[Artículo] Al interior del complot para asesinar a Berta Cáceres

Compartimos esta investigación especial sobre el caso de Berta Cáceres publicada en el diario The Intercept – A 21 de diciembre de 2019

Danielle Mackey, Chiara Eisner December 21 2019, 8:00 a.m.Read in English

Ya pasaron más de tres años desde  que Berta Cáceres  fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44 años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena. Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en los brazos de un amigo.

Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.

El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos, sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad: todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y la industria financiera internacional.

Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de DESA.

Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación. Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato.  Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes privados nunca han sido publicados.

Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión.

Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10 de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u obligado a declarar.

The Gualcarque River, downstream from the Aqua Zarca Dam. Sandwiched between Guatemala and Nicaragua on the Caribbean coast, Honduras is blanketed in forest and rich in valuable minerals. But the proceeds of this natural wealth are enjoyed by a very small section of society. Honduras has the highest levels of inequality in the whole of Latin America, with around six out of ten households in rural areas living in extreme poverty, on less than US$2.50 per day. A recent report documents shocking levels of violence and intimidation suffered by rural communities for taking a stand against the imposition of dams, mines, logging, or agriculture on their land - projects that are controlled by rich and powerful elites, among them members of the political class. The root causes of the abuses are widespread corruption and the failure to properly consult those affected by these projects

El río Gualcarque, río abajo de la represa de Agua Zarca.

Foto: Giles Clarke/Getty Images

Duplicidad Temprana

El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados de alto nivel.

Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.

A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.

El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían que DESA no tenían derecho a estar allí.

La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes. Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle a un miembro del COPINH llamado Tomás García.

Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.

“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.

La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias llamado HCH Televisión Digital.

“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.

Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.

Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador. HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre el segmento transmitido.

Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.

“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento otra vez”, añadió el número desconocido.

Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.

En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló el fallo y desestimó los cargos.

Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en 2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo. Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y ubicación de Cáceres.

Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de construcción de la empresa.

“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza. Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas: “Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.

This photo taken on September 17, 2018 shows Sergio Rodriguez (R) along with six other accused on the murder of indigenous environmental activist Berta Caceres, after the judges suspended the trial following the filing of a court challenge in Tegucigalpa. - Berta Caceres' family, is expecting on November 22, 2018 that next week seven of nine accused in the activist murder will be sentenced, yet they will continue seeking for justice on the responsibility of the intellectual authors. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP)        (Photo credit should read ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

Esta foto tomada el 17 de septiembre de 2018 muestra a Sergio Rodríguez (D) junto con otros seis acusados del asesinato de la activista medioambiental de origen indígena Berta Cáceres, después de que el Tribunal suspendió el juicio tras la presentación de un recurso de casación en contra de la sala en Tegucigalpa.

Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

 “Puede ser que en estos momentos ocurra”

En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C. para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”.

DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de 2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.

El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero Daniel Atala Midence.

En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un francotirador de las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.

Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le dijo que podía contar con su apoyo.

Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto. “No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos ganamos”, le respondió a Cáceres.

Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA, Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo; sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía nacional.

Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los manifestantes, pero no funcionó.

Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes, parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato, fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el dignatario.

No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática. El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo que se discutió.

El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió, “Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA, respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección policial de la represa.

Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.

El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados, Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al grupo.

Documento: Honduras Supreme CourtEl 22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr. Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.

Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.

Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para este momento, la empresa había montado una red de comunicación compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el análisis.

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Gráfico: The Intercept; Fotos: Getty Images

La estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.

El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el conocimiento y adopción de las decisiones”.

Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.

“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó cómo siempre solo lo mejor”.

“Un grano en el trasero de la doña”

Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.

“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.

“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que es cuándo se acaba la amenaza”.

Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó, según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”, escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo. Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.

Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es peligroso te enyucas”.

El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”, presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación: “Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos hombres para que los tres pudieran “trabajar”.  Y aclaró: “Uste ya save deke”.

No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre de la futura víctima.

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Documento: Honduras Supreme CourtEl 5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.

Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de la casa de Cáceres.

Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a los autobuses públicos y abandonaron la zona.

“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.

Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día siguiente.

Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.

El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45 policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.

En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota, creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su nota, y que mensaje debe de dar”.

En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.

Un asesinato plasmado en los mensajes

El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo. El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de la casa de Cáceres.

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Documento: Honduras Supreme CourtA las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si? Besos”.

Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.

Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.

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Documento: Honduras Supreme CourtA las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.

“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.

Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:

“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.

“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.

A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.

Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos anticipar lo que se viene enfrente”.

Relatives and friends place flowers at indigenous environmentalist Berta Caceres grave in La Esperanza, Honduras, on March 3, 2018. Relatives and indigenous people demanded justice to the intellectual authors of the murder of the prestigious environmentalist Berta Caceres, executed two years ago for opposing the construction of a hydroelectric dam on a river. / AFP PHOTO / Orlando SIERRA (Photo credit should read ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

Familiares y amistades colocan flores en la tumba de la ecologista indígena Berta Cáceres en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2018.

Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Un estancamiento burocrático

Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.

El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.

Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que hablara con un infame comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.

Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.

Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra nosotros”.’

Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes, registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la organización.

Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.

Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz, Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre, el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las sentencias eran el “primer y pequeño paso” hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los congresistas estadounidenses.

En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez, abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David Castillo y Sergio Rodríguez”.

El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo Amsterdam.

Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo: exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o corrompidos”.

Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por “manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido Proceso”.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió: “Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.

Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista Nina Lakhani de The Guardian reveló que Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres

Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua integrante de GAIPE   — un equipo internacional que investigó el asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato, incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece intacta.

“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.

Más información:

Clausuran calera de Chiapa de Corzo, tras 50 años de daño ambiental

Compartimos con alegría la siguiente nota publicada en ChiapasParalelo sobre el cierre de la calera en Chiapa de Corzo – A 30 de diciembre de 2019

Por Isaín Mandujano 30 diciembre, 2019

Depredación del Parque Nacional del Cañón Del Sumidero

Luego de más de 50 años de operación, de contaminar el aire de cientos de familias a su alrededor y de socavar y deforestar el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, este lunes fue clausurado de forma definitiva la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV.

Funcionarios de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría , encabezados por su titular Margarita Aguilar Ruiz, acataron una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida ante el incumplimiento de una conciliación por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, y la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parque Nacional “Cañón del Sumidero” y sus alrededores, en agravio de habitantes del municipio de Chiapa de Corzo

El 28 de abril pasado, la CNDH emitió la Recomendación Número 12/2019, dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a la Secretaría de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de detectar que ambas autoridades involucradas no habían desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.

Por muchos años, pobladores de los alrededores de la empresa exigieron la clausura de la calera

Tras varios meses de elegatos por parte de la empresa, primero se le impuso en agosto pasado la Suspensión Total Temporal de Trabajos y Servicios del establecimiento, para efectos de reubicación de la empresa a otro lugar. En esa ocasión se le dejó libre acceso en el portón principal de la entrada a la planta para facilitar los trabajos de reubicación.

Al no cumplir con el plazo otorgado para efectos de la reubicación de 90 días naturales, cumplidos el  31 de octubre de 2019, el caso fue turnado al Departamento de Resoluciones y Sanciones por lo que se resolvió la clausura definitiva total del establecimiento. Notificación que se le hizo el pasado 17 de diciembre de 2019.

Pero fue hasta hoy que se ejecutó la sanción administrativa consistente en la “clausura definitiva total del establecimiento”, por lo que se colocaron las fajillas oficiales de “clausura” en el portón principal de acceso y en el área de la Gerencia; “dejando únicamente el acceso de la puerta del área de recepción para el personal de seguridad, a petición de la parte interesada, para la guarda y custodia de los bienes materiales de la empresa”.

Esta empresa fundada en 1965, y fue motivo de diversas denuncias interpuestas por la población aledaña ante las autoridades municipales, estatales y federales desde el año 2002, motivadas por los daños causados a su salud y al medio ambiente, además de afectaciones a las áreas naturales protegidas y patrimonio de la Nación, sin que hasta la fecha se hubiera obtenido resultados favorables a sus demandas.

Por fin fue clausurada…

“Afortunadamente, en la presente administración del Instituto de Salud se ha logrado integrar un expediente administrativo eficaz y eficiente del caso, que a pesar de diversos recursos de amparo por parte de la empresa, se ha logrado ejecutar las medidas de seguridad para la protección de la población e imponer las sanciones administrativas correspondientes”, dijo Margarita Aguilar Ruiz, titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Esta empresa fue fundada por el empresario de Córdoba, Veracruz, Domingo Muguira, del Grupo San Roke, quien despues de varias décadas de extraer el material pétreo del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, vendió esta empresa hace algunos años a otra empresa privada.

Imágenes: ChiapasParalelo

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[PDF] Boletín «El Zanate» n°3 «La economía verde»

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En este número del Zanate hablamos sobre la economía verde, te invitamos a lo descargues y compartas desde la web de Materiales.

Esperamos les sea muy útil en sus luchas y resistencias

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[Video] MODEVITE Recibe el Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental «Mariano Abarca»

En el décimo aniversario luctuoso de Mariano Abarca, su lucha sirve como ejemplo e inspiración para otras luchas por la vida y el territorio.

La tarde de este miércoles 27 de noviembre se entregó el Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE, con la participación de organizaciones nacional e internacionales.

Compartimos un video sobre el MODEVITE

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PRIMER RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS 2019 “MARIANO ABARCA”

Galería de fotos: Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca»

Comunicado: Una mirada a la realidad de las problemáticas ambientales en San Cristóbal de Las Casas

Compartimos el comunicado resultado de la visita de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en San Cristóbal de Las Casas y del Foro Problemática del Agua en el Valle de Jovel – A 13 de noviembre de 2019 >>Descargar comunicado en pdf<<

2ª. MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 2 de octubre de 2019 al 8 de marzo de 2020


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 13 de noviembre de 2019

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SENADO DE LA REPÚBLICA. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS, H. CONGRESO DE LA UNIÓN. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. 2018-2021
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
SEGUNDA MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Los que suscribimos, compartimos una MIRADA de nuestra realidad, misma que se centra en el incremento del PROBLEMA AMBIENTAL que atenta contra la tranquilidad, salud, seguridad, orden, habitabilidad y sana convivencia entre los habitantes de San Cristóbal de Las Casas.

Entre las causas más relevantes destacan:

  • Violación al Estado de Derecho;
  • Violación a los Derechos Humanos;
  • Ausencia de Justicia;
  • Ausencia de Mecanismos de Control para frenar o revertir el deterioro a un Medio Ambiente Sano;
  • Violación de la legislación por las propias autoridades locales (anteriores y actuales)
  • Simulación y/o discriminación de la Participación Ciudadana en el diseño de nuevas Políticas Públicas;
  • Ausencia de Mecanismos de Participación Autónomos ciudadanizados para vigilar, supervisar y evaluar la eficiente aplicación de la Ley por autoridades de los tres órdenes de gobierno;
  • Falta de respuesta oportuna, de forma premeditada y dolosa por parte de autoridades, a peticiones ciudadanas que solicitan atención; entre otras causas.

Sus efectos han ocasionado:

  • Destrucción de la Cuenca del Valle de Jovel, deforestación de zonas de valor ambiental y contaminación de ríos por la falta de control de actividades en el territorio y un crecimiento urbano desordenado, no planeado, no diseñado, no construido y no administrado de forma responsable;
  • Alto grado de contaminación del agua que consumimos los habitantes, que atenta contra la salud pública;
  • Ausencia de un plan orientado a la Gestión Integral del Agua por parte de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, SAPAM, que garantice el Derecho al Agua y a su Saneamiento;
  • Invasiones, venta ilegal de terrenos e incremento de asentamientos humanos y construcciones irregulares en zonas de valor ambiental, como Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Conservación Ecológica, Humedales, Áreas Federales de ríos y arroyos, Zonas Forestales, etc., situación que pone en riesgo la tranquilidad y la paz de quienes protegen estos espacios, ya que hay riesgo de confrontaciones al grado de poner en riesgo la vida humana;
  • Letargo y ausencia de institucionalización de procesos de planeación local;
  • Instrumentos de planeación, reglamentos y procesos NO ACTUALIZADOS a favor del orden del territorio y el desarrollo urbano;
  • Deterioro a la salud, incremento de riesgo y vulnerabilidad de espacios que habita la población,
  • Violación al nivel de vida adecuado de la ciudadanía y a su integridad.
  • Criminalización de ambientalistas.

Por lo anterior, reconocemos y damos la más cordial bienvenida a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, la cual nos permite sumarnos a su MISIÓN, que considera principalmente:

Denunciar la peligrosa situación mundial de conflictos crecientes, destacando las que viven vastas zonas del planeta y muchas poblaciones se ven postergadas por falta de alimentos y agua;

Crear Conciencia de que únicamente a través de la “Paz” y la “No Violencia” es como la especie humana abrirá su futuro.

Mayor Visibilidad a las acciones positivas que personas, colectivos y pueblos están desarrollando en numerosos lugares en la dirección de aplicar los derechos humanos, la no discriminación, la colaboración, la convivencia pacífica y la no agresión.

Dar voz a las Nuevas Generaciones que quieren tomar el relevo, mediante la instalación de una cultura de la NO VIOLENCIA en el imaginario colectivo, la educación, la política y en la sociedad.

Mediante el recorrido a diversas zonas de San Cristóbal de Las Casas, la mañana de este miércoles 13 de noviembre de 2019, con la delegación de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, tuvo como objetivo que la ciudadanía amplíe su visión de nuestra realidad, la cual desea se difunda a nivel mundial, promoviendo además la importancia de seguir participando activamente en proyectos y movimientos sociales orientados a las acciones que valoren los beneficios de defender el medio ambiente y oponernos a la criminalización de quienes somos ambientalistas.

Además tiene el objetivo de comprender la importancia de nuestras luchas y que todas son importantes para contribuir a la construcción de PAZ y evitar la Violencia.

Desafortunadamente, debemos reconocer que desde el fin de mes de octubre, hemos tenido comunicación con la Secretaría de Gobernación, quién nos señalaba que la Secretaría de Gobierno y autoridades del Estado de Chiapas, nos aseguraba que podíamos realizar el recorrido previsto para la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, sin embargo en la tarde de ayer, la Lic. Angélica Domínguez, Delegada de Gobierno, nos informó que NO HAY CONDICIONES para entrar a la reserva ecológica Quemvo Cuxtitali, y no podían ofrecernos seguridad, NO ES SEGURO, así nos dijo.

Denunciamos la ausencia de autoridad, omisión, incompetencia y falta de gobernabilidad, al no otorgar una respuesta clara y legible a la problemática ambiental y la debilidad del estado de derecho, situación expuesta y evidenciada este día, misma que hoy nos limita ingresar a la reserva ecológica, así como denunciar que el gobierno de cualquier orden y de cualquier poder, no establece una acción efectiva que establezca la solución a nuestras demandas.

Nuestra Denuncia Social se centra con la ATENCIÓN INMEDIATA a las PROBLEMÁTICAS comunes:

  1. Garantizar el Estado de Derecho en San Cristóbal de Las Casas;
  2. Vigilar, frenar y actuar en contra de toda acción ilegal o irregular, que altere las características bióticas en zonas de valor ambiental;
  3. Evaluar, gestionar, atender de forma prioritaria y proyectar y/o programar correcciones, a toda alteración, violación y ocupación ilegal sobre los cauces naturales de los ríos y áreas federales hechas en los últimos 30 años;
  4. Detener de forma inmediata y con mecanismos transparentes de control georeferenciado, toda acción de crecimiento de la ciudad en zonas no aptas para el desarrollo urbano. (zonas bajas en riesgo de inundación, zonas altas de difícil acceso, costosas para poder dotar de infraestructura y servicios básicos);
  5. Garantizar la obligatoriedad de contar con procesos actualizados para controlar y frenar todas las acciones urbanas ilegales en un período no mayor a 3 meses, (deforestación y tala de zonas boscosas, venta de lotes, urbanización y edificación);
  6. Garantizar la atención de forma responsable, en un período de no mayor a 3 meses, las obligaciones y facultades del gobierno municipal, respecto a la aplicación de las políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, lo anterior, debido a que en más de un año de gestión no se tiene una acción realizada en contra del cambio climático a nivel local;
  7. Garantía de atención a las denuncias ciudadanas, garantía de investigaciones efectivas y autónomas, así como el deslinde de responsabilidades en contra de toda las autoridades locales implicadas en el pasado y en la actualidad, responsables, corresponsables e involucradas en el fomento al crecimiento urbano ilegal e irregular, que hayan participado con autorizaciones oficiales que violentaron el marco legal y a los instrumentos de planeación urbana vigente, actuaron en contra del interés público y aportaron al deterioro de nuestro medio ambiente;
  8. Garantía de atención en un período no mayor a 3 meses, para diseñar reglamentos y procesos municipales necesarios para operar y gestionar el Programa de Ordenamiento Ecológico vigente, que permita promover la Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable del Territorio.
  9. Garantizar que en un período no mayor a 1 año, se garantice el diseño de nuevos disposiciones reglamentarias e instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano, que no han atendido, a pesar de que las autoridades locales ya violaron el plazo legal establecido, al haber dejado agotar por omisión, los períodos establecidos en los artículos TERCERO y QUINTO TRANSITORIOS de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los nuevos reglamentos deben integrar políticas públicas que fomenten la participación ciudadana, integren criterios alternativos de edificación y urbanización, establezcan parámetros bioclimáticos locales para obra pública y privada, reconozca criterios de infiltración del agua pluvial al subsuelo y fomente la inclusión de toda alternativa sostenible que sea más amigable con nuestro entorno natural y disminuya las alteraciones a nuestro clima.
  10. Gestionar a nivel municipal y fortalecer la legislación estatal, para dar preferencia y prioridad a inversiones públicas para el desarrollo de proyectos a favor de restauración ambiental, demolición de edificaciones construidas de forma ilegal en zonas no aptas para el desarrollo urbano y restauración de todo tipo de daños ocasionados al territorio y medio ambiente, así como, desarrollar programas parciales para el mejoramiento urbano sostenible que garanticen la vinculación con su entorno natural, por encima de inversiones aisladas de obra pública que solamente pavimenta calles sin áreas verdes y carentes de un proyecto de diseño urbano avalado;
  11. Garantizar la penalización en contra de todo acto que fomente, permita, colabore, y financié la creación y operación de grupos de choque protegidos por instituciones y dependencias de gobierno, con fines de cambios de uso de suelo, los cuales se asocian a golpes, agresiones con armas de fuego y amenazas de muerte en contra de ambientalistas.
  12. Actuar en contra de toda denuncia ciudadana y fortalecer la legislación en contra de toda autoridad que actúe de forma dolosa en contra de la ciudadanía, la nueva legislación debe fomentar obligaciones a las autoridades a favor de la No Discriminación de la Ciudadanía en el diseño de políticas públicas, lo anterior por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
  13. Deslindar responsabilidad a las autoridades que por omisión permitan el incremento de la posibilidad de riesgos como derrumbes, deslaves, inundaciones, pérdida de superficie permeable para recarga de mantos acuíferos, alteración del clima, entre otras afectaciones locales, ocasionada por la deforestación y el crecimiento urbano irresponsable.

Dentro de las DEMANDAS particulares destacan:

  • Protección, Conservación y/o Restauración a Zonas de humedales y Áreas Naturales Protegidas;
  • Dejar sin efecto autorizaciones municipales de cambios de usos de suelo, que no hayan contado con un proceso de consulta pública y hayan omitido procesos federales para revertir usos forestales;
  • Cierre total o clausura de los predios que albergan actividades de industria extractiva de arena y grava sin autorización alguna;
  • Restauración ambiental de toda zona impactada por las últimas décadas de los diversos bancos de materiales y mejoramiento urbano de las áreas habitacionales inmediatas, que garanticen una zona de amortiguamiento seguro y restaurado.

Por lo anterior, reconocemos la CREACIÓN DE CONCIENCIA y la necesidad de fortalecer e incrementar la CULTURA CIUDADANA RESPONSABLE, mediante la realización de asambleas en nuestros barrios, colonias y comunidades para iniciar con la concientización de la gente, haciendo todo el esfuerzo posible para hacer análisis de la situación que estamos viviendo, mediante el registro en video, fotografías, etc., que refleje el deterioro de nuestro entorno, así como promover alternativas posibles a realizar en nuestro entorno vital.

Nos preocupa la FALTA DE ESTADO DE DERECHO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y la falta de condiciones de seguridad de la ciudadanía y especialmente de ambientalistas y luchadores sociales, nos preocupa la situación de violencia y la ausencia de paz y armonía en nuestra sociedad, por la falta de atención a las problemáticas expuestas en el presente documento.

>Descargar comunicado en pdf<<

Fotografías: Gira de Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 13 de noviembre de 2019 Crédito: Otros Mundos

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