Solidaridad internacionalista con el pueblo hondureño

Compartimos el pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC, Pronunciamiento de Jubileo Sur Américas, así como las muestras de silidaridad de otras organizaciones, movimientos y personas – A 20 de julio de 2020

Urgente solidaridad internacionalista con el pueblo hondureño y sus organizaciones y movimientos

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- expresa su profunda preocupación y repudio por la ola de asesinatos y acciones violentas y de criminalización en contra de defensoras/es de derechos de los pueblos y de los derechos humanos en Honduras.

Desde hace muchos años ATALC ha hecho seguimiento a la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos sociales en el país mesoamericano; recordamos también el asesinato de la compañera Berta Cáceres, y la situación de cientos de hombres y mujeres que por la defensa de sus territorios han sido encarceladas/os, torturadas/os, y han perdido sus vidas, o las de sus familiares y compañeras/os de lucha con quienes han bregado por la dignificación basados/as en la defensa de sus espacios socialmente construidos y de sus medios de sustento.
Infortunadamente, y no obstante se ha denunciado en los planos nacional e internacional la sistematicidad criminal en contra del pueblo hondureño, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en el país.

Desde el inicio del modelo de confinamiento, basado en el Estado de excepción, que tiene claras diferencias en su ejecución dependiendo del signo del gobierno que lo implementa, pero que la derecha ha utilizado para reprimir con mayor voracidad a los pueblos, en Honduras se han cometido asesinatos sistemáticos contra ambientalistas, lideres/zas y defensoras/es de derechos.

El 2 de abril fue asesinada Iris Argentina Álvarez, integrante de la Cooperativa Campesina Cerro Escondido, al oponerse a un violento e ilegal desalojo en el sector de Los Chanchos, municipio de Marcovia, Choluteca; el 20 de mayo Edwin Fernández fue asesinado en su vivienda y en frente de sus hijos/as, era parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña –OFRANEH; el 11 de junio, en Tegucigalpa, la activista por la diversidad sexual Scarleth “Campbell” Cáceres fue asesinada a disparos. Ella hacía parte de la Organización Colectiva de Muñecas, Asociación LGTBI Arco Iris. Antonio Bernardez Suazo fue asesinado el 20 de junio, era miembro del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Punta Piedra. El 13 de julio se encontró el cuerpo asesinado de Marvin Damián Castro Molina, joven defensor de los derechos de los pueblos y coordinador de la secretaría de la Juventud en el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida –MASSVida.

En los últimos días recibimos la denuncia de OFRANEH y el patronato de Triunfo de la Cruz del secuestro por parte de hombres con chalecos antibalas con las iniciales la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fuertemente armados contra el presidente del patronato Sneider Centeno junto a Milton Martínez, Suami Mejia y Alber Sentana Thomas, quienes hasta el momento de la elaboración de esta comunicación, aún no han retornado a su territorio. Por otro lado el envenenamiento mal intencionado de los ríos de la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguan por la denuncia de la construcción ilegal de un Resort, esto supone un ecocidio y un atentado directo a la vida de una comunidad entera.

En momentos en que la crisis global de la salud y la pandemia del coronavirus azotan inclementemente a la mayoría de países y pueblos en América Latina y el Caribe, las respuestas de parte de las derechas que controlan el poder de los Estados consisten en profundizar la precarización de la vida de la población, atendiendo a las imposiciones de sus jefes imperiales y colonialistas. Adicionalmente se despliegan estrategias de producción de pánico, aislamiento, intimidación y, como denunciamos en el caso hondureño, y de otros países como Colombia, Brasil y el Salvador, criminalización generalizada a la población en lucha contra el modelo neoliberal y sus nefastas consecuencias para la salud pública y para enfrentar las complicaciones asociadas a la Covid 19.

Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género llamamos a la comunidad internacional, a los movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe y de todo el mundo a denunciar la violencia que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más hombres y mujeres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, mientras el neoliberalismo despoja territorios para el favorecimiento de las corporaciones transnacionales, lucrándose de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.

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Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC

DENUNCIA INTERNACIONAL

¡Basta de crímenes de odio contra OFRANEH!

Alto a la necropolítica del apartheid hondureño

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; otro componente para el despojo

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de julio de 2020

El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes. Este OPD podrá celebrar cualquier tipo de acto jurídico o contrato para el “desarrollo” de la región del Istmo de Tehuantepec, y le otorga la capacidad de coadyuvancia con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para los procedimientos de “consulta” a los pueblos indígenas en la región.

El Decreto dota una esfera de atribuciones que permite el fomento de la transformación territorial en la región. Si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan, en el valor comercial y su potencial para el “desarrollo global”, siempre a costa de los pueblos del Istmo.

Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca, el gobierno actual y la autodenominada 4T, parece que harán todo lo posible por, finalmente, alcanzar el tan añorado sueño. Las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando, a principios de año 2000, se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como; represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, a costa incluso, de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Sin embargo, la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, impidieron que diversos megaproyectos no se llevaran a cabo, entre ellos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes han logrado imponerse, como sucede con los parques eólicos, los cuales, más allá de la supuesta energía que generan, han sido impuestos con los clásicos procedimientos y artimañas que, entre otras cosas, han y continúan ocasionando división comunitaria.

Este tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación y la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. El decreto en si mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna, persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el estado y el poder de las empresas y sus dueños que insisten en la comercialización global. De tal manera que, por ejemplo, la ley minera o los decretos para suprimir vedas en las cuencas hidrológicas que se dictan bajo el “interés público”, en realidad funcionan para establecer un mercado de concesiones que son entregadas al uso de privados, mientras en los pueblos, ejidos y comunidades agrarias -dueños de la tierra y los usufructuarios preferenciales de los bienes naturales dentro de su territorio-, aspiran a la visión decrépita, sumisa y alineada de varias instancias de gobierno quienes se supone debieran defenderlos, tal como sucede con el INPI -continuidad de la añeja política indigenista-, así como la envilecida procuraduría agraria, dos de las principales promotoras gubernamentales del despojo, aunque no las únicas.

Actualmente la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia; el COVID-19 que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa. De la misma manera en el 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que los devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos, han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno apareciera de manera consistente sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad. Cada hecho profundiza los ataques contra el territorio, la comunalidad, la cohesión social, al mismo tiempo que debilita las estructuras productivas y económicas locales, que no son cosa menor porque, para los grandes capitales y el gobierno significa mejores condiciones para imponer el discurso del “progreso y desarrollo del sur sureste”, a partir de aprovechar el potencial regional para mejorar el flujo de mercancías y propiciar maquilas, fábricas o armadoras conectadas a otros segmentos de cadenas de valor, en donde el empleo como centro del discurso, se ofrece a cambio de la extracción de minerales y otros bienes naturales comunes, que varios pueblos indígenas de la región no están dispuesto a ceder al capital.

Para los anteriores gobiernos, para el actual y para los subsiguientes el Istmo no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global; el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas relacionadas con la venta de servicios superfluos, pero también relacionados a la acumulación por desposesión y, sobre todo, que dan continuidad al proyecto neoliberal del saqueo en donde las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking, así como de la generación de energía para empresas y no para los pueblos, si no se les detiene, continuarán siendo la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que hoy, desde el gobierno, se dice ha terminado, pero la cual, en los hechos, el proyecto de “El Corredor Interoceánico” muestra que estamos lejos de ello.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: La Jornada

Más información:

22 julio Día Mundial contra la Megaminería de tajo a cielo abierto

Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Megaminería de tajo a cielo abierto, la conmemoración de este año será dedicada a la defensa del Valle de Putaendo, Chile.

Te invitamos a que sigas la transmisión en vivo de este panel donde participaron integrantes de diferentes organizaciones de Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.

>>Sigue la transición en vivo aquí<<

Habrá participación musical de Rubén Albarrán y Juan Pablo Rivera desde México y de Madhava Priya Devi Dasi y Kruch desde Chile

#VidaSi #MinaNo

El Escaramujo 100: LOS PRÉSTAMOS DEL BANCO MUNDIAL A MÉXICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 100 en pdf<<

Durante la Presidencia de Miguel Alemán, en 1949 México solicitó su primer préstamo al Banco Mundial para invertirlo en el Sistema Eléctrico Nacional. Desde entonces han transcurrido 71 años en los cuales México han solicitado un total de 334 proyectos a esta institución de Bretton Woods fundada en 1944 en el contexto de las negociaciones que dieran fin a la II Guerra Mundial.

De los 334 proyectos presentados por México al Banco Mundial a lo largo de la historia, el 33.83% de ellos que representan 113 proyectos fueron durante el Modelo Estado de Bienestar que en México abarcó 36 años desde la Presidencia de Miguel Alemán Valdés en 1946, hasta el fin del sexenio del Presidente José López Portillo en 1982.

La implementación del Modelo Neoliberal también duró 36 años a partir de la Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 hasta la Presidencia de Enrique Peña Nieto en 2018, período en el que se han solicitado 66.16% de los proyectos que equivalen a 221 del total.

Hace 38 años que México empezó a transitar del Modelo de Bienestar al Modelo Neoliberal ya que es a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) que da inicio el proceso de implementación de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En este sexenio inicia la privatización de la banca que pasaron de 62 a 18 en manos del Estado; se devalúa la moneda, se eliminan los subsidios gradualmente a los alimentos básicos como el pan, la tortilla y la leche. Privatizó las empresas públicas pasando de 1,150 a 400. Se generó una hiperinflación nunca antes vista, se agudiza la pérdida del poder adquisitivo, caen los salarios en términos reales e inició la escalada de los precios de la gasolina que aumentó hasta mil 300 por ciento.

Miguel de la Madrid se ve obligado a renegociar la deuda externa con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras Instituciones Financieras, que ya rondaba los 83 mil millones de dólares y además durante su sexenio pagó otros 65 mil 250 millones de dólares (casi 7 mil 500 millones de dólares más de lo que fue el endeudamiento neto).

En el contexto de esta crisis y del descontento social, es cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se escinden del partido oficial para conformar el Frente Democrático Nacional postulando a Cárdenas para la Presidencia. Pero la transición al nuevo Modelo Neoliberal apenas iniciaba y faltaba mucho por avanzar y desmantelar el papel del Estado, por lo que se fragua el fraude electoral con la famosa “caída del sistema” en manos de Manuel Bartlett para garantizar la continuidad de las PAE.

Es Manuel Bartlett, como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien coordinó la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, y como su asesor en asuntos políticos participa en la elaboración del Primer Plan Global de Desarrollo. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett fue Secretario de Gobernación y responsable de las elecciones de 1988 en el que sale electo Carlos Salinas de Gortari gracias a la “caída del sistema” para evitar la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas. Salinas nombra a Bartlett Secretario de Educación Pública y luego es electo gobernador de Puebla por el partido oficial durante los años más álgidos del conflicto zapatista (1993-1999). Hasta el 2006 llama al “voto útil” en contra del PAN y a favor de Andrés Manuel López Obrador. En 2012 es Senador Plurinominal por el Partido del Trabajo y en 2018 AMLO lo nombra Director General de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Será por ello que el Presidente Andrés Manuel López Obrador omite el sexenio de Miguel de la Madrid como parte del período neoliberal?

Durante el Modelo Neoliberal, el Presidente que más proyectos ha solicitado préstamos al Banco Mundial ha sido Felipe Calderón seguido por Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. No tomamos en cuenta a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya que lleva apenas dos años de su administración.

Felipe Calderón también ha sido el Presidente que más préstamos solicitó en miles de millones de dólares durante su sexenio, seguido de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Claro, esto es en términos brutos, ya que la paridad cambiaria entre el dólar y el peso en los últimos casi 40 años ha variado enormemente. Tampoco están aquí contemplados los intereses que se han tenido que pagar por los 334 proyectos en durante los 71 años, más los que faltan con los últimos préstamos en el sexenio de AMLO.

Cabe señalar que durante los dos primeros años de su administración, Andrés Manuel López Obrador ha solicitado en préstamos al Banco Mundial 5 proyectos con casi la misma cantidad que su antecesor Enrique Peña Nieto con 18 proyectos. Sin embargo, es necesario considerar que cualquiera de los anteriores sexenios, de haber vivido una crisis como la del COVID-19 seguro su deuda hubiera sido mucho mayor. Casi todos los países del mundo se han endeudado para levantar sus economías por la crisis económica que ha generado dicha pandemia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que a partir de su sexenio (2018-2024) se da fin al período neoliberal. En algún sentido AMLO tiene razón en la medida en que los dos años que lleva su administración ha revertido muchas de las políticas neoliberales y de ajuste estructural que no podemos negar. No significa bueno o malo, simplemente, lo ha hecho o está en proceso. Por ejemplo, ha evitado la privatización del sector eléctrico, petrolero y de salud que era la tendencia ya muy marcada en los últimos años.

Ha evitado más privatizaciones, regresó el subsidio a algunos sectores sensibles como a los productores de granos básicos; ha establecido nuevamente el precio de garantía, aumenta los presupuestos para programas sociales con recursos propios; revirtió la reforma educativa y pretende garantizar mejores derechos a los trabajadores y su vida sindical.

También pone candados constitucionales que eviten hasta donde sea posible la voracidad empresarial y transnacional tipificando a corrupción como delito grave, promueve el derecho a los servicios públicos y el papel del Estado en la rectoría de la vida económica del país. Promueve la revocación de mandato y la eliminación del fuero a legisladores y presidencia. Aumenta el gasto público, evita el aumento de impuestos e intenta revertir la corrupción, y elimina la condonación de impuestos a las grandes empresas mexicanas y extranjeras.

Si no fuera por la crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19, si no del todo, sí hubiera disminuido la deuda externa en comparación a otras administraciones.

Sin embargo, también es cierto que otros aspectos siguen la misma dinámica e inercia neoliberal difícil de contener y mucho menos revertir, como los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversión con las garantías al gran capital, la deuda externa con sus condicionamientos, la presión por la eliminación de los aranceles y los megaproyectos en función de las ganancias de las grandes empresas con el pretexto de dar empleo a los pobres a costa del despojo de los territorios y de las consecuencias socio ambientales. La manipulación de las supuestas “consultas” que favorezcan y encaminen sus megaproyectos que principalmente están alojados en el Sur-Sureste del país donde mayoritariamente hay pueblos originarios y propiedad colectiva de Ejidos y Bienes Comunales. Ante ello las protestas y resistencias se levantan contra la 4T y el Canal Interocéanico, las concesiones mineras, de represas, de carreteras, de fracking, de puertos y aeropuertos, del Tren maya, las refinerías, los gasoductos, entre otros.

Son 5 Proyectos con los que AMLO ha solicitado préstamos al Banco Mundial en los dos años que lleva su administración y que suman un total de 2,130,000,000 de dólares, que equivalen más o menos a 46,000,000,000 de pesos. Entre ellos están:

  • 1) “COVID- Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, para enfrentar la crisis generada por la pandemia.
  • 2) “Seguridad del Agua y Resiliencia para el Valle de México (PROSEGHIR)” que básicamente consiste en el mantenimiento y mejoras al Sistema Cutzamala que dota de agua a la Ciudad de México.
  • 3) “Modernización de los sistemas de gestión financiera pública en México”, que se consiste básicamente en la modernización del sistema financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
  • 4) “Proyecto de Financiación de Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, que consiste en aumentar la inclusión financiera, reducir las disparidades regionales, aumentar el acceso de las personas a la financiación y a los sistemas bancarios.
  • 5) “Proyecto de Financiamiento Rural en expansión para México”, que consiste en aumentar la disponibilidad de financiamiento para la economía rural y sus Micro, Pequeña y Medianas Empresas, acceso a la banca, entre otros aspectos.

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Más Escaramujo:

Firma la petición para proteger los humedales: Destitución a los actuales titulares de la Procuraduría y Fiscalía Ambiental en Chiapas

Ayúdanos a firmas esta petición para proteger los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas, los cuales son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico del Valle de Jovel, que además son el hogar de varias especies endémicas. #YoProtejoElAgua

>>Firma aquí<<

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas ubicada en la región de los altos  de Chiapas,   posee dos humedales de montaña reconocidos en 2011 como Áreas Naturales Protegidas Zonas Sujetas a Conservación por el gobierno del Estado, también,  fueron reconocidos sitios Ramsar en 2008 y 2012, en el marco de la  “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” (Convención Ramsar).

Estos humedales han sufrido un proceso de destrucción acelerada sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya hecho lo necesario por detenerlo. Llevamos más de 12 años realizando acciones en defensa de dichas áreas, además de solicitar reiteradamente la intervención de las instituciones de los distintos niveles de gobierno sin que hasta el momento se haya conseguido detener los rellenos y las construcciones dentro de los polígonos de estos importantes humedales, que permiten la filtración y recarga de agua hacia los manantiales de donde se abastece a la población, entre otros servicios ambientales que brindan.

Las clausuras por falta de permisos para la construcción que realiza el municipio, las posibles  sanciones administrativas a los dueños de construcciones que emite la Profepa no han sido para nada suficientes.

Habitantes de San Cristóbal hemos observado con profunda preocupación y rabia la incompetencia de la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas y la Fiscalía Ambiental del Estado de Chiapas, para la protección y acción penal contra las personas que destruyen los humedales La Kisst y Ma. Eugenia.

Desde el año 2015 a la fecha hemos presentado ocho denuncias ante PROFEPA quien dice ha hecho lo que le faculta la ley, posteriormente las ha turnado a la Procuraduría Ambiental del Estado, Fiscalía Ambiental Estatal, Fiscalía General de la República; además de otras denuncias que han presentado por su parte  el ayuntamiento de San Cristóbal.

Hasta el momento no contamos con información sobre resoluciones emitidas, ni tampoco se ven las acciones judiciales en el terreno de los hechos, ya que siguen las construcciones en los humedales, y como este caso, hay otras denuncias de daño ambiental como la Reserva de Quenvó Cucxtitali en donde tampoco hay acción judicial.  

Hemos  solicitado al fiscal y al procurador dentro de la mesa de trabajo interinstitucional un concentrado de todas las  denuncias presentadas y procesos llevados a cabo, con las respectivas resoluciones administrativas y judiciales, y no hay respuesta.

Todo evidencia que hay un nivel alto de ineficiencia, dilación y falta de compromiso con la justicia,  los expedientes de las diferentes denuncias quedan archivadas, atoradas, o negociadas. Por todo lo expuesto anteriormente, ciudadanas y ciudadanos exigimos la destitución del Procurador Ambiental  Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura y del Fiscal Ambiental  Lic. Vicente César Molina Zenteno.

Imagen: Petición el línea en Change.org

Más información:

“El modelo militar tras la Amazonía brasileña»

Era de desafíos: priorizar la protección de la vida en tiempos de un gobierno de muerte

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra ATI sobre las constantes amenazas en la Amazonía brasileña – A 6 de julio de 2020

“Una tierra quemada es una tierra prácticamente vacante, que no tiene nada. Ahí surge la especulación. Porque la tierra con bosque puede tornarse un área de preservación, pero quemada se vuelve limpia, propicia para la llegada de más gente”.

Así explica el campesino Sávio Freitas Araújo, alumno de la Casa Familiar Rural de Santarém, estado de Pará, las razones de los incendios en la Amazonía, para un video que es parte de una investigación periodística que acaba de presentar Amigos de la Tierra Brasil. Se titula “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”.

Esa selva brasileña está militarizada. Y en el mismo camino avanzan las instituciones estatales que deben velar por su preservación. ¿El objetivo? Limpiar el terreno para que el ingreso de capitales del agronegocio, de las hidroeléctricas, las madereras y la minería de gran escala, sea aún más alevoso. Comunidades negras, campesinas, indígenas, quilombolas, entre otras, son expulsadas en el proceso y no pocas veces pagan con sus vidas la resistencia.

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La Amazonía brasileña sorprendió al mundo en 2019: de enero a agosto de ese año, tuvo un 34% más de brotes de fuego, un 55% más de deforestación y un 11% más de lluvia, en comparación con el mismo período de los tres años anteriores. El agronegocio arrasó.

La militarización de la Amazonía no tiene nada de sorpresivo en un gobierno militarista como el de Jair Bolsonaro, plagado de demostraciones de respaldo al capital, odio de clase, racismo y misoginia. Es la lógica de un modelo de desarrollo que elimina las formas de vida tradicionales e impone la lógica capitalista.

“El único papel que podrían desempeñar las Fuerzas Armadas sería el de apoyar a las instituciones de protección en la Amazonía. Darles apoyo táctico, operativo y logístico a los agentes de inspección. Siempre subordinados a los técnicos”,

dice Fernando Campos, de Amigos de la Tierra Brasil.

Esa organización alerta que actualmente los Comandos Militares del Norte y el Amazonas se niegan a proporcionar ese tipo de apoyo. Además, agrega que en abril, el gobierno despidió a varios de los funcionarios de carrera dedicados a la fiscalización ambiental en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), luego que el organismo realizara una operación para combatir la minería ilegal y prevenir la propagación del coronavirus. La administración Bolsonaro nombró en lugar de los cesados a ex policías militares de la violenta tropa de elite de la policía militar del estado de Sao Paulo conocida como “Rota”.

Con el respaldo del aparato militar, los diversos capitales avanzan desenfrenados. El caso del agronegocio es paradigmático.

“Cerca de Santarém, los campos de soja se extienden hasta perderse en el horizonte. Las escuelas están rodeadas de plantaciones, en las cuales la manipulación de agrotóxicos ni siquiera respeta el horario de clases”,

expresa el reportaje de Amigos de la Tierra Brasil.

“Las personas terminan vendiendo sus tierras debido a la falta de trabajo y van a buscar mejores oportunidades a las ciudades. Esto ha sucedido mucho aquí”,

cuenta la productora rural Dorilene Pereira de Lima.

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Organizaciones y movimientos sociales brasileños denuncian desde hace décadas los procesos de “grilagem” de tierras en varias partes de Brasil. Se trata de una antigua (y siempre actual) práctica del capital de envejecimiento y deterioro de documentos falsos (con grillos que mastican los papeles), para presentarlos como títulos de propiedad de tierras antiguos y así hacerse de determinadas áreas. Según el nuevo trabajo de Amigos de la Tierra Brasil, la “grilagem” es también una de las prácticas preferidas del agronegocio en la Amazonía, para avanzar con el acaparamiento de tierras.

En los hechos, esto se traduce en familias de agricultores/as familiares perseguidas judicialmente, expulsadas de las tierras en que se han asentado durante varias generaciones. El aparato estatal, que no es eficiente para regularizar la posesión de tierras de las familias que tradicionalmente las han habitado, es muy ágil a la hora de desalojarlas. Y no faltan las veces que tiene “ayuda” de grupos armados, pagados por los empresarios, que atacan y expulsan a los/as pobladores/as de esos campos.

“Desde mi punto de vista el Estado es el gran responsable de los conflictos que existen hoy en el campo, la ausencia del Estado. Porque cuando el Estado no lleva la política pública al campo, deja a las familias vulnerables. Y los padres de familia, sin una escuela secundaria allí, electricidad, agua corriente ni carreteras transitables, tienen que dejar las tierras e irse a la ciudad”, 

considera el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores/as Rurales de Alenquer (Pará), João Gomes da Costa.

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En mayo de 2019, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), que asesora a la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, alertó: es central el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad, para enfrentar la actual amenaza de un colapso ecológico mundial y la extinción masiva de especies.

“Continuaremos las articulaciones con los grupos de Amigos de la Tierra en todo el mundo, apelamos a la solidaridad internacionalista, y a fortalecer nuestras acciones locales y alianzas con los movimientos campesinos, indígenas, feministas, sindicales, que tienen un proyecto político similar al nuestro. La verdadera defensa de la Amazonía pasa por un cambio radical del sistema, para colocar la vida en el centro de la economía y la política. El cambio de sistema tendrá lugar en la lucha de clases y en la construcción del poder popular, para lograr la soberanía y autodeterminación de los pueblos”,

cierra Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Brasil.

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Imágenes de Carol Ferraz, Amigos de la Tierra Brasil.

Más información:

T-MEC y Corredor Transístmico, partes de política expansionista de Estados Unidos: APIIDTT

Compartimos este pronunciamiento de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) publicado en la web de Educa Oaxaca sobre el T-MEC – A 1 de julio de 2020

En el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hoy 1 de julio, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) expresa su “preocupación ante la ola de violencia que azota nuestra región vinculada a la imposición de los megaproyectos y las poĺiticas extractivistas del gobierno mexicano”. Han reflexionado sobre la imposición de corredores multimodales en el mundo y “vemos con mucho peligro el hoy llamado Corredor-Tren Transistmico/Interoceánico, proyecto histórico que desde mediados del siglo XIX planteo utilizar la posición geoestratégica del Istmo Mexicano como nodo comercial para el comercio global, esto como parte del proyecto expansionista de EEUU”. Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), teniendo en cuenta otros tratados importantes vigentes que se han modernizado este 2020. como el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea “cimientan los marcos jurídicos para usar la fuerza por derecho en la imposición de los megaproyectos en México”, advierte APIIDTT. Por su parte, la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) invita a la “Jornada de Lucha contra el T-MEC y los megaproyectos, Tren Maya y Corredor Interoceánico”.

Boletín de la APIIDTT aquí.

Imagen: Educa Oaxaca

Más información:

Condena a la Anexión de Palestina

Pronunciamiento sobre la Anexión de Cisjordania, de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina – A 2 de julio de 2020

La anexión que pretende hacer Israel del 30% de Cisjordania es ilegal, inmoral e inhumana. Consideramos que el Gobierno de México debe pronunciarse en contra de este hecho. Sumarse a las naciones y organismos que se han manifestado por impedir esta violación al derecho internacional (Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo y la ONU) es una oportunidad para construir un puente con Palestina, nación que ha padecido por más de 70 años las consecuencias de la ocupación y segregación bajo un sistema de Apartheid.
El llamado lo hacemos en función del discurso del reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y contribuir a lograr la paz entre los pueblos hecho por el Gobierno actual. Desde la solidaridad internacional exigimos el respeto a la soberanía de Palestina. Sin justicia no hay paz.
¡No a la anexión de Cisjordania!

ORGANIZACIONES MEXICANAS SOCIALES Y POLITICAS FIRMANTES:

Coordinadora de Solidaridad con Palestina

Nueva Central de Trabajadores

Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Union General Obereo Campesina y Popular, Coordinadora Antiimperialista de Solidaridad con América Latina y el Caribe (CASALC), Organización Nacional de Poder Popular, Judíos Pro y Por Palestina, Amigos de Mumia en México
Grupo Tacuba, Plantón por los 43 EDUCEIN, S.C., Revista Blanco Móvil
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Instituto de Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Partido Popular Socialista de México (PPSM), Mexicanos Unidos, Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Coordinadora Nacional de Usuari@s en Resistencia (CONUR), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comite de Solidaridad con Venezuela-Xalapa, Veracruz, Alerta Temprana Red (AT-R), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Filial Oaxaca (LIMEDDH-Oax), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL), Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU), Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD), Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando Voces, (COFADDEM), Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental «YURENI», A.C. (CEPDHJA), Actuar Familiares contra la Tortura, (AFT), Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C. (CDH C-28 M), Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, A.C. (CDHAE), Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD), Comite de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”, (CDHBCDO), Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C. (RSDI), Centro de Derechos Humanos Ku’untik (CDHK), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP-Guerrero), Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN), Comité de Defensa de Derechos Humanos “Cholollan” (CDHC), Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A.C. (MGD), Aliadas por la Justicia, A.C. (AxJ), Desarrollo Humano Internacional, A.C. (DHI), Comunidad Raíz Zubia, A.C. (CRZ), Zihuame Xotlametzin, A.C. (ZX), Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A.C. (AGCVIM, A.C.), Alternative Socialista, Comunidad Autonomía y Libertad (COMUNAL), Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Asociación Mexicana de Trabajadores Activos y Jubilados 22 de abril, Movimiento Comunista Mexicano (MCM), Comité Mexicano de la Canción Necesaria (CMCN), Unión Popular Valle Gómez, Instituto Cultural José Martí-Puebla, Centro regional de defensa de derechos humanos José María Morelos y Pavón, Alternativa Latinoamericana Colectivo, Frente Amplio de Lucha Popular-Oaxaca, Movimiento de los Trabajadores por el Socialismo, Comité Antifascista 4T, Movimiento Ciudadano del Sur (MCS)

Partido Popular Socialista

Brujula Metropolitana

Adopta un Niño Muerto

Proyecto de la UNAM «Heteronomías de la justicia: territorialidades nómadas»

Asamblea General de Trabajadores

Alianza de Tranviarios de México (ATM)

Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF)

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM)

Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de la Educación Media y Superior (SUTIEMS)

Central Unitaria de Trabajadores de México (CUTM)

Asociación Sindical de Trabajadores del INVI (ASTINVI)

Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, (CONJUPAM)

Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL

Alianza Cooperativista Nacional, A.C. (ALCONA)

Federación Nacional de Sindicatos Democráticos (FNSD)

Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC)

Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (SITRAyD-Conalep)

Sindicato Nacional de Docentes de Conalep (SINADOCO)

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit (SITEM)

Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, Instituciones Descentralizadas Estales y Empresas Privadas de Nayarit (SYSPEMIDEPN)

Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de Educación del Estado de Nayarit (SITSEN)

Unión General Obrera Popular, Campesina (UGOPC) Chiapas

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (SUTCOBACH)

Sindicato Autónomo de Trabajadores del Municipio de San Luis Potosí (SATMSLP)

Sindicato Revolucionario Democrático de la Industria Química Similares y Conexos de la República Mexicana (SRDIQSCRM)
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH)

Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA)

Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (SUTACEPTET)
Sección 9, Oaxaca, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS)

Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca (SUTTEBCEO)

Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SUNTUAN)

Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP)

Cooperativa de Agricultores de Chapingo (CACH)

Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados de Chapingo (APJPCH)

Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC)

Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios de Colima (SITU)

Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SITTGE)

Sector INBAL / Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTSC)

Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA)

Sindicato Independiente de Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud (SITIC Salud)

Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores de México (SICE-M)

Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (FENASTE)

Cooperativa LF del Centro

Centro de Investigación Internacional de Economía Social de la Universidad Iberoamericana

Cooperativa Conejo Mixteco

Cooperativa Labizet

Maak Raíz Artesanal

Programa de Autogestión Cooperativa de la UACM

Junta Promotora de la Nueva Central de Trabajadores en Baja California

Izquierda Democrática Popular
Otros Mundos, AC-Chiapas

Geopolitica.com

Partido Popular Socialista-APN
Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria, O.P

Compañía «Desde el Harém»

Kolectivo Rebelde-Mérida

Comunidad Internacional de Negocios con Reparto Institucional

Mujeres en Movimiento Acción Social Del MONAE

Nueva Organización San Salvador Huehuetla, Sociedad Civil

Red de Feminismos Descoloniales

Movimiento Ciudadano del Sur

OPT Comité Regional Baja California.

Liga Comunista Internacionalista- CORCI

Junta Promotora de la NCT en Baja California

Comité Nacional de Estudios de la Energia

Comite de Solidaridad con Venezuela-Xalapa

Movimiento Autónomo Zapatista (MAZ)

Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos (FREMEXDEHU)

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
Sindicato Mexicano de Electricistas

Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México

Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Central Unitaria de Trabajadores
Fraternidad para el Desarrollo Social A. C

Preparatoria Popular Tacuba

Imagen: La voz del árabe

Más información:

Informe: Riesgos no calculados

Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo

Compartimos este informe hecho por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – A julio 2020

El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades.

Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, luchar por la igualdad de acceso a la vivienda o la educación, denunciar la corrupción y el abuso de poder y abogar por inversiones que beneficien a las personas pobres.

Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y ataques por las actividades que realizan incluidos el acoso, la violencia física, la criminalización, la detención arbitraria y la muerte. Las amenazas y los ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en nombre del desarrollo.

A través de 25 estudios de caso, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en contra de las personas defensoras en el desarrollo y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en su mitigación o exacerbación.

Hallazgos:

  • Las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo son generalizadas.
  • Aunque las amenazas y los ataques adoptan muchas formas diferentes, a menudo comienzan cuando se etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades, grupos e individuos.
  • La imposición de actividades de desarrollo sin el consentimiento o la consulta adecuada de las comunidades locales y los grupos marginados es una de las causas fundamentales de las amenazas contra las personas defensoras en el desarrollo.
  • Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas.
  • Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras, porque no se presta la debida atención a los derechos e intereses de las comunidades locales y de las poblaciones marginadas, ni tampoco a los riesgos contextuales y a los desequilibrios de poder que pueden llevar a que estas comunidades y poblaciones paguen los impactos negativos o se vuelvan vulnerables.
  • A menudo, las señales de alerta temprana que indican la existencia de posibles amenazas para las personas defensoras se ignoran y se pasan por alto.
  • Las IFD disponen de una amplia gama de recursos e influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de riesgo de las personas defensoras en peligro, pero con frequencia dejan pasar oportunidades para crear proactivamente momentos que potencien el apoyo a los derechos de las comunidades y las personas defensoras, y se resisten a utilizar de manera efectiva sus herramientas y su influencia.
  • Desafortunadamente, con frecuencia las IFD guardan silencio ante las amenazas y los ataques, o sus respuestas son insuficientes o tardías, y las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y los daños no se reparan.
  • Varias IFD están empezando a abordar las amenazas en contra de las personas defensoras en el desarrollo, pero hace falta mucho más.

Para abordar con eficacia la reducción del espacio para la participación en los procesos de desarrollo y las crecientes amenazas contra las personas defensoras se necesita no solo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo.

Casos:

Caso 1: Honduras – Asesinatos de personas campesinas y defensoras de la tierra >>Lee aquí<<

Caso 2: México – Criminalización, amenazas y ataques contra integrantes de movimientos de pueblos indígenas >>Lee aquí<<

Caso 3: Guatemala – Encendiendo el conflicto en las comunidades indígenas >>Lee aquí<<

Caso 4: Guatemala – Criminalización de comunidades indígenas >>Lee aquí <<

Caso 5: Honduras – Asesinatos de Berta Cáceres y Tomás García, y ataques contra el COPINH y la comunidad de Río Blanco >>Lee aquí <<

Caso 6: Perú – Agresión contra Máxima Acuña-Atalaya de Chaupe y represión violenta de la protesta >>Lee aquí <<

Caso 7: Perú – Uso de decretos de emergencia y militarización para silenciar comunidades indígenas >>Lee aquí<<

Caso 8: Brasil – Intimidación y corrupción para silenciar comunidades indígenas, activistas ambientales y funcionarios del gobierno >>Lee aquí<<

Caso 9: Brasil – Asesinato de Nilce de Souza Magalhães y amenazas a activistas >>Lee aquí<<

Caso 10: Colombia – Ataques, criminalización y asesinatos de activistas de base >>Lee aquí<<

>>Seguir leyendo informe aquí<<

Informe anual de actividades de Amigos de la Tierra Internacional

Les compartimos el informe anual 2019 de actividades de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 30 de junio de 2020

>>Leer informe completo aqui<<

Amigos de la Tierra Internacionales la mayor organización ambientalista de base del mundo. Cuenta con 73 grupos miembro y más de dos millones de miembros y seguidores en todo el planeta.

Nuestra visión es de:

  • un mundo pacífico y sustentable basado en sociedades que viven en armonía con la naturaleza.
  • una sociedad de personas interdependientes que vivan con dignidad y en plenitud, en la que se respete la equidad y los derechos humanos y de los pueblos.
  • una sociedad fundada en la soberanía y la participación de los pueblos.
  • una sociedad basada en la justicia social, ambiental, económica y de género, libre de todas las formas dedominación y explotación tales como el neoliberalismo, la globalización, el neo-colonialismo y el militarismo.Creemos que el futuro de nuestros niñas y niños será mejor gracias a lo que hacemos.Nuestra misión
  • Garantizar colectivamente la justicia ambiental y social, la dignidad humana y el respeto de los derechoshumanos y los derechos de los pueblos a fin de lograr sociedades sustentables.
  • Frenar y revertir la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales [la depredación de la naturaleza], nutrir la diversidad ecológica y cultural de la Tierra y garantizar medios [defender modos] de vida sustentables.
  • Garantizar el empoderamiento de los Pueblos Indígenas, comunidades locales, mujeres, grupos e individuos, y asegurar la participación pública en la toma de decisiones.
  • Provocar la transformación hacia la sustentabilidad y la equidad entre las sociedades y dentro de ellas conenfoques y soluciones creativas.
  • Participar en campañas vibrantes, sensibilizar y movilizar a la gente y construir alianzas con movimientosdiversos, vinculando las luchas de base, nacionales y mundiales.
  • Inspirarnos mutuamente y aprovechar, fortalecer y complementar recíprocamente nuestras respectivascapacidades, viviendo el cambio que queremos y trabajando conjuntamente en solidaridad.

Carta de Karin Nansen – Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

Estimadas amigas y amigos: El año 2019 representó enormes desafíos para la federación de justicia ambiental de base que es Amigos dela Tierra Internacional, y respondimos con logros inspiradores. El presente informe destaca solo algunos de ellos.El contexto en que trabajamos se ha tornado cada vez más amenazante. La democracia y la participación están bajo asedio en muchos países, y el poder de la extrema derecha y el neofascismo es cada vez mayor. La manipulación de nuestros datos, las noticias falsas y el discurso misógino,racista y xenófobo se están normalizando. Debido al control empresarial creciente, los ataques contra los derechos de los pueblos,especialmente las mujeres, son sistémicos. Los movimientos sociales,las comunidades y defensoras/es de la naturaleza y los medios de sustento son criminalizados y en algunos países asesinan a sus miembros.

Nuestros propios grupos y colaboradores se encuentran en la primera línea. Nuestro nuevo sistema de monitoreo y denuncia de los ataques contra los derechos de los pueblos está demostrando ser muy valioso. En 2019, a través de este Sistema de Solidaridad Internacionalista,pudimos denunciar 14 casos de violaciones de derechos humanos, emprender acciones de apoyo político a las comunidades y movimientos sociales y responder ante situaciones de emergencia en muchos países.

Arraigadas/os en las luchas en tantos países, estamos bien posicionadas/ospara apuntalar el combate contra los proyectos y políticas que empeorarán lascrisis sociales y ambientales. El rechazo a las falsas soluciones basadas en elmercado y lideradas por las empresas siguió siendo una dimensión clave denuestro trabajo a todos los niveles durante 2019.

En materia de justicia climática y energía, nosotras/os y nuestros aliadosevitamos que se llegara a un acuerdo sobre los mercados de emisiones decarbono y la compensación de emisiones en las negociaciones de la ONU sobreel clima en Madrid. Además, nuestros grupos miembro lucharon contraproyectos de combustibles fósiles y represas en Escocia, Bosnia y Herzegovinay Noruega, así como en Bangladesh e Indonesia y también en Mozambique,Uganda y Togo, al igual que en Honduras.

En lo que hace a la biodiversidad, continuamos nuestro trabajo para evitar quela Financierización de la naturaleza gane terreno en el Convenio sobre laDiversidad Biológica. Con este fin, en las negociaciones de la ONU para prepararun Marco Mundial de la Diversidad Biológica argumentamos fuertemente encontra de los mecanismos basados en el mercado.

En lo relativo a la justicia económica, continuamos trabajando con aliados paragarantizar un ambicioso tratado vinculante de la ONU sobre empresastransnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Nosaseguramos de que varios Estados adoptaran posiciones que pudieran mejorarel texto revisado del Tratado Vinculante de la ONU cuyo propósito es conseguirque las empresas transnacionales se hagan responsables de sus violaciones dederechos humanos y crímenes ambientales. También enfrentamos a grandesempresas como Shell y Total en los tribunales y luchamos contra su impunidad.

Además de oponernos a políticas, proyectos y mecanismos neoliberalesdañinos, estamos abocados a construir enfoques sistémicos para lograr lajusticia ambiental, social, de género y económica, y en 2019 obtuvimos algunosresultados importantes.

Respecto de la soberanía alimentaria, junto con otros movimientos yorganizaciones sociales, incluido nuestro aliado estratégico La Vía Campesina, ejercimos presión exitosamente ante organismos de la ONU para quereconozcan que la agroecología es una solución clave para un sistemaalimentario en crisis. Este logro allana el camino para que se procesen cambiosen las políticas a nivel nacional e internacional, lo que es aún más importantea la luz del COVID-19: la pandemia ha demostrado, entre otras cosas, cuanurgente es desacoplarnos de la agricultura industrial y fomentar los sistemasalimentarios agroecológicos campesinos.

Al mismo tiempo, avanzamos en nuestro trabajo sobre manejo comunitario debosques, un enfoque para frenar la deforestación y la pérdida de biodiversidadque pone a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en el centro.

Mientras trabajamos para cambiar el mundo, también procuramosdesarrollarnos como federación. Para esto es clave integrar una perspectivafeminista y de justicia de género en nuestros programas y el desarrollo de lamembresía. Durante la COP del clima organizamos un taller sobre cómo deberíaser una transición justa y feminista, con aliados de Pueblos Indígenas ymovimientos feministas, sindicales, campesinos y de jóvenes. Tambiénavanzamos en nuestro trabajo sobre las mujeres como protagonistas políticasclave en términos de la soberanía alimentaria y la relevancia de la justicia degénero para la biodiversidad. Para hacer avanzar la justicia de género y cambiarlas relaciones de poder patriarcales dentro de la federación, comenzamos aimplementar la estrategia aprobada en nuestra Asamblea General Bienal de2019 y realizamos talleres en las asambleas generales anuales de las cuatroregiones. La nueva política de la federación sobre violencia y acoso sexual es unpaso clave en nuestro compromiso para terminar con la opresión patriarcal.

Nuestras regiones siguen interactuando con posibles nuevos grupos miembro.Procuramos ampliar nuestro alcance geográfico y nuestra fuerza en las bases paraconstruir un movimiento por la justicia ambiental que sea más diverso e inclusivo.

Nuestro año fiscal de 2019 culminójustamente mientras surgía la amenazade propagación del COVID-19. Más alláde sus impactos estremecedores para lasalud, la pandemia tiene profundasconsecuencias para los temas en losque trabajamos y para nuestros aliados,grupos y comunidades. Pero hemosdemostrado nuestra capacidad paraorganizarnos, movilizarnos y hacerlesfrente a las crisis socio-ecológicas queenfrenta la humanidad y luchar porpoder popular, los derechos colectivos yla justicia de género y contra elpatriarcado. Es con renovadas energíasentonces que reafirmamos nuestrocompromiso con la lucha.

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Comunidades del Istmo denuncian abandono sanitario y crean frente contra Tren Transístmico

Compartimos esta información publicada en Educa Oaxaca sobre el proyecto de Tren o Corredor Transístmico – A 1 de julio de 2020

En asamblea celebrada ayer en la comunidad Rincón Viejo, Oaxaca, grupos de mujeres, comités de salud, ferrocarrileros y comunidades indígenas crearon un frente común por los derechos de los pueblos, mujeres y trabajadores de la región y contra el Tren Transístmico. En la reunión, en el municipio indígena de Santa María Petapa, se denunció el abandono sanitario en que se encuentra la región del Istmo en el contexto de la pandemia, lo que ha ocasionado que la gente se encierre a morir en sus casas. Se han detectado al menos 8 casos en Juchitán, 15 en la comunidad Cotzocon Mixe, 5 en Piedra Blanca, 3 en San Juan Guichicovi, y 4 en Santa María Petapa, de personas que han muerto en sus casas con los síntomas del Covid-19. Además se dijo que en Matías Romero se hacen entierros de noche, a escondidas, en algo que se empezó a denominar “los muertos sin rostro” por no aparecer en los registros oficiales. Los comités de salud, formados principalmente por mujeres, en diversas comunidades de la región, exigieron la instalación de un hospital de campaña covid para la zona norte del Istmo.

Comunicado de Prensa aquí.

Imagen: Educa Oaxaca

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CFE obligada a pagar 200 millones de dólares, por no garantizar construción de hidroeléctrica Chicoasén II

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre los proyectos de hidroeléctricas en Chiapas – A 2 de julio de 2020

La Corte de Arbitraje Internacional de Londres sentenció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar 200 millones de dólares a las empresas privadas que iban a construir la hidroeléctrica Chicoasén II, como indemnización porque la obra no han podido llevarse a cabo, derivado de inconformidades y protestas que se han presentado en la zona, entre ella la de propietarios de terrenos que fueron afectados por obras de la paraestatal.

El dictamen es derivado de la demanda de las empresas contra la CFE, por concepto de lo que consideraron, son «pérdidas» que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.

La CFE informó a través de un comunicado, que está evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio.

Cabe recordar que en 2015, las empresas Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío; Omega de Jorge Melgarejo; y la china Sinohydro, ganaron la licitación que lanzó la paraestatal, para construir la hidroeléctrica, en donde invertirían 386.4 millones de dólares.

Debido a las protestas, el proyecto fue cancelado en 2017, cuando tenía apenas un avance de alrededor de 17 por ciento. Los empresarios inversotes demandaron entonces a la CFE ante la corte londinense -de arbitraje entre empresas y gobiernos-. La corte emitió su sentencia esta semana, argumentando «falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo la obra».

Imagen: Carpeta con el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II. Fotografía: Chiapas Parelelo

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