Mentirosa y mediocre respuesta de la Empresa Minera Equinox Gold relacionada con la ruptura de su represa en Brasil en marzo 2021

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la ruptura de una represa de una minera canadiense en Brasil nuevamente- A 23 de abril de 2021

En una humillante respuesta (para el pueblo de Maranhão, Brasil), de parte de la empresa Equinox Gold al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/equinox-gold-response-4/, sobre el desastre ocasionado, entre el 23 y 25 de marzo del año en curso, a causa de la ruptura de su presa de desechos mineros; la minera relata de manera cínica que, “debido a las intensas lluvias se desbordó un pequeño estanque de agua dulce de nuestra propiedad conocido como Lagoa do Pirucáua, lo que contribuyó a la turbidez del agua e inundó temporalmente la carretera de la aldea de São José.”

De igual forma minimiza los daños y llama a los medios mentirosos y faltos de información, cuando afirma que, “el desbordamiento ha sido reportado incorrectamente por algunos medios de comunicación independientes como una falla de la «presa de jales». No hubo ningún fallo en la presa de residuos. Las fuertes lluvias y las consiguientes inundaciones regionales no afectaron a las estructuras operativas de la mina, incluidos nuestros pozos, la instalación de almacenamiento de residuos y las instalaciones de roca estéril, que siguen intactas y funcionando con normalidad. Tampoco se produjeron emisiones de «productos químicos tóxicos» en la mina, como se afirma en algunos artículos. Estos hechos han sido confirmados por los reguladores que visitaron el sitio de Aurizona para inspeccionar las instalaciones de jales y roca estéril y también fue publicado en el sitio web de la Agencia Nacional de Minería de Brasil.”

Estas afirmaciones las ha realizado la empresa a pesar de que las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos de Brasil, han enviado notificaciones a la empresa para que esclarezca los hechos de contaminación por el desastre en esa región aurífera, a lo cual la empresa Equinox Gold responde sólo con un correo de manera evasiva y desdeñosa. https://mab.org.br/2021/04/01/cndh-notifica-equinox-gold-para-esclarecimentos-sobre-rompimento-em-aurizona-no-maranhao/

Equinox Gold, en su relato al centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos, al que hacemos referencia líneas arriba, afirma de manera engañosa y en consecuencia con dolo, que “el personal de la mina reaccionó rápidamente para apoyar a las comunidades vecinas, incluso transportando a la gente a través de las carreteras cuando se inundaron, ayudando a restablecer rápidamente el acceso a las carreteras, entregando agua limpia en camiones para complementar los suministros de agua de los hogares y entregando agua potable embotellada para complementar los suministros disponibles en la comunidad. También ofrecimos nuestra ayuda para mantener y mejorar la planta de tratamiento de agua de la comunidad, que estaba entregando agua filtrada en pocos días tras la instalación de nuevos filtros”.

Sorprende la rápida y colaborativa respuesta por parte de la empresa en una clara estrategia para tapar lo más rápidamente posible los daños que ocasionó y aparecer ahora de forma colaborativa apoyando a la población, cuando es su responsabilidad directa mantener sus instalaciones en constante supervisión para reducir los impactos al ambiente que de por si ocasiona la actividad minera. Nada puede cubrir los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, ni siquiera su estrategia mediática para subsanar los daños que este tipo de notas le puede ocasionar con sus inversionistas, a quienes sí busca cuidar de miles de formas y no así, ni a la población ni al ambiente en sus sitios de interés.

Que casualidad que ahora en esta nueva contingencia minera en Brasil, muestre todo tipo de colaboraciones para apoyar a la comunidad de Aurizona y ayudar a garantizar el acceso a una fuente estable de agua limpia filtrada, cuando tenemos testimonios de que esa misma empresa ni siquiera permite el libre transito de la población que habita en la cercanía.

En contracorriente a la respuesta de la empresa, las y los afectados junto al Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), denuncian la contaminación al río Tromai; “en algunas casas ha llegado el agua, pero ha llegado con un olor fuerte, da picazón en la piel de la gente. El rompimiento de la presa acabó con la laguna Cachimbo y la laguna Juiz de Fora, que además de los reservorios de abastecimiento de agua de la comunidad, también era nuestro punto turístico. Lo único que teníamos en la región era agua en abundancia, y ahora hasta el agua nos ha quitado la empresa. Las notas (de la empresa) son mentirosas, no son justas, las reuniones con la empresa no resuelven” Comenta Jonais Pinheiro, afectado por el crimen de Equinox Gold.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) la respuesta que realiza la empresa minera Equinox Gold para los organismos internacionales como el Centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos sólo refuerza y refrenda lo que acá en México también demuestra; el profundo racismo, discriminación y comportamiento que prevalece no sólo en esta empresa, sino en las empresas mineras del mundo entero. No tenemos duda que la empresa Equinox Gold es un buen ejemplo, pero de intolerancia para lo que ellos llaman sus grupos de interés comunitario, a quienes cada que encuentran ocasión desacreditan ante la opinión pública e incluso acusan ante diversas instancias gubernamentales para que les faciliten la emisión de juicios a favor de la empresa.

No hay forma de que tapen las afectaciones que provocan, porque la ambición minera tal cual lo muestra la empresa canadiense Equinox Gold, no tiene límites para atentar contra la vida.

¡JUSTICIA PARA MARANHAO!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Avispa Midia

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En Chiapas, imposición de cuartel militar provoca rechazo de comunidades indígenas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la instalación de un Cuartel de la Guarda Nacional en Chilón – A 20 de abril de 2021

Por Aldo Santiago

En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.

“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.

Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.

De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.

Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.

Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.

El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.

Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.

Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.

Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.

Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.

Militarización en Chiapas, imparable

Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.

Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.

Actualmente, organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre la consolidación de las actividades del ejército en la vida pública. Recientemente, Amnistía Internacional informó que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.

Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.

Entre las razones que encienden la alarma de defensores de derechos humanos se encuentran el proceso de reclutación, en el cual además de policías, se enlistan soldados y marinos; así como la capacitación, equipamiento y ordenamiento de la GN bajo instrucciones de las Fuerzas Armadas, mismas que han evidenciado el continuo uso desproporcionado de fuerza letal y que en el gobierno de AMLO se encuentran en ascenso, como lo muestra el análisis Falsas salvaguardas. Las capacitaciones de las Fuerzas Armadas en Derechos Humanos y género (2010-2019).

Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.

Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.

En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.

Según datos del informe de la Situación de Seguridad Pública en Chiapas, elaborado por el gobierno federal, se tiene planeado la construcción y operación de 24 cuarteles de la GN, divididos en cuatro zonas militares.

La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.

Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.

“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion

https://archive.org/details/pascuala-militarizacion

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REPRESIÓN

El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.

En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.

“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed

Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.

Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.

“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.

Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.

Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.

Sin acceso a la justicia

Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.

“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.

Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.

“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.

“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.

“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.

No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.

Imagen: Avispa Midia

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Deforestación y corrupción, resultados de Sembrando Vida en el sur de México

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de monocultivo que se pretende instalar en el sureste mexicano – A 5 de abril del 2021

Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.

Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.

Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.

Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.

Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.

“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.

Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.

Corrupción

Sembrando Vida realiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.

De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.

“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.

Así lo registra el estudio Riesgos de corrupción en los programas sociales. Caso del programa Sembrando Vida, elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el cual señala también la simulación, tanto de propiedades para ingresar al programa, así como del trabajo en las parcelas.

“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.

En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.

La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.

Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.

Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.

Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.

Imagen: Carlos Castillo – Avispa Midia

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Sonora: Juez Federal admite Amparo a Ejido y ordena suspensión de trabajos a Empresa Minera Canadiense de Mulatos

Compartimos esta nota publicada en Dossier Político sobre la defensa del territorio ante las amenazas mineras esta vez en Sonora- A 11 de abril de 2021

Santiago García C. Dossier Politico

Hermosillo, Sonora.- En lo que representa un primer precedente en Sonora, el Juez Federal decimoprimero, aceptó el amparo al Ejido Tesoripa y ordenó a “Minas de Oro Nacional”, subsidiaria de la Canadiense Álamos Gold Inc., la suspensión inmediata de trabajos de instalación de postes de energía eléctrica, realizar desmonte ni tala, barrenación de suelos, ni utilizar ninguna área de tierras de uso común.

El Comisariado Ejidal presentó el pasado 23 de marzo ante el Tribunal Agrario una demanda por la nulidad de acuerdos y la restitución de tierras ejidales en contra de MINAS DE ORO NACIONAL, S.A de C.V, por violaciones graves a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, Ley Agraria y a la propia Legislación Minera, pero el Tribunal Agrario negó la procedencia de la demanda.

Contra la negativa del Tribunal Agrario el Comisariado Ejidal se amparó y el 7 de abril le fue admitida la demanda y concedida la suspensión total de dichos trabajos por la afectación de derechos agrarios y por violación a los derechos humanos, incluyendo por riesgos de daños ecológicos y ambientales irreparables.

El abogado del Ejido, Marco Antonio Andrade Aguirre, dijo que acudieron al Tribunal Agrario para contener la arbitrariedad y el abuso del poder económico y empresarial de Minas de Oro Nacional cometidos en perjuicio del ejido Tesoripa y después el amparo buscando enderezar el mal criterio del Tribunal que negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente.

“Hemos logrado encauzar por la ruta constitucional y por la vía del derecho y la justicia agraria un conflicto generado por el abuso recurrente de algunas empresas mineras y por un evidente fraude a la ley basado en la impunidad jurídica y política que avasalla los derechos de los ejidos sonorenses sobre sus tierras”, señaló Andrade Aguirre.

Con estas acciones los ejidatarios buscan justicia y respeto por la legalidad agraria y sus derechos humanos colectivos ya que han sido fraudeados y es lógico suponer que también están agraviados, como sucede en los ejidos de Mulatos y Matarachi donde la falta de ética y la nula integridad de los representantes de la empresa podría tener, aunados al amparo y al juicio agrario actuales, consecuencias penales por delitos empresariales tipificados por el código penal federal y el código nacional de procedimientos penales”. 

“Estamos revisando el Compliance Criminal Program ó Programa de Responsabilidades Penales de Minas de Oro Nacional y sus Directivos para proceder en consecuencia. Afortunadamente la justicia federal en Sonora si funciona, sin temores ni distingos como lo demuestra la suspensión ordenada por el Juez de Distrito”, señaló.

El Abogado del Ejido Tesoripa refiere que “sin embargo, la realidad socioeconómica del ejido, como sucede en los núcleos agrarios de sonora y del país, aparte de soportar la actividad destructiva de la actividad minera, es incuestionable que enfrentan la necesidad de buscar nuevos mecanismos de aprovechamiento de sus tierras para proteger, por una parte, la deplorable economía familiar y su precaria capacidad productiva.

Y por otra, garantizarse un ingreso por renta de tierras para sobrevivir su casi indigencia actual, lo cual no justifica a la empresa haber violentado la propia legislación minera y la nueva Ley de la Industria Eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica.

“Se aprovecharon de la necesidad y la marginación social de diversas familias ejidales. Nuestro trabajo es demostrar al Tribunal, con el mayor sentido de serenidad, pruebas, fundamentación jurídica y defensa intransigente de los derechos del ejido, que Minas de Oro Nacional violó las obligaciones que le impone la legislación minera e incumplió con los requisitos de forma y validez señalados por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Agraria para ocupar una área de tierras de uso común, incluyendo la inexistencia de un contrato de ocupación temporal, renta, servidumbre superficial de paso, aérea o subterránea para la instalación de postes de la CFE y suministro de energía para un usuario particular exclusivo como es dicha empresa. La electrificación de la Mina no pasa desafortunadamente por ningún ejido, solamente usan sus tierras en forma ilegal y fraudulenta”.

Finalmente el Abogado del Ejido Marco Antonio Andrade  Aguirre, señalo que la demanda de amparo es por el cabal cumplimiento de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y eléctrica, y por otra, para proteger los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes, nada más, pero nada menos.

“La Constitución y diversos tratados internacionales que en su conjunto configuran el orden jurídico nacional, nos dan la razón plena y absoluta para librar con toda determinación esta batalla litigiosa ante los tribunales agrarios, el poder judicial federal u organismos internacionales si es necesario. Es necesario limitar la arbitrariedad, el abuso y los engaños legales inducidos de empresas mineras contra los ejidos y las comunidades rurales y agrarias de sonora”, expresó.

Imagen: Dossier Político

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Representantes zoques, tseltales y tzotziles de núcleos agrarios de Chiapas rechazan Megaproyectos de sus territorios originales

Declaración del 3er modulo de la Escuela Popular Ejidal y Comunal los días 15 y 16 de abril del 2021 en el Centro Alter Natos en San Cristóbal de Las Casas – A 16 de abril de 2021

>>Descargar declaración en pdf<<

El Capitalismo, las Empresas Trasnacionales y los Gobiernos Nacionales siguen impulsando mecanismos
para profundizar el Modelo Extractivo con Megaproyectos con los cuales pretenden disputar los territorios de
los pueblos originarios por medio de la violencia, la represión, el despojo, el desplazamiento y la
criminalización a nuestras resistencias pacíficas por la defensa de nuestras tierras y territorios.

Por ello, reunidos en nuestro Tercer Encuentro de la Escuela Popular Ejidal y Comunal, representantes de
núcleos agrarios de Chiapas tanto zoques como tseltales y tzotziles, rechazamos los Megaproyectos de
nuestros territorios originales. Exigimos que los desplazados del Rio Jordán colonia Los Chorros del
municipio de Chenalhó ya no sean desplazados una vez retornados este 28 de Abril del presente año, que les
sean respetadas sus formas de organización sin imposiciones y que se les garanticen el libre trabajo en sus
tierras. Denunciamos la falta de compromiso y responsabilidad del gobierno local y del Estado de Chiapas
para evitar la represión y la impunidad como lo acontecido el 15 de octubre de 2020 en el municipio de
Chilón.

Del mismo modo denunciamos la incompetencia del gobierno del estado para garantizar la
gobernabilidad; denunciamos la violación a los derechos colectivos, individuales y humanos que se cometen
contra los pueblos originarios y Defensoras/es de Derechos Humanos y del territorio, así como el
hostigamiento, la amenazas y las acciones del gobierno local que pretenden desprestigiar a quienes
defendemos la vida y los territorios. Exigimos la liberación de los presos políticos como en los casos de
César Hernández Feliciano y José Luís Gutiérrez Hernández; la reparación de daños sufridos como fruto de
la represión y la resolución favorable de los amparos de las y los ejidatarios de San Jerónimo Bachajón.

Defendemos la vida, los derechos humanos, colectivos, de los pueblos indígenas, los derechos de la
naturaleza, nuestros bosques, los ríos, el agua, la biodiversidad, nuestras culturas pero también nuestro
derecho a la libre autodeterminación como pueblos indígenas. Reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre
nuestro presente y futuro en base a nuestros procesos normativos internos y no por medio de los partidos
políticos que nos acarrean violencia y divisiones comunitarias y familiares.

Por tanto, por la defensa de nuestros territorios, rechazamos la Super Carretera de las culturas San Cristóbal
de las Casas-Palenque, los proyectos mineros, las decenas de planes de proyectos hidroeléctricos que
pretenden inundar nuestras tierras y territorios, entre otros megaproyectos, la militarización así como y la
presencia de la Guardia Nacional como en el caso de San Sebastián Bachajón o por medio de la imposición
de autoridades ejidales con el fin de favorecer la instalación de sus cuarteles en nuestros núcleos agrarios
como en el caso de San Jerónimo Bachajón.

POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

Representantes del,
Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite de Oxchuc). Ejido Mukulum, Chilón. Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio. Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Chenalhó. Bienes Comunales del Municipio San Juan Cancuc. Gobierno Comunitario de Oxchuc. Ejido San Jerónimo Bachajón, Chilón. Otros Mundos AC/Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería Chiapas (REMA-Chiapas)

>>Descargar declaración en pdf<<

Imagen: Área de Comunicación de Otros Mundos

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A un año continúa impune el asesinato de Adán Vez Lira

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el 1er aniversario del asesinato de compañero defensor Adán Vez Lira en Veracruz – A 9 de abril de 20201

Adán Vez Lira,un referente en la defensa del medio ambiente en Veracruz, en especial de las aves y los manglares de las zonas costeras del municipio de Actopan, fue asesinado en los alrededores de la comunidad de La Manchaelpasado8 de abril del 2020, sin que a la fecha, él y sus familiares y compañeros defensores hayan alcanzado la justicia.

Adán,integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, estaba convencido de que la zona en la cual trabajaba se tenía que ser protegida de cualquier proyecto de despojo. En esta zona hay 6 lagunas costeras, 4 de ellas con manglar y 2 de agua dulce, de las cuales su calidad ecológica depende la salud de la cuenca y subcuencas hidrológicas que las abastecen, por lo que de manera tajante se opuso a la instalación de proyectos de desarrollo de diversa índole que amenazaran la integridad de estos territorios

Desde 2003, los habitantes de La Mancha enfrentan un proceso de despojo de las tierras que tienen en posesión en Los Médanos de La Mancha desde hace más de 50 años –tres generaciones—, derivado de la especulación con terrenos costeros que se ha desatado en la región debido a intereses inmobiliarios y turísticos. Este proceso de despojo se ha manifestado a partir de múltiples invasiones de estos terrenos, robo de ganado, enfrentamientos, criminalización de once defensores de Los Médanos de La Mancha, amenazas de muerte, el encarcelamiento injusto e irregular de dos integrantes del Grupo –uno de ellos Adán—y, en última instancia, el asesinato del propio Adán Vez Lira.

A lo largo del último año, los familiares, colegas de trabajo y lucha y vecinos de Adán Vez Lira han sufrido una situación de constantes amenazas por parte de grupos armados que mantienen a la comunidad en vilo, en apoyo al proceso de despojo en ciernes. Estas amenazas se presentan ante la inacción total por parte de autoridades estatales y federales. Para garantizar su propia seguridad y defensa los habitantes de La Mancha han constituido el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha.

Entre otras actividades, Adán en vida se organizó con la gente de su comunidad y comunidades vecinas en la resistencia regional cuyo objetivo es impedir la llegada de empresas mineras en los Municipios de Alto Lucero y Actopan, específicamente las minas El Cobre y Caballo Blanco.

Como tantas y tantos defensores del territorio que han sido asesinados en este país, el suyo también ha quedado impune ante la incapacidad y/o el contubernio de las autoridades con el capital.Esta misma inacción, por parte de las autoridades del municipio de Actopan, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Federación, pone en riesgo a las y los familiares y compañeros de lucha de Adán.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Exigimos que las autoridades identifiquen a los autores materiales e intelectuales tras el homicidio de Adán Vez Lira.

Exigimos justicia para Adán Vez Lira y sus familiares.

Exigimos que cesen los proyectos de despojo inmobiliarios; turísticos;mineros;de generación de electricidad a partir de fisión nuclear;de infraestructura vial o portuaria;o de cualquier otra índole que amenazan a los habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero.

Exigimos que se garantice la vida, seguridad y el derecho ala autonomía sobre elterritorio de los habitantes de La Mancha

¡Toda nuestra solidaridad con el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha!

¡LA IMPUNIDAD NO CESA EN LA 4T!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Agua para todos

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Carta abierta al Presidente de la República y a la Opinión Pública

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de abril de 2021

El día 8 de marzo del 2021 la comunidad indígena de Cicacalco, le envió una carta de petición a la C. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta petición la realizaron sobre el ofrecimiento que el propio Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, hizo el 28 de febrero de forma pública durante la visita que realizó al municipio de Tlaltenango, Zacatecas, del cual Cicacalco forma parte (https://www.facebook.com/100055310100164/videos/pcb.228114032375599/228113762375626)

Desde entonces, las y los integrantes de Cicacalco han realizado varios esfuerzos para establecer contacto, con la ilusión de que la instrucción presidencial se lleve a cabo. Sin embargo, después de un largo mes sin que la representación de SEMARNAT haya tomado la llamada o por lo menos respondieran a su carta, finalmente, de forma inverosímil e indígnate, el pasado viernes 26 de marzo accedieron a responderles, diciéndoles que recibirían a una representación de la comunidad indígena en la ciudad de México, y llevarían a cabo la reunión un día antes del inicio de la semana santa, sin tomar en cuenta ni la instrucción presidencial, ni tampoco lo complejo e irresponsable que fue invitarlos a viajar hasta la ciudad en pleno proceso de pandemia.

Al Presidente de México y a la opinión pública queremos externarles de forma firme, nuestra queja en contra del proceder de la secretaria María Luisa Albores, primero por no atender las instrucciones presidenciales, segundo por ser omisa a la solicitud manifiesta por la comunidad, y tercero por abandonar, como todos los gobiernos anteriores, los llamados de la población que se encuentra en las trincheras y como aliado de la SEMARNAT defendiendo el medio ambiente. Sobra decir la descortesía que tiene la Secretaria de Medio Ambiente para dirigir una institución que no cumple con los compromisos políticos más elementales que la 4T se ha planteado para terminar con el burocratismo de este país.

La comunidad mantiene su intención irrestricta de que la secretaria Albores vaya a su comunidad para que cumpla con la instrucción presidencial y de esa forma escuche las razones y vea los por qué familias enteras llevan 8 meses acampando y cerrando de forma ininterrumpida, un basurero que es una vergüenza de irregularidades, tanto de las autoridades municipales, como de los propios encargados de SEMARNAT en el estado de Zacatecas, entre otras autoridades gubernamentales que protegen a quienes realizaron ese basurero.

REMA exige la presencia inmediata de la C. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de que establezca un diálogo respetuoso con la comunidad indígena de Cicacalco, de tal manera que logren construir una agenda de trabajo continuo que les permita acabar con este conflicto y puedan regresar a sus casas a vivir normalmente.

No sobra decir que hacemos responsables a las autoridades de Zacatecas de cualquier acto de agresión en contra de la población de Cicacalco, a quienes el sistema persigue por el delito de luchar por la defensa del territorio.

Así mismo responsabilizamos a las autoridades municipales de Tlaltenango y a la propia SEMARNAT de los daños a la salud y al medio ambiente que ese foco de infección (tiradero a cielo abierto) pueda causar a la población, los animales y al territorio de Cicacalco.

REMA felicita el gran esfuerzo de las mujeres y hombres de la comunidad indígena de Cicacalco y les agradecemos por defender la naturaleza, por pelear por su autonomía y por no dejarse pisotear por las autoridades gubernamentales del orden municipal, estatal y federal.

ATENTAMENTE
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Diario NTR Zacatecas

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Empresas Mineras en México “Ejemplo de Irresponsabilidad Social y Buenas Prácticas para el Despojo”

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el modelo extractivista minero- A 23 de marzo de 2021

A inicios del mes la empresa minera canadiense First Majestic fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)y la Fundación Mexicana para la Sostenibilidad y la Equidad como empresa líder en Responsabilidad Social Corporativa por sus“prácticas éticas y de buen gobierno”y su “dedicación al cuidado del medio ambiente”. Estos reconocimientos fueron para las tres minas donde opera en México (San Dimas, Santa Elena y La Encantada).

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos incitara los responsables corporativos del CEMEFI para que por lo menos maquillen un pocolos títulos de sus premios y no sean cómplices del lavado de imagen de las empresas mineras, de tal manera que sus reconocimientos al menos, sean más apegados a las realidades que vive la población de lospueblos en donde operan esas empresas.

Desde nuestro punto de vista, un reconocimiento indiscutible para la First Majestic, sería uno que haga referencia a su “dedicación al destrozo del medio ambiente”. Sobran los ejemplos,pero podemos resaltar los derrames por cianuro que han ocurrido en la mina la Encantada en 2016; la contaminación del río San Rafael y las enfermedades en la población derivadas la por su mina Del Toro en Zacatecas; la tala de más de 2,000 hectáreas de bosque, el derrame y entierros de residuos tóxicos, que han contaminado ríos y manantiales provocados por sus minas “La Guitarra” y “El Coloso” en el estado de México.Podemos citar también el grave intento al destrozo del área protegida y sitios sagrados en Wirikuta por su proyecto de mina La luz.

Asociar First Majestic y “prácticas éticas y de buen gobierno” es otro oxímoron. En los distintos territorios donde opera,la población local ha denunciado las irregularidades en las rentas de tierras, los niveles de criminalización y las estrategias de división social utilizadas por la empresa. El hecho que First Majestic está actualmente demandando al gobierno por medio de un arbitraje internacional para evitar pagar impuestos de hasta 4,919millones de pesos mexicanos, no parece por ningún lado una práctica ética, menos aun de buen gobierno. Esta disputa surge en torno a una diferencia con las autoridades mexicanas sobre impuestos pagados sobre las ventas de plata desde la mina San Dimas en Durango entre 2010-2014 a otra filial de la misma empresa en Barbados. En ese entonces, la mina San Dimas fue propiedad de la empresa canadiense Primero Mining, la cual también amenazó a México con un proceso de arbitraje internacional por la misma razón en 2016, aunque luego se desistió después de que su amenaza desembocó en un proceso de diálogo. Ante la insistencia del estado mexicano de recaudar lo que falta, parece que First Majesticva a proceder con su demanda.

Generalmente las empresas mineras han creado una serie de mecanismos basados en; prémiate a ti mismo,en consecuencia, éticamente incorrectas, totalmente alejadas de cualquier posibilidad de vínculo jurídico (le llaman códigos voluntarios) y siempre cobijadas por académicos quienes han desarrollado cualquier cantidad de artificios para lavar un poco la sucia imagen empresarial del sector

Lamentablemente esas mentiras al respeto alas prácticas de las empresasmineras no se han limitadoal CEMEFIo a las propias empresas, sino que ha llegado, en los últimos días, haciael puesto más alto de quien gobierna nuestro país. Lasdeclaraciones de AMLO resaltando la ejemplaridadde la empresa Newmont-Goldcorp por su mina Peñasquito en Zacatecas por el hecho que“paga bien a los trabajadores, ayuda a las comunidades, no destruyeel entorno y cuida el medio ambiente”, son desconcertantes y absurdas por el nivel de engaño que hace en esa declaración.La mina de Peñasquito, si es un ejemplo, pero del nivel de depredación a lo cual puede llegar este modelo extractivo. Desde que ha empezado a operar ha generado un verdadero desastre social y ambiental totalmente ocultado por esta declaración presidencial, como ha sido muy bien señalado en la carta siguiente: https://ljz.mx/2021/03/19/carta-al-presidente-sobre-el-desastre-ambiente-de-la-mina-penasquito/

Basta de tratar de engañar a los pueblos, y a la opinión pública, promoviendo supuestas empresas y prácticas socialmente responsables o verdes. El modelo extractivo minero,y los actores que la promueven,solo generan despojo, miseria y devastación.

La única práctica socialmente responsable, cuidadora del medio ambiente y realmente de buen gobierno es: TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo

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La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos como herramienta para avanzar en los derechos colectivos

Compartimos este Manual de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre los derechos colectivos y campesinos – A diciembre de 2020

Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva, muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.

Esta publicación es una actualización de la nota informativa “Derechos Colectivos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, redactada por Andrea Nuila y publicada por FIAN Internacional en marzo de 2018. Fue actualizada y adaptada para Amigos de la Tierra por Analía Penchaszadeh, en octubre de 2020.Aunque una parte importante del texto proviene de la publicación original, esta actualización de 2020 es exclusivamente la opinión de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra Internacional. La publicación original se puede encontrar en ‹https://fian.org/files/files/droits_collectifs_ESP_web.pdf›.

Campesinos, campesinas, indígenas, pescadores y nómadas han manifestado a través de la historia que el reconocimiento de sus derechos humanos, bajo las configuraciones exclusivas del derecho subjetivo individual, ignora el carácter imprescindible que desempeñan las relaciones comunitarias en la determinación del manejo y uso de los patrimonios comunes, en la protección de los derechos de las y los miembros de la comunidad y en la conservación de la subjetividad e identidad del individuo y del grupo al que este pertenece. Amigos de la Tierra Internacional coincide con esta reivindicación y plantea el reconocimiento de los derechos colectivos como un elemento esencial de los paradigmas y las iniciativas positivas tales como la Agroecología y el Manejo Comunitario de Bosques.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (la Declaración o UNDROP, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, es el resultado de décadas de lucha e incidencia de campesinas y campesinos, y es un instrumento de derechos humanos trascendental en el reconocimiento de los derechos colectivos. Los derechos colectivos protegidos en la Declaración incluyen el ejercicio colectivo del derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la biodiversidad y a un medio ambiente limpio, el derecho a la autodeterminación y el respeto de las prácticas y formas ancestrales y tradicionales de rendición de cuentas y justicia. La Declaración fortalece la arquitectura internacional de derechos humanos y desacredita los mitos de que el derecho internacional de derechos humanos no puede abarcar los derechos colectivos. La Declaración puede ser una herramienta valiosa para avanzar en los derechos colectivos desde lo local hasta lo internacional; también puede apoyar la inclusión de los derechos colectivos en el Tratado vinculante de la ONU sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, que a su vez será un instrumento complementario y poderoso para garantizar el respeto de los derechos humanos para todos y todas.

>>Ve el manual aquí<<

Introducción

Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional1 hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva,2 muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales.

1.1 VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES

A lo largo de los años, La Vía Campesina —el movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños y medianos agricultores, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo— ha documentado las violaciones de los derechos de los campesinos. Entre ellas: desalojos forzosos; ocupación y apropiación de territorios campesinos; especulación financiera con la tierra, los recursos naturales y los productos agrícolas; leyes sobre semillas que amenazan la biodiversidad y las semillas campesinas; envenenamiento por agrotóxicos; criminalización y encarcelamiento de dirigentes campesinos; ataques violentos durante las manifestaciones.3

Desde 2012, la organización Global Witness ha llamado la atención sobre los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, definidas como “aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente”. Global Witness registró 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, “convirtiéndose en el año con el mayor número de muertes registradas de personas que defienden sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas del clima. […] Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”.4

Como explica Aleyda Aragón, de La Vía Campesina en América Latina: “la violencia con la que se nos expulsa y se nos discrimina no es inocua, es necesaria y es parte integrante de la política elitista que favorece a las grandes empresas agroalimentarias, mineras internacionales o a grandes latifundistas de la oligarquía local”.5

Amigos de la Tierra Internacional (ATI) reclama la protección de las y los defensores de los territorios y de los derechos colectivos de los pueblos, es decir, las mujeres y los hombres que defienden los lugares que han construido colectiva e históricamente. Entre otras, ATI ha destacado las acciones de defensa ambiental de las campesinas y campesinos en Paraguay, que se resisten a la expansión de las plantaciones de monocultivos; las comunidades de Guatemala, que promueven la agricultura campesina y la soberanía alimentaria como alternativa a la minería; los Pueblos Indígenas de Panamá, que se resisten a las concesiones mineras en sus territorios ancestrales; y las comunidades rurales en Rumania, que rechazan la exploración de las reservas de gas de esquisto en su territorio.6 Situando los conceptos de los derechos humanos dentro de los conflictos cotidianos por el territorio y la naturaleza, ATI además cuestiona las contradicciones y las fuerzas que existen en las sociedades que hacen invisibles las violaciones de los derechos de los pueblos, como el conflicto de clase, el patriarcado, el sexismo, el racismo, la exclusión y discriminación social y el neocolonialismo.7

1.2 EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ES ESENCIAL EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES

El marco de ATI de 2018 sobre los defensores de los territorios y los derechos de los pueblos8informa el posicionamiento frente a la comunidad internacional de derechos humanos y se basa en una larga trayectoria para lograr el reconocimiento de los derechos ambientales, tal como se definieron en 2004:

Los derechos ambientales significan acceso a los recursos naturales no degradados que permiten la supervivencia, entre ellos la tierra, la vivienda, los alimentos, el agua y el aire. También incluyen derechos más estrictamente ecológicos, entre ellos, el derecho de una especie determinada de escarabajo a sobrevivir, o el derecho de un individuo a disfrutar de un paisaje intacto. Para Amigos de la Tierra, los derechos ambientales incluyen derechos políticos como el derecho de los pueblos indígenas y otras colectividades, el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, la libertad de opinión y expresión, y el derecho a oponer resistencia y decirles no a proyectos de desarrollo indeseados. También creemos en el derecho a reclamar indemnización cuando estos derechos han sido violados, incluidos los derechos de los refugiados climáticos y otros pueblos desplazados por la destrucción del medio ambiente, el derecho a reclamar la deuda ecológica, y el derecho a la justicia ambiental… Los derechos ambientales son derechos humanos, ya que los medios de vida de los pueblos, su salud y, a veces, su propia existencia dependen de la calidad del medio ambiente circundante y de su acceso a él, así como del reconocimiento de sus derechos a la información, la participación, la seguridad y la reparación.9

El reconocimiento de los derechos colectivos es un elemento esencial del marco de los derechos ambientales, dado que las violaciones se viven de forma colectiva,10 pero también porque los derechos colectivos son un prerrequisito para construir el mundo que queremos. El Manejo Comunitario de Bosques y la Agroecología son estrategias que aportan a la protección ambiental y los medios de vida sustentables de las comunidades locales, y su éxito depende del reconocimiento del derecho colectivo al control y acceso a los bienes comunes.11

Tal como se plantea en la publicación Manejo Comunitario de Bosques y Agroecología, el control del territorio es una condición esencial, por lo que se deben “generar condiciones en las cuales los pueblos o comunidades locales puedan tomar decisiones independientes y luego ponerlas en práctica”.12 Un territorio y una comunidad se entienden no solo como un espacio geográfico o un grupo de personas que viven juntas, sino como una relación dinámica entre grupos de personas con una identidad colectiva, y la naturaleza y la conexión espiritual que existe en ese espacio.

Dentro de este contexto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.

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Imagen: Amigos de la Tierra Internacional

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Firma la petición: SOLIDARIDAD con el pueblo Haitiano: Respaldamos su lucha por la Justicia y las Reparaciones

Compartimos esta carta de Jubileo Sur America en Solidaridad con el pueblo Haitiano – A 17 de marzo de 2021

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Al Secretario General de la ONU, António Guterres

Al Secretario General de la OEA, Luis Almagro

A los gobiernos de los países miembros de la ONU y la OEA

Al pueblo de Haití y sus organizaciones

De nuestra consideración

Haití atraviesa una vez más una crisis muy profunda. Actualmente, un elemento central de la misma es la lucha contra la dictadura impuesta por el expresidente Jovenel Moïse.

Desde el año pasado este señor, luego de decretar el cese del Parlamento, gobierna mediante decretos, violando de manera permanente la Constitución del país. Así́, por ejemplo, se rehúsa a abandonar el poder a pesar de que su mandato venció́ el 7 de febrero de 2021, alegando que éste termina el 7 de febrero del año próximo, sin ningún sustento legal. Esto lo hace a pesar de los múltiples pronunciamientos en contra por parte de las principales instancias jurídicas del país, tales como el CSPJ (Consejo Superior del Poder Judicial), la Federación que agrupa a las Asociaciones de Abogados Haitianos, así́ como también de las Federaciones Religiosas y numerosas instituciones representativas de la sociedad. En ese momento, además, hay una huelga de funcionarios judiciales lo que deja al país sin ningún organismo del poder judicial funcionando.

Al mismo tiempo, esta crisis institucional se enmarca dentro de una inseguridad que afecta prácticamente a todos los sectores de la sociedad haitiana. Una inseguridad que se expresa a través de salvajes represiones de las movilizaciones populares por parte de la PNH (Policía Nacional Haitiana) domesticada por el Ejecutivo, ataques a periodistas, distintas masacres en barrios populares, asesinatos y detenciones arbitrarias de opositores, detención de un juez de la Corte de Casación bajo pretexto de fomentar un supuesto complot contra la seguridad del Estado y para asesinarlo, revocatoria ilegal y arbitraria de tres jueces de esta Corte, creación de centenares de grupos armados que siembran el terror sobre todo el territorio nacional y que responden al poder, transformando al secuestro de personas en una industria bastante próspera para esos criminales.

Los 13 años de ocupación militar por las tropas de Naciones Unidas a través de la MINUSTAH, así́ como las operaciones de prolongación de una situación de tutela a través de la MINUJUSTH y de la BINUH han agravado la crisis haitiana, apoyando a los sectores retrógrados, antidemocráticos y mafiosos. Además, cometieron graves crímenes contra la población haitiana y sus derechos fundamentales (como la introducción del cólera) que merecen procesos ejemplares de justicia y reparación. El pueblo de Haití́ pagó cara la intervención de MINUSTAH: 30 MIL MUERTOS por el cólera llevado por los soldados, miles de mujeres violadas, que ahora tienen hijos huérfanos de padres vivos, los soldados que regresaron a sus países. Nada cambió positivamente en 13 años, más desigualdad social, más pobreza, más dificultades para el pueblo y ausencia de democracia.

Las condiciones de vida de los sectores populares se han agravado de manera dramática como consecuencia de más de 30 años de políticas neoliberales impuestas por las instituciones financieras internacionales (IFIs), una severa crisis cambiaria, la congelación del salario mínimo y una inflación superior al 20% durante los 3 últimos años.

Ahora cabe recalcar que, a pesar de esta situación tan dramática, el pueblo haitiano sigue firme y se moviliza de manera constante para impedir la consolidación de dicha dictadura exigiendo la partida inmediata del expresidente Jovenel Moïse. Recientemente los días 14 y 28 de febrero centenares de miles de ciudadanos/ciudadanas expresaron claramente en la calle su rechazo a la dictadura y su firme compromiso para el respeto de la Constitución.

Teniendo en cuenta la importancia de esta lucha y que este régimen dictatorial goza todavía del apoyo de gobiernos imperialistas tales como los de Estados Unidos, Canadá́, Francia y de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la UE y el FMI, llamamos a escuchar al pueblo de Haití que exige el fin de la dictadura así́ como también el respeto a su soberanía y autodeterminación y la instauración de un régimen de transición político controlado por los actores haitianos que tenga suficiente espacio como para lanzar un proceso de auténtica reconstrucción nacional.

Reclamamos en especial a la ONU y la OEA – que ciertamente no tiene derecho ni moral a inmiscuirse en las elecciones y otros asuntos internos de los países miembros -, a los gobiernos de todos los países, sobre todo los que se prestaron para “ocupar humanitariamente” a Haití durante 13 años, a través de la MINUSTAH-, que dejen de comportarse como si Haití fuera su colonia. ¡Basta de injerencia! Su deber es otro: asegurar justicia y reparaciones por todos los crímenes que han cometido contra ese pueblo y país, incluyendo la introducción del cólera, la violación y los abusos sexuales, la impunidad de su manipulación electoral y el uso de la “cooperación” para sus propios fines.

Solo el pueblo haitiano puede decidir sobre su futuro, pero en ese caminar cuenta con nuestra solidaridad y disposición a apoyarle con todas las acciones a nuestro alcance. Abajo Jovenel Moïse y que se establezca un gobierno popular de transición, hasta que se elija una Constituyente de forma democrática.

Por una Haití Libre y Soberana,

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Financiadores, con gran responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres: Gustavo Castro

Compartimo esta entevista hecha por La Coperacha a nuestro compañero Gustavo Castro en el marco del 5to aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres

“Pandemia ha incrementado riesgos contra personas defensoras, debemos cambiar las estrategias”.

El mexicano Gustavo Castro Soto fue sobreviviente del ataque y asesinato contra la ambientalista lenca Berta Cáceres la madrugada del 02 de marzo de 2016 en Intibucá, Honduras. Recibió dos disparos y lo dieron por muerto. Había asistido a un seminario sobre Energías Renovables organizado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El pueblo lenca, el COPINH, las mujeres hondureñas y Berta Cáceres, habían resistido y frenado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), propiedad de una familia poderosa del país centroamericano, los Atala Zablah, que pretendía explotar y privatizar el agua del río Gualcarque, el agua de todos.

Entrevistado por La Coperacha, Castro Soto señala que, a pesar de no haber llegado la justicia para Berta, su legado integral se reproduce en mujeres, movimientos sociales y pueblos originarios. El también integrante de Otros Mundos Chiapas identifica que además de los responsables directos en el juicio por el asesinato de Berta, también cabría saber qué tan responsables son las financiadoras del megaproyecto y otros actores.

¿Cómo va el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres?
Se encarcelaron a 8 presuntos autores materiales, de los cuales 7 fueron sentenciados a 30 años por el asesinato de Berta y a 20 años por el asesinato en grado de tentativa contra mi persona. Ahora el proceso gira en torno a David Castillo, uno de los miembros de la mesa directiva de la empresa donde se sentaba junto a la familia Atala, los dueños de la empresa. A él se le dio prisión preventiva hace 3 años y desde entonces no se le ha enjuiciado.

La defensa y la impunidad en Honduras han llevado a que las audiencias se suspendan continuamente. Finalmente se aceptaron las audiencias y el COPINH y la familia de Berta presentaron recientemente 88 pruebas. Al final se aceptó que uno de los hermanos Atala fuera a declarar, y en eso está el juicio.

El gobierno hondureño no solamente ha frenado el proceso, sino que sus acciones han sido ilegales, la persona que está actualmente presa lleva 3 años arraigado, pero legalmente sólo se permite año y medio. Ha habido violaciones al Código Penal, se han tratado de evitar peritajes, testigos, suficientes pruebas, se ha buscado generar un escenario que sea favorable a la impunidad. Estamos hablando de una de las familias más ricas de Honduras, dueña de bancos y súper tiendas, con mucho poder político y económico.  

Actualmente hay una presión fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos con Joe Biden, donde los Demócratas están promoviendo retirar el apoyo al presidente de Honduras, caracterizado por represión, impunidad, narcotráfico y corrupción. Eso quizá cambie un poco la impunidad que ha habido hasta ahorita.  

¿Independiente del juicio por el asesinato dónde ves más responsables?
Hay un entramado de intereses muy complejo, cada actor o cada interés tiene un papel fundamental en este círculo de impunidad. Por ejemplo, el proyecto no se hubiera podido hacer si no hay financiadores. Primero fue el Banco Mundial y se retiró. Después fue el Banco Holandés de Desarrollo y el Fondo Finlandés para la Cooperación Internacional, quienes sabiendo que había muertos y había represión, no había consulta previa, libre e informada sobre el proyecto, lo seguían financiando.

¿Qué hubiera pasado si no hubieran financiado? Quizás el proyecto hasta ahí hubiera llegado. Y si se han retirado no es por virtud propia, es por la presión internacional sobre el uso de sus fondos que financian megaproyectos como presas, mineras y otras concesiones extractivas. Estos bancos tienen muchísima responsabilidad. Pero de igual manera el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donde México y varios países son parte, mantienen el financiamiento y los intereses en este proyecto.

Otro actor son la misma familia Atala, la empresa, no solamente por la deuda que tiene y los préstamos que ha recibido, sino porque tiene interés de la apropiación del territorio y del negocio de la venta de energía. El otro actor es el gobierno que mantiene en tal impunidad a un sector oligarca y de ahí todo el entramado institucional como es el Ejército, la Policía, haciendo comparsa de grandes trasnacionales y oligarcas. Todos tienen mucha responsabilidad.

Gustavo Castro y Berta Cáceres hace 20 años. Foto cortesía Otros Mundos Chiapas

¿Cuáles son las enseñanzas que deja Berta a los movimientos sociales, a las mujeres y a los pueblos originarios?
Es un legado muy integral. Berta vio nacer al COPINH pero también éste fue formando a Berta. Dentro de la estrategia que ella planteaba, estaba la apropiación de un sistema de comunicación, de formación política, de solidaridad con las organizaciones y los movimientos sociales no solamente de Honduras sino de América Latina, la movilización con distintos temas políticos y económicos porque se movilizaban en torno a la deuda externa, Tratado de Libre Comercio, Plan Puebla Panamá, represas, minería, extractivismo, racismo, patriarcado.

Yo creo que ese es el legado que dejan Berta y el COPINH, que la lucha es integral. No es monotemática, no es sólo local. Incluso reivindicando la lucha por la diversidad sexual y del movimiento LGBTTI.

¿Cómo miras el panorama actual con los megaproyectos y la pandemia en los territorios?
Muchos gobiernos de la región, no solamente Honduras, están entrando en un cuestionamiento muy fuerte y evidenciándose sobre a quién salvar. Los países y los gobiernos han rescatado nuevamente a grandes empresas, grandes trasnacionales. Pero además, si antes había un sistema de corrupción impresionante, ahora, con la inyección de recursos, cuanto más.

También es un momento en que los movimientos sociales tenemos que buscar alternativas. Tiene que ser un momento para reflexionar cuál debe ser el camino de las resistencias. Tenemos que ser autónomos en nuestras propias regiones, producir los alimentos, producir la energía, empezar a generar recursos propios y no depender tanto. Con la pandemia se vio claro que las comunidades que sobrevivieron a la crisis fueron las que podían sembrar, que tenían producción, que tenían medicina tradicional. Tenemos el reto de preparar nuevas estrategias y alternativas.

¿Las personas defensoras continúan con el mismo nivel de riesgo ahora en la pandemia?  
Se ha incrementado el riesgo. Ya era de por sí un riesgo oponerse a las grandes inversiones extractivistas que implican muchos intereses económicos en apropiación de territorios, recursos, agua, energía. Era un riesgo oponerse a la infraestructura, megaproyectos e invasión del capital. Ahora se intensifica porque muchos de estos megaproyectos son declarados como indispensables.  

En cuanto a la seguridad de las personas defensoras debemos modificar las estrategias, no podemos realizar las mismas acciones que antes. Muchas acciones están criminalizadas en el marco de la modificación de las leyes y códigos penales. Hoy puede ser declarado como crimen organizado o secuestro el hecho de que una comunidad bloquee un camino para defender su tierra o su agua.

La seguridad debe ser personal, familiar y colectiva, se deben generar mecanismos y protocolos de seguridad comunitarias, eso es fundamental. Pedirle al gobierno que nos garantice la seguridad cuando es quien impulsa aquello que tenemos en contra, puede ser un mecanismo mediático, pero no la garantiza. Se deben buscar mecanismos comunitarios de protección.

Imagen: Ginnette Riquelme/Reuters/Newscom

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Exigimos protección y garantía al trabajo de Jaqueline Campbell Dávila

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de marzo de 2021

Durante la noche del pasado 2 de febrero, la casa de la defensora de derechos humanos Jaqueline Campbell Dávila fue allanada. Fue evidente que no se trato de un robo común, sino de un acto de intimidación una clara amenazada para quien desde hace más de 20 años ha realizado un trabajo incansable como defensora de los derechos humanos frente a las graves situaciones de violencia hacia las mujeres, los migrantes, las personas encarceladas, la comunidad LGBT, además de estar involucrada también en procesos de defensa del territorio con la Diócesis del Satillo siendo parte de equipo del Obispo Fray Raúl Vera.

El día 14 de febrero Jaqueline fue nuevamente agredida, despojándosele de toda su información digital, para desconocer y así, pretender anular su trabajo como periodista y defensora de derechos humanos.

Esos don graves hechos no son casos aislados, ya que ocasiones anteriores Jackie ha sido victima de acoso, hostigamiento e intimidaciones, entre ellas la ocurrida en diciembre del 2020, a la que le sucedieron irrupciones en la oficina del Obispo Raúl Vera.

Jackie y el equipo de Raúl Vera han sido siempre muy cercanos y solidarios con los pueblos y procesos de resistencia tanto de REMA, como de muchos otros procesos contra los proyectos de ocasionan despojo y violaciones a sus derechos. En este contexto, siempre nos han acompañado en distintos foros, eventos y procesos relacionados con la defensa del territorio frente al modelo extractivo. De muchos eventos, recordamos con aprecio y cariño la presencia de Jackie durante el acto de cabildo para declarar al municipio de Guadalcázar, en San Luis Potosí Territorio Libre de Minería. La solidaridad y el trabajo conjunto con el equipo de Don Raúl Vera han sido fundamentales en el proceso en contra de la instalación de la planta de cianuro de Chemours en el estado de Durango.

Exigimos a las autoridades del Gobiernos del Estado de Coahuila, a su Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación, garantizar la protección de nuestra querida compañera Jaquieline Campbell Dávila, asi. Exigimos que cese el hostigamiento y las agresiones referidas, que se investigue y se castigue a los responsables, y se garantice la continuidad al relevante trabajo en pro de los derechos humanos que Jackie realiza.

¡Apoyo total y solidaridad con nuestra compañera Jaquieline Campbell!

Basta de criminalizar y a las y los defensores de derechos humanos y del territorio

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA

Imagen: CIMACFoto: Camelia Muñoz Alvarado

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