Compartimos este informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el papel de las mujeres en el manejo comunitarios de los bosques – A marzo 2023
Este marco político se basa en los vínculos entre el manejo comunitario del bosques y la justicia de género. Presenta nuestra comprensión de cómo el sistema patriarcal oprime específicamente a las mujeres y exacerba formas de violencia estructural que ya se sienten en sus cuerpos y territorios. Nuestro enfoque toma elementos del ecofeminismo y de los feminismos comunitarios territoriales del Sur. Hay que reconocer a las mujeres, sus cuerpos y territorios, y crear espacios para su participación política efectiva.
«Nuestra lucha es cada vez más fuerte. A las mujeres, a los jóvenes y a las minorías sexuales se les niegan sus derechos, los que detentan el poder cuestionan nuestra existencia. Defendemos la vida y la biodiversidad. El racismo, el colonialismo y el patriarcado son sistemas de opresión que debemos combatir de manera integral».Sandra Morán, Guatemala, Marcha Mundial de las Mujeres.
Las mujeres desempeñan un papel central en las prácticas de manejo comunitario del bosque. Las mujeres tienen un conocimiento muy diversificado de los bosques, centrándose en los productos forestales relacionados con la agricultura familiar, la alimentación, la leña, la búsqueda de alimentos, la mejora de la fertilidad del suelo y las prácticas de conservación, así como en las especies utilizadas en el hogar y para la salud. Las mujeres también tienen un conocimiento especializado de los árboles y los bosques en cuanto a su diversidad de especies. Las mujeres conciben la naturaleza, la biodiversidad y el conocimiento de forma holística, dentro de un territorio que debe ser defendido y conservado por el bien de toda la humanidad.
“Enmarcar el manejo comunitario del bosque con una perspectiva feminista nos permite ver la naturaleza desde otros ángulos que también están implícitos en el cuidado de los bosques; hacerlo a través de las emociones, la sensibilidad, la práctica espiritual. Nos permite volver a vernos y reconocernos”.Theiva Lingam, Amigos de la Tierra Malasia / Sahabat Alam Malaysia.
Este marco de justicia de género y gestión comunitaria de los bosques es un documento vivo que debe seguir nutriéndose de las experiencias y los diálogos con los movimientos aliados de Amigos de la Tierra Internacional. Esto nos permitirá identificar lugares comunes que nos permitan seguir promoviendo y exigiendo la permanencia de la defensa de la vida y por ende de los bosques y la biodiversidad. También implica reconocer las perspectivas feministas afines a la visión política de Amigos de la Tierra Internacional -como las del ecofeminismo y el feminismo comunitario territorial- que nutren estos planteamientos. Esto nos permitirá desarrollarlos aún más, así como exponer las tensiones y dinámicas de poder que existen dentro del MCB, que necesitamos desmantelar como parte de la estrategia de transformación. Todo esto busca a su vez garantizar el derecho de las mujeres a la plena participación en la vida social, política y económica de sus comunidades, así como su acceso al agua, a las semillas y a las condiciones de producción y venta con autonomía y libertad, respetando los ciclos de la vida.
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ATALC – A 27 de abril del 2023
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su profunda indignación y rechaza vehementemente los hechos que tuvieron lugar el 26 de abril en Ecuador, en los que el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, criminalizó la lucha de los pueblos del Ecuador por su derecho al ambiente sano.
En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, frente a la que el ministro debía rendir cuentas por el caso de las 9 niñas ecuatorianas que enfrentan al Estado con la demanda interpuesta por la contaminación de la Amazonía generada con la instalación y quema de gas en mecheros, el Ministro tildó de “delincuente internacional” al abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectadas/os por Operaciones Petroleras de la Texaco (UDAPT), sin que haya para esta agresión temeraria ningún tipo de prueba, soporte jurídico o fallo que así lo defina; esta acusación pone en riesgo la lucha democrática de los pueblos ecuatorianos que además exigen reparación integral por las violaciones de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, de las que se acusa a la transnacional Chevron.
La Corte de Sucumbíos en la sentencia del caso mecheros le ordenó al Estado que en un plazo de 18 meses eliminara todos los que están aledaños a poblaciones. El plazo se cumplió el pasado 29 de marzo y el Estado no ha cumplido con esta obligación, razón por la que instituciones como UDAPT, entre otras, exigen el cumplimiento de la ley como una de las condiciones necesarias para hacer justicia, de ahí la presencia legítima del abogado Pablo Fajardo en la comparecencia señalada.
La acusación del ministro Santos Alvite recae contra todos los pueblos originarios de Orellana y Sucumbíos, mujeres, niñas/os y articulaciones sociales que por más de 30 años han luchado para lograr reparación integral del daño causado por las transnacionales petroleras.
Es importante recordar, también, que el ministro Santos Alvite tiene una larga historia de vinculación a la industria petrolera como asesor de empresas, y 8 años como delegado de Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y que ha sido un férreo defensor de Chevron y otras empresas transnacionales. Lamentablemente, lo sucedido el 26 de abril no es un hecho aislado, en diferentes ocasiones ha realizado ese tipo de acusaciones temerarias.
ATALC pide que ante situaciones de esta gravedad, que criminalizan las luchas de los pueblos y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas estigmatizadas, se haga la retractación correspondiente, y se avance en el cumplimiento de las sentencias ajustadas al Estado de Derecho.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) Abril 27 de 2023
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“MAYAPOLIS”
Turismo y expansión urbana en la Península de Yucatán
Martes 16 de mayo de 2023 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Contaremos con la participación de Director: Renaud Lariagon
Sinopsis: La Península de Yucatán, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, cuya principal puerta de entrada es la ciudad de Cancún, no necesita presentación. Menos conocida es la intensa urbanización de este paraíso caribeño generado por la turistificación, y lo que ello implica en términos de despojo de tierras mayas. Por ello, Mayapolis es tanto un territorio indígena en proceso de metropolización como un espacio temático maya producido por y para la economía turística. Esto es lo que documenta esta película, basada en entrevistas con especialistas en el tema. Aunque académico, este documental pretende difundir una visión crítica del turismo y la urbanización a un público más amplio, en un momento en que ya no se puede negar el impacto de las actividades humanas sobre el mundo vivo.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre otro territorio libre de minería en México – A 26 de abril del 2023
Tras casi una década de batallas legales, la comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, logró la cancelación de dos concesiones que permitían a la empresa canadiense Almaden Minerals explotar una mina del municipio.
De acuerdo con Fundar y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el 12 de abril un juzgado determinó —acatando una sentencia de la corte— que “no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su reglamento”.
El pasado 9 de febrero en cumplimiento a la sentencia, la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento.
El juzgado “llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo”, reconociendo que, “(…) la autoridad responsable –Secretaría de Economía – consideró que no era factible expedir los títulos solicitados; entonces, se torna innecesario que realizara el procedimiento de consulta a la comunidad indígena (…)”.
“Con este acuerdo cierra la batalla legal que Tecoltemi mantuvo durante 8 años en defensa de sus derechos y su territorio. La lucha de Tecoltemi derivó en la cancelación de las concesiones mineras impugnadas como consecuencia del reconocimiento de la violación a los derechos de los pueblos indígenas, dejando antecedentes de relevancia para otros pueblos y comunidades que viven la imposición del modelo extractivo minero en sus territorios”, sostuvo la comunidad en un comunicado.
Además, recordaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas también concluyeron a través de diversas evaluaciones que la minera ocasionó en la zona graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.
“Exigimos a Minera Gorrión retirarse de forma inmediata del municipio de Ixtacamaxtitlán y abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad dentro del territorio, y solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las instancias correspondientes, vigilar y sancionar cualquier actividad ilegal por parte de Minera Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el poder corporativo en el caso #JusticiaParaBerta – A 26 de abril del 2023
Scatec y Norfund, compañías de energías renovables de Noruega, han presentado dos demandas de arbitraje de inversión contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI): La razón de estas demandas es debido a la nueva ley de generación de energías aprobada por el gobierno en 2022, que llevó a la ENEE a proponer ciertos cambios en los PPAs que incluyen cambios en los precios de tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.
Con esta acción estas empresas noruegas, una de ellas estatales, demuestran su criminalidad, no solo se asociaron con empresarios corruptos, sino que ahora pretenden que el pueblo hondureño pague por sus “pérdidas” reafirmando la mentira de que son bancos de “desarrollo”Bertha Zúniga, Coordinadora General del COPINH.
En 2015, Scatec empezó a operar en Honduras invirtiendo en dos proyectos de energía solar: Agua Fría y Los Prados adjudicadas a PRODERSSA, empresa que pertenecía a David Castillo; quien está cumpliendo condena por ser declarado coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
PRODERSSA, fue creada en 2013 a través de testaferros, obteniendo los contratos para los proyectos de energía solar Agua Fría y Los Prados sin tener experiencia previa en la industria de la energía en Honduras.
En enero de 2014 se suscribió el Contrato de Suministro de Energía Eléctrica y Potencia Número 003/2014 entre PRODERSSA y la ENEE. Se trata del proyecto solar Agua Fría en el municipio de Nacaome, Valle, Honduras.
En agosto de 2014, las acciones de PRODERSSA pasaron a propiedad de David Castillo y la empresa PEMSA, nombrando a Castillo como presidente.
El 29 de mayo de 2015, se suscribió un contrato para la operación del proyecto solar Agua Fría entre PRODERSSA y SCATEC SOLAR, para la construcción de la primera planta de energía solar construida por SCATEC en América Latina.
Y el 28 de octubre del mismo año, las dos empresas noruegas Scatec Solar y Norfund firmaron un contrato de compra de derechos para construir el proyecto solar Los Prados en el municipio de Namasigüe en Choluteca.
Sin embargo, los pobladores rechazaron la construcción del proyecto que implicaría el desplazamiento de algunos de los habitantes de zona, provocando la criminalización y persecución de algunos de los líderes de la comunidad. A pesar de los rechazos, las grandes empresas decidieron continuar con la construcción del proyecto para la explotación de los recursos naturales.
En marzo de 2018 las autoridades hondureñas confiscaron los activos de la empresa PRODERSSA como parte de una operación que confiscó varias empresas relacionadas con la red criminal y de narcotráfico denominada “Los Cachiros”.
En 2019, luego del arresto de David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, la Junta Directiva de PRODERSSA autorizó la transferencia de las acciones de Castillo y PEMSA al Fondo de Inversión Noruego para Países en Desarrollo (NORFUND).
Para estos proyectos, la empresa hizo acuerdos con la ENEE, para obtener beneficios por la venta de la energía generada durante un lapso de 20 años.
A pesar de ello, en octubre de 2022, el gobierno de Honduras aprobó una nueva ley de generación de energía, lo que provocó que la ENEE propusiera cambios en los PPAs (contratos de compraventa de energía) que incluyen ajustes en los precios de las tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.
Ante esta demanda por parte de Scatec y Norfund nos pronunciamos rechazando las prácticas poco éticas de estas instituciones internacionales que buscan beneficiarse de la explotación de nuestros territorios. Y que han mantenido un vinculo con David Castillo, coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Compartimos este informe de Fundación para el Debido Proceso DPLF sobre la participación de las mujeres y las juventudes en la defensa de la tierra – A 20 de abril del 2023
El acceso a la tierra es un factor clave para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales. En muchas regiones de México, marcadas por una intensa migración masculina, las mujeres son quienes cuidan los grupos familiares, así como las tierras y los recursos naturales.
Este informe busca visibilizar la exclusión histórica de las mujeres y jóvenes rurales en cuanto a la propiedad ejidal y comunal, así como su limitada participación en las asambleas de ejidos y comunidades, órganos de autoridad máxima en el control de las tierras comunales. El documento también revela cómo esta situación se ha agravado en las últimas dos décadas frente a procesos de privatización y mercantilización de las tierras ejidales y comunales, legalizados en 1992.
Por lo que esta publicación constituye un análisis a la política agraria mexicana contemporánea desde los aportes del feminismo de la igualdad y los movimientos sociales que reclaman equidad entre mujeres y hombres, equidad intergeneracional y justicia socioambiental.
El informe está conformado por cinco apartados en los que se analiza la situación actual de las mujeres y jóvenes rurales en México ante persistentes desafíos para garantizar el acceso a la tierra y la participación efectiva de mujeres y jóvenes en el ámbito rural. Así como un conjunto de recomendaciones para avanzar en la construcción de una política agraria más inclusiva y justa.
Compartimos este comunicado de la REMA sobre los logros y avances de la lucha por la vida y la resistencia a la minería en Guerrero – A 19 de abril del 2023
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería nos congratulamos enormemente al recibir la noticia de que el Ayuntamiento de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero presentó, ante más de 150 personas que asistieron al encuentro organizado por el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), su Acta de cabildo abierto en donde, ejerciendo su derecho a la libre determinación, se toma el acuerdo de negar permisos y viabilidad de cualquier acción de prospección, exploración, obra y/o proyecto relacionado con concesiones mineras en su territorio.
En octubre del año pasado varias personas de distintos estados del país integrantes de la REMA participamos en el “Encuentro por la Defensa de la Autonomía de los Pueblos Originarios de la Montana de Guerrero” que, con motivo de su décimo aniversario, realizó el CRAADET en la Comunidad de Iliatenco en coordinación con Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), así como otras organizaciones. Frente a cientos de autoridades agrarias y personas de Comunidades de la región, en una fiesta mágica llena de música y alegria escuchamos decir: “Hoy les decimos que, a pesar de seguir invadidos por concesiones mineras que el gobierno federal actual se negó a cancelar, no ha logrado entrar, ni cntrará, una sola empresa minera a nuestro territorio comunitario”.
En ese encuentro también informaron que en Guerrero existen 20 concesiones que afectan a más de 53 mil hectáreas, y hay 14 más en trámite, que abarcan más de 673 mil hectáreas que afectan a 55 núcleos agrarios.
Fue en ese mismo evento en el que el Presidente Municipal de Iliatenco anunciara que este Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de Cabildo asumió el compromiso de negar permisos a cualquier trabajo de prospección, exploración y explotación minera en Iliatenco.
Con esta noticia de San Luis Acatlán de liberar a su territorio de la minería, vemos con mucho gusto que el CRAADET no ha parado de trabajar para cumplir con su firme compromiso de proteger el territorio de la montaña de Guerrero, de las garras y avaricia de las empresas mineras que lo único que dejan a este país es destrucción y mayor pobreza en las comunidades.
Felicitamos al cabildo del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, al CRAADET y a PIAP por que cada territorio que se libera de la minería en la montañia de Guerrero, fortalece la lucha que a nivel nacional se está llevando a cabo contra estos proyectos de muerte y por la defensa de la vida.
¡VIVAN LOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA! ¡VIVAN LOS PUEBLOS ORGANIZADOS! ¡FUERA MINERAS DE MÉXICO!
Compartimos este comunicado de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos PIAP a través de la REMA – A 17 de abril del 2023
Desde la Montaña-Costa Chica a 17 de abril del 2023
Mientras esta semana a nivel nacional crece la expectativa para la discusión, cambios y aprobación de la iniciativa de ley que el 24 de marzo presentó el presidente de la república, en la que se tocan aspectos relacionados con cuatro leyes donde la central es la ley minera, en Guerrero las comunidades indígenas, afros, mestizas y campesinas integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los municipios de Iliatenco, San Luis Acatlán y Malinaltepec ubicados en las regiones la Costa Chica-Montaña, les mandan un fuerte mensaje a quienes esta semana estarán argumentando a favor y en contra de la iniciativa y las reformas que al final acuerden.
El presidente municipal del municipio de San Luis Acatlán el pasado sábado 15 de abril entregó a la representación del CRAADET el acta de cabildo abierto municipal quienes de forma unánime prohíben la minería en el municipio, porque su conciencia e información sobre los efectos de esta actividad, saben que ponen en tela de juicio prácticamente todos los derechos que los pueblos hoy pueden disfrutar, como el del uso de su territorio el de un ambiente sano y el derecho al agua limpia de calidad y suficiente, entre muchos otros.
Acá en la Montaña y Costa Chica los pueblos han demostrado que no es necesario defender el territorio con decretos ficticios que hablan de la rectoría, la sustentabilidad, las consultas usadas como herramienta para el despojo, la salud. Acá se ejerce la autonomía, libre determinación y autogestión legal de los procesos colectivos que hacen de la Consulta y el Consentimiento previo libre e informado un acto de discusión colectiva permanente en el cual se dirimen las ventajas y las desventajas no sólo de la actividad minera, sin duda la actividad más depredadora, sino de todos los proyectos relacionados al Modelo Extractivo.
La población sabe que un decreto para el establecimiento de una reserva de biósfera es poner a disposición de las farmacéuticas y de la industria alimentaria el banco genético para que sigan, a través del protocolo de Nagoya, poniendo nuestras biodiversidad como reservas genéticas para patentar y comercializarla. Acá la población ha asistido a ver proyectos mineros en la vida real y no en el papel y la discusión sin fundamento, en donde saben perfectamente que un proyecto minero en solamente 10 años destruye totalmente el ecosistema y, en consecuencia desencadena a partir de la pérdida de un ambiente sano una serie de enfermedades y daños irreversibles tanto a la biodiversidad como a las personas incluyendo por supuesto los daños irreversibles al agua que secan, contaminan y utilizan porque esa es su naturaleza y es por ello que ponerle trabas, reglas ingenuas e inútiles que lo único que garantiza es que, este gobierno y los anteriores, siguen siendo sumisos y obedientes al capitalismo, un capitalismo que se regula desde lo sustentable, lo verde, lo socialmente, desde nuevos y eficientes mecanismos de supervisión como las NOM que son una burla al respecto”, que dicen deben respetar los derechos en el mejor de los casos como Canadá, el país más depredador del plantea que ha y sigue destruyendo su propio país y los del resto del planeta. Si algo nos ha enseñado el capitalismo es que ha encontrado la forma de autorregularse a su favor, justo utilizando e parlamento abierto como acto de inclusión social en donde se discuten verdades a medias, argumentos sin sentido y siempre se pondera el desarrollo y crecimiento como sustento y lo que significa el colapso financiero de que los depredadores ya no tengan condiciones para invertir.
En síntesis, lo más progresista termina regulando y resolviendo los daños y efectos permanentes utilizando como centro la principal fuerza del propio capital, el pago con dinero para solventar la resarcida de daños, aunque estos sean irreversibles.
Da orgullo saber que los pueblos de la Montaña y costa Chica tienen un dialogo horizontal ya abierto desde hace 10 años, en donde se dirime desde la política local con políticos locales una nueva forma de discutir el progreso y desarrollo de los pueblos y por supuesto lo hacen cuestionando al modelo extractivo en su conjunto, a las estructuras de gobernanza que siguen firmando acuerdos internacionales y nacionales que son incapaces de implementar, respetar o por lo menos no molesten, como sucede por ejemplo con el penoso papel que juegan los operadores del Registro Agrario Nacional quienes de forma sistemática y persistente niegan el registro e inscripción de actas, estatutos y reglamentos emanados de los procesos de autodefiniciones que las asambleas de los pueblos determinan. Ahí se determina defender el territorio no en un falso proceso de consentimiento como los que hace el gobierno para imponer sus proyectos en donde en cuestiones de tres o cuatro horas dicen la gente está totalmente satisfecha de información como para tomar una decisión que cambiarán su vida para siempre.
Los pueblos de la Montaña y Costa Chica se dan tiempo para discutir, en este caso son 10 años, para entre ellos tomar decisiones y si hay dudas sobre las amenazas y consecuencias de entregar la biodiversidad, los minerales, los bosques, el agua y la comunalidad entonces establecer no una estrategia ridícula de un pueblo que a través de un mecanismo de despojo implementado por el gobierno y las empresas una sola comunidad ponga en riesgo a todas las del rededor aguas arriba y aguas abajo. Demasiada soberbia de quienes creen que lo dictado por la OIT en el 169 es suficiente bajo las aplicaciones que sin duda este gobierno ha manipulado una y otra vez y que otros gobiernos ni siquiera saben que existe, al mismo tiempo que muestran una gran ingenuidad pensando que al firmar los acuerdos de Escazú entre muchas otros tratados que firma México pero que no sirven para nada, ante los embates del capitalismo, el modelo de consumo y la irracionalidad persistente en la continuidad de explotación y exfoliación los bienes naturales con siempre nuevos discursos de cambios progresivos como actualmente sucede con los proyectos verdes y sustentables. Los pueblos de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero saben que nada de ello es cierto.
Mientras que todos los sectores felices y contrariados por la iniciativa presidencial están listos para “debatir” el futuro de la minería y de los pueblos en México, acá en la Montaña y Costa Chica les preocupa el intenso crecimiento de la violencia y ya discuten como es a través de ella que nuevamente el territorio entra en disputa. Basta un dato para poner en consideración: En la zona centro, tierra caliente y norte el estado de Guerrero hay cinco minas operando, ahí mismo hay 12 cárteles trabajando en contubernio con instancias estatales y federales, ahí por lo menos hay cerca de 35 mil desplazados por las disputas mineras y el control del territorio, ahí todavía se dirime si el jefe supremo de las fuerzas armadas es lo suficientemente jefe para que las fuerzas militares le obedezcan y por fin entreguen los oficios y expedientes que, además de ratificar la participación de ellos en la desaparición de los alumnos, se logre encontrarlos, se logre saber la verdad y sea hasta entonces que se inicie con la rendición de cuentas.
Cerramos diciendo después de muchas lecturas a la iniciativa del presidente y de escuchar las reacciones derivadas en distintos sectores, constatamos lo mal preparados que estamos en este país para discutir el fondo y no las formas de lo que somos como país para cambiarlo a lo que en realidad deberíamos ser rompiendo de facto las inercias regulatorias que ahí nos colocaron.
A los pueblos de la Montaña y Costa Chica nuestra gratitud eterna por defender desde su libre determinación un pedacito del territorio nacional para siga vivo, sano y bello. Al RAN nuestro repudio total por ser operadores fastuosos y obedientes violadores recurrentes de los derechos de los pueblos al negarles su registro e inscripción de sus actos, al presidente de la república he de decirle que debe discutir consigo mismo qué está entendiendo por rectoría del estado, por soberanía y por regulación, porque en su iniciativa nada de ello se identifica, más allá de la retórica de una estéril exposición de motivos que en la iniciativa no se atiende, así como de los temas que plantea, los cuales serán abordados en las siguientes intensas pero inertes discusiones entre los sectores que abonan a favor o en contra de la misma.
Ambos sectores discuten como maquillar una ley para que siga la explotación de minerales y el modelo extractivo siga vigente entre nosotras/os. Sin embargo, los pueblos de la Montaña y Costa Chica no son coparticipes de la regulación o mejor dicho de la desregulación que pretende continuidad. Acá la minería está prohibida con o sin el consentimiento del estado.
Miguel A. Mijangos Leal
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.
Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.
De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.
El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.
Tipo
Número de operaciones identificadas
Superficie (ha)
Carbón
62
18,073.2
Metálica
249
79,606.1
No metálica
182
8,256.8
Salina
38
56,022.0
Metálica (exploración)
343
26,362.4
Total
874
188,320
Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático
La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.
Opacidad
Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.
Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.
Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.
Compartimos este bella serie de podcats producido por Radio Tsinaka sobre mujeres defensoras del territorio
Escucha estos 10 capítulos de la serie “Las mujeres y el territorio”. Una producción de Radio Comunitaria Tsinaka donde se reúnen las voces de mujeres del municipio de Cuetzalan para compartir la sabiduría alrededor de las prácticas cotidianas con el territorio.
Sobre la serie: Mujeres y territorio es una serie donde mujeres campesinas, artesanas, comunicadoras, defensoras del territorio, activistas por los derechos de las mujeres y amas de casa comparten su historia de vida y vínculo con el territorio desde su labor cotidiana. Desde la Sierra Norte de Puebla.
Compartimos con alegría este reportaje sobre el Túmin Publicado en México Desconocido a abril 2023
Conoce qué es, cómo funciona y dónde conseguir túmin, la moneda que puede darle la vuelta a la economía de México y sus pequeños comercios.
El túmin es una moneda nacida en Veracruz cuyo objetivo es apoyar la economía de los negocios/productores locales que no tienen la capacidad para competir con las grandes empresas. Hoy en día, a más de 10 años de su invención, la mitad del país utiliza el túmin: La moneda que convierte en socios a todos ¡Conoce cómo funciona!
La idea nació como un proyecto de la Universidad Veracruzana Intercultural, que se dio a la tarea de estudiar a fondo la economía local y encontró que aunque eran una comunidad muy productiva (especialmente en fruta y verdura), los productores localesno podían competir contra las grandes empresas y sus productos se quedaban parados, sin la posibilidad de comercializarlos. Es ahí cuando nace la idea del comercio directo y la invención del túmin, que significa dinero en totonaco.
A continuación, te presentamos la historia de una moneda alternativa con presencia en más de la mitad del territorio mexicano y que propone una nueva forma de hacer comercio entre productores y pequeños emprendimientos: El túmin.
mexicodesconocido.com.mx Moneda túmin.
La historia del túmin
Cuando el túmin empezó, en Espinal, Veracruz vivían cerca de 25 mil personas. El túmin comenzó a girar con 35 socios de Espinal que se comprometieron a recibir el 10% de las ventas de sus productos en túmin. Cuando la sociedad llegó a 100 comerciantes, comenzaron a imprimir la moneda.
mexicodesconocido.com.mx
Al inicio, a los asociados se les facilitaba 500 túmin al darse de alta para poder comenzar a hacer transacciones con esta moneda, para 2016 ya no se hacía así. Cada vez que la comunidad de tumistas consigue 100 miembros nuevos, se manda a imprimir un nuevo tiraje de 50 mil túmin.
El túmin se pensó como una moneda complementaria al peso que promoviera y facilitara el trueque, actividad milenaria que se conserva como una tradición entre las comunidades totonacas. Originalmente, el trueque consistía en el intercambio equivalente y justo de bienes o productos. Por ejemplo: Un comerciante de café que quería comerciar con un apicultor, podía ofrecerle un trueque de 1 kilo de café por 1 litro de miel.
mexicodesconocido.com.mx Mercado de Tlatelolco.
Con el paso del tiempo, la invención de la moneda y la llegada del capitalismo, costumbres milenarias como el trueque desaparecieron o perdieron valor para los grandes productores. Sin embargo, para las pequeñas/medianas empresas y sobre todo para los productores locales, la invención del túmin y los valores que respaldan su uso facilitan el mercadeo de sus productos; construyendo comunidades y economías cada vez más fuertes y justas en donde los bienes que salen de la comunidad benefician a la misma.
Pero ¿Cómo funciona el túmin? y más importante aún ¿De qué manera el túmin apoya la economía y a las comunidades?
mexicodesconocido.com.mx Heladero solidario con el túmin.
¿Qué es y cómo funciona el túmin?
El túmin tiene un valor equivalente a 1 peso, sin embargo, nunca se ha pretendido que sustituya a la moneda oficial de México en ningún sentido.
Existen billetes moneda con valores de 1, 2, 5. 10. 20 y 50 túmin. Fue creado para apoyar a los campesinos, los principales productores de Espinal y las comunidades en Veracruz. La propuesta principal fue el comerciar directamente entre productores con ayuda de una moneda que facilite el “trueque” y al mismo tiempo ayude a ganar dinero con valor ante el estado (pesos).
mexicodesconocido.com.mx Diferentes billetes de túmin.
La regla principal es que se debe aceptar un mínimo del 10% del precio de tu producto en túmin. Por ejemplo, si vendes aceite en 50 pesos, debes aceptar al menos 5 pesos de túmin. Esto significa que el uso del túmin significa bajar los precios, sin embargo, sigue existiendo un beneficio y más importante aún, los productos y servicios son aprovechados.
Pero ¿De dónde sale el túmin? ¿Quién lo regula? ¿En dónde se consigue túmin?
Con el túmin no se puede especular, no genera interés y vale más si pasa de mano en mano durante el intercambio de productos o servicios que acumulado. Como en todo intercambio económico, cada trato es distinto y la cantidad de túmin aceptado depende de cada tumista.
mexicodesconocido.com.mx Casa del túmin en Papantla.
En los lugares donde se maneja esta moneda, debe existir una Casa del Túmin, en donde los tumistas llevan su producto para mercadear con otros tumistas. Miel, café, prendas de vestir, fertilizante orgánico son algunos de los productos que se comercializan entre los empresarios que manejan el túmin. En los lugares en donde no existe una Casa del Túmin, se hacen tianguis, ferias y mercados para hacer negocios con túmin.
En 2016, 16 de los 32 estados de la república ya contaban con la presencia del túmin en sus economías locales. Las comunidades de Xalapa, Coatepec, Papantla y el Puerto ya manejaban el túmin, que también había alcanzado los estados deJalisco, Oaxaca, Guerrero, PueblayChiapas.
mexicodesconocido.com.mx Puesto de verduras que acepta túmin.
Durante el mismo año los tumistas de Puebla acostumbraban hacer un mercado cada viernes. Silvia Morales, tumista de Puebla, dijo para el Chicago Tribune que el túmin es, además de un agente de equilibrio económico para su comunidad, una filosofía de vida.
Si alguien me quiere comprar una mermelada que vale 50 y no trae túmin, quizá acepte que le de cambio en túmin para que empiece a tener.
mexicodesconocido.com.mx Un antiguo mercado tolteca.
El túmin, más que una moneda complementaria, porque no sustituye al peso, es como un trueque. Es regresar a nuestros orígenes.Mar Jímenez, productora de Puebla.
mexicodesconocido.com.mx Túmin.
Esta moneda es un salvavidas en el capitalismo voraz, donde si no tienes dinero, no compras. Con el túmin es posible adquirir productos de necesidad básica.Berta García, socia tumista
mexicodesconocido.com.mx Mercado de Tlatelolco, donde se daba el trueque.
También para el Chicago Tribune, el señor Eugenio Pérez, productor de fertilizante orgánico y fruta de temporada de Oaxaca, dijo que se hizo socio después de escuchar a los tumistas hablar sobre la economía y comercializar de manera directa.
Más que el valor monetario, el túmin tiene el valor de la ilusión de personas que luchan, creen y piensan en ayudar. Ese es el valor que yo le doy. Un poquito más sentimental que económico.
mexicodesconocido.com.mx Tianguis túmin.
Al usar túmin, un cliente se convierte en un compañero. Por lo general, la competencia hace que uno gane y otro pierda, pero el uso de esta moneda promueve el intercambio, compartir y ayudarse entre comerciantes. Juan Soto, uno de los creadores del túminJuan Soto, uno de los creadores del túmin.
El uso del túmin se ha malinterpretado al compararse con el uso de vales. Si bien es verdad que al usar túmin los productores tienen que bajar sus precios, al participar en su intercambio, uno acepta y se compromete a dar la máxima calidad en sus productos/servicios, así como a recibirlos.
El túmin en la actualidad
mexicodesconocido.com.mx La portada de la sociedad de comerciantes que utilizan túmin en San Cristóbal de las Casas.
El túmin tiene valor únicamente entre quienes aceptan hacer transacciones con esta moneda; pues aunque 1 túmin es equivalente a 1 peso mexicano, el primero no tiene valor ante el Banco de México y tampoco pretende suplantar a la moneda oficial del país, sino apoyar la economía de los productores que busquen una opción más para hacer mover su producto.
En 2019, el sitio oficial www.tumin.org.mx (No disponible) informaba que habían alrededor de 1,200 tumistas en todo México y 9 tirajes de túmin. Para 2022, se estima que había 2,500 tumistas y para 2023, el túmin ya estaba presente en 24 de los 32 estados mexicanos con son 2,800 negocios que participan en el intercambio de túmin.
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En la actualidad, diferentes estados de la república como Morelos, Chiapas, Oaxaca y Veracruz ya imprimen túmin propios de cada región y cada billete está registrado con sello, folio y tiraje. Cualquier tipo de producto o servicio es bienvenido a usar el túmin.
El túmin llegó a estar bajo la lupa de la ley y el Banco de México, pero al estudiar el caso, las autoridades se dieron cuenta de que la moneda no presentaba un problema al no ser de curso legal en México; pues el artículo 234 del código penal mexicano prohíbe la reproducción de los billetes o piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor. Además, la comunidad creadora del túmin se avala también por los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de modificar sus economías.
mexicodesconocido.com.mx Mercado túmin en Espinal, Veracruz.
Al usar túmin, un cliente se convierte en un compañero. Por lo general, la competencia hace que uno gane y otro pierda, pero el uso de esta moneda promueve el intercambio, compartir y ayudarse entre comerciantes. Descubre más detalles sobre el túmin aquí.
Compartimos este pronunciamiento de Front Line Defenders y Indigenous Peoples Rights International sobre el contexto de violencia para defensoras y defensores de la vida en Chiapas – A 12 de abril del 2023
Ciudad de México y Dublín, 12 de abril de 2023
MÉXICO: TRAS VISITA CONJUNTA A CHIAPAS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN SOBRE EL CONTEXTO DE RIESGO PARA PERSONAS DEFENSORAS INDÍGENAS EN EL ESTADO
En la semana del 27 al 31 de marzo de 2023 las organizaciones internacionales Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders realizamos una visita conjunta a Chiapas con el objetivo de documentar la situación de riesgo y violencia que viven personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas en el estado. Nos reunimos con 30 personas defensoras y autoridades indígenas de 12 casos de personas defensora o procesos comunitarios que enfrentan riesgos por su labor de defensa, de los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol de los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo. En estas reuniones recibimos información sobre una nueva ola de violencia en contra de personas defensoras y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales, además de diversas preocupaciones respecto a la impunidad que ha acompañado este contexto.
Además de reuniones y entrevistas con organizaciones de sociedad civil locales, nacionales e internacionales basadas en Chiapas, se sostuvieron dos reuniones con autoridades del gobierno estatal: Una con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Marisol Gómez Hernández, y una segunda con la Fiscalía, representada por el Dr. Manuel de Jesus Corado de Paz, Director de Atención a Víctimas, y el Dr. Pedro Sergio Becerra Toledo, Director para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Estas son las principales observaciones de ambas organizaciones, resultado del trabajo de documentación y recopilación de testimonios de esa visita:
Identificamos un claro patrón de criminalización en contra de personas defensoras indígenas que defienden los derechos ambientales, al territorio, a la autonomía y a la libre determinación de sus comunidades. Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos. Esto lo observamos en casos como el de Cristóbal Santiz de Aldama y el del Padre Marcelo Pérez Pérez de San Cristóbal.
Resaltamos que en el contexto actual de uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades, existe un patrón de criminalización en contra de quienes se han opuesto a la militarización de sus comunidades y como parte de su lucha en defensa de sus derechos colectivos. Esto puede ser observado en los casos de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc, de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.
Observamos la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que sigue representando un riesgo alto para las personas defensoras y continúa perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado.
Hay una delicada situación provocada por la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades del Estado ante las amenazas y el riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de las comunidades indígenas en Chiapas. A pesar de que las personas defensoras en riesgo han reportado y/o denunciado graves amenazas y ataques, las autoridades no han logrado intervenir antes de que muchas de estas deriven en casos de graves violaciones de derechos humanos. Esto ha sido el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal; la situación que se vive con las 5 familias desplazadas de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo como consecuencia de una cadena de graves violaciones de derechos humanos incluyendo: desaparición, tentativa de homicidio, tortura sexual, lesiones, quema y destrucción de sus propiedades, lo que llevó al desplazamiento de 25 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes; así como la violencia física, hostigamiento amenazas de muerte en contra de la defensora tsotsil Pascuala López López del ejido Pinar Cuxtitalli, en San Cristóbal de Las Casas.
Con preocupación reconocemos que las personas defensoras y sus comunidades llevan a cabo su labor de defensa de derechos humanos en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.
Recogimos importantes testimonios que dan cuenta de la existencia de vínculos entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad. A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc.
Finalmente, identificamos dentro de las instituciones de gobierno del estado una falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos dentro de las que realizan personas defensoras y comunidades indígenas. Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio. La falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos y el riesgo que resulta de ésta suma al contexto de estigmatización y a las campañas de desprestigio en contra de las personas defensoras de derechos humanos, como ha sido el caso del defensor Padre Marcelo Pérez Pérez.
