El pasado 2 de marzo se realizo en San Cristóbal de Las Casas un altar colectivo y una acción en el marco de la jornada #JusticiaParaBerta recordando a nuestra hermana Berta Cáceres a 5 años de su siembra.
Somos los hijos de Zapata, las hijas de Berta y de Samir, luchando por la tierra liberada, unidos combatiendo hasta el final
Porque Berta no se fue, aquí nadie se rindió, Patria grande para la liberación
Foto: Daniel Aguilar
Berta no se murió, Berta no se murió, Berta se hizo millones, se hizo millones, Berta soy Yo
Imagen: Acción #JusticiaParaBerta Área de Comunicación de Otros Mundos – Despertemos humanidad catedral Daniel Aguilar
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH en el marco del 5to Aniversario de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2021
La memoria de nuestra compañera Berta Cáceres, la mujer irreverente, luchadora y consciente, nos ha convocado una vez más a recordar su vida y lucha, a denunciar nuevamente que la impunidad se cierne sobre nuestro pueblo cada vez que no hay castigo para quienes cometen horrendos crímenes como del que ella fue víctima.
El sistema de justicia hondureño hace sus oídos sordos ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que han identificado a los autores intelectuales del crimen y que permanece en los expedientes judiciales.
Han transcurrido 1827 días, 1827 amaneceres en los que la luz de la justicia y la verdad se han escapado de la sociedad hondureña porque el sistema judicial evita que haya justicia por el crimen de Berta Cáceres.
Las presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados ante la justicia para que respondan por sus crímenes.
Nueva información sobre esta causa ha puesto de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala.
No debe haber más contemplaciones para quienes, tras el escudo del dinero, siguen asesinando al pueblo de Honduras. Cada día que pasa sin castigo para estos criminales, Honduras se hunde en el oscuro hueco de la impunidad.
El pueblo Lenca, el pueblo hondureño y la comunidad internacional conocemos quiénes son los responsables de este crimen que ha enlutado a tantas vidas. Hace falta que el sistema de justicia responda a esta verdad.
El clamor de la madre tierra y los bienes comunes, cada vez más depredados, nos respalda en esta búsqueda de justicia, por eso nos desfalleceremos junto al rebelde pueblo Lenca.
Por lo anterior, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, junto a la familia de Berta Cáceres y el equipo legal nos pronunciamos de la manera siguiente:
— Exigimos que los miembros de la familia Atala Zablah involucrados en este crimen sean procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación.
— Exigimos que los procesos que se están desarrollando contra David Castillo no se dilaten más y que sea sentenciado por su responsabilidad como coautor del crimen.
— Exhortamos al pueblo hondureño, en estos momentos decisivos, a mantener la fuerza en el impulso por el camino a la verdadera justicia y la democracia en la que quienes defienden nuestra vidas, territorios y soberanía no sean asesinados y ultrajados.
— Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos en exigencia de justicia para Berta Cáceres y que exista una pronta respuesta sin más dilatación del proceso.
¡Berta vive, el COPINH sigue!
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan los pueblos saben hacer justicia y el pueblo el pueblo hondureño sabrá hacer justicia”
-Berta Cáceres-
Dado en la Esperanza, Intibucá a los 02 días del mes de marzo de 2021
Hoy 2 de marzo se cumple 5 años del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, fundadora y coordinadora del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). A partir del 3 de marzo de 2016, la justicia hondureña procuró proteger y ocultar de la responsabilidad a los autores materiales e intelectuales del crimen. El Ministerio Público y la Fiscalía inventaron y alteraron pruebas, inventaron testigos falsos; generaron intimidación contra el COPINH y todos los testigos protegidos.
A cinco años de este repudiable hecho no ha llegado la justicia verdadera para la familia, el pueblo Lenca, el pueblo de Honduras y la comunidad internacional que gritamos con voz firme ¡FALTANLOS ATALA!
Desde Chiapas, México nos sumamos a los gritos del mundo entero que exigimos justicia con un debido proceso. Exigimos al gobierno hondureño un debido proceso en el juicio contra David Castillo, cuyas pruebas apuntan a su participación en el crimen y que presuntamente vinculan además a la familia Atala.
Este 2 de marzo de 2021 se cumplen 5 años de caminar junto a Berta. Berta no murió, sino que se multiplicó en la consciencia y en las luchas de los pueblos y movimientos en todo el mundo que claman justicia, que resisten contra el Modelo Extractivo, contra el capitalismo patriarcal, racista y depredador de los territorios, pueblos indígenas y campesinos. Berta significa y reivindica la lucha de las mujeres por defender la vida, a lo largo y ancho de América Latina, por eso Berta se multiplico, Berta soy yo.
Compartimos este pronunciamiento del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER sobre la solidaridad de defensoras y defensores ante el asesinato del compañero Fidel Heras – A 23 de febrero de 2021
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS- ONU-DH MÉXICO.
A LOS ORGANISMOS CIVILES.
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.
AL PUEBLO EN GENERAL.
Pueblos y comunidades en resistencia por la defensa de nuestro territorio y bienes naturales comunes manifestamos, que desde el 2006 nuestros pueblos y comunidades se han visto amenazados por la construcción de un megaproyecto denominado, Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina”.
En el 2007, pueblos y comunidades afectadas integramos el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y desde esa fecha hemos venido realizando diferentes actividades de denuncia pública y jurídica, de acuerdo a lo establecido y estipulado en las leyes nacionales y en los tratados internacionales como el Convenio 69 de la OIT. Además, hemos velado por nuestros derechos de manera y forma pacífica, sin violencia y sin afectar los derechos de terceros.
No obstante, nuestro compañero Fidel Heras Cruz fue asesinado a balazos en su camioneta el 23 de enero a la altura de la entrada de la comunidad de La Esperanza del municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, se le arrebató la vida de una forma cruel y cobarde. Al verse afectados intereses políticos, caciquiles y económicos, por quienes ostentan el poder y por quienes, en vez de velar por los derechos y la vida de los pueblos, velan por sus propios intereses en complicidad de grupos criminales, sin importar que tengan que matar y dejar a una familia destrozada y desprotegidos niños/as huérfanos/as sin el amor y el cuidado de su padre.
Cabe recordar que Fidel recibió varias amenazas cuando fue agente de policía por defender los derechos de su comunidad, de manera directa recibió amenazas, cuando gestionaba la contribución municipal que le corresponde a su comunidad, esto ocurrió en el mes de agosto del 2012.
Fidel Heras Cruz era una persona comprometida en velar por los derechos de su comunidad, se ganó el aprecio, respeto y admiración de sus amigos/as, compañeros/as del COPUDEVER y su comunidad por defender el Río Verde amenazado por proyectos hidroeléctricos y extracción de material pétreo (grava y arena).
A Fidel Heras Cruz, por su honestidad y confianza se le asignaron varios cargos de autoridad, ocupo el cargo de agente de policía, integrante del comité local del Copudever y hasta la fecha de su muerte se desempeñaba como Presidente de Comisariado de Bienes Ejidales.
A un mes del asesinato del compañero Fidel Heras Cruz, no se han detenido a los autores del crimen. Ante tales hechos de violencia solicitamos lo siguiente:
Que la Fiscalía del estado se apresure en la investigación del asesinato de nuestro compañero defensor y se castigue a los autores intelectuales del crimen.
Que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca-DDHPO emita recomendaciones, pronunciamientos públicos y denuncias sobre la reparación de daños para la comunidad de Paso de la Reyna por la extracción de material pétreo en el Río Verde ante las autoridades respectivas.
Exigimos justicia para Fidel Heras Cruz, no podemos permitir que se sigan asesinando a más defensores y defensoras comunitarias, el asesinato de nuestro compañero no puede quedar impune, en estadísticas o en un archivo.
Nos solidarizamos con luchas de hermanas y hermanos de otros lugares del país, del continente, del mundo, por todas las defensoras y defensores asesinados y criminalizados.
Cuenca del Río Verde, Oaxaca, 23 de febrero de 2021.
Defensoras y Defensores Comunitarios del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 23 de febrero de 2021
Las y los integrantes de la REMA, enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario a los familiares de Cristóbal Ramírez Carrizales y Macedonio Huerta, trabajadores mineros, quienes lamentablemente perdieron la vida laborando en en minas de carbón en el estado de Coahuila. Cristóbal trabajaba en la mina Santa María de la empresa Materiales Industrializados (MINSA), que es parte del conglomerado que poseen los hermanos Guadiana, por cierto, uno de ellos hoy senador morenista Armando Guadiana Tijerina. Macedonio laboraba en la empresa Drumak, la cual tiene contrato con la CFE.
Las muertes de ambos compañeros son resultado de la corrupción y la impunidad en la que opera la minería en nuestro país, en donde los accidentes se solapan, las muertes que son evitables se naturalizan y se protegen a las empresas. Desde la tragedia de Pasta de Conchos ocurrida en 2006, han muerto aproximadamente 150 personas en a zona, según el conteo que lleva la organización Familia Pasta de Conchos, muertes sin justicia porque hasta la fecha no hay ningún empresario preso.
!La minería mata! !No más muertos!
Firma
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de febrero de 2021
El 19 de febrero pasado, se cumplieron 15 años de la tragedia ocurrida en la Unidad de carbón Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas en el estado de Coahuila, en la que, una explosión de gas metano al interior de la mina de carbóndejó 8 trabajadores lesionados, los cuales lograron salir, 2 muertos que sus cuerpos fueron rescatados unos meses después del suceso y 63 mineros que quedaron atrapados, sepultados a cientos de metros bajo tierra hasta el día hoy y en que el crimen sigue impune.
En ese entonces, los familiares de los trabajadores denunciaron las malas condiciones en que estaban laborando los hombres, mientras otros trabajadores mineros reclamaron que la mina -propiedad de Grupo México, del magnate Germán Larrea Mota -operaba en alto riesgo. Tal como tantos desastres que ocurren por esta actividad destructiva y la avaricia de las empresas mineras, era previsible una tragedia de estas proporciones. Sin embargo, han pasado cuatro sexenios, desde el último año de la presidencia de Vicente Fox hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y aún no ha habido rescate y los responsables aún gozan de total impunidad.
Ha sido solamente gracias a los esfuerzos permanentes de los familiares quienes, después de que llevaron su caso al sistema interamericano, lograron el compromiso de AMLO en mayo del 2019 de rescatar a los mineros atrapados y el establecimiento del Comité para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos. Sin embargo, hasta hoy,no se han cumplido las promesas de recuperación de los cuerpos, que según dijo el presidente “era prioridad”. Tampocoha habido una investigación seria que pueda llevar a la cárcel a los responsables.
Así mismo recordamos cuando AMLO realizó su primera visita al sitio en Coahuila en octubre del 2020, y dejó fuera del evento a los familiares que son parte de los quejosos ante la Comisión Interamericana. Aunque el gobierno dice querer llegar a una resolución amistosa con los familiares, les ha mostrado un terrible desdén y falta de respeto.
Desde la REMA nos sumamos a las exigencias que siguen haciendo las familias afectadas, buscando en primer lugar hacer valer el derecho inherente a todos los seres humanos: SEPULTAR A SUS MUERTOS. Un derecho negado por parte de Industria Minera Mexicana, perteneciente a Grupo México, empresa que estuvo a cargo del rescate durante 12 días después del siniestro, a pesar de ser la responsable de las deplorables condiciones de trabajo en las que la laboraban los mineros y de las que la Secretaría de Trabajo estaba al tanto.
En segundo lugar, nos sumamos a las exigencias de JUSTICIA, por esas muertes que se pudieron evitar si se hubieran garantizado las condiciones de seguridad e higiene laboral por parte de la empresa y si el gobierno en lugar de encubrir y proteger los intereses de una empresa minera lo hubiera hecho con los trabajadores. Es indignante que, frente a los gritos desesperados de justicia, a Grupo México, y su presidente, Larrea, por cierto, responsable de otras tragedias como la ocurrida en Cananea, en lugar de estar en la cárcel, se les siga garantizando el negocio de la minería. Lo mismo pasa con Napoleón Gómez Urrutia, hoy amparado con su puesto de Senador, pero señalado como otro de los responsables de este lamentable sucesoy la falta de rescate o justica hasta hoy.
Expresamos nuestra admiración por la tenacidad y la fuerza de los familiares de estos hombres quienes, por quince años, han estado exigiendo el rescate de sus seres queridos y para que esto no se vuelva a repetir. Desde la REMA enviamos nuestra solidaridada la Organización Familia Pasta de Conchos cuyos integrantes han tenido que enfrentar amenazas, golpes, y hostigamientos en varias ocasiones por su trabajo incansable. Así mismo acompañamos la causa y exigimos el castigo inmediato a los criminales responsables.
Compartimos el primer capitulo de una serie de comics que lanza la Red Desc para hablar sobre la captura corporativa – A 16 de febrero de 2021
Los miembros y las miembras del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa, especialmente quienes forman parte y colaboran con el Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa, han trabajado colectivamente con el estudio de arte Zago Brothers(link is external) en la serie de cómics en línea El poder del 99% para detener la captura corporativa, para poner en evidencia el fenómeno global generalizado de cómo las empresas están capturando las instituciones gubernamentales y los procesos de toma de decisiones, incluso en espacios internacionales como las Naciones Unidas.
Esta serie de cómic se lanzará el 22 de febrero de 2021, coincidiendo con la apertura de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH).
“La captura corporativa de la toma de decisiones del gobierno nos afecta a todas las personas en todos los países del mundo de manera similar: resulta en la privatización y políticas públicas que priorizan las ganancias sobre las personas. Esta serie de cómic nos ayuda a identificar y denunciar colectivamente no solo la captura corporativa en curso, sino también algunas de las corporaciones globales que están detrás de la manipulación de nuestros sistemas en un país tras otro”, dijo Shayda Nacify, directora sénior de programas de Corporate Accountability y miembros del Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa de la Red-DESC.
El primer episodio, titulado “El poder del 99% para detener la captura corporativa de las Naciones Unidas”, será lanzado junto con un documento de antecedentes con varios ejemplos para ilustrar la captura de los organismos de la ONU y otras instituciones multilaterales. Los siguientes episodios abordarán otros temas que se ven afectados por la captura corporativa, como nuestros sistemas de atención sanitaria, el derecho a un medio ambiente saludable, el impacto de la deuda externa en una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, y la captura en zonas afectadas por el conflicto.
La serie es parte de una estrategia de incidencia más amplia que los miembros y las miembras de la Red-DESC llevan desarrollando colectivamente durante los últimos 15 años. La Red-DESC ha jugado un papel fundamental a la hora de movilizar la incidencia mundial por un tratado internacional jurídicamente vinculante para fortalecer la rendición de cuentas empresarial por los abusos y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, los miembros y las miembras de la Red han denunciado repetidamente que el proceso del tratado, que actualmente está en fase de negociación en la ONU, está “amenazado por la captura corporativa”, a menudo mediante la inclusión de grupos de presión y asociaciones empresariales como asesores oficiales del proceso, como la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Estados Unidos para Negocios Internacionales (USCIB), permitiéndoles ejercer influencia en un tratado vinculante que está destinado a asegurar su rendición de cuentas.
El mensaje de esta serie de cómic es muy claro: si nosotros y nosotras –el 99%– trabajamos de manera colectiva, podremos acabar con la captura corporativa y construir una nueva normalidad.
Eventos y recursos relacionados para detener la captura corporativa (#StopCorporateCapture)
Compartimos esta nota de Educa Oaxaca sobre el asesinado del defensor Miguel Vázquez – A 15 de febrero de 2021
Después de 100 días sin conocer su paradero, los restos de Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, fueron localizados en una fosa clandestina. Personas cercanas a la familia confirmaron que la ubicación del cuerpo de Vázquez Martínez fue posible por la detención de tres personas relacionadas con el secuestro del activista, cuyos testimonios llevaron a las autoridades a una casa de seguridad, en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan, donde fueron localizados los restos.
Organizaciones ambientalistas denunciaron “retraso injustificado” en las investigaciones del secuestro de férreo opositor a la instalación de proyectos extractivos como las mini-hidroeléctricas en Tlapacoyan. Durante las protestas ciudadanas para luchar por su pronta aparición, diversas organizaciones ambientales señalaron que en la región se han registrado asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y localización de fosas clandestinas.
Ante este “clima de violencia extrema”, las organizaciones manifiestan que “no puede haber transformación posible ni construcción de paz en el Estado cuando los cimientos son la sangre de nuestros familiares”, advierte La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y organizaciones aliadas. Y la Alianza Mexicana contra el Fracking escribe en su cuenta de Twitter: “Nos llena de rabia que el compañero defensor ambiental Miguel Vázquez Martínez fue encontrado sin vida después de semanas de su desaparición. Acompañamos las demandas de justicia y alto a los proyectos que dañan el ambiente. Nuestro pésame para su familia”.
El municipio tzeltal de Oxchuc, enclavado en la región de los Altos de Chiapas, sur de México, es el único reconocido legalmente en el estado donde la población indígena se rige por usos y costumbres, al contrario del estado vecino, Oaxaca, donde 417 comunidades practican este sistema normativo.
La expulsión de los partidos políticos en Oxchuc se dio definitivamente en el año de 2018 tras años de movilización de las comunidades. Después de intensas protestas, un proceso de autoconsulta indígena realizado en más de un centenar de comunidades tzeltales respaldó el cambio de régimen.
Ahora, en el contexto de un nuevo proceso electoral, comunidades de Oxchuc denuncian la agudización de la violencia por parte de grupos paramilitares y acciones de sabotaje provenientes de actores partidistas, quienes buscan deslegitimar el sistema normativo indígena.
El siguiente reportaje, dividido en dos partes, contextualiza el conflicto de años recientes y las acciones del gobierno comunitario en su defensa contra los embates de los partidos políticos.
En el contexto de un conflicto post electoral surgido en el año de 2015 en el municipio tzeltal de Oxchuc, el hartazgo y la organización popular se conjugaron con acciones jurídicas hasta materializar la primera elección a través de los usos y costumbres efectuada el 13 de abril del 2019.
“Nosotros le llamamos autonomía política y la libre determinación que consiste en que el pueblo decida su forma de vida, su forma de gobierno y eso es lo que hizo valer Oxchuc”, enfatiza Gabriel Méndez López, abogado tzeltal quien ha acompañado los procesos jurídicos para concretar el cambio del sistema electoral al de usos y costumbres en el municipio con 45 mil habitantes, que se organizan en 120 comunidades.
El camino para desterrar el monopolio de la participación política a través de los partidos políticos no ha sido fácil. Por años, el entorpecimiento al proceso legal, mediante las omisiones de las instituciones y funcionarios estatales, se empecinó en impedir que el camino jurídico tomado por Oxchuc concretara la elección de sus autoridades municipales sin la participación de los partidos políticos.
Como detalla la Dra. en sociología Araceli Burguete Cal y Mayor, el origen del conflicto en Oxchuc se debe al “control político que descansa en estructuras caciquiles de poder y dominación, ya que quienes lo disputan son las familias que se han repartido el poder en los últimos 20 años en el municipio tzeltal”.
El rechazo al cambio por sectores sociales del municipio, vinculados a los partidos, continúa. La violencia también. Aquellos que vieron amenazada su dominación política emprendieron y han emprendido acciones, muchas de ellas violentas, contra la población en su afán de mantener el esquema partidista, ajeno a las dinámicas comunitarias de los pueblos tzeltales de la región.
Memoria
Javier López Sántiz, campesino tzeltal, le da la bienvenida al equipo de Avispa Midia a su hogar en el barrio de Pantetón, en la cabecera municipal de Oxchuc.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
En el lugar se registra un constante movimiento, algo inusual para un domingo por la mañana. Atravesando el patio, un puñado de amigos y vecinos de la familia se encuentran, algunos organizando la comida, otros platicando, resguardados del intenso sol y a un costado de la banda musical que afina sus instrumentos.
Mientras caminamos y entre algunas interrupciones para saludar a los presentes, Javier nos cuenta que ese día, 24 de enero, quienes ahí se reúnen buscan rememorar la vida de su hermano, Ovidio López Sántiz.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
De familia campesina tzeltal, quienes le conocieron cuentan que, desde su juventud, Ovidio caminó por distintos municipios de los Altos acompañando luchas sociales e involucrándose en la organización para exigir el cumplimiento de demandas populares.
Ovidio, junto a Victor Sántiz Gómez y Francisco Sántiz Gómez, fueron asesinados en los ataques de grupos armados acontecidos el 24 de enero del 2018.
De acuerdo a una acción urgente publicada por organizaciones defensoras de derechos humanos, dicho ataque fue realizado por un grupo civil armado, el cual “por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, los pobladores consideran que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre”.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
Éste no fue el primer ataque contra la población. Quienes pueblan el municipio, tanto en la cabecera municipal como en distintas comunidades, habían atestiguado episodios de violencia en los años recientes. Pero para contextualizar aquellos sucesos tenemos que ir más atrás, al proceso electoral de 2015.
Ovidio es recordado por el pueblo de Oxchuc por haber participado en las primeras protestas contra la victoria electoral de María Gloria Sánchez, quien pretendía gobernar el municipio tzeltal por segunda ocasión, después detrás ya haberse desempeñado como ocupado el cargo alcaldesa en el periodo: 2004 al 2007.
María Gloria Sánchez y Norberto Sántis López
Sánchez y su esposo Norberto Sántiz López, político con antecedentes criminales, consolidaron un cacicazgo que gobernó Oxchuc durante 12 años, primero al cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Javier recuerda también los bloqueos carreteros que perduraron por dos semanas en octubre de 2015, en un intento de impedir la toma de posesión de María Gloria Sánchez. Pasado ese tiempo, ocurrieron los episodios de violencia.
“Se enfrentaron, ahí donde lo balearon a un niño, un chico que estudia en la secundaria”, comparte Javier sobre las acciones del grupo armado bajo dirección de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz, como detalla la investigación realizada por la Fiscalía General de Chiapas en la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Incluyendo a Sánchez, un total de ocho integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc en aquel año son señalados como probables responsables por los delitos de Atentados contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, así como de Homicidio en grado de Tentativa en contra del menor de edad herido durante los hechos violentos del 15 de octubre del 2015.
En entrevista para Avispa Midia, el abogado Gabriel Méndez cuenta que aún existen entre 40 y 50 órdenes de aprehensión, tanto de personas que participaron en los grupos armados, como de los autores intelectuales de distintas agresiones entre 2016 y 2018. En especial, el abogado refiere como responsables por dichos delitos a la ex alcaldesa Sánchez y su esposo, además de diversos integrantes del Cabildo Municipal.
Ignorando las acusaciones, el gobierno federal y estatal respaldaron a Sánchez. Mediante un operativo integrado por elementos de la Policía Federal y el Ejército México, realizado un día después de los enfrentamientos, fueron detenidas cinco personas integrantes del grupo opositor a María Gloria Sánchez.
A pesar de los graves señalamientos contra Sánchez, durante los últimos días de octubre de 2015, la aún alcaldesa de Oxchuc sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, quien aceptó incrementar la vigilancia del municipio con auxilio de la policía estatal.
Jorge Luis y María Gloria
En consecuencia, recuerda Javier, aquellos días la cabecera municipal estaba llena de policías y militares por lo que incluso se suspendieron actividades en las escuelas. Por ello, su hermano, Ovidio López, quien formaba parte del Comité de Educación, comenzó a manifestarse exigiendo la salida de los militares del pueblo.
Protestas Oxchuc
“Organizó su gente como de 15-20 personas. Hombres, niños, mujeres donde salieron a manifestar en el parque central, donde sus consignas que fuera los sectoriales, que fuera los militares porque el pueblo, los niños, los alumnos que estudian no pueden salir porque está lleno de militares”, recuerda Javier sobre la pequeña movilización que en pocos días logró reunir a cientos de personas.
Para enero del 2016, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a la petición de destitución de la alcaldesa, el descontento popular llevó a cientos de manifestantes a ocupar el ayuntamiento de Oxchuc.
Ante los ojos del gobierno local, aquella revuelta había que detenerse a todo costo. Por ello, el 8 de enero de 2016 la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas tendió una trampa a 38 miembros de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena en Oxchuc, organización al frente de las movilizaciones.
Con la promesa de negociar la destitución de María Gloria Sánchez y de la diputada Cecilia López Sánchez, por ser señalada también como responsable de azuzar la violencia post electoral, el subsecretario de derechos humanos de la dependencia, Mario Carlos Culebro Velasco fue el encargado de convocar a los integrantes de la Comisión de Oxchuc.
La emboscada fue ejecutada en las oficinas de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) ubicadas en San Cristóbal de las Casas. Después que Culebro Velasco planteó sus puntos para la negociación, abandonó la oficina y “exactamente dos minutos después de la farsa de mostrar amabilidad y ofrecer alimentos, entraron agentes ministeriales y detuvieron sin decir palabras a los 38 integrantes de la comisión”, registra una nota publicada en medios locales.
“Cuando ya estaban en la mesa entró la (policía) judicial”, reafirma Javier sobre la traición del gobierno, quien a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó a los detenidos por el delito de motín y por su presunta participación en hechos violentos en el contexto de las movilizaciones contra la alcaldesa.
Tras la difusión de las detenciones, cientos de habitantes de la cabecera municipal de Oxchuc bloquearon la carretera que conecta al municipio con Ocosingo y Palenque. En consecuencia, el gobierno estatal desplegó a 500 policías que se encontraban esperando en el municipio vecino de Huixtán con el objetivo de reprimir las movilizaciones.
“Entraron a desalojar, a intimidar. Hasta con helicópteros vino a tirar gas lacrimógeno, pero el pueblo se defendió, hombres y niños, mujeres y ancianos salieron a defenderse”, relata orgulloso Javier.
En la refriega, todos los automóviles de seguridad pública fueron quemados y el evento saldó con 66 elementos policiacos lesionados y 23 de ellos tomados como rehenes. Días después, estos serían intercambiados para obtener la libertad de 22 indígenas que aún permanecían detenidos ante el Ministerio Público.
Por estos sucesos, en la memoria colectiva de Oxchuc aquel 8 de enero representa un día de resistencia civil. Tras la presión de las movilizaciones, en febrero de 2016, María Gloria Sánchez fue expulsada del municipio y solicitó su renuncia ante el Congreso del estado de Chiapas.
De esta manera, el 15 de febrero, en la explanada municipal de Oxchuc se realizó un plebiscito sin la participación de partidos políticos. En la cabecera municipal y ante la presencia de 30 mil pobladores se nombró al alcalde sustituto, el cual fue ratificado por el Congreso Estatal el 11 de marzo del 2016.
“Estamos aquí para decirle al Congreso del Estado y al gobernador Manuel Velasco que intervengan y que definitivamente se resuelva el asunto de Oxchuc, porque María Gloria sigue diciendo que es la actual alcaldesa y eso no es cierto, porque a partir del 11 de febrero ella pidió su renuncia y se acabó políticamente allá la señora”, mencionó Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente Por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, en el momento en que se eligió a Óscar Gómez López, indígena bilingüe, para ocupar el cargo en el municipio.
Caciques
Durante la década de los noventas, Norberto Sántiz López construyó su trayectoria política como diputado federal en las filas del PRI. En aquella época de contrainsurgencia ante el levantamiento zapatista, Norberto fundó el Movimiento Armado Revolucionario Antizapatista (MIRA).
Dicho grupo paramilitar operó en un enclave estratégico en la colindancia de cuatro municipios: Huixtán, Cancuc, Chanal y Oxchuc. Sus operaciones fueron permitidas debido a la relación con otros cuerpos de seguridad gubernamentales, tanto de policías locales y estatales, como del Ejército Mexicano “con los cuales realizaba de forma conjunta patrullajes, hostigamientos, amenazas, maltratos, cateo de domicilios sin orden judicial y detenciones arbitrarias”, documenta el artículo escrito por Adrián Galindo de Pablo.
Norberto Sántiz López ocupó el cargo de alcalde de Oxchuc en dos periodos, del 2002 al 2004 y del 2012 al 2015, desde donde operó políticamente para conseguir que María Gloria Sánchez, su esposa, le sucediera como alcalde en ambas ocasiones.
Sántiz López también posee un extenso historial penal pues ha sido detenido y procesado judicialmente en tres ocasiones.
Derivado de la averiguación previa número FESP/-064/2005, en septiembre de 2005 se le acusó por incurrir en actos de corrupción durante su administración, además de incurrir en otros delitos, como tráfico y venta de armas, por lo cual permaneció preso por dos años en el penal “El Amate”.
Su segunda detención ocurrió en mayo de 2010. En aquella ocasión, Norberto fue señalado responsable por un enfrentamiento armado sucedido en la cabecera municipal de Oxchuc durante la celebración de un plebiscito en abril. Sin embargo, obtuvo su libertad después de permanecer arraigado por dos meses.
Pese a los antecedentes criminales de los años de 2005 y 2010, Norberto Sántiz López participó en las elecciones municipales de 2012, con lo cual consiguió ocupar el cargo en un segundo periodo.
No obstante, Sántiz fue detenido por tercera vez el 13 de noviembre de 2016 acusado por el desvío de recursos públicos por un valor de más de 13 millones de pesos. En aquel momento el ex alcalde radicaba en San Cristóbal de las Casas junto a su esposa María Gloria Sánchez, tras ser expulsados por las protestas en el municipio tzeltal de Oxchuc.
De acuerdo a lo difundido por medios nacionales, “La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la orden de aprehensión se dio por hechos registrados en 2014, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado interpusiera una denuncia por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa”, por lo cual Sántiz López fue ingresado al penal “El Amate”.
En la documentación elaborada por Araceli Burguete tras años de seguimiento en los eventos de Oxchuc, la directora del CIESAS Sureste señala que el grupo de Sántiz y Sánchez mantuvo el control del municipio tzeltal “a punto de asesinatos ejemplares, hostigamientos en las comunidades y ataques armados en la cabecera municipal que ha dejado alrededor de 20 desaparecidos, por lo menos 3 asesinados y una cantidad importante de heridos”.
Estos asesinatos han sido dirigidos principalmente contra integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, organización que promovió los primeros recursos legales en 2016 para el cambio del sistema normativo interno en el municipio tzeltal y cuyos integrantes fueron víctimas de las agresiones del 24 de enero del 2018.
Masacre
Lo que parecía la expulsión definitiva de María Gloria Sánchez de Oxchuc se vio frenada de nuevo en 2017. En agosto de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la restitución de la alcaldesa “quien víctima de violencia política, institucional y social había sido obligada a separarse del cargo”.
Tras la sentencia del TEPJF, María Gloría Sánchez movilizó a grupos armados, quienes irrumpieron en la cabecera municipal el 24 de enero del 2018. El objetivo era destruir la movilización popular para crear las condiciones para su retorno al poder.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
Javier detalla que durante aquel díagrupos armadosprovenientes de por lo menos cinco comunidades atacaron a la población de la cabecera. Pese a que en un primer momento consiguieron frenar la agresión, al final del día la violencia cobró la vida de tres personas, entre ellas las de su hermano Ovidio. https://archive.org/embed/audio-acto-luctuoso-oxchuc
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez López reclama la omisión de las autoridades quienes pudieron haber evitado la masacre del 2018, pues desde 2016, él y otros integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc denunciaron la aparición de grupos paramilitares, creados por la ex alcaldesa María Gloria Sánchez, quien actualmente se encuentra en libertad.
asesinatos 2018 Oxchuc
Como documenta la Recomendación No. 66/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 8 de mayo de 2017, la Comisión Permanente denunció ante la Fiscalía Indígena y la Fiscalía Estatal la aparición de grupos armados desde diciembre del 2016, “quienes portaban armas de fuego (rifles R15, AK 47, y calibre 22), además de denunciar un ataque perpetrado el 1 de abril de 2017”.
Sin embargo, la omisión de las autoridades estatales permitió la operación de dichos grupos. Así llegamos al mes de enero del 2018, un mes importante en la historia reciente de Oxchuc y en el cual, el día 24 representa una tragedia para el municipio tzeltal.
Javier López Sántiz recuerda aquellos momentos con una mezcla de enojo e indignación. Sentado a un costado del altar donde yace la tumba de su hermano, Javier enfatiza que la muerte de Ovidio no fue en vano. “Hoy es día en el pueblo de Oxchuc de la lucha que hizo el pueblo, la lucha que defendió mi hermano. Yo veo que esta bueno porque aquí en Oxchuc ya no hay partidos políticos”, refiere sobre el escenario político actual en el municipio tzeltal.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
En ocasiones, una sombra cubre el rostro nostálgico de Javier. Son las siluetas de quienes constantemente desfilan frente a la tumba de Ovidio. Ahí encienden veladoras, dedican algunas palabras al difunto, rezan e incluso lloran. Para Javier, la ceremonia luctuosa también es una celebración por la expulsión de los partidos políticos, aunque el asesinato de su hermano continua impune.
Impunidad
“El gobierno federal, del estado, los derechos humanos, no hicieron nada, eso es donde me da coraje porque no hace nada el gobierno, los asesinos están sueltos”, reclama Javier debido a que ninguna persona fue procesada por la masacre del 2018.
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez, quien también fue herido gravemente en aquellos sucesos, suma su reclamo al del campesino tzeltal.
“El gobierno hizo caso omiso al respecto. Integramos varias denuncias ante la CNDH e incluso pedimos medidas cautelares ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, nunca nos hicieron caso, hasta en tanto lo que realmente pasó el 24 (enero, 2018)”.
Sólo después de la masacre, la CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Chiapas “la implementación de medidas cautelares tendentes a la protección de la vida de los habitantes de Oxchuc, Chiapas”.
Para el 30 de noviembre del mismo año, la CNDH emitió la Recomendación 66/2018, donde documentó las agresiones armadas y violaciones a los derechos humanos en agravio de la comunidad tzeltal del municipio de Oxchuc durante los hechos violentos del 24 de enero.
No obstante, el abogado Méndez señala que, a pesar de la detención de seis personas, éstas fueron absueltas por un Tribunal Federal, quien les concedió un amparo argumentando faltas de elementos para procesarlos.
“Ahí están todos los peritajes que ellos realizaron, pero en Chiapas y en México prevalece la impunidad”, declara Méndez quien además añade el peligro que representa que los autores materiales ahora se encuentran libres en sus comunidades, “incitando al odio, siguen incitando a la violencia”.
Desde que sufrió la agresión armada, el abogado tzeltal ha demandado la aplicación de justicia “Porque también la familia (de las víctimas) lo exige. Porque también la Asamblea General lo exige y también la sociedad en general lo exige”.
La documentación de la CNDH arroja que el saldo del ataque armado fue de tres personas asesinadas y 27 resultaron lesionadas, además de la quema de diversas viviendas y negocios.
En la recomendación referida, se concluye que “de las evidencias recabadas por esta Comisión Nacional, se pudo advertir que el conflicto tuvo su origen en las diferencias existentes entre dos grupos sobre la forma de organización política y elección de sus autoridades a nivel comunitario en Oxchuc. En tal sentido, la ausencia de medidas legales y administrativas que garantizaran el derecho a la libre determinación para elegir la composición de sus autoridades y procedimientos tradicionales, fue el elemento que propició las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Oxchuc”.
Cambio de régimen
Sólo tras los sucesos violentos de enero de 2018, el Congreso del estado de Chiapas publicó los decretos 156 y 157. Con esta acción separaron del cargo a María Gloria Sánchez y a otros siete miembros del ayuntamiento para ser juzgados por ataques contra la población tzeltal ocurridos en 2016.
Otra de las consecuencias de dichos decretos fue la desaparición del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, para en consecuencia designar un Concejo Municipal integrado por un presidente, un síndico y tres regidores quienes permanecieron en el cargo hasta el 30 de septiembre del 2018, momento en que se desarrollaba el proceso de autoconsulta para designar a las autoridades por usos y costumbres en 2019.
Casi tres años tuvieron que pasar Ddesde el 11 de noviembre de 2016, cuando la Comisión por la Paz y la Justicia de Oxchuc presentó una solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) para realizar el proceso de elección de sus autoridades por medio del sistema de usos y costumbres.
Sin embargo, en febrero del 2017, el Consejo General del IEPC declaró como no procedente la petición. “El IEPC no tenía ninguna herramienta jurídica o reglamentaria para atender estos casos, lo único que hizo el IEPC fue lavarse las manos, dejar sin efecto, que es improcedente nuestra solicitud, pero había una legislación suprema que es la Constitución en su artículo 2 que los pueblos indígenas pueden regirse o pueden ejercer su libre determinación”, argumenta Méndez sobre la omisión de la institución electoral.
Por ello, tras la sentencia del IEPC, el abogado recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Desde la sala superior, el proceso se reencauzó al Tribunal Estatal Electoral de Chiapas, quien finalmente resolvió a favor de la petición de Oxchuc el 28 de junio de 2017, dando inicio a un proceso específico, el cual contempló la realización de una consulta indígena en la que el 59.18% de la población votó en favor del cambio de régimen.
El doble filo de las consultas
Respecto al proceso de consulta indígena efectuado en Oxchuc, para Gabriel la manera en que fue implementada por las comunidades tzeltales no representó una imposición.
“Las 120 comunidades se consultaron, e incluso los que optaban que permanecieran los partidos políticos, participaron también en las asambleas. No pueden decir ellos que han sido excluidos en la participación democrática del cambio de gobierno de Oxchuc, porque ellos fueron tomados en cuenta. Ellos supieron cómo se instauró y cómo se formó nuestro gobierno comunitario, respetando la paridad y participación política de las mujeres”.
No obstante, el abogado reconoce la diferencia entre el uso de la consulta por parte del Estado, en contraste con el proceso de autoconsulta en Oxchuc, pues cuando es el gobierno quien efectúa el ejercicio, no cumplen con los criterios de la libre determinación.
“Es que realmente el pueblo sea quien tome la batuta y sea quien ejerza su forma de vida interna de su propia comunidad, eso es lo que se debe de hacer, (construidas) con los pueblos, desde los pueblos”, enfatiza el abogado tzeltal y expone como ejemplo lo que realizó el IEPC.
“Le llamó ‘consulta indígena’ cuando ellos propusieron el reglamento para atender a la solicitud de cambio de régimen de gobierno. Hicieron dos foros y en esos foros según invitaron a las autoridades comunitarias de todos los municipios. Pero son foros, no fueron consultas. Las consultas se deben hacer desde donde está la población y el ejemplo exacto es lo que se hizo en Oxchuc”, explica el abogado tzeltal.
A diferencia del simulacro oficial, explica Gabriel, existieron distintas etapas de la consulta indígena, mediante la cual se realizaron 120 asambleas comunitarias informativas, además del mismo número de asambleas para recibir propuestas, otras 120 para las determinaciones y una asamblea plenaria para determinar y hacer los votos correspondientes.
En dicha asamblea plenaria, realizada el 5 de enero del 2019, el 59.18% de la población optó por desterrar a los partidos políticos de Oxchuc y en favor de implementar el gobierno comunitario, el nombramiento de las autoridades bajo el propio sistema normativo interno de las comunidades tzeltales.
Pese a un aparente cobijo por las instituciones del Estado, el ejercicio de la libre determinación de Oxchuc representa un peligro para el oficialismo por la influencia que germina en los pueblos originarios de esta región. A pesar de vivir una serie de opresiones con siglos de antigüedad, Oxchuc preserva la resistencia, memoria histórica y organización colectiva para reivindicar su Gobierno Comunitario.
Sin embargo, en este 2021, año marcado en el calendario electoral federal, este proceso se ve amenazado por la violencia estructural del Estado mexicano. En la segunda parte de este reportaje se detallará las amenazas al Gobierno Comunitario en Oxchuc y la violencia sufrida por aquellos que lo defienden.
Comunicado de Otros Mundos en solidariadad al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) a dos años del asesinado del compañero Samir Flores – A 19 de febrero de 2021
A dos años del asesino del compañero defensor y comunicador náhuatl Samir Flores Soberanes, desde Chiapas nos súmanos a las voces que gritan: ¡¡JUSTICIA PARA SAMIR!!. Samir era habitante de Amilcingo, Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria Amiltzinko, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo, un defensor de la vida.
Es indignante y preocupante la grave imposición de megaproyectos en todo México como la Termoeléctrica en Morelos, el gasoducto en Oaxaca o el mal llamado Tren Maya en Chiapas. Nos llena de rabia y dolor saber que defender la vida tiene un costo alto como la vida misma. Sin embargo, no callarán nuestras voces, seguiremos luchando por defender el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.
A Samir le arrebataron la vida, pero Samir sigue vivo en cada una de las personas que luchan por el bien común. Samir es una llama en las luchas por la vida en México, esa llama que ilumina y mantiene prendido el fuego de la esperanza por construir un mundo mejor, un mundo más justo para todas y todos. Recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
¿Hasta cuándo defender la vida será un delito? Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. México se encuentra entre los cuatro países más peligrosos para las y los defensores ambientales, después de Filipinas, Colombia y Brasil, de acuerdo con el informe que la organización Global Witness presentó en julio de 2020.
Exigimos justicia para Samir Flores, alto al hostigamiento y amenazas contra los defensores que mantienen el plantón frente a la termoeléctrica de Huexca: Justicia para Fidel Heras y Miguel Vázquez Martines, defensores de los ríos en Oaxaca y Veracruz, asesinados recientemente.
¡Samir y Zapata viven, la lucha sigue! ¡Vida sí, termo no! ¡Agua sí, termo no! ¡ Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida ! ¡ Alto a la devastación ambiental! ¡Cancelación a los megaproyectos ya!
Imagen: Imágenes: Brigada de arte comunitario “Talimakalsinan nanu” y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell
El Túmin toma cada vez más fuerza en la economía local en el Valle de Jovel, cada mes se realiza un tianguis de economía solidaria promoviendo el consumo local. El año pasado se cumplieron 10 años de la creación de esta moneda en Veracruz, para celebrarlo se realizó un tianguis especial donde se entrevisto a la gente para conocer su opinión sobre el túmin y el proceso de adaptación de la moneda en la ciudad. Conoce su opinión a través de este video.
La moneda comunitaria “Túmin” es un instrumento de papel moneda de 1, 5, 10 y 20 Túmin para facilitar el intercambio y dinamizar la circulación de nuestros productos y servicios entre los barrios, las colonias y los pueblos, entre la zona urbana y rural. Es para completar el gasto familiar con el fin de cubrir las necesidades, para mantener nuestras fuentes de ingresos y empleos, para que la riqueza y los beneficios sean para nosotros y se queden entre nosotros y nosotras; pero también para incrementar los lazos de confianza y solidaridad.
Si quieres conocer más sobre el Túmin en San Cristóbal, los proximos tianguis y los socios tumista visita el grupo de Facebook «Túmin San Cristobal«.
