Morelos: La Minera Canadiense Alamos Gold, El mismo modelo de siempre

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de diciembre de 2020

Una reciente nota periodística que forma parte de la campaña publicitaria de la empresa canadiense Alamos Gold anuncia que la “inversión minera” en Tetlama sigue vigente(https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/vigente-la-inversion-minera-en-tetlama-6075356.html). Como bien se sabe, las empresas de minería depredadora utilizan la desinformaciónpara imponer sus proyectos de despojo, a menudo con el apoyo de “periodistas” bajo pago,como elemento clave para encubrir sus intereses económicos disfrazándolos de una supuesta “preocupación por el bienestar de las comunidades”.

Tampoco es raro que las empresas extractivistasutilicen personal que trabajó en instituciones públicas para aprovechar lo que aprendieron trabajando enel gobierno, a fin de incorporar a sus estrategias de manipulación el conocimiento de cómo operan las dependencias oficiales, en una conocida maniobraque se llamaen todo el mundo“la puerta giratoria”, donde un día el empleado está en el gobierno y al otro día se pasa a la iniciativa privada que le paga mejor para vender el conocimiento que adquirió como “funcionario público”.

Como muchas otras empresas de su tipo, Alamos Gold y los empleados mexicanos al servicio de sus intereses, que son siempre ajenos al bienestar de las comunidades, se presentan como damas de la caridad que llegan a salvar de la miseria a los pobres campesinos, cuando es la propiamiseria moral de esas empresas y sus empleados la que queda de manifiesto. Como en tantas otras cosas, laspromesas vienen primero y al cabo de unos cuantos años llega el abandono, la enfermedad y la muerte, pero para entonces los saqueadores y sus sirvientes nacionales se habrán ido.

Ninguna de esas personas se queda a vivir en los desiertos que dejan a su paso. Hay que ir no lejos, por ejemplo,a Carrizalillo en Guerrero, para ver ese futuro y no creer esas mentiras pagadas porla empresa. ¿O irán esos empresarios y sus sirvientesa establecerse con su familia en una residencia edificada al fondo de alguno de los cráteres de muerte que dejan, para dar de beber a sus hijos el agua ácida y contaminada, paradarles a respirar el aire que ensucian con diminutas partículas de metales pesados, que son el verdadero pago que entregan a las comunidades, y eso por no contar la estela de conflictos internos, de violencia, de sufrimiento y desesperanza que estas empresas construyen, mientras construyen al mismotiempo sus patios de lixiviados y amontonan sus nuevos cerros de desechostóxicos?

Y así, les queda de maravilla que falte agua en las comunidades, que no exista suficiente cobertura médica,ni educativa, o que otros muchos servicios públicos sean escasos o nulos, porque esas deficiencias gubernamentales serán usadas para engatusar a las poblaciones, tal como hacen a menudo los partidos políticos. Ahora resulta que la empresase muestra muy preocupada por limpiar un pozo de agua de Tetlama, y sí, porque está siempre preocupada por el oro y los otros mineralesde los que ya calculó la ganancia, preocupada por el precio internacional de las onzas del oroque pretende extraer del subsuelo de nuestra patria, minerales que no verán jamás los habitantes deTetlama y de otras numerosas comunidades, lasque viven con la amenaza de los efectos del despojo que se anuncia como “beneficio”.

Alamos Gold casi estáexigiendo el Premio Nobel de la Paz por su caridad. Anuncia que “entre los trabajos que se mantienen están los de vinculación y apoyos a la comunidad a través del trabajo social con grupos específicos”, y claro, siempre con la mira puesta en“la neta”: los miles de millones de pesos que pretende obtener de la miseria de nuestro campesinado, de modo que encuentra que la Covid-19 le queda “como anillo al dedo”. Y por eso promete “mil 500 empleos directos y unos 6 mil indirectos, contribuyendo con ello a la recuperación económica del estado”. Como si el despojo recuperara la economía de los territorios. La lengua es tan larga como la desvergüeza.

Es cosa de pasear un poco, de hacer una gira tóxica por los lugares a dondeestas empresas llegan, despojan y luego se van forradas de billetes: vamos a la mina de Mulatos, en Sonora, donde Alamos Gold expulsó a los pobladores con las mismas ofertas, con empleos precarios y temporales en los niveles salariales más bajos. O platiquemos en Guerrero con los padres de familia que han recibido dinero por rentar unas tierras que ahora son agujeroscontaminados, y quienes con ese dinero no recuperarán jamás su salud, ni se quitarán de encima el cáncer, la insuficiencia renal y las malformaciones congénitas que las empresas brindarán con los añosgenerosamente, como parte de sus apoyos y su vinculación.

La canadiense AlamosGold a través de su empresa “Esperanza Silver”, así como sus sirvientes nacionales, en efecto,tienen mucha esperanza en sacar el “gold” y el “silver”de nuestro subsuelo. Para eso están las migajas que ofrecen. Es decir, el cebo de la trampa, la carnada para esconder el anzuelo: esas migajasse llaman “personal técnico”, “equipo especializado”, “transformador de energía eléctrica”, “campañas de apoyo directo a la población”, “dotación de apoyos visuales”, “becas para estudiantes”.

Vaya, la empresa, llena de misericordia, con esos tremendos gestos de desprendimiento, de caridad, está copiando a los políticos en campaña, y de paso usurpando las funciones del gobierno del estado y sus dependencias, con verdades a medias, porque sí tienen personal técnico y equipo especializado, lo tenemos que reconocer, pero para presionar a funcionarios, comprar a la prensa y dividir a las comunidades, y sí transforman la energía positiva en negativa, y sí tienen campañas, pero de apoyo directo a sus planes de despojo, y sí dotan de apoyospara problemas visuales, pero no para ver, sino para no ver.

Y por si faltara lengua, el servicial vocero técnico del despojo declaraal reportero que se consiguió: “esta labor de apoyo a la comunidad forma parte de un modelo empresarial que tiene sus bases en un Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable, en donde nuestras prioridades son el trabajo con la comunidad y el respeto al medioambiente”. Al parecer el empleado no entiende lo que dice, ni el reportero tampocoentendió el mensaje, no: la prioridad es otra, porque ese modelito es la mismagata pero revolcada, puesde acuerdo con “los parámetros trazados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas”que llenan laboca del muy entendido vocero del despojo, para llegar efectivamente en la agenda al recalentado 2030, el modelo se llama,por sus siglas,oficialmente,MEI-SAD-DCE, es decir, Modelo Extractivo Intensivo, Social y Ambientalmente Depredador, cuyas prioridades son el Despojo de la Comunidad y el Ecocidio.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: El Universal

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Cascos de Plata 2020 Grupo México y sus premios a la ignominia

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de noviembre de 2020

Según la CAMIMEX, el grupo mexicano (GM) obtiene “Cascos de Plata, que son reconocimientos al trabajo diario de empresas y trabajadores a favor de la seguridad dentro de una operación minera” según la nota se afirma que “…….es el resultado del enorme valor de la cultura de la seguridad, el trabajo en equipo y la alta responsabilidad de velar por todos los trabajadores en todo momento a partir de buenas prácticas de responsabilidad” htpps//www.opportimes.com/grupo-mexico-premios-cascos-de-plata-2020/

Es una vergüenza que esta empresa, catalogadas como una de las más violentas y sanguinarias del mundo, sea venerada como un ejemplo a seguir. En lugar de “Cascos de Plata”, deberían las autoridades deslindar las responsabilidades penales a quien ha sido señalado reiteradamente multihomicida, al Sr. German Larrea Mota Velasco. Son múltiples los casos en que el empresario galardonado ha ocasionado tanto daño social y ambiental, tanto en México como en otras partes del mundo, donde las violaciones a los derechos humanos han sido documentadas, asi como los desastres ambientales ya irreversibles.

El gobierno de la 4T sigue mostrando su incapacidad para evitar las gigantescas brechas de impunidad que este empresario y sus mineras, así como otros casos en el país a los cuales el Presidente a prometido proteger y velar por sus derechos humanos, por el agua, por el medio ambiente, por el bienestar de los pueblos.

Los empresarios mineros han hecho de la violación a los derechos humanos y ambientales sus usos y costumbres, un deporte nacional que deja perpleja a la sociedad mexicana frente a las indiferencias que les otorga el Poder Ejecutivo, la impunidad que le otorga el Poder Judicial, y los aplausos del Poder Legislativo.

Mientras que los pueblos viven en la zozobra, en la inseguridad, en la violencia de sus territorios legítimos y legales, en la violencia del moderno extractivo minero, sin dormir y en condiciones de vida indigna, el minero Sr. Larrea es festejado con un supuesto premio para conciliar su sueño.

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERIA

Imagen: Tomada de internet – Sindicato Nacional Minero

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Boletín Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación

Boletin 252 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – Septiembre / Octubre 2020

Nuestra Opinión: Los evangelizadores del desarrollo

Este boletín busca reflexionar críticamente sobre el mal llamado desarrollo y alertar sobre las estrategias que vienen utilizando quienes lo promueven para adentrarse en los territorios. Se sabe que el desarrollo impuesto por las cientos de agencias, organismos,bancos y programas – ahora camuflado junto a otras palabras como “sostenible,” o “carbononeutral”,- es instrumental al voraz avance del saqueo y la consiguiente destrucción de bosques y medios de vida de millones de personas. En los últimos años, además, estos actores trabajan cada vez más en alianza al capital financiero, al que ven como aliado del desarrollo y lo refuerzan con recursos públicos.

No podemos olvidar que la noción de desarrollo fue proclamada después de la segundaguerra mundial, cuando Truman, ex-presidente de los EEUU, aprovechó el desplome europeo y afirmó que los EEUU debería disponer de sus avances y progreso para el crecimiento de las zonas subdesarrolladas. Además, hizo un llamado a que todos los gobiernos sigan sus pasos en la búsqueda del desarrollo.

Fue ahí que al mundo lo dividieron en dos: los países desarrollados del Norte y los países subdesarrollados del Sur. Considerando el proceso histórico en el que esto se enmarca,estos dos “bloques” bien podrían haberse llamado: los colonizadores (del desarrollo) y las colonias (para desarrollar, o mejor dicho, para saquear).

En esta cruzada desarrollista, fueron algunas entidades transnacionales y capitalistas,lideradas esencialmente por el gobierno de los EEUU y por el bloque del G-8, las que impusieron las reglas del desarrollo, principalmente para el Sur global. El Banco Mundial(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC),los Bancos de Desarrollo regionales, entre otros evangelizadores, se consolidaron como actores absolutos (casi imperiales) de poder político y económico, llevando la biblia del desarrollo bajo el brazo.

Así, los Programas de Ajuste Estructural, dictados por el FMI y el BM, obligaron a los países del sur a imponer duras políticas para abrirse al “mercado libre” en nombre del desarrollo,progreso y crecimiento. Luego, las Asociaciones Público-Privadas fueron (y siguen siendo)establecidas por los gobiernos al ser requisito para recibir préstamos de estas instituciones,- a pesar que estas Asociaciones benefician cabalmente al capital privado a expensas del sector público. Los bancos y agencias de desarrollo suelen ser importantes accionistas en estas Asociaciones.

Es así que cientos de represas a gran escala, carreteras y vías de tren que atraviesan bosques y tierras comunitarias, plantaciones industriales de monocultivos, mega proyectos de infraestructura e incluso proyectos de exploración y extracción de minería, petróleo y gas,han sido financiados, legitimados y promovidos por estos actores del desarrollo. El Banco Mundial, por ejemplo, ha promovido por décadas la titulación de tierras a través de la propiedad individual, lo que facilita, en su gran mayoría, la entrada de actividades industriales a tierras comunitarias y el debilitamiento de la organización y cohesión social.

En paralelo, los países del norte establecieron sus propias agencias de cooperación al desarrollo, tales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(USAID), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) o el Banco de Desarrollo del Estado Alemán (KfW), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), etc.,para implementar y monitorear sus propias políticas externas e intereses de forma calculada en el sur. Así, muchas empresas de plantaciones industriales provenientes del norte deben la supervivencia de sus actividades en los países sub-desarrollados, en gran parte, a las donaciones de sus gobiernos. Sin subvenciones, financiación barata y otros subsidios, estas plantaciones y plantas de celulosa extremadamente costosas nunca llegarían a producir.Algunos de estos subsidios se transfieren a través de agencias multilaterales antes de ser derivados al sector empresarial. En otros casos, fondos recaudados a través de los impuestos que pagan los ciudadanos en el norte se canalizan a través de agencias de cooperación al desarrollo a las arcas de estas empresas privadas. (1)

La noción del desarrollo,creada desde una mirada occidental blanca, niega o denigra a las muchas diversidades, existencias y visiones de ser en los territorios. Los territorios no-blancos y no-occidentales (que incluyen pluralidad de personas y pueblos, prácticas,bosques, espacios y tiempos de vida, ríos, historias, conocimientos…) son constantemente subordinados, violentados y estigmatizados con el concepto del subdesarrollo. Esto va de la mano de sociedades capitalistas cada vez más inmersas en una visión de crecimiento que es racista, clasista y patriarcal. Una visión que pregona ser universal y por tanto invisibiliza o silencia (casi siempre por la fuerza) a los territorios no-blancos, y que en esencia, busca engrandecer a la economía capitalista de opresión.

Como reacción frente a la fuerte resistencia en el sur y a la presión internacional por la emergencia climática y ambiental, los actores del desarrollo comenzaron a apoyar el concepto de crecimiento verde. La ONU lanzó un llamado al crecimiento verde en 2011 y el Banco Mundial presentó en 2012 el reporte Crecimiento verde inclusivo – el sendero para el desarrollo sostenible.

Extremadamente funcional al capitalismo, ese cambio de retórica (más no de fondo) le ha permitido a la industria del desarrollo continuar y expandir sus prácticas, negocios y acumulación y, por tanto, el saqueo, la violencia y el despojo.

Asimismo, en las últimas dos décadas, los bancos y fondos de desarrollo han aumentado masivamente. Estos actores se han vuelto cada vez más entrelazados con las finanzas globales. La cartera de las instituciones financieras de desarrollo europeas se ha cuadruplicado, de 10.900 millones de euros en 2005 a 41.200 millones de euros en 2018.Estas instituciones actúan cada vez más como cualquier otro inversionista, y ve al sector financiero privado como un actor del desarrollo y lo refuerza con recursos públicos. Así vemos una creciente participación de estos actores en la agroindustria y el acaparamiento de tierras. (2)

Más recientemente, algunos de estos bancos y fondos han creado sus propias empresas de gestión de activos. Estas son denominadas fondos de desarrollo, o mejor dicho, fondos de inversión y de capital. El Banco Mundial creó su propia empresa para administrar dichos fondos, el Asset Management Company, que hoy administra US10 mil millones de dólares a través de 13 fondos. (3)

Más de 70 años después que Truman dividiese al mundo, la noción de desarrollo sigue siendo utilizada para saquear. Sus evangelizadores son impulsores clave de las políticas de privatización, que allanan el camino para que corporaciones y actores financieros puedan ingresar y destruir cada vez más territorios y bosques.

Esperamos que este boletín aporte a la reflexión para la construcción y fortalecimiento de alianzas entre movimientos y grupos de base en el rechazo a ese desarrollo colonizador,racista y patriarcal.

Indice

Boletín 252 del WRMMovimiento Mundial por los Bosques TropicalesSeptiembre / Octubre 2020Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotaciónNuestra Opinión: Los evangelizadores del desarrollo…………………………………………………………………..2Desarrollo: entendimientos desde de las bases………………………………………………………………………….5El legado perenne de un proyecto poco conocido del Banco Mundial que le aseguró las plantaciones africanas a multimillonarios europeos………………………………………………………………………………………..9Por qué los gobiernos deberían rechazar los intentos de mercantilización de la tierra orquestados por el Banco Mundial y Estados Unidos…………………………………………………………………………………..12Indonesia: REDD+, el financiamiento europeo para el desarrollo y la ‘economía baja en carbono’…..16La participación de la banca europea para el desarrollo en una empresa congoleña de aceite de palma perpetúa el racismo del acaparamiento de tierras de la época colonial……………………………….24El Banco Africano de Desarrollo y la industria de las plantaciones de árboles……………………………….28“Siempre ha sido lo mismo”: la cooperación que no coopera………………………………………………………32RECOMENDADOSDes-entreverando los conceptos atados al desarrollo………………………………………………………………..35“No deberían llamarse bancos públicos de desarrollo”……………………………………………………………….36Se retoman tierras robadas en Argentina…………………………………………………………………………………36Transformar el Sistema………………………………………………………………………………………………………….36Piden suspensión de las obras de UPM hasta cumplir con los requisitos ambientales de su autorización…………………………………………………………………………………………………………………………36Diccionario de Desarrollo……………………………………………………………………………………………………….37Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: activistas deBrasil, Gabón, India, México y Mozambique; GRAIN; The Oakland Institute, USA; RIAO-RDC,República Democrática de Congo; la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de DerechosSociales y Ambientales; y miembros del Secretariado Internacional del WRM

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Imagen: Manifestación contra SOCFIN en Liberia, 2016

Ejidatarios exigen a AMLO frenar proyecto de mina canadiense en Colima. Infectará el agua, acusan

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha por la vida en Canoas Colima – A 8 de noviembre de 2020

A unos 50 kilómetros del Puerto de Manzanillo, la minera canadiense Hematite planea operar el proyecto “Rufus 5” para cambiar el uso de suelo y extraer fierro, el metal con más presencia en la entidad al suroeste del país. La Semarnat propuso consultas. Sin embargo, la comunidad de Canoas, un pueblo cafetalero, ya se autoconsultó en su Asamblea Agraria y la respuesta por unanimidad fue una rotunda negativa.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Ejidatarios y habitantes de ocho comunidades aledañas al municipio de Manzanillo, Colima, que gozan del agua limpia del río El Cacao, marcharon hacia la capital estatal y se manifestaron afuera de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) para notificar que no era necesaria una consulta, ya que en Asamblea Ejidal con acta notariada ante el Registro Agrario ya habían decidido en colectivo rechazar un proyecto minero canadiense, como previamente lo hicieron en 2014 con otro intento extractivista.

“Los de Semarnat Colima insistían en que según el protocolo se tenían que hacer varias consultas aquí en Canoas. Pero para qué, si ya fuimos a decirles que no queremos la minería y traemos las firmas [de la Asamblea Ejidal del 30 de agosto]”, dijo Salud Valencia Ramos, Secretaria del Comisariado ejidal. Para reiterarlo enviaron una misiva a la Semarnat federal, cuya respuesta siguen esperando. “La naturaleza es muy exuberante. La mayoría tenemos nuestros cafetales. Al aprobarse el proyecto todo eso se vendría abajo”.

Entre canto de gallos, el Comisario ejidal, Raymundo Campos Muñoz, agregó que de hacerse ese proyecto, justo donde nace el afluente que surte al río, “va a contaminarlo y va a cambiar nuestra forma de vida” como les sucedió a sus vecinos en Minatitlán.

No es la primera vez que inversión privada se interesa en una entidad rica en hierro. En 2014 otro proyecto minero intentó instalarse en la comunidad de Canoas, pero, como ahora, se organizaron, hicieron un Acta notariada para manifestar su rechazo, pidieron estudios de impactos ambiental y los echaron. Seis años después, la empresa canadiense Hematite llegó a solicitar el cambio de uso de suelo, les informó el municipio de Manzanillo y les mandó al Delegado municipal de Medio Ambiente para que les informara detalles del proyecto y su impacto.

“Somos varias comunidades –Canoas, zona alta cafetalera pegada a la montaña, y hacia abajo Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo– las que seríamos afectadas en medio ambiente, salud y todas vivimos de la agricultura y ganadería. Imagínese que venga alguien a contaminarnos el agua, que viene siendo la vida de la región”, aseguró Campos.

Río en los Altos de Canoas, zona cafetalera. Foto: Captura de video.

Los vecinos de Minatitlán, a unos 30 kilómetros en el límite con Jalisco, ya tienen su agua contaminada. Ahí el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, con capital italiano, indio y argentino, extrae fierro. Solo ese municipio representa el 1.80 por ciento del total del valor de la producción minera nacional, reporta la Secretaría de Economía. “Está lleno de explotación minera donde quiera, y vienen a Canoas a tomar del recurso. Estamos previendo que se va a convertir en un conflicto social por el agua”, afirmó el Comisario ejidal.

Colima, si bien solo tiene un 1 por ciento de la superficie concesionada del país, es la entidad con mayor porcentaje de su superficie destinado a la minería: un 39.1 por ciento (más de 226 mil hectáreas de sus 580 mil hectáreas), documentó Manuel Llano de la organización CartoCrítica, con datos de febrero de 2020 de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. En Villa Álvarez, la empresa Peña Colorada también registró un proyecto para extraer fierro en los ayanamientos de Arrayane y Llanitos.

“A febrero de 2020 hay 10 por ciento del territorio nacional concesionado, más bajo que en otros años. Sin embargo, parte del discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se han otorgado concesiones, sí, pero los proyectos mineros siguen vigentes e incluso hay más. La concesión es el paso inicial, pero algunas concesiones no tienen aún proyectos y otras se prestan a la especulación”, explicó Llano.

La Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, dijo durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que no se ha dado ningún permiso para fase de exploración ni explotación de minería a cielo abierto o a tajo abierto, como este caso. “En lugares que tienen esa concesión no en 2020 ni 2019, sino desde hace tiempo, son concesiones que ya se entregaron. y hay que revisarlo”, dijo.

La solicitud de cambio de uso de suelo se metió en julio de 2020. El municipio de Manzanillo planea no otorgar el permiso. Imagen: Gaceta ecológica 24-2020 de Semarnat.

Los alrededor de 400 habitantes de Canoas, que se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, también temen que sus cultivos, la flora y fauna sean dañados por la actividad minera. Hematite busca extraer más de 2 millones de metros cúbicos de fierro, con la apertura de un tajo dividido en cuatro secciones con un aprovechamiento gradual de 16 años, de acuerdo con la gaceta ecológica 24 de la Semarnat de julio. Para la operación y extracción en terrenos forestales de casi 30 hectáreas se requiere cambio de uso de suelo. En el predio El Agostadero la minera ofreció la restauración del sitio y se integrará una plantación de café terminando el proceso de extracción.

La Semarnat local les advirtió que mientras su concesión no sea revocada, seguirán insistiendo para echar a andar el proyecto “Rufus 5”. Y cada vez la comunidad lo rechazará, dijo Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal.

“SU CONSULTA FAVORECE A LA EMPRESA”

Los ejidatarios y avecindados de Canoas se enteraron de las intenciones del proyecto minero porque representantes de la empresa Hematite se acercaron con los directivos ejidales. Trataron de sobornar a cada ejidatario, contó Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal. No aceptaron. Luego les ofrecieron beneficios como una planta purificadora de agua y pavimentación. Pero los ejidatarios les explicaron que en la comunidad las decisiones se toman en colectivo a través de una Asamblea Ejidal. Y así fue.

“Canoas es libre de minería. Es nuestro lema desde 2014. Cómo vienen otra vez con lo mismo a incomodar. Para qué queremos una planta purificadora si acá tenemos agua limpia del río. No necesitamos sus obras, porque sabemos que es el precio para que se metan”, dijo Valencia. En la Asamblea de agosto, sin ser invitado, un representante de la minera acudió, pero se le pidió que se fuera para debatir después, si así lo deseaba el pueblo. “Lo sacamos, era para ejidatarios y no tenía nada qué hacer ahí”, evocó la ejidataria. Formalmente, nunca han dialogado empresa y Asamblea Ejidal.

El 8 de octubre fue cuando los ejidatarios y comuneros se manifestaron contra el proyecto “Rufus 5” afuera de las oficinas de la Delegación Colima de la Semarnat. Se les informó que junto con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se planea realizar una consulta. El INPI, que hace años los reconoció como población indígena, no se ha acercado a ellos. El 20 de octubre enviaron una carta a la Secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, donde le hicieron saber que no necesitan otra consulta.

“Rechazamos rotundamente que se haga una consulta, porque no tenemos la confianza con las instituciones que la harían. La población ya se autoconsultó. Tenemos un Acta protocolizada desde 2014 cuando hubo otro proyecto y ahora el 30 de agosto de este año hicimos otra Asamblea donde volvimos a ratificar que Canoas es territorio libre de minería”, aseveró el Comisario ejidal Raymundo Campos. Entregaron las actas de la asamblea de hace dos meses y la de 2014 a la delegación en Colima de Semarnat. “Estamos exigiendo nuestro derecho como pueblo indígena a que se nos respete nuestra decisión. Si nosotros no queremos, por qué se nos va a hacer una consulta favoreciendo a la empresa”, cuestionó Campos.

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La Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) publicó la carta a la Secretaria Albores. “Nos parece lamentable –dice– que las instituciones de Gobierno se estén coordinando para validar proyectos de muerte y pretendan que, por medio de las ya maltrechas y violentadas consultas que este Gobierno impone, sea la vía que posibilite la entrada de este tipo de proyectos”, escribieron. Y, advirtieron en la misiva, no están dispuestos a permitir el ingreso a su comunidad a ninguna autoridad que pretenda “violentar” el ejercicio de su derecho y libre determinación. Aunque tiene el sello de recibido, en más de una semana después no han recibido respuesta.

También le han escrito al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión ha dicho que en su Gobierno ya no se dan concesiones mineras, porque desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a través de la Ley Minera de 1992 se han otorgado más de 20 millones de hectáreas a nivel nacional.

“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho: que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo el proyecto minero ‘Rufus 5’ y cualquier otro proyecto minero en el ejido”, le pidieron las autoridades ejidales. Pero dejar de dar concesiones no implica que dejen de brotar proyectos en las ya otorgadas.

Imagen: Sin Embargo

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Campesinos de Atenco empiezan con renaturalizar cauce del río Xalapango, dañado por NAICM

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la reapropiación de sus tierras en Atenco- A 22 de octubre de 2020

Javier Salinas Cesáreo, corresponsal

San Salvador Atenco, Méx. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco comenzaron a romper los bordos del cauce del río Xalapango para inundar parte los terrenos donde se construyó la autopista Pirámides-Texcoco, que conformaba parte de la infraestructura del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y así devolverle su vocación hídrica a la zona.

El río Xalapango, que nace en la parte alta de Texcoco y desembocaba a la laguna Xalapango, parte del ex lago de Texcoco, fue bordeado hace unos años por autoridades federales como parte de las obras anexas del proyecto aeroportuario.

La mañana de este jueves, un grupo de campesinos de San Salvador Atenco acudieron al punto de intersección del río Xalapango, en el paraje Las Salinas, donde se une con los ejidos de Atenco, Francisco I. Madero y Tocuila, y donde atraviesa la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, a unos metros de la barda perimetral que se edificó del cancelado NAICM.

Los integrantes del FPDT utilizando palas, picos y machetes excavaron e hicieron un boquete a uno de los bordos del río, para que su cauce saliera hacia sus tierras.

“El rio Xalapango viene de la parte alta de Texcoco de la montaña y confluía a la zona de la laguna lo que llamábamos el desparramadero donde habitaban miles de aves migratorias y locales, pero en su momento el gobierno federal, a través de la Conagua, bordeó ese rio para hacer el proyecto aeroportuario y mandarlo al canal conector.

“Lo que estamos haciendo es desbordar ese río porque es importante preservar los cuerpos de agua para el proceso hídrico que guardan nuestras tierras. Esas aguas tienen que regresar nuevamente a la vocación que era dar la regulación al vaso de Texcoco”, dijo César del Valle Ramírez, uno de los dirigentes del FPDT

Tras varias horas de labor, el agua comenzó a inundar parte de sus ejidos, justo en el puente que fue construido de la autopista Pirámides-Texcoco, a un costado de la barda perimetral.

Los campesinos también realizaron pintas sobre un tramo de la autopista para exigir al gobierno federal la restitución de dos mil hectáreas que les fueron despojadas para el proyecto aeroportuario, se desmantele dicha carretera y se retome su propuesta “Manos a la Cuenca” de rescate y conservación ecológica del ex lago de Texcoco.

Cumple 19 años la resistencia atenquense

Los trabajos para desbordar el río Xalapango, se llevaron a cabo al conmemorarse 19 años del surgimiento de la resistencia campesina de Atenco.

El lunes 22 de octubre de 2001, durante la gestión de Vicente Fox, la vida de los pueblos de San Salvador Atenco cambió su rumbo. De la noche a la mañana, se había convertido en realidad lo que para los campesinos y habitantes, hasta ese entonces, sólo era un rumor.

En el Diario Oficial de la Federación se publicaban 19 decretos de expropiación por una superficie total de cinco mil 384 hectáreas de 13 ejidos de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el estado de México para el proyecto de construcción del NAICM

En San Salvador Atenco un pueblo hasta ese entonces tranquilo, con tradiciones ancestrales, con habitantes que eventualmente participaban en organizaciones y simpatizaban con movimientos sociales, pero con una historia de gobiernos priístas, se gestó el movimiento de lucha campesina más importante en el país, en los últimos años. Enarbolaron sus machetes y portando todo objeto con que defenderse, lucharon por defender sus tierras con el lema: “Tierras sí, aviones no. No al aeropuerto y La tierra no se vende”.

Los campesinos se organizaron, hicieron plantones, marchas, bloqueos, protestas e innumerables retenciones de funcionarios solo con el objetivo de echar abajo el proyecto aeroportuario.

El 11 de julio del 2002, los campesinos fueron reprimidos por las fuerzas estatales cuando les impidieron el paso para llegar hasta Teotihuacán, en donde habrían de increpar al entonces gobernador mexiquense, Arturo Montiel. Catorce días después de la represión y como consecuencia de los golpes policiacos falleció José Enrique Espinoza.

Tras la muerte del campesino y oposición de la resistencia, la tarde del jueves primero de agosto de 2002, el gobierno federal determinó enterrar el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Daba marcha atrás al proyecto económico más importante del sexenio.

En 2006, en San Salvador Atenco ocurrió uno de los sucesos más graves sobre violaciones a los derechos humanos en el país. El 3 de mayo de ese año la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal, Belisario Domínguez en Texcoco, fue la detonante para que el gobierno del estado de México, entonces al mando de Enrique Peña Nieto, montara una estrategia, en complicidad con el ayuntamiento perredista, para vengarse del movimiento atenquense que años atrás había echado abajo uno de los mayores proyectos económicos del país, el de la construcción del nuevo aeropuerto.

Ese día, los miembros del FPDT fueron reprimidos y se atrincheraron durante nueve horas en una vivienda, de donde fueron sacados a la fuerza y detenidos el dirigente Ignacio del Valle Medina. Al mismo tiempo y en respuesta a la acción policíaca, los pobladores de Atenco bloquearon la carretera y la policía los enfrentó deteniendo a decenas de ellos. Ese 3 de mayo, durante el enfrentamiento, el joven de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago cayó asesinado por un disparo de arma de fuego, proveniente de las armas de los policías.

La madrugada del 4 de mayo, la acción policiaca continuó contra el pueblo de Atenco y miles de policías incursionaron en la comunidad. Utilizando gases lacrimógenos, catearon casas, detuvieron a cientos de ejidatarios y en el traslado hubo abuso sexual hacia decenas de mujeres. 11 llevaron el caso a instancias internacionales.

En la refriega fue herido el estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírez, quien fue impactado por uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, lanzados por la policía y quién 34 días después murió.

El dirigente, Ignacio del Valle Medina, fue encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión, quien a la postre lograra su liberación años después. Al igual que más de 200 campesinos que fueron recluidos en el penal de Santiaguito.

En septiembre de 2014, los campesinos emprendieron de nueva cuenta su resistencia ahora contra el proyecto aeroportuario anunciado por el expresidente, Enrique Peña Nieto, edificación que quedó cancelada con el arribo al poder del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Más información:

Carta de Grupos y Colectivos instan al fondo de pensiones de Columbia Británica, Canadá, para que presione a la empresa Equinox Gold en torno a su mina en Guerrero, México

Compartimos carta publicada en MiningWacht Canadá sobre la resistencia antiminera en Carrizalillo – A 6 de noviembre de 2020

Exigen que la empresa trate con respeto al ejido de Carrizalillo e incorpore una nueva relación basada en un convenio de prestaciones sociales que resuelva los problemas de fondo de la comunidad.

Hoy, 50 organizaciones canadienses, mexicanas e internacionales, entre ellas el Sindicato de Empleados Generales de Columbia Británica y la Unión de Jefes Indígenas de Columbia Británica, escribieron a la Corporación de Manejo de Inversiones de Columbia Británica (BCI por sus siglas en inglés) sobre su inversión en la empresa minera Equinox Gold con sede en Vancouver. 

Las organizaciones instan al fondo de pensión entrar en un proceso de diálogo respetuoso y de solución de parte de Equinox sobre sus incumplimientos al convenio de cooperación social con el Ejido de Carrizalillo en Guerrero, México, en cuyas tierras se ubica su mina principal. Las violaciones del acuerdo llevaron a la comunidad a ejercer sus derechos establecidos en ese mismo acuerdo y cerrar las operaciones de la mina, ya por 64 días. Algunos de los asuntos relacionados con el fondo del conflicto, se originaron a partir de la irregularidad e incumplimiento de aspectos fundamentales para el bienestar de la población tales como;  la provisión de agua potable, medicamentos, becas educativas, empleo y contratos de equipos y maquinaria. Cabe destacar que durante todo este proceso, Equinox a respondido con un trato discriminatorio y racista cada que la comunidad a intentado establecer procesos de diálogo que resolvieran los incumplimientos. Señalamos que desde que la mina Los Filos entró en operación en 2008, varias fuentes de agua de Carrizalillo han desaparecido y otras más se encuentran contaminadas con arsénico y otros metales pesados.

La carta destaca una preocupación profunda sobre la seguridad, la salud y el bienestar económico de la comunidad, afirmando: “No entendemos por qué la empresa, en lugar de responder de manera pronta y con buena fe, ha decidido adoptar una postura dilatoria, discriminatoria y abusiva, incluso criminalizando las acciones de la comunidad.” El 4 de septiembre, la empresa emitió una declaración pública en la que calificaba el campamento comunitario como un “bloqueo ilegal de carreteras”, poniendo a la población en grave riesgo de la persecución legal y la violencia, algo demasiado común en las zonas mineras de México.

El campamento de la comunidad a sobrepasado en tiempo al último cierre realizado en Los Filos en abril del 2014, el cual duró 33 días después de que la empresa Goldcorp, anterior dueño de la mina, no logró renegociar un convenio sobre el uso de las tierras con la comunidad. Equinox requiere el uso y acceso de las tierras comunales del Ejido de Carrizalillo para poder operar la mina Los Filos.

Las organizaciones firmantes de la carta, algunas de ellas contribuyentes del fondo de pensión, hacen eco a las principales demandas del Ejido de Carrizalillo: 

  • Participar en negociaciones respetuosas y serias sobre un nuevo acuerdo de cooperación social que podría aliviar los daños al agua, la salud, el empleo y la seguridad del ejido.
  • Abstenerse de cualquier acto de criminalización, discriminación, racismo y abuso de su influencia económica y política. 

Se puede encontrar la carta que fue enviada esta mañana con la lista completa de las organizaciones firmantes aquí

Imagen: Community members look on Los Filos open pit mine in Guerrero, Mexico; Photo: Christian Leyva

Más información:

Digamos NO al dinero del Fondo Verde para el Clima destinado a proyectos REDD en Nicaragua

Compartimos esta pedición lanzada desde el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales – WRM – A 2 de noviembre de 2020

¡¡Convocamos a organizaciones a firmar esta Carta Abierta!! Pedimos a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua.

Desde 2015, unos 40 indígenas han sido asesinados, 47 han sido heridos, 44 han sido secuestrados y 4 han sido desaparecidos, en casos relacionados con invasiones de tierras en Nicaragua, mientras que la represión de voces disidentes ha alcanzado niveles alarmantes.

La Secretaría del Fondo Verde para el Clima, en tanto, recomienda que la Junta del Fondo en su 27a reunión -que se realizará del 9 al 13 de noviembre- apruebe una solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. El conflicto, la criminalización y la represión de las voces críticas se convertirán en una realidad previsible si la Junta sigue la recomendación de la Secretaría.

¡Esto no debe suceder! Firme por favor esta Carta Abierta, pidiendo a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua.

La Carta está abierta para firmas de organizaciones hasta el viernes 6 de noviembre de 2020. Esta se enviará a la Junta del Fondo Verde para el Clima antes de su reunión que inicia el 9 de noviembre.

>>Firma aquí<<

CARTA ABIERTA a los 

Miembros de la Junta del Fondo Verde para el Clima

Exhortamos a la Junta del Fondo Verde para el Clima a rechazar la solicitud de financiamiento (FP146) “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres* (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan), presentado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. Esta solicitud de financiamiento deja de manifiesto por qué el Fondo Verde para el Clima debe dejar de aportar fondos a proyectos REDD de manera urgente: la descripción tendenciosa e incompleta de las causas de la deforestación y las preocupantes actividades que resultan de este análisis inadecuado presentado en la FP146 evidencian una vez más que REDD es un concepto que no ha contribuido a resolver los factores causantes de la deforestación. Peor aún, su aplicación pone en riesgo las formas de sustento e incluso las vidas de las personas y exacerba los conflictos, tanto entre los organismos estatales y quienes proponen el proyecto REDD por un lado, y las comunidades que ejercen sus derechos tradicionales a la tierra por el otro, así como entre y dentro de las comunidades.

La solicitud de financiamiento del BCIE afecta las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz, en las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe de Nicaragua. En estas dos zonas se encuentran los mayores bosques intactos de Latinoamérica después de la Amazonía, que por generaciones han sido protegidos por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes cuyos territorios se superponen en gran parte con las áreas protegidas Bosawás e Indio Maíz.

La solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua plantea un riesgo extraordinariamente elevado y predecible de incrementar las tensiones sobre el uso de la tierra en una zona donde la (in)acción histórica de los gobiernos de turno ha provocado una escalada de asentamientos ilegales y extractivismo empresarial dentro de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos zonas en donde se centra la solicitud de financiamiento. El resultado ha sido una deforestación masiva, con la destrucción anual de 150.000 hectáreas de bosque en Nicaragua entre 2005 y 2015, gran parte de las cuales fueron en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan.

La implementación de esta propuesta de financiamiento está destinada a violar los derechos de los pueblos indígenas. Las actividades descritas en la solicitud de financiamiento no reducirán la deforestación en estas grandes zonas de bosque intacto de la Costa del Caribe de Nicaragua porque el proyecto ignora causas claves de la deforestación, tales como el otorgamiento de permisos de extracción maderera y minera a empresas extranjeras sin el consentimiento de las autoridades competentes en los territorios de pueblos indígenas. Por ejemplo, al mes de una nueva ley que creó la Compañía Minera Nicaragüense en 2017 y que facilitó el acceso a concesiones mineras para empresas extranjeras, el total de tierras con concesiones mineras aumentaron más del doble, de aproximadamente 1,2 millones a 2,6 millones de hectáreas. Esto es más del 20 por ciento del país. Alrededor de 853.800 hectáreas de esas concesiones están en la zona de amortiguamiento del área protegida Bosawás.1

Un informe reciente también expone el vínculo entre las concesiones mineras, la deforestación y la violencia en las zonas en las que se centra el FP146. El informe revela que los directores de tres compañías mineras están detrás de una de las empresas madereras, MLR Florestal, responsable de la destrucción de bosques y situaciones de violencia en estas zonas.2 Muchas de las concesiones industriales dentro de esas zonas han sido entregadas sin el consentimiento legalmente requerido de los pueblos indígenas, cuyos territorios están siendo destruidos por estas actividades madereras y mineras.

Si bien la solicitud de financiamiento menciona a la ganadería como causa de deforestación, no presenta un análisis exhaustivo de las causas subyacentes, tales como un sector cárnico orientado a la exportación, con vínculos entre la industria de exportación y la ganadería a menudo realizada en asentamientos ilegales dentro de territorios de pueblos indígenas. Como resultado, las actividades propuestas para manejar los asentamientos ilegales y la ganadería no lograrán reducir la deforestación y provocarán más violencia y desesperanza.

Otro agente de deforestación al que no se hace alusión en la solicitud de financiamiento es la falta de acción gubernamental a lo largo de los años para completar el paso final del reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos Regiones Autónomas de la Costa del Caribe. Estos derechos están protegidos por la Constitución nicaragüense, y la Ley Constitucional 28 requiere, entre otras cosas, este paso final llamado Saneamiento, o curación de la tierra. Exige que el Estado suprima a todos los colonos y compañías que operan dentro de los territorios de pueblos indígenas que no tengan títulos legales o acuerdos de arrendamiento con las autoridades comunitarias apropiadas.

Pueblos indígenas tales como la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) han advertido que “están colonizando todos los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. En la Reserva Biológica Indio-Maíz se están estableciendo mineros en busca de oro y en numerosas ocasiones grupos armados han amenazado a familias de los Pueblos Indígenas Rama y Afrodescendientes Kriol. Mientras tanto, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, grupos de hombres armados con armas de guerra provocaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras de los pueblos indígenas Miskitos y Mayangna, y el Estado ha fracasado en proteger a esos pueblos a pesar de múltiples pedidos”3. A pesar de los reiterados llamados por parte de las asociaciones de pueblos indígenas para que el gobierno de Nicaragua implemente plenamente una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirma esta obligación legal del estado, el gobierno no ha tomado medidas concretas para eliminar los asentamientos ilegales o las corporaciones que operan sin el consentimiento de las comunidades indígenas.4

En suma, la solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE no menciona en lo absoluto ni a la minería ni a la extracción maderera industriales, así como tampoco a la falta de acción del gobierno en llevar a cabo el Saneamiento en los territorios indígenas reconocidos en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan. En cambio, la solicitud de financiamiento es una más de la larga lista de propuestas REDD que perpetúan el discurso unilateral de culpar a la agricultura campesina de la deforestación. Si bien los asentamientos ilegales son sin duda una causa de deforestación en esas dos áreas protegidas y en los territorios indígenas, la propuesta de financiamiento no brinda la contextualización y el análisis de este fenómeno, el cual sería crucial para obtener respuestas adecuadas a esta devastación.

El cumplimiento del gobierno de esta obligación legal sería una contribución importante al cese de la deforestación en estos territorios indígenas. Sería especialmente importante a la luz de la escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19. Esos asentamientos no serían posibles sin la complicidad de las autoridades estatales y de la participación del sector privado (tanto de capitales nacionales como extranjeros). Esta misma situación favorece la construcción de nuevas iglesias dentro y alrededor de los asentamientos ilegales. Un informe de julio de 2020 identifica la construcción ilegal de un total de 23 iglesias dentro del área protegida de Indio Maíz/Río San Juan.5 El informe señala el apoyo explícito de las autoridades gubernamentales para la construcción ilegal, citando como ejemplo la oficina del alcalde de un pueblo de la región que proveyó los materiales de construcción.

La escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19 también provocó un alarmante aumento de gente asesinada. El número de personas indígenas que han sido asesinadas en conflictos con los invasores prácticamente se ha duplicado, en comparación con años recientes.6 Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades de los Mayangna y los Miskitos, en la Región Autónoma de la Costa Norte del Caribe, fueron asesinadas, elevando a 46 el número total de asesinatos desde 2015.

En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subrayó la falta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y la impunidad por los crímenes cometidos contra pueblos indígenas en las regiones donde se llevaría a cabo el Proyecto BIO-CLIMA. ACNUDH urgió al gobierno de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para impedir que continúe la violencia y proteger la tierra, los territorios y los recursos de las comunidades indígenas.7 Pero desde entonces la situación ha cambiado para peor.

Nada de esto se refleja en la solicitud de financiamiento que el BCIE presentó en nombre del gobierno de Nicaragua. Por el contrario, la solicitud de financiamiento incluye actividades que en esencia darán impunidad a los asentamientos ilegales. Incluso la propia evaluación de riesgo ambiental y social del Fondo Verde para el Clima calificó como “importantes” los “riesgos de la intervención del proyecto que pueden agravar los conflictos entre campesinos-colonos y comunidades (de pueblos indígenas)”.

En otras palabras, esta solicitud de financiamiento REDD seguramente no abordará las causas reales de la deforestación en los bosques de Bosawás e Indio Maíz y las 42 acciones propuestas incluyen varias que muy probablemente agravarán los conflictos existentes que tienen su raíz en políticas gubernamentales que empujan a los campesinos a adentrarse en territorios de pueblos indígenas.

Además, la solicitud de financiamiento REDD del BCIE propone un procedimiento de “consentimiento libre, previo e informado” que socava la protección legal otorgada a los territorios indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe, donde se implementarán la mayoría de las actividades comprendidas en la solicitud de financiamiento FP146.

La ley 28 de la Constitución de Nicaragua garantiza la inalterabilidad de los derechos a la tierra de Indígenas y Afrodescendientes y reconoce el derecho de estas comunidades a ejercer total control sobre sus tierras. Las decisiones sobre el uso de la tierra, por lo tanto, competen a la comunidad.

Más del 80% del presupuesto de la propuesta de financiamiento se gastará en las dos áreas protegidas que incluyen grandes partes de territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, donde las comunidades tienen garantizados estos derechos legales a determinar el uso de esa tierra. La solicitud de financiamiento del BCIE no oculta el hecho de que la propuesta no ha sido discutida aún con las comunidades de estos territorios.

¿Cómo, entonces, puede el BCIE argumentar que cumple con el requisito del Fondo Verde para el Clima para las solicitudes de financiamiento que afectan territorios de pueblos indígenas, de demostrar “consentimiento libre, previo e informado”? El BCIE simplemente propone excluir a las comunidades que no dan su consentimiento a las actividades propuestas. Esto, como mínimo, es una interpretación muy inverosímil del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). De hecho, dada la situación actual de intimidación y represión masiva de las opiniones críticas en Nicaragua, que ha dado lugar a una nota, entre muchos otros, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que la Secretaría del Fondo Verde para el Clima dé andamiento a una propuesta que incumple de tal manera el procedimiento del CLPI, seguramente pondrá en situación de riesgo a los miembros de las comunidades de estos territorios indígenas y afrodescendientes. ¿Es a esto a lo que equivale en la práctica la política CLPI del Fondo Verde para el Clima? Un informe publicado hace algunas semanas identifica numerosas instancias en las que gobiernos paralelos que cuentan con el aval del Estado se apropiaron de derechos indígenas a la tierra para controlar el otorgamiento de títulos y concesiones a la tierra.8

¿Cómo puede una propuesta de financiamiento con un enfoque de Consentimiento Libre, Previo e Informado tan inadecuado ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima cuando está profusamente documentado que el derecho constitucional de las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes de los territorios afectados por la solicitud de financiamiento del BCIE ha sido y continúa siendo amenazado?

El fracaso del proceso de selección del Fondo Verde para el Clima para REDD ha sido nuevamente puesto al descubierto por la Secretaría que adelantó el FP146 para su aprobación por la Junta. Esto viene justo después de la 26a reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima en agosto de 2020 (B26), donde algunos miembros de la Junta expresaron sus críticas con respecto a la deficiente calidad de evaluación de las propuestas REDD presentadas para aprobación de la Junta. Las expresiones de preocupación tales como las manifestadas por los miembros de la Junta en el B26 son importantes. Pero si no están seguidas de acciones, resultan ser un ejercicio en vano. Claramente es tiempo de poner fin al experimento del Fondo Verde para el Clima de financiar REDD.

Esta propuesta de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua demuestra por qué es imperativo que el Fondo Verde para el Clima cese de inmediato el financiamiento de REDD. Que una propuesta de proyecto como FP146, que se basa en una evaluación tan peligrosamente inadecuada de las causas y el contexto de la deforestación, pudiera ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima, es muy preocupante. De hecho, la omisión de haber evaluado adecuadamente los riesgos contenidos en esta solicitud de financiamiento REDD y el haber presentado esa propuesta REDD a la aprobación de la Junta corre el riesgo de amenazar la vida de las personas en un contexto de violenta represión estatal de las opiniones críticas en Nicaragua. Permítanos recordarles que para las organizaciones de la sociedad civil siquiera publicar una carta que critica el pedido de financiamiento presentado a la Junta del Fondo Verde para el Clima representa exponerse a un riesgo real de represión y criminalización.

La aprobación del FP146 sin duda pondría en serio riesgo la reputación del Fondo Verde para el Clima: conflictos, criminalización y represión de opiniones críticas son una realidad previsible si esta solicitud de financiamiento es aprobada por la Junta del Fondo. Por todas estas razones exhortamos a la Junta a que rechace la solicitud de financiamiento FP146 del BCIE para el “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres” (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan) y suspenda la aprobación de nuevas solicitudes de financiamiento de REDD+.

05/09 de noviembre de 2020

WRM – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Imagen: Mongabay

Más información:

Video Túmin en Chiapas, Economía Solidaria

Hoy se cumplen 10 años de la creación del Túmin en Espinal, Veracruz. La moneda comunitaria “Túmin” es un instrumento de papel moneda de 1, 5, 10 y 20 Túmin para facilitar el intercambio y dinamizar la circulación de nuestros productos y servicios entre los barrios, las colonias y los pueblos, entre la zona urbana y rural. Es para completar el gasto familiar con el fin de cubrir las necesidades, para mantener nuestras fuentes de ingresos y empleos, para que la riqueza y los beneficios sean para nosotros y se queden entre nosotros y nosotras; pero también para incrementar los lazos de confianza y solidaridad.

Surgió en 2010 en el municipio de Espinal, Veracruz, y actualmente se extiende en 20 estados de la República mexicana. Es un Mercado Alternativo de Economía Solidaria de carácter autogestivo y comunitario que se basa en la confianza y el respeto.

Les compartimos este vídeo sobre el Túmin en Chiapas y en especial en San Cristóbal de Las Casas, donde la gente se organiza para realizar mensualmente un tianguis en diferentes partes de la ciudad y donde cada vez más productoras, productores, comerciantes y prestadores de servicios se unen al Túmin.

Para celebrar este décimo aniversario se realizará un tianguis este domingo 14 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la Plazuela de San Ramón.

Si gustan saber más sobre el Túmin en San Cristóbal y los tianguis que se realizan pueden unirse al grupo en facebook “Túmin San Cristóbal“.

Más información:

El Escaramujo 108: LA MONEDA COMUNITARIA “TÚMIN”, X Aniversario de la Economía Solidaria

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo en pdf<<

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Mercado Alternativo y de autogestión se extendió a partir de septiembre por los barrios contagiando la solidaridad. Pareciera que llegó tarde, ya que durante los meses del confinamiento provocado por el COVID-19 hubiera tenido un gran impacto para el sostenimiento de las economías familiares y los empleos locales. Sin embargo, los barrios ya se preparan para enfrentar otros confinamientos.

Luego de talleres, reuniones y asambleas, se han logrado establecer más de diez puntos de información donde los socios y socias del Túmin fungen como enlaces en sus barrios y colonias encargados de promover, inscribir e impulsar la moneda comunitaria en sus zonas, así como de preparar y organizar los tianguis del túmin donde corren los productos, los servicios, la solidaridad y la amistad entre las y los tumistas. En dos meses se sumaron tumistas que ofrecen pan, café, miel, granola, tacos, donas, alimentos preparados, medicina tradicional, mole, huevo, verduras, frutas, artesanías, cacao, ropa, joyería y abarrotes entre otros muchos productos. También proveedores de servicios como dentista, médico, carpintero, balconero, sastre, electricista, pintor, albañil, taxista, transportista, renta de locales, clases de regularización de materias, de música o de idiomas, papelería, restaurante, cafetería, etcétera. Se organiza ya un tianguis mensual, se elabora un directorio, grupos de chat, página de Facebook “Túmin San Cristóbal” y otras herramientas para difundir la confianza y la solidaridad.

La moneda comunitaria “Túmin” fue creada el 6 de Noviembre de 2010 cuando se inscribió a este sistema solidario la primera persona en la comunidad de El Espinal, Veracruz. Por ello, San Cristóbal se prepara para festejar en Noviembre 2020 el X Aniversario del Túmin.

¿QUÉ ES EL TÚMIN?

El Túmin es un instrumento de papel moneda de 1, 5, 10 y 20 Túmin para facilitar el intercambio y dinamizar la circulación de nuestros productos y servicios entre los barrios, las colonias y los pueblos, entre la zona urbana y rural. Es para completar el gasto familiar con el fin de cubrir las necesidades, para mantener nuestras fuentes de ingresos y empleos, para que la riqueza y los beneficios sean para nosotros y se queden entre nosotros y nosotras; pero también para incrementar los lazos de confianza y solidaridad.

Surgió en 2010 en el municipio de Espinal, Veracruz, y actualmente se extiende en 20 estados de la República mexicana. Es un Mercado Alternativo de Economía Solidaria de carácter autogestivo y comunitario que se basa en la confianza y el respeto.

El Túmin evita que nuestra economía se estanque frente a los grandes supermercados transnacionales. El Túmin no se acapara, no se estanca, no se devalúa, no se especula. El Túmin nos invita a moverlo, a danzarlo de mano en mano entre productores y productoras. El valor de nuestros productos respaldan al papel moneda que se nos entrega gratuitamente. Por ello, el Túmin no es un vale asistencialista que se reparte a un consumidor, y por ello no circularía; sino que representa productos y trabajo al servicio de la comunidad. Entre más lo usamos menos se acaba, a nadie nos conviene guardarlo y a todas y todos nos conviene que circule, por eso decimos que el Túmin es dinero sustentable, es una moneda autónoma que nos hace más independientes.

Al usar el Túmin se invierte en la comunidad y la comunidad lo invierte en mí. La autonomía será mayor cuando en este Mercado Alternativo se sumen más proveedores locales de distintos productos y servicios. Frente a los confinamientos sanitarios y la crisis económica, el Túmin se vuelve la moneda alternativa de sobrevivencia con solidaridad y confianza.

Con el Túmin también se facilita y favorece el trueque y otras formas de intercambio de la Economía Solidaria. El Túmin favorece la autonomía de los territorios rurales y urbanos. Fortalece la riqueza propia en beneficio colectivo porque se queda y circula en la comunidad y no se fuga a los grandes supermercados, o a las grandes trasnacionales.

Con el Túmin, nadie pierde y todos ganan. Con sus tianguis es un espacio también de reencuentro, de alegría, de confianza, de ganas de vernos y de relacionarnos, de cercanía y sobrevivencia colectiva, todo eso que el capitalismo pretende arrebatarnos.

En el Túmin cabemos todas y todos. Y es responsabilidad del tumista lo que vende. En el Túmin no se discrimina a nadie por raza, etnia, religión, opción política, organización, orientación sexual; ni por clase, nacionalidad, producto o servicio que se ofrezca. Porque en el Túmin es más importante la productora y el productor, que el producto. En el capitalismo lo más importante es el producto, su precio, y se hace de la marca o de la mercancía un fetiche, algo muy exclusivo solo para algunos, o que lo puede adquirir quien tenga mucho dinero. En el Túmin, la persona es más importante, y con ello recomponernos en el tejido social, comunitario y barrial ayudándonos de manera solidaria.

Esta pequeña moneda es grande, y hace grande a los pueblos. Nos ayuda a ser conscientes del funcionamiento especulativo del sistema bancario y financiero. Con el Túmin recuperemos la solidaridad y la confianza que el capitalismo nos pretende secuestrar. Con el Túmin combatimos esa frase de “Hoy No Fío, Mañana Tampoco”, a “Hoy Sí Con-fio, ¡Mañana “Tumbién!”

Combatimos también esa frase de “No mezclar la amistad con los negocios”, porque con el Túmin, la sobrevivencia colectiva es amistad, confianza y solidaridad.

¿COMO FUNCIONA EL TÚMIN?

El funcionamiento es muy sencillo. Se entregan de manera gratuita 500 Túmin que equivalen a 500 pesos mexicanos. Un túmin es igual a un dólar, a un euro, a la unidad de cualquier otra moneda extranjera, o a una hora de cualquier tipo de trabajo ya sea manual o intelectual. Porque con el Túmin nos acercamos a la justicia porque nos hace iguales y reivindica con dignidad todo tipo de trabajo.

Quien los recibe debe ser una productora o un productor o un prestador de servicios. Se le inscribe y participa en el Directorio para darse a conocer por medio de las redes sociales u otras formas de difusión. Hay alguna persona Enlace cerca de ti con quien te puedes inscribir y quienes te proporcionará la moneda del Túmin, un pequeño reglamento, y si hay posibilidades también un póster, un tríptico, una calcomanía de “Se aceptan Túmin” o “Pide Túmin de Cambio” para ponerlo visible en tu establecimiento, negocio o vehículo o cualquier medio de transporte.

¿QUIEN PUEDE RECIBIR TÚMIN?

Todas aquellas personas que ofrezcan un bien o un servicio en el barrio, colonia o comunidad para ayudarnos mutuamente. Por ejemplo, quien vende pasteles, elotes, paletas, papitas, ropa, libros, tacos, quesadillas, gorditas, arroz, cacao, frijol, maíz, bebidas preparadas, plantas, miel, queso, café, artesanías, regalos, huevo, chiles, semillas, pan, alimentos orgánicos o preparados, frutas, carne, piñatas, medicina tradicional, etcétera.

También los servicios como taxi, panadería, sastrería, carpintería, alfarería, eléctrico, albañil, costureras, zapaterías, estéticas, ferretería, papelería, pintor, balconería, herrería, jardinería, hotel, restaurantes y fondas, tiendas de abarrotes, renta de sillas y mesas, peluquería, cuidado de enfermos o personas mayores, torno, mecánico, vulcanizadora, agua purificada, imprenta, enfermería, doctoras, servicios religiosos en las Iglesias, clases de yoga o de algún deporte, reparación de bicicletas, trabajo doméstico, lavado de ropa, entre otras muchos. O quien da clases de regulación de materias, quien pasea perros o arregla celulares, lavadoras, planchas, refrigeradores o máquinas

El Túmin permitirá que los negocios y las actividades económicas en los barrios y en las comunidades sobrevivan de manera solidaria con el apoyo de todas y de todos. Con el Túmin disminuimos la necesidad de conseguir más dinero para obtener lo que necesitamos.

En el Túmin no hay ninguna condición, ninguna coerción, ninguna penalización. La persona entra cuando quiere y sale cuando lo desee regresando los tumins que le fueron entregados. Pero sólo hay un compromiso: aceptar como mínimo el 10% en moneda túmin por tu producto o servicio. No significa aumentar un 10% en moneda túmin a tu producto o servicio, sino restarle el 10% para ser cobrado en la moneda solidaria del túmin.

El cobro del 10% en moneda túmin puede aumentar hasta el 100%, depende de la voluntad y necesidad del tumista que vende, y puede bajar cuando lo desee, pero nunca por debajo del 10%. Este es el principio de la confianza en la Economía Solidaria. En el Túmin puede ofrecerse mejores precios en comparación con la venta solo en pesos mexicanos.

Se puede dar Túmin de cambio recomendando que no sea mayor al costo del servicio recibido o producto comprado. El vendedor puede preguntar si el comprador acepta túmin de cambio o el comprador pedir que le den túmin de cambio, aunque no sea socia o socia del Túmin. A nadie obliga dar o recibir túmin de cambio. Es voluntario. El Túmin es válido al portador, aunque no seas productor o productora o vendedor o vendedora de servicios, aunque no seas socia o socio del túmin, porque lo puedes solicitar de cambio para adquirir productos o servicios que aceptan túmin, o porque lo puedes donar a algún familiar o amistad.

Lo más importante en la Economía Solidaria del Túmin es el Productor/a, la persona, la solidaridad, la ayuda mutua, no el producto. Nos importa más la solidaridad, la organización, la toma de consciencia, la ayuda mutua, la sobrevivencia colectiva, la unidad, aprender otra lógica de mercado. Si de esa consciencia nace otra actividad productiva, pues mejor. Si el día de mañana alguien logra salir del sistema y producir algo sustentable, orgánico, que impacte menos al medio ambiente y la salud, será parte de este proceso de tomar consciencia por el que transitamos todos y todas. Por ello, el Túmin es una moneda solidaria, alternativa, viva, sustentable, autogestiva, pero de transición. El Túmin no cambiará todo el capitalismo, pero será una puerta de entrada para construir otros mundos posibles que, sin la solidaridad, no se podrá lograr.

La moneda comunitaria del Túmin no se vende, no se especula, no es mercancía, no genera intereses, no se devalúa, sino un instrumento de solidaridad y de transición. La moneda comunitaria no es para resolver todos los problemas del capitalismo, sino para iniciar a resolverlos.

El Túmin vale en todos los sitios y estados del país donde circula, y de la misma manera se aceptan los túmins de otros estados que tienen otros diseños. No hay voceros en el Túmin, todos y todas las socias podemos hablar y representar el espíritu de la moneda comunitaria en cualquier espacio. Dar charlar, promover, invitar, etc.

Cada Colectivo, Colonia, Barrio o Comunidad puede organizarse como desee para impulsar el Túmin por medio de ferias, tianguis, difusión por cualquier medio, grupos de Whatsapp, etcétera. También se pueden organizar actividades del túmin por sectores, productores o temáticas. El Túmin es libre, es de la gente, es para resolver necesidades básicas.

¿QUÉ SIGNIFICA ‘TÚMIN’?

Alrededor del año 300 antes de Cristo, en la Antigua Grecia, existió una moneda de plata llamada “Dracma”, palabra que proviene del verbo griego “empuñar”, “agarrar”, porque esta moneda equivalía al peso en plata de 6 óbolos que eran 6 barras de metal largas y finas que cabían en el puño de la mano.

Posteriormente, los árabes derivaron la palabra “Dracma” en “Adarme”. Y a un ochavo de “adarme” le llamaron “tumn” o “tumni”, que equivalía al valor más pequeño.

Más tarde, en España le llamaron “tomin” que también significaba el valor más ínfimo y equivalía a la tercera parte del Adarme y a la octava de la moneda “Castellano”. El “tomin” fue una medida de peso equivalente a poco más de medio gramo de oro (0.596 gramos) o a 12 granos.

En el virreinato de Nueva España, la primera moneda autóctona acuñada en 1536 fue el peso de oro de Tepuzque, cuyo nombre sería la versión castellanizada de Teputzli, cobre en lengua náhuatl. Este peso equivalía a 272 maravedíes, a 8 Reales de plata, y cada Real equivalía a un Túmin.

La unidad de peso para metales preciosos fue el equivalente a unos 230 gramos. En el caso de las piezas de oro, sus divisores eran el castellano, el tomín y el grano. En cuanto a la plata aparecían la onza, equivalente a 1/8 de marco o 28,75 gramos; y el tomín de plata, de 1/384 o 0,559 gramos. Alrededor del año 1600 el Rey Felipe III acuñó una moneda de cobre llamada un ochavo que equivalía a un octavo de onza y que dejó se usarse alrededor de 1850. En aquel tiempo una onza castellana equivalía a 28.75 gramos o a 576 granos.

Así, durante la colonia se hace referencia a diversas monedas: pesos de oro, maravedíes, tomín, ducados, doblones, reales, dineros, sueldos, escudos (conocidos también como patacas), doses y tostones (monedas de 4 reales) muy comunes en Chiapas.

El “Tomin” que tiene origen en los griegos y que pasó a los árabes, luego a los españoles y por ahí a nuestro continente, llegó a ser parte de las culturas americanas y del vocabulario náhuatl. Por eso “Túmin” significa dinero en náhuatl, en totonaco y en purépecha. Y en tzeltal significa algodón, porque los tributos que se pagaban durante la colonia al gobernante o tlatoani antes de la colonia, fueron adoptados por los españoles introduciendo las equivalencias de sus monedas, combinadas con los pagos en especie que ya se hacían. Por ejemplo, según el Códice Otlazpan, cada 80 días una persona que contaba con un terreno para sembrar de 800 por 20 brazas, debía pagar 4 tomines más dos cargas de leña, además de un guajolote al año.

Mientras la cantidad de guajolotes y de leña era fija para todos, la del Tomin y el cacao aumentaban con el tamaño de la parcela. En parte, esto explica por qué nuestros antepasados comenzaron a pelear por el oro y la plata acuñados en monedas: para poder pagar sus tributos. Pero también explica, quizá, de dónde vienen las costumbres que hoy subsisten para efectuar pagos mediante la leña, como hoy en Santiago Tinguistenco, Estado de México; sólo que aquí es al modo mexicano y no al modo colonial: no para someter unos a otros, sino para intercambiar productos y generar vida comunitaria.

Otras fuentes refieren que el túmin era el impuesto que pagaban los indígenas en el Perú con destino al sostenimiento de hospitales. Para los pueblos originarios Incas, túmin o tumis eran las navajas ceremoniales que se usaban en los siglos XV y XVI durante los festivales para el sacrificio de las llamas con el fin de agradecer al sol por las cosechas. Actualmente existe el poblado Tumina en la provincia de Estado Miranda, Venezuela, y el pueblo Los Tumines (Poblado de los Ates) en el Municipio Ario, Michoacán, México.

Hoy, muchas formas de colonización han cambiado, pero el mundo entero sigue peleándose por el dinero para pagar los tributos que ahora se llaman intereses e impuestos. En el corazón del mundo financiero, Wall Street, los propios norteamericanos protestan por la nueva esclavitud a las tarjetas bancarias, pues también en los Estados Unidos –y allá mucho más que aquí– viven peleándose por el dinero.

Por ello, más de 5 mil monedas comunitarias circulan en el mundo para salirse de estos esquemas de dominio. Y con el TÚMIN, con esta humilde moneda, la de menor valor, que equivalía a la cantidad o porción mínima de algo, los indígenas comerciaban entre sí. Hoy, el TÚMIN es una pequeña moneda en papel que hace maravillas, milagros, que mantiene viva la vida económica de la comunidad basada en la solidaridad y la confianza que el capitaliso nos pretende arrebatar.

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Vídeos NOSOTRAS Capítulo 3: Nosotras

Con mucha alegría les compartimos el último capítulo de esta serie de videos sobre defensoras y defensores del territorio y la vida.

NOSOTRAS

Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio

Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.

Estos videos pretenden compartir algunas de las realidades de las defensoras y defensores de la vida y del Territorio y afirmar que otras formas de vida son posibles.

Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Asociación Solidaritat Periféries del Món

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Chiapas Front Line Defenders urge liberar a dos defensores de Chilón

Compartimos el pronunciamiento de Front Line Defenders sobre la situación de las y los defensores en Chilón Chiapas – A 22 de octubre de 2020

El 15 de octubre de 2020, los defensores indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron detenidos arbitrariamente durante un violento operativo policial para desalojar una movilización pacífica en el crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas.

José Luis Gutiérrez y César Hernández originarios del ejido San Sebastián Bachajón, en Chilón, Chiapas, son defensores los pueblos indígenas de identidad Maya Tseltal, y agricultores, que han dedicado su vida entera a defender el territorio y el uso colectivo de las tierras en oposición a la implementación de mega proyectos.

El 15 de octubre de 2020, los defensores indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron detenidos arbitrariamente durante un violento operativo policial conformado por alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional, para desalojar la movilización pacífica en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN). La manifestación se desarrolló en punto conocido como crucero de Temó, en la carretera Ocosingo-Palenque ubicada en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Durante los mismos hechos, el defensor Juan Hernández, fue perseguido por la policía y se vio forzado a huir y resguardarse por cuatro días en un lugar seguro. Antes de la detención, los tres defensores indígenas marcharon junto a decenas de campesinos de diversas comunidades en la carretera Ocosingo-Palenque, cargando una lona con la leyenda “No a la Guardia Nacional”.

En un video publicado por un medio independiente se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza así como tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el momento de la detención arbitraria de José Luis Gutiérrez y César Hernández. Horas después del arresto, la Secretaría de Seguridad Pública de manera arbitraria decomisó el vehículo y el celular de José Luis Gutiérrez. Más tarde el 15 de octubre de 2020, José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Justicia Indígena del Ministerio Público en el municipio de Ocosingo, donde fueron acusados del delito de “motín”.

El 16 de octubre de 2020, previo a vencerse el plazo legal de 48 horas establecido por el nuevo sistema de justicia penal mexicano, por el cual un Juez de Control debía decidir si los detenidos José Luis Gutiérrez y César Hernández quedaban en libertad o eran vinculados a un proceso judicial, ambos detenidos fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados en Ocosingo, Estado de Chiapas. Allí el Secretario de Acuerdos del Juzgado negó a los abogados de los defensores -integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)-, acceso a las carpetas de investigación y también se negó a recibir documentación sobre las violaciones a los derechos humanos de los defensores. Los abogados fueron forzados a retirarse bajo la presencia intimidatoria de policías que monitorearon sus movimientos en el edificio del juzgado durante su visita. Finalmente, el Secretario de Acuerdos decidió cancelar la audiencia y solicitó el traslado de los acusados al Juzgado de Control de Cintapala, adjunto al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, “El Amate”.

El 17 de octubre de 2020 a las 11:00 am, familiares de los detenidos, comuneros de San Sebastián y San Jerónimo y abogados de Frayba se manifestaron pacificamente frente a los edificios de la Fiscalía de Justicia Indígena en Ocosingo, Chiapas, en oposición al traslado de los defensores y la violación del debido proceso. El mismo día las 13:50, se llevó a cabo una audiencia donde el Juez de Control decretó como legal la detención y mantuvo en prisión preventiva a los defensores José Luis Gutiérrez y César Hernández en “El Amate”, donde se encuentran actualmente. El 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, está convocada nueva audiencia donde se decidirá si se vincula a los imputados a un proceso o se les deja en libertad.

Desde el centro de Reinserción “El Amate” José Luis Gutiérrez y César Hernández han denunciado temor de ser obligados a pagar una multa para que no los golpeen. El Frayba ha reportado con anterioridad la exposición a tratos crueles e inhumanos de las personas defensoras privadas de la libertad por parte de los custodios y otras personas presas que con anuencia de los directores, extorsionan y humillan con trabajos obligatorios.

Front Line Defenders expresa seria preocupación por la desaparición del defensor Juan Hernández y las detenciones arbitrarias realizadas bajo un delito fabricado en contra los defensores José Luis Gutiérrez y César Hernández. La integridad física y psicológica de los defensores es de especial preocupación a causa de las fuertes agresiones físicas de las que fueron objeto por parte de las autoridades. De igual manera, Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la violación del debido proceso durante y después de la detención de los defensores, razón por la cual a los defensores de derechos humanos no se les permitió defenderse adecuadamente ante el delito que se les imputa.

Front Line Defenders cree que estos ataques y detenciones son parte de una amplia estrategia de intimidación y violencia contra las y los defensores del territorio y de los derechos humanos de comunidades indígenas y que el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México.

El Escaramujo 107: LAS REPRESAS EN GUERRERO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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El Estado de Guerrero es uno de las 32 entidades del país con una superficie de alrededor de 64,000 km² y representa el 3.2% del territorio nacional. Cuenta con 81 municipios y una población de más de 3.5 millones de habitantes representando la 12ª entidad más poblada de México. Guerrero es uno de los Estados con más caudales hidrológicos y ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera. Sin embargo, es una de las entidades más pobres y violentas del país, y al mismo tiempo aporta con sus represas la energía que requiere el sector turístico de élite ubicado en sus costas.

Los contrastes de la pobreza y opulencia marcan la injusticia en el estado de Guerrero, la tierra de quienes abonaron a la Independencia del país como José María Izazaga, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Juan N. Álvarez, así como la lucha de Canto A. Neri y las revueltas de Mochitlán y Quechultenango contra la dictadura porfirista. Es la tierra de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas quienes lucharon por un país nuevo. Pero es también el territorio donde en la región de la Costa Grande fueron asesinados 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1995, y en 2014 los 43 Normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Es el territorio donde las mineras canadienses explotan con consecuencias sociales y ambientales irreversibles y en total impunidad violan acuerdos y contratos con los propietarios de las tierras, un estado que le proporciona gigantes cantidades de oro, agua y energía que extraen de una entidad empobrecida y violentada.

Guerrero es el territorio donde operó la época del milagro mexicano impulsando el desarrollo turístico internacional promovido por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Es entonces cuando las grandes represas se construyen desalojando pueblos para alimentar el turismo que destacara el llamado Triángulo del Sol considerado como el primer destino turístico con el que México se dio a conocer en el mundo para atraer el turismo extranjero al puerto de Acapulco, Ixtapa y Zihuatanejo así como al “pueblo mágico” de Taxco.

En medio de este turismo de élite se libra una lucha de las comunidades campesinas e indígenas a quienes se les disputan los territorios, el agua y la vida, por parte de las grandes empresas mineras con las actividades más voraces y destructivas que se hayan visto. Es la tierra donde los feminicidios y el crimen organizado han creado territorios libres de justicia y llenos de impunidad. Es el Estado donde por más de quince años, los ejidatarios resisten contra la construcción de la Presa La Parota que ha generado saldos de muertos, desplazados, violencia y presos políticos. Por ello, es el territorio que grita la consigna de “¡basta de represión, represas y presos políticos!”.

Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Guerrero con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras. Desde el año 1550 hasta el 2020 la CONAGUA ha logrado documentar1 la construcción en México de un total de 6,489 represas, derivadoras, diques y bordos en todo el país a lo largo de estos 470 años, independientemente de su tamaño, constructor y objetivo (ya sea para el riego, generación de electricidad, agua potable, abrevadero, acuacultura y pesca, recreativo, navegación, infiltración, entre otros). A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 grandes represas de las ya existentes.2 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 463 presas, de las cuales 668 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.3

De estas 6,489 obras en el país, en el estado de Guerrero solo se han construido 105 en estos 470 años. Esto representa el 1.6% del total. Guerrero ocupa el lugar numero 23 de las 31 entidades con estas obras. De las 105 obras, CONAGUA tiene registro de su fecha de construcción de 94 de ellas. Es importante hacer notar que la primera obra registrada data de apenas 1937 y hasta 1964 que inicia la operación de la Presa El Infiernillo para detonar el desarrollo del turismo más que apuntalar a solucionar las causas de la pobreza y la violencia en el estado.

Al menos 10 Constructores distintos han realizado estas intervenciones, entre las que se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Gobiernos municipales, Hacendados, Particulares, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) que existió entre 1946 y 1976; y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994.

LOS SISMOS

Pese a que el estado de Guerrero se mantiene como la tercera entidad del país con mayor actividad sísmica después de Oaxaca y Chiapas, todas las represas, los diques, los bordos y las derivadoras se han construido en Zonas Sísmicas: 49 en Alta Sismicidad y 56 en Media Sismicidad. Es necesario tomar en cuenta que tan solo durante el mes de julio de 2020 se registraron 269 sismos en Guerrero de variada intensidad.

La Brecha de Guerrero es una región sísmica que no ha registrado ninguna actividad sísmica mayor a 7,0 desde el año de 1911. Por ello se calcula que podría ocurrir un sismo de gran magnitud en cualquier momento cuando la placa de Cocos se continúe introduciendo por debajo de la placa Norteamericana. Esta Brecha se ubica en el océano Pacífico frente a la Costa Grande de Guerrero, y se prolonga a lo largo de 230 km desde el sur de la ciudad turística de Acapulco hasta Papanoa.

LAS CUENCAS

Guerrero es uno de los Estados con más caudales hidrológicos y ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera. Su aprovechamiento es de 602,626 millones de m³. Las lagunas más importantes son la Laguna Negra, Laguna de Coyuca y Laguna de Tres Palos. Las aguas superficiales de Guerrero se distribuyen en 3 Regiones Hidrológicas: RH18 “Balsas”, RH19 “Costa Grande” y RH20 “Costa Chica-Rio Verde”.

La Región Hidrológica RH18 “Balsas” abarca la zona centro y norte del estado que equivale al 53,31% del territorio estatal. Los afluentes escurren al río Balsas que nace en el estado de Puebla y toma tres nombres diferentes antes de llegar al mar: Río de Mezcala, Río Balsas y Río Zacatula. En total son 771 Km de los cuales 522 corren sobre Guerrero, 107 sobre Puebla y 142 sobre Oaxaca. La Región incluye las Cuencas del Río Balsas-Mezcala (22,07% del territorio estatal), Rio BalsasZirándaro (14,72%), Rio Balsas-Infiernillo (5,46), Rio Tlapaneco (5,61%), Rio Grande de Amacuzac (3,24%) y Rio Cutzamala (2,21%).

El Río Balsas es uno de los más importantes de Guerrero y también con un alto índice de contaminación por la agricultura industrial, la industria textil, toneladas de residuos orgánicos, sólidos y metales pesados, como cianuro, zinc, aluminio, cadmnio y manganeso, aguas residuales sin tratamiento provenientes del consumo humano, industrial, agrícola, pecuario o minero.

La Región Hidrológica RH19 “Costa Grande” desembocan sus aguas en el Océano Pacífico, abarcando el suroeste con el 19,5% del estado. Las cuencas de esta región incluyen al Río Atoyac y Otros (8,06% del territorio estatal), Río Coyuquilla y Otros (5,80%) y Río Ixtapa y otros (5,64%).

La Región Hidrológica RH20 “Costa Chica-Rio Verde” desembocan sus aguas en el Océano Pacífico, se ubica en el sureste del estado abarcando el 27,19% de su superficie. Incluyen las cuencas Río La Arena y otros (0,31% del territorio estatal), Río Ometepec o Grande (7,81%), Río Nexpa y otros (7,22%) y Río Papagayo (11,85%).

En cuanto a las Regiones identificadas por CONAGUA, las represas, diques, bordos y derivadoras, 79 se ubican en la Región Balsas y 26 en la Región Pacífico Sur. Desde el punto de vista de las Regiones Hídricas se ubican 73 en Balsas, 20 en la Costa Chica y 12 en la Costa Grande de Guerrero. CONAGUA ubica las represas, diques, bordos y derivadoras en 19 Cuencas diferentes:

Más de 80 Corrientes superficiales se han intervenido con represas, bordos, diques y derivadoras entre los que se encuentran alrededor de 60 Arroyos y 25 Ríos.

Entre los Arroyos encontramos Agua De Correa, Agua Zarca, Ahiles, Ahuelican, Amatitlán, Amatitlan El Gde., Anillo, Apa, Arenal, Atlixtac, Copalillo, Cuachatlajco, Cuauhtenango, Cuavillas, El Columpio, El Cuajilote, El Limon, El Molino, El Platanar, El Tiro, El Tomatal, Escuchapa, Huacapa, Jaltipan, La Basilia, La Muñeca, La Pala, Las Anonas, Las Cuatas, Las Flores, Las Mojarras, Limpio, Los Ahiles, Los Capulines, Los Guajes, Nombre De Dios, Ojo De Agua, Pala, Pantitlan, Piedra Salada, Platanillo, Potrero De Rosas, Poza Blanca, Rancho Viejo, Redondeado, San Antonio, San Marcos, Santa Cruz, Tecorral Alto, Terremote, Tomatal, Totoloapan, Villegas y Xihuatoxtac, además de la Barranca de Xoxoquitla, Boca de Alcantarilla, Boca Potrerillo, Escurrimientos y la Laguna de las Flores.

Entre los Ríos encontramos Ajuchitlán, Amuco, Atopula, Atoyac, Azul, Balsas, Chiquito o El Oro, Cocula, Cortijo, Coyuquilla, Cutzamala, El Zopilote, Huacapa, Las Truchas, Nexpa, Papagayo, Poliutlao Sultepec, San Jeronimito, Tepecuacuilco, Tuxpan y Viramontes.

LOS MUNICIPIOS

Las represas, los diques, los bordos y las derivadoras se han construido en 37 municipios de la entidad que representan el 45.67% de un total de 81 municipios en el estado de Guerrero. Los Municipios con más obras lo encabeza Huitzuco (23) seguido de Buenavista de Cuéllar (8), Iguala (7), Atenango (5), La Unión (5), Chilapa, Taxco, Tixtla y Zihuatanejo (4 cada uno).

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