Por la Protección de los Humedales, ¡Basta de Impunidad!

Comunicado de apoyo a las y los habitantes de San Cristóbal de las Casas que se movilizan por la defensa del Territorio, los humedales y el agua – A 16 de septiembre de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<

El pasado 14 de septiembre del presente año, habitantes de 9 colonias del sur de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, llevaron a cabo un bloqueo de los caminos para exigir la protección a los humedales de la ciudad ya que las autoridades municipales y estatales han permitido y solapado su invasión en medio de lo que se presume mucha corrupción y tráfico de influencias.

Los habitantes de la ciudad y de las colonias del sur exigen el cumplimiento de tantas promesas gubernamentales para detener esta invasión y recuperar los humedales. La lucha de las colonias y del pueblo en general es por la defensa del agua y del medio ambiente, por la biodiversidad y por un ambiente sano. La lucha pacífica es legítima y legal, sin embargo, ya pesan demandas infundadas de quienes han invadido los humedales contra personas de un movimiento que defiende la vida en beneficio de toda la población, así como órdenes de aprehensión contra algunas personas.

Denunciamos el atropello que se realiza contra los humedales y el riesgo de un futuro sustentable para la ciudad de San Cristóbal, y también los intentos de criminalizar las justas demandas de la población.

Exigimos el cumplimiento a las leyes y la normatividad ambiental, el cumplimiento de las promesas y de las exigencias de las 9 colonias para la solución de este grave problema, el respeto a las mesas de diálogo con los representantes de la población, y claros signos de voluntad política para el cumplimiento de la agenda, de las peticiones y de la misma ley.

Responsabilizamos al gobierno del estado y al gobierno municipal de la violencia de la que puedan ser objeto la población por su lucha pacífica, legitima y legal en contra de las ilegalidades de las propias autoridades involucradas en el proceso de la destrucción de los humedales de la ciudad.

#YoProtejoElAgua #AguaYSalud #YoProtejoElHumedal

Atentamente,
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México

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Imagen: Semanario Mirada Sur

Más información:

Omiten información en proyecto de Tren Maya: Articulación Yucatán

Compartimos esta nota publicada en La Jornada Maya – A 26 de agosto de 2020

Grupo de investigadores expone conferencia sobre impacto ambiental

Investigadores de Articulación Yucatán expusieron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya omite información, ofrece un mal análisis y que el hecho de haber dado a conocer el estudio después del banderazo de inicio de la obra “da una imagen ficticia de los impactos”, indicó Rodrigo Patiño Diaz, integrante del Equipo Nodal de la agrupación.  

Indicaron que el proyecto se ha caracterizado por su falta de información, no tomar en cuenta a la población local, indígena y académica de la región, además que carece del trabajo coordinado de otras secretarías esenciales para esta obra, como la del Medio Ambiente, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre otras.  

Expusieron lo anterior este 25 de agosto en la conferencia El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Tren Maya: un análisis crítico desde la sociedad, organizada por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).  

Ivet Reyes Maturano, también del Equipo Nodal de Articulación Yucatán, expuso que dentro de las deficiencias encontradas en la MIA está que se dio el banderazo de inicio del Tren Maya, antes que el estudio de diera a conocer.  

Otra, agregó, es que la descripción del proyecto de la MIA es fragmentada y presenta serias contradicciones referentes a su naturaleza y objetivo, reducen las actividades que serán sujetas de evaluación de impactos, se reduce el estudio sólo a las vías férreas y no lo hace completo.    

El proyecto, dijo, abarca cinco estados, pero la MIA sólo comprende lo que llaman la fase 1. “Esto no deja ver la dimensión de los posibles impactos pues es probable que el tren potencialice agronegocios con efectos en la extracción de recursos y contaminación.  

De acuerdo con los investigadores, el proyecto ofrece una concepción limitada acerca de la movilidad, no se habla sobre el flujo migratorio que se podría dar en varias regiones, ni el escenario respecto al desplazamiento de personas con propiedades dentro de derecho de vía existente.  

A la par, el estudio omite información sobre posibles afectaciones que se podrían dar en la Reserva de Cuxtal, zona importante para abastecimiento de agua a Mérida, y recarga de acuífero.    

Soluciones  

Ante este panorama, Patiño Diaz propuso utilizar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un instrumento de política pública para planes y programas de desarrollo, es una herramienta holística, transdisciplinaria y multiactor, que se marca en un proceso de transparencia y participación ciudadana.  

Explicó que analiza la capacidad de carga del territorio y necesidades locales, puede adaptarse para considerar los saberes locales y la libre determinación de los pueblos originarios; se basa en ordenamientos ecológicos, territoriales y considera impactos acumulativos y sinérgicos, no evalúa proyectos individuales, sino un futuro deseable para la región y   analiza distintas opciones de desarrollo y se elige la más sustentable.

Edición: Enrique Álvarez

Imagen: Fernando Eloy

Más información:

El Escaramujo 104: MINERÍA Y DEUDA, Y la lucha digna del Ejido de Carrizalillo, Guerrero

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 104 en pdf<<

Entre todos los megaproyectos implementados en América Latina, consideramos que la minería es uno de los que genera mayor deuda pública a los gobiernos y a los pueblos, además de ser de las actividades extractivas de mayor violencia física, psicológica, económica, política y cultural. El impacto social y ambiental es tan descomunal que las dimensiones de la destrucción de pueblos, culturas, vidas de defensores y defensoras de sus territorios, ecosistemas, suelos, cuencas, montañas y bosques son irreversibles. Este Modelo Extractivo Minero se caracteriza por la apropiación privada en manos de grandes empresas mineras de territorios indígenas, campesinos o de Áreas Naturales Protegidas bajo la lógica del mercado, el lucro y la mayor ganancia a toda costa.

El Modelo Extractivo Minero afecta a todo el conjunto de los derechos humanos. Además de minar la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad, muchos otros efectos son irreversibles. La contaminación de las cuencas, las presas de jales y la utilización de miles y miles de toneladas de cianuro, con el uso intensivo desde uno a tres millones de litros de agua por hora para lixiviar el oro, marcan la pauta del impacto social y ambiental en todo nuestro continente.

Los Ríos contaminados y disputando las empresas el agua a los pueblos y las comunidades vecinas provocan saldos de grandes conflictos sociales con consecuencias irreparables como el asesinato de lideres y lideresas por la defensa del territorio y del medio ambiente, o comunidades desplazadas y empobrecidas. El uso de energía, agua y devastación de territorios es intensa. Y por si fuera poco, son raquíticos los empleos que genera.

Considerada un actividad esencial durante el confinamiento decretado por los gobiernos a causa del COVID-19, las mineras no sólo continuaron su actividad extractiva sino que obligaron a los trabajadores a asistir a las instalaciones provocando pérdidas humanas por los contagios de la pandemia. Aprovechando el confinamiento y la imposibilidad de defender las tierras y territorios, las mineras continuaron su expansión.

El aporte del Modelo Extractivo Minero al Cambio Climático es enorme. La deforestación, la pérdida de sumideros de carbono y el alto grado de emisiones de Gases Efecto Invernadero, hacen del sector minero uno de las principales actividades del calentamiento global. Y pese a ello, el sector minero pretende fortalecer un discurso en el sentido de que su actividad extractiva es sustentable, verde, limpia, amable con el medio ambiente y que sus empresas son un derroche de responsabilidad social.

Las empresas mineras no asumen los costos sociales y ambientales de su actividad extractiva tan destructiva. Intentan justificar que la necesidad de la Transición Energética de fuentes no renovables e hidrocarburos a fuentes renovables, la minería es esencial para dotarle de insumos a la tecnología de que demanda las energías renovables y así modificar la Matriz Energética, y bajo el mismo esquema del Modelo Extractivista. Ahora, el litio se ha convertido en un mineral estratégico para la nueva tecnología de las fuentes renovables colocando a otros países en el escenario de la nueva disputa geopolítica de los territorios.

Es aquí donde estriba uno de los hilos conductores de la enorme deuda pública que genera este sector minero. Por un lado, los Tratados de Libre Comercio firmados por prácticamente todos los países del Caribe y de América Latina con Estados Unidos Canadá, la Unión Europea, entre otros, condiciona la eliminación de aranceles a la importación y exportación de minerales extraídos en la región. De la misma forma la condonación de impuestos y otras facilidades administrativas y hacendarias para favorecer sus inversiones en el territorio nacional, repercute en menores ingresos al estado que podría usar en el gasto social, por lo que recurre al endeudamiento con la supuesta Banca Multilateral de Desarrollo (BMD).

Para facilitar la labor a este sector, los gobiernos han tenido que modificar su Constitución y leyes secundarias que de igual manera sus estudios son financiados por la BMD o el Fondo Monetario Internacional lo que provoca un aumento de la deuda externa del estado. A tal efecto, los gobiernos se han visto obligados a modificar leyes en materia ambiental para flexibilizarlas a favor de las inversiones mineras, pero también en materia de agua, minería, hacienda, inversión extranjera directa, seguridad, tierras y energía, entre otras.

Todo ello para cumplir con tres condiciones básicas que la inversión extranjera exige: seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra y seguridad social. Esto último implica la modificación de los códigos penales con el fin de criminalizar la protesta social que se ejerce contra las empresas mineras por sus afectaciones socioambientales. Además, muchos países han firmado Tratados Bilaterales de Inversión con el fin de garantizar el poder demandar a los gobiernos que impidan o bloqueen por alguna razón las inversiones extranjeras.

En este marco, según ISDSImpactos el Banco Mundial, vía el CIADI, recibe el 78% del total de las demandas de las empresas contra los gobiernos de América Latina y el Caribe. De los 42 países de la región, 22 de ellos han sido demandados por las empresas extranjeras, y suman 282 demandas contra los gobiernos que representan el 29% del total mundial, donde Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú cuentan con 206 de esas demandas que equivalen al 73% del total.

Por su lado, República Dominicana cuenta con 6 demandas; Barbados, Grenada y Trinidad y Tobago con una cada país caribeño. Hasta el momento, los países de América Latina y El Caribe han tenido que pagar más de 31 mil millones de dólares a las empresas extranjeras que los han demandado cuyo monto podrían solucionar la pobreza en 16 países de la región. De todas las demandas el 23% se refieren al sector de minería, gas y petróleo. El 36% de las demandas provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, pueblos y gobiernos terminan más endeudados.

Por tanto, si las empresas mineras no pagan o evaden impuestos, exigen devolución de millones de dólares de impuestos, no pagan aranceles, no pagan la reparación de los daños sociales y ambientales, ¿quién asume este costo? Si es necesario modificar las leyes para facilitar sus inversiones, ¿quién asume este costo? Si hay desplazados, enfermos de cáncer, demandas de los pueblos, necesidad de hospitales, reubicación de poblaciones, proyectos productivos o algún miserable subsidio o reparación económica a los afectados por la empresa minera, ¿quién paga esto? Si es necesario limpiar las aguas, compensar la deforestación, la pérdida de suelos, la contaminación del aire, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas o los compromisos de bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, ¿quién paga los costos? Así, gobiernos y pueblos terminan asumiendo en sus espaldas los costos de la ambición y riqueza de las empresas mineras.

Si no hay recursos del estado por la falta de captación de ingresos como sucede con el el sector minero, ¿de dónde salen los recursos para facilitarle los caminos, los puertos, los aeropuertos, las represas para que tengan energía, el tendido eléctrico, entre otras infraestructuras que requiere la extracción de los minerales? ¿De dónde salen los recursos del estado para el gasto social como escuelas, clínicas rurales, medicamentos, apoyo a la educación superior, entre otros derechos humanos que el estado debe garantizar, proteger, velar y procurar, se ejerzan? Todavía más, el sector minero busca los créditos blandos de los fondos públicos de la BMD o los créditos de carbono.

Si las empresas mineras demandan a los gobiernos vía los Tratados Bilaterales de Inversión o los Tratados de Libre Comercio, ¿de dónde salen los recursos para pagar tales demandas? Si sucede una crisis financiera y económica del capitalismo, ¿es el sector minero uno de los que hay que recuperar y salvar con fondos públicos?

En este marco, la deuda que provoca el sector minero en los países del Caribe y América Latina es enorme. Una deuda en materia social y ambiental del cual los países de la región son los verdaderos acreedores. Sin embargo, los gobiernos acuden al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o al Banco de Desarrollo de América Latina con el fin de solventar los estragos del sector minero, para crear la infraestructura que demanda su actividad extractiva o para paliar las consecuencias que dejan a su paso, ya que no será Vancouver a donde se lleven los millones de litros de agua con metales pesados, sino qué éstos se abandonan en los territorios indígenas y campesinos, ni los millones de toneladas desperdicios tóxicos.

A Canadá se llevan sólo su lingote de oro que hoy alcanza los dos mil dolares la onza en el mercado internacional. Por cierto, cabe señalar que la empresa canadiense GoldCorp ha llegado a donar millones de dólares a los sistemas de salud de ciudades en Canadá, mientras deja a comunidades y pueblos empobrecidos con enfermedades como el cáncer en México, Honduras y Guatemala.

Es esta misma minera canadiense que en la comunidad de Carrizalillo ha provocado desplazados, muertos, enfermos, y un territorio devastado por una mina de dimensiones descomunales. La mina de Gold Corp que luego fue comprada por Leagold Mining y ahora Equinox Gold, todas han incumplido los contratos con los Ejidatarios. Siguen provocando destrozos y muerte.

Ahora, nuevamente las familias ejidatarias han decidido cerrar la mina Los Filos el 3 de Septiembre de 2020 por el incumplimiento del contrato. Enfermedades, destrucción de las fuentes de agua, entre otros incumplimientos al contrato que siguen violando los derechos humanos. Y no es el único caso de incumplimiento de contrato con los ejidatarios en el país.

Si el gobierno incumple los Tratados de Libre Comercio las mineras están blindadas con mecanismos para demandar por millones de dólares que los pueblos pagan de sus fondos públicos. Los gobiernos tienen que pagar hasta los gastos legales en que incurrieron las empresas durante el proceso de demandar a un gobierno.

Pero si son las empresas las que incumplen los contratos simplemente criminalizan la lucha legítima y legal de los pueblos que son afectados directamente en sus territorios, y son ellos, no la empresa ni el gobierno, quienes tienen que asumir los costos de su defensa, el desgaste económico y social que les genera la resistencia contra las violaciones a los derechos humanos. Esto implica más deuda que los pueblos se ven obligados asumir y que no les son resarcidos los costos de su lucha legal y justa.

Si hay una vacuna para combatir el Modelo Extractivo Minero es la Agroecología. Las alternativas agroecológicas protegen los bosques, enriquecen los suelos, potencializan la biodiversidad, enraizan a los pueblos en sus territorios y fortalecen su pertenencia legal y cultural. La Agroecología protege los ríos y las fuentes de agua, asegura la soberanía alimentaria de los pueblos y combate el Cambio Climático. La Agroecología es una práctica anti sistémica frente a este capitalismo depredador.

>>Descargar Escaramujo en 104 pdf<<

Más Escaramujos:

Guerrero: Equinox Gold empresa racista y discriminadora con el Ejido Carrizalillo

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 5 de septiembre de 2020

Hacemos un llamado de alerta ante la actual situación crítica que enfrenta nuevamente la comunidad de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, a raíz del comportamiento racista y discriminatorio que la empresa minera canadiense Equinox Gold (anteriormente Leagold Mining y antes Goldcorp, todas canadienses) ha tenido tanto con los representantes campesinos como en el cumplimiento de su convenio, que contiene la exigencia de condiciones elementales de protección ante un emplazamiento minero que desde hace ya más de diez años ha generado una grave afectación, progresiva e irreversible a su comunidad.

Debido a la ruptura en relaciones con el nuevo dueño de la mina Los Filos, el Ejido de Carrizalillo ha declarado concluido su convenio con la empresa y, en ejercicio de su derecho a la tierra y al territorio y tal como está especificado en el acuerdo, han cerrado totalmente las operaciones de la mina desde la madrugada de este jueves 3 de septiembre.

Cabe mencionar que la empresa canadiense Equinox Gold apenas tomó control de la mina Los Filos a principios de 2020, y en este breve tiempo, por sus incumplimientos y falta de capacidad para llevar una relación respetuosa con la comunidad, logró que el Ejido de Carrizalillo echara abajo el convenio que había firmado por 6 años, iniciado en 2019 La nueva propietaria canadiense de la mina no supo mantener una relación de respeto con la comunidad, terminando con la decisión de la comunidad de rescindirlo. Equinox Gold es una empresa relativamente nueva que entró a la escena en México con la compra de la mina Los Filos y con un programa muy ambicioso de despojo de oro y territorio de México y América Latina, proyecto del multi-millonario canadiense e inversionista minero, Ross Beaty, quien también es fundador de la empresa minera canadiense Pan American Silver.

Pan American Silver ha operado por dos décadas en México y es responsable del desplazamiento forzado de la comunidad de La Colorada en Zacatecas en 2017, además de operar la mina “Dolores” en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en las mismas condiciones de militarización y violencia que aplica en Carrizalillo, en el supuesto “cinturón de oro” de Guerrero.

Esta misma empresa cuenta con procedimientos de ingeniería de conflictos, coerción y presión intimidatoria, gracias a los cuales compra proyectos a pesar de existir grandes resistencias de las poblaciones locales, como es el caso de la mina “Escobal”, actualmente suspendida por la resistencia tenaz del pueblo indígena Xinka de Guatemala, y como el proyecto “Navidad” en la provincia de Chubut de Argentina, donde la movilización constante de la población ha logrado la prohibición de la actividad minera desde 2003. Es decir, no es la primera vez que los propietarios y operadores de la empresa canadiense Equinox Gold han mostrado el racismo, el desprecio y el dolo hacia las poblaciones afectadas por sus intereses económicos mezquinos.

Así, la crisis actual en Carrizalillo en Guerrero es el resultado de un largo y sistemático proceso de despojo, que ha dejado ya una severa alteración en la vida de la comunidad, incluyendo el desplazamiento forzado de la mitad de sus familias ante los niveles de violencia surgidos desde 2015. Hasta este entonces, recordamos desde la REMA que el Ejido de Carrizalillo nos daba la bienvenida para conocer de cerca la devastación de sus tierras, para conversar sobre las grandes afectaciones por la minería a sus fuentes de agua y las repercusiones terribles sobre la salud que había sufrido.

Ahora volvemos a agradecer a los ejidatarios por habernos recibido muchas veces. Estos intercambios fueron impactantes y siguen inspirando fuertes resistencias a la minería en otros partes del país. Pero, lamentablemente, el intercambio se suspendió después de que toda esta zona fuera sitiada y violentada por fuerzas del crimen organizado operando en contubernio con el Estado, generando procesos permanentes de extorsión, violencia y miedo. Es decir, los crímenes organizados se apoyan entre sí, porque la minería devastadora es también crimen organizado a partir de la violencia y de las consecuencias criminales inherentes al despojo que impone.

La situación en Carrizalillo es emblemática de lo que implica la devastación ambiental y social que la megaminería tóxica lleva a cabo en muchas comunidades del país y que el gobierno actual no ha querido atender, optando en su lugar por repetir una y otra vez que no otorgaría más concesiones mineras, mientras las empresas ya instaladas siguen generando daños impunemente y amenazando a las comunidades, que para ellos son solamente un estorbo. El modelo extractivo, actualmente tolerado e impulsado por el Estado y protegido por su Guardia Nacional, tiene en Carrizalillo y en toda la región, a consecuencia de engaños y complicidades, una muestra contundente de lo que significa la extracción de recursos a costa de la vida y del futuro de las poblaciones campesinas e Indígenas, condenadas a la pérdida de sus territorios y a su expulsión de los mismos ante la producción de conflictos, enfermedades y muerte, y ante la inseguridad y violencia que las mismas empresas generan bajo su único fin, que es el despojo.

En estos momentos, la prepotencia de la empresa Equinox Gold, aunada a la actitud permisiva y cómplice del gobierno estatal y federal, pretende doblegar la resistencia del Ejido de Carrizalillo, que a pesar de todo exige condiciones mínimas para atenuar los impactos en sus fuentes de agua y su salud, aunque sea luego de tantas afectaciones. Este proceso devastador debe llevar a la opinión pública a exigir la anulación de todas las concesiones de muerte ampliamente evidenciadas. La defensa de los territorios nacionales no se hace desde la ignorancia, la desinformación y las falsedades que las empresas imponen a los gobernantes, sino desde la verdad objetiva de los riesgos y daños evidentes, y en particular, desde el sufrimiento y la dignidad de nuestro pueblo.

Saludamos y enviamos nuestra solidaridad al Ejido de Carrizalillo por su valor y su integridad al levantar y sostener esta pelea ante la discriminación y ambición de una empresa saqueadora canadiense más y en condiciones altamente difíciles, tanto por el contexto local y regional de violencia, como por la pandemia de COVID-19 que la misma empresa ha traído a la comunidad, después de que el gobierno, irresponsablemente y bajo presión, declaró como “esencial” a la actividad minera, como si el despojo de metales como el oro fuese “esencial” para las comunidades, sin consideración alguna por la enfermedad y la devastación que iba a seguir generando.

Hay una «minería sustentable» del modelo extractivista actual dominante, es cierto: ella se sustenta, sí, pero en el despojo, el engaño, el racismo y la complicidad. ¿Cuántos muertos a corto, mediano y largo plazo, cuántas familias expulsadas y dejadas en la miseria, cuántas comunidades y territorios devastados más necesitamos para poner un alto a esta devastación múltiple? Es falso que en Canadá exista una «minería social y ambientalmente responsable». Las evidencias nacionales e internacionales están a la mano. Así como los empresarios mexicanos de esta minería devastan el territorio nacional, así los empresarios canadienses lo hacen en territorio canadiense. Creer otra cosa solo muestra una visión idealizada e ingenua del extranjero y de sus intereses.

Hacemos un llamado enérgico a la opinión pública, a los periodistas y a los movimientos sociales que pongan atención en lo que sucede en este momento de amenazas e intimidaciones en Carrizalillo y que se solidarizan con este pueblo ante los intentos de Equinox Gold de descalificar y esquivar sus justas y mínimas demandas en condiciones de respeto, seguridad y dignidad, y, segundo, a los legisladores y funcionarios que actúan ante tantas violaciones de los derechos que sigue generando la minería en todo el país, para cancelar este tipo de crimen organizado de alcance nacional.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Paro en Carrizalillo 2014

Más información:

Apoyamos el cierre de la mina Los Filos en Carrizalillo, México por parte de la comunidad

Compartimos esta acción es impulsada por Mining Watch Canada – A 4 de septiembre de 2020

>>Firma aquí<<

Antecedentes

El 3 de septiembre de 2020, el Ejido de Carrizalillo (Guerrero, México) rescindió su acuerdo recientemente negociado con Leagold (luego adquirido por Equinox Gold) por la negativa de la empresa a abordar las violaciones del acuerdo, y cerró la mina Los Filos.

Existe una seria preocupación por el bienestar y la seguridad de la comunidad dada la tremenda violencia y el desplazamiento forzado que se produce con una frecuencia espantosa en la parte central de Guerrero, donde las operaciones mineras canadienses Los Filos y otras, como de la empresa minera canadiense Torex Gold, se han expandido rápidamente.

Con esta acción solicitamos a Ross Beaty, Presidenta de Equinox Gold, que se abstenga de cualquier agresión contra el ejido así como de acudir a la policía o a las autoridades para que intervengan ante los ejidatarios en el ejercicio legal de sus derechos sobre la tierra para detener la mina.

¡Respeten los derechos de la comunidad a su tierra!

Lee la carta completa aquí:

Ross Beaty
Presidente de la Junta Directiva

Le escribo* con gran preocupación por el bienestar y la seguridad de la comunidad de Carrizalillo en Guerrero, México, tras la noticia de que ha rescindido su acuerdo con Equinox Gold y está parando legalmente la mina Los Filos, como resultado del trato racista y discriminatorio de la empresa, así como de múltiples incumplimientos del acuerdo social con su empresa. Estas violaciones incluyen el incumplimiento del compromiso de la empresa de asegurar un suministro adecuado de agua para la comunidad, dado desde hace mucho tiempo las actividades mineras en la mina Los Filos destruyeron las fuentes de agua disponibles poniendo en peligro la salud de los miembros de la comunidad.

Los riesgos para la salud de la comunidad han empeorado durante la pandemia de COVID-19, después de que la minería fuera declarada una actividad esencial en México en mayo de este año y las comunidades de Mezcala y Carrizalillo comenzaran a experimentar brotes de infección, luego de que su empresa llamara a los trabajadores a reanudar las operaciones. El Ejido de Carrizalillo señala que dos trabajadores de Los Filos han muerto e informa que la empresa ha estado presionando a los trabajadores para que se presenten a trabajar incluso antes de saber si han dado negativo para COVID-19.

El Ejido de Carrizalillo está actuando dentro de sus derechos legales para rescindir su acuerdo con la compañía y detener la mina. Los ejidatarios lo hacen pese al gran riesgo en el contexto de la tremenda violencia y el desplazamiento forzado que se produce con una frecuencia espantosa en la parte central de Guerrero donde las operaciones mineras canadienses como Los Filos y otras se han expandido rápidamente.

La declaración de Equinox Gold del 4 de septiembre publicada en su sitio web habla de un «bloqueo ilegal de carreteras», lo cual es un claro intento de distorsionar las acciones del Ejido y difamar a la comunidad, poniendo a los miembros de la comunidad en riesgo de violencia y criminalización:

  • Denunciamos el trato racista y discriminatorio que la empresa ha dado al Ejido de Carrizalillo, que incluye poner en grave riesgo el bienestar de la comunidad por la falta de acciones para reponer el agua contaminada y asegurar protocolos sanitarios adecuados en el contexto de la pandemia de COVID-19.
  • Pedimos que se abstengan de cualquier agresión contra el Ejido, incluyendo llamar a la policía, la Guardia Nacional u otras fuerzas o autoridades para que intervengan en un conflicto que claramente es solo entre la empresa y los ejidatarios, dado que el Ejido simplemente está ejerciendo sus derechos legales estipulados en el convenio.
  • Solicitamos se haga una declaración pública reconociendo que el Ejido es el legítimo propietario de la tierra y tiene el derecho legal de retirar su consentimiento y bloquear la mina si la minera no cumple sus acuerdos con el Ejido.
  • Finalmente, demandamos se comprometa públicamente a respetar los derechos de los ejidatarios y que se comprometa respetuosamente con ellos, dejando claro a las autoridades mexicanas, a los demás actores locales y al público que no debe haber uso de la fuerza ni violencia contra ellos.

Atentamente,

>>Carta y firma en ingles aquí<<

Imagen: Community members look on Los Filos open pit mine in Guerrero, Mexico; Photo: Christian Leyva

Más información:

Sábado 5 de septiembre, 12 pm, Conversatorio: El Túmin en Chiapas

Otros Mundos A.C.

Invita al conversatorio:

“El Túmin en Chiapas”

Economía solidaria, una alternativa en tiempos de crisis y covid

Sábado 5 de septiembre de 2020, a las 12.00h en FORO CULTURAL EL PALIACATE, Avenida 5 de Mayo #20, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Economía solidaria, una alternativa en tiempos de crisis y covid.

¿Qué es el Túmin?

Túmin significa dinero en lengua tutunakú. Y desde 2010 es también un pequeño billete, tipo papel moneda. Equivale uno a uno con el peso mexicano y con cualquier moneda, en denominaciones de 1T, 5T 10T y 20T. De uso universal, válido al portador y por quien lo quiera recibir, en cualquier momento.

¿Para qué surgió?

El Túmin se creó por maestros de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), para facilitar el intercambio de productos y servicios, y fomentar la economía local. Esto, debido a la falta de dinero y ante la invasión de grandes tiendas transnacionales.

Más información:

El Escaramujo 103: EL CORREDOR INTEROCEÁNICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 103 en pdf<<

El proyecto que nunca logró el gran capital imponer en la región durante más de 100 años, el primer gobierno de supuesta izquierda bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponerlo pese a la resistencia del movimiento indígena, campesino y social de la región que en las últimas dos décadas se volvió a levantar contra este megaproyecto, cuando nuevamente fue anunciado por el entonces presidente Vicente Fox en el año 2000, en el marco del lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP). Así, En Junio de 2019 AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que imponía el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y en Marzo del 2020 el Estatuto Orgánico. Se espera su funcionamiento a partir del año 2023 y con una inversión de 20 mil millones de pesos.

El Corredor Interoceánico es el multi Megaproyecto más ambicioso del país que hila a otros ubicados en el Sur-Sureste. En el Corredor el Presidente pretende colocar los más grandes despojos de los territorios y los bienes comunes naturales. A este multi Megaproyecto se le unen las refinerías de Dos Bocas, la explotación petrolera y de Fracking, los proyectos de gasoductos, oleoductos y de represas en Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz; los parques eólicos de Oaxaca; la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca; la supercarretera que cruzará Chiapas de Sur a Norte y que unirá la comunicación turística con el Tren Maya que a su vez alimentará el comercio hacia el Corredor Interocéanico. También las plantaciones de palma de aceite, la extracción minera, las posibles regasificadoras para sacar el excedente de gas al mercado asiático; la ampliación de infraestructura aeroportuaria, la instalación de infraestructura para los parques industriales de automotrices y maquiladoras. Todo ello encaminado a facilitar a las empresas transnacionales sus mercancías rumbo al mercado internacional reduciendo tiempos y costos de un puerto a otro, aumentando el valor agregado y sus ganancias, y tratando de humanizar la peor lógica del capitalismo con los supuestos “Polos de Desarrollo para el Bienestar”. El extractivismo será voraz y de todo tipo, de territorios, de bienes comunes naturales y culturales, de mano de obra y de todo aquello que pueda alimentar la cadena de valor mientras las mercancías transitan de un puerto a otro despojando a los pueblos y absorbiendo todo a su paso.

El Istmo de Tehuantepec será la línea divisoria del país, el proyecto cortafuegos que generaría un muro físico con las vías ferroviarias, pero también un muro político, económico y militar de contención de la migración de población pobre e indígena del país así como la proveniente de Centroamérica, pero también para el tráfico y el crimen organizado. (Ver Mapas de Geocoumunes).

El Tren Maya que también estará compuesto por supuestos “Polos de Desarrollo”, desde Palenque, Chiapas, se pretende unir con otras vías férreas hacia el puerto de Coatzacoalcos y de ahí a Salina Cruz. Así, el Corredor Interocéanico también estaría alimentado en su trayecto de 10 “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y marcará especialmente al Istmo de Tehuantepec como el epicentro de la recomposición territorial y económica, que inaugurará una nueva etapa de disputa geopolítica en la región Mesoamericana. Se disputará las tierras a indígenas y campesinos, así como el agua y la energía. Los conflictos socio ambientales prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van conformando redes de resistencia y lucha para defender sus territorios. Es una región con mucha violencia y crimen organizado. El Corredor Interocéanico está ubicado en una región altamente sísmica y con estrés hídrico. Su instalación acarreará el despojo de territorios ejidales y comunales, elevará los costos de las tierras, de los productos básicos y de los servicios. Será una intervención territorial, política, económica, cultural, social y militar de dimensiones insospechadas e irreparables.

Como es costumbre de la actual administración, el Corredor Interocéanico primero se diseñó, se conformaron los intereses, los objetivos, los presupuestos, los planes y trazos, y luego se simuló la consulta a la población indígena y campesina de la región. No fue a ellos a quienes se les preguntó primero qué “desarrollo” desean para su región, cómo quieren vivir, cómo quieren que se gestionen el agua, los ríos, los territorios, la vida digna, sino que primero se Decretó el Corredor Interoceánico para beneficio de los grandes intereses económicos y para alimentar el mercado internacional, bajo el argumento que se les llevará progreso, empleo y bienestar a la población. Pareciera que el bienestar no lo puede definir la libre autodeterminación de los pueblos, si no solo con la intervención del gran capital, sus empleos y su Modelo Extractivo.

Cabe recordar que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que obliga al Estado a sujetarse a las demandas de las trasnacionales en caso de que consideren que el gobierno viola los acuerdos comerciales. México es uno de los países más demandados en América Latina por las trasnacionales, especialmente de Canadá, Estados Unidos y Europa. El Corredor Interoceánico pondrá al país en un escenario más vulnerable por el impacto financiero, territorial, geopolítico y de incidencia de intereses trasnacionales muy poderosos que se instalarían en la región. Si bien AMLO no es anti capitalista, ciertamente es anti neoliberal pero en algunas cosas, en muchas otras no lo es, y en otras, bajo las condiciones actuales del Modelo Estado Corporativo, es imposible serlo. No se puede soñar un antineoliberalismo cuando el Estado y la economía está sujeta y dependiente del andamiaje corporativo y empresarial.

¿Qué dice el Decreto y su Estatuto?

Mucho se ha escrito ya y aún se debate en diversos escenarios sobre el Corredor Interoceánico. Por ahora queremos hacer énfasis en lo que dice el Decreto y su Estatuto para entender su esencia. Para ello rescatamos y resumimos la información que nos parece relevante con el fin de dimensionar el funcionamiento, la influencia y el rol que tendrá este ente estatal.

Sabemos que la alternativa a los males sociales y a la crisis sistémica que actualmente vivimos no puede encontrarse dentro del mismo sistema para que arribe la justicia social. En el marco de este sistema no existe la industria sustentable, limpia, ecológica ni verde. Tampoco lo convierte el hecho de transitar la Matriz Energética hacia las Energías Renovables bajo el mismo Modelo Extractivo como ya lo hemos abordado en El Escaramujo 102. Desde esta perspectiva, el Decreto irónicamente dice considerar que el Corredor garantiza el desarrollo nacional integral, el desarrollo industrial sustentable, el “fortalecimiento de la la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Se considera que es inaplazable el pleno ejercicio de la “libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas” en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la “competitividad”, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables. Que el Estado mexicano considera prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen específicamente el comercio internacional. Son demasiados supuestos. Como si no existieran las asimetrías en la competitividad y ésta distribuyera la riqueza a los pueblos indígenas y el ingreso a los trabajadores y migrantes maquiladores; como si todos los recursos en beneficio del comercio internacional favoreciera el ejercicio de la soberanía nacional.

El Objetivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se resumen en prestar servicios administrativos portuarios en Coaztacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión por medio de un tren que mueva las mercancías. Será un Organismo Público Descentralizado, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”, y con oficinas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su patrimonio estará formado por aportes del gobierno federal, quien subsidiará al comercio internacional especialmente de las grandes trasnacionales para el beneficio del mercado asiático.

Los tres niveles de gobierno, todos los sectores, todos los tipos y tamaños de empresas y todos los recursos naturales se pretenden vincular al Corredor para integrarse en la cadena productiva y de valor en beneficio del comercio internacional de las grandes empresas trasnacionales. Las inversiones serán públicas y privadas para construir la infraestructura física necesaria, así como la social y productiva; o en su caso modernizarla o mejorarla. Así, según los casos, se buscará la participación de los sectores público, privado y social. También se concertará los esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Por tanto, los Presidentes Municipales serán un foco de presión política fuerte para la implementación de toda la Plataforma Logística que abarcan los puertos de ambos lados, la interconexión con el tren durante todo su recorrido por sus territorios, los ductos, las carreteras paralelas al tren, los aeropuertos, servicios de combustible, la infraestructura eléctrica y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ya que serán los “polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec quecontarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de laregión, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial”. Al final, la presión serámayúscula sobre los Ejidos y Bienes Comunales.

La Dirección y Administración del Corredor se conformará por una Junta de Gobierno. El Director General será nombrado por el Presidente de la República. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Administración, quienes contarán con voz y voto, no recibirán sueldo por ello y estará integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo presidirá,el Subsecretario y la Subsecretaría de Egresos; de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la Secretaría de Economía; dos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU).

El Corredor tendrá la participación de las Unidades Administrativas siguientes: Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social (Planeación y Diseño de Estrategias para el Desarrollo;Diseño de Estrategias para el Desarrollo y Articulación de Políticas Públicas; Desarrollo del Sector Agroalimentario y Agroindustrial; Cadenas Productivas Agroindustriales; Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y el Bienestar; Fomento a Programas de Apoyo y Desarrollo de Sectores Productivos; de Incentivos y Mecanismos de Facilitación; de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo, Investigación, Tecnología e Innovación; de Financiamiento para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec). La Unidad de Infraestructura y Transportes (Coordinación General de Proyectos, Transporte y Energía); y la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial(Promoción de Inversiones, y Coordinación General de Desarrollo Comercial); la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información (Recursos Humanos, Materiales y Tecnologías de la Información, y Coordinación General de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad); y la Unidad de Transparencia. La Coordinación General Jurídica, la Dirección de Control de Gestióny Compromisos Gubernamentales.

La Junta de Gobierno y todo su andamiaje institucional, tendrá, entre otras funciones:

  1. Impulsar y definir los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”; los perfiles de las industrias y empresas que se instalarán en ella a lo largo del Istmo de Tehuantepec; la infraestructura logística, social y de servicios necesarios en el Istmo y para las empresas; y las bases para el otorgamiento de concesiones y concursos públicos.
  2. Vincular al sector social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provisión de bienes y servicios en la región del Istmo de Tehuantepec, incrementar su producción, agilizar el traslado y la provisión oportuna de materias primas, bienes y servicios vinculados. para integrarlas a las cadenas productivas y con las cadenas globales de valor.
  3. Mejorar el marco regulatorio que permitan reducir el tiempo y costo del cumplimiento delos trámites y requisitos que las personas físicas y morales que deseen realizar actividades económicaso la instalación u operación de unidades de producción.
  4. Para el funcionamiento de la Plataforma Logística (puertos, carreteras, aeropuertos, ductos, y su interconexión del ferrocarril), crear estrategias integrales de la infraestructura, para la planeación,financiamiento, construcción, operación y comercialización del sistema de transporte, energía y en general de los servicios unificados multimodales con valor agregado para el transporte de las mercancías, la infraestructura eléctrica y de combustibles.
  5. Realizar estudios, consultas, análisis y proyectos en temas de planeación, ordenamiento territorial, sustentabilidad e infraestructura, capital humano, así como de políticas públicas complementarias en el Istmo de Tehuantepec.
  6. Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec “preserve la cultura, costumbres y la identidad de sus pueblos indígenas”; diseño de los protocolos de consulta específicos en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas.
  7. Identificar el mercado laboral y vincular al sector académico.
  8. Impulsar proyectos para el el desarrollo social en la región del Istmo.
  9. Incluir en la cadena productiva del Corredor las actividades de agricultura, ganadería,pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agroindustrial, agroalimentaria, y cualquier otra actividad que tenga relación con la colaboración de los productores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y actores del sector.
  10. Crear las facilidades administrativas, beneficios, incentivos y apoyos para los sectores social, las comunidades, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
  11. Atraer financiamiento para la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Vincular a las empresas que se instalen en el Corredor con la Banca de Desarrollo y/o Comercial.
  12. Integrar los proyectos de inversión de las empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en participar.
  13. Establecer centros de investigación, tecnología e innovación en la región del Istmo de Tehuantepec

Los conflictos socio ambientales…

El Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec ha levantado nuevamente el conflicto con las comunidades afromexicanas, indígenas y campesinas por donde se pretende trazar su ruta por sus impactos ambientales y el despojo de las tierras para el beneficio del comercio internacional. Los sectores afectados directos confirman que no han sido informados de forma adecuada, que no se ha respetado su derecho a la libre determinación de sus territorios pese a los amparos presentados. Porotro lado, se denuncia que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa“Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV” contiene errores y omisiones graves.

Los movimientos sociales manifiestan que otros proyectos de supuesto “desarrollo” en la región delIstmo en los corredores industriales y petroquímicos no han beneficiado a la población. Basta conobservar la pobreza, la contaminación del aire, suelos y ríos en la región de Coaztacoalcos, el deteriorode la infraestructura y el abandono de las localidades aledañas.

La presencia del crimen organizado es muy fuerte y se refleja en violencia, secuestros, drogadicción,feminicidios, asesinatos, cobros de derechos de piso, desaparecidos, prostitución, trata de personas,entre otras problemáticas que subsisten alrededor de la industria petrolera. Con ello, un aumento de lamilitarización además de otras problemáticas como la inflación, la desigualdad social y la migración.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una intervención física y territorial compuestapor muchos megaproyectos interconectados que acarreará un impacto social y ambiental lamentable sinprecedentes. Los pueblos sostienen que hay otras formas, por medio de la autonomía y laautodeterminación, como se pueden generar mejores condiciones de vida, no para alimentar al sistema,sino para alimentar la esperanza de los pueblos de que es posible un mundo donde quepamos todas ytodos con dignidad.

>>Descargar Escaramujo 103 en pdf<<

Más Escaramujos:

Continúa la impunidad en el caso Berta Cáceres

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 20 de agosto de 2020

Causa Berta Cáceres. (HERE in English)

Hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hacen del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente acerca de las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.

  • La decisión de la Corte Suprema de Justicia de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
  • Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público.
  • El proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
  • Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah.
  • En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente.
  • La defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública.
  • El cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
  • En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
  • La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita.
  • Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañanera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, complices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica  se levantan nuestras voces  llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Dado a los 20 días del mes de agosto de 2020.

Imagen: COPINH

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¿Quién gana cuando comemos veneno?

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el glifosato en México – A 15 de agosto de 2020

Por: Silvia Ribeiro *

El glifosato fue diseñado para matar plantas, pero como es un veneno afecta también insectos, animales y humanos. Al igual que otros agrotóxicos, para hacer más digerible su misión biocida, la industria le llama herbicida. El glifosato es el más usado en el mundo, principalmente porque más de 85 por ciento de cultivos transgénicos sembrados fueron diseñados para ser tolerantes a éste, lo que permitió usar grandes volúmenes.

Monsanto lo patentó en 1974 y desde entonces sostuvo que no es muy tóxico y que solamente afecta las hierbas. Pero la empresa sabía desde hace décadas, advertida por sus propios investigadores, que tiene efectos dañinos en humanos y animales, incluso cancerígenos.

Tomó 41 años para que la Organización Mundial de la Salud declarara, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario de 17 expertos en cáncer de 11 países, que efectivamente el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos. El equipo analizó cientos de estudios científicos y llamó el glifosato probable cancerígeno en humanos porque no es posible hacer pruebas de laboratorio con humanos para confirmar la hipótesis. Se hicieron en células humanas, in vitro. Revisaron gran cantidad de evidencias en países escandinavos, que muestran una relación entre exposición a glifosato y surgimiento de cáncer linfoma no Hodgkin.

Que Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sabía de la alta peligrosidad del glifosato se demostró en cortes de Estados Unidos, donde a la fecha hay más de 100 mil juicios contra la compañía iniciados por personas afectadas por cáncer debido al uso de glifosato. Tres cortes sentenciaron cifras multimillonarias a favor de cuatro demandantes –antes de las apelaciones, más de 2 mil millones de dólares. La Corte reconoció una cantidad abrumadora de evidencias de que Monsanto sabía de los daños y lo ocultó intencionalmente para seguir vendiendo el tóxico. Según la primera sentencia a favor de Dewayne Johnson, Monsanto actuó con malicia y negligencia. Todo para seguir obteniendo ganancias a expensas de la salud de la gente y la contaminación de agua, alimentos y naturaleza (https://tinyurl.com/juicio-Monsanto).

Es la misma lógica que defiende el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en México cuando reclama que se debe seguir usando este tóxico, así como defiende también el uso de otros agrotóxicos altamente peligrosos y prohibidos en otros países, como paraquat. Los afectados por glifosato, en particular los agricultores que lo usan y sus familias, deberían guardar las evidencias de estas declaraciones y las de Bayer-Monsanto y otras compañías que siguen vendiendo el glifosato sin advertir sobre sus altos riesgos. Podrían ser útiles si deciden seguir el camino de más de 100 mil agricultores estadunidenses afectados por cáncer y otras enfermedades causadas por el uso de glifosato bajo falsas advertencias de baja toxicidad.

No es extraño que el CNA defienda el glifosato y el uso de venenos pese a las muchas evidencias que existen sobre sus riesgos y a despecho de la salud de los trabajadores agrícolas y los consumidores. Muchos de sus socios, hacendados y empresarios, rara vez pisan el campo: los fumigados con glifosato y otros agrotóxicos son sus peones y jornaleros, a quienes consideran materia descartable, abundante y remplazable. Además, en su directiva, a través de la Asociación Mexicana de Semilleros, están representadas Bayer-Monsanto y otras trasnacionales de agrotóxicos y semillas transgénicas, que son las que más ganan con la venta de agrotóxicos, controlan casi la totalidad de ese mercado en México y el mundo.

El argumento de que sin glifosato se afectará la autosuficiencia de México es falaz en muchos sentidos. Para empezar, lamentablemente hay muchos otros agrotóxicos en el mercado, también de alta peligrosidad, como documenta Rapam, que también deberían ser prohibidos (https://tinyurl.com/rapam-pap).

Con la prohibición de agrotóxicos y cambio de forma de producción agrícola, lo que más se afectará no son las necesidades alimentarias de la población en México, que sobre todo se atienden desde la producción campesina y en menor escala, sino las ganancias de las trasnacionales que dominan la venta de agrotóxicos y semillas, la producción de forrajes para la gran industria pecuaria y unos pocos productos más de exportación. Como explica Ana de Ita, estas actividades se han convertido en jugoso negocio de unas cuantas empresas que producen para sus propias ganancias y cínicamente le llaman autosuficiencia de México (https://tinyurl.com/autosufi-AnadeIta).

También hay campesinos y agricultores chicos que usan glifosato para desyerbar, en parte por no conocer el alto riesgo en que ponen su vida, familia y comunidad. El cambio en estas parcelas es viable, posible y juega en su favor. Requiere información y apoyo sólido a las formas de agricultura campesina, sin químicos y desde sus propios conocimientos y formas de organización.

Está en juego la salud de todas y todos con modelos de agrolimentación contrapuestos: sistemas campesinos y locales de alimentación sana, que afirman la diversidad cultural, dan trabajo a muchos y cuidan la naturaleza o sistemas industriales para seguir engordando las ganancias de las trasnacionales, a costa de la salud de la gente y el ambiente.

* Investigadora del Grupo ETC

Imagen: Infonatural

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Solidaridad internacionalista con la comunidad garífuna de Honduras

Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre lo acontencido recientemente en Honduras con las comunidades garífunas – A 16 de agosto de 2020

Amigos de la Tierra Internacional expresa su preocupación, indignación y repudio ante el secuestro en Honduras de Alberth Snaider Centeno Tomas -presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz-, Milton Joel Martínez Alvarez, Suami Aparicio Mejía y Albert Sentana Thomas.

Los compañeros, de la comunidad de Triunfo de la Cruz, ciudad de Tela, e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), fueron sustraídos de sus hogares el 18 de julio por parte de hombres fuertemente armados que vestían prendas de la policía nacional y chalecos con la insignia del Departamento de la Policía de Investigación (DPI).

Desde ese entonces y pese a las reiteradas denuncias que han elevado organizaciones y movimientos nacionales e internacionales, las autoridades hondureñas no han entregado ninguna respuesta efectiva acerca de las investigaciones que se adelantan para dar con el paradero de las cuatro personas secuestradas.

Como es conocido al interior y afuera del país mesoamericano, la comunidad indígena garífuna de Honduras sufre agresiones sistemáticas desde hace varios años, ejercidas por compañías bananeras y de cultivo de palma aceitera, entre otras, y más recientemente por los usurpadores de tierras para emprendimientos habitacionales y turísticos. El ejercicio democrático y legítimo de defensa del territorio realizado por OFRANEH y su permanente denuncia de las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, ha convertido a los integrantes de la organización en blanco de diversos ataques. Han sido reiteradas las situaciones en las que han sufrido amenazas, persecuciones, asesinatos, y acciones repudiables como la que hoy denunciamos, el secuestro de quienes se oponen al modelo neoliberal de privatización y mercantilización de los territorios y de los bienes naturales, que permiten la subsistencia comunitaria.

De acuerdo a las informaciones que hemos recopilado y analizado en las últimas semanas, con el apoyo de los pueblos en resistencia y las organizaciones que hacen seguimiento a los derechos humanos en Honduras, el complejo hotelero INDURA, ubicado en la costa norte hondureña, y el parque nacional PUNTA IZOPO, en el municipio de Tela, han sido denunciados por habitantes de la zona por usurpar tierras y expulsar pobladores locales. Asimismo, se ha advertido sobre posesión ilegal de tierras por parte de las empresas desarrolladoras inmobiliarias MACERICA e IDETRISA.

En ninguno de los proyectos que estas empresas desarrollan fueron consultados los pueblos garífunas, lo que es obligatorio para cumplir con el Derecho a Consentimiento  libre, previo e informado que tienen los pueblos indígenas en el mundo, establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ratificado por Honduras en 1995.

Las agresiones se incrementaron notablemente desde 2015, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la devolución de tierras y reparación de daños a la comunidad de Triunfo de la Cruz. La demanda ante la Corte IDH fue presentada en 2003, admitida el 14 de marzo de 2006, y el 8 de octubre de 2015 la Corte IDH emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado de Honduras por todos estos actos de violación de los derechos territoriales y colectivos de la comunidad de Triunfo de la Cruz. En esa sentencia se establecen las responsabilidades del Estado y su obligación de garantizar los derechos a la comunidad, reparar los daños ocasionados y asegurar los mecanismos adecuados para evitar la repetición de esos hechos. Sin embargo, a la fecha, casi cinco años después, la sentencia no se cumple, la comunidad es aún violentada, y el año pasado fueron asesinadas 17 personas, 11 hombres y 6 mujeres.

Desde hace varios años y en el pasado reciente, nuestra red regional de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha denunciado la brutal violencia que soportan las organizaciones, movimientos y comunidades del hermano país mesoamericano. ATALC ha recopilado información, documentado denuncias, y dejado constancia ética e histórica de la nefasta situación a la que se ha llevado al pueblo garífuna, sin que haya acciones contundentes de parte del Estado hondureño y los gobiernos de turno para atender ese contexto. Ante la agudización de la criminalización contra ese pueblo originario y la combinación de todas las estrategias de despojo comunitario y violación de sus derechos, Amigos de la Tierra Internacional reitera el repudio y la denuncia del secuestro de los luchadores de la comunidad Garífuna. Asimismo, denunciamos todos los crímenes de lesa humanidad contra las/os lideresas/líderes comunitarias/os, sujetos políticos en resistencia al modelo de exterminio y en defensa de sus territorios ancestrales, hombres y mujeres fundamentales en la dignificación de la vida de la clase popular.

Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más mujeres y hombres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Mientras, el neoliberalismo despoja territorios para favorecer a las corporaciones transnacionales que, en estos momentos, lucran de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.

Adicionalmente, ante la impunidad reinante en Honduras que a través de esta declaración estamos denunciando, nos sumamos a las organizaciones sociales de ese país para hacer un llamado a la solidaridad internacionalista y exigir al gobierno nacional:

  • La inmediata aparición con vida de los cuatro Garifunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz secuestrados, entre ellos el Presidente del Patronato de la comunidad e integrante de la OFRANEH.
  • La detención inmediata de la violencia sistemática y ocasional contra el pueblo garífuna.
  • El cumplimiento urgente de la sentencia de la Corte IDH en la que se ordenó al Estado, entre otros actores, a sanear, titular y demarcar 2840 hectáreas que corresponden al territorio ancestral, y además devolver a la comunidad de Triunfo de la Cruz, ya que es la dueña legítima, 22 hectáreas de tierras en manos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Tela, así como 98 hectáreas que se encuentran ilegalmente en posesión de las empresas MACERICA e IDETRISA, que ejecutan los proyectos habitacionales  Marbella y Playa Escondida.

Convocamos a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con OFRANEH y con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la aparición con vida de los compañeros secuestrados y hasta que cese la violencia sistemática y cualquier ataque contra nuestros pueblos.

Enviaremos estas demandas en una carta al Gobierno de Honduras. Necesitamos su apoyo y solidaridad para que nuestras voces sean escuchadas. Por favor, firmen la carta antes del viernes 21 de agosto de 2020. Reuniremos firmas para enviar la carta antes del 24 de agosto.

Imagen: OFRANE

Más información:

La hermandad de la industria tecnológica y la minería a cielo abierto

Compartimos este reportaje publicado en Proceso sobre la minería a cielo abierto- A 30 de junio de 2020

Por Pablo Gámez-Cersosimo*

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una demanda histórica, Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron acusadas por la muerte y lesiones graves a niños que trabajan en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las tecnológicas estadunidenses. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos”.

“Se abusa de los derechos humanos de las personas en niveles que muchos consumidores occidentales podrían encontrar difíciles de imaginar”, explica Sophia Pickles, experta en cadena de suministro y líder de equipo en el organismo de control de la corrupción, Global Witness[i]. “A menudo me pregunto si las personas serían tan rápidas para comprar una nueva computadora portátil si su hermano o madre trabajaran en las profundidades de un pozo de 100 metros, sin ningún equipo de seguridad que funcione bajo el riesgo permanente de un colapso de la mina. O si las fuerzas de seguridad golpearan gravemente a su padre en una mina y ahora está paralizado. O si la gran empresa minera los hubiera echado de sus tierras y, como consecuencia, sus vidas dieran un vuelco no deseado”.

A finales de diciembre de 2019 y prácticamente sin mayor atención mediática,  las corporativas tecnológicas Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas en un tribunal federal en Washington DC,  por parte de la firma de derechos humanos International Rights Advocates. La demanda se presentó en nombre de 14 padres e hijos de la República Democrática del Congo (RDC). El equipo legal de los demandantes incluye a dos reconocidos investigadores y expertos en trabajo infantil forzoso, el profesor Siddharth Kara (Harvard) y el doctor Roger-Claude Liwanga[ii].

De acuerdo con Kara, “esta demanda representa la culminación de varios años de investigación sobre las terribles condiciones de la minería de cobalto en la RDC (…) Espero que nuestros esfuerzos sean dignos de las familias valientes que compartieron su tormento inconmensurable con nosotros, y que la justicia y la decencia triunfarán sobre la búsqueda de ganancias a cualquier costo[iii]“.

Por su parte, el doctor Liwanga comenta: “Este es el comienzo del fin de la impunidad para aquellos que se han beneficiado económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC. Los niños de la RDC también tienen el derecho inherente e inalienable de ser protegidos de la explotación económica[iv]”.

La demanda interpuesta contra las grandes tecnológicas es resultado de una larga investigación de campo realizada por Siddharth Kara, acusando a las compañías de ser responsables de la muerte y lesiones graves de niños que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las compañías mencionadas. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos[v]”.

Una de las alegaciones centrales en la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla eran conscientes y tenían “conocimiento específico” de que el cobalto que usan en sus productos está vinculado al trabajo infantil realizado en condiciones peligrosas, y fueron cómplices en el trabajo forzado de los niños.

“Las familias y los niños afectados por trabajo forzoso buscan una mayor compensación por enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencional de angustia emocional[vi]”.

Las familias argumentan en el reclamo que sus hijos estaban trabajando ilegalmente en minas propiedad de la compañía minera británica Glencore. Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas propiedad de Glencore se vende a Umicore, un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas, que luego vende cobalto de grado de batería a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell.  Otros demandantes dicen que trabajaron en minas propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, una importante firma china de cobalto, que según la demanda suministra a Apple, Dell, Microsoft y otras tecnológicas.

Con detalle, las familias congoleñas describen cómo sus hijos fueron empujados por la pobreza extrema a buscar trabajo en grandes sitios mineros, donde afirman que se les pagó tan solo $2 diarios por trabajos “desgarradores y peligrosos para extraer rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles subterráneos oscuros.

Los niños trabajaban 12 horas al día, cavando y transportando sacos de rocas ricas en cobalto. Es una lucha caótica por hacerse con este producto de gran valor. Casi dos tercios del suministro actual de cobalto del mundo se origina en una franja del sur de la RDC, un país plagado de profunda corrupción y pobreza paralizante.

Cuando los niños no están en la escuela, todos van a trabajar a las minas. Incluso a partir de los 10 años[vii]“.

Auguste Mutombo, director ejecutivo de Alternatives Plus, una ONG con sede en la República Democrática del Congo, que trabaja para mejorar las condiciones en el sector de la minería artesanal, ayudó a facilitar la investigación de campo que formó la base de evidencia para la demanda.

De acuerdo con Mutombo, poco después de que los detalles de la demanda se hicieran públicos, recibió decenas de amenazas de muerte en persona y por teléfono. “Esperaba algunos problemas después de la presentación de la demanda, pero la magnitud de las amenazas me hizo temer mucho por la seguridad de mi familia y significaba que teníamos que escondernos”, dijo Mutombo[viii].

La esencia de los dispositivos tecnológicos

En apenas tres décadas, nuestros dispositivos han evolucionado a tal punto que no concibimos el día a día sin ellos. Su papel es protagónico y hemos pasado a ser dependientes de nuestro teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil. De distintas formas, nuestros dispositivos digitales son imprescindibles, porque son los que nos permiten la conectividad con la membrana digital que hemos creado. Pero realmente sorprende que desconozcamos el origen de los dispositivos tecnológicos que alimentan nuestras vidas, ¿ por qué razón nos molesta tan poco ?

Apple, por ejemplo, ha vendido cerca de mil 500 millones de iPhones en la última década, y con el creciente escrutinio sobre dónde obtiene los metales y minerales de tierras raras, necesarios para producir estos productos a tal escala, la compañía ha tenido que considerar la huella ambiental de sus operaciones de manera similar a una empresa minera, o una empresa de petróleo y gas en alta mar[ix]. Pero lo mismo sucede con Google, Tesla, Microsoft o Dell.

De hecho, las empresas tecnológicas no podrían ser entendidas sin la minería a cielo abierto. De igual forma, la mayoría de los consumidores podrían no ser conscientes de que los componentes principales utilizados en sus teléfonos inteligentes, y gran parte de su tecnología personal, incluyen tierras raras, además de cobalto, oro, plata, paladio, cobre y estaño.

Las materias primas para la electrónica personal provienen de lugares dispares en todo el mundo: el paladio proviene principalmente de Sudáfrica y Norilsk, Rusia, mientras que la plata proviene de minas en todos los continentes. Mientras tanto, la fabricación de piezas tiene lugar en Corea, Taiwán, China, Tailandia, Malasia y Japón, antes de que los dispositivos se ensamblen en países como Brasil e India, así como en China y Corea. La inmensidad de estas cadenas de suministro significa que la transparencia, y la responsabilidad, son fáciles de esquivar. La producción física de productos tecnológicos también consume mucha energía, ya que el viaje global requerido en las cadenas de suministro de tecnología es un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.

Una cadena “borrosa”

Todos los materiales y componentes se fabrican en una cadena de valor altamente compleja y globalizada, a partir de la extracción de recursos hasta el procesamiento de materiales y la producción de componentes (con una gran cantidad de proveedores involucrados en la producción, debido a la experiencia altamente específica requerida). Las muchas funcionalidades del teléfono móvil requieren un amplio conjunto (más de 400) de diferentes componentes (por ejemplo, batería, placa base, cámaras, motor de vibración, altavoces, condensadores, diodos y varistores) .

Los teléfonos móviles forman parte de una categoría de productos denominada “EEE”, que quiere decir “Equipos eléctricos y electrónicos”.  Esto incluye cualquier producto con un enchufe de alimentación o batería con circuitos o componentes eléctricos, que van desde lavadoras y computadoras portátiles hasta máquinas de afeitar eléctricas.

En comparación con otros ”EEE”, los teléfonos móviles son uno de los elementos más pequeños, y, por lo tanto, no son los únicos que contribuyen a muchos problemas relacionados con esta categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a la extracción de metales y minerales, que es donde tiene lugar el mayor impacto ambiental y socioeconómico.

En países de bajos ingresos, los metales y minerales a menudo se extraen a través de operaciones artesanales informales y de minería a pequeña escala (ASM). Mientras que las operaciones mineras a gran escala (LSM) son formales, mecanizadas, intensivas en capital con trabajadores altamente calificados, los ASM son en gran medida operaciones informales, intensivas en mano de obra y con una gran fuerza laboral poco calificada.

Los ASM suministran una parte significativa de los metales que son críticos para los teléfonos móviles, como el estaño, el tantalio y el oro (que cubren respectivamente el 20%, 25% y 26% del suministro global) de países como Ruanda, Brasil, Venezuela o Colombia.

Los ASM también proporcionan medios de subsistencia a millones de personas en países de bajos ingresos. Especialmente donde las actividades agrícolas y rurales se están volviendo menos lucrativas, ASM proporciona ingresos para aquellos que tienen pocas oportunidades alternativas de empleo. Para algunos países de bajos ingresos, la minería también contribuye significativamente al PIB (20%, 13% y 6.5% para la República Democrática del Congo, Zambia y Ghana, respectivamente) .

Las operaciones mineras ilegales que producen los llamados “minerales de conflicto” están utilizando trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, y hacen cumplir poco o nada los estándares de seguridad y salud. Las malas prácticas ambientales también resultan en una alta ecotoxicidad para el aire, el agua y el suelo. La ecotoxicidad causada por la minería puede contaminar la cadena alimentaria y el agua potable, así como degradar las tierras de cultivo, lo que afecta la producción de alimentos[x].

En el caso de los  teléfonos móviles, estos poseen una vida útil relativamente corta, pero demandan altas cantidades de materiales vírgenes y energía. En 2018, el 49% de todos los teléfonos fabricados eran de China, lo que lo convierte en el país líder en la producción de teléfonos móviles para el mercado global. Si bien la fundición de los metales y minerales  tienen lugar en ubicaciones geográficas por todo el planeta,  la mayor parte de la producción de componentes y el ensamblaje final ocurre en China, con un alto índice de polución ambiental.

Ahora bien, la demanda de nuevos productos EEE está creciendo, con tendencias imparables como los  “hogares inteligentes”, tecnología de realidad virtual y drones personales. En segundo lugar, existe una creciente demanda de los metales críticos que se encuentran en los teléfonos móviles debido a las tendencias en la electrificación y las energías renovables, con una creciente necesidad de, por ejemplo, baterías, turbinas eólicas, pilas de combustible y energía fotovoltaica. Por último, con una clase media de crecimiento mundial, se espera un mayor consumo de EEE.

La era de los metales avanzados

El Premio Nóbel de Física, George Thomson, la llama la “era de los materiales avanzados”.  Sus propiedades especiales han hecho posible lo que parecía imposible a nivel de electrónica, digital o científico. Dicho lo cual, su ausencia creará un serio desequilibrio en el modelo que se ha impuesto.

La línea de desarrollo que hemos seguido nos sitúa en esta realidad. El rostro de estos materiales ha ido variando en el tiempo, pero lo que no ha variado es la base del modelo y paradigma. La industria digital y la industria de energías limpias está enroscada a un fodo básico de metales y minerales absolutamente imprescindibles.

¿Por qué razón se está ocultando? ¿Qué es lo que no se quiere revelar? Una rápida vista a Baotou, en Mongolia, o al Amazonas en Brasil, a Guanía, en Colombia, al Arco Minero en Venezuela, es suficiente para entender que la revolución digital y la revolución verde no se alimentan de bambú.

En el caso de Australia[xi], la explotación de tierras raras también genera polémica.  La empresa Lynas Corp. maneja dos instalaciones en la producción de tierras raras: la minería, que tiene lugar en Mount Weld, Australia Occidental; y el procesamiento, que sucede fuera de casa, en Kuantan, Malasia. El grueso de la contaminación se genera en Kuantan, donde se han acumulado más de 450 mil toneladas de desechos tóxicos y radioactivos. Esa nube tóxica preocupa al gobierno de Malasia. Y las autoridades de Malasia exigen a Lynas Corp. que retire los desechos radioactivos producidos por las instalaciones de refinado en Kuantan. En la memoria colectiva del país, aún pesa la catástrofe ambiental y de salud que tuvo lugar en Bukit Merah, precisamente por los residuos tóxicos derivados de la explotación de tierras raras.  El problema de Lynas Corp. es que la legislación autraliana prohíbe la importación de desechos radioactivos. ¿Entonces dónde colocarlos?

Cada metal y mineral nos plantea en distintas regiones del planeta una realidad de impacto ambiental severo[xii], violaciones a la salud y seguridad de los trabajadores, además de abusos a los derechos humanos. En el caso de América Latina, es algo que documentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) al elaborar el primer mapa de minería illegal en la Amazonía[xiii], una radiografía interactiva que confirma la presencia de 2 mil 312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales en plena selva tropical y 30 ríos donde tiene lugar el accionar de la actividad minera. “La extracción minera en la Amazonia no tiene comparación con ningún otro momento de la historia”, se puede leer en el informe de la RAISG, que también recuerda que la Amazonía es uno de los lugares de donde se extraen los insumos de nuestro ecosistema digital.

La industria de la minería

Los mineros son colectivamente responsables de 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estos gigantes devoran el 6% de la demanda energética mundial mientras mueven rocas y tierra para desbloquear los metales y minerales[xiv] utilizados en el proceso de fabricación de todas las formas y tamaños de nuestra modernidad digital, y de los que depende el interruptor de la energía limpia.

Según la firma de análisis McKinsey, en la última década las corporativas tecnológicas descubrieron en la industria minera uno de sus clientes “vitales”, haciendo que adoptaran diferentes estrategias: inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la tecnología digital móvil, el Internet industrial de las cosas y la arquitectura de datos moderna (incluida la nube).

Estas nuevas tecnologías han permitido una ejecución que permite eliminar la variabilidad inherente a la actividad minera. ¿El resultado? La productividad mineral  aumentó aproximadamente 2.8% anual desde 2014.

¿La consecuencia? Que las reservas de minerales y metales está disminuyendo, mientras que la escasez de agua ha amenazado con vaciar los activos en el suelo, y las licencias de operación se han vuelto más difíciles de obtener[xv].

Es importante no olvidar que las Big Tech son empresas y, como tales, buscarán oportunidades para vender sus productos y servicios a quienes los necesiten y puedan pagarlos, sea Big Mining, Big Oil, Big Pharma, Big brother, la CIA, Interpol, Shell, Monsanto, el Pentágono o la industria militar.

Y todos necesitan de las tierras raras.

El senador de Texas Ted Cruz dijo[xvi] que el primer trillonario del mundo se haría en el espacio, refiriéndose al potencial financiero de la minería de asteroides. En abril de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reafirma el interés estadunidense en la explotación corporativa de recursos lunares y de asteroides[xvii]. Un mes antes del comunicado de la Casa Blanca, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, cerraba con la NASA el acuerdo de una misión que despegará en julio 2022 y cuyo destino será Psique 16, “un asteroide metálico, misterioso y gigante. Hay tantos metales preciosos enterrados dentro del asteroide que podría convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria[xviii]”.

Pero antes de que “viajemos” a Psique 16, tendrá que resolverse la demanda presentada contra Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla en una corte federal de Washington.

Imagen: Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx

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La “4T” y el derrame tóxico en el Río Sonora… Una herida abierta y el incumplimiento gubernamental continúa

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020

El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.

Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.

El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.

La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.

Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.

Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.

Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.

La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de  la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES

Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.

ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página

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