[Informe] La Gran Estafa: Cómo los Grandes Contaminadores imponen su agenda “cero neto” para retrasar, engañar y negar la acción climática

Informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el cambio climático – A 9 de junio del 2021

Nuestro informe con Corporate Accountability y Global Forest Coalition pone al descubierto la dudosa aritmética, los vagos objetivos y las inviables aspiraciones tecnológicas que se despliegan en los planes “cero neto”. El informe está construido a partir del análisis de los planes de una serie de industrias contaminantes clave, como las de los combustibles fósiles y de energía, la industria de la aviación y tecnológica, la de venta y distribución de bienes de consumo, la financiera y la agroindustria. En el informe también hace una profunda revisión de algunas de las estrategias utilizadas por esas industrias para asegurar que su agenda “cero neto” se convierta en el punto más importante de la respuesta global a la crisis climática.

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El presente informe encuentra evidencias claras de que los planes climáticos “cero neto” son sencillamente los nuevos intentos de las industrias contaminantes…de eludir su responsabilidad de actuar para abordar el cambio climático.

Introducción

En 2020 los desastres naturales se dieron con una frecuencia tres veces superior a la de hace medio siglo.12 Ya el año 2021 promete tener algunos de los desastres climáticos más extremos de nuestra historia.3Solo en los primeros cuatro meses el planeta ha sido asolado por tifones y huracanes de potencia inusitada,45 temperaturas letalmente bajas,6 plagas de langostas devastadoras7 e inundaciones sin precedente.8 El denominador común de todos estos eventos extremos es el cambio climático.

La velocidad a la que cambia el clima actualmente está alimentando una crisis que amenaza a miles de millones de vidas. Los impactos de esta crisis no son nada nuevo para los pueblos indígenas, las comunidades en resistencia a la crisis climática. Estas comunidades y países son quienes menos han contribuido a la crisis, pero están sufriendo más sus consecuencias y antes que nadie; esto sumado a siglos de un sistema racista y colonial. Pero a medida que los impactos sobre las vidas y el planeta se exacerban en todo el mundo, la población del Norte global está tomando conciencia de las realidades de la crisis climática, además de las otras crisis que ésta agrava, como la del hambre, la pobreza y la crisis sanitaria. En los últimos años, cada vez más personas se suman a los jóvenes, los pueblos indígenas, las comunidades en resistencia, las mujeres, las y los jóvenes y las personas de color que han abanderado la reivindicación de la justicia climática.

Esta ola de activismo mundial, desde huelgas escolares9 asentadas en las conversaciones climáticas de la ONU,10 ha colocado las múltiples crisis existenciales a las que nos enfrentamos a la cabeza de la lista de prioridades de los gobiernos, y las empresas y financiadores que también anuncian acciones climáticas. Estos actores se apresuran ahora a dar respuestas, antes de que los llamados a la acción se hagan más fuertes. Pero los Grandes Contaminadores están respondiendo con los mismos trucos que durante décadas vienen utilizando en su campaña; maquillar de verde sus prácticas corporativas y presentarse como la solución, por una parte, y mentir al público mientras retrasan las acciones reales, por la otra.

En vez de ofrecer soluciones reales y significativas para abordar de manera justa la crisis que crearon de manera deliberada, y asumir la responsabilidad de actuar empezando por reducir drásticamente las emisiones en su origen, los gobiernos y las grandes empresas contaminantes desarrollan planes “cero neto” que requieren poco o nada en materia de soluciones reales o reducciones de emisiones efectivas y reales. Lo que es más, tal como queda recogido en el informe, ven el potencial que tendría mundialmente el “cero neto” para ofrecerles nuevas oportunidades de negocios, en vez de limitar la producción y el consumo de sus productos contaminantes.

Tras décadas de inactividad, de pronto, las empresas se desviven por comprometerse al “cero neto” en emisiones. Entre otras, hablamos de gigantes de los combustibles fósiles como BP, Shell y Total; las grandes tecnológicas, Microsoft y Apple; minoristas como Amazon y Walmart; financieras como HBSC, Bank of America y Blackrock; líneas aéreas como United y Delta; y agroindustrias productoras de alimentos, ganado y carne como JBS, Nestlé y Cargill. Las compañías contaminantes compiten por colgarse la medalla de alcanzar unas emisiones “cero neto” para 2050, o alguna otra fecha del futuro lejano. En los últimos años, más de 1500 empresas han anunciado sus compromisos “cero neto”, ante el aplauso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)11 y el Secretariado General de Naciones Unidas.12

¿Pero hay algo que aplaudir en el “cero neto”? ¿Podemos confiar en estas compañías, con sus penosos antecedentes de bloquear avances y no tomar medidas significativas? ¿Sus promesas están respaldadas por planes de acción de verdad, y sus planes refuerzan la democracia y apoyan las prioridades de las comunidades indígenas y más impactadas?

Al tratar de dar respuesta a estas preguntas, el presente informe encuentra evidencias claras de que los planes climáticos “cero neto” son sencillamente los nuevos intentos de las industrias contaminantes, y los gobiernos neoliberales que las obedecen, de eludir su responsabilidad de actuar para abordar el cambio climático o reparar los daños que han infligido a los ecosistemas y las comunidades más impactadas y en resistencia a la crisis climática. Los planes que están preparando podrían incluso agravar la crisis climática.

En la primera sección, el informe resume el análisis existente sobre cómo los planes “cero neto”, más que ofrecer un enfoque creíble de la política climática, son un vehículo para que los Grandes Contaminadores maquillen de verde sus decisiones corporativas. Al analizar los planes “cero neto” de toda una serie de compañías contaminantes de diferentes industrias, el informe detalla en la segunda sección, que estos planes ocultan peligrosamente más contaminación y desvían la atención de la acción real necesaria. En la tercera sección, el informe muestra con varios ejemplos ilustrativos que el centrarse en el “cero neto” es una elección premeditada: es la culminación del ejercicio de cooptación empresarial de la política climática que han realizado los Grandes Contaminadores usando, entre otros recursos, su gigantesca influencia corporativa obtenida mediante campañas de incidencia, contribuciones económicas, relaciones públicas e influencia en el mundo académico.

Por último, el informe es una llamada urgente a la acción para que todas y todos los implicados en la elaboración de políticas a nivel mundial cambien de rumbo ya. Los planes “cero neto” amenazan con suplantar las acciones probadas y significativas, y con afianzar una economía contaminante y destructiva para que se prolongue durante décadas. El planeta y sus habitantes dependen de que los gobiernos del mundo hagan cuanto esté en sus manos, ya, para reducir las emisiones hasta el cero real, no neto. Cualquier otra medida tendrá consecuencias letales para miles de millones de personas y sus medios y sustentos de vida.

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“Cero neto”: la gran estafa

¿QUÉ SIGNIFICA «CERO NETO»?

Cada vez más, el concepto de “cero neto” se malinterpreta en los espacios políticos, así como por los actores individuales para evadir la acción y eludir la responsabilidad. La idea del uso de los Grandes Contaminadores del “cero neto” es que una entidad puede seguir contaminando como siempre (o incluso aumentar sus emisiones) y compensar esas emisiones de diferentes maneras. En estos planes, las emisiones se reducen a una ecuación matemática; pueden substraerse de un sitio y sumarse en otro. Es una ecuación sencilla en teoría, pero que falla estrepitosamente en la práctica: estos programas se están utilizando para ocultar la inacción, trasladar la carga procedente de los recortes de emisiones y la evitación de la contaminación a comunidades históricamente explotadas y jugarnos nuestro futuro colectivo apostando por garantizar el impacto destructivo y prolongado sobre la tierra, los océanos y los bosques y por las tecnologías de geoingeniería, como las que aparecen en el recuadro Distracciones Peligrosas. Estas tecnologías son sumamente arriesgadas, no existen a la escala supuestamente necesaria y pueden llegar a causar daños enormes y probablemente irreversibles.1314

COLONIALISMO DE CARBONO (CO2LONIALISMO)

Las comunidades históricamente explotadas han estado advirtiendo acertadamente que muchos de los programas usados por estos contaminadores, como las compensaciones y REDD+, entrañan un nuevo colonialismo de carbono. Poniéndoles la etiqueta de “cero neto”, los Grandes Contaminadores están siguiendo patrones similares de dominio histórico, intentando disfrazar el neocolonialismo con el lenguaje de la sustentabilidad medioambiental. También trasladan la carga de la acción climática de los países y corporaciones responsables de producir y consumir emisiones a las comunidades de primera línea.15 No obstante, los actores contaminantes que pagaron los proyectos se quedan con el crédito de recortar las emisiones. Esto puede crear una dinámica en la que los países que están llevando a cabo los proyectos de eliminación de las compensaciones carguen de forma desproporcionada con el lastre de la acción climática, recibiendo poco o ningún crédito para la consecución de sus propios objetivos según el Acuerdo de París. En el contexto geopolítico, también acorrala a países del Sur forzándoles a recurrir a los mercados de carbono para financiarse, ya que la financiación climática que les deben los países históricamente responsables de las emisiones se les deniega repetidamente. Además, aumentan el riesgo de desplazar a los pueblos de sus tierras, de provocar acaparamiento del territorio, y de que se prive a la gente, en particular a los pueblos indígenas, las comunidades de pequeños agricultores y las mujeres que administran la tierra, de su derecho a la alimentación, de sus culturas y su sustento.16 Para las comunidades que ya están sufriendo las consecuencias múltiples de la pandemia de COVID-19, un aumento repentino de proyectos de compensación de emisiones agravaría sin duda el desastre.

¿QUIENES SON LOS GRANDES CONTAMINADORES?

Los Grandes Contaminadores son los sectores industriales, compuestos por las empresas y negocios o asociaciones que las representan, cuyas operaciones son las principales responsables de las emisiones que han provocado y siguen impulsando la crisis climática.17 Solo 100 corporaciones son responsables del 70 por ciento de las emisiones históricas.18 Aunque la industria de los combustibles fósiles es un miembro destacado del grupo, se incluyen también otros sectores altamente contaminantes y emisores, como los de alimentos industriales y agronegocios (responsables de al menos un tercio de las emisiones mundiales),19 la aviación (entre los 10 principales emisores mundiales),20 la tala,21 el menudeo22 y la tecnología23 y los grupos que las apoyan. Esto también incluye a las instituciones financieras y aseguradoras que invierten billones en modelos empresariales extractivos y contaminadores.

Estas industrias no solo son responsables de la mayoría de las emisiones globales hasta la fecha, sino que también son fundamentales para la máquina de negación, retraso y engaño que ha llevado a una falla global para actuar para abordar de manera equitativa la crisis climática. Los Grandes Contaminadores llevan décadas gastando cantidades insospechadas en negar la ciencia climática, sembrar dudas y bloquear casi todas las políticas climáticas de relieve que se han puesto sobre la mesa.24252627 Tienen un historial contrastado de engaños, retrasos y negaciones, y el interés financiero de seguir contaminando a cualquier coste para las personas o el planeta.

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Imagen: Vincent Go / Greenpeace

Más información:

Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de junio del 2021

En REMA estamos orgullosas/os de las mujeres, hombres, jovenes niñas y niños que integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio, fecha emblemática en la cual decidieron nacer para hacer un un frente más organizado, más fuerte, más solidario y dispuesto a dar la vida por la vida.

Su lucha contra la minería, su fuerza por rescatar su río que estaba siendo contaminado por las actividades mineras y campamento emblemático para impedir el ingreso de la empresa minera, son algunas de las expresiones por la cuales obtuvieron el II Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas demoniado «Mariano Abarca» que les fue entregado el 27 de noviembre del 2020 en Tuxtla Gutierrez, por más de 30 organizaciones nacionales y extranjeras que participaron en la convocatoria.

Cómo no celebrar al Frente en este su aniversario si nos han mostrado el camino a muchos grupos en México; cómo no celebrarles cuando son el único movimiento de resistencia en Chiapas que ha logrado establecer el «Municipio Libre de Minería en Acacoyagua» luchando y presionando a su propia presidencia municipal, así como también a los núcleos agrarios que la conforman para que defiendan a su ciudadanía y no a los intereses extractivos.

En REMA les reconocemos mucho su lucha por defender la vida y les agradecemos muchísimo que este país tengo un pedacito de territorio en el cual podemos ir a bañarnos en un río sano, mismo que hemos disfruta junto a ustedes. Es un orgullo que organizaciones como la suya formen parte de la REMA y que sigamos compartiendo juntas/os ese camino que nos lleva a la defensa de la vida.

Felicidades hermanas y hermanos del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio. Larga vida a todos ustedes y a su espíritu de lucha.

Territorios Libres de Minería

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen:

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[Video] Colombia en llamas desafía el neoliberalismo

Compartimos este video de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la situación en Colombia – A 8 de junio del 2021

Llamamos a los pueblos en lucha de todo el mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano, con sus movimientos y organizaciones populares. Y a exigir juntas/os al derechista gobierno de Iván Duque que cese las violaciones de los derechos humanos y la pandemia de asesinatos que ha desatado, y resuelva las causas estructurales de la violencia en el país.

>>Ve video aquí<<

Envía cartas a la Embajada de Colombia en tu país repudiando el accionar del gobierno, y a la Procuraduría y la Defensoría colombianas exigiendo medidas con funcionarios de la Fuerza Pública por las violaciones a los derechos humanos.

Infórmate: http://www.foei.org/…/solidaridad-internacionalista-con…
#DóndeEstánLosDesaparecidos #ParoNacional #ParoNacionalColombia #SolidaridadInternacionalista

https://fb.watch/67EUhVET44/

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El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”: ¡Cumplimos 6 años de lucha por la defensa de la tierra y los ríos!

Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» en su sexto aniversario de lucha digna por la vida en Acacoyagua – A 21 de junio del 2021

A lo largo de estos años, además de los campamentos que suspendieron la minería en Acacoyagua, hemos realizado reuniones informativas, acciones legales, marchas y mitines con las que hemos logrado suspender la minería en nuestro municipio. Este año recibimos el Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”, un reconocimiento hecho por 25 organizaciones nacionales e internacionales. Este premio nos motiva a mirar nuestra lucha por tiempo largo hasta que los mineros dejen de amenazar nuestra tierra.

A 6 años de lucha nos comprometemos a seguir protegiendo nuestros ejidos y bienes comunales estableciendo actas de ¡No a la Minería! y exigiendo a cada ayuntamiento que llegue el “Acta de Cabildo de Municipio Libre de Minería”. Las familias que conformamos el FPDS trabajaremos para proteger nuestros ríos, para sembrar sin contaminar, queremos alimentos sanos y medicina de la tierra. Tenemos el reto de que nuestros jóvenes se integren a la lucha, participen en ella y no sean los próximos comisariados que se dejen engañar por la minería o el gobierno. Nosotros y nosotras ahora planeamos nuestro futuro para que no nos lo impongan.

Las y los habitantes de Acacoyahua, Chiapas fuimos engañados con las mentiras del “desarrollo y progreso”, palabras que usan todas las empresas mineras en México, Guatemala, Honduras hasta Chile y en todo el mundo, solo para saquear nuestras tierras y explotar los ríos y el agua de nuestras tierras. Con estas promensas y las mentiras de empleo, despensas, contrucción de caminos y dinero explotaron 49,000 toneladas de Ilmenita en la región, desecharon toda el agua en los ríos, nos llenaron de cancér, de enfermedades en la piel y mataron a las piguas y a las mojarras. En 2016 la empresa El Puntal S.A. de C.V. quería instalar otro proyecto minero llamado: “Casas Viejas”, entregando despensas y prometiendo pagar a $3 Dolares la tonelada de Ilmenita compraron a los ejidatarios de Los Cacaos y Magnolia. Les dijeron que les darían hasta $250, 000.00 una vez que iniciara la fase de explotación, sin embargo sacaban y sacaban carros de volteo con material hasta que les pusimos un hasta aquí.

En 2017 organizamos dos campamentos llamados: “José Luciano” y “Profe. Alberto Montaño” para suspender la actividad de “Casas Viejas” y decir ¡No! a los otros proyectos mineros programados para nuestro municipio, por ejemplo los de Hector Silva Camacho. Este señor y el gobierno de Chiapas, representado por la subsecretaria del Estado, la Delegación de la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua y el Distrito VII nos quisieron engañar convocando a “mesas de trabajo” donde iniciaron una campaña de división entre ejidatarios y de medios locales de comunicación que pretendieron desprestigiar nuestra lucha: ¡ignorantes! nos decían, ¡mal informados!, ¡antidesarrollo!, ¡manipulados! Cuando vieron la fuerza de nuestra palabra: ¡No a la Minería! nos enviaron elementos policiacos para amedrentarnos, creando una campaña de hostigamiento y criminalización en nuestra contra. Nunca pensaron que somos muchas comunidades de Acacoyagua y muchos los pueblos que nos acompañan en esta lucha para ganarla.

Gracias a estos años de lucha nos hemos encontrado con personas, pueblos, universidades, organizaciones que también defienden el territorio. Los campamentos, las visitas a los ejidos, los foros se han logrado por el esfuerzo de muchas personas de Acacoyagua: el huevo, la pintura, las copias, la carne para la comida. Cada pigua y cada mojarra que brotan del ríos son fruto de la lucha y el esfuerzo de hombres y mujeres valientes.

Atentamente

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA-CHIAPAS

Imagen: Entrega del II Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio el 27 de Noviembre del 2020 – Área de Comunicación de Otros Mundos A.C.

Más información:

Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” cumple 6 años luchando por la vida y por Acacoyagua libre de minería

Comunicado de Otros Mundos en felicitación y reconocimiento al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» por su sexto aniversario de resistencia y lucha por la vida – A 18 de junio de 2021 >>Comunicado en pdf<<

El Frente Popular en Defensa del Soconusco nace en 2015 en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, conformado por mujeres, hombres, niñas y niños de diversas comunidades de la región del Soconusco que enfrentan más de 20 concesiones mineras que afectan el medio ambiente y la salud de sus comunidades y ejidos, han llevado a cabo una lucha de resistencia por la defensa de los derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos, la Autodeterminación de los Pueblos y la vida en estas bellas tierras. Son miembros de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).

Desde el 20 de junio del 2015 el FPDS se encuentra en resistencia contra los proyectos mineros que bajo el discurso del desarrollo y progreso llegan a los ejidos y comunidades. Sin embargo, las consecuencias han sido la contaminación, las enfermedades y la división dentro de las comunidades, rompiendo con los modos de vida y relación con la naturaleza. Es por ello que, desde hace 6 años, mujeres, hombres, niños y niñas defienden las tierras, los territorios, los ríos, la naturaleza y la salud de los habitantes. 

La digna lucha del FPDS por la defensa de los ríos y contra el Modelo Extractivo Minero logró que el Ayuntamiento de Acacoyagua firmara una Declaratoria de Municipio Libre de Minería, acontecimiento inédito en el territorio chiapaneco. Este logro, sumado a los núcleos agrarios que en Asamblea General han declarado ¡no a la minería!, son los frutos de la digna resistencia y la alegría de defender la vida, de alzar la voz para defender el derecho de vivir en sus tierras y frenar el modelo extractivo que trata a la naturaleza como material explotable para el beneficio de las grandes empresas.

El pasado 27 de noviembre del 2020 en Frente Popular en una emotiva ceremonia recordando al Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato recibió el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 donde reafirmaron su convicción de lucha por la vida y el territorio.

El equipo de Otros Mundos Chiapas, felicitamos a las y los compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) por su VI aniversario en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y sus ríos de la voracidad minera, pero sobre todo por defender la vida. Les mandamos un fuerte abrazo fraternal y juntos decimos:

¡Vida si, Mina no! ¡No más concesiones mineras en Acacoyagua!

¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!

Firma:

Otros Mundos A.C.

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Imagen: Entrega del Reconocimiento a la Defensa Ambiental Mariano Abarca 2020 al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» – 27 de noviembre de 2021 – Área de Comunicación de Otros Mundos

Más información:

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, ya son emergencias planetarias

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo – A 8 de junio del 2021

Por Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente

Recientemente la Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer en un informe que, según diversos estudios realizados en los últimos años, de 1990 a la fecha se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques debido a que los países “no han avanzado lo suficiente para cumplir las promesas de aumentar el 3% la superficie total de bosques en el mundo para 2030”. En el mismo documento se señala que esta degradación afecta hoy el bienestar de alrededor de 3 mil 200 millones de seres humanos, es decir, por lo menos el 40 por ciento de la población mundial. De igual forma se afirma que si en la próxima década las naciones no restauran una superficie del planeta del tamaño de China, la destrucción de la Naturaleza, el cambio climático y la contaminación seguirán avanzando a pasos agigantados.

En este  escenario desolador, la violación del derecho al medio ambiente sano impacta directamente los derechos al agua, a la salud y a la alimentación, donde las mujeres suelen ser las más afectadas. Debido a la división sexual del trabajo, son ellas las principales responsables de garantizar el abasto de agua en los hogares, así como las responsables de la alimentación y del cuidado de los miembros más vulnerables de sus familias, como lo son las niñas, niños y personas adultas mayores, a quienes atienden cuando están enfermos.

La cruda realidad que enfrenta la humanidad en torno a la devastación ambiental mundial tiene muchas caras y muchos responsables, pero ciertamente los gobiernos  de todos los niveles son los principales. La negligencia, ineficiencia, falta de control y de respeto al marco legal que están obligados a respetar y hacer respetar, el incumplimiento de compromisos internacionales y la complicidad con las trasnacionales depredadoras, son los rasgos distintivos de la mayor parte de los gobiernos mundiales, con honrosas excepciones.

Lamentablemente, las administraciones municipales de San Cristóbal de Las Casas no son una de estas excepciones. En especial las de los últimos 25 años, se han caracterizado por el incumplimiento y las omisiones respecto a sus compromisos de implementar proyectos en favor del agua y el medio ambiente. Un ejemplo reciente: la ausencia de respuesta y acciones por parte del Ayuntamiento municipal en relación a la Agenda Ambiental de 12 puntos que le fue presentada hace más de un año por el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca de Jovel.

La actual administración concluirá su período sin haber asignado presupuesto para una sola de las propuestas con las que se daría atención y se empezaría a solucionar los principales problemas ambientales de la cuenca: plantas  de tratamiento de aguas residuales, plantas potabilizadoras de agua, infiltración de agua al subsuelo a través de zanjas de infiltración, viveros y reforestación, detener la destrucción de humedales e implementar un plan de reparación de daños y restauración, así como una planta de procesamiento de residuos sólidos, entre otras.

Ante esta lastimosa realidad, es muy importante destacar el papel que las mujeres ambientalistas están jugando en San Cristóbal de Las  Casas al encabezar varios procesos por la defensa del agua, de los ríos y humedales, y de los bosques. Las defensoras del medio ambiente están denunciando, además, los proyectos turísticos sin perspectiva ambiental y la carencia total de un programa sustentable de tratamiento de la basura, que crece día con día. Se trata de mujeres que cotidianamente viven hasta 3 jornadas laborales, divididas entre el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado de sus familias y el trabajo comunitario y activista. Su trabajo ha sido invisibilizado, muchas han sido denostadas, acosadas, incluso amenazadas, y su trabajo e ideas expropiadas por los “compañeros de lucha”. Esta situación las ha llevado a crear sus propios espacios para la organización de su activismo y para compartir, asimismo, las violencias que viven.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a asumir la responsabilidad que nos toca en el cuidado y protección de la Naturaleza, para ser sus cuidadoras y cuidadores, empezando por la implementación de acciones concretas y cotidianas, como el no dejar la basura en la calle, el no consumir plásticos de un solo uso, el evitar el desperdicio del agua y reconocer los efectos dañinos que causan las bebidas azucaradas a la salud, entre otras medidas que pueden tomar tanto para el cuidado del medio ambiente como para el cuidado de su salud.

A las  autoridades municipales actuales exigimos que, en lo que les queda de su administración, sienten las bases para la gestión de recursos y los proyectos técnicos que prometieron, y cumplan con ello al menos una de las acciones propuestas por la Agenda Ambiental.

A las próximas autoridades municipales demandamos cumplir los compromisos adquiridos por el Estado mexicano a nivel internacional, donde les toca diseñar, ejecutar y evaluar, con la participación de la ciudadanía, programas y proyectos para interrumpir el deterioro ambiental y resarcir los daños. Entre otras cosas, exigimos no más cambios de uso de suelo; el cumplimiento de la carta urbana y el programa de ordenamiento ecológico territorial; el desalojo de las zonas de conservación ecológica invadidas; además de programas de información y educación ambiental de manera sistemática, permanente e intensa.

Foto: Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente

Exhortamos a las y los diputados federales en ejercicio, que en sesión extraordinaria aprueben YA la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, antes de que sea demasiado tarde y el día cero nos alcance.

A todas las autoridades responsables a nivel municipal, estatal y federal exigimos el fin de la persecución y agresiones contra las y los ambientalistas en todo el territorio nacional, demanda que incluye, en primer término, la presentación con vida de Tomás Rojo Valenzuela,  defensor del agua e integrante de la Tribu Yaqui, desaparecido desde el 27 de mayo pasado.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, las y los ambientalistas de San Cristóbal de Las Casas alzamos la voz para expresar nuestra convicción de que la defensa de la Naturaleza, de los bienes comunes que son de todas y de todos, es el único camino viable para preservar la vida en nuestro planeta. La responsabilidad y los retos son enormes, pero también lo es la oportunidad que se nos abre para revertir esta espiral de muerte y destrucción y dejar a las nuevas generaciones el mundo que necesitan, el mundo que merecen.

[1] Dolores Barrientos, representante de México ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente(Pnuma)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 5 de junio 2021

Imagen: Humedales de San Cristóbal de Las Casas/ARCHIVO Chiapas Paralelo

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Semarnat reconoce el derecho indígena para el manejo del bosque de La Malinche

Compartimos esta nota de Lado B publicada en Chiapas Paralelo sobre la autogestión de los territorios en Puebla y Tlaxcala – A 2 de junio del 2021

Más de 12 municipios de Puebla y Tlaxcala sumaron fuerzas para rescatar La Malinche, que ha sufrido grandes pérdidas por el mal manejo del Estado y por la plaga del gusano descortezador.

#AlianzadeMedios | Por Aranzazú Ayala Martínez de Lado B

El área de Atención y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordó que, a través de Conafor, se haga una revisión jurídica respecto al derecho indígena y el respeto de la organización comunitaria, tradicional y los usos y costumbres en el bosque de la Matlalcuéyatl. Esto no solo para combatir las plagas en el área sino para el manejo del bosque, explicó en entrevista para LADO B el enlace de comunicación de los comités intercomunitarios de los pueblos de la Matlalcuéyatl.

El acuerdo se dio tras la manifestación del 27 de mayo afuera de las oficinas centrales de la  Semarnat en la Ciudad de México, en la que alrededor de 20 personas del grupo “Pueblos unidos de la montaña Malinche” exigieron un plan de trabajo integral, en el cual participen quienes habitan esa zona, para rescatar la Malinche, o Matlalcueye, de la plaga del gusano descortezador y la tala ilegal.

Esto derivó en una reunión en la que también participaron la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la dirección del Parque Nacional La Malinche y la delegación de Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El problema de las constancias de posesión

En La Malinche, al interior de las comunidades, cada predio tiene su dueño y es reconocido dentro de las mismas, solo que sin escrituras públicas o documentos oficiales que lo avalen. Solamente los terrenos ejidales tienen certificado parcelario, pero lo demás no tiene documentos.

Esta situación se vive en toda la montaña, pero esto es que desde los usos y costumbres la propiedad de la tierra se respeta. De ahí la importancia de que se acordara que las autoridades reconocerán la posesión de tierras desde el derecho indígena.

También puedes leer: El cambio climático y la vulnerabilidad hídrica en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala

El enlace del Comité también explicó que usualmente las autoridades federales exigían constancias de posesión de las tierras avaladas por el municipio, sin tomar en cuenta el derecho indígena y la tenencia de la tierra por usos y costumbres.Semarnat reconoce el derecho indígena para el manejo del bosque de La Malinche

Foto: Cortesía

Los habitantes relataron que este problema con los documentos ha representado una traba inmensa, que fue utilizada también por los municipios para obstaculizar las acciones de saneamiento.

El enlace de los comités explicó que se autorizaban supuestas acciones de saneamiento reconociendo la posesión de un terreno, pero realmente lo que se hacía era derribar arbolados sanos para presuntamente comerciar con la madera de manera ilegal.

El 30 de abril de este año el comité la “Brigada San Pedrito por la Matlalcueitl”, de la comunidad de Muñoztla, documentó y denunció a la Conafor por haber emitido una notificación de una acción de saneamiento en un área de La Malinche, donde no había árboles infectados con la plaga del descortezador. Es decir, que las autoridades dieron luz verde a que se talara madera sana, cuyo destino final desconocen los pobladores.

El trabajo conjunto entre comunidades y autoridades

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Foto: Cortesía

Otro de los acuerdos fue que las comunidades presentarán un plan de trabajo el próximo 9 de junio, planteado desde la organización comunitaria. Este se afinará para hacer un saneamiento efectivo y rápido del bosque, pero también incluirá una propuesta para que los habitantes se involucren a largo plazo en el rescate de La Malinche.

La Conanp se comprometió a actualizar el programa de manejo que opera desde 2012, mediante talleres de junio a noviembre, de los cuales los habitantes pidieron formar parte para construir una solución que responda a las necesidades reales del bosque.

Desde 2019, quienes habitan los pueblos de la montaña se acercaron a las instancias federales para alertar de la presencia del gusano descortezador, que es una plaga voraz que ataca a varios bosques de la región, y pidieron que se llevaran a cabo acciones concretas para terminar con este insecto. Pero a la fecha, no han tenido ninguna respuesta concreta.

También puedes leer: Hongos contra la contaminación y para la alimentación

Cabe destacar que la organización para la defensa del bosque que abarca Puebla y Tlaxcala tiene al menos 15 años, con agrupaciones de ambos estados. Para los pueblos de la montaña, dicen los comités, no se habla de entidades ni división territorial, sino que se consideran como una unidad como pueblos de la Matlalcuéyatl, articulados, trabajando para una finalidad en común que es el rescate de la zona boscosa.

“Este proceso que se ha vivido de manera individual donde cada quien se ha topado siempre con el burocratismo, con la falta de atención, lo ha vivido cada comunidad desde su trabajo. Y de pronto llegan los mega incendios (de 2021) y nos unen”, dijo el enlace de los comités.

“Nos unen las mismas carencias hacia afuera de respuesta, y vemos que solamente con nuestro interés y solidaridad podemos sacar adelante esta necesidad que ahora tenemos de rescatar la montaña”.

*Foto de portada: Cortesía

Más información:

La Vía Recreativa llega A San Cristóbal

Estamos muy felices y emocionados por invitarles a participar en la 1er Vía Recreativa San Cristóbal este domingo 20 de junio de 8 de la mañana a 12 del día.

El punto de partida es en la Iglesia de San Nicolás, a un costado de la Catedral

Ruta: Iglesia de San Nicolás, Calle Guadalupe Victoria, Calle Francisco Zarco, Calle Diego de Mazariegos y Parque Central

Niñas y niñas deben ser acompañados por un adulto

Llevar casco y chalecos

Recuerda llevar agua, utilizar cubrebocas y seguir las medidas sanitarias.

Mapa [Activistas por la vida

Les compartimos este bello material de Entrepueblos donde pintan un panorama de las luchas por defender la vida en Guatemala y Honduras – Junio 2021

Centroamérica es una de las regiones más abundantes en bienes naturales. Pero hoy en día las regiones del planeta más ricas parecen condenadas a vivir en las sociedades con mayores desigualdades y violencias.

En tiempos de emergencia climática y ecológica, estos rostros y estas voces nos plantean la necesidad de cuestionar el crecimiento ilimitado del consumo material como base del bienestar. Nos advierten de que, agotando los bienes naturales y la biodiversidad, estamos socavando las bases de nuestra propia existencia.

**Desde el proyecto Activistas por la Vida trabajamos con organizaciones, colectivos y entidades que trabajan y defienden los derechos humanos en regiones específicas de cada país. Entendemos que la criminalización de las defensoras y los defensores en estos países traspasa estas zonas, convirtiéndose en una problemática nacional.

“DEFENDEMOS LA TIERRA CON NUESTRA SANGRE” #activistasporlavida

Navega y conoce las comunidades de #Guatemala y #Honduras que están en primera línea contra un sistema abusivo, extractivo y destructivo

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[Informe] Lo que está en juego en América Latina y el Caribe: perspectiva desde la justicia ambienta

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A Febrero del 2021

Introducción:

Los pueblos de América Latina y el Caribe, empobrecidos tras siglos de opresión y expoliación de sus bienes naturales, hoy sufren los terribles impactos de las profundas crisis sistémicas globales que afectan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, al tiempo que generan mayor concentración, desigualdad y exclusión. La crisis climática, de la biodiversidad, del agua, de la alimentación, de los cuidados, y ahora la crisis de COVID 19, están interrelacionadas y son consecuencia del sistema de acumulación capitalista que privilegia el crecimiento continuo y el afán de lucro, al tiempo que atenta contra la vida, destruye la naturaleza y viola los derechos de los pueblos.

Las múltiples crisis a las que se enfrentan los pueblos en América Latina y el Caribe tienen su origen en la infame injusticia que se reproduce a diario en un continente profundamente desigual, de la mano de gobiernos de derecha y neoliberales que desprecian a las clases populares y las empobrecen con sus políticas criminales. El debilitamiento o privatización de lo público a manos de las empresas transnacionales, y como resultado de las políticas neoliberales fomentadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y la agenda de liberalización del comercio y las inversiones, aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de derecha que responden a los intereses del gran capital, lleva a que las clases populares sufran todo el rigor de la destrucción de sus territorios, del cambio climático, de las pandemias y otros impactos del modelo depredador. Gobiernos y políticas que refuerzan no sólo la opresión de clase, sino también patriarcal y racista, y violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, de las comunidades negras y afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas.

Lo cierto es que América Latina y el Caribe, como otros continentes del Sur del mundo, aún hoy sufre las consecuencias de la dominación colonial y neocolonial y de la ofensiva imperialista que históricamente han sido impuestas a sangre y fuego, dejando un nefasto legado de opresión y explotación de los pueblos y la naturaleza en función de los intereses de las clases dominantes y de las potencias coloniales e imperialistas.

El sistema capitalista, patriarcal, racista, en su fase neoliberal y con fuerte predominio del capital transnacional y del sector financiero que operan en connivencia con las clases dominantes nacionales, acecha a nuestro continente, niega los derechos colectivos conquistados mediante la lucha, y genera destrucción, despojo, pobreza y hambre en nuestros pueblos.

La expansión del capital sobre los ecosistemas y su consecuente degradación, se articula con la reorganización del trabajo y de la sociedad para posibilitar el incremento de las tasas de ganancia y consolidar la capacidad de lucro de los actores y élites económicas nacionales y transnacionales. Proceso que se sostiene en base a la explotación del trabajo de las mujeres, que como consecuencia de la división sexual del trabajo están obligadas a hacerse cargo del trabajo de cuidados, que no es reconocido como trabajo productivo y por lo tanto no se le asigna ningún valor. Todas estas características de un sistema que privilegia la ganancia privada sobre los derechos de los pueblos, sumen a la región latinoamericana en una situación dramática, además con la clase trabajadora, especialmente las mujeres, afectada gravemente por la crisis global de la salud y sus consecuencias, producto del neoliberalismo, que ha llevado a que la pandemia por COVID19 tenga efectos devastadores y letales. Estos nefastos ataques a los pueblos, a sus derechos y a sus territorios, imponen retos de gran envergadura.

Pero como antes en la historia del continente, aún en un duro contexto en que tiene lugar una disputa política, de sentidos, en torno a los derechos y los territorios, los pueblos, sus organizaciones, procesos y movimientos continúan construyendo proyectos e iniciativas populares emancipatorias, desde principios éticos y políticos que marcan el camino para una transformación radical, como propone entre otros el movimiento feminista, apelando a la resistencia y al coraje que caracterizan la lucha por la democracia y el poder popular, la soberanía de los pueblos y la justicia en todas sus manifestaciones.

Nuestra apuesta por la justicia y la soberanía de los pueblos exige promover nuevas relaciones sociales, reconociendo la centralidad del trabajo para generar las bases materiales para la producción y la reproducción de la vida.2 Los movimientos y organizaciones sociales del continente se comprometen día a día a construir las condiciones necesarias para garantizar una vida digna para nuestros pueblos y desmantelar los sistemas de opresión, fomentando políticas públicas y creando procesos productivos que se nutren de y cuidan los sistemas y funciones ecológicas, resistiendo la lógica de la acumulación de capital. Ello exige poner en el centro la sustentabilidad de la vida y los cuidados como principio organizador de los procesos económicos, revirtiendo la división sexual del trabajo y la explotación del trabajo y el cuerpo de las mujeres. Asimismo, reclama romper con la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo y reafirmar la importancia de la autonomía económica de las mujeres.

1. ATAQUE CONTRA LA DEMOCRACIA Y CONTRA LOS PUEBLOS COMO SUJETO POLÍTICO

Este modelo basado en la explotación de la naturaleza y la producción de materias primas con poco valor agregado, para abastecer las cadenas de producción transnacionales, hoy se articula en proyectos nacionales y regionales anti-democráticos y anti populares signados por el papel central del capital, con fuerte participación del capital financiero, y el consecuente fortalecimiento de los sistemas de opresión -racista, patriarcal, de clase, colonial.

Se produce así un ataque contra la democracia. Para ese proyecto político la democracia no tiene sentido, es un estorbo, por ello se impone su carácter autoritario, y desarrolla estrategias de guerra para el control de la naturaleza; se persigue, encarcela y asesina a las/os defensoras/es de derechos y territorios, y toman fuerza posiciones fascistas que pretenden eliminar la diferencia y la diversidad para imponer un pensamiento totalitario que se materializa con el rechazo a la participación democrática en la construcción de la política y de las políticas públicas, que pasan a ser dictadas e impuestas por los CEOs de las empresas transnacionales.

La historia reciente de la región da cuenta de un fenómeno por todas/os conocido, pero negado por quienes se favorecen directa o indirectamente de la barbarie. Los golpes de Estado se convirtieron en una práctica constante para derrocar gobiernos y procesos elegidos democráticamente y articulados a la organización popular, que materializaban propuestas de dignificación de la vida a partir de la garantía de derechos para toda la sociedad y focalizados en las clases populares y las/os menos favorecidas/os.

Los golpes de Estado perpetrados en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019), dan cuenta de la magnitud que ha tomado esta práctica criminal de las derechas nacionales aliadas con las fuerzas neoliberales y reaccionarias del Continente y con Estados Unidos. El último golpe, el de Bolivia4, en el que se ejerció la violencia y la sevicia contra el pueblo, vejámenes de distinta índole a mujeres indígenas, asesinatos, humillaciones, ilustra el verdadero rostro de la derecha, su carácter racista y colonialista, y sus imposiciones de muerte y destrucción. El golpe de Estado también puso al descubierto la complicidad de sectores y organizaciones que se jactan de trabajar por la defensa de la democracia, pero desplegaron una estrategia para maquillar al golpe con retóricas ancladas en un supuesto levantamiento popular aprovechado posteriormente por la derecha, dando la espalda a las millones de mujeres y hombres que fueron atacadas/os por las fuerzas militares y policiales cómplices de la derecha fascista.

La organización y capacidad de lucha de los movimientos sociales permitió restablecer la democracia en el país andino, y resultó en la aplastante victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre pasado, con la participación popular más alta en la historia de los comicios electorales en Bolivia. Lo que dejó al descubierto las falacias con las que se pretendió legitimar el golpe desde sectores presuntamente democráticos, pero sobre todo no dejó duda sobre la capacidad popular para organizarse ante la adversidad y ante la imposición de la violencia armada.

Al igual que antes en Paraguay y en Brasil, las empresas transnacionales tenían especial interés en el control de lo que consideran recursos estratégicos para sus cadenas de valor. Cuando no logran imponer de lleno sus intereses, la democracia y las políticas públicas, como la prohibición del maíz transgénico en Paraguay, o la estatización de las reservas de petróleo en Brasil, se transforman en obstáculos a derribar. Para ello cuentan con el apoyo de las clases dominantes y su proyecto político y económico de carácter explotador, racista y patriarcal que se plasma en una agenda de derecha. Asimismo, cuentan con el apoyo y papel activo de Estados Unidos, que mantiene un fuerte interés en tener bajo control a “su patio trasero”.

Así, hoy está en juego en la región el restablecimiento de la democracia, y aunque la correlación de fuerzas es negativa por el signo político de una mayoría de gobiernos de derecha y neoliberales por ahora en el poder, el pueblo boliviano nos ha dado un ejemplo de grandeza, de paciencia y tenacidad para que triunfe la voluntad popular desde la lucha pacífica de los pueblos organizados. También el pueblo chileno ha dado una muestra de su capacidad de lucha contra el poder de la derecha dictactorial y décadas de políticas neoliberales que hambrearon a la mayoría de la población y le negaron sus derechos atentando contra la democracia.

La arremetida en la región, como en otros continentes, se complementa con una ofensiva que pretende deslegitimar la política, banalizarla y con ello reducir el poder popular para la toma de decisiones y para la conducción de los Estados y sus instituciones.

La deslegitimación de la política se enmarca en una estrategia más amplia de control social, que predica la importancia de la gestión eficaz especializada, denostando a la política como una actividad esencialmente corrupta. De esta manera, se pretende desplazar al pueblo de la toma de decisiones y se le vacía de su condición de sujeto político, para que la esfera de decisión sea controlada por los dictámenes de las élites nacionales, las corporaciones transnacionales y las IFIs, que se encargan de dictar las políticas públicas, incluidas las que definen el futuro de los territorios y los bienes naturales que contienen. La deslegitimación de la política y los atentados a la democracia son en realidad ataques contra los sujetos políticos populares que construyen agendas y proyectos políticos y disputan la arena política y la política pública, quienes desde su acumulado histórico intentan cambiar la correlación de fuerzas. Es por eso que los sujetos políticos populares que se organizan en movimientos -como el campesino, feminista, sindical, por la justicia ambiental- son perseguidos, criminalizados, judicializados, asesinados, y se emprenden campañas mediáticas en pos de su estigmatización y deslegitimación.

Una mirada a países como Honduras, Colombia, México o Brasil da cuenta de los ataques sistemáticos a los sujetos políticos populares como consecuencia de su defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios; los asesinatos se cuentan por cientos en cada uno de esos países sin que los gobiernos les protejan o implementen medidas estructurales para prevenir esas atrocidades o para acabar con la impunidad que permite su repetición. Colombia, infortunadamente, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. En 2020 casi 400 líderes/as y firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados, y desde la firma de los acuerdos de paz hasta agosto de 2020, mil personas fueron asesinadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En lo corrido de 2021 ya se cuentan 18 defensoras/es asesinadas/os5.

Según Global Witness, organización que hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos y pone énfasis en la violencia contra las/os defensoras/es medioambientales, “(el) informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana”6.

Y la violencia se manifiesta de manera brutal contra las mujeres que se organizan y lideran luchas en defensa de los territorios, sus derechos y los derechos de los pueblos, cuestionando la raíz del sistema capitalista, patriarcal y racista. La criminalización y la persecución, e incluso los asesinatos, tienen la intención de acallar sus voces e impedir su acción política. Los gobiernos de derecha, machistas y misóginos, emprenden campañas contra lo que ellos denominan “ideología de género”, para imponer su concepción de la familia y del papel de la mujer. De esta manera niegan el papel de las mujeres como sujeto político y llevan adelante una ofensiva que pretende relegarlas al trabajo reproductivo fortaleciendo la división sexual del trabajo y al mismo tiempo explotar sus cuerpos y trabajo. En este marco es más significativa aún la victoria lograda por el movimiento feminista con la legalización del aborto en Argentina, tras años de dura lucha.

Frente a los ataques a la democracia y la deslegitimación de la política, está en juego la necesidad de continuar y fortalecer la construcción de la solidaridad internacionalista contra todos los sistemas de opresión -de clase, racista, patriarcal, heteronormativo, colonial, imperialista-, en la que la unión de los pueblos y sus movimientos nos permita retomar el sentido de la democracia desde la participación de los sujetos políticos populares en la política y en la definición de la política pública para atender las necesidades de quienes más los necesitan, garantizando los derechos de las clases populares, protegiendo a quienes entregan sus vidas por los proyectos colectivos emancipatorios, y deshaciendo el secuestro del Estado y sus instituciones que vienen consolidando las derechas en respuesta a los intereses de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales.

Disputar la comunicación desde las construcciones conjuntas y populares.

En este marco y contexto descritos, el poder y el papel de los grandes medios de comunicación empresariales y la manipulación de las redes sociales deben ser confrontados, pues tienen una enorme incidencia e influencia en la normalización de la violencia, en la deslegitimación de la política y en los ataques continuos a cualquier tipo de disputa democrática. Confrontar este poder implica el fortalecimiento de las estrategias de comunicación popular y la disputa por las tecnologías de la información.

Los movimientos sociales nucleados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo7 son protagonistas de la lucha en defensa de la democracia y han identificado la importancia de disputar las comunicaciones, por ello apuestan a la convergencia de medios populares. Ejemplo de ello son Radio Mundo Real (RMR) y, más recientemente, la herramienta Capire, construida en línea de confrontación a los grandes medios empresariales y su hegemonía totalizante, desde producciones propias de las mujeres en lucha. La comunicación es uno de los puntos clave para organizaciones como ATALC y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), por eso junto a movimientos aliados han participado de iniciativas conjuntas para crear una comunicación popular y feminista, que visibilice las luchas y los proyectos políticos de los pueblos y las mujeres en todo el mundo.

Propuestas de esta naturaleza visibilizan la lucha de las clases populares en pos de proyectos políticos emancipatorios y la construcción y fortalecimiento de iniciativas territoriales, para que las acciones y reflexiones que allí se presentan den cuenta de procesos que logran hacerse un espacio como grandes medios de comunicación. Permiten asimismo participar activamente en la disputa de sentidos.

Enfrentar los bloqueos y ataques a los pueblos dignos y soberanos

La continuidad de los ataques orquestados desde los Estados Unidos contra los pueblos de Cuba y Venezuela, en alianza con gobiernos de derecha y fascistas de la región, se hacen más brutales y repudiables en tiempos de la crisis global de la salud, y configuran ataques históricos y sistemáticos a la democracia. Los movimientos sociales y articulaciones de sujetos políticos populares colectivos tienen entre sus responsabilidades históricas la solidaridad internacionalista con los pueblos cubano y venezolano que han soportado con dignidad y tenacidad la arremetida del imperialismo y de la derecha. En la defensa de los pueblos bajo ataque está en juego la continuidad de sus aportes a la paz e integración regional.

2. OFENSIVA NEOLIBERAL

Ataques a los derechos laborales y desmonte de los derechos conquistados.

La aplicación de políticas neoliberales, que en muchos países se ha profundizado en el marco de la pandemia de COVID 19, también ha traído como consecuencia la adopción de medidas sumamente regresivas en materia laboral. La Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas (CSA), organización que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, ha señalado que la pandemia “dinamizó los procesos y tendencias de deterioro de la vida de la población trabajadora que ya estaban en curso”8. Se deterioraron las condiciones laborales, de la estabilidad del empleo, de los derechos laborales y sindicales, de las posibilidades de mantener salarios dignos, y “los propios sistemas de protección, además de los sanitarios, se encuentran inmersos en profundas crisis en la mayoría de los países de las Américas”9.

Lejos de aportar a la solución de la crisis, las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos la agravaron, y se amplificó la violencia contra las mujeres, quienes debieron asumir una mayor carga de trabajo de cuidados esenciales para la vida que no son valorados por el capital y el mercado, configurándose un escenario de mayor explotación de sus cuerpos y trabajo. En muchos países, a ello se sumó la falta de acceso a servicios fundamentales como consecuencia de las privatizaciones o el debilitamiento de lo público, el debilitamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, la negación del derecho al aborto, y la obligación de quedarse en casa, un espacio no seguro donde se vieron forzadas a convivir con los perpetradores.

En términos generales, son cuatro los aspectos centrales que representan ataques a los derechos laborales y a los derechos conquistados históricamente:

una reforma laboral de facto respaldada en la necesidad de reactivación económica al tiempo que se reducen los costos laborales10. Como lo denuncia la CSA “aun con medidas de restricción de despidos en estos meses, se denuncian despidos masivos, reducción de salarios y jornadas laborales, negativa a declarar COVID 19 como enfermedad laboral, envío de trabajadoras/es a vacaciones obligatorias y sin pago, cancelación o renegociación de contratos, reformas legislativas para eliminar la negociación colectiva y un desconocimiento general de los sindicatos”11.

Protección de la actividad económica, desprotección de trabajadores/as. La definición de los sectores básicos a mantener operativos durante los confinamientos respondió a criterios presionados por empresarios (la construcción, producción de bebidas alcohólicas, textiles y calzado, por ejemplo) y no a las necesidades básicas de la población durante la pandemia; además, en esos sectores tampoco se garantizó la salud y seguridad de las/os trabajadoras/es. El común denominador fue la ausencia de elementos de protección individual, ausencia de condiciones adecuadas de transporte, falta de agua potable. Con el agravante conocido en la región de la precariedad laboral que debió asumir el personal de salud que tuvo que enfrentarse a la crisis sin equipos de protección adecuados y en muchos casos sin recibir durante meses el pago de sus salarios y obligaciones contractuales.

Endeudamiento como salvaguarda de grandes empresas. Los nuevos procesos de endeudamiento para los países de la región que fueron presentados como necesarios ante la emergencia económica generada por la pandemia, se utilizaron para el salvamento de empresas transnacionales y no para la implementación de auxilios a las pequeñas y medianas empresas, tampoco para la creación de un ingreso o renta básica necesaria y urgente para la población. El caso del intento de salvamento a la transnacional AVIANCA, por el gobierno del derechista Iván Duque en Colombia, es escandaloso. Al momento se ha denunciado que se han entregado cinco mil millones de pesos (COP) a la empresa, mientras en el país andino no se entregó renta básica, se ha superado los cincuenta mil muertos por la pandemia y no se ha empezado la vacunación de la población.

Informalidad. Una de las características del trabajo en la región es la alta tasa de informalidad y las/os trabajadoras/es que tienen esta condición fueron de los/as más golpeadas/os con las restricciones a la movilidad y confinamientos impuestos. Su pérdida de ingresos les ha llevado a situaciones de empobrecimiento extremo.

Las/os trabajadoras/es de las aplicaciones de plataformas sufrieron un empeoramiento de sus condiciones de trabajo que ya de por sí tiene todas las características de la desregulación y explotación laboral: los costos de transporte, protección y mantenimiento de instrumentos de trabajo son asumidos por las/os trabajadoras/es que en su mayoría se movilizan en bicicletas en las que se exponen a accidentes constantemente; no cuentan con derecho a salud ni pensión, ni ninguna prestación legal. Por estas condiciones y situaciones lamentables de accidentes y muerte de las/os trabajadoras/es, en países como Brasil se convocó a movilizaciones desde los colectivos de trabajadoras/es de las Apps, pues mientras ellas/os exponen sus vidas para sobrevivir, las ganancias de las transnacionales dueñas de las aplicaciones crecen de manera exponencial.

En la región está en juego la dignificación del trabajo, en condiciones desfavorables ante el poder de las transnacionales y gobiernos de derecha y neoliberales que avanzan en la precarización, desregulación y desmonte paulatino o acelerado de los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora.

Imagen: ATALC

Más información:

Tseltales de Chiapas designan gobiernos comunitarios sin partidos políticos

Compartimos esta nota publicada en Pie de Pagina de Chiapas Paralelo sobre los procesos de autodeterminación en Chiapas – A 30 de mayo del 2021

Hace tres años, en Chilón y Sitalá formaron gobiernos comunitarios que, basados en el derecho, también demandan al Estado mexicano su reconocimiento. Es una reflexión continua de la realidad indígena y de la recuperación de sus formas de resolver conflictos y desigualdades; de buscar alcanzar el lekil cuxlejal (la buena vida, la armonía individual y colectiva con la tierra)

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

CHILÓN, CHIAPAS.- El incienso se desliza entre el murmullo de letanías que buscan elevar el nivel de conciencia y la reflexión. Se suma el ayuno, la oración que realizan los convocados desde el día anterior. Catorce concejales —tres mujeres y 11 hombres— se sientan alrededor del altar maya y de algunos símbolos religiosos católicos, en un acto mezcla de espiritualidad y política con el que los pueblos tseltales conforman su cosmos. Es la ceremonia de toma de cargo del Concejo de Gobierno de Chilón, que se celebra en la comunidad La Primavera los días 20 y 21 de mayo.

Las personas que están aquí fueron elegidas previamente como concejales, en asambleas de sus comunidades. Esta forma de gobierno está incluida en la solicitud de reconocimiento que en noviembre de 2017 entregaron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) poco más de 30 mil tseltales. Es decir, poco más del 50 por ciento del listado nominal de electores. 

La población tseltal tiene una concepción particular de concebirse a sí misma: la búsqueda de su bienestar físico y espiritual está ligado directamente a la tierra y su conservación. En la última década, los tseltales han realizado múltiples “marchas-peregrinaciones” donde llevan imágenes religiosas que se mezclan con grandes lonas exigiendo la desmilitarización de su zona, denunciando el impacto de la presencia de grupos criminales, demandando la cancelación de proyectos mineros, hidroeléctricos, carreteros u otros que buscan apropiarse de la riqueza que hay en su territorio.

Fue entre los tzltales donde el obispo Samuel Ruiz García, que en 1959 llegó a Chiapas a evangelizar a la población indígena, terminó él mismo transformado en un actor político activo. “Para los indígenas, las realidades materiales y espirituales son lo mismo”, explicó en su libro Cómo me convirtieron los indígenas.

La construcción de los gobiernos autónomos

A la comunidad La Primavera, ubicada unos 20 kilómetros de la cabecera municipal de Chilón, llegaron representantes de los 20 centros que ahora tiene el Gobierno Comunitario, y los representantes del municipio de Sitalá, quienes una semana después celebraron también la ceremonia de toma de cargo Concejo de Gobierno de su municipio.

En una cocina comunitaria prepararon el alimento para compartir, y desde las ventanas de ese lugar, entre el olor a maíz recién cocido y café, la lluvia envolvió las voces y fue humedeciendo esa tierra verde de árboles que llegan a alcanzar más de 30 metros de altura.

En el centro del poblado, junto a la cocina comunitaria, está la construcción que hace las veces de Iglesia, que de salón de organización política y social, donde se dan cita quienes integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), un organismo que nació en 2013 como resultado de los procesos de análisis de la realidad que promueve la Misión de Bachajón, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

El Modevite, al que ahora pertenecen más de una docena de municipios no solo tseltales, sino de los grupos indígenas choles y tsotsiles, fue el detonante organizativo que necesitaban en Chilón y Sitalá, para avanzar en la construcción de gobiernos autónomos comunitarios. 

“Lo que surgió como una resistencia (a la alcoholización que empezaba a impactar la zona, y a la construcción de una autopista que atravesaría la región) terminó siendo una propuesta alternativa a los partidos políticos”, narró Rodrigo Pinto, jesuita que formó parte de la Misión de Bachajón.

Antes, en 1992 y 1995, quienes ahora forman parte de los Gobiernos Comunitarios de Chilón, tuvieron la experiencia de haber colocado a un indígena como candidato en las elecciones partidistas, “prestando” a un partido político su registro. 

En los dos procesos electorales de esos años ganaron la presidencia, pero luego vino “la influencia partidista, la división interna” en sus comunidades, el rompimiento del lekil cuxlejali. Esa, decidieron entonces, no era la vía para colocar a sus autoridades.

En 2015, los tseltales de ambos municipios, colocados sobre el andamiaje del derecho internacional y las leyes nacionales que reconocen al sistema normativo indígena, empezaron a formar grupos llamados “comisiones para la autonomía”.

Inspirados también en los procesos de los indígenas de Cherán, Michoacán, en noviembre de 2017 solicitaron formalmente al IEPC el reconocimiento del derecho a la libre determinación de sus pueblos, a través de la celebración de elecciones de sus autoridades por el sistema normativo indígena.

El IEPC intentó esquivar la solicitud en el laberinto de la burocracia, entonces los tseltales actuaron por dos vías; por una parte, iniciaron de facto la construcción y nombramiento de los Gobiernos Comunitarios. De forma paralela, revocaron ante los tribunales cada una de las negativas del órgano electoral. 

En 2019, el Instituto tuvo que iniciar el proceso de análisis y reconocimiento con un primer paso, que es la certificación de que en esos municipios tienen una población mayormente indígena. Cuando antropólogos acudieron a la región para dar salida a este trámite, el presidente municipal con licencia de Chilón —que ahora busca reelegirse—, Carlos Ildelfonso Trujillo, orquestó el bloqueo de caminos, organizó reuniones discrecionales a modo, secuestraron a los antropólogos y quedó el trámite incompleto. 

Luego vino la pandemia y nuevamente se estancó el proceso legal de reconocimiento a su derecho a elegir a sus autoridades por el sistema normativo indígena. 

Pero los tseltales de Chilón y Sitalá no se detuvieron.

Dos gobiernos que coexisten

Una parte de la población de estos municipios se rige aún con el sistema partidista. Pero ahora, el nombramiento de los gobierno comunitarios, avalados por más de la mitad de la población, obliga a quienes siguen en el sistema partidista a coexistir con los gobiernos autónomos comunitarios.

El 20 de mayo, día del inicio de la toma de cargo de las y los concejales que van para el segundo periodo de tres años de los gobiernos comunitarios, en la cabecera municipal de Chilón, personas armadas dispararon contra una representante del Partido del Trabajo, y seguidores de los candidatos del Partido Verde y de Morena se liaron en una discusión que terminó con disparos y acusaciones mutuas de ser partícipes de acciones ligadas a grupos criminales.

En los años recientes, diversas zonas indígenas de Chiapas se han visto envueltas en incidentes relacionados con estos grupos criminales, que han desplazados poblados enteros para intentar apropiarse del territorio, incrementando el nivel de consumo de droga, y el tráfico de mercancía ilícita.

Mariana Mora, coautora del libro Autonomías y autogobierno en la América diversa, señala que algunos pueblos de Chiapas “han transitado en gran medida del ejercicio a la autonomía como una serie de acciones que interpela directamente al Estado para exigir transformaciones de fondo, a una serie de medidas de protección de la vida-existencia colectiva frente a los despojos y actos de violencia física extrema ejercida por parte de actores etiquetados como legales e ilegales, incluyendo el narcotráfico y empresas extractivistas”. 

La construcción de gobiernos autónomos que funcionan de facto —como los gobiernos comunitarios de Chilón y Sitalá— son, en ese panorama, “mecanismos de protección y defensa”, de procesos emancipatorios, liberadores que buscan proteger la vida.

¿Cómo funcionan? 

“A tres años, contamos con nueve oficinas que atienden diversas áreas de trabajo, como son resolución de conflictos (jmeltsa´anwanej, jcoltaywanej), promotores de salud (poxtaywanej), educación alternativa, seguridad comunitaria, economía solidaria y alternativa, cuidadores de la madre tierra, reporteros comunitarios y técnicos de luz”, explica la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

En su estructura formal, también tienen promotores de gobierno comunitario (schebal jtiaw), coordinadores de región (bah jtijaw), comisiones jurídicas (jucwanejetic) y las personas concejales de gobierno comunitario (j’a’teletic yu’un ca’telpatantayel jbahtic).

En la evaluación que hicieron antes de regresar a sus comunidades, señalaron sobre este proceso: 

“Tres años de trabajo, tres años andando caminos alternativos y construyendo autonomía (…) ratificamos la continuidad de nuestra lucha por el derecho a la libre determinación y la autonomía. Ante los retos de las diversas realidades (continuamos) en la búsqueda de una sociedad alternativa y la reconstrucción del tejido social para la recuperación de la armonía comunitaria, donde la paz y la justicia sea nuestro modo de estar y convivir”. https://www.youtube.com/embed/qJG1_K_oc28?feature=oembed

Este trabajo fue relizado por el equipo de CHIAPAS PARALELO, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Imagen: Ángeles Mariscal – Chiapas Paralelo

Más información:

Pronunciamiento de REMA por denuncia de violencia de género y para reafirmar que se rompa el pacto patriarcal

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 31 de mayo del 2021

A través del presente comunicado queremos hacer del conocimiento público que, previo al desarrollo de nuestro encuentro nacional de enlaces, llevado a cabo del 20al 22de mayo en Guanajuato,en el cual participaron enlaces de 13 de los 15 estados de la República Mexicana en los que como REMA tenemos presencia hasta esa fecha nos enteramos de una rueda de prensa en donde Geovanna Dávalos, enlace de REMA en Guanajuato del 2016 al 2019, hizo del conocimiento público el haber interpuesto una demanda penal contra Gustavo Lozano en la que expresa haber vivido diversos tipos de violencia de género. Gustavo Lozano ha sido parte de la REMA desde sus inicios y también ha sido enlace de REMA en el estado de Guanajuato.

En ese mismo evento, Geovanna y un representante de la organización Las Libres hicieron mención recurrente de REMA, entre otras organizaciones de las cuales Gustavo forma parte o es acompañante de procesos. Nos acusaron de actuar como cómplices,de permitir la violencia, de legitimar y solapar acciones relacionadas con la violencia de género. Eso nos anima a colocar algunos cuestionamientos sobre este tipo de señalamientos hacia REMA,primero porque nos parecen desproporcionados y segundo porque equívocamente implicaría que en REMA existen normas dañinas que contribuyen al establecimiento de sistemas patriarcales que facilitan perpetuar estructuras de poder y mantener las desigualdades de género y pone al escrutinio como verdad lo que es totalmente falso.

Al respecto queremos manifestar nuestra posición:

1.La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) somos un espacio organizativo y político integrado,preferentemente,por mujeres y hombres de comunidades quienes en colectivo y bajo procesos gestados desde lo local,han y hemos decidido luchar contra el capitalismo patriarcal a partir de no permitir el ingreso en los territorios del impositivo y asimétrico modelo extractivo minero el cual estamos seguros,es uno de los mayores exponentes que hace énfasis en establecer diferencias estructurales de poder. Citamos un ejemplo para darnos a entender;las empresas mineras principalmente establecen acuerdos comunitarios en asambleas donde la mayoría de los integrantes son hombres, por lo tanto, no se consideran que los acuerdos ahí gestados dañarán por igual e incluso de manera más álgida a las mujeres,tal cual lo hemos documentado. En ese contexto, estamos claros que bajo el enfoque de género estamos inmersos en una problemática no sólo contra una empresa minera, sino que el problema es más grave porque las mujeres están impedidas de acceder a los bienes comunes naturales como tierra, así como también están impedidas de acceder a recursos materiales como créditos de financiamiento para emprender economías propias,o se encuentran limitadas al acceso de bienes no materiales como el poder político.Por lo tanto, el enfoque de género está presente en nuestro quehacer cotidiano.

2.Ese contundente hecho,nos hace reflexionar y trabajar con miras a romper ese espacio de poder e intentar la construcción de espacios horizontales, incluyentes y participativos. La fórmula para resolverlo no la tenemos,y nuestras búsquedas nos han enseñado en avanzar discutiendo y exigiendo que las estructuras comunitarias desde adentro rompan las inercias culturales que persisten, sabiendo también que el sistema en el que vivimos continúa retroalimentándolas.

3. A lo largo de 13 años de trabajo, las comunidades y grupos integrados en REMA hemos intentado una y otra vez construir territorios más justos y resilientes. Somos fieles creyentes a que únicamente a partir del fortalecimiento de las y los defensorxs de la tierra,del territorio,de los bienes comunes naturales y de la vida, damos pequeños pasos para ir deconstruyendo el patriarcado y construyendo senderos que nos permitan caminar en congruencia para erradicar todo tipo de violencias.Estamos totalmente claros que aquellas personas que viven en un contexto de violencia de género sumamente complejo,que no único, son las mujeres de las comunidades con quienes nos integramos como REMA. Esto nos impulsa permanentemente a identificar, reflexionar, replantear y actuar a partir de implementar procesos que vayan deconstruyendo relaciones de poder para avanzar en la construcción de comunidades y pueblos libres de violencia de género.

4.Como REMA trabajamos en comunidades distribuidas en varios municipios de 15 estados del país, razón suficiente para saber y reconocer que no estamos exentos de tener manifestaciones de violencia de género.Muchas de las cuales intentamos abordar de distintas maneras sea a través de información, de emergencia, con sororidad, con refugioo con acompañamiento a las compañeras para realizar denuncias,además de, constantemente participar en iniciativas estatales, nacionales e internacionales en donde trabajamos diferentes aspectos relacionados con el enfoque de género.Reconocemos que nuestro trabajo es insuficiente para transformar y eliminar los tipos de violencia de género,sin embargo, seguimos reconstruyéndonos en ese aspecto desde nuestras realidades, de tal manera que, nuestras insuficiencias y torpezas no nos hacen, en automático, ni omisos, ni protectores, ni solapadores.

5.REMA trabaja con una estructura de enlaces por cada estado de la República y,para ser enlaces requieren ser nombrados por las asambleas de las comunidades o de sus organizaciones. En total somos 22 enlaces de los cuales 12 son mujeres.Destacamos también que en REMA no tenemos una estructura organizativa piramidal, por lo tanto, carecemos de cargos de dirección, presidencia o cualquier otro que signifique verticalidad y el grueso de nuestros procesos se llevan a cabo bajo consensos.

6. Bajo esas premisas expuestas, nos parecen injustos y desproporcionados los señalamientos sobre ser cómplices al permitir, legitimar, solapar y ser protectores de quienes ejerzan acciones relacionadas con violencia como las señaladas en la rueda de prensa. Por el contrario, hemos sido activas/os para denunciar las violencias en contra de la mujer dentro de la REMA y dentro de las organizaciones con las cuales colaboramos. Como ejemplo de ello, mencionamos que en 2017 Geovanna participó como parte de la delegación de la REMA en un encuentro internacional en Costa Rica en donde vivió acoso sexual por parte de un delegado que no era de México. Ante esta situación y con el consentimiento de Geovanna, como REMA mandamos una carta denunciandolos hechos a la organización respectiva, en la cual manifestamos nuestro rotundo rechazo a toda forma de violencia y continuar construyendo y defendiendo espacios seguros para todas y todos.

7.En el 2018 iniciamos un proceso de reflexión sobre la violencia de género dentro de REMA y las organizaciones en las que nos integramos, de tal manera que, para establecer e implementar acciones que atiendan y de ser posible resuelvan la problemática,se formó y consolidó un espacio permanente de análisis al cual nombramos “REMA MUJERES”. Desde este espacio han derivado algunos acuerdos contundentes; por ejemplo,la necesidad de concluir un reglamento interno y construir conjuntamente un protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género tanto al interior de la REMA, como al interior de los grupos, organizaciones y comunidades con las que nos relacionamos.En ese contexto, sabemos que nuestro reto es enorme y complejo, así como también es esperanzador impulsarlo.

8.Con la formación de REMA MUJERES y, a partir de la participación directa de Geovanna Dávalos, acordamos que nuestro acompañamiento debía estar centrado en respetar las decisiones que ella iba tomando acerca de su participación dentro de Acción Colectiva, así como sobre su relación con Gustavo Lozano.Nuestra finalidad fue la de no contribuir a procesos de revictimización y no, como se menciona en la rueda de prensa, tomando partido por Gustavo Lozano, menos aun de protegerlo. Hoy nos damos cuenta de que las acciones de acompañamiento para Geovanna Dávalos,a partir de su consentimiento expresado y registrado en diversos mensajes, reuniones y conversaciones,fueron insuficientes. Reconocemos nuestro error de no haber podido manejar y darle seguimiento a este tema de manera colectiva como red,sino solo a partir de iniciativas individuales.Pero de ninguna manera reconocemos que nuestras acciones fueron proteccionistas, solapadoras u omisas. Debemos decir que fue ella quien unilateralmente dejó de solicitar nuestro apoyo sobre su situación desde julio del 2020, cuando envió sus agradecimientos por la sororidad y el apoyo que la REMA MUJERES le había dado, como también de otros integrantes de REMA mostraron hacia ella.

9.Otro aspecto del acompañamiento para Geovanna Dávalos al interior de la REMA fue que, aun cuando ella finalmente salió de Acción Colectiva, se le permitió continuar participando como aliada de REMA MUJERES, aun y a pesar de que la regla para ser parte de REMA impide aceptar a personas en lo individual, ya que sólo se permite la integración a través de enlaces que deben ser nombrados por pueblos, organizaciones o colectivos. Esta “prerrogativa”le permitió representar a REMA en distintos espacios nacionales e internacionales de defensoras, así como también participó en intercambios de experiencias con grupos de mujeres. No queremos dejar de comentar que su continuación en REMA se deriva de un reconocimiento implícito de las capacidades potenciales, intelectuales y colaborativas que siempre mostró en los espacios de fortalecimiento comunitario, por lo tanto, su trabajo siempre fue reconocido y valorado en la red.

10.Dentro de nuestra asamblea de los últimos días y, ante los recientes acontecimientos analizamos y reflexionamos que estos esfuerzos relacionados con el enfoque de género y las violencias vinculadas no han sido suficientes,en consecuencia,nos implica un proceso más activo, profundo, decisivo y contundente.Una vez más,reconocemos que las acciones personales y colectivas no fueron eficaces en el contexto de la relación personal entre Geovanna y Gustavo. Además,a pesar de que REMA en lo general y REMAMUJERES en lo específico,estamos en constantes procesos de construcción, debemos destinar más es fuerzo en allegarnos de una mayor cantidad de elementos y herramientas incluyendo psicoemocionales orientadas a dar pasos más firmes y congruentes con nuestro horizonte relacionado con expulsar las actividades mineras de los territorios comunitarios y que cada territorio transite a la construcción de espacios libres de violencia de género.

11.Hacemos un llamado de colaboración y construcción para aquellas personas, comunidades y organizaciones que hayan adquirido mayor experiencia y tengan una mayor especialización en estos temas, ya que nuestra convicción es continuar fortaleciéndonos en este y otros temas tan relevantes que tenemos culturalizados los cuales debemos deconstruir en el andar durante los procesos relacionados a la defensa del o los territorios.

12.Informamos que tras conocer la denuncia realizada en la rueda de prensa y tras una nutrida reflexión colectiva al respecto, Gustavo Lozano asumió separarse de la REMA,ante las y los enlaces presentes en nuestro encuentro nacional.

13.Hacemos énfasis que como red emprenderemos acciones que nos lleven a garantizar que el trabajo contra el modelo extractivo se lleve en un contexto donde la sororidad, el respeto y la confianza, prevengan la construcción de círculos de violencia, y de esa manera empezar a responder en mayor prontitud contra todo tipo de violencias, incluyendo las expresiones machistas que socavan la defensa por nuestros territorios y bienes comunes naturales, con el propósito de juntas/os lograr, con ayuda de organizaciones hermanas, respuestas más sólidas ante cualquiera de estos casos que presenten sus múltiples manifestaciones.

14.De manera pública reafirmarnos nuestro compromiso con esforzarnos en romper el pacto patriarcal y estar en contra de toda forma de violencia ejercida en los cuerpos y en los territorios, principalmente de las mujeres que luchan en defensa de los bienes comunes, así como también de las compañeras que hacemos parte de la REMA. Refrendamos nuestra convicción de atender dentro de la REMA las violencias de género, tal cual lo manifestamos el pasado 8 de marzo: “Las mujeres exigimos romper y darle la espalda al pacto patriarcal y desobedecer el modelo extractivista que nos ha hecho tanto daño, que nos mantiene tan vulnerables y que perpetúa la violencia en nuestros cuerpos y territorios”.

ATENTAMENTE:

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Revista Mujeres en resistencia