Compartimos esta nota publicada en ChiapasParalelo de IstmoPress sobre el megaproyectos del corredor interoceánico – A 24 de mayo del 2021
Rechazan las consultas implementadas por el INPI, porque las catalogan “amañadas” *Interpondrán amparo contra la Semarnat y denuncia contra la Procuraduría Agraria *La voz de la mujer, “ni se oye ni se respeta” con la llegada de este megaproyecto.
#Juchitán 23 May (#Istmopress) – Lo han dicho en diversos foros y declaraciones, pero una vez más, representantes de ejidos y comunidades así como colectivos y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec reiteraron al gobierno federal su rechazo al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al señalar que “no es el progreso que necesitan”.
“Hay pueblos que padecen de agua, otros de servicio a la salud, no hay hospitales, el servicio de energía eléctrica es pésimo, no podemos permitir que llegue otro megaproyecto, si los pueblos seguimos abandonados, si a las mujeres nos siguen violentando, si no hay respeto a nuestras voces, así no se puede”, advirtieron los colectivos y organizaciones.
En reunión de medios, dieron a conocer que las consultas realizadas por el Instituto de los Pueblos Indígenas en el 2019 y las actuales donde supuestamente se “avalaron” la construcción de los parques industriales o polos de desarrollo, se efectuaron de forma “amañada” y que en ningún caso las avalan.
Los representantes e integrantes del Núcleo Agrario de Tehuantepec, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Comité de Riego de mixtequilla, Ejidos de San Juan Guichicovi y Mogoñe Viejo, Corriente Sol Rojo, Colectivo Xhuba Xhaxhi, Colonos Afectados de Salina cruz y la Red de Resistencia Civil del Ismo de Tehuantepec, exigieron sean respetados el derecho a la “consulta e información” y lamentaron la división social que se ha ejercito con la implementación de este megaproyecto.
Dijeron que no se puede autorizar vender la tierra cuando es lo único que se tiene para producir y seguir teniendo recursos, y más aun cuando la procuraduría agraria “apresura” en las asambleas que se vendan las tierras, por que vendrá “el desarrollo”.
Señalaron que lo que se ha generado con la compra de la tierra es una practica agravada de “despojo de las tierras comunales” y además crea un conflicto social entre los lugareños.
En el caso del Ejido Rincón Vaquero, el ejidatario Hilario Toscano denunció anomalías en las asambleas de parte de las autoridades agrarias conjuntamente con la Procuraduría Agraria, por lo que enviaran una queja ante las autoridades correspondientes para evidenciar la corrupción que existe en torno a la venta de tierras.
Dijo que para la compra de la tierra, suponen hay intermediarios, quieren pagar 130 mil pesos por hectárea, y en otros lugares como Mixtequilla o Ixtepec Oaxaca, los del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec los ofertan en 250 mil pesos o más.
“Nosotros no queremos vender nuestra tierra, porque no hay información sobre el polo de desarrollo, y eso nos detiene, por fortuna en la ultima asamblea, donde se iba a definir la compra, la paramos, y se echó abajo, nuestra lucha es por que se nos respete la vida y el territorio”.
Recordaron que los antiguos proyectos instalados en el Istmo, como son: La presa Benito Juárez que supuestamente sería el “llanero del Istmo” solo ocasionó el desplazamiento de una comunidad, al igual que proyectos como el Ingenio Azucarero y la Arrocera, no funcionaron.
“Vemos como la Refinería Antonio Dovalí Jaime, supuestamente es progreso, pero desafortunadamente viene afectar el medio ambiente, y ahora con la modernización del puerto de Salina Cruz, vemos como hay daños y afectaciones por la construcción de un rompeolas, el mar se ha retirado en un kilómetro y medio, estas afectaciones nadie las ve, la Semarnat se hace de la vista gorda”, expresó Rafael Mayoral, colono afectado de Salina Cruz, Oaxaca.
Juana Villegas de la Ucizoni y Guilermina Ruiz, habitante de El Barrio de la Soledad, recordaron que “la voz de las mujeres” se excluye del Corredor Interoceánico, es decir “no se ha tomado en cuenta” en este megaproyecto.
“Hemos sido excluidas del corredor interoceánico, el plan maestro fue elaborado en un escritorio, no nos contempla como mujeres, solo incluye la infraestructura, la rehabilitación de puertos, gasoductos, pero el tema de equidad de mujeres, no contempla nada”.
Lamentó que la “violencia contra mujeres” va en aumento y seguirá más con la “militarización” que llegará a partir de esta megaobra, que como lo ha informado el gobierno federal, será resguardado por personal de la Marina, Armada de México.
Finalmente, Carlos Beas Torres, asesor de la Ucizoni informó que desde que comenzó la resistencia de los pueblos y colectivos existen seis amparos contra este megaproyecto y en los próximos días recurrirán a otro más, que será contra la Semarnat por no informar sobre esta obra como debe ser.
Datos del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec o del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec señalan que esta mega obra es junto con el Tren Maya, “los estrellas” y la prioridad del gobierno federal, y contempla la rehabilitación de las vías férreas del puerto de Salina cruz al de Coatzacoalcos, ampliación del puerto de salina cruz y la construcción de 10 polos de desarrollo, más gasoductos, de los cuales el INPI ha realizado consultas.
Honduras debe investigar y procesar inmediatamente a los ejecutivos que conocieron y consintieron el asesinato de Berta Cáceres.
En el último mes de juicio oral y público por el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres, Honduras y el mundo han sido testigo de que el Ministerio Público ha tenido en sus manos desde hace cuatro años pruebas de acciones ilícitas cometidas por la estructura criminal denominada “DESA” constatados en diligencias investigativas realizadas por el mismo Estado, sin embargo se ha negado a actuar.
En el último mes de juicio oral y público por el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres, Honduras y el mundo han sido testigo de que el Ministerio Público ha tenido en sus manos desde hace cuatro años pruebas de acciones ilícitas cometidas por la estructura criminal denominada “DESA” constatados en diligencias investigativas realizadas por el mismo Estado, sin embargo se ha negado a actuar.
La prueba evacuada en el juicio contra David Castillo, oficial de inteligencia militar entrenado en los EEUU, ha demostrado que el imputado planificó el asesinato de Berta Cáceres mientras se desempeñaba cómo gerente general de la asociación ilícita denominada “DESA” bajo el mando de la familia Atala Zablah y en coordinación con otros ya condenados empleados de la empresa.
Los cientos de registros, chats y audios presentados por la perito del Ministerio Público son contundentes y han demostrado el claro papel de Castillo y sus jefes en años de acciones de hostigamiento, seguimiento y criminalización contra Berta Cáceres y miembros del COPINH.
Lo que se está revelando en los tribunales nacionales de Honduras sobre el papel de grupos económicos, del sector de la industria extractiva y de las más altas esferas del Estado en el asesinato de la defensora de los derechos indígenas sienta un precedente no sólo para Honduras, sino para toda la región; es un momento histórico y una oportunidad para derribar los muros de impunidad.
2 de Junio: Día de Acción Global por la Justicia para Berta
Toma acción:
1- Envía una carta a las autoridades hondureñas exigiendo que se investigue y enjuicie a todos los responsables del asesinato de Berta Cáceres, incluidos los miembros de la Junta Directiva de DESA y los ejecutivos de la empresa, que resalte:
El juicio oral y público contra David Castillo se ha evidenciado públicamente y con claridad la estructura criminal que está detrás del asesinato de Berta Cáceres. El imputado David Castillo, actuó en subordinación de los miembros de la Familia Atala Zablah, quienes eran los accionistas mayoritarios y formaban parte del consejo administrativo de la empresa DESA.
El juicio ha revelado cómo la estructura detrás del hostigamiento, la vigilancia y el feminicidio de Berta Cáceres incluyó los más altos niveles del estado hondureño y el Estado de Honduras ha tenido esta prueba en sus manos durante los últimos cuatro años; es hora que actué.
Para cerrar el círculo de la impunidad y asegurar la reparación y la no repetición, debe investigarse el papel que jugaron estos actores.
Llamar y escribir a:
Juan Orlando Hernández, Presidente de la República diseloalpresidente@presidencia.gob.hn info@presidencia.gob.hn
Mauricio Oliva, Presidente Congreso de la República secretariacnhn@gmail.com
Rolando Argueta, Presidente Corte Suprema de Justicia arguetarolando1@yahoo.com presidencia@poderjudicial.gob.hn
Lidia Estela Cardona, Procurador General de la República +504 2235-6100
Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República suazog@mp.hn
Rosa Seaman, Secretaria de Derechos Humanos rosaseamanhn@yahoo.com
Danilo Morales, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. analisisderiesgodgsp@gmail.com, proteccion.ddhh.hn@gmail.com
Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. observatorio@sdhjgd.gob.hn
Blanca Izaguirre Comisionado Nacional de Derechos Humanos CONADEH blanca.izaguirre@gmail.com
Otros contactos
Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. ambassade.honduras@chello.be
Luis Cordero Montoya, Embajada de Honduras en OEA. honduras@oas.org
Luis Suazo Barahona, Embajador de Honduras en Estados Unidos +1 (202) 699-7702
Sofia Lastenia Cerrato Rodriguez, Embajadora de Honduras en Canadá ambassador@embassyhonduras.hn
2- Exige justicia para Berta en las redes sociales: Twitazo por la #JusticiaParaBerta
Tómate una fotografía y exige la captura de los autores intelectuales del crimen y Justicia para Berta
Ejemplos de tuits:
Las pruebas que han sido reveladas en el juicio contra David Castillo son contundentes para procesar a los demás autores responsables del asesinato de #BertaCáceres: la familia Atala Zablah. Es deber del @MP_Honduras procesarlos.#JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala
BertaCáceres fue asesinada por reivindicar los derechos indígenas y territoriales en Honduras ante la imposición de proyectos extractivos. El @MP_Honduras debe procesar y juzgar a los ejecutivos de la hidroeléctrica que planificaron y pagaron su asesinato.#FaltanLosAtala
El @MP_Honduras cuenta ya con las pruebas necesarias para procesar a todos los responsables del asesinato de #BertaCáceres. Es su deber investigar y procesar a la familia Atala Zablah. Justicia a medias no es justicia. #JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala
Las pruebas son claras: David Castillo es sólo una pieza en la estructura criminal detrás del asesinato de #BertaCaceres. @MP_Honduras debe procesar ya a los autores intelectuales de la familia Atala Zablah que dirigían el proyecto hidroeléctrico contra el que Berta luchaba.
*En el mundo hay 20 mil especies de abejas en el mundo, pero México hospeda más de 2 mil, es decir, el 10% de la diversidad mundial.
*Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.
Investigaciones realizadas en diversas partes del mundo muestran que los abejorros están siendo afectados por el cambio climático, ante ese escenario Oscar Martínez, Jonathan B. Koch, Miguel A. Martínez, Darío Navarrete, Eunice Enríquez, y Rémy Vandame, investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)realizaron un estudio para determinar si el calentamiento global impactará a las especies nativas de la región Mesoamericana.
Los investigadores hicieron una serie de análisis utilizando registros de 18 especies de abejorros nativos con variables climáticas recientes (1950 – 2000) y proyecciones futuras (2050 – 2070) para los países de Centroamérica y México.
Encontraron que las especies perderán de aquí al año 2050, de 7 a 67% de su distribución potencial en los escenarios y modelos más conservadores y en atmósferas más críticas perderán de 16 a 100% de su distribución potencial, esto significa que algunas especies podrían desaparecer por completo.
Sobre si los abejorros se moverían a nuevas áreas ante los cambios de temperatura, revelaron que hay probabilidad de que se desplacen a cualquier parte de Mesoamérica, la mayoría de las especies se iría hacia el sur, como sucede en otros grupos de animales y plantas.
Esto probablemente debido a que en el norte no hay montañas a las cuales estas abejas puedan acceder o por otras razones ecológicas o evolutivas aún por estudiar. Por ejemplo, especies de abejorros que habitan las montañas del Centro de México podrían encontrar nuevos sitios climáticamente favorables en montañas del sur como el altiplano guatemalteco, señalaron los investigadores.
Concluyeron que las especies sí tendrán un cambio en su distribución altitudinal, es decir, se moverían a las zonas más altas, en las montañas hasta que de manera eventual ya no tengan a donde subir.
Es así como los investigadores de ECOSUR propusieron diversas estrategias para proteger a estos polinizadores, pero la más importante limitar o revertir el proceso del cambio climático, implica acciones fuertes en los altos niveles de gobierno, a escala nacional e internacional.
Lo anterior para modificar el modelo de crecimiento económico basado en el consumo de bienes, establecido desde la revolución industrial y que genera contaminantes que incrementan el calentamiento global.
Al mismo tiempo, propusieron estrategias orientadas a preservar condiciones locales favorables para los abejorros, pues en su investigación encontraron que solo una porción muy pequeña de la distribución actual de las especies que estudiaron se encuentra dentro de las áreas naturales protegidas, alrededor de 14% en promedio en la actualidad.
Plantearon la creación de nuevas áreas naturales protegidas en zonas donde muchas especies de abejorros cohabitan, por ejemplo, el eje Neovolcánico mexicano.
Sin embargo, destacaron que estos espacios no son una tarea fácil, pero el manejo del paisaje donde los distintos actores tomen decisiones para contribuir a la conservación de los polinizadores podría tener un impacto positivo.
Para finalizar, señalaron la necesidad de emprender actividades de educación ambiental para promover la siembra de plantas nativas de importancia para las abejas en el área rural y urbana.
Las abejas son un grupo importante de insectos polinizadores, tanto de plantas nativas como de cultivos, dentro de este grupo se encuentran los abejorros (Apidae: Bombus), son grandes, peluditas, con patrones de coloración amarillo, rojo oscuro y negro, están asociadas a climas templados y fríos.
México y la apicultura
Rémy Vandame dio a conocer que, el 90 por ciento de las plantas silvestres, 75% de los cultivos y 33% de las tierras cultivadas dependen de la polinización por abejas en alguna medida.
Señaló que México es el tercer país exportador de la miel en el mundo, surte los mercados más exigentes con productos de alta calidad, y 40 mil apicultores mexicanos dependen de la apicultura y la meliponicultura.
Chiapas y la apicultura
Apicultores en riesgo por bajos precios de miel, por el coyotaje.
De acuerdo con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Chiapas se destaca entre las 4 entidades principales productoras de miel de abeja junto con Yucatán, Campeche y Jalisco, sin embargo, la producción en algunas zonas del estado se ve amenazada por diversos motivos, uno de ellos son los bajos precios de venta, interpuesta por el “coyotaje” que existe en el sector apícola.
Testimonios de apicultores pertenecientes a los municipios de Socoltenango, Venustiano Carranza, Las Rosas y Tzimol dan a conocer que, la producción de miel se ha visto disminuida, por la deforestación, el cambio de uso de suelo por la siembra de caña de azúcar y maíz, y por el bajo precio que los “coyotes” ofrecen al pagar por la miel.
Los productores de miel señalaron que si no acceden a vender a precios bajos se quedan con su producto, al rezagarse pierden el 50% de su valor, lo que genera pérdidas que complica la siguiente cosecha.
Francisco Gutiérrez, apicultor originario del pueblo de Soyatitán, mencionó:
En nuestra zona, la producción de miel ha venido disminuyendo en los últimos años, porque las sequías han acabado con la floración, cada vez el cultivo de caña de azúcar abarca más territorio, dejando sin territorio a las abejas.
La competitividad de la miel sintética
Miel sintética acaba con la competitividad de apicultores chiapanecos
SADER emitió la Norma Oficial Mexicana 004 (NOM-004 SAG/GAN-2018), en ella se establecen las condiciones que debe cumplir la producción y comercialización de miel, y cuyo objetivo es evitar la presencia del dulce adulterado en el mercado, para impedir fraude al consumidor, proteger la apicultura y a las abejas.
La Norma busca impulsar el desarrollo de la apicultura nacional, actividad cuyos empleos benefician de manera directa e indirecta a más de 43 mil familias, y la competitividad de la cadena productiva de la miel.
Félix Mandujano, productor apícola, informó que para el sector los últimos meses han sido de pérdidas significativas, ya que la exportación se ha detenido por la creación de una miel sintética creada en China.
Mucha de la miel rezagada ya no la comprarán. Son pérdidas significativas para el sector. Pero, la miel que ya invade a los mercados de Europa es una miel sintética elaborada con betabel, arroz y otros ingredientes, dijo el apícola.
Mandujano agregó que, además de estas problemáticas, se tiene una caída considerable del precio de venta de miel, el cual suele oscilar entre 45 a 50 pesos y ha caído hasta los 20 o 25 pesos.
El productor apícola explicó que en estos momentos la miel se paga por kilo alrededor de 25 a 30 pesos, sin embargo, el precio de la producción es de 25 a 28 pesos, lo que significa nulas ganancias para el sector apícola.
Imagen: Tres de cada cuatro cultivos de frutas o semillas que se producen para consumo humano dependen, al menos en parte, de las abejas y otros polinizadores. Cortesía: Hannier Pulido; Laboratorios de De Moraes y Mescher
Compartimos este reportaje publicado en la Biodiversidad LA sobre el corredor transistmico – A 13 de abril del 2021
«No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios».
En las múltiples alianzas y confrontaciones antiguas, hay unas que son significativas para entender la presencia de los pueblos mixes ante el paso interoceánico. El bloque de mixes, popolucas y chinantecos poblaban gran parte de lo que hoy es Coatzacoalcos; mientras que, en el paso intermedio, estaban los mixes, zoques y choles; el Istmo era ocupado por mixes, chiapanecas y zoques. Estos pueblos eran aliados. En toda esta franja también se podían encontrar tseltales, tsotsiles, tojolabales, entre otros grupos. En contrapartida, los zapotecos (las élites de Valles Centrales), mixtecos (cercanos a los anteriores) y nahuas de la Cuenca de México (posteriormente tlaxcaltecas) formarían una alianza con los hispanos, quienes pretenderán apropiarse del territorio del corredor. Las rencillas de mixes contra zapotecos y mexicas eran muy antiguas, al igual que su cercanía con algunos grupos mayenses. El punto es que varias comunidades mixes poblaban el tránsito entre las dos costas oceánicas.
A Enrique Peña Nieto le tocó promover las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para dar continuidad al megaproyecto de los gobiernos anteriores, además de impulsar la inversión china, sólo que ya no se trataba solamente de un corredor de comunicación, sino industrial. Igualmente, intentaba rehabilitar la vía ferroviaria. En las ZEE quería enlazar la conexión pendiente con Chiapas y el sureste (para conectar con Centroamérica) y también con los estados de Michoacán y Guerrero. En este periodo también entraron otras intenciones en la industria, como la farmacéutica, por la Southwest Energy. El corredor se ve como un paraíso para diferentes empresas. Pero bueno, las intenciones de Peña Nieto también fueron soterradas. Otro partido obtuvo el poder: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gana la presidencia con Morena.
Las noticias se mostraban alentadoras cuando se anunció que AMLO eliminaba el proyecto de las ZEE, además de que, con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y su dirección por parte de Adelfo Regino, luchador social mixe, originario de Ayutla, parecía que los megaproyectos llegaban a su fin. Sin embargo, desde el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 19 de noviembre de 2019, quedaba claro que la erradicación de las zonas especiales se debía a que “las mismas no han podido operar” por no cumplirse los requisitos legales y no haberse “reportado inversiones públicas productivas”. Esto es, se requería de un nuevo proyecto que permitiera la factibilidad real y concisa del funcionamiento del Corredor Interoceánico como de otros proyectos pendientes en los estados de la República que enlazaran las economías con Centroamérica, Suramérica, Europa y Asia.
AMLO toma posesión el 1 de diciembre de 2018; para el 23 del mismo mes presentaba su Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) y designaba a Rafael Marín Mollinedo como su director. Junto con este proyecto retoma los pendientes como el Tren Maya —o Tren “malla” o Tren No Maya como lo nombran los colectivos mayenses. Eso sí, pone mayor énfasis en las injusticias sociales y señala que su proyecto sí tratará de subsanar la pobreza. Pero aquí estamos, con el mismo proyecto de dominación sobre la región. Las zonas de influencia quedan demarcadas con todas sus letras, sin sutilezas, sobre los territorios mixes, chontales, huaves, zoques, zapotecas, nahuas y popolucas, aunque sin nombrar a los pueblos en específico. Los mapas que presenta sólo muestran una región ampliada y fantasmagórica (como los programas anteriores), así que es una tarea personal comenzar a cruzar la información cartográfica para poder señalar los pueblos afectados. A lo largo del corredor se crearán “zonas libres” para la inversión privada y con la modernización del ferrocarril del Istmo a Coatzacoalcos también pretende la construcción de un gaseoducto y una línea de fibra óptica para abastecer la demanda de las empresas y atender a los ciudadanos (en este orden). Para el proyecto requerirá dos recursos fundamentales: energía y agua.
En el decreto por el cual establece la creación del Corredor se declara a este organismo como público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con atribuciones para celebrar todo tipo de actos jurídicos y de contratos, es decir, que pueda hacer lo necesario para concretar el proyecto. Asimismo, se declara al INPI como entidad responsable para velar por la identidad, cultura, costumbres y recursos naturales de los pueblos, además de coadyuvar en los procedimientos de consulta. Esto, que parece positivo, no lo es tanto, pues como los mismos pueblos han indicado, existen arbitrariedades en los procesos, repitiendo las situaciones de otros años.
Mapa proporcionado por la autora
El meollo del asunto se encuentra en la legitimización de las consultas a los pueblos, en donde el INPI, como “velador” de los intereses de los pueblos, evita acatar sus decisiones para proteger los intereses del Corredor. ¿O bien se desconocen los detalles que afectarán a la región? La zona de influencia no abarca al pueblo de Ayutla, de donde es originario Regino, pero sí lo abarcan los parques industriales. En este sentido, las recientes denuncias al chat pornográfico “Sierra XXX” por colectivos mixes y, especialmente, por la activista Yásnaya Aguilar (Ayutla), son muestra de cómo lo que se juega en las fichas de la política tiene como fondo los megaproyectos. Humberto Santos (Zacatepec), quien fue evidenciado como parte de la red digital que exponía a mujeres mixes, renunció (o fue destituido por el bien mayor) a la candidatura por la diputación local. A la contienda por la candidatura del Distrito Mixe-Choápam se sube otro compañero de las mismas mañas. Es de notar que los participantes mixes del chat son o eran parte del INPI, así que, ¿qué está operando a través de un grupo de personas mixes que trabajan para el Estado? Es evidente que el partido en el gobierno requiere ser mayoría para generar los proyectos detenidos (como cualquier otro partido en el poder), pero, aunque éstos ganen, las movilizaciones sociales continuarán por la defensa del territorio —otra cosa es que los partidos de oposición estén de oportunistas—, pues la vida de los pueblos está más allá de las decisiones partidistas, llámese PRI, PAN o Morena. El dispositivo de poder devora todo a su paso. Los intereses personales quedarán aplastados por los intereses transnacionales. El pueblo de Zacatepec, de donde es originario Humberto Santos, sí es parte de la zona de influencia del Corredor. La lucha en las relaciones de poder es la lucha de intereses.
Entre los objetivos del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 pueden encontrarse puntos que mueven los sentimientos de justicia, pero basta contrastarlo con la realidad. Sí, están los compromisos en conformidad con el Convenio 169 de la OIT, pero no las vías para que, en caso de que un pueblo no acepte, el proyecto cambie. En todos los programas se da por entendido que los pueblos aceptarán el proyecto. También está presente el discurso para acabar con la pobreza bajo los mecanismos globales de progreso, pero no bajo la dinámica de mejorar la vida conforme los pueblos lo decidan. Para “convencer” a las comunidades se hacen recorridos en la región para ver la posibilidad de “ayudar”, a la vez que se valoran los “recursos humanos, materiales y operativos” con que cada uno cuenta. En este mismo sentido, no podemos dejar pasar desapercibido el anuncio de que el programa “Sembrando vida”, que da un apoyo económico a los comuneros, se extenderá a los municipios oaxaqueños en donde influirá el Corredor. El proyecto del Corredor se abrió públicamente a la inversión extranjera. Surbana Jurong, empresa de Singapur, desarrollará el proyecto para conectar los puertos a nivel internacional (como se ha venido planeando: Asia, Europa y Sudamérica), además de dos áreas económicas (Veracruz y Oaxaca). Algo que está de manifiesto en las cartografías sobre los megaproyectos (Colmix, Geocomunes, Ejatlas) es que hay un cerco sobre la mayor parte de la región mixe, sobre todo a lo que correspondería al Distrito. Las extracciones mineras de metales (plata, oro) y no metales (arena, granito, mármol) ya están muy próximas a volver a operar, ahora en conjunto con la adjudicación del agua. Así que Morena deberá ganar este distrito (y otros) para que los proyectos se efectúen. La región mixe es rica en varios recursos naturales, no lo olvidemos.
En el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (2019) se establece la “gran riqueza en recursos hídricos” en la región del Corredor, con ello quedan de manifiesto tres ríos: Coatzacoalcos (el más importante), Tehuantepec y Los Perros; de tres afluentes: Uxpanapa, Cuachapa y Cahuapan, además, por supuesto, de las corrientes subyacentes. Las ramificaciones acuíferas atraviesan la región mixe, desde los pueblos más cercanos al istmo (Guichicovi), como los más alejados (Cotzocón y Zacatepec). Todos los afluentes que pasan por los pueblos están dentro de la “zona de influencia”.
Así, cuando superponemos el mapa de los programas gubernamentales con la región geográfica que ocupan los mixes, queda en evidencia que la zona de influencia (de la que casi no se habla), aunque oculta, está a la vista.
Mapa proporcionado por la autora
El agua es un asunto que no puede dejarse pasar, pues en caso de que no se obtenga el líquido vital, el gran proyecto quedaría nuevamente en entredicho. Así, por las disposiciones de que el proyecto se lleve a cabo, el apremio es grande. ¿De qué sería capaz un gobierno que ve truncadas sus ilusiones, más cuando existe una fuerte presión por parte de las empresas extranjeras que están invirtiendo? En Oaxaca se encuentran 64 de las 66 áreas certificadas como “riqueza natural”, las otras dos son de Veracruz. Para que este megaproyecto pueda realizarse se requieren de los recursos acuíferos y energéticos, los territorios y las costas: los que están en las comunidades indígenas.
No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios.
El Corredor Interoceánico sigue siendo una alternativa al Canal de Panamá. Hay muchas industrias que están en medio de este proyecto, nacionales y extranjeras (estadunidenses, canadienses, chinas, singapurense) y también de diferentes ramos (hidrocarburos, agroindustriales, comunicaciones, manufactureras, navales, mercantiles, mineras, etcétera), puntos que favorecen a la inversión extranjera, pero que mantienen y acrecientan la dependencia económica de la región, todavía más cuando los comuneros pierdan sus tierras y se vuelvan obreros asalariados sin hogar. Las fronteras económicas (creadas por las inversiones extranjeras de diferentes nacionalidades) son las nuevas lindes, las fronteras políticas sirven para preservar dichos límites. Si los pueblos desearan entrar al sistema-mundo debería de ser bajo sus términos, no por imposición.
La conexión de la vía transístmica (Istmo-Coatzacoalcos) con la vía del Tren Maya (península), recordemos, es por Campeche. ¿Acaso no es el estado en el que se tiene prisa por vacunar y que empiece la vida económica de forma inmediata? No es fortuito, es parte de la unión de megaproyectos. La línea de Chiapas es la que se unirá con Guatemala. Así, esta parte del sur de México se unirá con los proyectos centroamericanos, pero también el Corredor tendrá la virtud de que se pueda unir con los proyectos andinos y amazónicos. No olvidemos que el Corredor sólo es un engrane en la gran maquinaria de las macroeconomías. Los países de Bolivia y Brasil también tienen urgencia en que los megaproyectos se realicen. Lo que queda de manifiesto en la historia del proyecto del Corredor Interoceánico con respecto a los pueblos mixes —como de otros— es el punto de control económico, político y bélico, que ha pretendido ser a costa de sus vidas.
Ana Matías Rendón, escritora de origen mixe, licenciada en filosofía y maestra en estudios latinoamericanos. Directora de Sinfín: Revista Electrónica. Sus últimas publicaciones: “El registro del espacio-tiempo mixe y su (re)inicio” (ensayo) y La discursividad indígena (libro).
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 21 de mayo del 2021
FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se pronuncia acerca de la noticia del NO otorgamiento de un nuevo préstamo del banco holandés FMO al banco FICOHSA de Honduras por las reclamaciones acerca de su involucramiento en actos de corrupción así como graves violaciones de Derechos Humanos.
Saludamos la decisión del banco FMO de no otorgar el préstamo de 60 millones de dólares al banco FICOHSA Honduras del señor Camilo Atala. El camino correcto es el de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que hemos sufrido del coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las élites económicas.
Comunicamos que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento del Banco FICOHSA al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de su reiterada negación por parte de FICOHSA.
Exigimos el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.
Exigimos a los bancos inversores en estos proyectos a que presten atención al llamamiento de comunidades afectadas y detengan inmediatamente las inversiones que afectan los derechos al agua y al territorio, antes de que más personas sean asesinadas, criminalizadas y desplazadas por reivindicar sus legítimos derechos.
Reconocemos el trabajo de comunidades afectadas y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como el proyecto Jilamito en Atlántida.
Exhortamos a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional responsable del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades y pueblo hondureño.
Dado a los 21 días del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el retorno de familiar de las Abejas de Acteal a su comunidad – A 21 de mayo del 2021
*Las familias se refugiaron en el campamento de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, y “su único delito: la resistencia frente a la violencia que viene del estado”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que, 6 familias tsotsiles -30 personas en total- originarias de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros del municipio de Chenalhó, e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, retornaron este 20 de mayo de 2021, a su comunidad luego de permanecer un año, nueve meses y cuatro días en desplazamiento forzado interno.
Mencionaron que, desde el 16 de agosto de 2019, Las Abejas de Acteal no habían desistido a la búsqueda de un retorno seguro y digno para sus compañeros, esto con la demanda del diálogo ante las autoridades oficiales locales, municipales y estatales para el respeto a su autonomía y libre determinación.
Dicho retorno se dio en un contexto de falta de protección a las personas en situación de desplazamiento forzado interno en Chiapas, así como a la falta de verdad y acceso a la justicia.
El Frayba recordó que, familias de Rio Jordán y Los Chorros, fueron desplazadas de manera violenta de su comunidad, donde destruyeron y saquearon algunas de sus casas, así como el corte de luz y agua, por no aceptar proyectos gubernamentales.
En donde María Angélica Jiménez y María del Carmen Jiménez Ramírez, ambas niñas fallecieron en el periodo del desplazamiento forzado (26 de febrero de 2020 y 1 de mayo de 2021, de manera respectiva) provocando un profundo dolor no solo a sus familias sino a toda la organización.
El Día del Niño falleció María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal. Cortesía: Las Abejas de Acteal
Jiménez Ramírez nació desplazada en Acteal hace seis meses, con una vida corta difícil, pues vivir hacinados en un pequeño cuarto de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, donde la leña húmeda y el humo tupido se penetra en los pulmones de las mujeres, niñas y niños.
La noche del 29 de abril, Jiménez Ramírez no pudo dormir de llanto, cuando sus papás la llevaron al hospital en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el día 30, la carretera en malas condiciones, la distancia entre Acteal y el hospital, la indiferencia del tráfico vehicular y la desesperación hicieron que se complicara su situación.
La pequeña niña murió en el marco de desplazamiento forzado, en un México en donde los pueblos originarios son despojados de su territorio, pero sobre todo en donde no se garantizan los derechos, ni la vida de las niñas y niños.
Ante dicho contexto, la CDH dijo que, el mensaje del estado mexicano es que no se garantiza los derechos de las niñas y niños a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Enfatizaron que, la violencia contenía, los municipios más visibles son: Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó, y Venustiano Carranza, además el desplazamiento forzado interno es uno de los fenómenos históricos que han sido invisibilizados, entre otros por la falta de respuesta del Estado, que permite la vulneración continua y múltiple de derechos, enmarcándose en tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura.
Las familias que ahora retornan, han perdido parte de su historia en Rio Jordán y Los Chorros, sus bienes materiales y mantienen el dolor profundo frente a la incertidumbre del desarraigo territorial, mientras la situación no se resuelva, mencionó el Frayba.
Añadieron que, ante el hartazgo de promesas incumplidas, las familias decidieron retornar en compañía de algunas de las autoridades de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, colectivos en solidaridad a su proceso de paz, autoridades religiosas, organizaciones de derechos humanos, observación internacional y medios de comunicación.
Hacemos responsable al Estado mexicano de la vida, salud, integridad y seguridad personal de las 30 personas que hoy retornan a su comunidad; exigimos la reparación integral del daño que se les ha causado frente a su lucha por la defensa de la vida, acentuó el CDH.
Reafirmaron que la tortura ya no es exclusiva de personas privadas de la libertad o como método de represión a movimientos sociales o de resistencia, sino que en la actualidad se presenta dentro de las dinámicas del desplazamiento forzado interno que ocurren en el estado.
Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Fotos: Luis Enrique Aguilar
Por último, se sumaron a la exigencia de justicia al estado mexicano para que garantice la vida, salud, seguridad e integridad de las seis familias y para que atienda la situación desde la raíz, detenga los hechos de desplazamiento forzado interno y aplique los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población.
Imagen: Retorno de las familias de Río Jordán, Colonia Los Chorros, Chenalhó. Cortesía: Frayba
Comunicado de Amigos Internacional ATI en solidaridad con el pueblo palestino – A 19 de mayo del 2021
Amigos de la Tierra Internacional condena los ataques continuos de Israel contra Palestina, que incluyen escandalosos bombardeos a mujeres y niños/as, infraestructuras civiles y lugares densamente poblados, y ataques a edificios que albergan a medios de comunicación, amenazando el derecho a la libertad de información.
Durante décadas, la ocupación israelí le ha negado a la población palestina el acceso y control de sus tierras, fronteras y recursos naturales. La ocupación es fuente de graves violaciones de los derechos humanos y ambientales del pueblo palestino, incluyendo por contaminación, destrucción de medios de sustento y acaparamiento de tierras y agua, leyes de planificación discriminantes y desplazamiento y desalojos forzosos.
Los violentos ataques recientes contra el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza sitiada ocurridos tras una campaña persistente y sistémica de represión y opresión por las fuerzas de ocupación en Jerusalén Oriental, y los planes israelíes de expulsar por la fuerza a la población palestina de sus hogares en Sheikh Jarrah ponen al desnudo un patrón de desprecio flagrante por la vida, los derechos humanos y el derecho internacional.
Aljazeera informó el 18 de mayo de 2021 que los bombardeos de la sitiada Franja de Gaza por las fuerzas israelíes, que ya llevan dos semanas, han segado la vida de al menos 201 palestinas/os, entre ellas/os 58 niñas/os y 35 mujeres, según las autoridades sanitarias de Gaza. Más de 1300 personas más han sufrido heridas. Israel informa que al menos 10 personas, dos de ellas niñas/os, perdieron la vida en los ataques de Hamas con cohetes.
Condenamos el uso de armas letales contra la población civil y objetivos civiles que ponen en riesgo la vida de civiles.
Además, hay más de 38.000 palestinas y palestinos desplazados internamente en Gaza, según la ONU, que están buscando refugio en 48 escuelas del Organismo de Socorro de la ONU para los Refugiados Palestinos (OOPS/UNRWA) a lo largo y ancho de ese territorio costero. Esa cifra incluye no menos de 2.500 personas cuyos hogares fueron completamente destruidos por los bombardeos israelíes recientes. Conseguir agua y comida también se está tornando difícil.
Estas agresiones ocurren en medio de una pandemia contra la que el sistema sanitario de Gaza está luchando con un número cada vez mayor de casos de contagio con Covid-19. Los ataques actuales contra la Franja de Gaza sitiada han obligado al personal médico a reducir o suspender la atención de pacientes con Covid-19, reasignar sus camas en los hospitales a las/os heridas/os y lidiar con instalaciones averiadas.
Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a nuestro repudio de esos ataques:
Pídele a tu gobierno que se manifieste en contra de esta violencia y exija el cese de estas aborrecibles injusticias provocadas por Israel.
Emprende acciones para que cese la Nakba de Palestina y la masacre en Gaza sumándote a las manifestaciones de protesta que se estén llevando a cabo en tu zona organizadas por palestinas/os y movimientos de solidaridad con Palestina, u organízate con más personas para convocar una protesta si no hay ninguna planificada.
Lleva pancartas y carteles condenando la agresión actual contra Gaza y Sheikh Jarrah.
Comparte fotos y videos ampliamente en las redes sociales.
Amigos de la Tierra Internacional insta urgentemente a todos/as los líderes y lideresas mundiales a que terminen de una vez por todas con la ocupación de los territorios palestinos por Israel, un Estado que viola el derecho internacional a diario amparándose en la ausencia de cualquier tipo de rendición de cuentas. Exhortamos a la comunidad internacional a que intervenga de forma inmediata para detener los crímenes de Israel y reitere su llamamiento a las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 para que cumplan con sus obligaciones.
Expresamos nuestra solidaridad internacionalista inquebrantable y constante con PENGON/ AT Palestina y el pueblo palestino y exigimos el cese inmediato de la ocupación de los territorios palestinos y el fin de esta violencia escandalosa.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de mayo del 2021
En fechas recientes el innombrable multimillonario Alberto Baillères, propietario del conglomerado Grupo Bal, integrado por cerca de 15 empresas entre las que destacan minero Grupo Peñoles y su emblemática empresa Fresnillo plc, ha estado muy activo cerrando un ciclo de vida llena de oprobios y saqueo de los pueblos generándole ganancias desorbitantes. A sus 89 años, le hereda a su hijo Alejandro Baillères la presidencia de cada una de las empresas del poderoso conglomerado, hijo al que seguirá aconsejando desde la consejería honoraria.
Su “cesión de derechos”coincide con el 13voaniversario de la poderosa productora de plata y oro Fresnillo plc (primera productora de plata en el mundo y de oro en México), al mismo tiempo que, para sumar a los festejos, hace un par de días ésta empresa recibió, junto con su alma mater Grupo Peñoles, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por su contribución y compromiso con el desarrollo sustentable, el cual le fue entregado por el muy cuestionado Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi).
En el contexto de la fiesta y su jubilación, justo al lado de su proyecto minero más emblemático;“La Herradura” (una de las minas de oro más grandes en México), en Sonora, se encuentra la mina denominada “Dipolos” también de la empresa Penmont subsidiaria de Peñoles, que se ubica en el municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora. Ésta operó dentro del Ejido “El Bajío”, ejido que ha dado una batalla emblemática en contra de una cantidad impresionante de agresiones y violaciones gestadas por los operadores de este proyecto, a tal grado que, el último desenlace sucedió el 29 de abril de este año, día en el que son sustraídos de su domicilio y asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega- ejidatario y avecindada respectivamente-, además de colocarles una cartulina con 13 nombres más de “El Bajío” quienes, al margen del dolor de esta pérdida, no se amedrentan y continuarán luchando contra la fatídica compañía. http://www.remamx.org/2021/05/comunicado-rema-asesinan-a-integrantes-de-la-rema-en-sonora/
La empresa rápidamente salió a medios para desmentir su participación en este cobarde asesinato, sin embargo, nada menciona de todas las denuncias que nuestro compañero José de Jesús Robledo Cruz realizó en contra de la empresa señalando las amenazas y la tortura de la que él y María su esposa, fueron objeto, así como del constante hostigamiento instrumentado por el gobierno de Sonora a cargo de la familia Pavlovich que opera de manera abierta y cínica a favor tanto del empresario minero como del tío de la gobernadora, tanto que la empresa se atreve a entrar en desacato sobre las decenas de sentencias a favor del ejido. En este contexto, más que penoso resulta la respuesta totalmente evasiva que realiza el presidente de la república a pregunta expresa sobre el tema en la mañanera https://www.youtube.com/watch?v=wYYR5xTGKIg(sobre Ejido El Bajío 1:03:00), dejando claro que estos empresarios sanguinarios son intocables.
Los manteles largos del Sr Baillères no sólo están llenos de sangre, sino también de impunidad y de una descarada y abierta protección estatal y federal al usar fuerzas armadas1 legales e ilegales contra la población para amedrentar, intimidar y violentar a las y los ejidatarios, todo de forma tan desproporcionada,que contrasta con los recitales matutinos del Sr. presidente de la república cuando habla del castigo a los culpables. Basta señalar que, desde el 2014, el Tribunal Unitario Agrario N° 28 reconoció el derecho de las/los ejidatarios a recibir las rentas por la ocupación ilegal de sus tierras, lo cual incluye la devolución del oro ilegalmente extraído durante el periodo de ocupación, al igual que también el ejido ganó la restauración por daño ambiental causado en sus tierras, cuestión que quedó en firme con la intervención de tres distintos Tribunales Colegiados, pero sin que a la fecha se hayan saldado las últimas dos.
Sr. presidente Andrés Manuel López Obrador, la lucha de El Bajío lleva 25 años y el expediente de su lucha es amplio y bien fundamentado, sin embargo, ni ganando legalmente es posible meter en orden al Sr. Baillères quien, como otros empresarios tiranos de México, parece disfrutará el resto de sus días gozando de plena impunidad, pero esta vez durante el periodo de su mandato, por lo tanto, usted pasará a la historia al igual que sus antecesores como otro presidente de la nación protector de los saqueadores más grandes del país, que despojan y criminalizan al pueblo mexicano, ese mismo pueblos que dice usted amar y defender. Criticar los monopolios y saqueo de empresas mineras privadas no debería limitarlo sobre sólo algunas de ellas, como ha sido el caso con las empresas Américas Gold and SilveroFirst Majestic, sino aplicarse a todas las empresas saqueadoras que existen a lo largo del país. Sin embargo, curiosamente ni críticas, mucho menos seguimiento legal sobre las atrocidades, ilegalidades, saqueos, enfermedades y muertes que rondan sobre las empresas de los señores Baillères, Larrea, Slimy Salinas Pliego, “casualmente” artífices de los proyectos emblemáticos que usted impulsa y, en consecuencia, intocables al margen de existir un claro conflicto de interés.
Desde la REMA advertimos que, las celebraciones y premios del octogenario empresario minero, se empañan por la fuerza y determinación de nuestras/os compañeros quienes, a pesar de las dolorosas pérdidas humanas, la intimidación y el desplazamiento del que son objeto, continuarán denunciando las atrocidades de este empresario que ha forjado su grandeza monetaria a costa del saqueo de nuestro país.
Una vez más hacemos el llamado para que se garantice, por parte de la fiscalía general del estado de Sonora que, al menos una de las líneas de investigación conducentes, pivote en torno a la actividad minera en el ejido El Bajío, así como a la reparación del daño a la que está obligada la minera Penmont.
Felices fiestas, celebraciones y jubilación Sr. Baillères,esperemos disfrute y deguste los bocadillos que le serán colocados sobre sus manteles largos llenos de sangre. Es una vergüenza que su hijo reciba como herencia una vida llena de violencia, el despojo, asesinatos y saqueo.
CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ, AMBOS TAMBIÉN DEL EJIDO EL BAJIO
LA IMPUNIDAD LE PESA A LA 4T
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Les compartimos algunas fotografías de las instalaciones de biodigestores en difententes puntos de Chiapas, para la generación de Biogas y Biofertilizante.
El uso de los fogones abiertos afecta la salud especialmente de las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños. En muchas regiones del campo la dificultad de conseguir leña, o su exclusivo uso está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, la pobreza de los suelos, entre otras consecuencias. El consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretendemos eliminar por el Cambio Climático. En el ámbito urbano o semiurbano se da también la crianza de cerdos y borregos que genera malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello consideramos que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar estos efectos y problemáticas tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.
¡Energía limpia y renovable para los pueblos! Porque otros mundos son posibles.
También les compartimos este video sobre la instalación de un Biodigestor en Chilil, municipio de Hixtán, Chiapas.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.
A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.
Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.
A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.
La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.
“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,
DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.
Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.
En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.
Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.
La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte. Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.
Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.
La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.
Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.
Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.
Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.
Una burla
El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.
La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.
Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.
Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.
El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.
Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.
Carta de apoyo y solidariadad con el pueblo Garífuna en Honduras
CARTA DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN APOYO A LA INCORPORACIÓN DEL SUNLA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y BÚSQUEDA DE LOS GARIFUNAS DESAPARECIDOS DE TRIUNFO DE LA CRUZAL
C. JUAN ORLANDO HERNADEZ ALVARADO – Presidente de la República de Honduras AL C. MAURICIO OLIVA – Presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras Al C. ROLANDO ARGUETA PÉREZ – Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras A LA C. LIDIA ESTELA CARDONA – Procuradora General de la República de Honduras AL C. OSCAR CHINCHILLA – Fiscal General de la República de Honduras A LA C. JACKELINE ANCHECTA – Secretaria de Estado por ley en los Despachos de Derechos Humanos. A LA C. BLANCA IZAGUIRRE – Comisionada Nacional Derechos Humanos Honduras MICHELLE BACHELET – Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos GIOVANNI SASSOLI – Presidente del Parlamento Europeo NANCY PELOSI -Presidenta Cámara de Representantes EUA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A LA OPINIÓN PÚBLICA
SRAS Y SRES.
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes como espacio de articulación de organizaciones defensoras de derechos, asociaciones estudiantiles; organizaciones de base, organizaciones barriales, movimientos de mujeres, LGTBIQ, movimientos populares, artistas, campesinos, pueblos indígenas y negros organizados quienes nos fortalecemos en la diversidad, en el consenso y la horizontalidad como práctica política en la búsqueda de verdad y justicia para el pueblo garifuna en Honduras.
El 18 de julio de 2020 alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de aproximadamente 30 hombres fuertemente armados con uniformes y chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), identificándose como pertenecientes a dichas fuerzas, ingresaron a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida, Honduras. El ingreso a la comunidad se justificó a partir de un supuesto operativo de allanamiento y búsqueda de personas. Según testigos de la comunidad el objetivo del indicado operativo fue capturar al presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Alberth Sneider Centeno, quien, junto con Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix, fue detenido luego de ingresar de manera violenta a su vivienda. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Transcurridos 10 meses de la desaparición, las autoridades no han desarrollado una investigación diligente y efectiva que haya permitido establecer el paradero de los desaparecidos, identificar a los responsables de estos hechos o determinar el móvil del delito. Ante ello, y amparados en el principio de autodeterminación de los pueblos, que se contempla, entre otros instrumentos, en la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Asamblea del pueblo Garífuna, a solicitud de familiares de los jóvenes desaparecidos, aprobó la conformación de El Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA).
Teniendo en cuenta la impunidad que opera en el país1, y la importancia de ésta en la histórica violación sistemática a los derechos humanos que ha vivido el pueblo garífuna, el SUNLA tiene como objetivo llevar a cabo una veeduría en el proceso de investigación ejecutada por el Estado de Honduras, y de manera simultánea, desarrollar una investigación competente, independiente y autónoma desde las formas ancestrales y propias del pueblo garifuna, que permita un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos, que haga posible identificar la verdad de los hechos y dar respuesta al reclamo de justicia de las familias de los jóvenes desaparecidos y de las comunidades mismas.
Sin embargo, el pasado 26 de marzo de 2021, el Estado de Honduras desatendiendo que estos hechos constituyen una grave violación de derechos humanos que habilitaría la acción pública, negó a través de la Procuraduría General de la República la incorporación del SUNLA en las investigaciones. En su informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas provisionales otorgadas en favor de comunidades garífunas Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra2, adujo que, la inclusión de SUNLA en el proceso investigativo violaría los principios del derecho internacional público relativos a la soberanía y no intervención en los asuntos internos del Estado.
Afirmamos que, de manera contraria a lo señalado por el Estado de Honduras, la incorporación a la investigación de SUNLA y de las personas extranjeras que pudieran integrar no pretende sustituir al Estado en sus atribuciones y obligaciones y tampoco violaría los principios indicados, pues lejos de constituir una forma de injerencia extranjera, supone una iniciativa nacida desde el pueblo garífuna, a través de la cual éste ejerce su autodeterminacion como pueblo culturalmente diferenciado. . Por el contrario, su integración sería una muestra de voluntad del Estado de respetar los derechos del pueblo garífuna y de trabajar una estrategia conjunta de investigación que permita velar por la transparencia, eficacia e independencia en las investigaciones.
La incorporación del SUNLA en el proceso de investigación no solo se justifica en el respeto a los derechos del pueblo garífuna, sino también a partir de los derechos reconocidos a las víctimas de desaparición forzada3 , y en las posibilidades que otorga el derecho interno de incorporarse como acusación particular4 en casos de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos. Por tanto, la incorporación de SUNLA es vital como mecanismo para garantizar el legítimo derecho de las víctimas, familiares y representantes de poder acompañar y participar en el proceso de investigación y búsqueda y velar porque este sea exhaustivo e independiente.
De esta manera, les abajo firmantes, organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, EXIGIMOS: 1.- La incorporación inmediata del SUNLA al proceso de investigación y búsqueda de los jóvenes garífunas desaparecidos el 18 de Julio del 2020. 2. El respeto irrestricto al derecho de las víctimas, familiares y representantes de acompañar y participar en el proceso de investigación y velar porque este sea exhaustivo e independiente; 2.- El cese a la persecución, criminalización, hostigamiento e intimidación por parte del Estado contra el Pueblo Garifuna;
Por la vida y el territorio, justicia y verdad para el pueblo garifuna
———————————–
(1) Honduras es el segundo país con mayor índice de impunidad a nivel mundial, según el Informe 2020 del Índice Global de Impunidad. (2) Oficio DNDDHH-LI-256-2021, mediante el cual se presenta informe en relación con el punto resolutivo sexto de la Resolución del 02 de septiembre de 2020. (3) La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece en el artículo 24 que “cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida y recoger también el derecho de las víctimas, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como toda persona, asociación u organización con un interés legítimo tienen el derecho de participar en la búsqueda, establecido en los Principios Rectores de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados en 2019. (4) Código Procesal Penal. Artículo 96. El acusador privado y los delitos de acción pública. En los delitos de acción pública, la víctima o su representante legal podrá provocar la persecución penal con la asistencia de un profesional del derecho debidamente colegiado y en el pleno ejercicio de su profesión, o intervenir en la ya iniciada por el Ministerio Público, con todos los derechos y facultades que le confieren la Constitución de la República, el presente Código y las leyes especiales. Cuando la víctima acredite carecer de medios económicos suficientes para ejercitar la acción privada, será representada por el Ministerio Público. El mismo derecho tendrá cualquier persona, natural o jurídica, contra los funcionarios o empleados públicos que, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, hayan violado derechos humanos. La participación de la víctima como acusador, no impedirá que el Ministerio Público cumpla con las funciones que le atribuye el presente Código o su respectiva ley, ni lo eximirá de sus responsabilidades. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por el artículo 230 de la Constitución de la República.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia las mujeres y sobre todo defensoras en América Latina – A 7 de mayo de 2021
En Mesoamérica la constante violencia perpetuada en contra de las mujeres es una dolorosa realidad. Datos preliminares de la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) revelan que durante el mes de marzo de 2021 se registraron 282 ataques contra defensoras de México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Las cifras recabadas, comparadas con las obtenidas en años anteriores, demuestran que en el mes de marzo hay un considerable crecimiento en el número de ataques a defensoras mesoamericanas.
De acuerdo con la IM-Defensoras, el aumento no es casual. Debido a que el 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer – y por ende se efectúan diversos tipos de dinámicas y protestas en nombre de la vida, dignidad y derechos de la mujer- la cultura machista pone en marcha sus mecanismos de ataque, un mensaje contundente que conjuga misoginia pura: no exijan, no se quejen, no se defienda, o será peor.
La naturaleza de las agresiones y número de víctimas de ataques es diferente en cada país. No obstante, en cada uno de ellos se afianza el mensaje de represión y el odio.
En México, en marzo las protestas – y los actos de represión a las mismas- ocurrieron alrededor de toda la república; en muchos casos la policía encapsuló a las manifestantes como medio de intimidación y coerción física. Se observaron detenciones arbitrarias, acoso cibernético y la violación al derecho de difundir información de las activistas mexicanas. En total se registraron 84 agresiones (el triple en comparación a enero y marzo).
Defensoras en el 8M Oaxaca, México. Fotografía: Vanessa García Navarro
En Nicaragua, se reportó 156 ataques contra defensoras (16 de ellos el día 8 de marzo). El gobierno -utilizando como medio la fuerza policiaca- fue el principal instigador de la violencia. Se dedico a acosar y hostigar a las activistas, incluso impidió que lograran movilizarse libremente en el desempeño de sus diligencias.
En Guatemala, sus tierras, que fueron testigos de la imperdonable masacre de 56 niñas y mujeres adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (en 2017), ahora contemplan las secuelas del crimen. Se sabe que las defensoras del derecho a la verdad, reparación y justicia (madres de las víctimas de esta fatídica tragedia) siguen siendo amenazadas y atacadas ahora que el proceso judicial ha abandonado su pausa. En 2018 y en febrero de este año dos madres activistas fueron asesinadas en su búsqueda de justicias, mientras que, a finales de marzo de este año, la activista Elsa Siquín (también madre de una de las niñas victimas) fue agredida junto a sus hijos en su propio hogar.
En El Salvador, se registraron 25 agresiones (de las cuales 20 acontecieron el 8 de marzo). Las defensoras salvadoreñas de los derechos sexuales y reproductivos amenazadas por la policía y el ejército. En añadidura, su sororidad con el insólito caso en el que una mujer que murió en prisión tras ser condenada debido a que sufrió una emergencia obstétrica, les ha costado desprestigio e estigmatización.
En Honduras, se crearon organizaciones anti-derechos, con el fin único de boicotear las actividades que los grupos feministas y mujeres planeaban llevar a cabo el 8 de marzo y se atacó con propaganda misógina el Foro de Mujeres por la Vida (FMPV). Además, destacan de los crímenes cometidos contra las defensoras de la tierra.
El gobierno en cada uno de los países mencionados se niega a proporcionar seguridad y apoyo a las mujeres, las estorba y las ataca cuando intentan procurárselos ellas mismas. El término “feminismo” se criminaliza, se castiga y se convierte en tabú. No obstante, el no ver, no oír y no hablar de los males de nuestra sociedad no los hace desaparecer. Únicamente difundirlos y encararlos puede abatirlos.
