El feminicidio y la violencia contra las mujeres; ambas pandemias ignoradas por la 4T

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 14 de mayo de 2020

Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un aumento de la violencia hacia las mujeres debido al confinamiento forzado por el Covid-19, agregando además que “la familia mexicana es una unidad fraterna”, dejando de manifiesto que tenemos un Presidente que desdeña e ignora las investigaciones y estadísticas y, en consecuencia, gobierna con un sentido común ralo y falso que lo lleva a una toma decisiones equivocadas o hace declaraciones sin sustento alguno, peor aún, usa su ya célebre frase “yo tengo otros datos” enviando un claro mensaje para deslegitimar las luchas y resistencias que desde hace décadas se han consolidado en el acompañamiento de mujeres que sufren de violencia de género.

En uno de los tantos estudios que existen sobre la temática, destacamos que el Estudio Mundial sobre el Homicidio, Asesinatos de Mujeres y Niñas por motivos de Género; realizado por la oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, determinó que alrededor de 87,000 mujeres habían sido asesinadas en solamente un año en todo el mundo, de las cuales 50,000 habían sido a manos de compañeros íntimos o familiares. Por lo que esa institución internacional alertó que el lugar más peligroso para una mujer es su hogar. https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

En México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de este año ha sido el más violento desde 2015. De enero a marzo del presente año han sido asesinadas 964 mujeres. Asimismo, se han registrado 26,695 casos de violencia contra las mujeres, datos por demás contundentes, pero que el Presidente de la República desdeña, porque evidencian su equivocada y atropellada política de atención al tema.

Por su parte el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” informa que desde el 20 de marzo al 7 de mayo hubo 21 feminicidios, de los cuales en 12 de los casos existía vínculo de pareja con el asesino, es decir, un feminicidio cometido por un esposo o enamorado actual o anterior, a lo que se le conoce como feminicidio íntimo o asesinato por la pareja.

Tal parece que el presidente también ignora las 115,614 denuncias que las mujeres han hecho al #911 tan solo en el mes de marzo de este año, para reportar incidentes de violencia intrafamiliar, de pareja, violación, acoso sexual y abuso, lo cual es un reflejo del contexto violento que viven mujeres y niñas en casa. Esto es 155 mujeres violentadas cada hora https://www.semmexico.mx/?p=20411 .

Si bien el llamado a “quedarse en casa” y el cierre de actividades económicas son medidas necesarias para evitar los contagios de COVID-19, es también un hecho que dicha estrategia se aplica de forma homogénea y desdibuja o no reconoce o desconoce las particularidades para que ese encierro trascienda de forma segura para todas las personas en situación de violencia familiar. Mientras el estado mexicano no brinde las condiciones materiales necesarias para “quedarse en casa” y/o se queden en sus hogares con precariedades, seguramente seguirá presentándose violencia doméstica, sexual, psicológica, económica y laboral e institucional en contra de las mujeres.

Como REMA-Mujeres nos unimos a la exigencia para que se tomen las medidas necesarias para proteger la vida de las mujeres, niñas y niños al interior de sus hogares y para quienes tienen que seguir saliendo a trabajar, muchas veces en condiciones de precariedad. Es urgente que el gobierno reconozca las condiciones de desigualdad de las mujeres en el país, así como la violación a los derechos humanos y laborales. Reivindicamos que, en momentos de crisis, son preponderantes la voz, el pensamiento y las actividades de las mujeres para afrontar y reconstruir la vida tanto en el campo como en la ciudad. Así mismo reconocemos que la economía no está parada en gran medida porque las mujeres seguimos trabajando en casa en actividades reproductivas como los cuidados de la familia, lo que hoy más que nunca debería ser reconocido en el universo de la economía y también seguimos en las calles con actividades productivas.

Cuando decimos que el machismo mata y que el patriarcado mata no es sólo una consigna de denuncia, sino una práctica que nos lastima y/o acaba con la vida de nosotras. Las cifras de denuncias oficiales y datos periodísticos, como los mencionados, nos muestran la desigualdad más atroz a las que nos estamos enfrentando las mujeres y las niñas durante la pandemia. En tiempos de COVID-19, la guerra contra las mujeres y las niñas se manifiesta en los hogares y en los espacios laborales, por lo tanto, es urgente que se reconozca para poder frenarla con la atención necesaria, tanto del estado mexicano como de las y los ciudadanos para no permitir más violencia contra las mujeres y niñas, lo cual también debe reconocerse y actuar en consecuencia como un problema grave de salud pública.

Por otra parte, el cierre de actividades económicas ha visibilizado las desigualdades laborales en las que vivimos las mujeres, empeorando las condiciones con trabajos pesados y poco salario, sin medidas de seguridad, como por ejemplo; los casos de las trabajadoras domésticas que están siendo forzadas a cuidar de otras familias sin medidas de protección, las jornaleras o trabajadoras en las maquilas que han sido despedidas sin liquidación o son amenazadas de perder el trabajo y tienen que seguir laborando a riesgo de enfermarse y hasta morir.

Además, las mujeres que se encuentran en el sector informal: pequeñas comerciantes y vendedoras de comida, cuyo ingreso es parte medular de la economía familiar, se han visto radicalmente afectadas a partir de imponer medidas de aislamiento y de alternativas de acciones y trabajo inexistentes para ese como el trabajo en línea o desde casa, además de que no cuentan con las condiciones mínimas como un espacio adecuado para realizarlo, también se ha incrementado la carga laboral, incluyendo el tema educativo de hijas e hijos y quienes al margen del cuidado y atención que de forma preferente realizan las mujeres, la mayoría de las familias carecen de internet, computadora o Tablet que sólo viene a acrecentar las desigualdades en un país que nos dicta reglas homogéneas para una población heterogénea, lo que ratifica que este gobierno no atiende ni la desigualdad ni la pobreza, por lo tanto, se hace más notorio observar otras desigualdades; de clase, género y etnia y, por si todo lo anterior fuera poco, las mujeres somos también las que contenemos las crisis emocionales, conductuales y cognoscitivas de sus familiares.

No podemos dejar de señalar a todas las mujeres que han sido o están siendo afectadas por proyectos extractivos, porque además de los anteriores problemas de violencia, nos encontramos en mayor riesgo al vivir en lugares contaminados, con violencia generada por fuerzas armadas legales e ilegales, y atendiendo los daños a la salud de la familia en general. ¿Cómo lavarse las manos, en estos tiempos de pandemia si el agua está contaminada con metales pesados o las empresas han desecado las fuentes de agua? ¿Cómo seguir manteniendo la sana distancia en nuestros hogares y comunidades ahora que se da luz verde para la reapertura de la minería y se reintegran miles de trabajadores de diferentes partes del país sin tener claridad del potencial contagio que se puede generar? ¿De verdad creen que el gel y la sana distancia serán suficiente para este tipo de retornos masivos y sin control alguno?

Reprobamos enérgicamente que AMLO argumente como ejemplares “los valores familiares de México” en este país que ha negado y sigue negando la violencia machista, patriarcal y estructural que vivimos, empezando por el desdeño a tratar de forma integral “las violencias” de género por parte del propio Presidente de la República.

Resaltamos nuestra importante aportación al sostenimiento de la vida durante esta crisis sociosanitaria, política y económica que se entrelaza a la ambiental que el despiadado modelo de consumo ya venía generando. Resaltamos nuestro relevante papel en la reconstrucción de nuestro pensamiento y acción, la sororidad y el saber hacer comunidad que sin duda alguna nos apoya a rescatar nuestra sociedad.

Agradecemos a todas las mujeres defensoras quienes se atreven a denunciar las violencias de género y alzan la voz para posicionar políticamente otras formas de vida. Nos unimos al compromiso de denunciar y actuar frente a las violencias de género que vivimos en los hogares. Agradecemos a las enfermeras, doctoras, recolectoras de basura, entre muchas otras mujeres que están haciendo que este caos sea menor.

Desde la REMA Mujeres exigimos una estrategia en la que se busque la forma de terminar con este horror de pandemia de feminicidios y violencia de género, misma que podría empezar por realizar un mapeo, al igual que sucede con el COVID-19, que nos vaya informando minuto a minuto la cantidad y tipo de agresiones que sufrimos a lo largo de nuestro país, y no solo aparezcamos en notas periodísticas, sino dentro de una estrategia y solución nacional.

Fimra

REMA MUJERES

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Una manifestante sostiene un globo en una marcha contra los feminicidios en Monterrey, México, 17 de septiembre de 2017.Daniel Becerril / Reuters

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Juez federal otorga suspensión de obras del Tren Maya en municipios de Chiapas

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre el proyecto del Tren Maya – A 8 de mayo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y defensores del territorio anunciaron que una juez federal otorogó la suspensión de las obras del megaproyecto del Tren Maya en los municipios en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, luego de que comunidades del publo maya ch’ol se ampararan contra las decisiones administrativas del gobierno federal para continuar con la construcción del megaproyecto a pesar de la pandemia de coronavirus.

La organización Indignación y los habitantes de los municipios beneficiados explicaron que, con la suspensión, la juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del Tren Maya bajo el contexto de la pandemia «podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como al agua, el medioambiente, recursos naturales, etc».

Los defensores indicaron que, a pesar de que la suspensión es provisional y que la definitiva se resolverá el próximo 14 de mayo, la decisión de la juez «permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado Tren Maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo», por lo que llamaron a la juez a considerar las afectaciones por el megaproyecto y ratificar su resolución.

A continuación el comunicado completo:

Abstenerse de realizar actos tendentes a la ejecución del proyecto denominado “Tren Maya”, en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas determinó el  Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas, al conceder la suspensión a un grupo de personas pertenecientes al pueblp Maya Ch’ol de esas comunidades que se ampararon frente a diversos actos administrativos del ejecutivo federal, que determinaban la continuación de las actividades correspondientes al tren maya a pesar de la pandemia derivada del virus Covid-19 que se vive en el país.

El día 07 de mayo, diversas personas pertenecientes al Pueblo Maya Ch´ol asentadas en los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, presentaron una demanda de amparo en contra del Presidente de la República, del Secretario de Salud Federal y del Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) por la emisión tanto del acuerdo del día 06 de abril, emitido por el Secretario de Salud, como del Decreto del 23 de abril, firmado por el Presidente de la República, mediante los cuales se determinaba la continuación del proyecto denominado “tren maya” entre otros proyectos sexenales, a pesar de la pandemia derivada del Covid-19.

Entre otras cosas, los quejosos señalaban que la continuación del proyecto del tren maya en este contexto de la pandemia, violaba su derecho a la salud por el riesgo de contagio por el Covid-19, poniendo en riesgo también el derecho humano principal a la vida. Además los habitantes de esas comunidades argumentaron que mantener los trabajos del tren maya en época de pandemia les impedía participar en las manifestaciones de impacto ambiental y social a las que como comunidades tienen derecho frente a cualquier tipo de megaproyecto.

Al resolver sobre la admisión del amparo y la suspensión, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas determinó que era procedente otorgar la suspensión pues en estos momentos debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades, pues los trabajos que conlleva tal infraestructura requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y en consecuencia las mismas requerirán diversos servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas.

La misma juez señaló que:

Esta situación de manera indudable potenciarían el riesgo de los habitantes de la comunidad Maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19, y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos y recuperarse al evadir las reglas dadas por las autoridades sanitarias para la contención del multicitado virus, esto es, cumplir resguardo domiciliario corresponsable y sana distancia, al permitir a los pobladores y no pobladores la realización de actividades distintas a las esenciales de alimentación, atención médica, seguridad, movilidad interna, servicios funerarios, servicios públicos indispensables (agua, alcantarillado, luz).

Máxime que de continuar con el proyecto denominado “Tren Maya”, se traduciría en una alteración en la tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, entre otros, en los que tienen su asiento los pobladores Maya Ch’ol, alteraciones que sin duda alguna ocasionarían un daño irreparable a dicha comunidad.

En ese sentido, la Juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes de las comunidades Ch´oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del tren maya bajo este contexto podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como el agua, el medioambiente, recursos naturales etc.

Si bien la suspensión decretada por la Juez es provisional, puesto que la definitiva se resolverá en audiencia del día 14 de mayo, consideramos que la misma permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado tren maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo. En esa tesitura, resulta fundamental que el día 14 de mayo dicha Juez ratifique esa suspensión para no dejar en estado de indefensión a las comunidades indígenas frente a los graves riesgos que entraña la continuidad del proyecto del tren maya. Además es importante considerar que al momento de resolver la suspensión definitiva aún nos encontraremos en la tercera fase de la pandemia con lo cual aumenta el riesgo a la salud, por tanto es también necesario decretar la suspensión definitiva como medida de mitigación ante el COVID-19. En ese mismo sentido, esta nueva suspensión es un llamado más al ejecutivo federal sobre lo arbitrario de un proyecto que es impulsado a toda costa sin brindar información, ni mucho menos garantizar la participación de las comunidades indígenas afectadas.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Habitantes Ch´ol de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua

Imagen: Desinformémonos

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Daniel Atala Midence, Responsable del Asesinato de Berta Cáceres, debe ser enjuiciado y castigado

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 11 de mayo de 2020

Hace una semana se hizo la solicitud formal al Ministerio Público de requerimiento fiscal contra Daniel Atala Midence por el delito de asesinato y asociación ilícita, como parte de la autoría intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General y miembra fundadora del COPINH.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras comunica lo siguiente:

  1. Existe prueba contundente acerca de la participación de Daniel Atala Midence, en la persecución, criminalización y vigilancia derivados en el asesinato de Berta Cáceres, por lo cual esta persona debe de ser procesada y enjuiciada.
  2. Desde hace más de 4 años el Ministerio Público, dirigido por Óscar Chinchilla, cuenta con prueba clara y suficiente que vincula a Daniel Atala Midence, miembro de la familia Atala Zablah, con la autorización de pagos para monitorear, perseguir, criminalizar y judicializar a Berta Cáceres, acciones que concluyeron con su asesinato.
  3. En octubre de 2018 el COPINH, junto a hijas, hijo y madre de Berta Cáceres presentaron ante la oficina del fiscal general, Óscar Chinchilla, documentación clara que sustenta la solicitud de procesamiento y enjuiciamiento contra esta persona y otros autores intelectuales del crimen.
  4. Daniel Atala Zablah, fungió como gerente financiero de la empresa DESA, y dirigió junto a David Castillo las acciones ilegales con el objetivo de construir la represa Agua Zarca, que resultaron en el asesinato de 6 personas incluyendo Berta Cáceres. Es hijo de José Eduardo Atala Zablah, y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah miembros de la junta directiva de dicha empresa, máximos responsables de las decisiones tomadas.
  5. La sentencia del proceso EXP.388acu.414 contra los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, textualmente dice: “(…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el señor Sergio Rodríguez y otros más que no son parte de este proceso.
  6. El Estado de Honduras ha tenido más de 4 años para deducir las responsabilidades e implementar las acciones legales para sancionar a esta estructura criminal, por lo cual se enfrenta a procesos de demandas internacionales al mantener la impunidad. 
  7. La falta de justicia teniendo pruebas no solo es impunidad sino corrupción.

¡La Justicia tardía no es justicia!

¡Justicia para Berta!

Dado en la ciudad de La Esperanza a los 11 días del mes de Mayo del año 2020.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

¿Quién es Daniel Atala Midence?

Gerente Financiero de Desarrollos Energéticos S. A (DESA), acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres.
Existe prueba clara que vincula a Daniel Atala en el asesinato de Berta Cáceres. Él debe de ser procesado y enjuiciado.

La falta de justicia teniendo pruebas no solo es impunidad sino corrupción.

¿LA CORTE CONTRA LOS PUEBLOS?

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la Ley Minera en México próxima a discutirse – A 11 de mayo de 2020

En las próximas horas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynez respecto de la constitucionalidad de la Ley Minera en el Amparo en Revisión 928/2019; se trata de un asunto fundamental ante la creciente oleada de proyectos que despojan y atentan contra la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas en nuestro país.

En septiembre del 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla, instruyó -en ejercicio de su autonomía- al Consejo Maseual Altepetajpianij a llevar a cabo las acciones legales necesarias para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento y sin haber sido convocados a participar en un proceso de toma de decisiones que directamente les involucraba.

En una primera resolución en septiembre del 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios; sin embargo, al tiempo que concedía el amparo, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Puebla, evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera en la que la Secretaría de Economía se apoya para otorgar dichos títulos de concesión. Frente a la omisión del juzgado las comunidades indígenas afectadas presentaron un recurso de revisión que en breve será resuelto por la Suprema Corte.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hemos denunciado insistentemente que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico diseñado para facilitar y hacer posible que el Modelo Extractivo Minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente. Entre otras cuestiones, hemos advertido que la Ley Minera considera las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales como de “utilidad pública” y como “preferentes” sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, además de que en el procedimiento de toma de decisiones para el otorgamiento de las concesiones mineras no se considera la participación de los pueblos indígenas vulnerando con ello su autonomía y su derecho a decidir; cuestiones sobre las que debería pronunciarse la Segunda Sala de la Corte.

En días pasados, sin embargo, se dio a conocer la versión pública de la resolución que el ministro Javier Laynez propone para su discusión, la cual deja intocado ese entramado jurídico al considerar que “el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados.»

No omitimos señalar que, bajo las actuales disposiciones de la Ley Minera, la Secretaría de Economía ha entregado más de 25,000 concesiones que están generando graves conflictos sociales en todo el territorio nacional.

Por ello, desde las comunidades, pueblos, organizaciones y colectivos que somos la REMA, en solidaridad con la lucha del pueblo Maseual y haciendo nuestras sus exigencias, llamamos, respetuosa pero enérgicamente a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y a sus homólogos Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Franco González Salas a no atender el proyecto del ministro Laynez y a discutir sobre las diversas disposiciones de la Ley Minera que resultan violatorias de los derechos humanos de los pueblos indígenas para ajustarla a nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México es Estado Parte.

¡JUSTICIA y LEGALIDAD! ¡ACABAR CON LA IMPUNIDAD EN LA OPERA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Forbes. Crédito: Grupo México

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El Escaramujo 94: RADIOGRAFÍA DE EJIDOS Y BIENES COMUNALES

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 94 en pdf<<

Los mayores megaproyectos del Gobierno Federal se ubican en el Sur-Sureste del país. El Corredor Transístmico hasta con 10 parques industriales, las Zonas Económicas Especiales, la Refinería Dos Bocas, la extracción petrolera, los pozos de fracking, el gasoducto a Centroamérica, el Tren Maya, las represas hidroeléctricas, la planta de geotermia; los parques eólicos, el turismo de élite, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas; los aeropuertos, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera, los servicios ambientales y la privatización de material genético, los proyectos mineros y la Carretera de las Culturas que uniría la Costa de Chiapas con el Caribe. Estos megaproyectos requieren de la apropiación de gigantescas extensiones de territorios. Todos ellos en medio de mucha militarización con la Guardia Nacional, violencia del narcotráfico y de grupos armados que desplazan comunidades indígenas en la Zona Norte y Altos de Chiapas, así como oleadas de migrantes que aumentarán al finalizar el confinamiento por el COVID-19 y vuelta a la supuesta “normalidad”. También el gobierno desea impulsar mayores inversiones y atraerlas al Sur-Sureste donde presume que hay abundante agua y tierras entre otros recursos favorables para la inversión nacional y extranjera.

El Gobierno Federal no desea ahuyentar la inversión de las Corporaciones y promete respetar lo que en el marco de las leyes aprobadas anteriormente se ha otorgado, lo que agudiza las disputas territoriales. Por otro lado, la ratificación de la modernización del tratado comercial entre México y la Unión Europea que inició en 2016 y finaliza en medio de la pandemia, amenaza con más privatizaciones, mayor actividad extractivista y agudización de la pérdida de la soberanía alimentaria. Por su lado, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC cuyas negociaciones terminaron en 2018, entre otros acuerdos de libre comercio que el gobierno mexicano ha firmado con decenas de países, profundiza la dependencia y la pérdida de la soberanía nacional. En total, México ha firmado Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Preferenciales o Acuerdos Parciales con más de 60 países.

Por ello, la apertura de las fronteras a las Corporaciones amenaza los territorios indígenas y campesinos en el Sur-Sureste. Sin embargo, se encuentran con un gran obstáculo en el caso de Chiapas: el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales.

Los territorios en disputa

En México existen tres tipos de Propiedad: Pública, Privada y Social. La Propiedad Social incluye a los Ejidos y a los Bienes Comunales regidos por la Ley Agraria con el fin de garantizar la propiedad de la tierra a los indígenas y campesinos y evitar su concentración en pocas manos. Antes de 1992 constitucionalmente estaba prohibida la privatización de esta Propiedad Social.

El Ejido es un núcleo de población con personalidad jurídica, con patrimonio propio y propietarios de tierras que se les han dotado, que han sido compradas, se les han incorporado o se han adquirido por cualquier otro título. En el caso de los Bienes Comunales es igual, pero la diferencia es que sus tierras las han obtenido mediante resolución presidencial de reconocimiento, por restitución, jurisdicción voluntaria promovida por quienes guardan el estado comunal o mediante resolución en un juicio. Ambos se dividen en tres áreas: Uso Común, Parceladas y Asentamiento humano y reserva de crecimiento. Además de los Ejidatarios/as y Comuneros/as, existen los Avecindados/as que son aquellas personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que la asamblea ya los reconoce; y los Posesionarios/as que incluyen a las personas que tiene una parcela dentro de un ejido y/o comunidad, pero no se cuenta con certificado de derechos agrarios.

La Propiedad Social, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, ocupaba el 52% del territorio nacional. Por ello el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modifica muchas leyes para hacer posible el TLCAN, entre ellos la modificación en 1992 del Artículo 27 de la Constitución que prohibía vender la Propiedad Social con el fin de privatizar la tierra y dar entrada a las inversiones extractivistas y de infraestructura en sus territorios.

Para ello se inventó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que funciona entre 1993-2006 para delimitar las tierras de Propiedad Social y desincorporarla de los Ejidos y Bienes Comunales y así dar “seguridad jurídica” a las inversiones nacionales y trasnacionales. Este Programa fue implementado con mucha coerción, con engaños, con trampas y presiones de no recibir programas de gobierno si los indígenas y campesinos no delimitaban sus tierras para repartirlas y venderlas. En este proceso el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural así como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), jugaron un papel fundamental en la imposición y las divisiones comunitarias. Con el cambio de gobierno, el PROCEDE cambió de nombre en 2007 a Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y luego cambia de nombre a Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR).

Como se observa en el mapa catastral más abajo, de todo el territorio de Chiapas, el 64% es Propiedad Social. Esto significa que indígenas y campesinos, son dueños/as de la gran mayoría del territorio estatal (color verde en el mapa). El 28.25% es Propiedad Privada (color café oscuro); el 5.86% es Propiedad Pública Federal; y sólo el 0.75% es Área de Zona Urbana (color amarillo). El 0.16% son Áreas de Proceso de Actualización.

En Chiapas existe un total de 3,253 núcleos agrarios de Propiedad Social (entre Ejidos y Bienes Comunales), y suman 482,807 las personas legalmente dueños/as de estas propiedades colectivas.

Del total de los núcleos agrarios, existen 3,164 Ejidos en 114 Municipios que representan el 91.9% del total de Municipios de la entidad. Por otro lado, hay 89 Bienes Comunales en 38 Municipios que representan el 30.6% del total de los Municipios.

El total de Ejidatarios/as asciende a 344,277, de Comuneros/as 78,388, de Avecindados/as 6,370 y el total de Posesionarios es de 53,772.

En todos los 124 municipios en que se divide el territorio del estado de Chiapas hay Propiedad Colectiva. No existen proyectos mineros, de represas o cualquier otro megaproyecto donde no tenga que intervenir el Municipio y la Asamblea de los núcleos Agrarios con quien la empresa se ve obligado a negociar o confrontarse con ellos. No hay megaproyecto sin un grado de conflicto.

Existen 6 municipio de reciente creación que se formaron de otros Municipios con Propiedad Colectiva: El Parral (2011) que se desprende del Municipio de Villacorzo; Emiliano Zapata (2011) de Acala; Belisario Domínguez (2011) de Cintalapa; Mezcalapa (2011) de Tecpatán; Capitán Luis Angel Vidal (2017); Rincón Chamula San Pedro (2017) de Pueblo Nuevo y desplazados de Chamula. Solo Mezcalapa está identificada en el Registro Agrario Nacional (RAN), y los demás están aquí contabilizados en sus antiguos municipios a los que pertenecían.

Los 5 Municipios con el mayor número de Ejidos son, por orden de importancia: Ocosingo (212), Las Margaritas (168), Palenque (166), Salto de Agua (113) y la Trinitaria (103).

Los 6 Municipios que solo están compuestos por un Ejido son: Chicoasén, Metapa, Mezcalapa, Ocotepec, Santiago El Pinar y Sunuapa.

De los 38 Municipios que cuentan con Bienes Comunales, 22 de ellos tienen solo un Bien Comunal, 8 Municipios cuentan con 2 Bienes Comunales, 4 Municipios cuentan con 3 Bienes Comunales. Comitán y Ostuacán con 5 cada uno, Pijijiapan con 11 y Las Margaritas con 18 Bienes Comunales, quien encabeza la lista de más comunidades en su territorio municipal.

Solo 5 Municipios están formados por un Bien Comunal: Aldama, Chalchihuitán, Mitontic, Nicolás Ruiz y San Juan Cancuc.

Existen conflictos fuertes entre comunidades y ejidos por la delimitación de las tierras que han llegado incluso a enfrentamientos armados y población desplazada. En muchas ocasiones el padrón no está actualizado y en otras las Asambleas han perdido el rol que legalmente les corresponde. Pocos son los ejidatarios/as y comuneros/as que conocen la Ley Agraria que rige sus territorios.

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Inician obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya: Fonatur

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el Tren Maya – A 4 de mayo de 2020

Ciudad de México. Las obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya, de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, comenzaron este fin de semana con un número reducido de trabajadores debido a la pandemia de Covid-19, confirmó el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

“Sí empezaron pero lentamente y con pocos trabajadores”, señaló el funcionario.

Durante el fin de semana, máquinas de construcción como palas cargadoras, excavadoras y retroexcavadoras (conocidas como manos de chango) fueron movilizadas a unos 8 kilómetros de Palenque, Chiapas. Las máquinas operaban a los costados de las antiguas vías férreas del entonces Tren Chiapas-Mayab.

Los trabajadores habilitan como campamentos a las antiguas estaciones e instalaciones de ese tren, hoy en desuso, señaló Jiménez Pons. Hubo reuniones de las direcciones técnicas de Mota Engil México Sapi, la empresa que encabezó el consorcio ganador de la licitación internacional para ese tramo, con los equipos de supervisión del proyecto, el cual es considerado el más importante de infraestructura del gobierno mexicano.

La licitación internacional para el tramo 1 del Tren Maya fue adjudicada al consorcio integrado por la portuguesa Mota Engil México Sapi y la estatal China Communications Construction Company, junto con otras tres compañías mexicanas: Gavil Ingeniería, Eyasa y Grupo Cosh.

La construcción del primer tramo tendrá una longitud de 227 kilómetros.

El Tren Maya, que tendría una longitud superior a los mil 460 kilómetros y atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tendrá una vocación de transporte de pasajeros, turístico y de carga.

Imagen: Este fin de semana iniciaron las obras de construcción del primer tramo del Tren Maya. Foto cortesía Fonatur

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Más de 20 mil firmas piden a CONAGUA que salga la Coca Cola de San Cristóbal

Actualización de la petición a 15 de mayo de 2020, se han recabado veinte mil quinientas ochenta y seis firmas pidiendo a CONAGUA retirar la concesión de aprovechamiento de agua a FEMSA-Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

>>Firma le petición aquí<<

San Cristóbal de Las Casas, Chi. 8/05/2020| En solo tres días la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para revocar la concesión de aprovechamiento de agua para la empresa FEMSA en Chiapas alcanzó las diez mil setecientas firmas. Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.

Ilustración por Colectivo Alter-Navitas

Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.

Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.

La población de San Cristóbal a expresado porque firma y apoya la petición, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua

Diversas organizaciones y colectivos se han pronunciado a favor de revocar la concesión a dicha empresa: «sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad».

Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas

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Minera derrama casi 6 millones de litros de desechos tóxicos en Durango

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 mayo de 2020

En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que la empresa Exportaciones de Minerales de Topia derramó desechos tóxicos en las inmediaciones del río Humaya que fluye por los Estados de Durango y Sinaloa, poniendo en riesgo la salud de la población de las comunidades cercanas, situación que se agrava ante la imposibilidad de contar con agua suficiente y limpia durante el resto de la contigencia por el COVID-19.

Mediante un comunicado oficial publicado el lunes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), señaló que el derrame supone un total aproximado de 6 mil metros cúbicos de jales por lo que clausuró de manera “temporal total” la operación de la empresa que se dedica al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc) en el municipio de Canelas, Durango.

Aunque en su comunicado no se específica el tipo de jales que se derramaron, en términos generales se trata de los desechos integrados por una mezcla pastosa y acuosa que contienen altas concentraciones de metales pesados tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, los cuales son el resultado de los procesos de la molienda de las rocas, y en algunos casos derivados de los procesos de lixiviación, una vez que han sido extraídos los minerales de interés.

De acuerdo con el comunicado, fue la propia empresa quien informó sobre el derrame de 5 mil litros de jales en sus instalaciones; sin embargo, luego de una visita de inspección, la PROFEPA concluyó que en realidad se trataba de un derrame de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales líquidos, por lo que luego de recorrer las zonas afectadas y recabar información sobre los daños ambientales causados, entre otros, se observó que el jale se había impregnado sobre el cauce del Arroyo San Bernabé en una longitud de 2 km sobre su margen y que la contaminación se extendió hasta la localidad de San Bernabé, lo que permitió determinar la “clausura total temporal de la operación de la empresa”.

PROFEPA informó que el derrame se debió a la ruptura de una presa de jales tóxicos, la cual fue sobrecargada más allá de los límites de su capacidad, lo cual demuestra una vez más la irresponsabilidad en la que operan estas empresas, al no respetar sus procesos de control internos.
Además de la clausura total temporal de sus operaciones, la PROFEPA impuso, como medidas hacia la empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa y la limpieza de los jales en las zonas afectadas, así mismo, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el ambiente.

Desde la REMA hemos advertido el deber de cuidado que las empresas del modelo extractivo minero no suelen incorporar en sus operaciones diarias ni en el manejo de insumos y residuos tóxicos. Desde este punto de vista, la ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades responsables quienes deberían de supervisarles de forma preventiva.

Desde la REMA exigimos una investigación seria, a fondo y ejemplar, que concluya con resoluciones y sentencias condenatorias, así como con la clausura total definitiva de la empresa Exportaciones de Minerales de Topia. Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento de la ley.

¡BASTA DE IMPUNIDAD!

!FUERA MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Derrame de presa de jales en Canelas, Durango. (Especial), Milenio

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Cooperación Alemana, GIZ GmbH: Requiere Empresa Consultora legalmente establecida en un país de la región de Latinoamérica para consultoría

AMPLIACIÓN DE PLAZO
PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

CONVOCATORIA PARA CONSULTORÍA
Ref. No. 83354269

La Cooperación Alemana, implementada en Bolivia por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a través del Proyecto Promoción de la Movilidad Urbana Eléctrica en Uruguay – Implementación del Programa de movilidad urbana sostenible de EUROCLIMA+, requiere realizar la contratación de una Empresa Consultora legalmente establecida en un país de la región de Latinoamérica para la siguiente consultoría:

 ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Las empresas interesadas en participar podrán descargar los documentos base de la convocatoria (Términos de Referencia y más información pertinente) accediendo a los siguientes enlaces:

Para la presentación de la propuesta, la empresa consultora proponente deberá entregar:

  • Carta de presentación, confirmando el interés y disponibilidad para la asignación del servicio de consultoría.
  • Propuesta técnica (en archivo electrónico separado).
    Nota:
    No deben transcribirse los Términos de Referencia.
  • Propuesta económica (en archivo electrónico separado).

Forma de presentación: Los proponentes deberán enviar sus propuestas en formato PDF de lo contrario esto constituirá motivo para rechazar la propuesta, mediante:

La propuesta técnica y económica deberán ser remitidas en archivos electrónicos separados en el mismo correo y con el siguiente asunto:

Ref. 83354269 ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

La propuesta deberá ser enviada hasta las 13:00 horas de Bolivia del 25 de mayo de 2020.

Consultas: A través del siguiente enlace podrán acceder a las respuestas de las consultas realizadas hasta el 29/04/2020: PREGUNTAS Y RESPUESTAS Proceso No. 83354269.pdf

La Paz, 06 de mayo de 2020

La justicia para Berta está en riesgo

Compartimos esta boletín informativo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 23 de abril de 2020

El COVID-19 COMO EXCUSA PARA LIBERAR A ASESINOS

El pasado 7 de Abril COPINH denunció que trabajadores de la familia Atala Zablah, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres, pudiesen ser puestos en libertad aprovechando la crisis por el Covid-19. Así también la posible excarcelación para David Castillo, el único autor intelectual que ha sido capturado hasta la fecha.

La liberación selectiva de violadores de derechos humanos, es una muestra más de la corrupción e impunidad que promueve la dictadura de Juan Orlando Hernández. Mientras defensores y defensoras de los ríos, de la tierra, son criminalizados y judicializados, como es el caso de los compañeros de Guapinol y como lo hicieron con Berta Cáceres, el Estado de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) demuestran claramente la injusticia en los privilegios y la protección de la que gozan -como es el caso de David Castillo- agresores, asesinos y responsables de crímenes como el de Berta Cáceres.

Hasta la fecha el INP no ha contestado las exigencias de información sobre la posible excarcelación y privilegios en que se mantienen los asesinos de Berta Cáceres.

Rep. Jim McGovern: “Honduras no debe usar el coronavirus como excusa para liberar a los hombres que asesinaron a Berta Cáceres” Congresista EE.UU

Erika Guevara Rosas: “El COPINH denuncia información sobre la posible liberación de dos de los condenados por el asesinato de la prominente defensora de los derechos humanos y lideresa Lenca #BertaCáceres” Directora para Las américas @AmnistiaOnline.

TeleSur: Alerta, dos asesinos de Berta Cáceres podrían ser liberados en Honduras

Criterio.hn: Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis: alerta el Copinh

¿Y EL JUICIO DE DAVID CASTILLO CUANDO?

A 4 meses del término de privilegiada prisión preventiva que cumple David Castillo por su responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, a su defensa no le ha quedado más que inventar otra campaña de difamación en contra del COPINH, ante la claridad de las pruebas que lo vinculan al crimen. El pasado 10 de Octubre se suspendió por tercera vez la audiencia preliminar en contra de David Castillo por las acciones dilatorias de su defensa.

Actualmente, se está a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva un recurso que fue  interpuesto de manera irregular por la defensa de David Castillo, hace más de 6 meses, con el que buscan anular prueba fundamental sobre la vinculación de los criminales.

Este juicio pondrá en evidencia pública la participación de David Castillo en la coordinación del asesinato junto a Douglas Bustillo, así como  su rol de enlace como eslabón clave hacia la familia Atala Zablah. Los medios de prueba son claros e involucran a sectores de poder económico, político y militar, que hoy mismo, en medio de esta crisis, representan la descomposición del estado hondureño.

BCIE vende su participación  para desvincular su responsabilidad en crimen de Berta Cáceres.

El COPINH sobre desvinculación del BCIE al proyecto Agua Zarca

La desvinculación del BCIE de dicho proyecto de muerte, responde a la claridad que ya existe en la responsabilidad que tuvieron sus socios, la familia Atala Zablah, como responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, y por lo cual, sus empleados fueron ya condenados con una sentencia que ratificó el “consentimiento de la junta directiva de DESA” en los sistemáticos ataques, persecución, violencia y finalmente asesinato de Berta.

El BCIE no retiró su financiamiento consciente de su responsabilidad en la muerte de 6 compañeras y compañeros en Río Blanco y de Berta. La salida que escogió el BCIE es la de vender la deuda a un consorcio suizo, dando paso a que se pueda reactivar el proyecto hidroeléctrico.

Es decir, el Río Gualcarque, que defendió Berta Cáceres, aún sigue concesionado ilegalmente y con inversionistas. Así también siguen amenazadas las comunidades del proyecto “Tren de carga para Honduras”, que invadiría a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur en la isla de Amapala, territorios ya criminalizados y amenazados de ser desplazados, y detrás de esto el apoyo económico del BCIE..AQUI PUEDEN DESCARGAR NUESTRO BOLETIN La justicia para Berta está en riesgo.

Imágenes: Área de comunicación del COPINH

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La caridad insultante y el oportunismo de las empresas mineras

LA DESFACHATEZ DE SUS MANIOBRAS

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería en medio de una emergencia sanitaria por COVID 19 – A 30 de abril de 2020

Desde el inicio de las medidas de restricción generadas para controlar el nivel del contagio por la Covid-19, uno de los sectores que han estado muy activos es el minero. Aunque no hay un diagnóstico concreto por parte del Estado mexicano, aquellas empresas, que como REMA hemos logrado investigar, siguen operando bajo la argumentación de la aplicación de medidas propuestas en la “Guía de mejores prácticas de operación minerometalúrgica”: Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545863/Protocolo_de_contingencia_COVID19_REV1.0._07042020.pdf, la cual, por cierto, se escribió mucho más rápido que la controvertida “Guía bioética”, burlando de facto el que no fueron consideradas como actividad esencial, y por tanto debieron cerrar totalmente.

Al margen de no obedecer el requerimiento del Estado y de aprovechar la incapacidad de éste para supervisar su cierre -muy diferente por cierto a lo que hace con comercios establecidos en toda la ciudad-, las empresas han salido a mostrar su supuesta cara “amable y responsable en “total solidaridad para apoyar las acciones para que la población se mantenga sana”, a partir de impulsar una serie de iniciativas, mismas que, para quienes conocemos de primera mano su proceder, no podemos dejar de señalar como ofensivas.

La Covid-19 no es para ellos un problema de salud pública, sino una oportunidad más para medrar. Les permite simular lo que no son y disimular lo que son en realidad. Y esto es así, porque estas empresas, en su proceder generando como lo hacen daño ambiental, sanitario y social, constituyen un verdadero problema de salud pública. Así, por ejemplo, el día de ayer se anunció que la Minera Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Bailléres González donará un hospital para atender casos de Covid-19 en Fresnillo, Zacatecas, aunque no precisó si dicha obra la edificará dentro de los 2 millones 260,193 hectáreas que tiene concesionadas para la minería. En este torneo del oportunismo extractivista, por su parte, el 20 de abril, la empresa Esperanza Silver “de México” entregó mascarillas, guantes y despensas en hospitales y algunas comunidades circundantes a donde, desde hace varios años, pretende extraer minerales en el estado de Morelos a costa de comprar voluntades y medios de comunicación ocultando su potencial de daño múltiple. Lo mismo sucedió con la empresa minera Media Luna, filial de Torex Gold que opera en Guerrero, entregando, en un gesto de generosidad ejemplar a los pobladores de Nuevo Balsas, nada menos que “kits sanitizantes con jabón, gel antibacterial y mascarillas”, cuando el mejor kit sanitizante debe ser, en realidad, aquel que, en aras de la sensatez más básica, sanitice con eficacia a los territorios, expulsando a quienes pretenden maquillar, en el marco de la pandemia, la grave contaminación que ha ocasionado en el río Balsas dejando, que entre otros efectos, a los pescadores sin sustento para sus familia.

Así, todos los días nos vamos enterando por su publicidad de acciones de parte de este sector, que con esta comedia de la caridad sólo muestran el impresionante cinismo con el que estas empresas se desempeñan. Ya varios siglos han pasado desde la llegada de los extractivistas europeos que repartían cuentas de vidrio y espejitos, y éstos extractivistas de ahora, nacionales y extranjeros, siguen suponiendo que en este país hay muchos minerales, pero no dignidad ni ciudadanía. Y se equivocan, pretendiendo hacer creer a la opinión pública que se preocupan por la salud de la población. Mentira. Como es bien sabido, la actividad minera es una de las que más daños a la salud y al ambiente ha generado en este país. El impacto a la salud por contaminación en todas las fases de la minería, así como la violencia que esta actividad genera, van matando lentamente a miles de personas en las comunidades donde se instalan y dejando arrasados los territorios.

Con sus despensas de miseria utilizan la pandemia, al igual que la usa el crimen organizado, para incrementar el control sobre el territorio, pero en el fondo, sabemos que tarde o temprano regresarán a cobrar ese “apoyo” que hoy ofrecen de forma “incondicional”.

Habrá que investigar qué sucede al interior de cada empresa con el tema del empleo, los casos de Covid-19 que han aparecido, los despidos injustificados y otra serie de acciones que violentan los derechos, mismas que son bastante conocidas en las regiones en donde operan.

Es importante recordar que garantizar la salud en este país es competencia y responsabilidad del Estado. La pregunta no es qué hacen las empresas para evitar el Covid-19, sino qué hará el Estado para que finalmente se les aplique un marco para la rendición de cuentas a cada empresa minera por la contaminación al suelo, aire, los ríos y daños graves a la salud de la población, además del despojo y el desplazamiento forzado, generado en cientos de comunidades. Los daños e impactos acumulativos y sin fecha de caducidad, no serán borrados ni lavados con mascarillas, gel antibacterial o instalaciones hospitalarias. Estamos siendo testigos de una clara política de omisión por parte del Estado.

Las dependencias públicas encargadas de proteger la integridad de la salud de la población y del medio ambiente, carecen de una política proactiva que responda al Principio Precautorio y se adelante verdaderamente y no en el discurso a la generación de daños. La megaminería tóxica constituye un problema de salud pública y de salud ambiental ampliamente documentado. Pasar por alto este hecho incontrovertible por parte del Estado al adoptar conductas meramente expectantes, fragmentarias y parciales, lo convierte en cómplice de este modelo extractivo delictuoso.

LA OMISIÓN DEL ESTADO ES COMPLICIDAD

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Medio ambiente. Foto: Héctor Boix Cisneros

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Pronunciamiento frente a la solicitud de cancelación de la Concesión A FEMSA Coca Cola en San Cristóbal De Las Casas

Pronunciamiento de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya – A 5 de mayo de 2019

>>Firma la petición aquí<<

>>Descargar pronunciamiento en pdf<<

Entre el 4 de diciembre de 1995 y el mismo día de 2015, las concesiones de agua otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a la compañía inmuebles del Golfo S.A. de C.V. para la fabricación de la bebida conocida como Coca-Cola, permitieron que esta fábrica extranjera durante ese lapso DIEZ MIL MILLONEZ de litros de agua; un volumen equivalente a diez veces el cupo del Estadios Azteca. Las dos concesiones que la empresa tiene fueron renovadas por otros 20 años, sin ninguna consulta a las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, por lo que esta explotación ha continuado a un ritmo similar.

Cuando CONAGUA entregó la concesión a la fábrica de la empresa Femsa-Coca-Cola en 1995, el municipio tenía 116,729 habitantes. En veinticuatro años la población ha aumentado a 185,917, es decir, entre un 25 y 30%, tomando en cuenta a la población flotante. Durante este periodo las necesidades hídricas de la zona han aumentado de manera considerable.
A pesar de que no existen estudios técnicos públicamente disponibles y confiables sobre la disponibilidad de los recursos hídricos del Valle de San Cristóbal y dado el incumplimiento de obligaciones de CONAGUA, entre ellos el monitoreo de los medidores, existen dudas razonables de que el ritmo de extracción de la planta de Femsa-Coca Cola sea sostenible. En contraste, una gran cantidad de viviendas e incluso hospitales enfrentan graves insuficiencias del líquido. Esta situación, fácilmente constatable para cualquiera, permite afirmar que el agua que se destina al uso industrial de la mencionada empresa pone en riesgo el abastecimiento de agua para la población actual y futura de San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, los impactos en la salud de la población debido al alto consumo de refrescos, que hace que el estado de Chiapas ocupe el primer lugar a nivel nacional en diabetes, sobrepeso, obesidad y desnutrición, deben de ser asumidos como una prioridad del gobierno en sus tres niveles. También es importante considerar que en el momento en el que CONAGUA otorgó estas concesiones de agua, no se hacía ninguna proyección sobre los efectos del cambio climático y la importante reducción de las zonas de recarga de agua, fenómenos que afectarán substantivamente la disponibilidad de este líquido en un futuro cada vez más próximo.

Los innegables beneficios derivados de la generación de empleos (obreros, repartidores, vigilantes, personal administrativo) por parte de la fábrica de Femsa-Coca-Cola, así como los recursos que destina para el financiamiento de algunas organizaciones civiles (actividad que permite a la empresa deducir impuestos), quedan anulados y superados por los daños y riesgos que la extracción de agua produce en contra de los derechos al agua, a la salud y al ambiente sano y las necesidades de los habitantes del municipio, así como a la estabilidad de sus ecosistemas.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad; así como la de hacer uso de todos los recursos disponibles, tanto jurídicos como administrativos, para proteger la vida y sus derechos, y con ello, la sostenibilidad de la misma.

Por lo anterior, vimos con agrado que el C. Lic. Miguel Ángel de Los Santos Cruz, síndico del gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas, asuma con responsabilidad su función de defensor del pueblo y respaldamos la solicitud a la CONAGUA para revocar la concesión de aprovechamiento de agua. Cabe mencionar que esta petición recoge el sentir de miles de habitantes de barrios y colonias, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, que han exigido que se adopte esta misma medida durante muchos años.

De ahí que recibamos con profunda preocupación la negativa de la CONAGUA a atender la petición del síndico De los Santos, renunciando con ello a las obligaciones que la institución tiene con la población. Es por ello que pedimos de manera contundente que el Ayuntamiento en su conjunto respalde esta solicitud a la vez que exigimos a la CONAGUA que reconsidere su postura y cancele inmediatamente la concesión de agua a cualquiera de las figuras jurídicas que utilice Femsa-Coca-Cola.

#YoProtejoElAgua #AguaSi #CocaColaNo

Firman

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud – CCESC Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya

>>Descargar pronunciamiento en pdf<<

Imagen: Colectivo Tragameluz septiembre 2019

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