Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre la tensa situación que se vive en la frontera sur con las personas migrantes y las redadas del Instituto Nacional de Migración – A 6 de septiembre del 2021
Dispersados, sin rumbo, muchos de ellos sin sus objetos personales que perdieron en la huida de la Guardia Nacional y de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los migrantes que conformaban la cuarta caravana de migrantes en menos de 10 días aún no sabían como articularse ante el acoso de los cuerpos policiacos.
Poco antes de las cinco de la mañana cuando empezaban a recoger sus cosas para partir de Huixtla en caravana por la carretera costera, los migrantes fueron sorprendidos por unos 200 uniformados de la Guardia Nacional y del INM en esa cancha de basquetbol techada donde habían pasado la noche, junto a un caudaloso río.
Las patrullas de la GN y del INM irrumpieron de forma violenta tapando la salida que tomarían para la carretera, lo que provocó una estampida humana de hombres mujeres, niños y niñas, que tomaron rumbos diferentes, unos huyeron entre las calles al interior del pueblo, otros corrieron rumbo a las vía del tren río abajo y otros más, huyeron río arriba.
Algunas familias se fragmentaron en la huida, mujeres migrantes con bebé en brazo, hondureñas y haitianas, cuando fueron capturadas, lloraban porque no sabían donde estaban sus parejas o sus otros hijos. Denuncian abuso de poder, represión y uso excesivo de la fuerza en operativo contra migrantes en Huixtla. Foto: Isaín Mandujano
En el acto estuvieron presentes miembros de organizaciones civiles que conforman el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, mismo que observó en este caso la actuación de los cuerpos policiacos.
Entre las organizaciones presentes estaban el Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Córdova, Voces Mesoaamericanas, CHIRLA y el organismo sueco de observación civil “Swe FOR”, así como otros grupos que conforman el Colectivo.
Este colectivo denunció denunció que al sexto día de desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso fueron perseguidas, golpeadas y detenidas en Huixtla esta madrugada.
Señalaron que alrededor de las cinco de la mañana y mientras alrededor de 700 mujeres niñas, niños, familias y hombres empezaban a prepararse para continuar su camino, un fuerte operativo de la Guardia Nacional con equipo antimotines y el Instituto Nacional de Migración les obligó a dispersarse por Huixtla. A esta hora de la mañana sólo había presencia de CNDH y organizaciones del Colectivo.
Con miedo y desesperación, las personas buscaron resguardarse en el monte, cerca del río, entre las casas del poblado en puentes y caminos aledaños. Algunos grupos intentaron movilizarse por las vías del tren exponiéndose aún más a riesgos sobre su vida e integridad.
El operativo también se dispersó y comenzó a perseguir a las personas por toda la comunidad, el río y el monte. Duró más de ocho horas y continuó con rondines y presencia constante de las diversas fuerzas de seguridad por toda la carretera. Vimos muchas personas heridas y lesionadas, en estados de shock y mucho miedo. Muchas personas manifestaron que el INM les quitó sus documentos y pertenencias durante el operativo.
Durante el operativo los activistas de las organizaciones civiles que conforman el Colectivo, pudieron documentar la detención sistemática de niños y niñas acompañados (NNA) y la separación de familias como estrategia de coerción hacia las madres y padres, estrategia que el INM y GN viene desarrollando desde hace días.
Hasta la tarde del domingo aún había agentes de GN e INM persiguiendo y deteniendo a las personas.
Los activistas documentaron detenciones arbitrarias y sin respeto a protocolos básicos, determinación del interés superior o necesidades de protección, además de las violaciones a derechos ya mencionadas, se documentó que las y los detenidos en Huixtla fueron expulsados de manera inmediata y sin procedimientos hacia Tecun Umán en Guatemala.
Ante esto, interpusieron una queja con folio 2021/81670 ante la CNDH y un amparo que garantice protección federal contra actos privativos de la libertad e integridad física de las personas que se están movilizando, solicitamos respuestas expeditas y favorables a las mismas en beneficio de las mujeres, niñas, niños, familias y hombres de este grupo de desplazados forzados.
Denunciaron que las acciones de abuso de poder, represión, uso excesivo de la fuerza y violación grave y sistemática de derechos humanos que han documentado, y que incluyen tratos crueles, inhumanos y degradantes son absolutamente reprobables y contravienen tratados internacionales y leyes nacionales.
Hicieron un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para exigir al gobierno mexicano un alto a la persecución de personas que se desplazan de manera forzada para salir de Chiapas y a las defensoras, defensores y periodistas que les acompañan y documentan la situación.
Denuncian abuso de poder, represión y uso excesivo de la fuerza en operativo contra migrantes en Huixtla. Foto: Isaín Mandujano
En un comunicado dominical sobre la crisis migratoria, el titular de la Diócesis de Tapachula, monseñor Jaime Calderón Calderón, dijo hoy que desde el tiempo de las Caravanas del 2018 Tapachula comenzó a ser punto de reunión para una enorme cantidad de migrantes, en su mayoría haitianos, respondiendo a la voz de fronteras abiertas y trato respetuoso de parte del gobierno federal.
La espera de los migrantes, esperando un documento que les permita el tránsito seguro por el país, ha sido interminable. No hay dinero que alcance para una espera tan larga. Los migrantes terminaron por gastar todo lo que traían e iniciaron un calvario angustioso de hambre, hacinamiento, drogas, problemas de salud y desesperación en general.
Hace unos días, como se ha difundido a nivel nacional, algunos hermanos migrantes, cansados de esperar, se dispusieron a avanzar en caravana hacia el interior del país”, dijo el obispo.
Y que ante esto, “los distintos niveles de gobierno se unieron para iniciar una verdadera cacería humana, asustando, emboscando y desarticulando las caravanas, mediante el uso desmedido de la fuerza. Con una gran violencia, indiscriminada e innecesaria han atropellado e intimidado a los hermanos migrantes, de forma especial a las mujeres y a los niños”.
El obispo Calderón Calderón, hizo un llamado a los sacerdotes y agentes de pastoral de toda la familia diocesana, para aligerar el peso de la cruz de los migrantes golpeados por la pobreza, la violencia y el desamparo.
“Coordinados por el presbítero Cesar Augusto Cañaveral, y habiendo escuchado a los hermanos migrantes en sus necesidades, vamos uniendo fuerzas para ofrecer, en las parroquias de la Ciudad de Tapachula: alimento, atención de la salud y alojamiento”, dice la carta.
Pidió a todos los feligreses “hacer de las familias parroquiales de la Ciudad de Tapachula un espacio donde los hermanos migrantes puedan recibir un gesto de amor al menos en estas tres necesidades que son las más urgentes. Es muy probable que, ante la magnitud de la necesidad, nos sintamos abrumados”.
Imagen: Denuncian abuso de poder, represión y uso excesivo de la fuerza en operativo contra migrantes en Huixtla. Foto: Isaín Mandujano
Human Rights Watch (HRW) is seeking experienced applicants for the position of Deputy Director in the Business and Human Rights Division to serve as a key strategist for our growing body of work on Poverty and Inequality and to work with the Director and the staff on corporate accountability. The Deputy will report to and work alongside the Director to ensure the highest standards of research and advocacy, develop and implement the division’s strategy, liaise with other parts of the organization, and help manage an increasingly growing staff focused on human rights in the global economy.
The successful candidate will be an effective leader and compelling communicator with experience on key issues related to poverty and inequality; and work on corporate accountability. They will have demonstrated experience developing and implementing strategic human rights interventions and understand how to bring innovate approaches to research, advocacy and communications to effect change.
Position Overview
The Deputy will be working with the Director to manage staff with an emphasis on diversity, equity and inclusion; managing stress and resilience of staff; encouraging a healthy work/life balance; while building out new areas of programmatic work by helping design a strategy for human rights in the global economy with a focus on Poverty and Inequality. Currently based in the US and UK, Business and Human Rights is a diverse team of six with backgrounds in poverty and inequality, corporate accountability, and the impact of technology on the vulnerable. This position will preferably be based in New York, Washington DC, or London, with other locations with major HRW offices also considered.
Due to Covid-19, many of our global offices are currently closed or operating in reduced capacities. The successful candidate may be required to work remotely until offices fully re-open. We recognize that this moment, during the pandemic, is a uniquely difficult time for most people, particularly those with caregiving responsibilities, and we aim to be as flexible and supportive as possible in both the recruitment for and onboarding of this position.
Responsibilities
* Design and implement with the Director and staff a multi-year strategy and implementation plan to advance our work on human rights in the global economy with a focus on poverty and inequality;
* Provide day-to-day management and leadership of the Poverty and Inequality Team to develop, implement, and oversee strategies to advance this key area of work; help the team keep abreast of current research and discourse on poverty and inequality and build and sustain creative partnerships, working alongside groups worldwide;
* Coordinate with other parts of the organization to strategically guide and advance work on Poverty and Inequality through support for research, helping to develop innovative communications and advocacy products, and developing new policies to support this work;
* Act as a senior representative and advocate for the work of the division internally;
* Act as a senior spokesperson and liaise with external actors to advocate on the work of the division;
* Represent HRW and its work on poverty and inequality and corporate accountability to companies, governments, and other institutions;
* Work with non-governmental organizations on collaborative advocacy efforts;
* Work with HRW’s development staff as needed to support HRW’s fundraising efforts;
* Work with colleagues in advocacy and communications to develop multidisciplinary strategies to support the work to achieve impact; and
* Undertake other responsibilities as required.
Management Responsibilities:
* Deliver outputs in a timely manner while maintaining consistency with the agreed strategy and priorities of the Business and Human Rights Division in conjunction with the Director of the division;
* Operate in compliance with organizational regulations and rules, including the policies of applicable employee agreements;
* Establish clear work plans for staff and communicate priorities clearly and effectively. Provide oversight and take responsibility for delegated assignments in conjunction with the Director;
* Contribute to putting in place systems, processes, and policies to ensure the efficient functioning of the team and its ability to deliver timely outputs;
* Ensure that the workload of the staff is manageable, and the reporting lines are clear;
* Provide appropriate and timely feedback on staff performance and provide guidance, coaching and training, as necessary; and
* Develop and implement along with the Director a management and evaluation framework for the division.
Candidate Profile
The successful candidate will be a thoughtful, collaborative, and strategic leader with experience working on investigations, advocacy, policy and management who has a strong background on poverty and inequality, and an understanding of corporate accountability and human rights frameworks. Someone who operates from a place of principle and inclusive leadership.
Qualifications
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Experience: At least 7 years of management experience, especially overseeing research and advocacy on issues related to poverty and inequality, corporate accountability, and human rights. Experience managing in a large organization is an additional benefit.
Education: A level of education that when combined with your professional experience will show that you can contribute meaningfully to the role.
Related Skills and Knowledge
* Deep knowledge of and experience working on policies affecting poverty and inequality and economic and social rights, including worker rights, fiscal policy, and access to public services essential to an adequate standard of living. Proven ability to learn and master new issues. Strong policy analysis skills.
* Demonstrated experience developing innovative research projects, crafting strategies, and implementing plans.
* Experience supervising a distributed team of professionals and a multidisciplinary team.
4. Demonstrated commitment to high standards of accuracy, objectivity, creativity, and ethics.
* Strong interpersonal skills to work collaboratively within HRW, as well as develop constructive relationships with NGOs, media, research institutes, multilateral organizations, governments, academia, and the private sector.
6. Ability to multi-task effectively, adjust to changing priorities, and meet deadlines.
7. A willingness to experiment and learn from mistakes.
8. The patience and persistence to build effective ways of working in an established organization.
9. Optimism, a sense of humor, and excitement about joining a skilled and diverse team.
* Excellent oral and written communication skills in English and ideally one other commonly spoken language.
* Demonstrated awareness and sensitivity to the needs and concerns of individuals from diverse cultures, backgrounds, and orientations.
12. Ability to work collaboratively and respectfully with others in multicultural teams, across organizational boundaries and multiple time zones, and with employees at all levels.
Salary and Benefits_: _HRW seeks exceptional applicants and offers competitive compensation and employer-paid benefits. HRW offers a relocation assistance package and will assist employees in obtaining necessary work authorization, if required; citizens of all nationalities are encouraged to apply.
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How to Apply: Please apply immediately or by September 30 2021 by visiting our online job portal at careers.hrw.org. No calls or email inquiries, please. Only complete applications will be reviewed, and only shortlisted candidates will be contacted.
If you are experiencing technical difficulties with your application submission, please email recruitment@hrw.org. Due to the large response, application submissions via email will not be accepted and inquiries regarding the status of applications will go unanswered.
Human Rights Watch is strong because it is diverse. We actively seek a diverse applicant pool and encourage candidates of all backgrounds based anywhere to apply. Human Rights Watch does not discriminate on the basis of disability, age, gender identity and expression, national origin, race and ethnicity, religious beliefs, sexual orientation, or criminal record. We welcome all kinds of diversity. Our employees include people who are parents and nonparents, the self-taught and university educated, and from a wide span of socio-economic backgrounds and perspectives on the world. Human Rights Watch is an equal opportunity employer.
_Human Rights Watch__ is an international human rights monitoring and advocacy organization known for its in-depth investigations, its incisive and timely reporting, its innovative and high-profile advocacy campaigns, and its success in changing the human rights-related policies and practices of influential governments and international institutions._
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la defensa de la salud y el agua en la península de Yucatán ante la gran expansión y contaminación de las granjas de puerco – A 20 de agosto del 2021
La Esperanza de Sitilpech, freno a devastación por industria porcícola
En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.
Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.
En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.
“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.
Ubicacion de las granjas porcícolas en la península de yucatán. Elaborado por Greenpeace
“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.
Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.
De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.
Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.
“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.
Contaminación
En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.
“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.
Imagen de mega granja porcícola en Yucatán. Foto de Por Esto!
Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.
“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.
L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.
La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.
Demandas y corrupción
La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.
Habitantes de Sitilpech difunden información sobre la demanda de amparo contra la mega granja porcícola. Foto de Por Esto!
En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.
“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.
De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.
Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.
Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.
En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.
“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.
Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.
“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.
Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.
Mantener la lucha
Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos
La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.
“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.
Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.
Con información de Vanessa García Navarro
*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad
Imagen: En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el acceso al agua en México y la sobre explotación de este vital liquido por grandes industrias – A 10 de agosto del 2021
La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.
Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.
No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.
Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.
El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.
La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.
Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.
Concesiones, por mayoreo
En 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida entregó 200 mil firmas al congreso mexicano paar exigir una nueva Ley de Aguas. Hasta la fecha no se ha creado la nueva legislación.
La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto. Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.
A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.
Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.
La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.
Imagen: En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X
Compartimos este foto reportaje publicado por Somos el Medio sobre los 500 años de resistencia en la historia de México – A 14 de agosto del 2021
Pueblos Originarios marchan en la Ciudad de México conmemorando 500 años de resistencia. Gobierno de la Ciudad de México les impide el paso al zócalo capitalino.
El día de ayer, 13 de Agosto del 2021, se celebraron 500 años desde la caída de Tenochtitlán; día que marca el inicio de la resistencia de los Pueblos Originarios frente al colonialismo, el despojo, y el racismo que enfrentan día a día.
Con el fin de denunciar los megaproyectos que amenzan a sus comunidades, integrantes de distitntos Pueblos Originarios y organizaciones aliadas, organizaron una marcha en la Ciudad de México
Entre los asistentes se econtraban la Comunidad Otomí residente de la CDMX, los Pueblos Unidos de la región Cholulteca, la Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, entre otros.
La marcha inició en el Hemiciclo a Júarez a las 11 am, sin embargo, el contigente tuvo problemas para iniciar el recorrido.
Autoridades de la Ciudad de México se presentaron con el fin de indicar que no podían permitir el ingreso al zócalo, argumentando que el ruido de la marcha sería disruptivo para distintas ceremonias que se llevaban a cabo en la plancha central.
A pesar de esto, los contigentes comenzaron a avanzar por avenida Juárez, encontrando un fuerte operativo policial a los alrededores.
La marcha fue detenida en Pino Suarez, a un costado de la Suprema Corte de Justicia, en dónde granaderos impidieron su acceso al zócalo capitalino.
Las calles aledañas al zócalo se encontraban resguardadas por granaderos de la CDMX que impedían su paso.
Los asistentes expresaron su enojo al ser negados el paso a la plaza central del país, en dónde supuestamente se celebraba la existencia de los Pueblos Originarios.
Mientras que la pirámide construida para celebrar este día se erigía en el zócalo; los pueblos que resisten a los megaproyectos impulsados por el gobierno y las empresas eran detenidos a una calle de distancia.
A pesar de esto, los distintos Pueblos y sus representantes sostuvieron un mítin frente a los granaderos que cerraban su paso.
Presente estuvo también «Marichuy», vocera del CNI quien también celebró el viaje Zapatista a la Europa insumisa.
En los dicursos varías temáticas similares surgieron: megaproyectos impuestos por el gobierno, desconfianza y rechazo a la 4ta transformación que ha traicionado su comprimiso con los Pueblos y la continuación de políticas coloniales y exctractivistas que ponen en riesgo la existencia de los Pueblos Originarios en México.
Frente a estas amenazas, los integrantes de estas comunidades expresaron también su determinación por seguir luchando para defender sus territorios, costumbres y modos de vida.
La comunidad Otomí: Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes
Durante el mitín, la comunidad Otomí anuncío que la toma del INPI que mantienen desde hace 10 meses se volverá permanente ante la falta de comprimiso por parte de las autoridades federales y de la Ciudad de México de resolver sus demandas de salud, vivienda, educación, paz, entre otras.
La comunidad dejo en claro que no devolverá las instalaciones.
Comunidad Otomí marcha en la Ciudad de MéxicoLa comunidad Otomí ha mantenido la toma del INPI por 10 meses sin que las autoridades respondan a sus demandas
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca toman embotelladora Bonafont
El pasado 8 de agosto, después de mantener la embotelladora Bonafont cerrada por cuatro meses, los Pueblos Unidos en Puebla tomarón las instalaciones de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C Bonilla.
Como la comunidad Otomí, los Pueblos Unidos anunciaron que las «ruinas de la empresa Bonafont» seran utilizadas para construir la Casa de los Pueblos, un espacio para construir proyectos comunitarios de salud, educación y comunicación.
Los integrantes de más de 20 Pueblos en la región han denunciado la escasez de agua y contaminación de sus ríos desde que empresas transnacionales se han establecido en la región con la autorización del gobierno y dependencias como CONAGUA y SEMARNAT.
Los Pueblos Unidos han defendido el agua de su región de proyectos como el PIM , de descargas de agua sucia en sus ríos, y últimamente de la empresa Bonafont.El Agua es de los Pueblos es el lema que se leía en este contenedor vacío
Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anahuác
La unión de estos Pueblos y Barrios en la Ciudad de México denunciaron la construcción del puente vehícular en Xochimilco que pone en riesgo el futuro del último humedal en la CDMX.
Además denunciaron la voracidad de la industria inmobiliaria en la ciudad que, con colaboración del gobierno de la ciudad, realizan megaconstrucciones sin consultar a los Pueblos, sin estudiaos ambientales, y sin planeación urbana.
Entre las zonas amenazadas por la urbanización desmedida se encuentran, el Cerro de la Estreella, Canal Nacional, la sierra de Santa Catarina, Xochimilco, y Azcapotzalco.
Integrantes de este Frente denuncian la falta de interés por parte del gobierno de reconocer su existencia como Pueblos Originarios en la urbe.
La Comunidad Triqui desplazada de Tierra Blanca Copala
Miembros de la Comunidad Triqui (MULTI) que mantienen un plantón frente a Bellas Artes desde hace 5 meses, exigieron a las autoridades federales garantizar su regreso seguro a Tierra Blanca, Oaxaca.
Los miembros del MULTI fueron desplazados de sus tierras como resultado de los ataques y amanezas por otro grupo de la misma etnia, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult), quienes el MULTI denuncia colaboram con el estado de Oaxaca para despojarles de sus tierras.
En julio de este año, las autoridades estatales y federal incumplieran con su compromiso de garantizar un retorno seguro a su comunidad en Tierra Blanca Copala, Oaxaca.
Mujer Triqui exige el regreso seguro a su comunidad
Compartimos este video realizado por Xun Sero donde presentan palabras de Simón Pedro, compañero de Las Abejas de Acteal asesinado el 5 de julio de este año.
El 5 de julio de 2021, 2 sicarios asesinan a Simón Pedro Pérez en el mercado público de Simojovel, Chiapas, México. El asesinato fue cometido frente a su hijo menor de edad.
Simón Pedro era padre, esposo, hijo y hermano. En vida fue defensor de derechos humanos, catequista e integrante de La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
En 2020 fue presidente de la Mesa Directiva de su Organización.
El 31 de diciembre de 2020, Simón nos concedió una entrevista para compartirnos qué es La Mesa Directiva de Las Abejas y qué implica ser de La Mesa Directiva. Ese día entregaba el cargo a los nuevos representantes de la Mesa Directiva.
“Simón le fue arrebatada la vida por buscar activamente la paz frente al clima de violencia generalizada que vivimos en los Altos de Chiapas. Nuestro hermano Simón Pedro representa la tercera generación de defensores de los derechos humanos en su familia y siempre participó en los movimientos para defender a la Madre Tierra en contra de los megaproyectos que amenazan a nuestros pueblos, y que han afectado a otros campesinos e indígenas en nuestro país y de otras partes del mundo. También buscó siempre el bien de su pueblo luchando en la organización, viendo por los desplazados y exigiendo justicia para los Mártires de Acteal y para todos los perseguidos por el mal gobierno. Siempre intentó proteger y ver por los que están sufriendo”. Palabras de la Organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. 22 de julio de 2021.
Compartimos esta nota publicada en TeleSur sobre un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) sobre el cambio climático – A 9 de agosto del 2021
Estudios indican que los últimos cinco años fueron los más calurosos desde 1850 provocado la muerte de cientos de personas.
El Sexto Informe ambiental redactado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) presentado este lunes confirma que ya se han producido cambios generalizados y rápidos al planeta, algunos de ellos irreversibles.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres hizo referencia a este informe y aclaró que “estamos hablando de un código rojo para la humanidad. Si aunamos nuestros esfuerzos, podemos evitar la catástrofe climática. Pero el informe de hoy es claro: no hay tiempo que perder y no hay margen para excusas”.
El informe, elaborado por casi 234 científicos de 66 países durante tres años, y el mayor hasta la fecha, concluye que no hay duda alguna de que el calentamiento global está causado por la acción del hombre, y que la temperatura global subirá 2.7 grados para 2100 al actual ritmo de emisiones.
#LIVE NOW the press conference to present the #IPCC’s latest #ClimateReport, #ClimateChange 2021: the Physical Science Basis, the contribution from Working Group I to the Sixth Assessment Report.
Incluso si los países comenzaran a reducir drásticamente sus emisiones hoy mismo, el calentamiento global total probablemente aumentaría alrededor de 1.5 grados Celsius en las próximas dos décadas, un futuro más caluroso que ya está prácticamente asegurado.
El documento estima que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente, entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales.
The evidence is irrefutable: greenhouse gas emissions are choking our planet & placing billions of people in danger.
Global heating is affecting every region on Earth, with many of the changes becoming irreversible.
Siete años después del informe del informe anterior, el cual atribuyó al ser humano la responsabilidad del aumento de temperatura, el nuevo documento de los expertos de Naciones Unidas publicado este lunes llega a otra sombría conclusión.
De acuerdo con este, los sucesos excepcionales que causaron daños y muertes en varias regiones del mundo este verano, no hubieran sido posibles sin las emisiones de gases de efecto invernadero que producimos todos.
It doesn't tell us what to do. It is up to us to be brave and take decisions based on the scientific evidence provided in these reports. We can still avoid the worst consequences, but not if we continue like today, and not without treating the crisis like a crisis. 2/2
Sin embargo, los expertos resaltan que la humanidad puede evitar todavía que el planeta se caliente aún más. Para ello sería necesario un esfuerzo coordinado entre los países para dejar de añadir dióxido de carbono a la atmósfera en torno al año 2050.
Ello implicaría un rápido abandono de los combustibles fósiles a partir de ahora y la posible eliminación de grandes cantidades de carbono del aire. Si esto ocurriera, el calentamiento global se detendría y se estabilizaría en torno a los 1.5 grados Celsius, concluye el informe.
Este es el primero de una serie de estudios que el IPCC publicará en los próximos meses sobre cambio climático y la primera revisión importante de esta amenaza medioambiental desde 2013.
Imagen: La temperatura media mundial fue 1.09 °C más alta entre 2011-2020 que entre 1850-1900. | Foto: EFE
Compartimos esta nota publicada en El Diario sobre la represión y violencia hacia el Pueblo Garifuna en Honduras- A 8 de agosto del 2021
Miranda se ha convertido en una de las caras visibles de la búsqueda de cuatro jóvenes afroindígenas de la comunidad garífuna desaparecidos hace un año. La activista denuncia que el Gobierno de Juan Orlando Hernández no asume su responsabilidad
Miriam Miranda lleva toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y ambientales en Honduras. En especial, a aquellos vinculados a los pueblos indígenas. Desde la ciudad de La Ceiba, en conversación con elDiario.es, denuncia que en su país la defensa de la tierra sigue siendo motivo de persecución y criminalización. Pero también de desapariciones forzadas y asesinatos.
Tal es el caso de Milton Martínez, Suami Mejía, Gerardo Róchez y Sneider Centeno. Un grupo de jóvenes afroindígenas de la comunidad garífuna que, el 18 de julio del año pasado, en lo que parecía un operativo policial, fueron secuestrados en Triunfo de la Cruz, en la costa norte de Honduras, una de la zonas con mayor biodiversidad del país.
Hace un año que no se sabe dónde están y Miranda se ha convertido en una de las caras visibles de esta búsqueda. “El Estado ha venido desplegando una estrategia para negar su responsabilidad y la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en el secuestro y la desaparición forzada”.
El caso de la desaparición forzada de los jóvenes de Triunfo de la Cruz se entiende solo en un país atravesado por la persecución a los líderes sociales. El caso más conocido es el de Berta Cáceres, ambientalista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016.
El mes pasado, una histórica sentencia declaró culpable a Roberto David Castillo, directivo de una hidroeléctrica. Para Miranda, la decisión de la Justicia marca un avance en el esclarecimiento de la causa, pero dice que todavía falta mucho camino por recorrer.
¿Tiene expectativas con la investigación por el asesinato de Berta Cáceres?
Por supuesto me llena de esperanza. Pero me preocupa mucho que no lleguen a juicio los verdaderos culpables, aquellos que dieron la orden de asesinar a Berta. En un país como este siempre se buscan chivos expiatorios. Está claro que David Castillo formó parte de esa estructura, pero si no se lleva a juicio a los verdaderos culpables que son los dueños, sería un mal precedente.
¿Por qué cree que se puede frenar la causa?
En este país existe un Estado fallido donde los grupos de poder económico tienen el control y pueden cambiar, de la noche a la mañana, algunas resoluciones. Y eso es lo que nos preocupa. Si no se fortalece el Estado de derecho, vamos a seguir en la misma situación.
Tanto usted como Berta son mujeres que han encarado la defensa de los derechos humanos en Honduras, ¿qué papel juega el género en estas causas?
Recuerdo una vez, cuando me estaba golpeando la policia en la calle, me decían: “tú no tienes que estar en la calle tienes que estar cocinando, atendiendo a tu marido y a tus hijos”. Existe un riesgo mayor inminente para las mujeres. Pero las luchas en América Latina tienen voz y cara de mujer. Hay que reconocer que las mujeres estamos impulsando y sosteniendo procesos para garantizar la perpetuidad y salvar a la humanidad.
Ya pasaron más de un año exigiendo la aparición de los cuatro jóvenes desaparecidos de su comunidad, ¿cuál es la respuesta del presidente Juan Orlando Hernández?
Durante los primeros días del secuestro hizo una campaña basada en la narrativa de que los jóvenes eran parte del crimen organizado, que eran narcotraficantes. Intentó convertir a las víctimas en victimarios. Una estrategia que se les cayó porque no la pueden sostener. El Gobierno dice que no hay prueba de que fuera la Dirección Policial de Investigaciones, sino que fue la lucha entre narcotraficantes. El Estado ha venido desplegando una estrategia para negar su responsabilidad y la participación de las fuerzas de seguridad en el secuestro y la desaparición forzada, pero hay una comunidad completa que fue testigo. Vio que estaban vestidos de policía y cómo fue el operativo. Eso no lo puede negar.
¿Es la primera vez que tienen un caso de desaparición forzada dentro de su comunidad?
Es la primera vez, sí. Pero tenemos antecedentes de asesinatos de líderes, criminalización y judicialización.
¿Cuál es la reacción del órganos públicos competentes a las peticiones internacionales de esclarecimiento del caso?
El Estado estaba obligado a presentar información ante el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2015 y al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pero no hay ninguna respuesta que muestre que se está investigando.
¿Este caso lo entiende en el marco de una problemática general de persecución a líderes sociales en su país?
Sin duda. Los informes de los organismos de derechos humanos han demostrado que Honduras es uno de los países más violentos para los defensores y defensoras. No solamente es la desaparición. En lo que va de este año, tenemos 33 personas de una comunidad con órdenes de captura y todos los conflictos tienen que ver con la lucha por la tierra.
Honduras es uno de los países más violentos para los defensores y defensoras de derechos humanos. Y todos los conflictos tienen que ver con la lucha por la tierra.
¿En qué se apoyan para avanzar con las detenciones?
El Gobierno ha venido aprobando leyes para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos como sucedió con la reforma del código procesal penal en el cual utilizan la figura legal para el control de las maras y pandillas en las ciudades para judicializar a las defensoras. El argumento es que si tú estás defendiendo la tierra, estás a su vez atacando a terceros privados y obligándolos a desplazarse. Nos acusan de usurpación. Juan Orlando Hernández está impulsando un genocidio contra el pueblo garífuna. Nos están desplazando y obligando a irnos del país cuando nosotros tenemos derecho a vivir aquí.
¿Qué espera que cambie en su país en un futuro inmediato?
Espero que cambie la correlación de fuerzas para restaurar el Estado de derecho en este país, si no es muy poco lo que podemos hacer. Espero que pueda surgir algún inicio de que el Estado va a cumplir la sentencia condenatoria de Triunfo de la Cruz. Espero encontrar a nuestros hermanos vivos, así como se los llevaron. Y saber quién dio la orden de la desaparición.
Pueblos Indígenas en Honduras
Este lunes, como cada 9 de agosto, se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas. En Honduras, según un informe publicado por las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existen nueve comunidades originarias, varias de ellas de origen afrohondureños. En total represental el 7.25% de la población del país.
Los defensores de derechos humanos y ambientales denuncian que desde el 2017, año posterior al asesinato de Berta, se identifica un incremento sustancial de agresiones contra defensoras de tierra y territorio y que no cuentan con políticas especiales ni legislación específica para proteger a estas personas.
Los garífunas son un grupo étnico afroindígena ubicado en la costa atlántica, en 41 comunidades, pero también se encuentra en Belice, Guatemala y Nicaragua. Además, existen una gran cantidad de garífunas que fueron desplazados de sus tierras.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre las irregularidades en el proceso jurídico del asesinato del defensor Simón Pedro – A 2 de agosto del 2021
A casi un mes del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denuncia la lentitud de las autoridades estatales en el proceso de investigación del crimen.
“Va muy lento como de por sí así es el modo del sistema de justicia del mal gobierno en México. Cuando se trata de un caso de un indígena que es pobre, que es defensor de derechos humanos y de la vida y sobre todo si lucha contra el sistema de mal gobierno y de ricos y poderosos”, enfatiza la organización indígena tzotzil mediante comunicado.
La denuncia fue realizada por Las Abejas durante el marco de una jornada de ayuno y oración por la la paz y la justicia en la zona de Los Altos de Chiapas, región que desde hace años registra un incremento en la violencia armada, lo cual ha derivado en desplazamiento forzado de miles de personas.
En el documento, la organización que aglutina a comunidades tzotziles de tres municipios en la región de Los Altos, remarca la lentitud del sistema de justicia, representado por el actuar de la fiscalía de Chiapas.
También, señalan irregularidades graves, tales como la solicitada por el abogado del presunto asesino, Hugo Rolando “N”, quien solicitó la exhumación del cuerpo de Pérez López para “confirmar” que murió a causa de las heridas por los impactos de arma de fuego.
La organización lamentó la situación que, “ante la presión del sistema de justicia del mal gobierno mexicano”, tuvieron que aceptar los familiares de Simón Pedro, pues de lo contrario las autoridades dejarían en libertad al presunto asesino.
“La fiscalía de Chiapas, permite cuando le conviene, en este caso al abogado del autor material del asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro pedir pruebas absurdas para nuestro modo y cultura tsotsil, por ejemplo; dicha defensa del asesino, argumenta que Simón Pedro se murió de alguna enfermedad grave que padecía antes de ser herido de las balas o porque no le dieron primeros auxilios, a pesar de ahora sabemos y aclaramos que el compañero y hermanos Simón Pedro recibió por lo menos dos disparos de arma de fuego en la cabeza y que el agresor le disparó por la espalda y que lo estuvo siguiendo y vigilando durante el día, antes de dispararle”, puntualiza el documento.
Ante esta situación, Las Abejas de Acteal recordaron “el error vergonzoso como en el Caso de la Masacre de Acteal”, puesto que, en dicho crimen de Estado, aún impune a casi 24 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a todos los autores materiales.
Indígenas tzotziles dedicaron una jornada de oración y ayuno los últimos días de julio. Foto de Las Abejas de Acteal
“Ante esta situación, exigimos a los administradores del sistema de justicia del mal gobierno mexicano que hagan justicia de verdad y no simulada por el cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro”, demandaron Las Abejas.
Desde la Casa de la Memoria y Esperanza en Acteal, la organización tzotzil solicitó solidaridad para exigir justicia y para que, además de dictar sentencia condenatoria para el presunto autor material, también se inicie la investigación para encontrar al autor o autores intelectuales, pues argumentan, el asesinato de Pérez López se debió a su labor en la defensa de derechos humanos.
“Lo dejamos bien claro, que si el sistema de justicia del mal gobierno no cumple con su obligación de aplicar la justicia, solo sembrarán más injusticia y permitirle a los criminales a seguir matándonos como animales”, denuncian Las Abejas.
Foto de Las Abejas de Acteal
Además, señalaron que mantendrán sus labores de acompañamiento y refugio a las familias desplazadas que aún se encuentran en los diferentes campamentos de la región.
Por último, Las Abejas rechazaron la criminalización de Marcelo Pérez, párroco que acompaña la defensa de los derechos humanos, no solo en el conflicto suscitado en Pantelhó, sino también en otros puntos de Chiapas, muchos de los cuales registran actividad de grupos civiles armados contra la población mayoritariamente indígena.
Compartimos esta nota de La Jornada Ecológica en su emisión del julio donde entrevistaron a nuestro compañero Agustín Vázquez sobre los biodigestores – Julio 2021
En Los Altos de Chiapas, así como en otras comunidades rurales, el principal combustible para la cocina es la leña, la cual expone a las familias, en especial a las mujeres, a la inhalación de humos tóxicos y dañinos para la salud. Cuando no hay leña, se recurre a los tanques de gas licuado de petróleo (LP), un hidrocarburo derivado del proceso de refinación de petróleo que es muy costoso para la economía familiar.
Ante ello, los biodigestores que producen biogás representan una alternativa viable y económica de producción de energía limpia y renovable para comunidades rurales y semirurales que están bus-cando alternativas encamina-das a la autogestión y autosuficiencia energética.
Instalar un biodigestor permite sustituir el uso de gas LP por biogás para cocinar, lo que brinda muchos beneficios, incluyendo reducir las emisiones de gas metano a la atmósfera, mejorar la economía familiar, reducir el pesa-do trabajo de cortar y acarrear leña para la cocina, disminuir la exposición de la familia a los humos provenientes de la quema de leña y contar con un fertilizante natural de excelente calidad para la producción agrícola.
Además, resuelve el tema de los malos olores y el manejo de las descargas residuales que puedan resultar de la crianza de vacas, cerdos o borregos, así como de los desechos humanos.
¿Qué son los biodigestores?
Un biodigestor es un con-tenedor cerrado hermética-mente que, a través del aprovechamiento de estiércoles y desperdicios orgánicos por colonias de bacterias, genera un proceso anaeróbico de oxidación a partir del cual se produce un gas (metano) que es combustible y un líquido (biol) mejorador de suelos.
La asociación civil Otros Mundos Chiapas desarrolló el programa Autosuficiencia energética con biodigestores, a través del cual instalarán 20 biodigestores en la región de Los Altos de Chiapas, en acuerdo con las familias campesinas indígenas de la región. A sus bondades ambientales se añade el hecho de que es un proyecto que impacta de forma directa en la economía y en la salud familiar.
José Agustín Vázquez Álvarez, promotor comunitario y técnico certificado, colabora con Otros Mundos en la instalación de los biodigestores; ya antes había instalado este tipo de contenedores en diversas regiones de la península de Yucatán.
“El biodigestor funciona utilizando los desechos de los animales y las descargas de residuos sólidos urbanos, productos que en algún momento se tienen que manejar. Un proyecto de este tipo en una región como Los Altos es muy útil porque hay mucha dificultad para la obtención de leña, además de que el humo emitido durante la quema daña la salud. Es una zona en la que hay mucho enfisema pulmonar justamente por la exposición a los humos de la cocina de leña”, explica Agustín.
Actualmente, ya instalaron cinco biodigestores en esta región y ahora dan acompañamiento a las familias en su uso y manejo. Con este proyecto buscan impulsar la creación de una red de usuarios de biodigestores en la región.
Agustín agrega otros beneficios a los ya mencionados: al instalar los biodigestores, ya no se necesitan instalar fosas sépticas y el fertilizante es muy nutritivo para la milpa y las hortalizas que producen las familias, además de que no degrada el suelo, como sucede con los fertilizantes químicos.
“El biodigestor se adapta muy bien a las condiciones de una familia. Para instalar-lo, hay que tener dos vaquitas o cinco cerditos; también se puede utilizar con estiércol humano”.
Además señaló: “Hay que darle su cuidado, el biodigestor empieza a formar parte de la familia… Esto le genera un cambio de actitud a la familia. La instalación de biodigestores es un proceso len-to que requiere de la observación de resultados y de cierta labor de convencimiento. Las familias son complejas y desplazar el uso de la leña no es fácil pues el fuego, además, tiene un significado cultural. Hay familias que no tienen problema para hacerlo, hay otras que tienen temor. Las familias que aceptan instalar el biodigestor no dejan la leña por completo, sino que combinan su uso con el biogás”.
Para las mujeres, la instalación del biodigestor implica reducir la carga laboral de salir a buscar la leña para el fuego, además de reducir su exposición al material particulado emitido por estufas pobremente ventiladas.
La ciencia en la cocina
Alermo López y Melisa Presas viven en Comitán, Chiapas; tienen una hectárea de tierra, dos vacas y cuatro ovejas. En su casa viven cinco personas y hace un mes que instalaron su biodigestor.
“Llevamos 20 días de tener gas. El primer día que abrimos la estufa fue sorprendente. Balam, nuestro hijo de 11 años, vio todo el trabajo de instalación. Y cuando abrimos el gas, su reacción fue inolvidable. “¡Wowwww! Esto es increíble, es ciencia”, dijo. Es un regalo atreverse a hacer cosas distintas. Ya también tenemos un panel solar. Estamos agradecidos, sigue el asombro, pero ahora estamos aprendiendo el manejo.
Ahora también usamos las descargas humanas. Aquí en Comitán ya se contaminó todo un lago de Montebello, por la falta drenaje. El biodigestor es una solución. Soñamos que otro mundo es posible y que podemos construirlo colectivamente”, dice Alermo acerca de qué ha pasado en la vida familiar con la llegada del biodigestor.
Melisa añade: “Ahora los desechos son muy valorados. Podemos cocinar y sostener la vida, además el fertilizante es muy útil para nuestra huerta. La gente de alrededor se asombra, nos pregunta, viene a verlo. Agustín nos había dicho que tendríamos cuatro horas de gas al día, pero en realidad lo hemos usado diario y nunca se ha terminado. Hemos cocinado ahí todos los tiempos de comida, es suficiente para lo que se cocina. Nosotros gastamos 500 pesos de gas LP cada tres meses, entonces ahí nos ahorraremos unos 2 mil pesos al año; si a eso le agregas el gasto en leña, que es de mil pesos al año, el ahorro será de unos 3 mil pesos anuales”.
El fertilizante que se produce en el biodigestor, conocido como biol, mejora mucho las cosechas. Melisa y Alermo planean comenzar a sembrar nopales y pitahayas utilizando el biol que produce su biodigestor. El biodigestor requiere mantenimiento y eso genera cambios en la dinámica familiar y también en la valoración de los residuos. Si bien en las ciudades sería difícil instalar biodigestores, lo cierto es que esta ecotecnia puede instalarse incluso en zonas semiurbanas y usarse de manera cotidiana.
El biodigestor se puede adaptar a distintas condiciones del clima. En la experiencia de Agustín, ha funcionado muy bien en península de Yucatán, a nivel del mar y con altas temperaturas, pero también en Los Altos, a pesar del clima frío y de estar a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.
El reto hoy, señala Agustín, es ampliar el programa, incluso con apoyo gubernamental, pues se trata de una solución de bajo costo que mejora la calidad de la vida de la gente, la empodera energéticamente, ayuda en la regeneración del suelo y evita la contaminación de los cuerpos de agua.
Además, los residuos orgánicos pasan de ser un pasivo ambiental del que no se puede disponer adecuadamente, por la infraestructura inexistente en ciertas regiones, a ser revalorizados como un activo sostén de los medios de vida de las familias.
Compartimos este reportaje publicado en El Ciudadano sobre la minería y los mega proyectos en la Sierra Norte de Puebla – A 3 de julio del 2021
Por Kara Castillo
El proyecto Ixtaca está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, SA de CV.
«Proyectos de muerte» es el nombre que reciben los planes de exploración, extracción y explotación de recursos naturales que resultan dañinos para el medio ambiente y no respetan los procesos de autodeterminación de las comunidades donde se encuentran.
El Colegio de Postgraduados – Campus Puebla ha documentado que el «Proyecto de Muerte» Ixtaca constituye uno de los conflictos socioambientales y minería a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla, México.
A pesar de que Puebla no es productor de oro y plata, en 2015 el gobierno concesionó alrededor de 169 mil 320 hectáreas en 103 títulos mineros, donde los principales minerales para explotar según el Sistema de Administración Minera (SIAM) serán oro (18 por ciento), plata (18 por ciento), zinc (16 por ciento), cobre (15 por ciento) y plomo (13 por ciento) (SIAM, 2016).
En la Sierra Norte de Puebla se realizan actividades de exploración del proyecto minero de oro, plata y cobre. El proyecto Ixtaca está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, SA de CV, empresa mexicana subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals. Esta empresa, descubrió en el 2010 que en la zona había mineralización de oro y plata en el subsuelo, con una ley de dos gramos de oro por tonelada equivalente.
Para el año 2012, bajo el amparo de los títulos 241003 y 241004 adjudicados a la empresa Minera Gavilán S.A. de C.V., con vigencia hasta el año 2062 y prorrogables otros 50 años, se concesionaron 55 mil 885 hectáreas (SIAM, 2016), que corresponden al 97.5 por ciento del área autorizada para la minería en la Sierra Norte de Puebla.
Para el 2013, en la exploración se habían realizado aproximadamente 400 barrenos, calculando 1.35 millones de onzas probadas de oro equivalente, 2.18 millones de onzas indicadas y 717 mil onzas inferidas, lo cual lleva a formular un plan de explotación de la mina de 14 años para el proyecto Ixtaca (publicado en la página web de Almaden Minerals).
Las y los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y las organizaciones que durante nuestros años de resistencia al conocer el rechazo de la MIA celebraron la decisión de la Secretaría y aunque reconocieron este acto como un pequeño triunfo para las comunidades reconocen que el proyecto sigue vigente y que esto no pone fin a las pretensiones de Almaden Minerals de imponer un proyecto de muerte en el territorio.
Defensores del Territorio afirman que la resistencia crece, más pobladores están tomando consciencia de la dimensión del proyecto minero y se han sumado al rechazo.
“Por más de una década, las comunidades organizadas de Ixtacamaxtitlán hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto de Almaden Minerals y hemos luchado para desmantelar las mentiras de la minera. Esta lucha se intensificó en los últimos dos años, cuando la empresa manifestó sus intenciones de iniciar la explotación de la mina. Tras la Reunión Pública de Información, realizada el 25 de junio de 2019, como parte del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, comunidades, académicos y defensores de derechos humanos manifestamos a la Semarnat en 17 ponencias los motivos científicos, técnicos y sociales por los que el proyecto minero en Ixtacamaxtitlán es inviable, dadas las graves e irreversibles consecuencias que tendría para el medio ambiente, para toda la cuenca del río Tecolutla y para todo el sistema agroforestal del que depende la vida de las comunidades originarias de la región. Defensores del territorio
“El 22 de octubre de 2019, más de 40 comunidades organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua entregamos a la Semarnat actas de asamblea con tres mil 500 firmas, en las que en un ejercicio de autodeterminación hicimos de conocimiento a la autoridad ambiental que rechazamos el proyecto minero y negamos nuestro consentimiento para su realización», dice el comunicado emitido por las organizaciones que defienden el territorio.
Rechazo de los pobladores
En dicho escrito, las organizaciones defensoras del territorio manifiestan: “Almaden Minerals ha violado los derechos de las comunidades desde que inició la exploración en Ixtacamaxtitlán y continúa mintiendo a sus inversionistas y al público. En su comunicado, en el que la empresa manifiesta su decepción con la decisión de la Semarnat, cita un documento de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora INPI, diciendo que ‘tras analizar el caso, se consideraba que no era necesaria la consulta (a las comunidades) ya que los datos analizados indicaban la ausencia de población indígena en el área del proyecto’, lo cual fue desmentido por el mismo Instituto, que señaló que tanto en el municipio de Ixtacamaxtitlán como en el área de influencia del Proyecto Minero Ixtaca existe población indígena y que, por tanto, el Estado mexicano se encuentra obligado a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
“La empresa también señala en su comunicado que ha cumplido con la Evaluación de Impacto Social; sin embargo, este supuesto estudio, pagado por la empresa, nunca se hizo público y nunca fue entregado a las comunidades. Todos los demás argumentos mencionados en su comunicado para convencer a los inversionistas y al público del supuesto proyecto ‘responsable con el medio ambiente` han sido ampliamente rechazados por las comunidades con argumentos científicos, técnicos y con un enfoque en derechos humanos.
“Recalcamos que ni Almaden Minerals, ni sus filiales u otras empresas mineras han tenido o tendrán el permiso de las comunidades para explotar los bienes naturales de su territorio. Si Almaden Minerals insiste en su proyecto de muerte, las comunidades estaremos en pie de lucha para evitarlo”.
Compartimos el informe anual de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 2 de julio del 2021
CARTA DE KARIN NANSEN – PRESIDENTA DE AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL
2020 fue un año plagado de desafíos como resultado de la pandemia de Covid-19 que exacerbó las crisis que enfrentamos. Pero al mismo tiempo, también puso de manifiesto lo vital que es el trabajo inspirador y las soluciones verdaderas de los pueblos y comunidades de todo el mundo.
El campesinado, gran parte del cual son mujeres asumió rápidamente la responsabilidad de alimentar a los pueblos, y sus sistemas alimentarios diversificados y ecológicos se tornaron aún más relevantes para nuestras sociedades. Los mercados locales demostraron ser una alternativa real para la población urbana, que puede evitar así la mortífera especulación de los grandes supermercados controlados por empresas transnacionales y poderosas élites económicas. Resurgieron las ollas y comedores populares, organizados y sostenidos por la clase trabajadora: sindicatos, vecinas/os y organizaciones feministas que alimentaron a millones de personas que perdieron sus empleos, y a inmigrantes. Como siempre, las mujeres estuvieron en la primera línea de la respuesta a la crisis y sostuvieron no sólo el trabajo de cuidados tan necesario para sus familias y comunidades, sino otros tipos de tareas esenciales en nuestras sociedades, como la salud pública, la educación, el procesamiento de alimentos y otros sectores.
En tiempos de crisis, lo que más importante se hace evidente. En todo el mundo, los pueblos comenzaron a entender una vez más que el derecho a la alimentación, el agua, la energía, la biodiversidad y un ambiente saludable, así como el trabajo de cuidados, los sistemas de salud pública, los servicios públicos y la seguridad social son claves para sostener la vida. Con la pandemia y sus enormes impactos, se hizo más claro que nuestras sociedades deben organizarse para apoyar a quienes más lo necesitan, y al mismo tiempo exigir políticas públicas que pongan la vida en el centro y garanticen el cumplimiento de sus derechos. Quedó más claro que nunca que el neoliberalismo no tiene como prioridad salvar vidas, y que se necesita urgentemente una transformación radical para hacer avanzar la justicia ambiental, social, de género y económica y para garantizar la sustentabilidad de la vida. Por eso, la necesidad de respuestas que contribuyan al desmantelamiento de los sistemas de explotación y opresión, incluido el poder empresarial que genera y exacerba las crisis sistémicas resultó crucial, al igual que las respuestas basadas en la solidaridad internacional.
En este difícil contexto de 2020, nuestras profundas raíces nutridas por la larga trayectoria de trabajo local y nacional con las comunidades y los movimientos sociales de todo el mundo, combinadas con nuestra perspectiva internacionalista construida junto con nuestras/os aliadas/os, le permitieron a Amigos de la Tierra Internacional organizarse rápidamente en múltiples niveles para ofrecer respuestas estructurales frente a la pandemia, basadas en la justicia, y encarar a la vez otras crisis sistemas interrelacionadas.
Nuestro trabajo a nivel local, nacional, regional e internacional se nutrió y fortaleció con nuestros principios comparticos para una Recuperación Justa. Estos principios fueron el resultado de un trabajo conjunto de la Federación para llegar a una comprensión y análisis en común de las causas estructurales de la crisis sanitaria y sus vínculos con las otras crisis sistémicas, y de sus impactos devastadores que se extienden más allá de la trágica pérdida de vidas humanas, para evitar volver a lo que se consideraba “normal”, tomando medidas en pos de la construcción de la sociedad que queremos.
Nuestro compromiso de desmantelar el patriarcado adquirió aún más vigencia y se hizo más apremiante a medida que fuimos atestiguando la violencia creciente contra las mujeres: atrapadas en hogares poco seguros con sus agresores; en sus comunidades mientras lideran luchas colectivas contra el poder empresarial, el acaparamiento de tierras, la deforestación, los combustibles fósiles, las megarrepresas y la minería; en sus empleos donde su trabajo y sus cuerpos son explotados; e institucionalmente cuando sus derechos son constantemente violados.
Desmontar la división sexual del trabajo y reorganizar el trabajo de cuidados como responsabilidad compartida de la sociedad en general y del Estado, es un asunto verdaderamente urgente. Viendo cómo la crisis sanitaria y sus consecuencias amenazaron las vidas de Pueblos Indígenas, pueblos y comunidades negras, gente que sufre racismo, mujeres y población LGBTQ, reafirmamos priorizar la lucha contra todas las formas de opresión en nuestra agenda política. Junto con nuestras/os aliadas/os de la Marcha Mundial de las Mujeres y La Vía Campesina pudimos conocer e integrar el análisis y los principios de la economía feminista en nuestro trabajo.
Fue difícil movilizarnos en las calles o hacer trabajo de incidencia de manera presencial, sin embargo, a través de seminarios virtuales y reuniones de estrategia con aliadas/os, y la movilización, participación y monitoreo virtual de las negociaciones internacionales, nuestros programas internacionales lograron transmitir una crítica sólida contra las falsas soluciones con que se pretende que todo siga igual pero con fachada verde, e impugnar la cooptación empresarial de los procesos de toma de decisiones. Junto con nuestras/os aliadas/os, nos movilizamos a nivel internacional contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales y su impunidad, así como contra los privilegios excesivos que se les otorgan a través de los tratados de libre comercio e inversión y los rescates de grandes empresas.
Cabe destacar además que continuamos avanzando en nuestra agenda en pos del cambio de sistema. Dimos un salto cualitativo al proponer vías para fomentar soluciones populares sistémicas verdaderamente emancipatorias y propuestas claras de políticas para propiciar el manejo comunitario de bosques, la soberanía alimentaria y la agroecología, la justicia económica, la justicia climática y una Transición Justa. Nuestras regiones y programas avanzaron por igual en darle un encuadre feminista a la Transición Justa, en un rico diálogo con nuestras/os aliadas/os.
Fortalecimos la solidaridad internacionalista en nuestra federación, y nuestros grupos miembro y regiones aunaron esfuerzos para participar en acciones de solidaridad y resistir la ofensiva de la derecha y las grandes empresas contra los pueblos y el medioambiente, desplegada actualmente en tantos lugares en todo el mundo.
Fuimos testigos una vez más de cómo un sistema estructurado en torno a la opresión y la explotación hará lo que sea para silenciar las voces de quienes lideran las luchas colectivas contra el racismo estructural y la destrucción y el acaparamiento de sus territorios.
Denunciamos el asesinato de Jehry Rivera, líder indígena del pueblo Naso Bröran de Costa Rica. Jehry luchaba por la autonomía de los Pueblos Indígenas frente a proyectos extractivistas y usurpadores de tierras como el proyecto hidroeléctrico de Diquís, que estaba afectando negativamente a la comunidad.
Repudiamos el asesinato de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade y Ahmaud Arbery y los asesinatos y violencia sistémicos contra la población negra en Estados Unidos, avalados por el Estado. Expresamos nuestra solidaridad y aunamos fuerzas para denunciar el racismo sistémico y la opresión institucionalizada.
También condenamos el asesinato de Mama Fikile Ntshangase en Sudáfrica. Como integrante de la Organización de Justicia Ambiental Comunitaria de Mfolozi (MCEJO), Mama Fikile manifestaba abiertamente su preocupación por la operativa de la mina de carbón de Tendele. Nos solidarizamos con su familia y toda la comunidad de Somkele en su reclamo por justicia para que la impunidad de los autores intelectuales y materiales de este horrendo crimen no prevalezca.
Nuestra lucha continúa y sin duda tenemos enormes desafíos por delante. Pero nuestra estructura descentralizada y democrática, que es bastante singular, nos permite estar profundamente arraigadas/os en las luchas locales y trabajar juntas/os a nivel internacional compartiendo un profundo compromiso por la justicia. Nuestro análisis y agenda política compartidos, tanto dentro de Amigos de la Tierra Internacional como con otros movimientos y organizaciones sociales, es una base firme para una mayor convergencia en pos de la construcción de poder popular, soluciones de los pueblos verdaderas y solidaridad internacionalista, al mismo tiempo que enfrentamos los sistemas de opresión y explotación que son el origen de las crisis sistémicas.
Valoramos enormemente su apoyo constante, que es fundamental para nuestra lucha y para lograr una transformación radical de nuestras sociedades basada en la justicia.
Carta de la Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional 4
Informe sobre la pandemia de Covid-19 6
Justicia climática y energía 12
Justicia económica y resistencia al neoliberalismo 16
Soberanía alimentaria 20
Bosques y biodiversidad 24
Integración de la justicia de género 28
Sistema de solidaridad internacionalista 30
Temas transversales e hitos regionales 32
Finanzas 38
Nuestro comité ejecutivo 39
Grupos miembro 40
INFORME ANUAL 2020 |
7P: ¿CÓMO CUIDAMOS DE NUESTRA FEDERACIÓN DURANTE LA PANDEMIA?
“A pesar de ser un año muy complicado y extenuante, también cambió la forma en que trabajamos y nos organizamos,” constató Amigos de la Tierra Asia Pacífico, que en pocas palabras resume el parecer compartido por toda Amigos de la Tierra Internacional.
A medida que las medidas de confinamiento se extendieron por todo el mundo, la mayor parte de la actividad pasó a formato virtual por Internet, desde las actividades de formación hasta los grandes eventos como nuestros populares talleres de la Escuela de la Sustentabilidad y nuestras AGA. Para nuestros grupos miembro cuyo trabajo está basado en la movilización de las comunidades con el fin de llevar a cabo acciones colectivas, esto significó un cambio drástico que exigió nuevos métodos de trabajo y aplicaciones, encuestas y proyectos piloto, así como subvenciones para apoyar a quienes más lo necesitaban.
En marzo creamos un grupo de bienestar que ha seguido funcionando en 2021. Organizamos una encuesta sobre los impactos de la pandemia de Covid-19 en los grupos miembro, gestionamos subvenciones de emergencia y llevamos a cabo un evento de solidaridad que fue muy bien recibido, además de un taller sobre bienestar.
Las respuestas de 37 grupos miembro a nuestra encuesta virtual (20 de marzo – 19 de abril) mostraron que todos se vieron enfrentados a un incremento muy marcado del trabajo en formato virtual. Algunos de los problemas que surgieron fueron:
Necesidad de investigar y recibir capacitación sobre herramientas virtuales para videoconferencias y comunicaciones. Como el 90% de nuestros grupos estaban trabajando en la virtualidad o desde sus hogares, realizamos tres seminarios en formato virtual (en inglés y castellano) para facilitar el trabajo en equipo a distancia, propiciar el bienestar y compartir consejos sobre cómo organizarnos mejor y crear espacios inclusivos por vía electrónica. En diciembre también organizamos una sesión abierta para todos los grupos miembro con el fin de compartir historias de esperanza, solidaridad e inspiración.
Trabajar desde casa implicó más responsabilidades con respecto a los cuidados (de las/os hijas/os y otros familiares, entre otras) para varias/os de las/os voluntarias/os e integrantes clave del personal de nuestros grupos miembro, particularmente mujeres, debido al rol socialmente construido que tienen como cuidadoras. Muchos grupos respondieron con flexibilidad, acordando a menudo reducir la carga de trabajo/horaria sin recorte salarial.
El confinamiento forzoso con la familia/amigas/os, perder el empleo o contraer el virus, y la dificultad para acceder a tratamientos médicos en algunos países, repercutió de variadas maneras en el personal y voluntarias/os clave, incluida una menor motivación del personal y problemas de salud mental. Algunos grupos miembro realizaron chequeos colectivos o individuales del personal y establecieron sistemas de acompañamiento. Algunos proporcionaron equipos de protección y desinfección en caso de ser necesarios. También brindamos materiales de comunicación para compartir, como videos y artículos donde mostramos nuestras soluciones en pos del cambio de sistema una vez pasada la crisis.
Incertidumbre respecto del financiamiento. Algunos grupos miembro están ideando nuevas estrategias de financiamiento, en la medida que nos vemos obligados a adaptar los planes de las subvenciones o perdemos potencialmente donaciones regulares del público. También compartimos fondos de emergencia con grupos miembro y comunidades para solventar necesidades humanitarias (productos sanitarios, medios de sustento y cuidado de las/os hijas/os) especialmente de quienes trabajan con defensoras y defensores de los derechos humanos para fortalecer la solidaridad internacionalista (ver p30).
La necesidad de resolver temas de seguridad digital y conectividad. Tras nuestro taller de seguridad digital en mayo y la encuesta realizada con 83 personas descubrimos que 30 seguían teniendo problemas de conexión a Internet. Esto llevó a que se otorgaran subvenciones a 18 personas con cargos regionales o internacionales para ayudarles a resolver los problemas de conectividad.
[A] cinco años [del Acuerdo de París], el mundo sigue estando plagado de desigualdades, crisis más profundas de desempleo creciente, proyectos de combustibles fósiles y rescates para las empresas más contaminantes, además de la pandemia deCOVID-19. El origen de todas estas crisis interrelacionadas es en todos los casos el capitalismo extractivista movido por el afán de lucro. Exigimos uncambio de sistema,sistemas energéticos renovables de propiedad comunalyderechos para los PueblosIndígenas y comunidades que están en la primera línea del frente para que puedan seguir protegiendo los ecosistemas que nos nutren a todas/os y al planeta.
https://www.foei.org/es/comunicados_prensa/cinco-anos-acuerdo-paris-clima-cop, dipti Bhatnagar, Coordinadora internacional del programa de Justicia Climática y Energía diciembre de 2020 (ver p12 por más información sobre nuestro programa de Justicia Climática y Energía).
P: ¿CÓMO AFECTÓ LA PANDEMIA DE COVID 19 A NUESTRAS CAMPAÑAS?
Nuestra visión de una Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 está basada en la justicia ambiental, social, de género y económica. Apoyadas/os en nuestras redes, pudimos predecir acertadamente que los sectores más afectados serían la clase trabajadora rural y urbana, los Pueblos Indígenas, las mujeres, quienes sufren racismo, las/os migrantes, los pueblos que viven en zonas de guerra y conflicto, la población LGBTQ, los pueblos de países que enfrentan bloqueos económicos. Nuestra respuesta fue ejecutar mejor el trabajo transversal a los programas para que todas las regiones y la Federación en su conjunto trabajemos por una Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 que ayude al mundo a avanzar hacia el cambio de sistema.
Nos pronunciamos sobre el modo en que la pandemia de Covid-19 es atizada por el sistema político-económico actual que privilegia el lucro y las ganancias antes que los derechos de los pueblos y el medioambiente. Mostramos cómo el neoliberalismo y la financiarización de la naturaleza imponen obstáculos importantes a las respuestas estructurales, lo que a su vez empeora la crisis sanitaria mundial. Por ejemplo:
Debilitando los sistemas de salud pública y seguridad social y los servicios públicos (ver p16 JERN).
Desmantelando los derechos de las/os trabajadoras/es y flexibilizando el empleo y las condiciones de trabajo, ver acuerdo entre el Mercosur y la UE (ver p16 JERN) y Soberanía Alimentaria (ver p20 SA).
Explotando cada vez más el trabajo de las mujeres (ver p9 Recuperación Justa, p12 JCE y p28 JGDP).
Cediéndoles más poder y privilegios a las empresas transnacionales a través del neoliberalismo, y reduciendo a la vez el papel y la figura del Estado (ver resistencia a los ADPIC p16 JERN, soberanía alimentaria p20 y Marco Posterior a 2020 p24 ByB).
También fuimos las/os encargadas/os principales de la autoría de la mayor evaluación popular de la pandemia de Covid-19 y los sistemas alimentarios, que reúne as voces de millones de productoras/es de alimentos a pequeña escala, trabajadoras/es, consumidoras/es, mujeres y jóvenes representadas/os en las organizaciones que participan en el Mecanismo de la sociedad civil y Pueblos Indígenas (MSC) para reclamar que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU coordine una respuesta mundial justa a la crisis alimentaria derivada de la pandemia de Covid-19 y a los problemas estructurales que enfrenta el sistema alimentario, basada en los derechos humanos. Este informe fue publicado en octubre. Ver p20 para mayor información sobre nuestro trabajo en torno a la soberanía alimentaria.
La pandemia puso al desnudo las desigualdades que existen en todo el mundo, y trajo consigo muchas prácticas antidemocráticas y un aumento de la pobreza y la violencia. En todos los países, las medidas de confinamiento afectaron negativamente a las pequeñas empresas, agricultoras/es, comerciantes informales y el transporte. El resultado ha sido un aumento de los precios de los alimentos descomunal, sumado a la pérdida de millones de puesto de trabajo y fuentes de ingreso.
Amigos de la Tierra África informa haber sido testigo de abusos de poder acompañados de la militarización creciente en varios países, atropellos y abusos de la policía, y respuestas ineficaces y desarticuladas de los gobiernos, tanto frente a la crisis sanitaria como a las crisis socioeconómicas cada vez más extendidas. A nivel mundial, las medidas de algunos gobiernos para lidiar con la pandemia de Covid-19 representan ataques contra las libertades civiles y acaparamientos de tierras que han aumentado la vulnerabilidad de las defensoras y defensores del medioambiente (ver p30 para mayor información sobre nuestro Sistema de Solidaridad Internacionalista)
Nuestros grupos miembro denunciaron un crecimiento brutal de la violencia basada en género en sus sociedades, especialmente en el hogar, acompañada de nuevas y mayores exigencias para las mujeres con relación al trabajo de cuidados y en términos de la supervivencia en circunstancias extremas. La pandemia ha demostrado cuán crucial es el trabajo de cuidados para la sustentabilidad de la vida en nuestras familias, comunidades y sociedades, así como para la defensa de nuestros territorios.
Dejamos en claro que la recuperación no significa volver a la ‘vieja normalidad’. Este es el momento de dar prioridad a la sustentabilidad de la vida, los derechos de los pueblos y la protección de los medios de sustento y el planeta. En agosto de 2020 propusimos cuatro principios para una Recuperación Justa:
Abandonar el neoliberalismo y la austeridad y adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
Las medidas de recuperación deben estar fundadas en la cooperación multilateral y la solidaridad internacionalista y potenciarlas.
Fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos y de los pueblos.
Los gobiernos tienen que responder a las múltiples crisis sistémicas — de la pandemia, desigualdad, clima, alimentación y biodiversidad, y a la crisis de los cuidados — y a sus causas estructurales, proponiéndose una agenda transformadora de cambio de sistema.
Este contundente análisis político colectivo ayudó a la mayoría de los grupos miembro de Amigos de la Tierra a compartir una comprensión común de la crisis de Covid-19 y abogar por una Recuperación Justa a nivel nacional y local. Juntos, los movimientos progresistas y ambientalistas han contribuido a que la Recuperación Justa sea parte de la agenda a nivel mundial. Muchas agendas públicas y políticas nacionales han usado el lenguaje de una Recuperación Justa como encuadre para responder a la Covid-19. Por ejemplo el secretario general de la ONU, el presidente de China, la UNCTAD y muchas ciudades y gobiernos locales usaron el concepto o instaron por una ‘Recuperación Justa’ o verde, aunque el Foro Económico Mundial está haciendo uso del término para promover sus propias falsas soluciones empresariales. Sin embargo, el discurso de la llamada ‘recuperación justa’ y las políticas adoptadas por los gobiernos o las instituciones internacionales a menudo contienen solamente algunos elementos de lo que Amigos de la Tierra Internacional consideraría una Recuperación Justa que pueda dar lugar a sociedades sustentables
P: ¿CÓMO LLEVAMOS ADELANTE LAS CAMPAÑAS CUANDO NOS VIMOS ENFRENTADOS A LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE ACARREÓ LA PANDEMIA DE COVID-19?
Muchas reuniones internacionales como las COP de la ONU sobre el clima y la biodiversidad se pospusieron hasta 2021, ya que sólo se permitían viajes esenciales. A nivel nacional, muchos países prohibieron las reuniones de más de tres a diez personas, mientras se aprobaban leyes de distanciamiento social o se declaraban estados de emergencia, que pusieron en suspenso los eventos públicos, las manifestaciones y los viajes internacionales.
Reunirse con funcionarias/os gubernamentales se tornó imposible, y hacer trabajo de incidencia a favor de la justicia ambiental fue más difícil.
Identificamos que es incluso más difícil para los grupos defender la justicia ambiental y los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y proteger el medioambiente. Esto nos llevó a asignar subvenciones a nuestros grupos miembro en Georgia, Honduras, Palestina y Sri Lanka para atender situaciones asociadas a la Covid-19. Ver p24 para mayor información sobre Bosques y Biodiversidad.
Al mismo tiempo, el apoyo a proyectos de solidaridad y comunitarios creció exponencialmente. Muchos grupos y activistas de Amigos de la Tierra están trabajando directamente con campesinas/os, aliadas/os de las comunidades, del movimiento social o de semillas en estos proyectos. También apoyamos activamente los servicios públicos y particularmente a las/os trabajadoras/es de la salud.
Al mismo tiempo que las campañas se posponían o suspendían, nuestros grupos miembro resaltaron que la crisis de Covid-19 es, al igual que las otras crisis que enfrenta el planeta, una alerta y llamado de urgencia por un programa de recuperación justa y sustentable. Muchos grupos dieron inicio a nuevas campañas:
Cuestionando las políticas gubernamentales de respuesta al coronavirus (ver p24 para mayor información sobre derechos ByB).nDe denuncia contra medidas autoritarias (ver p30 SSI).
De vigilancia a los gobiernos y grandes empresas que aprovechan la crisis para obtener ganancias (ver todos los programas).
Exigiendo que ningún rescate gubernamental se destine a empresas contaminantes (ver p12 JCE y p24 ByB).
Exigiendo que todos los fondos de recuperación gubernamentales se destinen a la recuperación justa y sustentable, nuestra Recuperación Justa (ver p12 JCE).
Haciendo énfasis en la necesidad de una respuesta feminista a la crisis (ver p28 JGDP).
Necesitamos una nueva economía al servicio de los pueblos y el planeta y que integre una perspectiva feminista. Mientras la pandemia sorprendía al mundo, creamos un Grupo de Trabajo Político al que confluyeron todas nuestras estructuras internacionales para construir colectivamente como Federación un análisis político coherente y en profundidad al respecto de la crisis, su contexto e impactos, – incluidas las amenazas crecientes a la justicia ambiental, social, económica y de género – y para el poder popular y la soberanía de los pueblos y los cambios más urgentes en materia de políticas que se requieren para encarar y resolver estos problemas.
Denuncian abuso de poder, represión y uso excesivo de la fuerza en operativo contra migrantes en Huixtla. Foto: Isaín Mandujano
