David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres: Aquí te mostramos su perfil.
Todas las conexiones de David Castillo con el asesinato de Berta y otros crímenes, son develadas en este perfil.
David Castillo representa la violencia corrupción e impunidad con la que opera el modelo extractivo en Honduras.
Castillo está vinculado en diferentes crímenes como corrupción,
vínculos con los Cachiros, falsificación de documentos y además es uno
de los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera
#BertaCáceres.
¡Exigimos juicio y castigo!
#JuicioYCastigoParaCastillo
#ATENCIÓN Este 2 de Diciembre se dará a conocer la sentencia contra los 7 condenados por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
En el fallo se afirmó la participación de otros directivos de la empresa DESA en el asesinato de Berta, estos aún no están siendo investigados ni juzgados.
No habrá justicia para Berta hasta que no haya juicio y castigo para los autores intelectuales del crimen ¡Acompáñenos!
Compartimos el comunicado resultado de la visita de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en San Cristóbal de Las Casas y del Foro Problemática del Agua en el Valle de Jovel – A 13 de noviembre de 2019>>Descargar comunicado en pdf<<
2ª. MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 2 de octubre de 2019 al 8 de marzo de 2020
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 13 de noviembre de 2019
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SENADO DE LA REPÚBLICA. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CÁMARA DE DIPUTADOS, H. CONGRESO DE LA UNIÓN. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. 2018-2021 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SEGUNDA MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Los que suscribimos, compartimos una MIRADA de nuestra realidad, misma que se centra en el incremento del PROBLEMA AMBIENTAL que atenta contra la tranquilidad, salud, seguridad, orden, habitabilidad y sana convivencia entre los habitantes de San Cristóbal de Las Casas.
Entre las causas más relevantes destacan:
Violación al Estado de Derecho;
Violación a los Derechos Humanos;
Ausencia de Justicia;
Ausencia de Mecanismos de Control para frenar o revertir el deterioro a un Medio Ambiente Sano;
Violación de la legislación por las propias autoridades locales (anteriores y actuales)
Simulación y/o discriminación de la Participación Ciudadana en el diseño de nuevas Políticas Públicas;
Ausencia de Mecanismos de Participación Autónomos ciudadanizados para vigilar, supervisar y evaluar la eficiente aplicación de la Ley por autoridades de los tres órdenes de gobierno;
Falta de respuesta oportuna, de forma premeditada y dolosa por parte de autoridades, a peticiones ciudadanas que solicitan atención; entre otras causas.
Inicio de la gira de la Marcha Mundial en la Plazuela de Cuxtitali
Visita a la Colonia 14 de sept
Delegación de la Marcha en los bancos de Arena en Salsipuedes
Visita al Humedal María Eugenia
Visita a la Colonia 14 de sept
Sus efectos han ocasionado:
Destrucción de la Cuenca del Valle de Jovel, deforestación de zonas de valor ambiental y contaminación de ríos por la falta de control de actividades en el territorio y un crecimiento urbano desordenado, no planeado, no diseñado, no construido y no administrado de forma responsable;
Alto grado de contaminación del agua que consumimos los habitantes, que atenta contra la salud pública;
Ausencia de un plan orientado a la Gestión Integral del Agua por parte de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, SAPAM, que garantice el Derecho al Agua y a su Saneamiento;
Invasiones, venta ilegal de terrenos e incremento de asentamientos humanos y construcciones irregulares en zonas de valor ambiental, como Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Conservación Ecológica, Humedales, Áreas Federales de ríos y arroyos, Zonas Forestales, etc., situación que pone en riesgo la tranquilidad y la paz de quienes protegen estos espacios, ya que hay riesgo de confrontaciones al grado de poner en riesgo la vida humana;
Letargo y ausencia de institucionalización de procesos de planeación local;
Instrumentos de planeación, reglamentos y procesos NO ACTUALIZADOS a favor del orden del territorio y el desarrollo urbano;
Deterioro a la salud, incremento de riesgo y vulnerabilidad de espacios que habita la población,
Violación al nivel de vida adecuado de la ciudadanía y a su integridad.
Criminalización de ambientalistas.
Por lo anterior, reconocemos y damos la más cordial bienvenida a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, la cual nos permite sumarnos a su MISIÓN, que considera principalmente:
Denunciar la peligrosa situación mundial de conflictos crecientes, destacando las que viven vastas zonas del planeta y muchas poblaciones se ven postergadas por falta de alimentos y agua;
Crear Conciencia de que únicamente a través de la “Paz” y la “No Violencia” es como la especie humana abrirá su futuro.
Mayor Visibilidad a las acciones positivas que personas, colectivos y pueblos están desarrollando en numerosos lugares en la dirección de aplicar los derechos humanos, la no discriminación, la colaboración, la convivencia pacífica y la no agresión.
Dar voz a las Nuevas Generaciones que quieren tomar el relevo, mediante la instalación de una cultura de la NO VIOLENCIA en el imaginario colectivo, la educación, la política y en la sociedad.
Mediante el recorrido a diversas zonas de San Cristóbal de Las Casas, la mañana de este miércoles 13 de noviembre de 2019, con la delegación de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, tuvo como objetivo que la ciudadanía amplíe su visión de nuestra realidad, la cual desea se difunda a nivel mundial, promoviendo además la importancia de seguir participando activamente en proyectos y movimientos sociales orientados a las acciones que valoren los beneficios de defender el medio ambiente y oponernos a la criminalización de quienes somos ambientalistas.
Además tiene el objetivo de comprender la importancia de nuestras luchas y que todas son importantes para contribuir a la construcción de PAZ y evitar la Violencia.
Desafortunadamente, debemos reconocer que desde el fin de mes de octubre, hemos tenido comunicación con la Secretaría de Gobernación, quién nos señalaba que la Secretaría de Gobierno y autoridades del Estado de Chiapas, nos aseguraba que podíamos realizar el recorrido previsto para la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, sin embargo en la tarde de ayer, la Lic. Angélica Domínguez, Delegada de Gobierno, nos informó que NO HAY CONDICIONES para entrar a la reserva ecológica Quemvo Cuxtitali, y no podían ofrecernos seguridad, NO ES SEGURO, así nos dijo.
Denunciamos la ausencia de autoridad, omisión, incompetencia y falta de gobernabilidad, al no otorgar una respuesta clara y legible a la problemática ambiental y la debilidad del estado de derecho, situación expuesta y evidenciada este día, misma que hoy nos limita ingresar a la reserva ecológica, así como denunciar que el gobierno de cualquier orden y de cualquier poder, no establece una acción efectiva que establezca la solución a nuestras demandas.
Nuestra Denuncia Social se centra con la ATENCIÓN INMEDIATA a las PROBLEMÁTICAS comunes:
Garantizar el Estado de Derecho en San Cristóbal de Las Casas;
Vigilar, frenar y actuar en contra de toda acción ilegal o irregular, que altere las características bióticas en zonas de valor ambiental;
Evaluar, gestionar, atender de forma prioritaria y proyectar y/o programar correcciones, a toda alteración, violación y ocupación ilegal sobre los cauces naturales de los ríos y áreas federales hechas en los últimos 30 años;
Detener de forma inmediata y con mecanismos transparentes de control georeferenciado, toda acción de crecimiento de la ciudad en zonas no aptas para el desarrollo urbano. (zonas bajas en riesgo de inundación, zonas altas de difícil acceso, costosas para poder dotar de infraestructura y servicios básicos);
Garantizar la obligatoriedad de contar con procesos actualizados para controlar y frenar todas las acciones urbanas ilegales en un período no mayor a 3 meses, (deforestación y tala de zonas boscosas, venta de lotes, urbanización y edificación);
Garantizar la atención de forma responsable, en un período de no mayor a 3 meses, las obligaciones y facultades del gobierno municipal, respecto a la aplicación de las políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, lo anterior, debido a que en más de un año de gestión no se tiene una acción realizada en contra del cambio climático a nivel local;
Garantía de atención a las denuncias ciudadanas, garantía de investigaciones efectivas y autónomas, así como el deslinde de responsabilidades en contra de toda las autoridades locales implicadas en el pasado y en la actualidad, responsables, corresponsables e involucradas en el fomento al crecimiento urbano ilegal e irregular, que hayan participado con autorizaciones oficiales que violentaron el marco legal y a los instrumentos de planeación urbana vigente, actuaron en contra del interés público y aportaron al deterioro de nuestro medio ambiente;
Garantía de atención en un período no mayor a 3 meses, para diseñar reglamentos y procesos municipales necesarios para operar y gestionar el Programa de Ordenamiento Ecológico vigente, que permita promover la Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable del Territorio.
Garantizar que en un período no mayor a 1 año, se garantice el diseño de nuevos disposiciones reglamentarias e instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano, que no han atendido, a pesar de que las autoridades locales ya violaron el plazo legal establecido, al haber dejado agotar por omisión, los períodos establecidos en los artículos TERCERO y QUINTO TRANSITORIOS de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los nuevos reglamentos deben integrar políticas públicas que fomenten la participación ciudadana, integren criterios alternativos de edificación y urbanización, establezcan parámetros bioclimáticos locales para obra pública y privada, reconozca criterios de infiltración del agua pluvial al subsuelo y fomente la inclusión de toda alternativa sostenible que sea más amigable con nuestro entorno natural y disminuya las alteraciones a nuestro clima.
Gestionar a nivel municipal y fortalecer la legislación estatal, para dar preferencia y prioridad a inversiones públicas para el desarrollo de proyectos a favor de restauración ambiental, demolición de edificaciones construidas de forma ilegal en zonas no aptas para el desarrollo urbano y restauración de todo tipo de daños ocasionados al territorio y medio ambiente, así como, desarrollar programas parciales para el mejoramiento urbano sostenible que garanticen la vinculación con su entorno natural, por encima de inversiones aisladas de obra pública que solamente pavimenta calles sin áreas verdes y carentes de un proyecto de diseño urbano avalado;
Garantizar la penalización en contra de todo acto que fomente, permita, colabore, y financié la creación y operación de grupos de choque protegidos por instituciones y dependencias de gobierno, con fines de cambios de uso de suelo, los cuales se asocian a golpes, agresiones con armas de fuego y amenazas de muerte en contra de ambientalistas.
Actuar en contra de toda denuncia ciudadana y fortalecer la legislación en contra de toda autoridad que actúe de forma dolosa en contra de la ciudadanía, la nueva legislación debe fomentar obligaciones a las autoridades a favor de la No Discriminación de la Ciudadanía en el diseño de políticas públicas, lo anterior por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
Deslindar responsabilidad a las autoridades que por omisión permitan el incremento de la posibilidad de riesgos como derrumbes, deslaves, inundaciones, pérdida de superficie permeable para recarga de mantos acuíferos, alteración del clima, entre otras afectaciones locales, ocasionada por la deforestación y el crecimiento urbano irresponsable.
Dentro de las DEMANDAS particulares destacan:
Protección, Conservación y/o Restauración a Zonas de humedales y Áreas Naturales Protegidas;
Dejar sin efecto autorizaciones municipales de cambios de usos de suelo, que no hayan contado con un proceso de consulta pública y hayan omitido procesos federales para revertir usos forestales;
Cierre total o clausura de los predios que albergan actividades de industria extractiva de arena y grava sin autorización alguna;
Restauración ambiental de toda zona impactada por las últimas décadas de los diversos bancos de materiales y mejoramiento urbano de las áreas habitacionales inmediatas, que garanticen una zona de amortiguamiento seguro y restaurado.
Por lo anterior, reconocemos la CREACIÓN DE CONCIENCIA y la necesidad de fortalecer e incrementar la CULTURA CIUDADANA RESPONSABLE, mediante la realización de asambleas en nuestros barrios, colonias y comunidades para iniciar con la concientización de la gente, haciendo todo el esfuerzo posible para hacer análisis de la situación que estamos viviendo, mediante el registro en video, fotografías, etc., que refleje el deterioro de nuestro entorno, así como promover alternativas posibles a realizar en nuestro entorno vital.
Nos preocupa la FALTA DE ESTADO DE DERECHO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y la falta de condiciones de seguridad de la ciudadanía y especialmente de ambientalistas y luchadores sociales, nos preocupa la situación de violencia y la ausencia de paz y armonía en nuestra sociedad, por la falta de atención a las problemáticas expuestas en el presente documento.
Compartimos el siguiente folleto producido por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México – Noviembre 2019
Presentación:
Este folleto es el resultado de algunos meses de trabajo para poder contar con una publicación (gracias al apoyo de HIC-AL) que no solo resumiera e hiciera más accesible el Informe conjunto de violaciones a los derechos humanos al agua potable y el saneamiento (DHAyS) que preparamos para la misión del Relator Léo Heller en 2017, y el propio Informe de Misión a México del Relator, sino que además organizara la información de tal suerte que ambos informes «dialoguen» entre sí, y que hiciera evidente que los desafíos y las recomendaciones de dicho proceso responden a los componentes de los DHAyS (mismos que se explican en notas al pie, para que sea un material educativo también). En la introducción se dan las definiciones de DHAyS conforme a los estándares internacionales y se explica mejor de qué va el folleto. También pusimos como Anexo el ODS 6 y sus metas, así como otras recomendaciones internacionales que ha recibido México en materia de DHAyS o relevantes para estos derechos: Comité DESC, Relatora de Pueblos indígenas, Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y hasta del EPU.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 8 de noviembre del 2019
El pasado 01 de noviembre Víctor Manuel Reyes Rodríguez ex trabajador del Grupo Modelo y primo hermano del ex gobernador, Miguel Alonso Reyes, quien ha sido ferviente promotor de la presa Milpillas; asumió la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Es evidente el conflicto de intereses que implica la llegada de este personaje a la dependencia, quien en sus primeras declaraciones ha dicho que la Presa Milpillas es un tema “prioritario” al que dará seguimiento.
El gobierno del Estado, a pesar de la rotunda negativa a la construcción de la presa por parte de los ejidos que serían afectados, continúa en un acto de desesperación, moviendo a sus alfiles para tratar de imponer “Milpillas”la cual desdehace año y medio se encuentra detenida por la fuerza de la lucha de las comunidades que defienden su territorio, y que por medio de denuncias, quejas, demandas y juicios ha venido demostrando que este proyecto está plagado de corrupción y mentiras.
Miguel Alonso Reyes en 2015 anunció “la construcción de la presa Milpillas y su acueducto para dotar de agua a la población, pero también a la cervecera ubicada en Calera, y garantizar que Zacatecas fuera la capital mundial de la cerveza”. https://www.jornada.com.mx/2017/12/11/estados/028n1est, por lo que queda bien claro el papel clave que Víctor Manuel Reyes viene a jugar con este nombramiento.
Hoy en día es para el gobierno estatal una urgente necesidad el justificar los más de 100 millones de pesos que ya se gastaron en los “avances” de la presa como se demuestra conlos más de 14 contratos celebrados entre la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) y diversas empresas disponibles en el sitio oficial de esta institución. Solo hay contratos pagados pero los avances no existen. Seguramente el Sr.Reyes ayudará a justificar estos gastos.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería denunciamos enérgicamente la corrupción que se vive en el estado de Zacatecas por la presa Milpillas y hacemos responsable al Gobierno del Estado de la seguridad de campesinos/as y activistas defensores/as del territorio. #LaPresaMilpillasNoeslaOpción #NoAlaPresaMilpillas #RíoAtencoLibre
¡AGUA PARA LA VIDA NO PARA LAS EMPRESAS!
A T E N T A M E N T E
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
La Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en la Región del Valle de Jovel y Otros Mundos Chiapas A.C.
Invitan al Foro: «Problemática del Agua en el Valle de Jovel»
Miércoles 13 de noviembre de 2019, a las 16.00h en la sala de Bellas Artes. Calle Miguel Hidalgo S/N, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Se contará con la participación especial de integrantes de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia
El objetivo del foro es que la ciudadanía amplíe su visión a nivel estatal, regional y mundial. Que valore la importancia de seguir participando en los proyectos, aunque parezcan pequeños. Que valore los beneficios de defender el ambiente y oponernos a la criminalización.
Presentaciones:
1 Contexto Agua y Extractivismo en Chiapas– Otros Mundos
2 Situaciones que ponen en riesgo la paz en San Cristóbal y en Chiapas – Fray Bartolomé de Las Casas
3 Situación y demandas de Quemvó Cuxtitali
4 Ranchería Alcanfores
5 Banco de arena de Salsipuedes
6 Gasoducto en la Costa de Chiapas
7 Situación estatal
8 Propuesta integral para recuperar nuestra agua
9 Humedales del María Eugenia
10 Lugares en Peligro y alternativas (Colonia Maya, Colonia
14 de Septiembre, entre otros)
Compartimos la siguiente nota publicada en el diario digital La Cooperacha – A 25 de octubre de 2019
Pocos cambios en políticas extractivas con el actual gobierno, analizan organizaciones.
Redacción La Coperacha Ciudad de México // 25 de octubre de 2019
Con un llamado al
Gobierno Federal a terminar con la criminalización, violencia y
hostigamiento para las personas defensoras del territorio, así como
a generar condiciones para realizar su labor en favor de los pueblos,
concluyó el Encuentro de Defensores del Territorio el 20 de octubre
en Cuetzalan, Puebla.
El llamado ocurre días después que Amnistía Internacional
alertara del incremento de agresiones hacia ambientalistas y defensores
del territorio. “Tan sólo en 2019 se han reportado 12 asesinatos de
personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente”,
señaló la organización internacional apoyado en datos de Global Witness.
La organización global registró 15 muertes de ambientalistas en México
en 2017, y 14 en 2018.
En el Hotel
Taselotzin, gestionado y administrado por mujeres masehual, las
personas defensoras integrantes de 32 organizaciones como Alianza
Mexicana Contra el Fracking, Concejo de Pueblos de Morelos, Fundar y
CartoCrítica, analizaron la situación de las comunidades y
defensores ante proyectos extractivistas
en el contexto de la denominada 4T.
Tiempo de definiciones En el encuentro se
analizaron situaciones como el avance del fracking en la Huasteca
Potosina, el caso de la minera en Ixtacamaxtitlán, y el Proyecto
Hidroeléctrico Puebla 1 que busca generar electricidad exclusiva para
Walmart y empresas asociadas.
“Se
mira que la situación no ha cambiado nada (con la 4T). Los proyectos
extractivos están en términos de definición”, señala la abogada
Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Durante
el encuentro, añadió, se analizó la contradicción del discurso
del Gobierno Federal sobre no permitir fracking, sin embargo
existe una partida en el presupuesto de egresos destinada a esa
práctica. “En casos de la Huasteca Potosina hay solicitudes para
autorizar campos de exploración de hidrocarburos no convencionales
con la técnica de fracking”, apuntó.
Sobre ello, esta semana Fundar documentó que existen dos proyectos
relacionados con fracking con un recurso asignado del presupuesto
federal de 10,837 millones. Las organizaciones han
insistido en que debe llevarse el discurso oficial anti fracking al
plano de las leyes, incluso con un decreto presidencial de suspensión
inmediata basta, han planteado.
Aumenta hostigamiento Sobre el caso de la
minera en Ixtacamaxtitlán, que se encuentra a días de que la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resuelva sobre el
Manifiesto de Impacto Ambiental, la ambientalista denunció que se han
incrementado las prácticas de acoso y hostigamiento no sólo contra las
personas opositoras, sino contra las organizaciones que han acompañado
el proceso de defensa del territorio.
El
acoso, prosigue la abogada, no proviene de las empresas directamente,
si no de sus trabajadores: “las empresas han buscado que el
discurso diga que son conflictos intracomunitarios, cuando es
evidente que la conflictividad surge a partir de la llegada de estos
proyectos”.
En
Ixtacamaxtitlán “se han mencionado con nombre y apellido a los
integrantes de las organizaciones que acompañan a Cesder y a la
Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, lo que los coloca en un
grado de vulnerabilidad frente a una comunidad cada vez más
dividida”.
En
cuanto al caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, donde un juez
negó los derechos de las comunidades en favor de una hidroeléctrica
para Walmart, gente de las comunidades “han ido a las oficinas de
Fundar a exigir que no impugne la sentencia del juez”.
La
animadversión hacia los defensores “ha surgido de la dependencia
económica hacia los megaproyectos y la idea de los supuestos empleos
que va a generar”, explica la integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Exigencias Del encuentro en Cuetzalan de personas defensoras, surgió un pronunciamientodirigido
a autoridades de diversos niveles donde se pide el respeto y garantía
de los derechos a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos,
así como la cancelación definitiva de concesiones mineras,
hidroeléctricas, gasoductos y proyectos extractivos en territorios que
se han pronunciado en contra de esas actividades.
Además, se exigió al Gobierno Federal y del estado de Puebla poner medidas urgentes para proteger a las personas defensoras de la Sierra Norte de Puebla, así como avances en la investigación de los asesinatos de los activistas Samir Flores, Antonio Esteban y Manuel Gaspar.
Comunicado del Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio y de Defensores y defensoras del río Ajajalpan, a través de la REMA – A 24 de Octubre de 2019
A los pueblos en resistencia contra los proyectos de muerte, A las autoridades federales y estatales. A los ayuntamientos de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya. A los medios de información, Al pueblo de México
Puebla, a 24 de octubre de 2019.
EL PUEBLO TOTONACO REAFIRMA SU RECHAZO A LA HIDROELÉCTRICA PARA WALMART.
Ante la campaña de desinformación emprendida por personas cooptadas por la empresa Comexhidro comunidades totonacas que vivimos a lo largo del río Ajajalpan queremos dejar en claro:
Rechazamos rotundamente la hidroeléctrica Puebla 1 para Walmart y seguiremos resistiendo para defender nuestro territorio.
Nuestros antepasados nos enseñaron que el agua, el río son sagrados y
que somos hijos e hijas del agua, de la madre tierra. El agua y la
tierra nos dan vida, si las cuidamos, nos cuidan; si las destruimos, nos
destruimos. Sabemos que los ríos deben correr libres para para que
haya vida en ellos y para que no nos falten las lluvias. Por años hemos
visto cómo ha disminuido su caudal el río Ajajalpan porque fue desviado a
la hidroeléctrica Necaxa. Las lluvias han disminuido por la
deforestación, este año hubo sequía en algunas de nuestras comunidades
perdimos cosechas y se secaron algunos manantiales. Vivimos en una
sierra donde ocurren deslaves cada año pues las laderas son muy
inestables. Los cambios en el clima nos llevan a enfrentar nuevos
problemas para seguir produciendo nuestros alimentos principales: maíz,
frijol, chile, café. Todo esto enfrentamos actualmente y sabemos que hay
amenaza de construir 4 hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan que
lastimarían más nuestro territorio. Ya frenamos dos intentos de minera
Grupo México en Olintla y Xochicuautla. Ahora la empresa Comexhidro
busca construir una hidroeléctrica para Walmart. Nunca fuimos un pueblo
guerrero, sino un pueblo productor de vida, de alimento que supo
compartirlo con otros en tiempos de hambruna; somos un pueblo orgulloso
de nuestra identidad y nuestra cultura. Nuestra organización y lucha son
para proteger a la madre tierra, a la madre agua y el futuro de
nuestros hijos. ¿Cómo podríamos aceptar la construcción de una
hidroeléctrica que tiene dos embalses, que atajaría el río Ajajalpan con
una cortina de 45 metros de altura, que desviaría y entubaría el río
por casi 8 kilómetros a través de un túnel para el que usarían
explosivos? Es absurdo que CONAGUA, SENER, la empresa Comexhidro
afirmen que es un proyecto de utilidad pública o interés social pues
consta en la autorización otorgada por la Comisión Reguladora de Energía
que serán las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos las
beneficiarias. No nuestros pueblos.
Impugnaremos la sentencia injusta dictada por el juez Miguel Arroyo.
¿Cómo se atreve el juez federal Miguel Arroyo a afirmar que no se ha
violado nuestro derecho a la tierra y al territorio cuándo en el juicio
consta que el representante legal de Deselec 1-Comexhidro pagó 71 y 95
centavos, así como 3 y 4 pesos por el metro cuadrado a algunos hermanos
totonacos?. ¿Cómo tiene el cinismo de afirmar que no se ha violentado
nuestro derecho al agua, cuando CONAGUA entrego una concesión a la
empresa para utilizar 11 mil litros de agua por segundo durante 15 años?
Cómo puede afirmar dicho juez que actúa conforme a derecho cuando no
toma en cuenta las pruebas presentadas por nuestra parte en el juicio y
sí las de la empresa y las instituciones federales demostrando así su
desprecio y discriminación hacia los pueblos indígenas, evidente en su
falta de respeto cuando fuimos a hablar con él, pues ni siquiera nos
ofreció sentarnos y descalificó nuestros argumentos.
Denunciamos que se ha emprendido una campaña de difamación hacia las y los defensores del territorio así como a las organizaciones que nos acompañan FUNDAR y Consejo Tiyat Tlali. Manifestamos que unas cuantas personas están con la empresa que quizá creen en las promesas de trabajo y anteponen sus intereses personales sin pensar en el futuro. Pero queremos dejar claro que no son una mayoría y que no representan a toda la población. Esas personas han realizado acciones como presentar al juez federal documentos con firmas de personas muertas o firmas que utilizaron sin autorización de quienes la otorgaron. Intentan descalificar el trabajo realizado por Fundar y Tiyat Tlali haciendo acusaciones falsas hacia sus integrantes. Ya antes intentaron denunciarnos con falsos delitos para amedrentarnos. Son ellos quienes con esos hechos están creando un ambiente de tensión que busca dividir al interior de nuestras comunidades y que apuesta a enfrentarnos para que Comexhidro u Walmart, puedan avanzar con su negocio. Pero no caeremos en sus trampas, nos mantenemos unidos y decididos a seguir protegiendo nuestro territorio.
RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE LA IMPOSICIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO
PUEBLA 1 por ser un proyecto que sólo beneficiaría a
transnacionales como Walmart, Liverpool (dueños de Suburbia), y
ALSEA (dueña de VIPS). Desmentimos que las comunidades totonacas
hayamos aceptado ese proyecto de muerte.
REAFIRMAMOS NUESTRA DECISIÓN DE IMPUGNAR LA INJUSTA SENTENCIA
dictada por el juez Miguel Arroyo al negarse a reconocer nuestros
derechos a la libre determinación, a la tierra y al territorio, al
agua y al medio ambiente sano. Deseamos agotar las instancias
judiciales dando oportunidad al poder judicial de demostrar que sí
hay jueces honestos y que no todos se someten a las grandes
empresas.
DENUNCIAMOS Y EXIGIMOS SE DETENGAN LAS DIFAMACIONES que ha venido
realizando el señor Héctor Muñoz, hacia nosotros y a la
organización FUNDAR así como a compañeras del Consejo Tiyat Tlali
pues intentan presentarnos como comunidades que actuamos con
violencia o que hemos pedido dinero a la empresa. Nada más falso.
Nuestras decisiones han estado basadas siempre en acuerdos de
asambleas comunitarias y en información seria y bien fundamentada
para trabajar por el bien común, por las futuras generaciones.
NOS DESLINDAMOS de cualquier vínculo con Valentín Díaz
Bustamante, quien como consta en un audio difundido en redes
sociales, pidió dinero a cambio de traicionar al movimiento. Esa
persona salió de la comunidad en el año 2015 y desde entonces no
ha participado en nuestra organización. Dejamos claro que nunca
tuvo autorización para hablar en nombre nuestro y que nosotros
jamás nos prestaremos a negociar nuestras vidas. Está claro que es
un intento de dividirnos.
EXHORATMOS a las autoridades federales, estatales y municipales a
actuar para detener la imposición de la hidroeléctrica Puebla 1 y
les responsabilizamos de cualquier agresión que pueda darse en
nuestra contra o de integrantes de las organizaciones que nos
acompañan. Hacemos un llamado a organizaciones hermanas a estar
alerta y solidarizarse ante la posible profundización de la
violencia en nuestra contra por ejercer nuestros derechos
constitucionales a la libre determinación, a la tierra y al
territorio, al agua y al medio ambiente sano.
No a los proyectos de muerte en la sierra norte. No a la hidroeléctrica para Walmart.
SI A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
Firma
Defensores y defensoras del río Ajajalpan
Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 23 de octubre de 2019
REMA se suma a la demanda de justicia por el cobarde asesinato del compañero Oscar Francisco Guerrero Centeno, de 39 años, hijo de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien fue ultimado el 18 de octubre en el paraje conocido como Los Achiote, en Honduras, lo que viene a recrudecer aún más el asesinado de defensores y defensoras del pueblo Garífuna, lo cual sin duda esta relacionado por la disputa de la tierra y el territorio que el golpista gobierno del presidente Juan Orlando desde el 2009, en la que diversas empresas y sus megaproyectos, han estado dejando una terrible estela de duelo y dolor para quienes defienden su territorio, así como una serie de actos manifiestos en grande fluyos migratorios, que no son más que una expresión de lo que buscan los megaproyectos y que están relacionadas con el desplazamiento forzado, para que el territorio quede vulnerable y sin defensores.
Nos sumamos a las condenas por este y los multiples asesinatos de nuestros hermanas y hermanos Garífunas, han sufrido en meses recientes, al mismo tiempo que alzamos la voz para EXIGIR JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES.
DESDE MÉXICO LAS Y LOS INTEGRANTES DE REMA ENVIAMOS UN FUERTE ABRAZO SOLIDARIO QUE ACOMPAÑE EN ESTOS MOMENTOS DIFÍCILES A LAS Y LOS FAMILIARIZARES DEL COMPAÑERO OSCAR FRANCISCO GUERRERO CENTENO (qepd)
TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 22 de octubre de 2019
Ayer fue encontrado asesinado el compañero Cruz Soto Caraveo, integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, quien fue reportado desaparecido desde el 13 de octubre de este año. Con él son ya 5 compañeras y compañeros que han sido asesinados en Chihuahua bajo la administración del Gobernador Javier Corral, además de lamentablemente, sumar también a la cada vez más larga lista de defensoras/es asesinados durante el gobierno de la 4T.
En todos los casos prevalece la impunidad, la falta de justicia, el desconocimiento de los hechos, la incapacidad de continuar las investigaciones, peor aún la capacidad de reacción ante denuncias realizadas oportunamente. Cada caso nos llena de rabia porque la tan añorada esperanza ni siquiera se ve cerca, menos aún vemos se perciban cambios significativos, sea por parte de gobiernos municipales, estatales ofederales quienes, en su inoperancia e insensatez, se culpan unos a otros, para hacernos creer que con ello realmente se pueden resbalar,sin problema alguno, la responsabilidad de quienes actualmente nos gobiernan, los mismos gobernantes quienes en su momento decidieron cargarlos desagravios del pasado y a cambio ofrecieron en campaña cambiareste país. Nada de ello ocurre.
Con el gobernador en turno de Chihuahua,al asesinato del compañero Cruz Soto, se suman los de Isidro Balde negro López, Juan Ontiveros Ramos y Julián Carrillo Martínez, indígenas defensores del bosque en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo al sur de la Sierra Tarahumara, así como también Luis Gutiérrez, líder de la organización Resistencia Civil Madera y Madero Unido.
De nada ha servido que Chihuahua sea la entidad con más medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una clara incongruencia en sus procesos de actuación para garantizar la seguridad de la población, tal como lo ha documentado la asociación civil Alianza Sierra Madre quienes han mostrado los casos de 17 líderes de comunidades de la Sierra Tarahumara asesinados por no ceder su territorio al crimen organizado que se encuentra en colusión con empresas extractivas.
REMA se suma a la exigencia por esclarecimiento de los hechos y justicia para el compañero Cruz y sus seres queridos, a quienes enviamos un fuerte abrazo lleno de solidaridad.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – a 14 de octubre de 2019
El pasado 11 de octubre el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luís Hernández Palacios Mirón,anunció ante los medios, la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con el cual de manera imprudente e inconsistente afirman que aquellos núcleos agrarios que decidan declarar el establecimiento de una Área Natural Protegida (ANP) en su territorio, en automático quedarán blindados de la depredación de los megaproyectos que los amenacen. Ojalá fuera cierto, pero desgraciadamente las políticas actuales en curso lo desmienten.
Desde REMA debemos hacer fuertes cuestionamientos al respecto. 1. ¿Por qué estas dependencias firman convenios sin hacer partícipe de ello a las comunidades? 2. ¿Por qué no verifican con la Secretaria de Economía y en particular con el Subsecretario de Minería el Sr.Quiroga, con el fin de no contradecirse en acciones y en política falsas, generando desinformación y confusión? Y es que precisamente del territorio de las cerca de 180 ANP que existen en el país, la Secretaría de Economía ha entregado en concesión más de60 mil hectáreas incluso de varias de las ANPs, tipificadas como emblemáticas como la Reserva de la Mariposa Monarca por mencionar sólo una. 3. A su vez el Servició Geológico Mexicano cita que poco más de 70 de los principales proyectos mineros que tenemos en el país se ubican justamente en ANPs. 4 .En ese marco no sólo la LGEEPA es una ley obsoleta y permisible para las empresas mineras, sino que en nuestro país la Ley Minera vigente es de aplicación prioritaria sobre otras leyes, incluidas las agrarias y las ambientales. Es decir, las declaraciones públicas relativas a este convenio omiten mencionar, sea por ignorancia u ocultamiento deliberado, la arbitraria e irresponsable preminencia concedida a la ley minera sobre otras leyes, cuando por obvias razones para nuestra sobrevivencia, otras disposiciones legales relativas al bien común deberían tener prioridad inexcusable. 5. Así, la manera de “blindar” a los pueblos de los Megaproyectos mineros no es promoviendo falsas protecciones por medio de las ANPs, inviabilidad que además se acentúa por la carencia de presupuesto actual para la CONANP y para la CONAFOR, lo que dificulta la operación de las ANPs que ya tienen plan de manejo. 6. Otro punto ligado con el anterior es que nos gustaría saber qué posición tiene la “4T” y en especial ustedes, con relación al saqueo de nuestra biodiversidad planteado entre México y Alemania en el marco del “Protocolo de Nagoya” signado por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, que otorga a las farmacéuticas alemanas el saqueo de nuestra biodiversidad genética.
Los núcleos agrarios no necesitan establecer nuevos blindajes, sino que se respete su libre determinación. Menos aun si la propuesta de “blindaje” parte de la implementación de ANPs que han constituido de hecho en los últimos años una estrategia que el propio gobierno hizo fracasar por falta de interés, de presupuesto, de obstaculización a los pueblos para participar de forma directa en la elaboración de los planes de manejo, de investigaciones que nunca han regresado a las comunidades en procesos de extractivismo cognitivo, privilegiando a académicos VIP.
Las ANPs de ninguna forma garantizan la protección de los ejidos y comunidades, más aún se han convertido en otra forma de despojo ya que la propia LGEEPA, en estas áreas, restringe el uso y las actividades en el territorio a las y los propietarios de la tierra, y si permite el saqueo de conocimiento y biopiratería a universidades y empresas.
Históricamente la PA y el RAN se han encargado de promover y en algunas comunidades de imponer programas de “regularización de tierras” como el Procede, Fanar y RRAJA que son los que han facilitado a las empresas extractivas su entrada a los territorios y por consiguiente su destrucción.
Así, si se trata de “blindajes” auténticos, debemos blindar a las comunidades ante la incoherencia de políticas gubernamentales que eluden entrar a fondo en el origen de las amenazas; que siguen promoviendo la inversión extranjera y nacional en megaminería tóxica y en otros megaproyectos ajenos al interés y el bienestar de las comunidades, inversión basada en la oferta de empleos con salarios de miseria; blindar a las comunidades del engaño de plantear que la integridad de los territorios se puede comprar; blindarlas de los intereses empresariales que están dictando las políticas públicas en los hechos; blindarlas de las consultas sesgadas y facciosas. Y en ese camino, sería mucho mejor, por cierto, que la y el Registro Agrario Nacional (RAN), dejaran de actuar a favor de empresas y políticos y que sólo cumplan con su función principal; la de ser verdaderos protectores de las y los integrantes de núcleos agrarios.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y DE ANPs
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA
