Compartimos esta información publicada por MiningWatch sobre situación de los trabajadores mineros y el coronavirus – A 31 de marzo de 2020
Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades. Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:
Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.
En ocho años se documentaron 499
agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que
se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la
minería.
El homicidio es la agresión más recurrente; en
2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la
situación de las personas defensoras de los derechos humanos
ambientales.
Los asesinos llegaron a su casa la
mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para
que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes
salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio
Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la
termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno
mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral
Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la
construcción de un gasoducto y un acueducto.
Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el
territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se
documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos
naturales.
El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales,
realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra
que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de
defensores ambientales.
Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas
organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es
uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa
del ambiente y el territorio.
En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499
ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y
territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de
agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva
Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.
Homicidios e impunidad
Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio
en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones
físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación
ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición
forzada.
Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si
bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra
defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y
2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años);
además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra
de los defensores en México.
En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14
casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el
10 de junio de 2019. “Tío Guato”,
como también se le conocía, era defensor del santuario del mono
saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció
la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.
Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los
defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de
agresiones antes de su homicidio.
Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y
estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo
acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el
presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de
izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.
Luis
Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas
señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que
extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.
Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.
Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas
rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en
Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde
persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la
población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas
agresiones que viven desde hace ya varios años.
Otilia era sobrina de Julián Carrillo,
defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás
de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de
2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado
mexicano en 2012.
Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha
demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los
defensores.
Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional
México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no
actúa cuando se denuncia alguna agresión”.
Los
habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas
agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la
tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto:
Cortesía Alianza Sierra Madre.
Proyectos energéticos, minería y agresiones
En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y
territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el
sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente,
resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización
que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por
CEMDA desde 2012.
El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó
después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual
tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la
producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de
la energía eléctrica.
Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el
país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para
la producción de energía eólica y solar.
Infografía: CartoCrítica.
El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que
durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141)
fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos
relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y
parques eólicos.
Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e
hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese
periodo.
Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza,
donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a
la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.
Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en
Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes
empresas e industrias.
Los defensores de ambiente y territorio
—resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en
un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las
comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los
territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones
flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos
básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada
de CEMDA.
Comunidades
indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de
una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.
Evolución y persistencia de las agresiones
Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140
ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a
las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal
y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una
disminución de las agresiones de la policía federal al final del
periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece
intermitente, pero constante”.
Entre los probables agresores también se señala a personal de las
empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas
comunidades.
Al analizar las agresiones también es posible observar que durante
los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más
recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la
fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la
difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final
del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la
privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización
y la intimidación.
Infografía: Cartocrítica.
La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se
criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía
Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México,
Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a
pagar reparaciones millonarias.
Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre
de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no
ha cambiado mucho.
En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en
2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro
Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.
Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro
agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y
Tlaxcala.
Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones
tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.
“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones
contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la
política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.
Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el
informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), pero no se tuvo respuesta.
Mujeres
que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a
salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara,
Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019. Foto: Ginnette Riquelme
Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú
Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca
que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de
territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.
Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo
defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad
cultural de una comunidad”.
Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y
territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el
representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a
ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la
obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las
personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los
gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.
Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y
hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre
en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.
El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les
permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y
las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen
justicia para sus compañeros asesinados.
Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia
de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que
es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua,
Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.
Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de
hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha.
Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.
*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de abril de 2020
Querida Ana Paula Hernández Pontón, querida Ana, como siempre te llamamos, que falta nos hace tu apoyo incondicional en estos momentos en los que requerimos del buen tino y las ideas frescas y distintas que nos sirvan para combatir todo aquello que atenta contra la vida. Sin darnos cuenta, rápidamente avanzó un largo año en el cual, de un golpe injusto, un accidente nos arrebató tu siempre cálida presencia, tu sonrisa, tu alegría de vivir para apoyar y fortalecer a las comunidades que están bajo el flagelo de la minería, pero también de las drogas, las armas y la desaparición forzada, tanto en México como en otras regiones de América Latina donde promoviste e hiciste lazos entrañables.
Hace un año que, junto a tus compañeros de viaje Sally O´ Neil, Ana Velásquez y Daniel Tuc, con quienes regresabas de hacer una visita en algunas comunidades de Guatemala, la muerte les tomó por sorpresa dejándonos un gran vacío en el corazón para quienes integramos REMA, así como también de tanta gente con quienes compartiste ese coraje, esa rabia de saber que era necesario luchar contra la avaricia y las injusticias creadas por todo el Modelo Extractivo, pero en particular por el orquestado por las empresas mineras.
Quienes integramos la REMA y el M4, te hemos extrañado tanto cada día, en cada foro y cada reunión donde sentimos la ausencia de tus palabras, así como en cada reunión de amigxs en las que siempre disfrutábamos tanto de tu risa, tu cordialidad y fraternidad hoy tan invaluables ante este nuevo reto viral que enfrentamos en el mundo. Estamos segurxs que son muchas las comunidades -esas que visitabas aun sabiendo los riesgos que implicaban para tu seguridad, mismas que aun sitiadas por el ejercito, la única “certeza” era la violación de los derechos humanos-, quienes en este día pondrán una flor, una veladora, harán un rezo y un pensamiento, intentando te hagas presente y sigas acompañándoles como siempre lo hiciste, en sus luchas que no cesan, que no conocen tregua, pero que, sumando tu energía, evitarán y evitaremos se perpetúen en el territorio.
En donde estés…… sabes que estamos viviendo un fuerte momento de incertidumbre y acompañado de mucha tristeza por las vidas de tanta gente quienes han adelantado su viaje al Mictlán, por culpa de ese capitalismo voraz contra el que tanto luchaste, gente muy valiosa que también su quehacer lo destino a la vida; músicxs, artistas, gente creativa, pensadorxs, defensorxs de la vida, periodistas valientes con la verdad.
Desde acá te decimos que mientras tengamos fuerzas, avivaremos tu mejor herencia; pelear por la vida y continuar cerrando el camino de quienes quieren arrebatarnos todo.
¡ANA PAULA VIVE!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA apropósito del aniversario de la fundación del COPI- Abril 2020
En estos momentos difíciles para todas y todos no olvidamos la lucha que las comunidades indígenas siguen librando por proteger el planeta del saqueo de los territorios y la devastación. Con especial cariño recordamos el 27 Aniversario del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Queridas y queridos compañeros del COPINH, desde la REMA les hacemos llegar una felicitación y un abrazo fuerte a la distancia, por su compromiso, por la lucha que sigue dando la comunidad lenca por defender los ríos, la madre tierra y la vida, a pesar de la criminalización que tanto han sufrido.
Esperamos que la alegría y la rebeldía siga siendo el sello que las y los caracterice, para seguir exigiendo justicia por una vida digna libre de violencia y de megaproyectos.
Estamos seguras y seguros que nuestra querida compañera Berta, quien fuera un pilar en el COPINH, se encuentra feliz de ver que la comunidad lenca sigue luchando fuerte, con el corazón en la mano por defender el Río Gualcarque y su territorio.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en Animal Político sobre las agresiones y asesinatos de defensoras y defensores de la vida en México – A 2 de abril de 2020
En los últimos días fueron asesinados Paulina Gómez, Isaac Herrera y Karla Camarena, tres personas que dedicaron su vida a la defensa de la tierra y los derechos humanos.
“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista trans asesinada a balazos el domingo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores.
En apenas siete días murieron en circunstancias violentas tres activistas. El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue hallado el cuerpo de Paulina Gómez, “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del pueblo wixárika”.
Un día después, el 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del territorio.
Y el 30 de marzo, también a balazos, asesinaron en Guanajuato a Karla Valentina Camarena, que dedicó buena parte de su vida al reconocimiento de la identidad.
Una mujer polifacética
El asesinato de Karla Camarena tuvo lugar cuando salía de un local de su propiedad, conocido como La Valentina, ubicado en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y, posteriormente, atacada a balazos.
Animal Político preguntó a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato sobre los detalles de la investigación. Su respuesta fue que el fiscal general, Carlos Zamarripa, asignó un grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato para que coadyuve con la unidad de homicidios en la investigación del asesinato.
Según reportaron fuentes cercanas a la mujer, 15 días antes del ataque fue asesinada otra compañera de trabajo
Tampoco se informó sobre si en la investigación se iba a aplicar una perspectiva de género.
Guanajuato es un estado que no reconoce el cambio de identidad en las personas trans. Esta había sido una de las principales reclamaciones de Karla durante toda su vida. De hecho, hace tres años, viajó con otras 40 personas transexuales a la Ciudad de México para tramitar su cambio de identidad sexogenérica, según recuerda Raúl Ruiz de Colunga.
Tras su asesinato, la mujer volvió a enfrentar esa falta de reconocimiento. Según denunció Rubí Suárez Araujo, activista trans y antigua regidora en el ayuntamiento de Guanajuato, la fiscalía habló de “víctima de sexo masculino” cuando reportó sobre el asesinato de la activista trans.
“Ella se enfocó mucho en el tema de la identidad de género y luchó a lo largo de varios años, impulsando una agenda que se llamó Identidad Trans Guanajuato”, dice Súarez Araujo, que participó hace tres años en esta iniciativa.
“Era una mujer muy comprometida, muy empática, que siempre lucho con el tema de la discriminación”, señala Araujo, que compartió departamento con la víctima en el pasado.
La vida de Valentina fue polifacética. Ejerció como youtuber, fue activista, estuvo afiliada el PRI y también trabajó en locales nocturnos.
“Uno de sus grandes proyectos era ayudar a las personas de la diversidad con problemas familiares”, explicó Raúl Ruiz de Colunga. En su momento, la activista trató de construir un refugio en Salamanca, Guanajuato. Pero el proyecto “quedó a medias”.
“Sería bueno que alguna institución lo retomara”, dijo Ruiz de Colunga.
Él mismo sabe lo difícil que es la vida en Guanajuato para el colectivo LGBTI. Según relata, a finales de 2019 decidió, junto a su esposo, abandonar México y pedir refugio en Canadá, debido a las extorsiones y el secuestro sufridos.
Por el momento, todos los interrogantes sobre el caso están abiertos. Rubi Araujo insiste: “que el crimen no quede impune”.
De las leyes al activismo
A Isaac Medardo Herrera Avilés, de 58 años, lo mataron hombres armados en su casa de Jiutepec, Morelos, en la noche del 23 de marzo. La víctima era abogado y había acompañado procesos de defensa del territorio durante los últimos 20 años. Dejó una pareja y tres hijos.
Durante mucho tiempo, Herrera Avilés formó parte de la defensa del predio de los Venados, un terreno de 56 mil hectáreas, con árboles autóctonos, que estaba amenazado por la construcción inmobiliaria.
Recuerda Mónica Romero, compañera en el colectivo de vecinos en defensa del predio, que la víctima llegó a las leyes tarde, pasados los 30. “Sabía que muchas de las situaciones que tenían que ver con los procesos sociales tenían su fundamento para detenerlos por la vía jurídica. Por ahí inició en la intención de querer tener más conocimiento”, explica.
A partir de ahí comenzó su labor activista, en los tribunales y en las calles, en defensa de los recursos naturales.
Por un lado, para evitar la destrucción de un manantial y, por el otro, para proteger el predio del Venado.
Hasta el momento, había tenido éxito en ambas.
El predio es propiedad de la empresa Casas Ara, que tenía previsto levantar 400 viviendas y talar buena parte de los árboles. Durante los últimos 15 años, la compañía ha tratado de llegar a acuerdos con los diferentes presidentes municipales, según explica Romero. En todos estos procesos, los opositores han denunciado prácticas corruptas.
El trabajo de Medardo Avilés era clave, buscando entre los expedientes para encontrar resquicios legales con los que poder frenar las obras.
Durante un tiempo ejerció como comisariado ejidal y, a su vez, participaba en un despacho de abogados en Cuernavaca.
“Era un hombre de principios, de fuertes convicciones, como poca gente”, dice Romero, que afirma que la víctima comenzó con el activismo a los 18 años, siempre centrado en evitar el avance del cemento.
“Cuando entró el PAN, aquí en Morelos se encargó de entregar el territorio a empresas”, dijo.
Sin pistas sobre quién está detrás del asesinato, Romero hace dos apuntes. El primero, que el modus operandi es igual al utilizado en febrero de 2019 contra Samir Flores, activista contra el Plan Integral Morelos en Amilcingo.
Por otro lado, denuncia el papel de medios locales en los que se llegó a señalar al propio hijo como presunto autor material de los disparos. “No queremos ese tipo de desinformantes”, denunció, tras señalar que los activistas temen ser la próxima víctima y que, al ataque, se le sumen las campañas de desprestigio.
Paulina, defensora del pueblo wirikuta
A estos dos asesinatos se le suma el hallazgo, el 22 de marzo, del cuerpo de Paulina Gómez Palacio Escudero, de 50 años y defensora del pueblo wirikuta, que se ubica en los terrenos desérticos entre San Luis Potosí y Zacatecas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas confirmó el hallazgo del cuerpo en el municipio de El Salvador Zacatecas. La mujer había sido reportada como desaparecida dos días atrás.
Según la necropsia, la víctima murió por un disparo, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación por posible feminicidio.
Un día antes, los policías habían localizado el vehículo en el que Gómez Palacio se desplazaba y encontraron restos de sangre. Además, lograron arrestar a un hombre que trató de atacarles con un cuchillo y que, según los agentes, portaba 20 mil pesos en metálico.
La mujer había salido con 23 mil pesos para realizar unos pagos a trabajadores.
La fiscalía anunció que investiga si existe alguna relación entre el feminicidio y la detención.
Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020
Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.
¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?
La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:
Servicios de salud disponibles
Condiciones de trabajo que sean seguras
Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
Alimentación adecuada
Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.
El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.
A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.
Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.
Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.
Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:
Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:
Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.
Como pueblo ¿Qué podemos hacer?
Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?
Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.
Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.
Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de abril de 2020
Paulina Gómez Palacios Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las/los más de 35 activistas defensoras y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero de 2019 a la fecha https://avispa.org/mexico-mas-de-30-defensores-dederechos-humanos-y-activistas-asesinados-en-2019/. “En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería (Mongo Bay https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-defensores-de-ambiente-yterritorio-asesinados/).
Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas.
Paulina era “una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Wixárika. Una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado”, como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y Los Últimos Guardianes del Peyote.
El territorio que la vio nacer, y por el cual Paulina luchaba desde hacía años, es la tierra sagrada donde se encuentran “las esencias de la vida, y donde nace el sol” de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Wixárika. En este territorio, el Consejo Regional Wixárika, desde 2009 ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras (6,327 has) de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., además de 40 concesiones de la empresa Resources Corporation “Proyecto Universo”, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% del ANP en la zona.
La disputa por el territorio como consecuencia de un modelo extractivo voraz, ha acelerado la organización de los pueblos para evitar ser despojados de sus bienes comunes naturales y culturales; y esto a su vez, ha desatado una cacería contra las y los defensores por parte de empresas, gobiernos y crimen organizado. En ese contexto, la 4T ya actúa como los gobiernos anteriores en sus tres niveles, porque simplemente continúa el mismo patrón de impunidad y falta de procuración de justicia en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el actual gobierno, además de seguir siendo defensores de las empresas transnacionales y sus operadores, incluyendo sus grupos armados, y siguen siendo omisos, y por ende actúan en contubernio, evitando lo que ya es una antigua aspiración; una aplicación efectiva de la justicia, dejen de permitir que las empresas continúen operando en total impunidad.
Desde la REMA, le exigimos a este gobierno de la 4T, que ya dejé de lado la impunidad hecha sistema, exigimos castigo a los culpables de cada uno de las y los asesinados, y dejen para después su discurso de seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Los números no mienten; la impunidad en este gobierno, no sólo continúa, sino que se está agravando.
Nos solidarizamos y abrazamos a la familia y amigas/os de Paulina Gómez Palacios, a quien despedimos con mucho dolor, pero agradecidos de su pasión, su lucha, su tenacidad y su amor por la vida.
¡YA BASTA DE IMPUNIDAD! ¡BASTA DE ASESINAR ALAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!
Firma RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada publicada en Ángulo 7 a través de la REMA sobre los proyectos extractivistas en la Sierra Norte de Puebla – 29 de marzo de 2020
Al menos cinco megaproyectos que buscan ejecutarse en las Sierras Norte y Nororiental tiene procesos jurídicos en contra, tras los amparos promovidos por las comunidades afectadas, entre ellas de los municipios de Cuetzalan, Huacatlán e Ixtacamaxtitlán.
Así lo señaló, en entrevista con este medio, Diana Pérez, integrante del Consejo TiyacTlali, quien indicó que lo anterior se ha logrado por la “lucha de los pueblos” que se han agrupado para evitar que las “grandes empresas” terminen con sus recursos naturales.
Explicó que entre los proyectos que han logrado frenar están la “Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín”,
que consiste en 20 kilómetros de LAT de 115 kilovots de doble circuito y
que aterriza en una subestación que entronca con una línea eléctrica
que va de Teziutlán a Papantla, con una inversión de 200 millones de pesos.
Otro de ellos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está a cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en el municipio de Ahuacatlán, con el que se busca generar energía para abastecer de electricidad a cadenas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.
Explicó que esta obra se basa en una a concesión para el uso y aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, específicamente para 350 millones de metros cúbicos de aguas naturales por un periodo de 15 años, por lo que igual se verían afectados las demarcaciones de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya.
Licencias irregulares
Sin embargo, indicó que “gracias” al gobierno municipal actual se ha detenido, pues en enero pasado en sesión de Cabildo, se determinó cancelar los permisos que se dieron años atrás, ya que eran ilegales y ante eso la empresa no puede trabajar.
Explicó que se detectó que la autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del periodo 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, fue de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia deconstrucción deben ser aprobados por el cuerpo edilicio, lo cual nuca sucedió.
No obstante, señaló que esta acción por parte del ayuntamiento provocó que la empresa haya demandado al gobierno municipal por revocar permisos que ya tenían, por lo que ahora se resolverá en tribunales.
Diana Pérez comentó que otros de los proyectos involucran los municipios como Tlatlauquitepec, en Ixtacamaxtitlan, donde se pretende hacer una minera a cargo de la empresa Almaden Minerals, además de otro más en Cuetzalan.
“Ha variado la disposición de las distintas autoridades,
esto de acuerdo con los diversos momentos y sensibilidades de los
gobiernos en turno, pero ahorita todos estos que mencioné tienen acciones jurídicas en contra, todos tienen suspensiones los proyectos, ninguno ha continuado”, expresó.
Posponen asamblea por Covid-19
En otro tema, comentó que debido a la contingencia epidemiológica por el Covid-19, se determinó posponer la Asamblea para la Construcción de planes de Vida en el Territorio de los Pueblos Maseual, Tutunaku, y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, misma que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo en Ahuacatlán.
Precisó que estas asambleas son un ejercicio de autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que se han desarrollando desde 2014; primero eran cada mes y desde 2018 se hace cada tres, por lo que era la primera del año.
Indicó que, aunque esta región contempla a 69 municipios del estado, solo acuden alrededor de 38 y en su mayoría se encuentran en las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, población principalmente náhuatl, totonaca, que son de la Sierra Nororiental.
Aunque se le preguntó sobre si conocía avances del Gasoducto que la empresa Trascanadá pretende ejecutar y atravesar la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán,
indico que la única información es que hay un recurso jurídico al
respecto, pero debido a que los pobladores no han acudido a las
asambleas no saben mayores datos.
“En estas asambleas se han tomado varias decisiones importantes como la creación del consejo Maseual Altepetajpianij, que se hizo para presentar acciones ilegales en contra de concesiones mineras y otros megaproyectos hidroeléctricos, así como otras enfocadas al apoyo y respaldo a otros pueblos para fortalecer la solidaridad con otras luchas”, concluyó.
Imagen: 5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali. Foto: Especial Ángulo 7
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades
municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y
ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma
wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha
colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció
el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).
El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de
estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias
contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González
Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.
«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los
responsables y justicia para las víctimas.
A continuación el comunicado completo:
Al pueblo de México A los medios de comunicación
Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y
comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo
de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la
lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.
Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al
servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de
Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo
Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco,
en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban
Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo
Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la
casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad,
apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el
comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que
salga nos lo vamos a chingar”.
Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González
Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon
su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su
puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.
A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo.
Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto
objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha
estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.
Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio
comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos
hechos.
Atentamente
Marzo de 2020
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.
Nunca más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020
Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La
incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en
situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo
de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades.
La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis
(de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos
humanos, entre otras) y expresa la insostenibilidad del modelo
político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por
los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.
Este
modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en
palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha
centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las
estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado
colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna.
Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos
dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos
humanos y justicia social.
Nos preocupa que los Gobiernos se
aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión
pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas.
En
Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia
basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o
toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las
formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las
condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta
crisis son patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su
responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el
acceso a información de salud.
La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras.
Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de
sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por
actores estatales (a la fecha hemos registrado agresiones contra
defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.
Desde nuestra apuesta política por el
cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el
panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero
también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente
las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades.
Las
mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región,
como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además
de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son
también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y
superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la
vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y
el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y
espiritualidades emancipadoras.
Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:
Que
afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado
colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria,
social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de
clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
Que se
abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en
funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los
derechos humanos.
Que no
aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para
agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos.
Que
reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las
defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para
construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el
mantenimiento de la sociedad y de la vida.
Que
implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de
riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad,
poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de
corporaciones, empresas y élites económicas.
Que
garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención
urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que
potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento.
Que
garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada
hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
Que dejen
de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y
estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de
pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.
Asimismo, hacemos un llamado a
organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a
cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la
solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios,
creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas,
vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal
y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes y
necesarias.
¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!
¡Viralicemos la solidaridad!
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica) Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador Consorcio Oaxaca Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
