Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles – 21 de setiembre de 2020

Comunicado de la Red Contra los Monocultivos de Árboles de América Latina RECOMA – A 21 de septiembre de 2020

Este 21 de septiembre no es uno más. Nos encuentra con la crisis del COVID 19 en todo el mundo. Una pandemia que nos obliga a reflexionar sobre los dramáticos impactos que la pérdida de biodiversidad y el daño al funcionamiento de los ecosistemas está generando al planeta y a las sociedades que formamos parte de él.

Existe pleno reconocimiento a nivel global de que las pandemias que vivimos son el resultado de la agresión a la naturaleza. No sólo el COVID 19 vinculado al tráfico de especies y destrucción de áreas naturales, sino también otras como el Dengue que al calor del cambio climático se expande por Nuestra América.

Sin embargo, el confinamiento de media humanidad, la pérdida de empleos, las dramáticas experiencias de quiebra de sistemas de salud y el costo en vidas, aún en países y ciudades ricas, no están siendo suficientes para detener a las corporaciones extractivistas o cambiar su modelo de ganancias. Los líderes del mundo continúan colocando sus esperanzas de reactivación económica post pandemia en los mismos modelos económicos que nos han llevado a esta crisis del COVID, crisis climática y crisis de biodiversidad.

En este contexto, las empresas del sector de las plantaciones son parte sustancial del problema. Cientos de miles de hectáreas, de humedales, bosques, selvas, sabanas y pastizales han sido transformadas en monocultivos de árboles, sean estos de Palma, Pinos, Eucaliptus, Cítricos, Álamos, Aguacate u otros, el modelo es el mismo. Los monocultivos de árboles destruyen la diversidad de hábitats y nichos ecológicos existentes en los ecosistemas naturales, afectan los servicios ecosistémicos, modificando las condiciones higrológicas, la disponibilidad de agua, la oferta de polinización, y las inconmensurables características que contienen los ambientes diversos, incluidas las personas que en ellos habitan.

El despojo a las comunidades locales, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, y otras comunidades tradicionales, es una constante que no se ha detenido en tiempos de pandemia, inclusive se ha agravado. No ha habido confinamiento para la destrucción ambiental colocando en un enorme riesgo sanitario a los pueblos que viven en los bosques y áreas naturales. En casi todos los países la situación de los y las defensorxs del ambiente ha empeorado, al perderse las mínimas libertades civiles en el derecho de reunión y protesta. Los asesinatos continuaron durante las cuarentenas en Honduras y Colombia.

Por ello, en este día de lucha contra los Monocultivos de Arboles, nos volvemos a manifestar y replantear, que las plantaciones industriales son parte del problema y ante la magnitud de la crisis global no podemos permitir que se sigan discutiendo falsas soluciones. Los monocultivos de árboles deben estar fuera de las discusiones sobre captación de carbono para disminuir la crisis climática, fuera de las discusiones de restauración de ambientes, fuera de las discusiones de desarrollo sustentable. Con monocultivos de árboles no tendremos biodiversidad ni ecosistemas sanos, y nadie estará sano en ecosistemas enfermos sin biodiversidad.

¡BASTA DE MONOCULTIVOS INDUSTRIALES DE ÁRBOLES!
¡BASTA DE FALSAS SOLUCIONES!
¡NADIE TENDRÁ SALUD EN ECOSISTEMAS ENFERMOS!

Firma

Red Contra los Monocultivos de Árboles de América Latina. – RECOMA

Más información:

Por la Protección de los Humedales, ¡Basta de Impunidad!

Comunicado de apoyo a las y los habitantes de San Cristóbal de las Casas que se movilizan por la defensa del Territorio, los humedales y el agua – A 16 de septiembre de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<

El pasado 14 de septiembre del presente año, habitantes de 9 colonias del sur de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, llevaron a cabo un bloqueo de los caminos para exigir la protección a los humedales de la ciudad ya que las autoridades municipales y estatales han permitido y solapado su invasión en medio de lo que se presume mucha corrupción y tráfico de influencias.

Los habitantes de la ciudad y de las colonias del sur exigen el cumplimiento de tantas promesas gubernamentales para detener esta invasión y recuperar los humedales. La lucha de las colonias y del pueblo en general es por la defensa del agua y del medio ambiente, por la biodiversidad y por un ambiente sano. La lucha pacífica es legítima y legal, sin embargo, ya pesan demandas infundadas de quienes han invadido los humedales contra personas de un movimiento que defiende la vida en beneficio de toda la población, así como órdenes de aprehensión contra algunas personas.

Denunciamos el atropello que se realiza contra los humedales y el riesgo de un futuro sustentable para la ciudad de San Cristóbal, y también los intentos de criminalizar las justas demandas de la población.

Exigimos el cumplimiento a las leyes y la normatividad ambiental, el cumplimiento de las promesas y de las exigencias de las 9 colonias para la solución de este grave problema, el respeto a las mesas de diálogo con los representantes de la población, y claros signos de voluntad política para el cumplimiento de la agenda, de las peticiones y de la misma ley.

Responsabilizamos al gobierno del estado y al gobierno municipal de la violencia de la que puedan ser objeto la población por su lucha pacífica, legitima y legal en contra de las ilegalidades de las propias autoridades involucradas en el proceso de la destrucción de los humedales de la ciudad.

#YoProtejoElAgua #AguaYSalud #YoProtejoElHumedal

Atentamente,
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Semanario Mirada Sur

Más información:

El Escaramujo 104: MINERÍA Y DEUDA, Y la lucha digna del Ejido de Carrizalillo, Guerrero

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 104 en pdf<<

Entre todos los megaproyectos implementados en América Latina, consideramos que la minería es uno de los que genera mayor deuda pública a los gobiernos y a los pueblos, además de ser de las actividades extractivas de mayor violencia física, psicológica, económica, política y cultural. El impacto social y ambiental es tan descomunal que las dimensiones de la destrucción de pueblos, culturas, vidas de defensores y defensoras de sus territorios, ecosistemas, suelos, cuencas, montañas y bosques son irreversibles. Este Modelo Extractivo Minero se caracteriza por la apropiación privada en manos de grandes empresas mineras de territorios indígenas, campesinos o de Áreas Naturales Protegidas bajo la lógica del mercado, el lucro y la mayor ganancia a toda costa.

El Modelo Extractivo Minero afecta a todo el conjunto de los derechos humanos. Además de minar la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad, muchos otros efectos son irreversibles. La contaminación de las cuencas, las presas de jales y la utilización de miles y miles de toneladas de cianuro, con el uso intensivo desde uno a tres millones de litros de agua por hora para lixiviar el oro, marcan la pauta del impacto social y ambiental en todo nuestro continente.

Los Ríos contaminados y disputando las empresas el agua a los pueblos y las comunidades vecinas provocan saldos de grandes conflictos sociales con consecuencias irreparables como el asesinato de lideres y lideresas por la defensa del territorio y del medio ambiente, o comunidades desplazadas y empobrecidas. El uso de energía, agua y devastación de territorios es intensa. Y por si fuera poco, son raquíticos los empleos que genera.

Considerada un actividad esencial durante el confinamiento decretado por los gobiernos a causa del COVID-19, las mineras no sólo continuaron su actividad extractiva sino que obligaron a los trabajadores a asistir a las instalaciones provocando pérdidas humanas por los contagios de la pandemia. Aprovechando el confinamiento y la imposibilidad de defender las tierras y territorios, las mineras continuaron su expansión.

El aporte del Modelo Extractivo Minero al Cambio Climático es enorme. La deforestación, la pérdida de sumideros de carbono y el alto grado de emisiones de Gases Efecto Invernadero, hacen del sector minero uno de las principales actividades del calentamiento global. Y pese a ello, el sector minero pretende fortalecer un discurso en el sentido de que su actividad extractiva es sustentable, verde, limpia, amable con el medio ambiente y que sus empresas son un derroche de responsabilidad social.

Las empresas mineras no asumen los costos sociales y ambientales de su actividad extractiva tan destructiva. Intentan justificar que la necesidad de la Transición Energética de fuentes no renovables e hidrocarburos a fuentes renovables, la minería es esencial para dotarle de insumos a la tecnología de que demanda las energías renovables y así modificar la Matriz Energética, y bajo el mismo esquema del Modelo Extractivista. Ahora, el litio se ha convertido en un mineral estratégico para la nueva tecnología de las fuentes renovables colocando a otros países en el escenario de la nueva disputa geopolítica de los territorios.

Es aquí donde estriba uno de los hilos conductores de la enorme deuda pública que genera este sector minero. Por un lado, los Tratados de Libre Comercio firmados por prácticamente todos los países del Caribe y de América Latina con Estados Unidos Canadá, la Unión Europea, entre otros, condiciona la eliminación de aranceles a la importación y exportación de minerales extraídos en la región. De la misma forma la condonación de impuestos y otras facilidades administrativas y hacendarias para favorecer sus inversiones en el territorio nacional, repercute en menores ingresos al estado que podría usar en el gasto social, por lo que recurre al endeudamiento con la supuesta Banca Multilateral de Desarrollo (BMD).

Para facilitar la labor a este sector, los gobiernos han tenido que modificar su Constitución y leyes secundarias que de igual manera sus estudios son financiados por la BMD o el Fondo Monetario Internacional lo que provoca un aumento de la deuda externa del estado. A tal efecto, los gobiernos se han visto obligados a modificar leyes en materia ambiental para flexibilizarlas a favor de las inversiones mineras, pero también en materia de agua, minería, hacienda, inversión extranjera directa, seguridad, tierras y energía, entre otras.

Todo ello para cumplir con tres condiciones básicas que la inversión extranjera exige: seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra y seguridad social. Esto último implica la modificación de los códigos penales con el fin de criminalizar la protesta social que se ejerce contra las empresas mineras por sus afectaciones socioambientales. Además, muchos países han firmado Tratados Bilaterales de Inversión con el fin de garantizar el poder demandar a los gobiernos que impidan o bloqueen por alguna razón las inversiones extranjeras.

En este marco, según ISDSImpactos el Banco Mundial, vía el CIADI, recibe el 78% del total de las demandas de las empresas contra los gobiernos de América Latina y el Caribe. De los 42 países de la región, 22 de ellos han sido demandados por las empresas extranjeras, y suman 282 demandas contra los gobiernos que representan el 29% del total mundial, donde Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú cuentan con 206 de esas demandas que equivalen al 73% del total.

Por su lado, República Dominicana cuenta con 6 demandas; Barbados, Grenada y Trinidad y Tobago con una cada país caribeño. Hasta el momento, los países de América Latina y El Caribe han tenido que pagar más de 31 mil millones de dólares a las empresas extranjeras que los han demandado cuyo monto podrían solucionar la pobreza en 16 países de la región. De todas las demandas el 23% se refieren al sector de minería, gas y petróleo. El 36% de las demandas provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, pueblos y gobiernos terminan más endeudados.

Por tanto, si las empresas mineras no pagan o evaden impuestos, exigen devolución de millones de dólares de impuestos, no pagan aranceles, no pagan la reparación de los daños sociales y ambientales, ¿quién asume este costo? Si es necesario modificar las leyes para facilitar sus inversiones, ¿quién asume este costo? Si hay desplazados, enfermos de cáncer, demandas de los pueblos, necesidad de hospitales, reubicación de poblaciones, proyectos productivos o algún miserable subsidio o reparación económica a los afectados por la empresa minera, ¿quién paga esto? Si es necesario limpiar las aguas, compensar la deforestación, la pérdida de suelos, la contaminación del aire, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas o los compromisos de bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, ¿quién paga los costos? Así, gobiernos y pueblos terminan asumiendo en sus espaldas los costos de la ambición y riqueza de las empresas mineras.

Si no hay recursos del estado por la falta de captación de ingresos como sucede con el el sector minero, ¿de dónde salen los recursos para facilitarle los caminos, los puertos, los aeropuertos, las represas para que tengan energía, el tendido eléctrico, entre otras infraestructuras que requiere la extracción de los minerales? ¿De dónde salen los recursos del estado para el gasto social como escuelas, clínicas rurales, medicamentos, apoyo a la educación superior, entre otros derechos humanos que el estado debe garantizar, proteger, velar y procurar, se ejerzan? Todavía más, el sector minero busca los créditos blandos de los fondos públicos de la BMD o los créditos de carbono.

Si las empresas mineras demandan a los gobiernos vía los Tratados Bilaterales de Inversión o los Tratados de Libre Comercio, ¿de dónde salen los recursos para pagar tales demandas? Si sucede una crisis financiera y económica del capitalismo, ¿es el sector minero uno de los que hay que recuperar y salvar con fondos públicos?

En este marco, la deuda que provoca el sector minero en los países del Caribe y América Latina es enorme. Una deuda en materia social y ambiental del cual los países de la región son los verdaderos acreedores. Sin embargo, los gobiernos acuden al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o al Banco de Desarrollo de América Latina con el fin de solventar los estragos del sector minero, para crear la infraestructura que demanda su actividad extractiva o para paliar las consecuencias que dejan a su paso, ya que no será Vancouver a donde se lleven los millones de litros de agua con metales pesados, sino qué éstos se abandonan en los territorios indígenas y campesinos, ni los millones de toneladas desperdicios tóxicos.

A Canadá se llevan sólo su lingote de oro que hoy alcanza los dos mil dolares la onza en el mercado internacional. Por cierto, cabe señalar que la empresa canadiense GoldCorp ha llegado a donar millones de dólares a los sistemas de salud de ciudades en Canadá, mientras deja a comunidades y pueblos empobrecidos con enfermedades como el cáncer en México, Honduras y Guatemala.

Es esta misma minera canadiense que en la comunidad de Carrizalillo ha provocado desplazados, muertos, enfermos, y un territorio devastado por una mina de dimensiones descomunales. La mina de Gold Corp que luego fue comprada por Leagold Mining y ahora Equinox Gold, todas han incumplido los contratos con los Ejidatarios. Siguen provocando destrozos y muerte.

Ahora, nuevamente las familias ejidatarias han decidido cerrar la mina Los Filos el 3 de Septiembre de 2020 por el incumplimiento del contrato. Enfermedades, destrucción de las fuentes de agua, entre otros incumplimientos al contrato que siguen violando los derechos humanos. Y no es el único caso de incumplimiento de contrato con los ejidatarios en el país.

Si el gobierno incumple los Tratados de Libre Comercio las mineras están blindadas con mecanismos para demandar por millones de dólares que los pueblos pagan de sus fondos públicos. Los gobiernos tienen que pagar hasta los gastos legales en que incurrieron las empresas durante el proceso de demandar a un gobierno.

Pero si son las empresas las que incumplen los contratos simplemente criminalizan la lucha legítima y legal de los pueblos que son afectados directamente en sus territorios, y son ellos, no la empresa ni el gobierno, quienes tienen que asumir los costos de su defensa, el desgaste económico y social que les genera la resistencia contra las violaciones a los derechos humanos. Esto implica más deuda que los pueblos se ven obligados asumir y que no les son resarcidos los costos de su lucha legal y justa.

Si hay una vacuna para combatir el Modelo Extractivo Minero es la Agroecología. Las alternativas agroecológicas protegen los bosques, enriquecen los suelos, potencializan la biodiversidad, enraizan a los pueblos en sus territorios y fortalecen su pertenencia legal y cultural. La Agroecología protege los ríos y las fuentes de agua, asegura la soberanía alimentaria de los pueblos y combate el Cambio Climático. La Agroecología es una práctica anti sistémica frente a este capitalismo depredador.

>>Descargar Escaramujo en 104 pdf<<

Más Escaramujos:

Petición: Prohibición de Comida Chatarra y Bebidas Azucaradas a menores de edad en Chiapas

>>Firma aquí<<

Llamado urgente al H. Congreso del estado de Chiapas para proteger la salud y la vida de las y los niños chiapanecos

Chiapas se ha posicionado nacional e internacionalmente como una de las regiones con más alto consumo de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados en el mundo. Esta tendencia ha erosionado la cultura alimentaria tradicional y deteriorado seriamente la salud y la nutrición de la población chiapaneca, además de aumentar el riesgo de contraer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y en la actual coyuntura, las formas más graves de COVID-19. Por estas razones hacemos el siguiente llamado a los miembros de la LXVII Legislatura del H. Congreso del estado:

En el marco de los derechos a la alimentación y a la salud; en concordancia con el interés superior de la niñez y adolescencia y el deber de garantizarles una vida sana conforme a la Convención de los Derechos del Niño; y de acuerdo a estudios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 5 de agosto próximo pasado el Congreso de Oaxaca marcó un hecho histórico: a través de la reforma al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se convirtió en el primer estado en el país en prohibir la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico[1] en establecimientos e instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico y media superior, incluyendo maquinas expendedoras y distribuidores automáticos. Unos días después, el 16 de agosto, Tabasco hizo lo propio al aprobar el Congreso local la iniciativa del ejecutivo estatal en este mismo sentido.

Estas medidas se suman a las prohibiciones de vender tabaco y alcohol a menores de edad en todo el país. Si bien no son suficientes para garantizar la salud de la niñez y la adolescencia, se trata de acciones necesarias para fomentar la conciencia sobre los daños que genera el consumo de estos productos así como para fomentar la lucha contra el agresivo bombardeo publicitario que los promociona y que impacta especialmente a los menores de edad.

Si bien es cierto que los principales responsables de velar por la salud de los menores son los progenitores, los tutores legales o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores, las leyes recientemente aprobadas en Oaxaca y Tabasco son un elemento indispensable para garantizar su protección. En Chiapas la necesidad de instrumentar medidas semejantes es hoy cuestión de vida o muerte, dicho de manera literal. De acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes, las personas con menores ingresos tienen el doble de probabilidades de sufrir diabetes mellitus que otros sectores de la población. Chiapas es el estado con los mayores índices de pobreza en México, donde, además, los alimentos nutritivos tradicionales, como la tortilla, el frijol, el chile, el pozol o el atole, han sido sustituidos por alimentos y bebidas chatarra en los últimos 25 años. Si a esto añadimos la falta de servicios médicos de calidad el resultado es catastrófico.

Es urgente adecuar el marco legal estatal, siguiendo el ejemplo de los congresos de Oaxaca y Tabasco, así como instrumentar programas de educación para revalorar y promover la alimentación tradicional chiapaneca así como para comprender las advertencias del etiquetado frontal en el envase en las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados y los daños que su consumo causa a la salud.

Expresamos nuestro amplio reconocimiento a los H. Congresos de Oaxaca y Tabasco por anteponer el bienestar de sus niños, niñas y adolescentes a cualquier otro interés.

Instamos a los miembros de la LXVII Legislatura del H. Congreso de Chiapas a cumplir con su deber y adoptar una medida semejante que garantice la protección de la salud de nuestra población infantil y adolescente.

Los niños, niñas y adolescentes no son el futuro de Chiapas, son EL PRESENTE. Les debemos una vida de calidad a la que tienen derecho y que les hemos negado al imponerles hábitos nocivos que vulneran su salud, sus expectativas y su existencia entera.

Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, señoras y señores diputados, no es una concesión, es una obligación.

Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas


[1] Se entiende por bebidas y alimentos de alto contenido calórico aquellos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, conforme a la Norma Oficial Mexicana Correspondiente.

Cuidar la salud de la niñez, es cuidar la salud de México y de Chiapas

#YoProtejoElAgua #AguaYSalud

>> Firma aquí<<

Imagen: Rompeviento TV

Más información: