Compartimos esta nota de Notimex a través del Diario Rotativo sobre otro caso más de resisencia a proyectos mineros de muerte en México – A 2 de enero de 2020
Samalayuca, Chih., 2 Ene (Notimex).- Los agricultores de la región
conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y
Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están
dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las
empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.
Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa
su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice,
eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.
“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna
persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la
maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene
de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas
están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me
imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.
Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras
Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a
demoler la sierra.
“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio
mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá
llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a
la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.
Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los
agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad
académica.
“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un
emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ,
en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad.
Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.
En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado
brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde
reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos
negativos del proyecto.
En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la
tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto,
proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.
“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de
conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como
pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue
una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos
destruya nuestras vidas”, advirtió.
Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan
en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se
llevar a cabo”.
Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.
Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil
200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.
“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las
800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de
Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que
hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera
helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la
cosecha de la nuez”, explicó.
“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la
mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de
billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a
estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de
qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.
Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de
México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López
Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien
no pudieron ver.
Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la
capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les
dijo que los apoyará en su petición.
El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto,
algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en
las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones
para la concientización de la población afectada.
“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos
hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y
no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y
ya nos regresamos para acá”, explicó.
No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae
mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada
más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan
ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos
peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.
Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.
Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo,
aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para
el pueblo”.
Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la
zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica
en los cuatro ejidos mencionados.
“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí
tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de
Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”,
explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que
tienen en esta región donde también producen nueces.
Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta
parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos
que dañarán el medio ambiente.
“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos
de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el
Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra
laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los
petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.
“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay
jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del
desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.
Por ello solicitó la intervención presidencial: “Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.
Imagen: Agricultores de la región conformada por los ejidos Samalayuca, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso. FOTO: NOTIMEX.
Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y una nota publicada en Zona Franca a través de Sin Embargo sobre la lucha que se realiza en contra de una minera canadiense en Dolores Hidalgo – A 15 de enero de 2020
El Proyecto Minero Cerro del Gallo no va. Comunidades de Dolores Hidalgo en defensa de su territorio contra el despojo minero
Ante la pretensión de la empresa canadiense Argonaut Gold de explotar una mina a tajo abierto en el Cerro del Gallo en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato y luego de una lucha continuada de las y los pobladores de las comunidades que habrían sido afectadas por la defensa de su territorio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió negar la autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo solicitados por la empresa.
Apenas en noviembre del 2019, a invitación del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, integrantes de las comunidades afectables visitaron el Cerro San Pedro en San Luis Potosí para constatar, de primera mano, las afectaciones concretas al territorio, a la salud y al medio ambiente que produce la minería en su paso por los territorios de extracción.
Mediante un proceso de información, que concitó la participación de mujeres y hombres de las comunidades del municipio de Dolores Hidalgo en oposición al proyecto minero (Santa Bárbara, Cerrito de Guadalupe, La Colmena, El Durazno, Palacio de Abajo, El Potrero de Guadalupe, San José de la Campana, San José de la Palma, El Llanito, La Ventilla, San Isidro el Sisote, San Marcos, Purísima de Cebolletas, Cabaña de San Jerónimo, La Tinaja, Cerrito de Santa Cecilia, San Vicente, Silleros, San Francisco de la ERRE y El Capulín) las y los potenciales afectados cobraron concienca de la capacidad criminal de la megaminería tóxica.
No olvidamos que apenas en julio del año pasado, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera. Se refería a la preocupación de las comunidades por las posibles afectaciones del Proyecto Cerro del Gallo. Desde la REMA, advertimos entonces, cómo esa declaración revelaba justamente la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.
Pues bien, aquí siguen de pie estas comunidades y las organizaciones que las acompañan, dispuestas a la “ridícula” idea de defender su territorio, su vida y su futuro.
Durante este proceso de defensa, las comunidades han contado con el apoyo sostenido de las organizaciones que conforman la Hermandad de la Cuenca de la Independencia (nombre del acuífero que sería afectado por la minera), del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Para combatir la estrategia de desinformación utilizada por las empresas del Modelo Extractivo Minero, la cual implica el ocultamiento de las consecuencias nocivas de sus proyectos y la oferta de beneficios ficticios, nuestro trabajo consiste en acercar información objetiva y real sobre las diversas afectaciones que produce la minería: contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación del territorio y afecciones a la salud; pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje así como altísimas contribuciones al cambio climático; empleos precarios, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de comunidades; atentados contra la integridad física y emocional de opositores así como su criminalización, son algunos de ellos cuando las mineras aparecen.
Pese al estado de necesidad que impera en las comunidades que habitan los territorios donde la minera canadiense Argonaut Gold y su filial mexicana San Antón de las Minas, S.A. de C.V. pretenden explotar el Cerro del Gallo, las y los pobladores han expresado su rechazo demostrando dignidad y capacidad de organización. Ello refrenda que desde la organización, la información técnica y la movilización, los pueblos tienen la autoridad y legitimidad necesaria para hacer valer el respeto a la vida y el respeto a su futuro.
Felicitamos a las comunidades que se han movilizado en esta lucha dando un ejemplo de unidad y de capacidad de respuesta en la Cuna de la Independencia de México. Nos congratulamos y felicitamos a las organizaciones que han apoyado este proceso y a nuestros compañeros de REMA implicados en esta batalla por la integridad de los territorios. La confluencia de capacidades y de dignidad prevalece y nos da bríos para continuar esta lucha contra el despojo y por la vida.
¡NO AL DESPOJO DE NUESTROS TERRITORIOS! ¡ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y MOVILIZACIÓN POR LA VIDA Y CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO! ¡EL DESPOJO NO ES DE UTILIDAD PÚBLICA!
2020 será año clave en la lucha contra mina en el Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo
Por Roberto Gutiérrez Torres, 1 de enero de 2020
Cientos de comuneros, campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades, han dado la batalla en este 2019, para que no se instale la empresa Canadiense Argonaut Gold, señalando el caos ambiental y los daños inherentes daño a la salud , que esto provocaría si llega a explotarse la mina en el Cerro del Gallo.
Dolores Hidalgo, Gto. En 2019 la población
dolorense y en específico quienes habitan en alrededor de 20 comunidades
aledañas a San Antón de las Minas, a unos 15 kilómetros de la cabecera,
han iniciado una lucha ciudadana, pacifica cuyo objetivo es buscar la
concientización entre los habitantes de la región que incluye a otros
municipios, y hacer saber al gobierno municipal, estatal y federal que
no quieren la explotación de la mina ubicada dentro de su territorio.
Foto: Roberto Gutiérrez.
Dentro de su página oficial la compañía canadiense
Argonaut Gold precisa que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del
Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de
proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo
dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y
reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña
de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de
exploración en San Antón”, se señala en palabras de Bob Rose,
vicepresidente de Servicios Técnicos.
El Proyecto
La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de
explotación en el Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la
Independencia, misma que ya se encuentra operando en nuestro país, entre
ellos en el complejo El Castillo en el Estado de Durango y en la mina
La Colorada en Sonora.
Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en la
mina de San Antonio, en Baja California Sur y en la del Cerro del Gallo;
es en este último proyecto donde la compañía canadiense se ha
encontrado con el rechazo frontal de pobladores, activistas y
ambientalistas .
De realizarse su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil
hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de
sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir
graves afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.
Así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua han
señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca de la Independencia.
En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del
“Acuífero Cuenca de la Independencia”, el acaparamiento de grandes
volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda
escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años
se señalado la crisis hídrica.
Organizaciones civiles, comunales, campesinas y pobladores en lucha
Son diversas organizaciones las que se han estado sumando de manera
activa en conjunto con los pobladores en el diseño y ejecución de
acciones de concientización sobre lo negativo que traería la explotación
de la mina.
Foto: Roberto Gutiérrez.
Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma tienen
organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en
métodos alternativos de producción comunitaria entre ellas se encuentra
el Centro de Desarrollo Agropecuario y Social CEDESA, quien tiene ya más
de 50 años en coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa
región.
Otras organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina “
es la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia CODECIN y
junto a ellos un colectivo de jóvenes denominados “Guardianes de la
Cuenca de la Independencia”, todas ellas con trabajo continuo municipal y
regional con una gran base activa de miembros.
En otra vertiente otras organizaciones con presencia estatal,
nacional e internacional como la Red de afectados por la Minería Rema,
Acción Colectiva Socio-ambiental, A.C. y la Hermandad de la Cuenca han
estado trabajando sobre el mismo objetivo.
En estos momentos el proyecto minero dependería de que se den en
conjunto tres factores: los permisos correspondientes del gobierno
municipal y federal y la permisibilidad de los propietarios de la tierra
para que la empresa pueda usar sus terrenos y explotar la mina de
acuerdo a declaraciones del activista y abogado Gustavo Lozano, miembro
de Acción Colectiva Socio-ambiental.
Gustavo Lozano precisa que actualmente la empresa está en el proceso
de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos
necesarios por parte de la SEMARNAT, pasar a a la etapa de la
explotación de la mina.
En septiembre pasado SEMARNAT le anuncio a la empresa que en ese
momento no podría determinar los permisos para explotar la mina,
iniciados a principios de este año por la minera y la institución dio un
plazo más largo para analizar el permiso solicitado.
En términos municipales, el edil Miguel Angel Rayas Ortiz, se ha
solidarizado con las organizaciones civiles locales, a las cuales le
manifestado su apoyo en contra la minera, y hasta el momento el gobierno
no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo, ni de
construcción.
Los pobladores con propiedades de tierras en la zona de
la mina, explica el activista que una gran mayoría aun ha no han
accedido a vender sus terrenos. En conclusión señala, Gustavo Lozano ”
al cierre del año 2019 tenemos un tramite en SEMARNAT mismo que
esperemos que sea negado a la brevedad, y de acuerdo a lo declarado por
el gobierno de Dolores Hidalgo, quien ha manifestado que no ha otorgado
ni un permiso de cambio de suelo, ni de construcción así como los
pobladores de San Anton de las Minas un mayoría de ellos no han
negociado sus tierras para que la minera pueda realizar sus actividades ”
Samuel, de 58 años, originario del Ejido El Venado,
municipio de Madero, en la región del arsénico, vive con diabetes y una
malformación congénita en su pierna derecha, que lo mantienen atado a
una silla de ruedas en el portal de su casa de Salvador.
Los estudios más recientes realizados por la la Universidad
Juárez del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad
Autónoma de Coahuila, revelan que la ingesta de agua con elevadas
concentraciones de arsénico, puede ocasionar infertilidad e incluso
trastornos como la obesidad.
Por Jesús Peña
Coahuila, 5 de enero (Vanguardia).– A las 3:00 de una tarde húmeda en
“La Manada”, el pequeño rancho jaspeado de espesos pinabetes y
nopaleras frondosas, un enjambre de moscas gordas, atraído por el hedor a
muerto, a carne podrida, revolotea ávido en derredor de la mano
gangrenada, destrozada, de don Santos Martínez.
La mano izquierda de don Santos: apenas un amasijo de carne sanguinolento, pestilente, donde no hace mucho hubo una mano.
La mano de don Santos.
De vez en vez Santos se espanta las moscas, tercas, hambrientas, con
su otra mano regordeta y tostada por el sol, que de un tiempo a la fecha
ha empezado también a picarse.
“Mire lo que tengo ái. Mire, esto, esto… Me resultaron todos estos cuerillos en las dos manos. Es por el agua, por el arsénico del agua…”, masculla Santos.
Se lo dijo un doctor de Madero: que es por el agua que desde crío tomó Santos de los pozos contaminados con arsénico en el Ejido 18 de Marzo, municipio de Francisco I. Madero, en la Comarca Lagunera de Coahuila.
De Francisco I. Madero, conocido como “el corazón de la Laguna”, un corazón cuyas arterias están corroídas por el arsénico.
Los
procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de
arsénico. En la imagen, una bomba de agua en Francisco I. Madero. Foto:
Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Santos había migrado de su natal San Luis Potosí, con una hermana
suya, a esta feroz región de soles y tolvaneras, hace unos 60 años,
cuando él tenía 13.
Desde entonces, como el resto de los pobladores del 18 y de toda esta ruta, la ruta del arsénico, bebió y bebió el agua de los pozos infestados con veneno.
Cuenta Santos, 73 años, bajito, menudo, el rostro morocho y curtido por el trabajo en las pizcas de algodón.
Mientras, el parloteo de una radio hiere el silencio de la finca, con
sus cuartos de tierra y sus cercos de espinos, que es la casa de don
Santos Martínez, enclavada en los límites de la estepa, a orillas de una
angosta y larga carretera que lleva y trae a otras rancherías por cuyos
veneros corren historias con sabor a arsénico, como la de Santos.
Santos había entregado el alma en el riego y las pizcas, en las tierras de los ranchos y pequeñas propiedades de la región.
Hoy vive pobre y enfermo.
Y casi, se mantiene con la ayuda de dos mil pesos que cada dos meses le pasa el Gobierno.
En el 18 de Marzo, la gente habla del anciano que vive solo en la
última casucha que hay a unos 100 metros de la salida, en los márgenes
de la vereda, y que está “malo” de las manos.
Santos machetea con una mano, su mano buena y sana, una rama de
mezquite, y el golpeteo seco del machete que cercena, destaza, corta,
mutila, el palo, hace eco, como un grito, al otro lado de la leprosa, y a
ratos desolada, autovía: el camino del arsénico y acaso de la muerte.
“Me dicen que aquí murieron dos, de esto… Había otro señor que también estaba ansina. Tiene poquito que murió…”, dice Santos.
Aquí, en los pueblos de la Laguna, cuyos bajos fondos son la morada del demonio del arsénico, ha habido muertos.
No hay números.
Jesús Burciaga, médico general, especializado en hidroarsenicismo. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Nadie sabe cuántos.
Pero aquí, en los solares de estas rancherías se cuentan en voz alta
las historias de personas que han fallecido por tomar agua con arsénico;
y de otras que viven con cáncer de piel o mutilaciones de manos o piernas por haber bebido y bebido de las norias contaminadas con este metaloide.
Lo de don Santos empezó hace 10 años.
“Yo estaba sano, nomás de buenas a primeras me resultó esta enfermedad. Yo andaba bien, bien”, cuenta.
Primero fue ese extraño adormecimiento en las manos, luego las llagas
y después la infección que le carcomió, como un ácido letal, el pulgar
de la mano izquierda y de a poco la mano completa.
“El arsénico se aloja en las extremidades: en los dedos
de las manos, en los dedos de los pies, en las piernas…”, dice Jesús
Burciaga, médico general que por más de 30 años ha estudiado el impacto
del hidroarsenicismo en la salud humana.
Santos se espanta las moscas que vuelan, que se le pegan obstinadas a
la herida en carne viva, de la que mana a distancia un penetrante y
viscoso olor a cadáver.
Aquí ya huele a muerto.
“Hicimos unas entrevistas allá para Tlahualilo, Durango, a
mucha gente amputada, con pie negro… Había un señor abandonado con 100
millones de moscas a su alrededor… Son casos patéticos que se conocen y
nadie hace nada. No hay un programa de salud para atender a toda esa
gente. Hay un abandono total…”, dice Jesús Burciaga.
Sólo ver la mano de don Santos desgarrada, descarnada, por el arsénico, es inevitable el vahído, la náusea.
“Fui con el doctor y me recetó medicina, pero no me hizo”, platica Santos.
El médico le dijo que para lo de él, para su enfermedad, ya no hay tratamiento.
Matilde Suárez Rivera es la auxiliar de salud del Ejido Finisterre. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
“Le dije ‘mire doctor, deme un medicamento que sea güeno pa la infección’, dice ‘no señor, no hay, ya no hay…’”.
El único remedio que puede salvarle la vida, le advirtió el galeno,
es que le amputen la mano izquierda, que a Santos le mochen la mano.
Pero Santos, tiene miedo y no lo disimula.
“Pos yo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo que me la mochen”.
Repite Santos y sus palabras, como torbellinos, se pierden en la inmensidad del páramo.
Santos camina despacio por su finca solitaria, dice que cada día que pasa le cuesta más trabajo mover sus manos, su cuerpo.
“Toy todo inválido…”, dice sin gota de resignación.
• • •
“Las personas que ustedes conocieron, que salieron en sus
portadas, en sus entrevistas, ya no están, ya fallecieron…”, dice
Matilde Suárez Rivera, la auxiliar de salud del Ejido Finisterre, en
Madero.
Ya están muertos, dice Matilde, y sus casas en ruinas.
Matilde evoca el caso de don J. Manuel Donato Mejía, un anciano con
el cuerpo lacerado por las llagas negras del cáncer de piel, el mismo
que en 2010 documentó SEMANARIO.
“Ya falleció”, dice Matilde.
Jorge
Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina
molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Es la 1:00 de la tarde en el solar de la casa con portal amarillo de
Matilde poblado de tupidos árboles, pero ni eso ahuyenta los más de 40
grados de calor que a esta hora castigan a la sombra.
“Dicen que (el hidroarsenicismo)ya no es tanto, pero yo
no creo…”, suelta Matilde, se vuelve de espalda, se alza la blusa
celeste y muestra las manchas parduzcas que hace no mucho le aparecieron
a la altura de los omóplatos.
“Me dice la doctora que puede ser a raíz del agua que consumíamos”.
Y como si fuera un obituario Matilde recita uno por uno los nombres
de los lugareños de Finisterre que ya se han ido de este mundo por culpa
del hidroarsenicismo:
María Sandoval Casillas, “en paz descanse”, Julia Rodríguez Nery, Telésforo López y Manuel Donato.
Eran los tiempos en que todavía los ojos del orbe estaban puestos en Finisterre.
“El doctor Luis Maeda Villalobos, un oncólogo muy
importante en esta región, fue el que determinó, por primera vez, la
incidencia de hidroarsenicismo en problemas de deformaciones y de
cánceres, allá en el municipio de Francisco I. Madero, por la zona de
Finisterre. Él hizo los primeros estudios”, comenta Fernando Ulises
Adame de León, doctor en biología molecular.
Jesús Burciaga, médico general que por más de 30 años ha estudiado el
impacto del hidroarsenicismo en la salud humana, dice que en la Laguna
existen antecedentes, desde 1958, sobre los efectos del consumo de
metales como el arsénico, el plomo y el cadnio, en el hombre.
“Ya desde 1958 hay antecedentes de cáncer de vejiga, de
pulmón, de hígado, de colón; píe negro, de la frecuencia con la que se
presenta el cáncer. Para 1960 se dieron 260 casos clínicos de enfermos
que se quejaban del crecimiento del hígado…”.
De Japón vinieron a Finisterre médicos y periodistas para ver lo qué pasaba con el arsénico.
“Anduvieron buscando a esas personas que le acabo de
mencionar que ya fallecieron. Yo los llevé con ellas, así como a
ustedes”, dice Matilde.
Matilde llegó de Tamaulipas, a este pueblo de chozas de adobe y calles sin asfaltar, en 1982.
Eusebio
dice que desde hace algunos años viene de Madero, dos veces por la
semana, un camión que surte a la gente de garrafones con 20 litros de
agua purificada, a cambio de 15 pesos. Foto: Marco Medina y Jesús Peña,
Vanguardia
“Nomas hágale…”, suelta.
37 años ya de aplacarse la sed, bañarse, lavar la ropa, con el agua
arsenicada que rezuma bajo la piel, por las venas abiertas de la Comarca
Lagunera.
“En aquellos años hubo una persona, un vecino, joven, él
murió de 42 años, todo su problema vino por el hidroarsenicismo. Tenía
cáncer en la vejiga… Usted sabe que en estas comunidades rurales a veces
no contamos con los recursos necesarios para ir a un doctor…”, dice
Matilde.
Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, explica
cómo es que el arsénico, una vez alojado en el cuerpo, desencadena el
cáncer y otros males:
“Los metales pesados interactúan directamente con el DNA y
el DNA es el motor que controla todos los procesos celulares. A nivel
molecular hay una interacción de los metales eh. Hay activación de
algunos mecanismos que generan enfermedades serias. El problema está en
la interacción a nivel molecular y el metal pesado llega hasta el centro
de las moléculas que controlan la vida. El cáncer es uno de los
problemas más frecuentes porque el arsénico activa y multiplica los
oncogenes”.
Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en
medicina molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, explica así el daño que el arsénico puede causar en el ADN:
“Genera radicales de oxígeno, que esas son moléculas que
oxidan otras moléculas, en este caso el DNA. Cuando se oxida el DNA
puede degenerar en muerte celular o cáncer, que ésta es una de las
principales preocupaciones…”.
Matilde cuenta que en aquella época pasó vista, notificó, de todos
esos casos a las autoridades sanitarias de Madero, pero nada ocurrió.
Ahora está preocupada porque, dice, a últimas fechas en Finisterre se
han presentado casos nuevos de lesiones causadas por el consumo
prolongado de agua con altas concentraciones de arsénico.
Itzel Tapia Pérez, es la doctora en la clínica del IMSS Salvador. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
“Sí, puede ser, pero se tendrían que valorar las lesiones
porque no son exclusivas del arsénico. De hecho, la exposición al sol
provoca algunas de esas lesiones o muy parecidas. Se pueden asociar al
arsénico, si la persona está expuesta al arsénico o vivido en una región
con arsénico…”, dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y
maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez
del Estado de Durango.
Uno de esos casos es el de don Eusebio López Bernal, oriundo de
Sombrerete, Zacatecas, 72 años, 30 de vivir en este pueblo, 30 años de
tomar agua con arsénico
Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en
medicina molecular, asegura que el problema del hodroarcenismo ya se ha
incrementado por la cada vez mayor sobreexplotación de los mantos
acuíferos en la Laguna.
“Estamos haciendo pozos más profundos, situación que
provoca que ese arsénico, que siempre ha estado ahí, ahora lo estemos
consumiendo en mayores concentraciones y eso genera más problemas en la
población”.
Ya
va para cinco años que en este pueblo no tienen clínica, farmacia ni
médico de planta. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
“En aquellos años, – dice don Eusebio-, la gente tomaba agua de esa y
de ái se nos acumuló el arsénico. Yo tengo mucha mancha. Wache bien…”,
Eusebio deja ver debajo de su camiseta unos lunares cafés que motean
sobre su espalda, cuello, pecho y el nacimiento de sus axilas.
“El arsénico es malo, el arsénico es malo y ni modo, Mire wáchele estas manchas…Eso es del arsénico”, repite Eusebio.
“Y el Gobierno dice que el agua ya está limpia…”, lo secunda Matilde.
“No, no cuál limpia. Esto viene del cabrón arsénico que trae el agua.
Esa agua del arsénico, la de las norias, es como la que nos echan de la
tubería. Trae arsénico toda esa agua. Que nos alivianen mejor con un
medicamento pa eso de las manchas”, revira don Eusebio.
Eusebio dice que desde hace algunos años viene de Madero, dos veces
por la semana, un camión que surte a la gente de garrafones con 20
litros de agua purificada, a cambio de 15 pesos.
Pero son más los años que Eusebio, Matilde y los pobladores de esta comunidad, han tomado agua mezclada con veneno.
Matilde dice que extraña aquella época en la que cada 15 días venía a Finisterre una unidad móvil de salud.
Ya va para cinco años que en este pueblo no tienen clínica, farmacia ni médico de planta.
“Los habitantes de esta comunidad que es Finisterre, con
una pastillita que a lo mejor nos calmará un poco, pero… sabiendo que
tal vez podemos tener un problema ya de años atrás, relacionado con el
hidroarsenicismo… Tenemos grande necesidad de una clínica rural”.
Paradójicamente en la mayoría de las comunidades de la región del
arsénico en Madero, Coahuila, escasea el agua de la red municipal y los
naturales tienen que ir hasta las norias contaminadas y acarrear el
líquido hasta sus casas para bañarse y realiza sus labores domésticas.
Luz
es originaria de Salvador y bebió agua de arsénico desde que estaba en
el vientre de su madre, que también nació aquí. Foto: Marco Medina y
Jesús Peña, Vanguardia
“Lo que está sucediendo es que en los poblados no hay
suficiente presión de agua. Sus norias tienen 400, 500, 600 microgramos
de arsénico por litro. El agua que les llega de la red tiene alrededor
de 50. Pero a veces tienen agua, a veces no tiene agua, cuando no tienen
agua deben que ir a las norias cercanas, que esas tienen 400
microgramos de arsénico por litro, entonces siguen exponiéndose”, dice
Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de
la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango
“Ahorita, – dice Matilde-, la necesidad más grande es el vital
líquido, limpio y sano, que no nos acarree enfermedades, que no nos deje
secuelas ni al final… la muerte…”.
• • •
Lo primero es el tanque elevado amarrillo chillante, con unas letras
redondas y azules que dicen “Bienvenidos al Ejido El Salvador”.
Es la noria con arsénico de la que por mucho tiempo, unos dicen que
20, otros que 30 años, se abastecieron los nativos de esta ranchería
perdida en el horizonte de Madero, justo donde acaba la ruta del
arsénico.
Mediodía bajo del cobertizo de la casa de María de la Luz Herrera Rodríguez, en el pueblo de San Salvador de Arriba, Madero.
Luz está sentada en una silla de ruedas viendo girar el mundo por las
calles del pueblo con sus casas pastel, su gritería de chiquillos y sus
perros echados al sol.
Las calles que un día Luz caminó, hasta que tuvieron que amputarle su pierna derecha, a consecuencia de la diabetes que padece.
“Pos, ¿qué quiere que le platique?, nada más que me amputaron el pie por la diabetes”, dice Luz.
Que era hereditaria, le dijo el médico a Luz, el día que le anunció que tenía diabetes.
Lo que el doctor omitió decirle es que, según las investigaciones que
durante años ha realizado la Universidad Juárez del Estado de Durango,
en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, el arsénico es
precursor de la diabetes porque bloquea la producción de insulina y con
ello aumenta el riesgo de padecer azúcar en la sangre.
A la sazón Luz era una muchacha de 20 años.
Gonzalo
García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la
Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Hoy tiene 46 y es paciente de hemodiálisis.
“Tengo insuficiencia renal”, dice con pesar.
Luz es originaria de Salvador y bebió agua de arsénico desde que estaba en el vientre de su madre, que también nació aquí.
Luz dice que el recuerdo más vívido que guarda de su abuelita, son
esas manchas, como lunares rojos en la piel, que se le abrían…
“Decían que era por el arsénico. Ella ya tiene 29 años que murió de eso, de cáncer en la piel”.
“El problema ya no es tanto como antes del 86, pero sigue
habiendo exposición al arsénico y entonces sigue habiendo problemas de
cáncer, problemas vasculares, pulmonares. Las lesiones cutáneas sí
aparecen en aquellos lugares, pero ya no son tan frecuentes ni tan
aparatosas como las que había antes que sí, algunas eran monstruosas”,
dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador
de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de
Durango.
Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, dice que
la Laguna es un referente mundial de la presencia de cáncer y otras
enfermedades, asociadas con el consumo de metales pesados.
“No solamente es el arsénico, son otros metales: cadmio,
flúor, boro; y no solamente es cáncer, es otro tipo de enfermedades:
problemas de deformaciones óseas, que son muy frecuentes en esas
regiones, problemas de dientes…”.
Hace ya siete meses que a don Samuel Maciel le cortaron uno de los dedos de su pie izquierdo y la herida no cierra.
Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Samuel, 58 años, originario del Ejido El Venado, municipio de Madero,
en la región del arsénico, vive con diabetes y una malformación
congénita en su pierna derecha, que lo mantienen atado a una silla de
ruedas en el portal de su casa de Salvador.
“Yo le voy a hablar la verdad: donde quiera tomé agua.
Ayudaba a los vaqueros que ‘cuídame las vacas’, me daba sed por allá en
el monte y allá tomaba agua, donde fuera”.
-¿De las norias?
-Sí, de las norias, del tajo y de donde fuera. Ái donde estaban las vacas miándose, donde tomaban los burros y las chivas…
La
bomba del ejido Cantabro, una noria contaminada en el ejido Salvador y
el cerrado Centro de Salud de La Pinta, tienen un mismo denominador: el
abandono y la indiferencia ante pueblos pequeños donde la gente muere
por la contaminación. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Desde nene Samuel escuchaba a los viejos del pueblo averiguar de una cosa que tenía el agua.
Cuando se hizo mayor y supo de lo que hablaban sintió miedo.
Sí, se oía del arsénico, que por eso estábamos todos… y teníamos esto
y lo otro. Antes donde más se oía era en Finisterre, que estaban todos
cancerosos porque había mucho arsénico y que sabe qué”.
-¿Y qué piensa?
-Que antes, Dios lo ayudó a uno. Tanto mugrero que uno toma…
Durante los 20 años que lleva de enfermera en Salvador, Santa Rocha
ha visto desfilar rumbo a la muerte a muchos pacientes con manchas en la
piel y otros tipos de cáncer, como el pulmonar.
“Ellos ya fallecieron”, dice Santa.
Nunca se supo con certeza si esos males habían tenido que ver con la ingesta de agua envenenada de los pozos.
“Puede ser que sí, pero no se hizo un estudio muy claro que dijéramos, ‘sí, es por el arsénico…’, que se fueran más a fondo”.
Santa dice que en los últimos años los casos de hidroarsenicismo han
bajado debido a que la gente dejó de beber el líquido de la noria y
ahora compra botellones de agua purificada.
“¿Ahorita?, ¿gente machada?, no. Aquí ahorita… la diabetes, la hipertensión…”, dice Santa.
Don
Felipe Cárdenas Aguilar, es uno de los vecinos más antiguos de Salvador
y ha presenciado la muerte y el dolor de familiares y seres queridos.
Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
“Yo tengo manchas, sí. Ái me empezaron a salir, sabe de qué serán”,
dice María del Carmen Morales. Y, se remanga la sudadera hasta los codos
para descubrir sus brazos salpicados de lunares cafés.
-¿Ya le dieron medicamento?
-Pos no me dan nada, sí les he dicho, pero no me dan nada.
Habla Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro
investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del
Estado de Durango:
“No hay guías clínicas ni protocolos clínicos para
atender a la gente que tiene problemas por arsénico. Hay guías para
manejar la diabetes, para manejar la obesidad, el HIV. Hay guías para
eso, pero en lo del arsénico no ¿Qué se tiene que hacer? La prevención
primaria es disminuir el arsénico en el agua, pero hay gente que ya se
expuso por muchos años. Hay que detectar a la gente que tiene lesiones
tempranas por arsénico, tanto en pie, como en pulmón, como a nivel de
sus vasos; y una detección temprana de condiciones que pueden generar
cáncer. Ya tuvieron las lesiones, ya están avanzando… Hay que hacer una
prevención. Se hace la prevención secundaria. La prevención terciaria es
evitar las complicaciones, trabajar para que a la gente no le vayan a
amputar una pierna, no vaya a llegar a un cáncer que sea incurable, que
llegué a tener una mayor complicación por diabetes…”.
A lo largo de sus 64 años Carmen, natural de Salvador, ha vivido ya un rosario de enfermedades.
Es diabética, tuvo cáncer de mama, herpes, recién fue diagnosticada con presión alta y ahora… esto de las manchas…
“Tengo como un año que me empezaron a salir”, dice.
-¿Que oía decir de niña en Salvador sobre el arsénico?
-Nada más decían que el agua tenía algo, pero no sabían qué. Hasta que ya investigaron y todo.
Itzel Tapia Pérez, es la pasante de medicina asignada a la clínica del IMSS en Salvador, desde hace cuatro meses.
“Tengo pacientes de control, adultos de más de 40, 50
años, que padecen de manchas en los dientes y manchas en la piel…
Obviamente es el arsénico, más el trabajo que… ”.
Se
ha visto que los niños expuestos al arsénico, durante el periodo
intrauterino o en la infancia, en la edad adulta son más propensos a
desarrollar cáncer. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Itzel dice que la mayoría de los hombres de esta ranchería labora en
la pizca de algodón, de sorgo, de pepino, de cebolla, de melón, bajo el
sol quemador de la Laguna.
“Presentan heridas en la piel, pero es complicado poder
hablar… Hacer bien el diagnóstico… Falta… para saber bien cómo
diferenciarlo… Pero que yo tenga una estadística de alguna enfermedad
por metal pesado; arsénico, plomo y esas cosas, no”.
“Hay muchas muertes, – advierte Fernando Ulises Adame de León, doctor
en biología molecular, – que se dan en las comunidades, en los ejidos
donde solamente se murió y lo enterraron. Hay poca, muy poca información
al respecto”.
“Las instituciones de salud, – afirme el médico Jesús
Burciaga -, no te dicen, ‘este cáncer es por arsénico’, están fallando y
los médicos contaminan el diagnóstico. En los setentas, ochentas, se
dio la incidencia de cáncer de piel y de pie negro, amputaciones, y se
concluyó que era el arsénico”.
Además, dice Itzel, el IMSS no cuenta con los reactivos, la prueba, para medir el arsénico en sangre.
Y mandar la muestra a un laboratorio particular sería costoso, platica Itzel en su consultorio – farmacia de Salvador.
Las dos pacientes que esperan turno detrás de la puerta, auguran una tarde tranquila.
Itzel dice que en Salvador hay gente de la tercera edad que todavía,
por razones de economía o de cultura, consume agua de la llave, el agua
de la red que manda el ayuntamiento de Madero y que, se sabe, contiene
arsénico.
“El del agua nada más viene una vez a la semana. Si
tienen para comprarla se compra, si no, así, de la llave. Yo tengo una
cisterna, con esa agua me baño y me traigo mi bote de agua purificada de
mi casa para los días que aquí me quedo…”.
Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, sostiene
que casi todos los pozos de la Laguna, casi todos, están en problemas.
“El nivel de toxicidad permitido, el nivel de concentración permitida por la Norma Mexicana es de .025 partes por millón.
Los expertos en la salud señalan que arriba de .017 hay problemas en la salud y nosotros tenemos arriba de .025”.
“Hay pozos, – dice Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico
cirujano con doctorado en medicina molecular -, que rebasan la norma
como al triple, al cuádruple del nivel aceptado”.
“Lo que estamos demostrando, – dice Gonzalo García Vargas, doctor en
toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la
Universidad Juárez del Estado de Durango -, es que aun en
concentraciones bajas, como las que hay en la ciudad, el arsénico está
provocando alteraciones que pueden desencadenar, aumentar el riesgo de
cáncer”.
Itzel comenta que la mayoría de sus pacientes, arriba de los 40 años,
en Salvador, son diabéticos o hipertensos, sufren dislipidemias,
colesterol, triglicéridos altos… y lógicamente sus consecuencias.
“Hay personas que ya han tenido infartos recurrentes…”.
Los estudios más recientes realizados por la la Universidad Juárez
del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad Autónoma de
Coahuila, revelan que la ingesta de agua con elevadas concentraciones de
arsénico, puede ocasionar infertilidad e incluso trastornos como la
obesidad.
“Altera, aparentemente, el metabolismo de los lípidos y
favorece la aparición de obesidad o aumenta el riesgo de ser obeso y de
ser diabético porque se modifica el metabolismo de los lípidos y los
carbohidratos”, expone Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano
con doctorado en medicina molecular y catedrático de la Universidad
Juárez del Estado de Durango.
Así mismo, las últimas investigaciones han arrojado que el consumo de
agua con arsénico en mujeres embarazadas puede derivar en deficiencias
del desarrollo o afecciones neurológicas en el bebé.
Se ha visto que los niños expuestos al arsénico, durante el periodo
intrauterino o en la infancia, en la edad adulta son más propensos a
desarrollar cáncer.
“Es un efecto que puede ser a largo plazo. El niño puede
nacer completamente bien, pero a la larga aumenta el riesgo de padecer
ciertas enfermedades”, dice Espinosa Fematt.
Los trabajos han mostrado también que la presencia de arsénico en el
organismo incrementa el riesgo de asma y de padecer problemas crónicos
en pulmón.
Don Felipe Cárdenas Aguilar, es uno de los vecinos más antiguos de Salvador.
Ha visto pasar por aquí a cantidad de médicos de todas partes que
vinieron para tomar muestras pelo y de sangre, pero que jamás volvieron
con los resultados.
“Se llevaron todos esos datos, se fueron y ya no supimos”, cuenta Felipe.
-¿Usted tiene manchas?
-Sí, sí tengo una, en la espalda. Se me cae, pero no me supura…
Dice Felipe, se para de la mecedora donde suele contemplar los
atardeceres en Salvador y se levanta el suéter para develar una úlcera
parduzca como cráter de volcán en el espinazo que parece a punto de
hacer erupción.
“¿Se fija?, es ésta. Se me cae y me vuelve a salir…”
A Felipe le tocó sufrir los peores años de pobreza en Salvador, los
años en que los algunos críos todavía andaban con huaraches y los más
descalzos.
Entonces en Salvador no había luz eléctrica, no había carretera, no había plaza, no había nada.
“Ora se las están comiendo todas maduras”, dice Felipe.
-¿Usted es de aquí?
-Soy nacido aquí, criado aquí y aquí me voy a quedar.
• • •
Amanece en el Ejido Covadonga, municipio de Madero.
Elvira Gallegos Hernández, la asistente de salud, recorre los senderos polvorientos por donde pasaron sus ancestros.
“Poco a poco se nos van acabando”, dice.
-¿Por qué?
-Pos yo digo que más que nada es por… el arsénico.
Elvira, 59 años, platica que uno de los lastres que en el presente
fustiga a los pobladores de esta aldea lagunera, es el llamado pie
negro, causado por la mala circulación, causada por la diabetes, causada
por el consumo prolongado de agua con altas concentraciones de
arsénico.
“Yo también tengo esa mala circulación, mire…”, dice
Ramona Chavarría López. 88 años, y se baja la calceta de un tirón para
mostrar su tobillo izquierdo roído por el arsénico.
“Dicen que el arsénico y que el arsénico, pero pos no, solamente Dios uno no sabe esas cosas”, dice Ramona.
Y dice que en Covadonga conoció a personas que tenían manchas en la piel o el pie negro, pero ya murieron…
El arsénico se las llevó…
¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE EL CÁNCER Y EL ARSÉNICO?
A nivel molecular hay una interacción de los metales. Hay activación
de algunos mecanismos que generan enfermedades serias. El problema está
en la interacción a nivel molecular y el metal pesado llega hasta el
centro de las moléculas que controlan la vida. El cáncer es uno de los
problemas más frecuentes. porque el arsénico activa y multiplica los
oncogenes.
Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 13 de enero de 2020
Mientras el gobierno del estado de Zacatecas, encabezado por el Gobernador Alejandro Tello, desde hace más de año y siete meses se esforzó en crear todas las condiciones posibles para generar confusión, división comunitaria y familiar, además de fomentar la confrontación mediante el uso desproporcionado de actos de autoridad –como recurrir a la policía municipal y estatal para intervenir en la vida interna de los ejidos– en las comunidades que serían afectadas de forma directa por la Presa Milpillas, la población apostó y avanzó en disponer de un mejor proceso informativo y organizativo, el pasado 4 y 9 de enero del 2020, demostrando que en los ejidos Atotonilco y El Potrero, respectivamente, uno de sus mejores momentos de consolidación social y comunitaria, ya que en ambas asambleas agrarias, DE MANERA UNÁNIME RATIFICARON, de forma legal, tal cual se señala en la Ley Agraria, su posición de RECHAZO A LA AUTORIZACIÓN para construir la “Presa Milpillas” en las tierras de propiedad social que les corresponden.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, felicitan a las mujeres y hombres de ambos ejidos, quienes finalmente lograron sortear de manera positiva una férrea confrontación interna promovida por diversos actores relacionados con la estructura del gobierno estatal.
Nos da gusto que ambas asambleas hayan logrado, por unanimidad, un acuerdo de enorme trascendencia para su vida, no sólo porque ratifican la fuerza e importancia de los procesos basados en la libre determinación de las comunidades y la determinación de que los gobiernos dejen de tratar como menores de edad a sus habitantes, sino porque en ambos ejidos fueron capaces de superarla división y la confrontación para, finalmente, asumir de forma colectiva –tal cual les compete como propietarios sociales– una posición unitaria sobre un proyecto que pretendía poner en riesgo sus formas y medios de vida. Tanto en REMA como en el OCMZac, somos totalmente conscientes sobre lo complicado que resulta restituir procesos de vida comunitaria fragmentados a causa de este tipo de megaproyectos, y por ello enviamos a toda la población de ambos ejidos un gran abrazo solidario y fraterno.
Estos acuerdos basados en la unanimidad de la decisión de ambos ejidos, ponen nuevamente en evidencia que el gobierno de Zacatecas mintió al decir que las y los ejidatarios estaban especulando sobre la tierra para poder venderla a mayor costo. Hoy se desmonta otra de las varias falsedades que ha promovido irresponsablemente en los medios, tanto el gobernador Alejandro Tello, como el resto las/os promotores de la Presa Milpillas.
Recordemos que en el mundo existen 55 mil presas (Castro, 2019), de las cuales a México le corresponden 4 mil 462 (INEGI, 2016) y en Zacatecas se han construido 356 a lo largo de su historia (Castro, 2019). De acuerdo al Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, está comprobado que éstas generan más pobreza, accidentes y rupturas, acarreando inundaciones mortíferas y también desplazamiento de poblaciones y desarraigo. Así, el mismo informe reconoce que son 80 millones los desplazados en el mundo por represas, las cuales además generan altos índices de gases efecto invernadero, todo lo cual deriva en el reconocimiento de que las represas no son iniciativas sustentables, a tal grado que no en pocos países se ha iniciado la deconstrucción de las mismas para liberar a sus ríos. Son muchos los motivos sociales, ambientales, económicos y productivos en juego, y represar que el agua genera más condiciones de asimetría y desigualdad. Es por ello que año con año el movimiento anti represas en el mundo se va incrementando y creando alternativas contra el interés capitalista que se encuentra detrás de la represa de ríos, impulsando, en cambio iniciativas de verdadera sustentabilidad que son indispensables para la vida y no para la muerte.
Es cierto que Zacatecas enfrenta estrés hídrico y esa condición pone en riesgo la distribución equitativa del bien Agua; sin embargo, esa problemática ha sido generada y acrecentada por falta de planificación, tomando de decisiones a favor de grupos privados, como sucede con la minería, en un sinsentido político de priorizar un negocio particular a costo de lo que sea, ocasionando ya que de los 34 acuíferos del estado, 20 están sobreexplotados y los 14 restantes está sin disponibilidad, y justamente uno de estos últimos se encuentra en el ejido Corrales. Es obvio que el gobierno y las empresas no sólo están detrás del agua del río Atenco, sino que pretenden acceder a éste acuífero con el pretexto de instalar la planta de bombeo para la Presa Milpillas y continuar sus procesos criminales de privatización del agua.
Cabe destacar que en Zacatecas existen alrededor de 230 concesiones mineras, y de ellas, una la posee una de las minas más grandes del continente que se encuentra en Mazapil, que todas y todos conocemos como la mina de Peñasquito, la cual, de acuerdo con una investigación publicada en el diario La Jornada (2019), consume 55 millones de metros cúbicos al año, dejando al municipio con sed, enfermedades y muerte. Este consumo desmedido de líquido vital en una región del país donde éste es escaso y para una actividad que genera despojo y muerte, es sumamente contradictorio con el Estudio de Factibilidad denominado “Construcción de la Presa Milpillas en Jiménez del Teul y línea de conducción para abastecer de agua potable al corredor FresnilloZacatecas-Guadalupe” (2015), donde se menciona la pretensión de, a través de la Presa Milpillas, trasladar 59 millones de metros cúbicos de agua, es decir, literalmente la cantidad de agua que consume la mina Peñasquito.
La disponibilidad de agua es vida y significa a su vez la oportunidad de trabajo y de producción agropecuaria. La lucha emprendida y los logros alcanzados por las mujeres y hombres de Atotonilco, El Potrero y el resto de los ejidos vinculados al proyecto de la Presa Milpillas, nos demuestra que, como lo decía la querida Bety Cariño, es momento de los pueblos, y basta de políticos incapaces y corruptos, así como de políticas que se construyen desde taburetes y sin ninguna relación con los bienes naturales y las necesidades de las comunidades. También nos demuestra que la organización social en Zacatecas, en México y en el mundo es posible y que “ni el gobierno manda, ni las empresas mandan”.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas hacemos expresa y extensa nuestra felicitación y enviamos nuestro máximo reconocimiento y solidaridad a todos y todas las integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Especialmente a los ejidos de Atotonilco y Potrero por blindar su territorio.
Ya pasaron más de tres años desde que Berta Cáceres
fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44
años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental
Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que
una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad
Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena.
Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a
su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en
los brazos de un amigo.
Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el
Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas
privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus
teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto
independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a
través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos
rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado
protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una
sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.
El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con
el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo
luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien
coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos,
sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad:
todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa
familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y
la industria financiera internacional.
Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres
interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema
de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos
empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se
infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte
concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de
DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora
Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan
fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de
DESA.
Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la
empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico
Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus
conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades
nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación.
Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican
que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma
paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato. Aunque son
documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes
privados nunca han sido publicados.
Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su
involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos
empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de
diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y
50 años de prisión.
Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente
planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto
repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10
de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva
de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u
obligado a declarar.
El río Gualcarque, río abajo de la represa de Agua Zarca.
Foto: Giles Clarke/Getty Images
Duplicidad Temprana
El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los
miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala
Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el
patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se
encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes
cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados
de alto nivel.
Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de
dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como
director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua
Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas
principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las
acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta
directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco
que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.
A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la
empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.
El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa
hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento
previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se
estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían
que DESA no tenían derecho a estar allí.
La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había
solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes.
Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle
a un miembro del COPINH llamado Tomás García.
Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.
“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de
manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de
ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.
La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas
de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de
HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias
llamado HCH Televisión Digital.
“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros
mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.
Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la
transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la
muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto
de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también
tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que
trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros
muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia
que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y
niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el
miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.
Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con
el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a
represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no
deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el
ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa
privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador.
HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre
el segmento transmitido.
Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa
de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con
Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.
“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas
hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de
la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento
otra vez”, añadió el número desconocido.
Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos
líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q
salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.
En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de
tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló
el fallo y desestimó los cargos.
Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con
Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en
2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo.
Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y
ubicación de Cáceres.
Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había
escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de
construcción de la empresa.
“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza.
Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas:
“Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la
ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.
Esta foto tomada el 17 de septiembre de 2018 muestra a
Sergio Rodríguez (D) junto con otros seis acusados del asesinato de la
activista medioambiental de origen indígena Berta Cáceres, después de
que el Tribunal suspendió el juicio tras la presentación de un recurso
de casación en contra de la sala en Tegucigalpa.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
“Puede ser que en estos momentos ocurra”
En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C.
para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como
activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el
hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la
depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso
de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada,
envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales,
nos exige actuar”.
DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de
2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado
del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de
inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres
años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.
El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del
registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente
con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero
Daniel Atala Midence.
En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por
teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un
francotirador de las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.
Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo
activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de
vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de
septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus
condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le
dijo que podía contar con su apoyo.
Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto.
“No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le
aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza
que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger
nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos
ganamos”, le respondió a Cáceres.
Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA,
Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que
hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo;
sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía
nacional.
Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera
tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a
un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los
manifestantes, pero no funcionó.
Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el
chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía
española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su
número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital
para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José
Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes,
parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato,
fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el
dignatario.
No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática.
El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel
de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar
por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo
que se discutió.
El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro
Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió,
“Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien
había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA,
respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección
policial de la represa.
Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en
el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas
de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En
algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y
Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro
sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo
aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que
custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.
El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados,
Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría
a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición
local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio
Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era
más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí
que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al
grupo.
Documento: Honduras Supreme CourtEl
22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no
había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr.
Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.
Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma
tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado
de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando
Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo
póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga
preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.
Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis
del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para
este momento, la empresa había montado una red de comunicación
compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del
personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el
análisis.
Gráfico: The Intercept; Fotos: Getty Images
La
estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un
lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por
otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos
redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.
El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación
es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar
infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la
estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo
el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el
conocimiento y adopción de las decisiones”.
Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los
dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La
noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.
“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está
Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó
cómo siempre solo lo mejor”.
“Un grano en el trasero de la doña”
Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.
“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a
COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro
trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego
envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de
policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.
“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes
vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de
cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el
dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que
es cuándo se acaba la amenaza”.
Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron
a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó,
según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”,
escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo.
Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha
sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.
Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández
discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero
que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es
peligroso te enyucas”.
El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”,
presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación:
“Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas
limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a
Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos
hombres para que los tres pudieran “trabajar”. Y aclaró: “Uste ya save
deke”.
No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino
que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre
de la futura víctima.
Documento: Honduras Supreme CourtEl
5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres
fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que
luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla
verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca
abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.
Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y
llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El
análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue
detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de
la casa de Cáceres.
Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario
desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la
misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a
los autobuses públicos y abandonaron la zona.
“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se
pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.
Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar
un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a
presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la
solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día
siguiente.
Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron
menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones
Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado
en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta
del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.
El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar
fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres
tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas
en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45
policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los
EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.
En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo
escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota,
creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su
nota, y que mensaje debe de dar”.
En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.
Un asesinato plasmado en los mensajes
El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo.
El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que
sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de
la casa de Cáceres.
Documento: Honduras Supreme CourtA
las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno
donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una
amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si?
Besos”.
Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.
Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un
visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su
casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el
teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.
Documento: Honduras Supreme CourtA las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.
“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.
Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:
“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.
“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.
A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.
Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de
una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo
también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos
anticipar lo que se viene enfrente”.
Familiares y amistades colocan flores en la
tumba de la ecologista indígena Berta Cáceres en La Esperanza,
Honduras, el 3 de marzo de 2018.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
Un estancamiento burocrático
Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en
contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se
apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.
El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.
Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el
lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que
hablara con un infame
comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que
más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a
Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.
Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que
iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de
Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat
de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un
enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible
lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho
eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.
Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el
asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del
Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga
todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades
hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra
nosotros”.’
Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al
grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre
los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió
que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes,
registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de
eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa
en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la
organización.
Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de
Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una
fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un
ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está
abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.
Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis
condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz,
Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin
Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre,
el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan
Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las
sentencias eran el “primer y pequeño paso”
hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el
castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los
ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron
los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los
congresistas estadounidenses.
En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez,
abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los
hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable
crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David
Castillo y Sergio Rodríguez”.
El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran
fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de
abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos
meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que
sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de
Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la
dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción
sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona
completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo
Amsterdam.
Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco
publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo:
exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de
Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los
teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o
corrompidos”.
Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala
Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por
“manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido
Proceso”.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió:
“Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico
esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.
Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa
demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña
que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido
condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación
publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of
the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que
Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas
con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles
enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista
Nina Lakhani de The Guardian reveló que Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres
Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua
integrante de GAIPE — un equipo internacional que investigó el
asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de
avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es
que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y
violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato,
incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece
intacta.
“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.
Compartimos la invitación de hace el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH para conmemorar 4 años de sembrar a nuestra compañera Berta Cáceres – A 13 de enero de 2020
PRIMER LLAMADO –
En marzo de este año se cumple el cuarto aniversario de la siembra de
nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades Lencas organizadas a
COPINH y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les
invitamos a acompañarnos en la conmemoración a su vida, su lucha y a su
causa por la justicia para el pueblo hondureño.
En este cuarto aniversario nos juntamos para ser una gran voz que
sigue demandando y construyendo el camino de la justicia. Aplaudimos que
las pequeñas victorias en el camino de verdad y justicia son parte de
un esfuerzo colectivo y mundial que no ha bajado los brazos en denunciar
este crimen de Estado, este femicidio político, este asesinato
perpetrado por el extractivismo violador de los derechos de los pueblos.
Las actividades conmemorativas se realizarán en el Centro de
Encuentro y Amistad “Utopía”, ubicados en la comunidad de Santa
Catarina, Intibucá, los días 2, 3 y 4 de marzo.
“Jamás vamos a olvidar que el asesinato de Berta, tiene como autores
intelectuales a los promotores del extractivismo el saqueo y despojo de
nuestros territorios.”
Dado en La Esperanza, Intibucá, Honduras a los 13 días del mes de enero del año 2020
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el proyecto Tren Maya – A 6 de enero de 2020
Superan 677 millones de pesos
Son al menos 40 con seis empresas
Dora Villanueva Periódico La Jornada Lunes 6 de enero de 2020, p. 13
El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677
millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción
del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la
región.
Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana
de Grupo Typsa, constructora española que no hace más de dos años fue
acusada en Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas.
A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad
de México o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el
Tren Maya primero se establecieron 40 contratos durante un año,
previamente a la opinión de la comunidades que serán afectadas por el
megaproyecto.
Entre las transacciones firmes se cuenta la que ganó en agosto pasado
el consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones
987 mil pesos –el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo
licitación–, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se
falló cuatro meses antes de procurar un análisis sobre la conformación
social indígena de la zona.
Luego de éste los contratos más costosos han sido por adjudicación
directa. Encabeza ByA Barrientos y Asociados, empresa a la que se
comprometieron 62 millones 408 mil pesos por trabajos
técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de
afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto
denominado Tren Maya.
A Mextypsa, filial de la española Typsa, se otorgaron 59 millones 552 mil pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho Woodhouse Lorente Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica; a PwC, 32 millones por asesoría económico-financiera, y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil pesos.
Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377
mil pesos y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil.
Por adjudicación directa suman 249 millones 686 mil pesos, entre los que
se incluye la creación de los fundamentos financieros y legales de la
obra que, según lo referido por el gobierno federal, será al menos 60
por ciento otorgada a la iniciativa privada.
De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el
gobierno federal adelantó recursos para la planeación de la obra. En
octubre de 2018, aún sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en el
poder, la administración priísta de Campeche concursó cinco estudios de
previabilidad del Tren Maya por 15 millones 229 mil pesos.
ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de
Campeche, cuando estaba a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Tuvo un
pago de 6 millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 408 mil para trabajos técnico-jurídicos de derecho de vía en toda la zona.
El director general de la consultora es Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, cuyo nombre aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
N.
del Editor: esta nota fue actualizada el miércoles 15 de noviembre con
una carta de FEMSA y Bio Pappel, con la respectiva aclaración de la
reportera.
Un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra un enjambre de
descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en 5
mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos,
higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.
Ante la falta de supervisores suficientes de la Conagua, sin datos
fiscales de los concesionarios para rastrearlos, y la “debilidad” de la
Ley de Aguas Nacionales, “están envenenando” los ríos, lagos y acuíferos
del país, dijo a este diario digital la investigadora Elena Burns.
Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla,
cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la
tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residualessin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.
“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua
les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no
deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”,
expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por
pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después
de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su
propio sistema de agua es de un valor profundo”.
En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el
Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de
más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación
de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de
Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.
El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20
pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los
cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos
trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el
derecho al pozo.
La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó
registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la
Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz
Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.
“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración
del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que
el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la
Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos,
bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la
misiva del Alcalde.
Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del
Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están
trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de
Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano
exclusivamente para los municipios.
En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo
que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano,
en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.
Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no
ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más
que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.
Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil
concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la
fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.
“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país
tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de
Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la
disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son
objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha
tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y
los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.
DESCARGAS SIN PERMISO
Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos
industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no
se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley
Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el
Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se
evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del
poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.
Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para
uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las
de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.
“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en
parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión,
entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los
derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns,
de la Coordinadora Agua para Todos.
Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y
globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y
acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería
Cuauhtémoc, Cervecería Modelo, Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez,
Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter
& Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola
(su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle
(Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.
Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.
También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.
“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los
ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el
colapso por el manejo de las aguas superficiales y las
subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua
admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente
contaminadas”.
La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga,
si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al
suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las
personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos,
cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de
agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la Nación.
“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino
que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar
derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con
datos de la Auditoría Superior de la Federación.
“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de
drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las
descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la
Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades.
Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin
tratamiento”, aseguró Burns.
“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y
las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque
están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”,
reiteró.
En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario
más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de
Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como
las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères,
la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga
luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para
Todos y Conagua.
Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo
hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil
concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos
usos, incluyendo el industrial.
“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de
aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el
punto de toma o del pozo”, dijo Burns.
CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO
Coca-Cola FEMSA informa
En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera
titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso
de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:
Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes
necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los
permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para
realizar esta actividad.
Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los
estándares y normas establecidos por autoridades ambientales,
municipales, estatales, federales e internacionales.
Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría
Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y
Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y
compromisos de conservación y preservación ambiental.
Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la
CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso,
tratamiento y descarga del recurso nacional.
Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.
Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los
cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y
colaboración, para un entendimiento mutuo.
CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO
RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA
Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua
(Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de
descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única
excepción es si descargan en un sistema municipal.
Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las
concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló
los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona
física o moral, lo cual se representa en el mapa.
En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios
Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y
Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión
sin el número de permiso que dicen tener.
La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.
“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de
descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de
concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga
bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca
demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la
contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena
Burns, investigadora de Agua para Todos.
Compartimos este artículo publicado en Pie de Página sobre la represión a defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2019 – A 29 de diciembre de 2019
El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.
Texto: Redacción Pie de Página
El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y
defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una
treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste
del país.
En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han
matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los
estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6)
y Guerrero (cinco).
Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas,
activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad
LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y
policías comunitarios, entre otros.
Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas
cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas
eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos
Humanos y Periodistas.
Chiapas: la más peligrosa
El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo
Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de
Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región
en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca
de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.
El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago
Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en
Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la
alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista
Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.
Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca
eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno
mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección
para personas defensoras de derechos humanos.
En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores,
defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El
ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la
extracción ilegal de arena del río.
El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron
en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez
Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente
Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de
Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20
de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la
instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago
Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.
Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García
Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El
activista era representante de su comunidad en las comisiones para
lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera,
en conflictos por la delimitación de las tierras.
La presencia paramilitar
El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la
activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque
paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular
Ricardo Flores Magón.
El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por
autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio
de su oposición a las altas tarifas eléctricas.
Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del
Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de
Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de
derechos laborales.
El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena
Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a
Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a
manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las
vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron
heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran
con legalidad.
Activistas y comunicadores
El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa
fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero.
Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo
de protección de defensores de derechos humanos.
El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez,
asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM
“La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el
municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago
Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su
comunidad.
El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días
antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para
decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto
Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un
foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado
federal en en la entidad.
El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue
asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de
la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su
pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades
investigan el crimen como feminicidio.
El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz,
integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo,
Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar
uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El
agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.
Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.
Contra buscadores de personas desaparecidas
El activista Abiram Hernández Fernández
fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó
en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas
desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales,
el sociólogo murió a golpes.
Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos
el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo
en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila,
Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en
la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas
clandestinas en la entidad.
Artistas urbanos
El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de
abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su
padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya
había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes
plásticas.
Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas
Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC.
Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de
los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.
Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El
jaranero “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días
desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua
mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y
denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.
Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.
Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias
El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián,
delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron
tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la
ciudad de Chilpancingo.
Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo
Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió
en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos
Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del Concejo Indígena y
Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos
activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú
Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en
Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias
en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación
minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región
me´pháá.
Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot.
Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días
después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de
vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al
alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.
Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.
Ataque a activista en CDMX
El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país,
contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El
1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos
hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era
integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que
violan las leyes de planeación en la capital.
A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.
Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara
El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz.
El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que
los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e
hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las
víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián
Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas
de la Virgen.
Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.
Depredación del Parque Nacional del Cañón Del Sumidero
Luego de más de 50 años de operación, de contaminar el aire de
cientos de familias a su alrededor y de socavar y deforestar el Parque
Nacional del Cañón del Sumidero, este lunes fue clausurado de forma
definitiva la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV.
Funcionarios de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
de la Secretaría , encabezados por su titular Margarita Aguilar Ruiz,
acataron una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), emitida ante el incumplimiento de una conciliación por la
violación al derecho humano a un medio ambiente sano, y la falta de
acciones para garantizar la protección y preservación del Parque
Nacional “Cañón del Sumidero” y sus alrededores, en agravio de
habitantes del municipio de Chiapa de Corzo
El 28 de abril pasado, la CNDH emitió la Recomendación Número
12/2019, dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a la
Secretaría de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), luego de detectar que ambas autoridades involucradas no
habían desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección
del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón
del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre
los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una
empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que
se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.
Por muchos años, pobladores de los alrededores de la empresa exigieron la clausura de la calera
Tras varios meses de elegatos por parte de la empresa, primero se le
impuso en agosto pasado la Suspensión Total Temporal de Trabajos y
Servicios del establecimiento, para efectos de reubicación de la empresa
a otro lugar. En esa ocasión se le dejó libre acceso en el portón
principal de la entrada a la planta para facilitar los trabajos de
reubicación.
Al no cumplir con el plazo otorgado para efectos de la reubicación de
90 días naturales, cumplidos el 31 de octubre de 2019, el caso fue
turnado al Departamento de Resoluciones y Sanciones por lo que se
resolvió la clausura definitiva total del establecimiento. Notificación
que se le hizo el pasado 17 de diciembre de 2019.
Pero fue hasta hoy que se ejecutó la sanción administrativa
consistente en la “clausura definitiva total del establecimiento”, por
lo que se colocaron las fajillas oficiales de “clausura” en el portón
principal de acceso y en el área de la Gerencia; “dejando únicamente el
acceso de la puerta del área de recepción para el personal de seguridad,
a petición de la parte interesada, para la guarda y custodia de los
bienes materiales de la empresa”.
Esta empresa fundada en 1965, y fue motivo de diversas denuncias
interpuestas por la población aledaña ante las autoridades municipales,
estatales y federales desde el año 2002, motivadas por los daños
causados a su salud y al medio ambiente, además de afectaciones a las
áreas naturales protegidas y patrimonio de la Nación, sin que hasta la
fecha se hubiera obtenido resultados favorables a sus demandas.
Por fin fue clausurada…
“Afortunadamente, en la presente administración del Instituto de
Salud se ha logrado integrar un expediente administrativo eficaz y
eficiente del caso, que a pesar de diversos recursos de amparo por parte
de la empresa, se ha logrado ejecutar las medidas de seguridad para la
protección de la población e imponer las sanciones administrativas
correspondientes”, dijo Margarita Aguilar Ruiz, titular de la Dirección
de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Esta empresa fue fundada por el empresario de Córdoba, Veracruz, Domingo Muguira, del Grupo San Roke, quien despues de varias décadas de extraer el material pétreo del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, vendió esta empresa hace algunos años a otra empresa privada.
