso de calma, relajación y aventura basado en las aguas turquesas de su laguna. Ese mismo rótulo es el que terminó por invisibilizar los estragos que fue multiplicando la difusión del pueblo como un espacio, de pronto enfocado, en atraer el turismo masivo.
El aumento de la violencia criminal, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la tierra, la marginación y la segregación poblacional, la migración, la gentrificación y la folklorización de la identidad maya, fueron algunos de los aspectos que emergieron a partir de la declaración de “Pueblo Mágico”.
Y cuya gravedad resultó invisibilizada tanto por los beneficiarios de los negocios que alentó la categorización como por las autoridades y organismos competentes, interesados también en asegurarse una mayor recaudación económica a partir del cobro de impuestos, regalías y prebendas de ocasión.
Más cercano en el tiempo, el impacto de ambos eventos se vio magnificado a partir de la imposición del Tren Maya, un megaproyecto impulsado por la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y que tiene como premisa acentuar la expansión del turismo, la producción agrícola y ganadera a gran escala, y la industria en general en el sureste del país. Con afectación directa de los modos de vida y los medios de sustento de las poblaciones mayas y campesinas que habitan dicho territorio.
La investigación que aquí inicia da cuenta, precisamente, de cómo esta combinación de decisiones e iniciativas impulsadas por actores políticos y del capital privado dio lugar a una transformación de Bacalar que, aún en proceso dramático, tensiona de un modo riesgoso la perduración de las comunidades y sus formas históricas de habitar el municipio.
Expansión agroindustrial menonita
Entre 2001 y 2022, de acuerdo a mediciones de Global Forest Watch, Bacalar perdió casi 130,000 hectáreas de cobertura arbórea. Semejante superficie equivale al 24 por ciento del territorio del municipio, que llega a nuestros días como el más deforestado de todo el estado de Quintana Roo.
En ese lapso, la selva fue rápidamente reemplazada por monocultivos de soya, sorgo y maíz a partir de una agroindustria que ganó tamaño, también, mediante prácticas de compra y renta de tierras ejidales y privadas.
La deforestación de la selva inicia con la apertura de caminos que permiten la expansión de la frontera agrícola. Fotografía: R. Canul.
El rol de las colonias menonitas ha sido determinante en ese sentido. El inicio de la avanzada de estos grupos tuvo su primer capítulo en el inicio de los años 2000, momento en que integrantes de esa comunidad provenientes de Belice hicieron pie en la selva bacalareña con la fundación de Salamanca. A ese posicionamiento inicial le siguieron los de El Bajío, Paraíso y San Fernando hasta completar 15 ejidos con presencia menonita.
Salamanca nació tras la adquisición de 5,000 hectáreas del ejido de Bacalar. Ya en 2004, y a partir del tamaño y la concentración de colonos ostentada por el asentamiento, Salamanca obtuvo el status de ejido menonita en sí mismo, en lo que fue un proceso inaudito hasta ese momento en Quintana Roo.
Fernando Canul, integrante del Consejo Indígena Maya de Bacalar y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, se refiere a cómo ocurrió aquel arribo.
“El primer asentamiento de menonitas fue en Salamanca. De allí fueron buscando colocarse en otros ejidos. Llegaron ofreciendo una cantidad de dinero que nunca habíamos visto. Dijeron ‘venimos a trabajar, no a cuidar el monte’”, recuerda.
Ubicado a sólo 7 kilómetros de la laguna de Bacalar, Salamanca es fuente de contaminación de los ecosistemas de la zona a raíz del uso indiscriminado de pesticidas que los menonitas ejecutan en su labor agrícola.
Con el cancerígeno glifosato a la cabeza entre los herbicidas que más resultan aplicados sobre los cultivos de soya que se multiplican en el ejido -también de uso común para combatir las hierbas en lotes de maíz y sorgo-, los productores de Salamanca llevan a cabo fumigaciones intensivas que llegan a los acuíferos del municipio por efecto de la naturaleza kárstica del suelo.
Símbolo de la deforestación y el incremento de la presencia menonita en la zona, Salamanca exhibe hoy un tamaño 11 veces mayor al delimitado por la mancha urbana de la cabecera municipal de Bacalar.
A la par de lo ocurrido con ese asentamiento, los ejidos de El Bajío, Paraíso y San Fernando también acumulan años de depredación agroindustrial por causa de los menonitas. En cada caso, el despliegue de los colonos tomó forma a partir de 2012 siempre mediante la estrategia de comprar lotes.
Una vez avecindados en esos espacios, los menonitas fueron un paso más allá con la adquisición de derechos ejidales. En concreto, esta acción les permitió comenzar a tallar en las decisiones respecto del futuro de las tierras de uso común disponibles en esas mismas áreas.
En 2022 el Estado mexicano conmemoró los “100 años de la llegada de los Menonitas a México” mediante la emisión de una moneda de 20 pesos. Fotografía: R. Canul.
El posicionamiento de los colonos llegó a un punto tal que, por estos días, se dan situaciones de ejidos en los que más del 50 por ciento del padrón de, justamente, ejidatarios, corresponde a productores menonitas.
“Hasta hoy vamos más o menos bien. Poco a poco estamos comprando tierra en dos ejidos: El Bajío y Paraíso. Entre las dos colonias ya tenemos como cinco mil hectáreas”, detalla al respecto A. Schmitt, ejidatario menonita de El Bajío.
Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, siempre de acuerdo a Global Forest Watch y el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), son los ejidos con mayor porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal. Pero la merma no se ajusta únicamente a esos espacios: a través de la compra de derechos ejidales y la renta, los menonitas han diseminado la deforestación por otros 16 ejidos aledaños a los ya controlados por los colonos.
En una serie de recorridos llevados a cabo por el equipo de Jaltún, se corroboró que la destrucción de la superficie arbórea en todas esas áreas guarda relación directa con el cambio de uso de suelo para el tipo de agroindustria que desarrollan las comunidades menonitas mencionadas.
Mediante un análisis cartográfico realizado por Jaltún en los ejidos Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, se estableció que la deforestación efectuada en los últimos 20 años implicó la pérdida de más de 11,450 hectáreas de monte. Cifra equivalente a la superficie de la ciudad de Cancún.
Gráfico 1. Porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal (2001-2021). Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2022.
“Están destruyendo la vida del campo. Ellos tienen el apoyo del gobierno, toda la maquinaria que ellos sacan tiene ese aval. Si uno como campesino va, no tiene esas garantías”, asegura Fernando Canul.
Lo expuesto por Canul encuentra asidero en las más de cuatro décadas de políticas agropecuarias que han priorizado la producción agroindustrial en la Península. En ese sentido, las colonias menonitas de Bacalar han sido beneficiadas con incentivos y créditos a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Esto, con el objetivo de fortalecer la producción de oleaginosas a partir de la disponibilidad de maquinaria agrícola y semillas.
Los gobiernos, garantes de la deforestación
La expansión agroindustrial en Bacalar es la principal causa de deforestación en el municipio. El cambio de uso de suelo sin previa autorización y con complicidad silenciosa de las autoridades ambientales, sobre todo para la producción de monocultivos como la soya transgénica, repercute de manera negativa en el modo de vida campesino y alienta la pérdida del segundo bosque tropical más extenso de América.
La producción agrícola basada en el uso de agrotóxicos y maquinaria pesada forma parte de la cultura de las colonias menonitas asentadas en la península de Yucatán. Fotografía: R. Canul.
La injerencia de los actores políticos debe entenderse como una variable determinante al momento de explicar cómo este sistema se consolidó con tanta celeridad en Bacalar. En ese sentido, ya en 2012 el municipio quedó dentro del polígono que SAGARPA -hoy SADER, sigla que refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural- otorgó a Monsanto -controlada por la alemana Bayer en la actualidad- para la siembra de soya modificada genéticamente.
La decisión de esa dependencia de gobierno dio inicio a una batalla legal protagonizada por las comunidades mayas de Hopelchén y la misma Bacalar. Los pueblos expusieron a esta acción como una violación al principio precautorio para el derecho a un medio ambiente sano, además de destacar la vulneración del derecho a una consulta libre, previa e informada que fija el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para los pueblos indígenas.
Con el correr de los años, la utilización indiscriminada de agrotóxicos como el glifosato y distintas formulaciones de insecticidas provocó desde la muerte de abejas hasta la pérdida de certificaciones de miel orgánica. La afectación en ascenso motivó que organizaciones de base comunitaria, como la cooperativa apícola Kabi Habin, el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’Kanan I’naj, se organicen en un frente de defensa para contrarrestar el poderío desbocado del agronegocio.
Precisamente, estas entidades lideraron la batalla legal contra los promotores de la agricultura transgénica y lograron, ya en 2017, la suspensión de la siembra de semillas modificadas de soya en el municipio hasta tanto el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) no realice las consultas pertinentes a las y los habitantes mayas de Bacalar.
Sin embargo, el dictamen legal nunca fue respetado. Y así llegamos a estos días en que, ante la pasividad del mismo SENASICA y la ausencia de controles de uso de suelo y de sanciones tras los actos de contaminación constatados por SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), respectivamente, el cultivo de organismos genéticamente modificados y las pulverizaciones con plaguicidas continúan siendo el sistema de agricultura predominante en el municipio.
En cuanto a la producción de soya transgénica que ocurre en Bacalar, al cierre del año agrícola 2022, la agroindustria reportó una producción de 4,730 toneladas de la oleaginosa. El principal comercializador de lo que genera el cultivo es Jacobo Xacur a través de su firma Proteínas y Oleicos S.A. Su destino industrial comprende desde la elaboración de aceites comestibles hasta la generación de pastas de soya con destino de alimentos para animales, pasando por derivados para la producción de pinturas, barnices y resinas.
A la par de estos procesos también hubo espacio para los artificios alentados desde el ámbito de las autoridades. Así, en agosto de 2021, SEMARNAT presentó como exitosa una serie de diálogos celebrados entre representantes del gobierno federal y las comunidades menonitas de Campeche y Quintana Roo en los que, siempre de forma presunta, los colonos se comprometieron a detener el deterioro de los bosques tropicales. El pacto en cuestión fue publicitado por el organismo bajo la denominación de “Acuerdo histórico con la comunidad menonita para frenar la deforestación”.
Su aplicación no pasó del acto mediático. Isaac Hansen, agricultor menonita de Salamanca, reconoce que las prácticas de los colonos chocan de frente con cualquier idea de freno a la depredación del monte: “Si el gobierno decide apoyarnos con otras formas de trabajo, va a ser difícil por las costumbres que tenemos. Lo veo difícil para nosotros. Necesitaríamos cambiar la forma de trabajo, pero no queremos. Queremos seguir en lo mismo. Sabemos que el mismo México necesita la producción de maíz, soya y frijol. Todo el aceite de cocina, casi todo viene del mismo lugar de donde vendemos la soya”.
Hasta el momento, las autoridades ambientales no han implementado acciones concretas para frenar la deforestación en Bacalar. La última sanción aplicada por esta práctica tuvo lugar en 2018, ocasión en que PROFEPA fijó una multa por algo más de 10.2 millones de pesos a la colonia de El Bajío por carecer de permisos para cambios de uso de suelo.
El turismo de masas da la espalda al pueblo de Bacalar
La laguna de Bacalar alberga al mayor arrecife de estromatolitos de agua dulce del mundo. La turistificación, la agroindustria y actividades antropogénicas ponen en riesgo a este ecosistema (Tarjeta 2021). Fotografía: R. Canul.
Luego de que, en 2006, el gobierno federal de Fox otorgara el status de “Pueblo Mágico” a Bacalar, lo que siguió fue un sinfín de promesas de desarrollo económico para las familias locales. Lo que nunca se dijo es que las fabulosas ganancias prometidas quedarían en poder de empresarios hoteleros y gastronómicos con la espalda económica suficiente para adquirir amplios terrenos junto a la laguna.
El proceso de turistificación acelerada del municipio que inauguró la categorización de “Pueblo Mágico” asignada a Bacalar hizo del sitio otro integrante del proyecto “Grand Costa Maya” que, sobre todo a nivel internacional, promueve el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y que también incluye a Chetumal y Mahahual.
En un puñado de años, Bacalar dejó de ser un destino turístico de peso en determinado momento vacacional, para consolidarse como un área de visita permanente, con promedios anuales del orden de los 180,000 turistas. En los primeros catorce años de vigente el rótulo de “Pueblo Mágico”, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el flujo de visitantes que recibió el pueblo aumentó 750 por ciento.
El próximo 22 de octubre, el pueblo argentino estará votando para elegir su nuevo jefe de Estado. El escenario es complejo desde el punto de vista socio-económico y político. Argentina se ve acorralada por una ilegítima deuda con el FMI que exige recortes presupuestarios y ajustes que afectan dramáticamente a los sectores populares de la población, a la vez que empobrecen a una clase media que, ante un escenario de alta inflación, e inestabilidad económica, enfrenta una recaída histórica de su poder adquisitivo.
El malestar social se ha traducido en las últimas elecciones, así como se observó en Brasil en 2019, en el apoyo de una parte de la población al candidato de ultraderecha Javier Milei, que se presenta contrario a las instituciones democráticas y que aboga por una reducción drástica del Estado y por un ideario de libre mercado al modelo empresarial. Sus propuestas de carácter ultraliberal incluyen la privatización de las empresas y servicios públicos, la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central.
Yendo a contramano de todos los debates y los retos que hemos construido junto a la comunidad internacional frente al desafío que es impuesto por la emergencia climática y socioambiental y, por ende, la necesidad de crear mecanismos de cooperación, Milei se presenta como un negacionista del cambio climático.
En caso de ser electo, ya ha anunciado la salida de Argentina del Mercosur y la ruptura de lazos comerciales con países como Brasil y China por considerarlos bajo la órbita del comunismo. Tras la incorporación de Argentina en el bloque de los BRICS, el mismo candidato apuntó que, en caso de asumir como presidente, no respaldará tal incorporación aludiendo que los países que componen el bloque atentan contra las libertades individuales, el derecho de propiedad y el libre mercado. En contraparte, propone como prioridad de su eventual gobierno, el estrechamiento de vínculos comerciales con Israel y Estados Unidos.
Vemos con preocupación el avance de posturas que plantean la ruptura definitiva del bloque MERCOSUR y proponen mecanismos de libre comercio y absoluta liberalización de los mercados en el país.
El MERCOSUR constituye para Argentina el principal espacio de integración económica regional, que permite disminuir las asimetrías entre nuestras economías y el Norte Global, fortalecer los lazos comerciales entre los países que conforman el bloque a través de mecanismos internos y fortalecer la cooperación y la solidaridad de nuestra región.
La integración de nuestros países en el MERCOSUR constituye un recorrido histórico que construye articulaciones en aspectos comerciales, productivos, sociales y políticos, a través del rol fundamental de los Estados que, a través de su unidad, promueven su autonomía y soberanía en el marco de la subordinación hemisférica que la globalización propone.
Ante el avance de la ultraderecha, llamamos a levantar las voces de unidad de los pueblos latinoamericanos por la defensa de nuestros Estados nacionales, la soberanía política de nuestros países y el resguardo de la integración regional.
Somos solidarios/as con las organizaciones y movimientos sociales en Argentina, acompañando con fuerza al pueblo argentino para que logren enfrentar ese avance y preservar la democracia en el país.
Firman:
Amigas da Terra Brasil
CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil
FASE – Solidariedade e Educação
Frente Brasileira contra o Acordo UE-Mercosul e EFTA-Mercosul
INESC – Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos
ISP – Internacional dos Serviços Públicos
PAD – Articulação e Diálogo Internacional
REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos
Rede Jubileu Sul Brasil
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
SOBREVIVENCIA – Amigos de la Tierra Paraguay
Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina
Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México
ATALC – Amigos de la Tierra América Latina y Caribe
Compartimos la siguiente petición hecha por el Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 6 de septiembre del 2023
Hoy nos unimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir justicia y rendición de cuentas en el caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, una valiente defensora de los derechos humanos y el medio ambiente. Berta fue cruelmente asesinada debido a su inquebrantable lucha en defensa del pueblo Lenca y de nuestros preciosos recursos naturales. A pesar de que algunos autores materiales han sido enjuiciados, los responsables intelectuales aún permanecen impunes, incluyendo a la familia Atala Zablah. Hace 3 años que esperamos la sentencia de los siete hombres condenados por su crimen y aún no hay justicia. Y desde 2022 esperamos que se confirme la sentencia de David Castilo.
Han transcurrido 7 años desde que perdimos a Berta, y seguimos exigiendo que se haga justicia. Nuestro objetivo es presionar a las autoridades estatales de Honduras para que avancen en la búsqueda de justicia por Berta Cáceres y asegurar que los responsables intelectuales sean llevados ante la justicia. También exigimos que sean confirmadas las sentencias de los condenados por su crimen y de David Castillo.
El asesinato de Berta no fue solamente un crimen, sino también un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden nuestros territorios ancestrales. La búsqueda de justicia para Berta es una lucha que trasciende su persona, es una lucha por nuestros territorios y por el respeto a nuestras comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas son la evidencia viva de que los proyectos extractivistas financiados por bancos internacionales no equivale a desarrollo, sino un saqueo de nuestros territorios. La impunidad no puede ser una opción: Berta fue una incansable defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; su lucha continúa en su memoria.
Por lo tanto hacemos un llamado a las instituciones del Estado a actuar de manera urgente:
A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, para que confirme las sentencias ya emitidas. Al Ministerio Público (Fiscalía) para que realice las capturas y enjuiciamiento de todas las personas responsables. Al Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, y al poder ejecutivo, presidido por Xiomara Castro, para que realicen los cambios normativos y de política pública para que se garantice la justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición para todas las víctimas, comunidades indígenas y personas defensoras de los territorios, por los crímenes cometidos. Firma la petición y únete a nosotros/as en la búsqueda incansable de justicia y en la preservación del legado de Berta Cáceres.
Gracias por tu apoyo.
“Justicia para Berta, es un grito que no se apaga y una lucha que nos descansa”
Les compartimos este informe publicado y coordinado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el impacto y poder de los Bancos Mundial de Desarrollo sobre la vida, los pueblos y las y los defensores de derechos humanos; donde Otros Mundos participa con un capítulo de análisis – A 5 de septiembre del 2023
DESMITIFICANDO LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
CÓMO AFECTAN LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO A LOS PUEBLOS Y AL PLANETA
Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, septiembre de 2023 Este informe ha sido redactado colectivamente por miembros y socios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons (CC-BY-SA). El texto puede utilizarse gratuitamente para fines de incidencia, campañas, educación e investigación, siempre que se cite íntegramente la fuente. Este informe está concebido como un documento vivo: todo o parte del material puede ser duplicado, modificado, traducido o adaptado para apoyar su labor de incidencia colectiva, pero rogamos que se mencione debidamente, que no se utilice el material con fines comerciales y que se nos mantenga informados de cómo piensan modificar y utilizar este informe.
Para más información: rightsindevelopment.org/PDBs contact@rightsindevelopment.org
RESUMEN
Los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) constituyen uno de los actores más poderosos de la economía mundial. Los fondos que movilizan y sus prioridades políticas pueden influir –directa o indirectamente— en nuestras vidas y en el bienestar del planeta. Los BPD financian proyectos, proporcionan apoyo presupuestario general y préstamos a gobiernos y empresas, promueven reformas políticas, establecen normas mundiales y sirven como herramientas geopolíticas para los gobiernos que los poseen. Su considerable influencia les permite actuar como gobiernos en la sombra dentro de la arquitectura financiera mundial, y dentro de los países y regiones del Sur Global.
Desde la fundación del Banco Mundial en 1944, el número de estas instituciones y el papel que desempeñan han crecido exponencialmente. En los últimos años, especialmente tras el azote de la pandemia de Covid-19, los BPD han abogado por un papel aún mayor y más fondos para responder a la crisis climática y prevenir futuras pandemias.
Pero, ¿se corresponde su narrativa con la realidad sobre el terreno? ¿Abordan realmente los BPD las causas profundas de la actual policrisis mundial, promueven el desarrollo sostenible y luchan contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático?
Este análisis colectivo analiza algunos de los desafíos clave del actual enfoque de desarrollo impulsado por los BPD en sus proyectos, políticas y prácticas. A través de estudios de caso y una visión general de las principales tendencias en la financiación pública del desarrollo, muestra cómo –con demasiada frecuencia— los BPD acaban exacerbando la policrisis en lugar de abordar sus causas profundas. Algunos efectos de las inversiones de los BPD, como las repercusiones sociales y medioambientales de sus megaproyectos, son más visibles. Otros, como la privatización de los servicios sociales o la creciente deuda de los países del Sur Global, pueden permanecer más ocultos. En cualquier caso, el análisis de estos impactos muestra cómo los BPD socavan las vías y prioridades de desarrollo de los pueblos, comunidades y países del Sur Global, reforzando los desequilibrios de poder y un enfoque de arriba hacia abajo del desarrollo.
Como se explica en la sección de metodología, este documento se ha elaborado en colaboración y consulta con organizaciones y activistas que trabajan en todo el mundo sobre diversos temas, desde los derechos humanos, hasta la deuda y el cambio climático. No se trata de un análisis a profundidad, sino más bien de una visión general sobre los BPD, las tendencias clave en sus inversiones y prioridades, y algunos de los impactos más críticos que causan o a los que contribuyen.
ACERCA DE ESTE INFORME
A pesar del papel crucial que desempeñan y de la importancia de sus repercusiones, pocas personas saben qué son los bancos de desarrollo. Este análisis, elaborado de forma colectiva, pretende crear una base común de evidencia y conocimientos para comunidades, movimientos, personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros aliados sobre qué son los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y cuál es su impacto en el mundo. En el proceso de construcción de una narrativa de la sociedad civil sobre los efectos y acciones de los BPD, el documento también desafía la narrativa sobre lo que éstos dicen ser.
El informe comienza con una breve descripción de lo que son los BPD, su historia, por qué son importantes, sus motivos subyacentes y las tendencias de sus inversiones. A continuación, analiza sus salvaguardias medioambientales y sociales y su marco de rendición de cuentas, incluidos sus puntos fuertes y sus limitaciones. Por último, profundiza en los impactos visibles y ocultos de las actividades apoyadas por los BPD.
La mayoría de los ejemplos de este informe viene de los grandes bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, y de bancos multilaterales regionales, como el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). También prestamos atención a los bancos multilaterales de desarrollo nacionales, sobre todo de China y Europa, que conceden préstamos internacionales, incluidas las agencias nacionales de crédito a la exportación. Sin embargo, prestamos muy poca atención a las repercusiones de los BPD nacionales que prestan a nivel nacional en sus propios países, ya que los colaboradores de este informe tienen más experiencia en inversiones internacionales. Tampoco se analizan los efectos diferenciados de los bancos de desarrollo en las distintas regiones y países.
Cualquier generalización que se haga en el informe debe leerse con la advertencia de que los BPD son increíblemente diversos en cuanto a sus estructuras y actividades. Dado que se trata de un documento vivo, agradecemos las sugerencias y críticas de nuestros lectores y lectoras para desarrollar futuros análisis sobre estas tendencias y repercusiones específicas, incluso a escala nacional y regional.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el gran proyecto turístico que hay en la rivera maya y los impactos del Tren Maya – A 31 de agosto del 2023
Habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, lanzaron un llamado urgente para detener las obras del proyecto “Puerta al mar”, cuyo trazo pretende crear un camino desde dicho municipio hasta el puerto de Vigía Chico, atravesando y afectando la biodiversidad que alberga la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.
El pasado martes (29), la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio el banderazo de inicio para las obras. El evento estuvo acompañada por ingenieros militares, entre ellos Barux Hernández Chavarría, capitán primero constructor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tendrá a su cargo la construcción.
También se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y se difundió que será un camino de 55 kilómetros, desde Felipe Carrillo Puerto hasta Vigía Chico. De este trazo, se planea construir un camino artesanal, con cinco metros de ancho, a lo largo de 33 km que atravesarán la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, ubicada en el litoral central de Quintana Roo, en el mar caribe.
Dentro de la selva protegida dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se observa el trabajo de maquinaria pesada removiendo vegetación
Mediante comunicado difundido ayer (30), habitantes de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en contra de la imposición del proyecto debido a que, argumentan, las obras ponen en grave peligro su seguridad, tranquilidad y libertad de hacer uso de su territorio de acuerdo a sus necesidades.
En la denuncia, argumentan que el proyecto está basado en un modelo de turismo que, además de modificar y apropiarse del territorio de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’aan, acrecentará los problemas ambientales, la desigualdad; además de aumentar la presión para satisfacer de servicios básicos como el agua, transporte y vivienda en la región.
“Desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto sin los estudios adecuados ni información pertinente y accesible para toda la comunidad”, acusan en el comunicado, el cual acompañaron con imágenes de la deforestación que ya están generando las obras.
La denuncia titulada ¿Reservada para quienes?, señala que el proyecto turístico servirá para perpetuar la acumulación de tierras, dinero y poder en beneficio de la industria turística e inmobiliaria, en lugar de cubrir las necesidades básicas de la población como son la falta de servicios de salud, vialidades, inseguridad, entre otros problemas que viven las y los habitantes de Felipe Carrilo Puerto.
“Es por eso que se hace un llamado e invitación a cualquier otro, seamos pocos o muchos para cuestionar, defender, reconocer, sumarse y proteger este camino que nos pertenece, que habitamos y nos aporta tanta riqueza que apenas estamos empezando a conocer y no se puede valuar monetariamente”, invitan en el comunicado.
Afectaciones
Puerta del cielo, como se conoce en español, fue la primera gran área tropical protegida de México y fue declarada dentro de esta categoría desde 1987 con una extensión mayor a 528 mil hectáreas.
Como parte de la reserva, frente a la costa del mar Caribe, se ubica lo que se considera como el segundo mayor complejo de arrecifes coralinos en el mundo con una longitud de 110 km, solo después de la Gran Barrera de Arrecifes, al oriente de la costa de Australia.
La reserva de Sian Ka’aan también alberga otros ecosistemas marinos de alto valor en biodiversidad como manglares y humedales. En la reserva habitan más de 2,580 especies de plantas y animales de las cuales 158 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo. Entre las especies en peligro de extinción se encuentran el tucán pico de canoa, el halcón peregrino, la cigüeña americana, el mono aullador, jaguar, ocelote, manatí y el tapir. En cuanto a la zona de arrecifes habitan más de 315 especies de plantas y animales de las cuales 37 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo.
Acorde a la información difundida esta semana, las proyecciones para concluir las obras de “puerta al mar” deberán concluir en diciembre y cuentan con una inversión de 570 millones de pesos. Funcionarios anunciaron que en la zona de Vigía Chico se planea la construcción de un parque con estacionamiento; además se proyecta la instalación de restaurantes, miradores y mas infraestructura turística.
Según el encargado de la obra, Hernández Chavarría, “para la construcción se están siguiendo todos los protocolos de cuidado en el Área Natural Protegida, para la protección del suelo, flora y fauna”.
La gobernadora de Quintana Roo junto a ingenieros militares durante el inicio de las obras.
Por su parte, habitantes de Felipe Carrillo Puerto aseguraron que la obra impacta y afecta sus formas de vida, la relación que mantienen con el lugar y las dinámicas físicas y biológicas de su territorio. Por ello, señalaron que “no permaneceremos en silencio observando pasivamente ante proyectos que poco a poco se apropian de nuestro territorio y nos despojan de la vida que nos rodea; en los más de 78km de camino que han sido hasta ahora la selva más conservada de nuestros alrededores”.
Compartimos con ustedes el siguiente pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País sobre la presión de Estados Unidos y Canada sobre el maíz transgenico y el maíz nativo en México- A 25 de agosto del 2023
POSICIONAMIENTO de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ante la solicitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de un panel de controversia en relación con el maíz en México
Ciudad de México, viernes 25 de agosto de 2023
Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País decimos ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian. Rechazamos los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar nuestra soberanía nacional y alimentaria.
El decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del herbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2020, inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal y ante la llamada “Revolución Verde”.
Las presiones del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a las que representa, iniciaron tan pronto apareció el primer decreto, y desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.
A partir de entonces se han presentado las pruebas necesarias y el gobierno mexicano ha propuesto incluso realizar una investigación conjunta con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana.
La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: NO. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato/maíz GM no conlleva daños a la salud.
Pretenden ignorar que amplios sectores de la población en Estados Unidos y Canadá rechazan el uso de esta dupla, debido a las evidencias acumuladas de daños a la salud, que se muestran, por ejemplo, en las demandas ganadas por personas estadounidenses que enfermaron de cáncer debido al uso de glifosato. Las empresas prefieren pagar las demandas antes que perder el negocio multimillonario que representa este herbicida.
Enfrentamos lo que se anunciaba desde la firma del TLCAN (hoy T-MEC): la imposición de decisiones que beneficien a Estados Unidos y Canadá a través de la extracción de bienes comunes y de modelos que responden a sus intereses económicos sin respetar las necesidades y decisiones de México. Se trata de estar por encima de la autonomía esencial de una nación, de su soberanía.
Desde la firma del TLCAN, en México se modificó el modelo agroalimentario, lo que ha tenido graves consecuencias como una mayor migración, epidemias de obesidad, diabetes y otras enfermedades vinculadas al consumo masivo de alimentos chatarra producidos por industrias que sólo buscan ganancias, así como una fuerte crisis en el campo que nos vuelve dependientes de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo, provenientes de una elite de productores beneficiados con subsidios millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos.
Y lo peor, productos transgénicos plagados de glifosato que contaminan la tierra, el agua, matan insectos polinizadores y afectan la salud de quienes siembran y consumen esos alimentos.
Lo que se pretende a través del T-MEC -ahora evidenciado con la petición de este panel de controversia- es imponernos un modelo agroalimentario y enajenar nuestro derecho soberano a decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos y qué importar.
Resulta irónico lo expresado por la representante de Estados Unidos, Katherine Tai, quien afirma que es “fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas incompatibles con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, cuando son esas “herramientas innovadoras” las que tienen al planeta al borde del colapso ambiental.
Frente a ello, los datos evidencian que la mayor parte de los alimentos son producidos por la agricultura campesina de pequeña y mediana escala. Y que, mediante políticas públicas adecuadas, esta agricultura puede convertirse en la verdadera alternativa para la producción de alimentos, para el arraigo de las comunidades en sus territorios, y para la protección de la biodiversidad y de la salud ambiental y humana.
Ante esta situación es indispensable apoyar la posición del gobierno mexicano, justamente porque se basa en el derecho inalienable a la salud, así como los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad de los maíces nativos de México, en el país que es centro de origen y diversidad constante de este grano. También se basa en la defensa de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico de México clasificado como Patrimonio Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.
Es el momento de unir voces y esfuerzos para un cambio profundo en la manera de relacionarnos con la naturaleza y de producir nuestros alimentos.
Es el momento de unirnos para superar la pandemia de obesidad y diabetes, cuyos costos sociales y económicos afectan de manera evidente a nuestro país.
No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.
México es hoy una voz que se une a la de millones de personas que en el mundo demandan alternativas para recuperar la dignidad, el derecho a decidir qué comer, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la información, en suma, el derecho a la vida.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reitera su posición: NO a tratados comerciales que sirvan como pretexto a países extranjeros para enajenar nuestra soberanía. NO a un modelo agroalimentario depredador.
SÍ al trabajo campesino digno y bien remunerado. SÍ a políticas públicas integrales para el campo y una alimentación adecuada. SÍ a la milpa y a los maíces nativos. SÍ a una tortilla hecha con buen maíz, sana, nutritiva y libre de agrotóxicos. SÍ a una agricultura regenerativa.
Sin campesinas y campesinos, sin soberanía, no hay país.
Compartimos el siguiente comunicado de la Colonia Maya sobre la defensa del territorio ante la amenaza de una gasolinera en su colonia – A 27 y 25 de agosto del 2023
A los medios de comunicación A la ciudadanía consciente y preocupada por el medio ambiente A las personas y grupos que participan activamente en la defensa y protección de la Madre Tierra
Con indignación y preocupación denunciamos la apertura de la gasolinera 14264 ubicada en el número 25 del periférico sur. Como colonia Maya emprendimos distintas acciones para asegurar que esta estación de servicio cumplía con lo que dice la ley. Durante varios meses tuvimos que exigir que nos dieran copia de las licencias que por Ley debe ser información pública. Todas nuestras acciones tuvieron como respuesta la omisión o dilación. Tuvimos que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acceder al expediente. Con el expediente en nuestro poder descubrimos irregularidades que hicimos saber a las autoridades. Para tener un espacio de diálogo, desde el 5 de junio, solicitamos una audiencia pública. A pesar de nuestras constantes denuncias y peticiones el Cabildo no ha hecho lo necesario para proteger los derechos de la ciudadanía y verificar el respeto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Estamos en espera de los resultados de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control Municipal, que se encuentra en fase de investigación. Las y los vecinos de la Colonia Maya rechazamos y hemos denunciado la práctica frecuente de otorgar licencias de uso de suelo y construcción que violan la Carta Urbana, favoreciendo los intereses de empresarios ambiciosos. Muchas de estas licencias ilegales son obtenidas a través de tráfico de influencias o mediante el financiamiento de campañas electorales. Seguiremos luchando en contra de las licencias ilegales, y exigiendo que se respeten nuestros derechos ciudadanos. EXIGIMOS: 1.-Al órgano interno de control municipal que agilice el expediente de la Colonia Maya por presunta responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados. Estamos emplazando a dicha instancia de lo contrario tomaremos otras acciones.
Al director de planeación y desarrollo urbano municipal entregue la documentación donde se integre el expediente de la constancia de factibilidad de uso de suelo y destino de suelo emitida el 23 de noviembre del año 2020 de manera urgente solicitada por el órgano Interno de Control municipal
Al Ayuntamiento que agende de manera inmediata la audiencia solicitada por IEPC con la regidora Helena Kramsky Espinoza presidenta de La Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano donde se analice el expediente por expertos y una comisión de nuestra colonia.
A la secretaria de la Función publica agilice la investigación de la denuncia presentada en meses anteriores.
A los colegios de Arquitectos e ingenieros se pronuncien sobre la expedición de licencias de uso de suelo y de construcción en la ciudad.
Mesa Directiva del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de la Colonia Maya San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 27 de agosto de 2023
Colonia Maya, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 25 de agosto de 2023
A la ciudadanía consciente y preocupada por el medio ambiente
A las personas y grupos que participan activamente en la defensa y proyección de la Madre Tierra
A las autoridades que han dicho representar los intereses del pueblo
Con indignación y preocupación denunciamos la apertura de la gasolinera 14264 ubicada en el número 25 del periférico sur.
Como colonia Maya emprendimos distintas acciones para asegurar que esta estación de servicio cumpliera con lo que dice la ley.
Durante varios meses tuvimos que exigir que nos dieran copia de las licencias que por Ley debe ser información pública.
Todas nuestras acciones tuvieron como respuesta la omisión o dilación.
Tuvimos que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acceder al expediente.
Con el expediente en nuestro poder, descubrimos irregularidades que hicimos saber a las autoridades. Para tener un espacio de diálogo, desde el 5 de junio de este año, solicitamos una audiencia pública. A pesar de nuestras constantes denuncias y peticiones, el Cabildo no ha hecho lo necesario para proteger los derechos de la ciudadanía y verificar el respeto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Estamos en espera de los resultados de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control Municipal, que se encuentra en fase de investigación.
Las y los vecinos de la Colonia Maya rechazamos y hemos denunciado la práctica frecuente de otorgar licencias de uso de suelo y construcción que violan la Carta Urbana, favoreciendo los intereses de empresarios ambiciosos. Muchas de estas licencias ilegales son obtenidas a través de tráfico de influencias o mediante el financiamiento de campañas electorales. Seguiremos luchando en contra de las licencias ilegales, y exigiendo que se respeten nuestros derechos ciudadanos.
Pedimos a la ciudadanía lo siguiente
1. Que, mientras nosotros continuamos con las acciones que hemos acordado, se sumen a un boicot a esta gasolinera.
2. Que estén atentos y apoyen las acciones que continuaremos para asegurar el respeto a los reglamentos que las mismas autoridades han acordado.
Atentamente
Mesa Directiva del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de la Colonia Maya
¿Quieres implicarte en campañas sobre justicia climática y aviacióncomo forma de promover un sistema de movilidad más justo y sostenible?
¿Quieres saber más sobre el impacto ecológico y social de la aviación, aprender a contrarrestar las estrategias delavado verdedela industria?
¿Quieres orientación sobre medidas políticas que realmente reduzcan el tráfico aéreopara y sobre cómo cambiar las políticas de viajes de las organizaciones?
¿Te gustaría formar parte de una red mundial de activistas que se apoyan mutuamente en sus campañas?
¿Quieres reflexionar sobre cómohablamos de la aviación, para neutralizar las narrativas que impiden el cambio?
⇢ Personas activas en el ámbito de la justicia climática que quieran conocer más sobre los impactos de la aviación.
⇢ Personas comprometidas con luchas locales contra la construcción/ampliación de aeropuertos o que desarrollan campañas en favor de un sistema de movilidad más justo, y que buscan formas eficaces de contrarrestar las narrativas y argumentos de la industria de la aviación.
⇢ Personas que se dedican a labores de información y comunicación sobre cuestiones climáticas que deseen reflexionar y ampliar su visión sobre la aviación.
⇢ Personas que quieren implicarse activamente en campañas de movilización contra los impactos de la aviación junto con activistas afines.
Buscamos personas interesadas en convertirse en activistas que puedan difundir los conocimientos impartidos en esta formación al mayor número de personas posible. Al participar en las sesiones de este curso, pasarás a formar parte de una red multiplicadora activa y recibirás apoyo para impartir talleres y charlas, u organizar acciones y eventos (según tu capacidad). Estarás en contacto con personas afines de todo el mundo que trabajan por un sistema de movilidad más justo.
La formación consta de seismódulos. Para completar el curso es necesario participar al menos en el 1er módulo, así como en otro de tu elección. Sin embargo, te animamos y recomendamos encarecidamente que participes en todos los módulos para conseguir una visión completa.
La formación consistirá en una combinación de presentaciones, intercambio de reflexiones y experiencias, así como ejercicios interactivos. Si fuera necesario, se podrían cubrir parcialmente los gastos de viaje y alojamiento de las personas participantes.
MÓDULO 1: Aviación y justicia climática
En este módulo aprenderás por qué reducir el transporte aéreo representa algo esencial para frenar el calentamiento global y luchar por la justicia climática. Dispondrás de los datos, las cifras y los argumentos necesarios para comunicar y movilizar sobre la necesidad urgente de reducir el número de vuelos y quedarnos en tierra. Tomando como referencia nuestro informe “Destino Común”, una parte importante de este módulo tratará sobre CÓMO crear nuevos marcos comunicativos para el transporte aéreo y, de paso, contrarrestar eficazmente las engañosas narrativas de la industria de la aviación.
MÓDULO 2: Lavado verde
En este módulo desvelaremos las ilusiones que la industria de la aviación crea para hacernos creer que los vuelos verdes y sostenibles son posibles. Discutiremos y reflexionaremos sobre las estrategias de greenwashing en general y nos sumergiremos en los límites, las posibilidades y las falsas promesas de las soluciones tecnológicas (agrocombustibles, electrocombustibles, los aviones eléctricos y las compensaciones de emisiones, entre otras). Falsas soluciones que nos distraen de la medida más eficaz: dismimuir el número de aviones en nuestros cielos. Después de este módulo, serás capaz de rebatir los argumentos de la industria de la aviación sobre la «aviación sostenible».
MÓDULO 3: Transición justa
El sector de la aviación va a tener que decrecer y, para ello, necesita un «aterrizaje seguro», lo que significa que también necesitamos una transición justa para las personas empleadas en el sector. Pero, ¿cómo podemos neutralizar el argumento falaz de la industria de la aviación y los gobiernos que consideran a aquella una fuente de empleo y riqueza? En este módulo, echaremos un vistazo al futuro: ¿cómo podría ser la transición a un nuevo sistema de movilidad más sostenible y socialmente justo? ¿Y qué necesitan saber les activistes climátiques para unir fuerzas con les trabajadores y los sindicatos?
MÓDULO 4: Organizaciones en tierra
En este módulo nos ponemos prácticos. Los vuelos por motivos de trabajo son una parte importante de la huella de carbono de muchas organizaciones, empresas, universidades,… Por ello, ¡es hora que nuestras organizaciones se queden en tierra! En este módulo, conocerás medidas concretas y buenas prácticas para reducir los vuelos de trabajo. Hay muchas universidades, ONG y empresas que sólo necesitan un poco de ayuda para empezar a cambiar sus políticas de viaje. Este módulo es especialmente indicado para aquellas personas que están interesadas en difundir el mensaje dentro de sus propias organizaciones.
MÓDULO 5: Medidas políticas para decrecer la aviación
En este módulo, analizaremos las políticas de aviación internacionales y de la UE actuales, y por qué marcan el rumbo para el crecimiento continuo de la destructiva industria de la aviación.
Aprenderá sobre las políticas existentes a nivel nacional e internacional, así como las propuestas de políticas (por ejemplo, tasa de viajero frecuente, topes y límites de vuelos, impuesto al queroseno, etc.) que realmente contribuyen al decrecimiento del sector de la aviación.
También discutiremos ejemplos de políticas implementadas con éxito que podrían convertirse en un modelo para medidas internacionales integrales.
MÓDULO 6: Ser un/a multiplicador/a
En este módulo hablaremos de cómo podemos apoyarnos mutuamente en la difusión e intercambio de ideas dentro de nuestra red de multiplicadores. Discutiremos cómo podemos llegar a diferentes grupos objetivo y dónde encontrar herramientas y métodos para desarrollar nuestras estrategias y actividades.
Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el afluente del Río Sonora, en el noroeste de México, provocado por la empresa Grupo México. El evento es catalogado como el peor desastre ambiental causado por la minería en el país.
A nueve años del derrame, los problemas en la salud del río, de la tierra y de los habitantes de la cuenca empeoran ante la indiferencia de las autoridades mexicanas y de la empresa responsable, afirma en entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia Velarte Ortega, habitante de la zona y defensora del ambiente y territorio.
Un día antes de que el derrame de sulfato de cobre y metales pesados fuera evidente en el Río Sonora, los nietos de Martha Patricia VelardeOrtega habían estado jugando en el agua. Pasaron los días. Uno de ellos comenzó a perder el cabello. Más tarde sabrían que se trataba de una alopecia causada por el contacto con arsénico. Ese, además de quemaduras en la piel, fue uno de los tantos efectos visibles e inmediatos que dejó lo que ha sido considerado como el peor desastre ambiental causado por la minería en México.
El 6 de agosto del 2014, la empresa minera Grupo México derramó 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre —ubicada en el municipio de Cananea— en el afluente de este río que recorre ocho municipios del estado de Sonora, al noroeste de México.
Agua contaminada con metales pesados en el municipio de Bacanuchi, luego del derrame de Grupo México en 2014. Foto: PODER.
Unas dos semanas después del derrame, VelardeOrtega habló con un representante de la empresa que llegó a su casa. Ella le expuso la necesidad de atender a los niños afectados. Luego la persona salió, llamó por teléfono y, cuando regresó, le comunicó que lo sentía mucho, pero que no la iban a apoyar.
“Y me acuerdo muy bien de las palabras que le dije: que no se olvidaran de mí, porque yo no me iba a sentar. Ese fue el motor que me impulsó”, asevera Velarde Ortega, hoy convertida en una de las defensoras del territorio más visibles del movimiento que se formó para exigir que la empresa asuma su responsabilidad por el derrame. La residente del municipio de Baviácora forma parte de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), organización fundada por las y los habitantes afectados en esa región.
Martha Patricia Velarde durante la presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.
Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame que cambió la vida en esta región de México. Casi una década después, no han llegado la remediación, la reparación y la justicia sobre los daños ocasionados en la salud, el ambiente y la economía de las comunidades.
En entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia VelardeOrtega habla de cuáles son aquellos efectos del derrame que persisten y se agravan, los retos para el movimiento social en el Río Sonora y el futuro de sus comunidades que siguen en la búsqueda de atención a la salud, acceso a agua limpia y una restauración de los ecosistemas.
Martha Patricia Velarde, defensora del territorio e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora. Foto: PODER.
—¿En qué momento se convirtió en defensora del territorio?
Cuando ocurrió el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, en 2014, yo era una persona ya de edad. En ese momento no hubo quién alzara la voz en mi comunidad y, siendo directamente afectada —primeramente, mis nietos—, tuve que tomar la bandera en el activismo, en la defensa del territorio y de los derechos humanos.
Fuimos pocas las personas que nos dimos cuenta de la gravedad del hecho. Cuando se clarificó el agua, muchas personas pensaron que ya no había algún peligro, pero los que sí sabíamos sentimos una obligación moral de alzar la voz y de iniciar la defensa. Primeramente, fue un interés personal, porque la salud de mis nietos estaba muy afectada. También ocurrió el caso de la señora con quemaduras en la cara, una vecina muy cercana de mi casa. Luego me uní a otras personas que también estaban organizándose en esos días.
Puedo decir que, en la primera semana, ya había organización ciudadana, buscando unidad, trabajando todos los municipios para poder entablar la defensa. Desde allí vienen contando no solo mis intereses personales, sino colectivos, sabiendo también que el medio ambiente necesitaba ser reparado.
Las primeras reuniones de los afectados por el derrame de Grupo México, en 2014. Foto: PODER.
Todos estábamos viendo los sedimentos que dejó el derrame, todos estábamos viendo la coloración de la tierra, de las orillas del río y sabíamos que allí estaba el peligro. Vimos las fotografías de los animales muertos, vimos los árboles por donde pasó el derrame. Actualmente, la gravedad del problema está corroborada y quedó plenamente demostrado que no hubo remediación.
Tiene que restaurarse todo y, como es el lema de este aniversario, es por el agua y la vida. Es por las generaciones que vienen. Nuestra lucha no tiene un fin definido y como los proyectos mineros siguen proliferando en el Río Sonora, posiblemente la lucha tenga que seguir en otros lugares.
Ahorita no solamente nos enfrentamos a la empresa. Desgraciadamente, tenemos que enfrentarnos también a las autoridades que no tienen las intenciones de garantizar nuestros derechos humanos. Y si no tienen interés en los derechos humanos, pues ya veremos si lo tendrán en el territorio y el medio ambiente.
Animales muertos, en 2014, por el derrame de tóxicos de Grupo México. Foto: PODER.
—¿Cómo surgen los Comités de Cuenca del Río Sonora? ¿Quiénes son hoy en día?
—En el tiempo que estábamos buscando integrarnos, surgieron movimientos. Pero ya como Comités de Cuenca, surgen por la organización PODER. Ellos contactaron liderazgos que ya estaban iniciando este movimiento incipiente y se conformaron los Comités de Cuenca del Río Sonora con habitantes de todos los municipios.
Inicialmente, se contaban siete municipios, luego entró también el área rural de Hermosillo. Estamos hablando de Arizpe, Aconchi, Baviácora, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures y el área rural de Hermosillo. En cada uno de esos lugares, el movimiento surge con mucha fuerza. Las convocatorias eran fuertes y bastante concurridas. Hasta la fecha continuamos y hay representatividad en todas las localidades.
Martha Patricia Velarde e integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora, durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
Por cuestiones de logística y por la situación económica es difícil que logremos hacer muchedumbre, pero con esa representatividad y haciendo asambleas, hemos logrado sostener este movimiento hasta la fecha. Sin el apoyo de las organizaciones que están ahorita acompañándonos, definitivamente hubiera sido imposible para nosotros movilizarnos por todo lo que implica.
Lo mismo pasó cuando necesitamos un abogado desde el principio. Lo buscamos y nadie se atrevió a agarrar la bandera de la defensa del territorio del Río Sonora. Yo les hice ver que hasta nosotros, ciudadanos, éramos los que pagamos las universidades y que necesitábamos que se acercara alguien a devolver algo. Eso no tuvo eco. Por eso estamos agradecidos y somos conscientes de todas esas organizaciones que nos han permitido empoderarnos, que nos han permitido adquirir conocimientos, porque ha sido una lucha muy larga y, para poder defenderte, tienes que conocer y te tienes que instruir en la defensa y en todos los temas que pudieran incidir.
Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
—Han pasado nueve años desde el derrame, ¿cuál es la retrospectiva? ¿Dónde están parados ahora?
—Hemos avanzado, pero no lo suficiente. No porque sea estéril la lucha ni porque no hayamos puesto nuestro mayor esfuerzo. Aquí concurren muchas situaciones. En la salud, por ejemplo, afirmo que estamos peor que antes. Al inicio era una exposición aguda que, solucionando el problema del agua, no se hubiera extendido ni tuviéramos la magnitud de los problemas de salud que tenemos ahorita. En ese sentido, estamos peor. En estos nueve años, las promesas fueron simple y sencillamente eso: promesas.
Hace ya seis años del compromiso, porque durante las campañas electorales del 2018 —en las vueltas que dio por los pueblos del río, allá en Ures— el presidente López Obrador dijo muy claramente que estaban como en los tiempos del porfiriato, que toda esa región estaba en manos de Grupo México, que había contaminado nuestro río impunemente. Dijo que no habría venganza, pero sí justicia. Esa palabra empeñada no se ha vuelto una realidad. Es justo reconocer también a los funcionarios comprometidos —no con nosotros directamente, sino con el medio ambiente— que han realizado estudios y han dado a conocer la realidad.
Obra negra de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que debía brindar atención a los habitantes del Río Sonora. Foto: PODER.
Gracias a estos funcionarios comprometidos y honestos, se ha avanzado en lo legal. Con esto, nosotros queremos que se logre el compromiso del resto de las autoridades como Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), pero parece que no lo tenemos; desde el 2020 sabemos que se ganó un amparo en donde se declara ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora, sin embargo, no se ha tomado ninguna acción. Al momento, ya tienen todo lo que se necesita para reabrir el caso, para tratar que esto se haga antes de esta transición política [el cambio de gobierno federal en 2024], porque eso nos va a afectar y no hay ningún Plan de Justicia para el Río Sonora; es para Cananea, pero no está por decreto ni está publicado en el Diario Oficial. Está en el aire, son papeles nada más. Nosotros queremos un compromiso que trascienda el sexenio. Que asuman las responsabilidades quienes les corresponden.
También está Conagua (Comisión Nacional del Agua), que sus titulares ni una sola vez nos han dado la cara en todo lo que va de este sexenio. En cuanto a la Secretaría de Salud, sí estamos con una exigencia fuerte de atención. No es posible que, en noviembre de 2021, iniciaron con las tomas de muestras [de sangre de los afectados], las entregan en abril del 2022 y, con la extinción del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) para cambiar a IMSS-Bienestar (Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar), no hay atención médica para nadie. A pesar de saber quiénes son, en dónde viven, cuál es el riesgo que están afrontando, porque hay gente con una exposición altísima [a metales pesados] y que no solo su salud, sino sus vidas, están en riesgo. Hasta el día de hoy, la salud no ha sido atendida. La Secretaría de Salud únicamente levantó las historias clínicas, pero no hay absolutamente ninguna consulta [médica] de la Secretaría de Salud en lo que va del sexenio.
¿Qué denota esto? La ineficiencia de las autoridades y la manera tan evidente sobre cómo opera la captura corporativa del Estado, porque estamos viendo a una empresa impune, que no se hace responsable, y a unas autoridades —en sus tres niveles— que no tienen ningún poder para obligar a esa empresa para que cumpla.
Habitante de la cuenca del Río Sonora con los resultados de sus pruebas toxicológicas. En 2022, los habitantes cuentan con diversos niveles de metales pesados en la sangre. Foto: PODER.
—¿Cómo describiría el cambio que ha sufrido el territorio en los últimos nueve años?
—Da tanta tristeza pensar que el Río Sonora, aunque con corrientes pequeñas, era considerado un río perenne. Era un río permanente, por así decirlo, en la extensión de la palabra. Ahorita no es así. La contaminación ha incidido fuertemente en el tipo de cosechas. La flora y la fauna han desaparecido. La propia autoridad ambiental hizo las evaluaciones y es la conclusión a la que ellos llegaron.
Tal como dice el informe de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)—, hay muchos problemas con la flora y la fauna nativa. De hecho, en los últimos estudios, del año pasado, en muchos sectores ya se nota la desaparición de todos los insectos que polinizan tanto las siembras, como la naturaleza. Eso ya es un hecho comprobado por la misma autoridad.
Una de las primeras imágenes aéreas del río Sonora luego del derrame en 2014. Foto: PODER.
Antes, los domingos, era obligado el paseo al Río Sonora. Ir a disfrutar de las arboledas, de las corrientes frescas. El río y ese territorio tan hermoso son el sustento y el eje de la vida en todos los municipios del Río Sonora. Hoy todavía hay mucha gente que en su ignorancia no sabe a lo que se enfrenta, o que es inconsciente porque, a pesar de saberlo, siguen metiendo niños a esas aguas.
En las temporadas del agua, en las crecidas, los berros, los quelites silvestres, todo lo que se daba, ya no lo podemos ver. Ya no vas los veranos a recolectar los temporales: la calabaza, el maíz, la sandía del verano. La mayor parte de las tierras de siembra se riega con agua de los pozos y esto equivale a un gasto mayor para los compañeros que se dedican a la agricultura. Eso también afecta muchísimo la cuestión económica. Todo es un círculo muy bien formado: el territorio está conformado por el suelo, el agua y el aire.
Eso ha sido bastante triste. Para nosotros ese territorio y ese río significaban vida, pero ahora como se siguen dando las cosas, son muerte. No estoy hablando de una manera literaria, sino de una manera real. Nos enfrentamos a muchos problemas de salud fortísimos. Esa tierra y ese río siguen siendo nuestro orgullo, pero sabemos que está enfermo y que necesita ser remediado, que necesita ser reparado. Insisto en que no es que los Comités de Cuenca lo digamos, la propia autoridad federal en la materia lo ha comprobado y en estos nueve años se han ido demostrando, una a una, todas aquellas afirmaciones que nosotros hacíamos y que decían que no tenían sustento.
Manifestación de afectados por el derrame en el Río Sonora. Foto: PODER.
—¿Qué amenazas se encuentran latentes en el territorio?
—La megapresa de jales que está ubicada en Bacanuchi ya tiene fisuras. Lo puedes detectar a través del satélite. Es más grande que la que se derramó en 2014. Una tragedia en esa presa nos desaparece a todos. El tamaño de esa presa, el nivel de contaminantes y de jales que va a resguardar allí, no tiene parámetro en ninguna parte del país y representa un grave riesgo para toda la cuenca del río. Para 2025 tiene que dejar de operar la presa actual, que está en Cananea. Es un peligro latente y enorme.
Megapresa de jales ubicada en el municipio de Bacanuchi. Foto: PODER.
Si bien el problema ahorita está enfocado en esa minera, tampoco dejan de trabajar y de abrir otras minas. De hecho, ya está operando “La Chispa”, en Arizpe, se hizo la prolongación de la mina Santa Elena, que ahora se llama “El Ermitaño”, y en Baviácora están explorando otra mina. Todo esto en un territorio en estrés hídrico, en una cuenca sobreexplotada, en una región en donde no tenemos suficiente agua para la población. Esas son las cosas que no entendemos. Queremos que se sepan todos los daños que ocasionan las empresas para que se beneficien unos cuantos, en detrimento de poblaciones enteras, de regiones enteras, de cuencas enteras.
Reunion con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.
—¿Cuáles han sido los avances recientes más significativos del movimiento?
—Lo que ocurrió primero [en mayo de 2023] fue la actualización de los costos del derrame. Se da a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en donde se hizo un estudio exhaustivo a partir de la no remediación, para tener elementos para reaperturar el fideicomiso, porque los daños se tienen que remediar. Se fueron haciendo los cálculos de todos y cada uno de los rubros y al final se le agregó el costo de la inflación. Se está hablando de que los costos actualizados del derrame son por más de 20 000 millones de pesos, de los cuales el Fideicomiso únicamente aplicó una dieciseisava parte. Es decir, nada.
Estos costos los hemos tenido que asumir las comunidades. Los costos están reflejados en el agua purificada que tenemos que comprar, en la atención a la salud, en los cuidados y en todo lo que se tiene que hacer para producir en la tierra que ya no produce con los niveles de producción que tenía, ni en cantidad ni en calidad. Los riegos también han generado costos, porque las acequias ya no riegan los campos y se tiene que regar con agua de pozos que cada vez requieren mayor profundidad, hasta 200 o 300 metros. Entre más hondo, necesitas bombas más potentes, que gastan más electricidad y, obviamente, es un costo bastante mayor.
Que se hayan actualizado estos costos, bajo esquemas totalmente científicos, es un gran avance para nosotros. Todas las cifras están bien sustentadas. Las conclusiones son muy firmes en cuanto a esos montos. Es bueno, porque tanto el ambiente, como la salud, podrán ser reparados.
Tinacos del Fideicomiso Río Sonora, entregados a los habitantes de la cuenca para el almacenamiento de agua. Foto: PODER.
Por otra parte, con el resolutivo [de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), publicado en julio de 2023], quedó plenamente demostrado con métodos de la ciencia que no hubo remediación. No se remedió la Zona 1 [aledaña a la empresa] y la remediación que habían dado por buena en las demás zonas, la basaron en cifras y números que eran para territorios deshabitados. Fue con todo el dolo y la mala fe del mundo, porque el río corre por todas las poblaciones en donde todos sabemos que sí hay habitantes. Esos cálculos que hicieron les permitieron quitarse el compromiso, la obligación y la responsabilidad. Es grave y nosotros esperamos que haya reacciones fuertes de parte de la Profepa.
En ese sentido han sido grandes avances. Pero vamos a ser francos, ¿cuál es el problema? Que nosotros obtenemos triunfos legales, pero los obtenemos a través de los tribunales jurisdiccionales y el Ejecutivo no los ejecuta. El amparo del 2020, por ejemplo, sigue sin ejecutarse. Mientras tenemos logros que nos alientan, también tenemos cosas que pretenderían desalentarnos, pero nosotros no vamos a claudicar. Son nueve años ya y esperamos, de todo corazón, que no sean más. Que ya se le ponga un fin a esto. Si se va López Obrador, ¿cuántos años más vamos a seguir socializando la información? Yo sigo confiando en que es un hombre de palabra y que habrá justicia para el Río Sonora.
—¿Cuál es la relación actual entre los Comités de Cuenca y el presidente Andrés Manuel López Obrador?
—No tenemos ninguna relación. El problema es que el presidente hace declaraciones con base en lo que sus funcionarios le platican, pero él no ha tenido nunca un encuentro con nosotros directamente, para que pueda darse cuenta de la realidad y no de lo que le cuentan. Desde que inició el cambio de Insabi a IMSS-Bienestar, ya no volvió a tener ningún contacto la Secretaría de Salud de Sonora con nosotros; anteriormente sí estaban en las mesas. No hay justificación. Tienen nombres, dirección, teléfono y grado de afectación a la salud de las personas, pero van y se sientan en su oficina, muy a gusto, mientras en los pueblos se está muriendo la gente y se están enfermando del hígado, riñón, corazón y de todo lo que gustes y mandes. Se están afectando las infancias con esos problemas, del sistema nervioso central y problemas de aprendizaje. Hay preocupación por el nivel cognitivo de los niños de la zona del río. A nosotros nos preocupa y ocupa, pero las autoridades no han respondido en la medida que se necesita.
Exigencias al presidente de México durante una reunión con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.
Si tomamos las mediciones que hizo el Cenaprece (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades), como un número estadístico, allí dice que el 99 y hasta el 100 % —en algunas localidades en las que se tomaron muestras las personas— tenemos plomo en la sangre. Otras tantas tenemos arsénico, otras tantas tenemos cadmio, manganeso, en distintos niveles de exposición. Otro agravante, por ejemplo, es que si está abajito de cualquier cantidad, no hay problema. Pero sí lo hay: a muchos ya nos salió mercurio en esos análisis que hicieron. De mercurio no debemos de tener absolutamente nada.
La propia Martha Patricia Velarde muestra los resultados de sus pruebas toxicológicas. Foto: PODER.
—¿Cuál es la exigencia más fuerte de los afectados en 2023?
—La atención a la salud es lo más urgente. Pero reitero: hay cosas que son inseparables y si no quitas la causa, el problema seguirá. Es el agua. Podemos darnos un poco de tiempo para remediar la tierra, para repoblar los insectos y las especies que se han ido. ¿Pero cómo vamos a detener el deterioro de la salud si no nos dan agua limpia? ¿Cómo vamos a detenerlo cuando hay hogares en donde se tiene que discriminar entre comprar un garrafón de agua o un kilo de frijoles? No es cualquier cosa. Deberían de haber empezado por lo primero y todo el problema de la salud no se hubiera ido al nivel en donde estamos ahorita.
Presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.
—¿Qué espera usted para el futuro del Río Sonora? ¿Hacia dónde camina el movimiento para que el río sea nuevamente habitable para las comunidades?
—Honestamente, es algo que se ve difícil. Las concesiones que ya estaban dadas, son las que ponen a explotarse, pero no siguen las regulaciones. Estamos en un territorio, desgraciadamente, en donde la empresa ya se adueñó del agua. ¿Qué futuro vemos? Mientras no haya autoridades comprometidas, mientras los poderes del Estado no enforcen la ley, podemos llegar incluso al desplazamiento del territorio. Ya se está dando a nivel hormiga y eso es demostrable si ves los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Estamos hablando de un decrecimiento en la población del Río Sonora a partir del 2014.
Quisiéramos ser muy positivos y decir que allí nos vamos a quedar y que volveremos a disfrutar el territorio, pero también tenemos que ser realistas. El entusiasmo y el optimismo te revitalizan, pero por otro lado, desgraciadamente, te sueltan el golpe cuando ves la realidad sobre cosas que no tenemos el poder de cambiar. Sobre todo, cuando es tan difícil dada la corrupción.
También hay mucha gente que no siente que le afecta. Hermosillo —la capital del estado— es la muestra, aquí está la contaminación. El repunte en el cáncer y en todas las enfermedades endocrinas no es nada más porque sí. Pero la gente no quiere comprender, no quiere entender o no tiene tiempo para hacerlo. Hermosillo es Río Sonora, pero aquí te lo disfrazan.
Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
*Imagen principal: Martha Patricia Velarde durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.
El día de ayer, 15 de agosto, se llevó a cabo una audiencia del proceso penal en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, acusado de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
El defensor de derechos humanos ha sido criminalizado por su rol activo en la reivindicación del derecho al territorio de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera, al protestar contra de la instalación, en sus tierras comunes, del Parque Industrial Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que se planea conectar con otro proyecto de inversión a gran escala, el llamado Tren Maya.
Salazar encabezó actos de protesta, por los cuales, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Municipio de San Blas Atempa lo denunciaron penalmente.
En una rueda de prensa, realizada el 16 de agosto, aclararon que durante la audiencia se admitió en el proceso las periciales presentadas por la defensa de Salazar donde comprueban la inocencia del indígena.
Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público de Tehuantepec decidieron continuar con el proceso penal, basados en “testimonios y declaraciones falsas”, señala Mario Quintero, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT).
La siguiente audiencia ocurrirá en aproximadamente un mes para desahogo de las pruebas.
Además de la criminalización enfrentada por David Hernández Salazar, 17 integrantes más de Puente Madera han corrido con la misma suerte y cuentan con carpetas de investigación en su contra y órdenes de aprehensión.
La organización de derechos humanos Front Line Defenders expresó su preocupación por los actos de criminalización y violencia hacia Salazar y las demás personas defensoras de derechos humanos del APIIDTT.
La organización insta a las autoridades de México a retirar los cargos en contra de las 18 personas y las investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de las y los integrantes de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera y garantizar su derecho al debido proceso.
Acoso y violencia
La comunidad de Puente Madera y la APIDTT divulgaron un historial detallado de todos los incidentes de seguridad que han ocurrido contra sus miembros. El acoso y violencia se han intensificado justo después de que la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera se amparó contra la declaratoria del PODEBI en San Blas Atempa en juzgados federales en materia de derechos humanos.
El 6 de junio de 2023, el juez decidió por la suspensión de oficio y de plano contra la declaratoria y el PODEBI en favor de Puente Madera.
El mismo día, alrededor de las 19h30, vehículos del ejército mexicano ingresaron a Puente Madera, instalándose en el puente, al interior de la comunidad a unos metros de la Agencia y la Radio Comunitaria, revisando con violencia a los habitantes que transitaban, sin dar ninguna explicación, relataron miembros de la Asamblea.
El 20 de junio de 2023, el gobierno federal hace pública las licitaciones de todos los PODEBI del CIIT. Por el amparo interpuesto, no aparece el PODEBI de San Blas Atempa.
Salazar señala que han tenido vigilancia constante por parte de la Guardia Nacional, Ejército mexicano, de la Policía Estatal y de la Marina. “Hemos tenido mucha intimidación, han entrado al pueblo, han implementado puestos de control cerca de las escuelas, han detenido compañeros sin ninguna explicación, esto vemos claramente como acto de intimidación hacia nosotros, hacia a esta comunidad”, dice.
Las oficinas de la APIDTT, en Juchitán, y las casas de miembros de la Asamblea también han sido vigiladas por personas armadas. Las llamadas anónimas que difunden amenazas también son constantes.
Otra de las estrategias de intento de intimidación son las llamadas telefónicas indirectas. El 10 de agosto de 2023, alrededor de las 22h30, Salazar recibió, a través de su número personal, un mensaje de una persona conocida en la comunidad que le preguntó sobre el paradero de Mario Quintero, así como sus informaciones personales.
Sin embargo, esta persona de la comunidad hizo las preguntas en nombre de personas del Ejército mexicano con sede en la Zona Militar de Ixtepec. En el mensaje que recibió Salazar se añadió audios de militares para “invitar a Mario a una comida”. El audio fue divulgado por la APIDTT durante la rueda de prensa.
“Accidentes”
El 14 de julio de 2023, alrededor de las 21h30, dos habitantes de Puente Madera viajaban en un pointer rojo rumbo a la terminal de autobuses de Tehuantepec, a la altura del Rancho Los Caporales, a unos metros del entronque de Puente Madera, cuando fueron embestidos por un Jetta gris. Juan Cortés Meléndez, de 31 años, perdió la vida al instante. El copiloto, Kevin Alberto Solorzano Cortés, de 17 años, falleció días después en terapia intensiva.
El 19 de Julio de 2023, ocurre otro “accidente”. Viajaban en una camioneta de redila David Hernández Salazar y Guadalupe Ríos Maldonado. A las 15h30, fueron embestidos por una camioneta de 3.5 toneladas, a unos kilómetros de la entrada de Puente Madera, a la altura de la mojonera de Tehuantepec. Aunque la camioneta en la que viajaban quedó con daños irreparables, ninguno de los dos resultó con daños físicos.
“Lo que vemos es que se intensifican amenazas y persecución mediante los avances jurídicos y organizativos que se tiene como comunidad”, sostiene Quintero.
“No hay conflicto”
Los integrantes de Puente Madera y de la APIDTT también respondieron al intento del titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), Jesús Romero López, de invisibilizar el conflicto que se ha instalado en el Istmo de Tehuantepec con la llegada de la implementación del Corredor Interoceánico.
El último sábado (12), el funcionario de gobierno dijo a los medios de comunicación: “Solamente vemos dos problemas, el que existe en San Blas Atempa, que es un litigio que está en el Tribunal Agrario y el de Santa María Mixtequilla, donde se está dialogando”.
“No es solo un juicio agrario o una disputa local por tierras. Lo que está puesto es la imposición de un gran proyecto de dimensiones catastróficas para los pueblos indígenas, para el medio ambiente y que tiene una dimensión geopolítica, con intereses de Estados Unidos y China”, declara Quintero.
Además, Romero López minimizó el trabajo de los integrantes de la Misión Civil de Observación, quienes visitaron comunidades impactadas por el Corredor Interoceánico y clasificó sus conclusiones como “sesgadas”.
Los integrantes de las 23 organizaciones que formaron parte de la Misión encontraron violaciones a los derechos humanos, agresiones contra activistas defensores de la tierra y la criminalización de las comunidades indígenas, con más de 40 carpetas de investigación.
Imagen: En portada: Habitantes de Puente Madera reciben a activistas y organizaciones para denunciar los efectos negativos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Foto: El Sur Resiste
