Colima: Zacualpan gana un amparo contra dos concesiones mineras

Compartimos esta nota publicada en Tlanesi sobre la lucha por la vida y la resistencia anti minera en Colima – A 5 de mayo del 2021

Escrito por Pedro Zamora Briseño

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

Imagen :Epitacia Zamora Teodoro, iniciadora de la lucha contra la minería en Zacualpan. Foto: Pedro Zamora Briseño/ Archivo Tlanesi

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El Escaramujo en la Radio Martes 10 de mayo 6pm – Radiografía de SAPAM I

El orograma de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, tendremos una emisión especial para platicar sobre la situación actual del agua en San Cristóbal de Las Casas, nos acompañara el Ingeniero Jesús Carmona, del Colegio de la Frontera Sur con quien vamos a charlar sobre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, así que acompáñanos este martes 10 de mayo a las 6 pm.

Acompáñanos este martes105 de abril a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema “Radiografía de SAPAM parte I, Desmenuzando el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal». Charlaremos acerca del agua, los manos freáticos, los manantiales y demás temas relacionados al agua en San Cristóbal de Las Casas. Nos acompañará el Ingeniero Jesús Carmona, investigador del Colegio de la Frontera Sur.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 10 de mayo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

3 de mayo: Manifiesto por el agua

Compartimos este manifiesto por el agua de la campaña Yo Prefiero Agua Y Salud dado durante una actividad por el agua en San Cristóbal de Las Casas en el marco de la celebración de 3 de mayo

Celebrando el Día de la Santa Cruz, hoy 3 de mayo. Es una celebración de agradecimiento por el AGUA, reconocerla como el elemento que trasciende la vida de las personas pero también de todo ser vivo sobre el planeta. Elemento vivo que es parte de nuestro cuerpo, de nuestro alimento, de nuestra casa común. Es una celebración ancestral para agradecer la lluvia y toda fuente de agua.

1. El agua es vida y es sagrada, no es una mercancía

2. El agua tiene derecho a fluir limpia y libre por sus cauces naturales

3. El agua es un derecho de todos los seres vivos

4. Los bosques atraen y retienen el agua. Es urgente detener la tala de árboles

5. Debemos reforestar con árboles nativos, como el encino, ellos son guardianes del agua y la vida. Es necesario frenar el monocultivo del pino

6. La extracción de grava y arena acelera la devastación ecológica de las montañas. Es apremiante actualizar y cumplir la normatividad para frenar su explotación

7. Los humedales de montaña son ecosistemas frágiles. Rellenarlos es un ecocidio

8. Los cerros, ríos, manantiales y humedales del valle de Jovel son nuestra casa. Ciudadanos, gobernantes e instituciones estamos obligados a protegerlos

9. Estamos contaminando el agua en esta ciudad. Busquemos soluciones para sanearla con ecotecnias eficientes y viables

10. La extracción excesiva de agua está secando los pozos profundos. Es inadmisible permitir concesiones irresponsables

11. Las autoridades correspondientes deben respetar el mandato internacional del derecho humano al agua potable y al saneamiento

12. El plan de gestión de la Cuenca de Jovel debe ser apropiado por la ciudadanía y los gobernantes

13. Dignificar el agua es dignificar nuestra propia vida. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla.

Imagen: Yo Prefiero Agua y Salud

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Solidaridad feminista internacional ante cancelación ilegal de organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres en Nicaragua.

Compartimos este comunicado de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – A 20 de abril del 2022

  • Desde abril de 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado ilegalmente 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres.
  • Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

En Nicaragua, ser mujer, ser feminista y estar organizada es cada vez más peligroso.

Desde 2018 al menos 26 organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres han sido ilegalmente canceladas por el gobierno. Son organizaciones radicadas a lo largo y ancho del país, en zonas urbanas y campesinas, así como en territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes. Algunas de ellas llevaban décadas trabajando en la denuncia y prevención de la violencia machista, exigiendo justicia por los femicidios, defendiendo los derechos laborales de las mujeres, informando y educando con perspectiva de género o promocionando los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros aportes a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses.

Ahora, todas estás organizaciones han visto ilegalmente arrebatada su personería jurídica y la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para desarrollar su labor. Sus oficinas han sido desmanteladas por el gobierno y sus bienes requisados. Muchas de sus integrantes han sido y son objeto de criminalización, campañas de descrédito y hostigamientos constantes, hasta el extremo de que algunas de ellas han tenido que exiliarse.

En la mayoría de casos, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables. Estas instituciones han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a que las organizaciones cumplían con todos los requisitos en tiempo y forma. Muchas otras organizaciones viven un cierre administrativo de facto, sin acceso a recursos y a la gestión de actividades, al estar sometidas a trámites y requerimientos arbitrarios.

Todo esto sucede en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021.

Donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual.

Donde muchas mujeres víctimas de violencias machistas no denuncian sus casos sabiendo que no van a tener justicia y con miedo a ser revictimizadas por el Estado.

Donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad.

Donde desde abril de 2018 se viene agudizando la profunda crisis social, política y de graves violaciones a derechos humanos que estalló tras la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega a las multitudinarias protestas pacíficas contra su reforma neoliberal del seguro social, dejando a centenares de personas muertas y miles de exiliadas.

Donde trece defensoras de derechos humanos están presas y condenadas a penas de entre 8 y 18 años de cárcel por trabajar por la democratización del país. 

Donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada y las mujeres tienen que abortar de manera clandestina y en condiciones que ponen en peligro sus vidas.

Donde el Estado ha venido desmantelando leyes, políticas e instituciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad que habían sido logradas gracias al trabajo y las luchas históricas de las feministas nicaragüenses. 

En este contexto, la cancelación de estas organizaciones supone un grave golpe para todas las mujeres del país, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales.

Las feministas de todo el mundo sabemos que los ataques de Daniel Ortega a las feministas nicaragüenses se remontan a mucho antes de la crisis de 2018. Se remontan a 1998, cuando trascendió que el mandatario había abusado sexualmente de su hijastra, Zoilamérica Narvaez Murillo, y las feministas nicaragüenses denunciaron públicamente el caso y acuerparon a Zoilamérica.

Tampoco podemos olvidar el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica, que en 2006 llevó a penalizar totalmente el aborto en el país. Este pacto, junto con el que suscribió con el ex-presidente corrupto y neoliberal Arnoldo Alemán, le permitió regresar al poder traicionando la historia del Sandinismo y los valores y esperanzas por las que muchas compañeras nicaragüenses habían luchado en la revolución y contribuido a crear un proyecto de país más justo, libre e igualitario.

Desde la solidaridad feminista internacional hacemos un llamado para que el mundo abra sus ojos y vea a Daniel Ortega como lo que realmente es: un macho violador impune, misógino, corrupto y capitalista enriquecido a través del ejercicio despótico del poder.

Abrazamos a todas las compañeras de las organizaciones canceladas quienes, pese a todos los obstáculos y hostilidades que diariamente tienen que enfrentar, siguen organizadas y no cesan en su empeño de trabajar por los derechos de las mujeres nicaragüenses.

Que sepan que las feministas de América Latina y del mundo entero estamos con ellas, que no las dejaremos solas y que sabemos que lo que llevan décadas construyendo sobrevivirá a cualquier gobierno represor, hostil y corrupto, porque es el abono de los futuros que soñamos juntas y en los que tarde o temprano todas nos habitaremos libres, diversas e iguales.

Organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres que han sido ilegalmente canceladas por el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018: 

  • Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera
  • Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa
  • Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
  • Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka
  • Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC)
  • Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL)
  • Asociación Red de Empresarias de Nicaragua (REN)
  • Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. (CEJUDHCAN)
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
  • Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Colectivo 8 de Marzo.
  • Diakonia
  • Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI)
  • Fundación Centro de Comunicación y Educación CANTERA
  • Fundación Entre Volcanes
  • Fundación Luisa Mercado (FUNLUM)
  • Fundación OXFAM Ibis
  • Fundación OXFAM Intermon
  • Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba
  • Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI)
  • Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal
  • Fundación Xochiquetzal
  • Instituto de Liderazgo de las Segovias, ILLS
  • Trocaire

La disputa por el litio en México: Bipolaridad política, pero unidad económica

Compartimos con ustedes este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 29 de abril del 2022

El pasado 20 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación[1] el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, todas ellas, modificaciones que se hacen para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, corra a cargo del Estado, mediante un organismo público descentralizado[2]. Ante esto, y frente al escenario de encono dicotómico que, desde la clase empresarial, los partidos y el gobierno se ha impulsado, desde la REMA queremos decir lo siguiente:

Que frente a todo lo que debe abrogarse de esta Ley, el gobierno decidió mantener el carácter sumiso ante el mercado y ante el modelo extractivo con el que fue diseñada en 1992. Para empezar, este decreto continúa legalizando el saqueo, el despojo a comunidades, la destrucción de la naturaleza y los gravísimos daños a la salud que ocasiona día tras día la minería en México. Además, las modificaciones que aprobaron, si bien cambian el sujeto que puede explotar uno de los minerales, el litio (y, como se enuncia en el Artículo 10, “los demás minerales declarados como estratégicos por el Estado”), lo hace sin poner un mínimo de cuestionamiento al modelo de operación del neoextractivismo para obtener lo que hoy, se dice, es un mineral “estratégico”.

Sabemos que el litio es un mineral fundamental para lo que desde las empresas y los Estados llaman la transición energética. Sabemos que, por esto, este mineral, tan sólo en los últimos tres meses de este año, ha incrementado su valor en un 250%. Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo[3] y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación. Desde la REMA nos parece urgente poner en la mesa lo que consideramos es el verdadero fondo que como sociedad debemos discutir de este asunto: las causas y consecuencias del modelo extractivo (sea quien sea la instancia que lo promueva) y sobre el supuesto “modelo de desarrollo” que se impulsa a partir de toda la destrucción que causa el primero.

¿Qué dice esta reforma? Esta reforma a la ley minera, como se ha dicho, no nacionaliza el litio que es un mineral que, en el subsuelo, como los otros, ya era considerado propiedad de la nación. Lo que sí hace esta reforma es crear una excepción para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, a diferencia de la mayor parte de los minerales, corra a cargo del Estado. Sin embargo, esto no implica la eliminación de las concesiones otorgadas, ni la expropiación a las empresas que ya están operando. Esta reforma tampoco niega que la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio vaya a ser realizada de manera exclusiva por el Estado[4], sino que abre la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para administrar estas actividades se pueda asociar con capitales, nacionales o extranjeros, para tal fin. Así es como tanto las empresas extranjeras que ya tienen concesiones, como aquellas nacionales que seguramente estarán ávidas de sumarse al botín, podrían terminar de la mano del Estado en esta actividad. Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado.

Para identificar posibles yacimientos de litio, que podrían, más adelante, ser explotados por el organismo público descentralizado que se pretende crear, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) llevará a cabo trabajos de prospección en 82 localidades de 18 estados de la república (Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas). ¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya. Existe también el grave riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, bajo la noción de utilidad pública, o bajo un estandarte de que es por el beneficio del pueblo mexicano y para la soberanía energética nacional.

Además, vale la pena precisar que la mayoría de los estados donde el SGM llevará cabo trabajos de prospección para una posible explotación de litio sufren actualmente de un grave estrés hídrico y de problemas de escasez y contaminación del agua. Uno de los principales impactos de la explotación del litio denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos de Sudamérica es justamente la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación ligado a la extracción de litio en salares o salmueras. Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada “minería del agua”. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que “Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”[5]. Provoca graves modificaciones sobre los sobre los flujos de aguas subterráneas y existen por ahora pocos estudios de los impactos que eso genera sobre ecosistemas tan frágiles y complejos como son los salares y lagunas. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?

El decreto precisa que será “deber del estado proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas”. Se supone que este deber del Estado hacia su población ya es un hecho marcado por la Constitución y no debería hacer falta un nuevo decreto para aplicarse. Además, el hecho que sea una paraestatal no garantiza en absoluto que se respetan esos aspectos. Sobran los ejemplos de los graves impactos provocados por proyectos de PEMEX o de la CFE, así como ejemplos de desinformación, imposición y criminalización que siempre han usado para promoverlos, tanto como los que emplean las empresas privadas. 

¿Qué no toca esta reforma? La minería ni al modelo extractivista a través del cual opera no son modificados en lo más mínimo. La 4T y los demás partidos políticos en el gobierno evaden la exigencia de justicia que, de pueblos Indígenas, comunidades campesinas, individuos ciudadana/os y organizaciones hacemos frente a las actividades mineras. Niegan la oportunidad de iniciar un replanteamiento de fondo que no tome como único camino la explotación de minerales, y su puesta en circulación dentro mercado, para beneficio del modelo económico impuesto. Todos los partidos y empresarios dicen que el litio es estratégico para el proceso de Transición Energética, pero no se cuestiona: Transición energética ¿para qué? ¿para quién? y ¿a costa de qué?

Tampoco existe discusión de fondo sobre el destino y los usuarios finales del litio. Actualmente el 88% del crecimiento de la demanda de litio se relaciona con la fabricación de coches eléctricos. En México, desde varias décadas han sido claros los impactos ambientales y la explotación laboral relacionadas con la actividad automotriz, ligados a la lógica de externalización de costos implementados por EEUU o más recientemente por ciertos países asiáticos. Ampliar el modelo y la frontera extractiva en México, y los impactos relacionados, para generar insumos destinados a ser exportados y consumidos en otros países, cuestiona la supuesta soberanía nacional aclamada con este decreto. La narrativa dominante de la necesidad del litio para vehículos eléctricos no permite, además, cuestionar este modelo de transporte individualista y elitista. Permite seguir posicionando falsas soluciones tecnológicas al posible reemplazo del petróleo (gas mediante fracking, minerales estratégicos, minería submarina, hidrogeno) sin cuestionar ni cambiar el modelo económico capitalista basado en actividades extractivistas, maquiladoras y explotadoras. La transición energética que proponen, es una transición de mercado, tecnología y capitalismo rapaz que empodera, enriquece e incrementa las desigualdades.

Por otro lado, el decreto no hace nada para liberar el estado de la estructura neoliberal a la cual se ha ligado con la firma de tratados de libre comercio y otros acuerdos de inversión internacional, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que incluye Canadá o el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China para nombrar solamente dos, que compromete la soberanía del estado a los intereses y los caprichos del capital transnacional que ahora amenaza con actuales y futuras demandas por decisiones como esta. Si bien el discurso gubernamental promete cancelar los permisos para privados que pasará por ejemplo con el proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la poderosa empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio. Actualmente, existen distintos mecanismos para que las empresas puedan recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio (TLCs) que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)[6].Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional.

La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país. Actualmente, existen poco más de 24 mil concesiones mineras vigentes y la superficie concesionada para esta actividad es aproximadamente de 17 millones de hectáreas, lo que corresponde al 8.63% del territorio nacional. Por su parte, la SEMARNAT ha continuado en este sexenio con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.

Las y los afectados por la minería exigimos que se entienda que es el modelo extractivo la causa verdadera del problema, independientemente si la empresa es de capital Estatal, público, privada. Las y los afectados por la minería decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los mismos, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.

POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO

ALTO A LA DEVASTACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA


[1] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649533&fecha=20/04/2022

[2] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmin/LMin_ref05_20abr22.pdf

[3] https://ejatlas.org/featured/met_america

https://cl.boell.org/sites/default/files/2020-12/Libro%20Salares%20Andinos%20OPSAL.pdf

[4] El artículo 10, sólo menciona “La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables…”

 [5] https://dialogochino.net/es/actividades-extractivas-es/35354-oro-blanco-la-violenta-disputa-por-el-agua/  

[6]  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Mina de litio. Foto: Getty Images

Más información:

Video: Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite I

Compartimos con ustedes este video sobre el Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado durante octubre del año 2021

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Conocimos como llego la palma de aceite a mesaomerica, cual es el contexto en algunap países, cuales son algunas de las estrategias para introducir la palma y cuales son las consecuencias del monocultivo de esta.

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Artículo: Nuestro litio y los tratados de inversiones

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la reciente discusión sobre la reforma energética y el litio – A 25 de abril del 2022

Manuel Pérez Rocha L.* F

Frustrados quedaron los vendepatrias de administraciones anteriores y empresas mineras que se salivaban con el litio de nuestro país. Advierten que la nacionalización del litio en México contraviene al T-MEC. La verdad es que el capítulo 14-E de este tratado se limita a proteger a empresas con contratos de gobierno de sectores que no incluyen al sector minero (ver sectores en página 14-E-3, https://bit.ly/3jZX5ac).

No obstante, se tienen que tomar en cuenta otros tratados. Para empezar, el capítulo de inversiones vigente hasta el 31 de junio de 2023 sigue siendo, bajo la llamada cláusula de legado del T-MEC, el capítulo 11 del TLCAN, que sí incluye minería y por lo cual la 4T sabe bien que no puede rescindir contratos a empresas mineras canadienses o estadunidenses. Así lo precisó López Obrador: Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio. No se suspenden los contratos para otros minerales, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio. Tampoco se podrán rescindir contratos mineros cuando expire la cláusula de legado, ya que México es parte del Tratado Transpacífico (TPP) del cual Canadá es parte, y trasnacionales estadunidenses también podrían demandar a México domiciliándose en ese país.

En el anuncio de AMLO de una revisión de contratos otorgados para la explotación del litio ( La Jornada, 22/4/20) es esencial saber si se han otorgado concesiones de explotación a empresas estadunidenses y canadienses que pudieran usar la cláusula de legado del TLCAN. Lo que sí sabemos es que hay una concesión previamente otorgada para la explotación de litio en el yacimiento de Sonora, el mayor del mundo, a la empresa con capital chino Bacanora Lithum, subsidiaria de Ganfeng Lithium, el mayor productor de litio en el mundo y cuya concesión, según reportes, le permitiría extraer 35 mil toneladas por año de carbonato de litio (https://bit.ly/3vciiUN).

Al revisar esta concesión hay que prever si Ganfeng Lithium puede acudir al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China, firmado en 2009 (https://bit.ly/3v4fCsa), para demandar a México. En su artículo 7 queda establecido que 1. Ninguna Parte Contratante podrá expropiar o nacionalizar una inversión, directa o indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación, excepto (a) por causa de utilidad pública, (b) sobre bases no discriminatorias, (c) con apego al principio de legalidad y (d) mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo 2 siguiente: 2. La Indemnización (a) sea equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada antes de que la expropiación sea llevada a cabo, (b) sea pagada sin demoras, (c) incluya intereses. Y el artículo 13 de este APPRI establece que Un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de conformidad con el convenio del CIADI (del Banco Mundial), del cual México y China son miembros.

Empresas chinas ya han realizado varias demandas inversionista-Estado y actualmente tienen tres casos pendientes, notablemente una de Wang y otras empresas contra Ucrania por la impagable cantidad de 3 mil 500 millones de dólares. Dicho sea de paso, además del asedio militar ruso, Ucrania tiene cinco demandas pendientes, tres de empresas rusas y dos de Países Bajos (tema para otro artículo).

El análisis de los contratos de litio, y en general del desempeño de empresas extranjeras en México, incluyendo las de generación eléctrica e hidrocarburos, obliga a la 4T a una profunda revisión de los beneficios y perjuicios de los tratados de libre comercio y los APPRI firmados por gobiernos entreguistas del PRIAN desde Salinas de Gortari. México se encuentra hoy entre los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje supranacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe (después de Venezuela y Argentina).

El arriba citado APPRI con China tiene una cláusula de expiración de 10 años, por lo que desde 2019 se puede terminar unilateralmente. De hecho, de los 31 APPRI que México tiene firmados, 21 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 o 15 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de salirse de más de 2/3 de todos sus tratados bilaterales de inversión (https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/mexico/). Hasta en el T-MEC se estipula que Para mayor certeza, las Partes del Anexo (México y Estados Unidos) podrán acordar la modificación o eliminación de este Anexo (14-E-3).

El 28 de abril de 2020, en pleno comienzo de la crisis del covid-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC con la Unión Europea (TLCUEM), vigente desde el año 2000, y firmaron un acuerdo de principio cuya novedad es la inclusión de un capítulo de protección de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía y que sustituiría todos los APPRI entre México y países miembros de la UE. Con este nuevo capítulo, las privatizaciones y reformas entreguistas en el sector energético de gobiernos pasados se blindarían aún más, y los esfuerzos de la 4T de recobrar la soberanía energética y los recursos naturales se seguirían enfrentando a una andanada de demandas sin fin. Ya veremos cómo, ante la nacionalización del litio en México (y otros países como Bolivia), la voracidad de empresas extractivas e instituciones como el Banco Mundial se confabulan.

* Investigador del Institute for Policy Studies, www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS

Imagen: Banda transportadora de mineral en Buenavista del Cobre, Sonora. CORTESÍA GRUPO MÉXICO- A través de: Sol de México

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El Escaramujo en la Radio Martes 3 de mayo 6pm – «Territorios en disputa: resistiendo al neo-extractivismo»

En nuestra emisión mensual de mayo del programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre la resistencia y la lucha al modelo extractivo minero, nos acompañará LinaMar Campos-Flores, PhD. Becaria postdoctoral del FRQ-SC, quien realiza una investigación sobre: Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses, así que acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm.

Acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema «Territorios en disputa: resistiendo al neo-extractivismo». Charlaremos acerca de la lucha y la resistencia . Nos acompañará LinaMar Campos-Flores, Becaria postdoctoral del FRQ-SC,.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 3 de mayo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Nota: Usuarias y usuarios de biodigestores comparten experiencias acerca de su autosuficiencia energética

Compartimos con ustedes esta nota de Chiapas Paralelo sobre nuestras experiencias instalando biodigestores con diferentes familias en los altos y la meseta comiteca de Chiapas – A 7 de abril del 2022

*Un biodigestor es un sistema de tecnología apropiada, sirve para producir biogás y un fertilizante orgánico. Estos sistemas se adaptan a las condiciones y necesidades de comunidades rurales que se dedican a la producción ganadera. 


En la actualidad, la crisis climática es uno de los mayores retos que enfrenta el mundo.

Los efectos se aprecian en el aumento del nivel del mar, desaparición de arrecifes que albergan una variedad de especies, disminución de la biodiversidad, mayores especies en peligro de extinción, incremento de fenómenos meteorológicos extremos, y la sequia que cada vez amenaza a más personas, dio a conocer Anne Marie Schpomig, técnica e ingeniera de protección ambiental y energías renovables, y voluntaria en Otros Mundos A. C.

La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y las personas son mayores que nunca. Pero, ¿Qué podemos hacer para detener este proceso?, cuestionó Schpomig. Puesto que las empresas prometen salvar el futuro con las energías renovables, pero abusan de la protección del medio ambiente, el motivo, acumular enormes beneficios a través de megaproyectos a costa de la población y a veces con violaciones de los derechos humanos.

No se puede hablar de desarrollo sustentable. Muchos de estos megaproyectos destruyen la naturaleza y amenazan los territorios de nuestras hermanas y hermanos. En Otros Mundos Chiapas A.C., siempre estamos buscando modelos de energía alternativa, dijo la voluntaria.

En ese sentido, se encontraron con los sistemas de biogás, a pesar de ser pequeñas soluciones sustentables, refuerzan la autosuficiencia energética de los pueblos, una herramienta importante en la lucha contra la explotación capitalista y la defensa de los territorios.

De modo que el año pasado instalaron 18 pequeñas plantas de biogás en la Región V Altos Tsotsil-Tseltal y la XV Meseta Comiteco Tojolabal en Chiapas.

La especialista explicó que una bolsa de lámina negra impermeable al gas funciona como un pequeño biodigestor, y el material para la biomasa se obtiene de los excrementos de animales, convirtiéndose en biogás (metano CH4).

El biogás producido puede utilizarse para cocinar con una estufa de dos quemadores y el producto residual puede esparcirse en los campos como “biol”, un biofertilizante de calidad para nutrir plantas y recuperar suelos. Esto, trae consigo un alivio para las familias, pues desde la instalación ya pueden renunciar a la compra de los tanques de gas licuado de petróleo (gas LP) y del abono adicional.

En estos casos, Schpomig dijo que sólo el biogás y la leña son suficientes. Ya que las familias no sólo se ven aliviadas en lo económico, sino que contribuyen de manera activa a la producción de energía renovable, biofertilizante para las plantas y tratamiento de residuos de las pequeñas explotaciones.

A principios de febrero celebramos nuestra primera reunión de la Red de usuarias y usuarios de biodigestores en Chiapas. Se invitó a todas las familias en las que hemos establecido un sistema hasta ahora. Nos alegramos especialmente de la presencia de tantas mujeres y niños. De hecho, hay tantas mujeres como hombres que trabajan a diario con los sistemas, indicó la técnica.

El encuentro fue un intercambio de experiencias. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Por ello, se reunieron en la finca de Alermo López en la comunidad Cajcam, ubicado en Comitán de Domínguez, con el fin de compartir experiencias recogidas hasta el momento. Lo más importante es que todos los participantes se mostraron entusiasmados y deseosos de contribuir con el intercambio.

De manera que la diversidad del uso de las plantas de biogás es impresionante. Ya sea en las montañas, cerca de la ciudad o en las afueras, han surgido pequeñas soluciones descentralizadas por todas partes, enfatizó Schpomig. Por ejemplo, uno de los sistemas está conectado de manera directa al inodoro y se alimenta en un principio de excrementos humanos.

Otro participante está experimentando con el biogás y quiere utilizarlo para el transporte. “La magia del biodigestor inspira a todos los usuarios”, tal es el caso de Pedro Ruiz, usuario de biodigestor.

Es decir, la particularidad de la planta de biogás es que los productos utilizados proceden de la naturaleza y se convierten directo en energía, sin necesidad de emplear tecnología a gran escala. Incluso, el biol vuelve a encontrar su lugar en la naturaleza como abono.

Instalaciones de biodigestores en diferentes puntos de Chiapas. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Durante el intercambio de experiencias, la ingeniera en energías renovables destacó el diálogo sobre los problemas encontrados, uno de ellos es la reparación de los sistemas dañados. Como se necesita un equipo técnico especial, la reparación actual es cara.

Ya estamos planeando adquirir un dispositivo de este tipo en el futuro para estar preparados para estos casos. Es bonito ver cómo, además de una economía energética más sustentable, se está creando aquí una red entre usuarios. Ya estamos esperando el próximo encuentro con nuestras compañeras y compañeros, finalizó la técnica en protección ambiental.

Una alternativa encaminada a la autogestión energética

Por otra parte, Otros Mundos instaló biodigestores en diferentes puntos de Chiapas, para la generación de biogás y biofertilizante, pues están convencidas y convencidos que se puede transitar hacia un nuevo modelo energético. Por eso, apostaron a alternativas como esas, donde las comunidades y pueblos se van caminando hacia la autosuficiencia y autogestión de sus recursos naturales.

Instalaciones de biodigestores en diferentes puntos de Chiapas. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Además, el uso de los fogones abiertos afecta la salud, en especial de las mujeres, adultos mayores, niñas y niños. En muchas regiones del campo, la dificultad de conseguir leña o su uso exclusivo está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, pobreza de los suelos, entre otras consecuencias.

Aunado a ello, el consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretenden eliminar por el cambio climático. En el ámbito urbano o semiurbano, se da la crianza de cerdos y borregos, generando malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello, consideraron que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar esos efectos y problemáticas, tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.

Imagen: Encuentro de la Red de Usuarias y Usiarios de Biodigestores en Chiapas – Febrero 2022 – Otros Mundos

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Informe: Ser mujer, disidencia, defensora del territorio en América Latina

Compartimos con ustedes este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre la complejidad de ser mujer defensora en Latinoamerica – A abril 2022 >>Descargue el Documento completo en PDF<<

Nuestra región es una de las más diversas y a la vez más desiguales del mundo, y también es la región más peligrosa para las personas defensoras del territorio: América Latina es la región más afectada por la violencia hacia defensores/as ambientales. En 2020 se registró el asesinato de 227 personas, equivalente a 4 personas por semana, y 3 de cada 4 ataques tuvieron lugar en nuestro continente (Global Witness, 2020). El mayor número de casos se da en Colombia, Honduras, Brasil y México. Si al número de asesinatos se sumaran las agresiones y amenazas, las cifras serían muchísimo mayores, pero esas cifras son de difícil obtención, ya que muchas agresiones no se denuncian.

Toda amenaza a defensores/as territoriales, puede considerarse un ataque más amplio a toda la sociedad. Estas amenazas suelen producirse en contextos de violencia y desigualdad estructurales, altamente patriarcales y heteronormativos. En estos contextos, existe un continuo acumulo de violencia sobre las mujeres y disidencias, en el marco de un sistema desigual con injusticias de género, clase, ambientales, económicas. El sistema garantiza el proceso de acumulación mediante la división sexual del trabajo, y esta se impone garantizada por la violencia hacia las mujeres y disidencias.

>>Descargue el Documento completo en PDF<<

Imagen: ATALC

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Libro: TÚMIN; Moneda Autónoma

Compartimos con mucha alegría este bello libro sobre en Túmin a 10 años de su creación – A Abril del 2022 >>Descargar libro en pdf<<

Prólogo

El 6 de noviembre de 2020, el Túmin cumplió su primera década de vida. Así, como en su primer trienio se realizó un balance de esta notable experiencia, este libro es resultado del recuento y reflexión de su primer decenio de existencia.

Como se comenta en las conclusiones, el Túmin ha sido polémico desde el inicio. Primero, sorteando la acusación del Banco de México que sostenía esta moneda comunitaria y complementaria implicaba falsificación de dinero. También por su decisión de no restringir la participación por la calidad de los productos que las socias y los socios deciden ofertar, o si los mismos son productores o solo intermediarios ─suena la recurrente referencia de la posibilidad de comprar una coca cola con el Túmin─. A esto podemos agregar dos elementos adicionales: las iniciativas regionales que no lograron prosperar, así como la crisis interna que se visibilizó en la ríspida asamblea de 2016, en donde, en un contexto de expansión, las distintas voces no se lograron escuchar y, algunos valiosos y muy queridos compañeros y compañeras decidieron retirarse del colectivo.

En este ejercicio de sistematización no se eluden estas cuestiones, se recuperan y se hacen importantes reflexiones que contribuyen a fortalecer esta importante experiencia. Respecto a su política de “cero complicaciones” ─que el Túmin tenga libre circulación en vez de un uso restrictivo─ se sostiene que el Túmin es primero un proyecto monetario, una moneda que busca facilitar los intercambios, lo que no significa que no contribuya en otras dimensiones: “si bien las dimensiones económicas, políticas e ideológicas del Túmin lo hacen un proyecto integral, nació simple, como instrumento de intercambio, y el compromiso de los adherentes es también simple: pagar y cobrar con él. Ir más allá, es un logro extra muy deseable”. Asimismo, se plantea que es parte de un proceso de transición en el que las socias y los socios ─impulsados por la demanda y los procesos de concientización─ podrán ir caminando hacia la producción directa y agroecológica: “ya comenzamos cambiando el instrumento de intercambio, «dinero sucio» por «dinero sano», ahora habrá que cambiar la producción”. También se defiende un principio de “libertad responsable” el que supone pasar del “cada quien es responsable de lo que produce y de lo que consume, de lo que compra y de lo que vende” a un compromiso “con el medio ambiente y la comunidad”. En lo que se propone como un “examen de conciencia”, se plantea que “la economía solidaria no se entiende como un grado al que se llega sino una escuela donde se aprende a ser mejores personas”.

Sobre las iniciativas colectivas que naufragaron ─o no pudieron navegar─, se despliegan reflexiones en torno a la necesidad de contar con una base social, pues aquellas no pueden surgir de decisiones individuales. También se ha resaltado la necesidad de contar con un equipo coordinador, y de establecer relaciones con la experiencia, diríamos, “madre”. En ese sentido, en su segundo quinquenio ─específicamente en 2017─ se establecieron algunos criterios para conformar las llamadas “regiones autónomas”, ante el deseo y la intención de usar el Túmin más allá de Espinal, el territorio que lo vio nacer; entre esos criterios, está el de la participación mínima de 50 socias y socios. Asi mismo, se planteó la necesidad de contar con un Consejo General para articular la red nacional: las regiones autónomas ─cinco hasta febrero del 2020, más el Túmin-Totonacapan─, así como las socias y socias diseminadas en otras partes del país. Aquí se puede destacar además las alianzas que se han establecido con algunos ayuntamientos y con la iglesia para “aceptar el Túmin”.

En cuanto a los conflictos internos, ineludibles en toda experiencia social, se señala que los mismos pudieron manejarse de otra manera, no obstante, específicamente en relación a la crisis
de 2016, sería deseable un análisis más profundo, partiendo de las distintas voces, sobre las causas y razones del conflicto que impidieron una salida consensuada. Se hace una importante reflexión sobre la necesidad de priorizar el diálogo sobre el debate, como principio de actuación, abriendo espacio a la tolerancia: “este proyecto ha requerido de «ciencia, consciencia y paciencia» –como dice Luis Lopezllera, pionero de estas experiencias en México–, los tumistas tienen otro reto, la tolerancia”. Y agregan:

“La gran diversidad de pensamientos hace del Túmin un espacio polémico y en ocasiones conflictivo. El reto ha sido mantenerse unidos, compartir y aceptar los distintos puntos de vista, evitando sectarismo… para caminar juntos, el primer paso ha sido aceptarnos como somos, en lugar de querer forzar o imponer nuestros propios modos a los demás. Este principio de tolerancia, respeto y aceptación, abre las mentes y corazones de la gente, permite reconocer los propios errores, cambiar de opinión y corresponder en la ayuda mutua”.

A sus 10 años, consideramos que el Túmin es una iniciativa social que cuenta con importantes logros, y que desde los mismos ─así como desde sus dificultades─ contribuye a prefigurar elementos de una sociedad que busca liberarse de las relaciones de dominación y explotación vigentes, no sin tensiones y contradicciones. Desde la convicción de que otro mundo es posible, con el Túmin se cuestiona la mirada hegemónica que se tiene de la economía ─asociada exclusivamente al dinero oficial, el lucro y al interés individual─ y en términos prácticos contribuye a “desempoderar al dinero oficial”, al favorecer otros modos de intercambio. Diríamos además que contribuye a la desmercantilización y a valorar el trabajo, esto último al establecer que “un Túmin es igual a un minuto de trabajo”, contenido en los bienes o servicios ofrecidos, sea este manual o intelectual, rompiendo así con la mirada dicotómica que establece la supremacía del segundo sobre el primero, o las infranqueables fronteras entre uno y otro sostenidas desde el eurocentrismo, como forma hegemónica de saber.

Otros aspectos importantes considerados en la reflexión sobre los 10 años de vida del Túmin, son aquellos relacionadoscon la interculturalidad, la sustentabilidad y la descolonización. El que se pongan en la mesa resulta de gran relevancia, y, aunque sobre algunos de ellos se hacen apenas menciones generales, u otros, como en el caso de la sustentabilidad, son tratados con cierta renuencia –“la mayoría necesitamos digerir antes esta palabrita «sustentable»”‒, el que sean incluidos refleja que la reflexión trasciende el ámbito de la experiencia del Túmin como moneda.

Estos son elementos ineludibles para la transformación social, y sobre los que se debería establecer y mantener un ejercicio permanente de reflexión, dado el carácter polisémico de los términos, significantes vacíos que pueden ser “llenados” con diversos contenidos. Consideramos que la interculturalidad no tendría que ser entendido sólo como un diálogo de saberes, sino aspirar a ella como una igualdad epistémica, política y ontológica, que vaya a contrapelo de las relaciones de dominación y explotación propias de la modernidad/colonialidad capitalista, que descrea de las clasificaciones jerárquicas naturalizadas a partir de criterios como el de “raza”, sexo y clase. Esto es, para nosotros, la descolonialidad. En ese sentido, aunque el Túmin se reivindique principalmente como un proyecto monetario para facilitar los intercambios, no pueden dejar de considerarse otros aspectos de la vida social, pues el cambio social requiere esa mirada global ya que las relaciones de dominación y explotación no se limitan a la dimensión monetaria.

Es deseable que el Túmin persista en su orientación como proyecto integral, que ayude a “generar redes de intercambio, vida comunitaria, a promover los derechos indígenas, o de las mujeres, para producir y consumir productos orgánicos, generar autonomía y cooperativismo, cuidar la naturaleza o para educar a los niños en la economía solidaria y tantas cosas…”. Si es necesario complementar el “atornillador” ─el Túmin─ con el martillo, el serrucho, la lijadora y demás herramientas o instrumentos, hay que tratar de hacerlo, sin que esto signifique una exigencia al Túmin de resolverlo todo. Los problemas que actualmente enfrentamos como humanidad, nos exigen mirar y actuar considerando las diversas interrelaciones en los distintos ámbitos de la vida, desde la complejidad.

Para concluir, queremos dejar patente nuestro profundo respeto y reconocimiento a esta significativa experiencia, una de las más importantes en América Latina en lo que a monedas alternativas y cuestionamiento a la visión dominante de economía, se refiere. El Túmin, en este caminar de 10 años, ha dejado constancia de su capacidad de reflexión y acción, de adaptación y renovación, de despliegue de gran creatividad y pasiones. Se trata de una experiencia que ha alcanzado su madurez, y como otros colegas ya lo han señalado: ¡Larga vida al Túmin!
DANIA LÓPEZ CÓRDOVA
BORIS MARAÑÓN PIMENTEL

Introducción

“No es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”.
JIDDU KRISHNAMURTI

ara concluir el X aniversario del Túmin en Espinal, el 6 de noviembre de 2020, se elevó un “globo de Cantoya”1 hecho con 350 pliegos de papel de china, de unos 4 o 5 metros de alto, elaborado por jóvenes artesanos del municipio de Zozocolco, quienes llegaron a la hora acordada, a las 6 de la tarde, cuando el sol ya no se veía en el horizonte.
Lo traían en una pequeña bolsa de plástico y no parecía que de ahí fuera a salir semejante globo. De sus mochilas sacaron alambres, amarras, soplete, pinzas y otras herramientas y artefactos para inflarlo en unos minutos.

Aunque modesto en comparación con el tamaño de otros globos, era muy bello y pudo inflarse dentro del amplio auditorio. “Túmin, 10 años”, decía, y por el otro lado mostraba el ambi-
grama que diseñó el tumista Manuel Tapia.

Los jóvenes parchaban pequeñas fisuras con una cinta adhesiva transparente y metían el soplete por su gran boca para calentar el aire y mantener inflado al globo.

Aunque la mayoría de los asistentes ya se había retirado de la celebración, quienes quedaban se tomaron fotografías al pie de la gran bola.

Después lo fueron arrastrando por el aire para sacarlo del auditorio, hasta la plazuela del parque frente al palacio municipal, donde hubo más fotografías y le colgaron una botella de plástico que estabilizaría su vuelo, según se dijo.

Al final, un grupo de tumistas soltaron las amarras y de inmediato el globo se fue elevando, iluminando la noche. Tomó su rumbo hacia el municipio de Papantla, hasta que desapareció.

Los jóvenes afirman que tenía combustible para volar más o menos una hora, pero hay quienes afirman que lo han visto volando alrededor del mundo, esparciendo semillas de economía solidaria, una luz de esperanza para los pueblos. Ahí se fueron muchas cosas. El globo se llevó nuestras ilusiones y alegrías, para rociarlas por doquier. También se llevó todo lo que nos hace daño, aspirando por su boca nuestras malas vibras, envidias, desconfianzas, rencores, que se fueron con- sumiendo con el fuego… y así, por el mundo, limpiando va. Un periodista que no leyó esto, se acercó y preguntó:
─ ¿Qué significa el globo?

─ ¿Es que debe significar algo? ─respondió un compañero, rascándose la barriga, espantado por la pregunta. Pero la maestra

Irene salió al auxilio:

─ Mi vida ─le dijo al periodista─: significa que estamos contentos.

Y nadie preguntó ni respondió más.

II

El primer libro del Túmin, anterior a éste, “Aceptamos Túmin”,se resume en el primer capítulo de este segundo libro, para quienes no tienen el primero; son los primeros tres años de esta moneda comunitaria a partir de 2010. Y los siguientes capítulos completarán más de 10 años de experiencias en el Túmin: Mercado Alternativo, Economía Solidaria y Autogestión.

Esta vez no se tiene una estructura de los capítulos, si bien lleva cierto orden cronológico, por etapas.
En el segundo capítulo se habla del Contexto Académico que impulsó este proyecto, para después hablar del Turismo, debido al atractivo que pronto generó el Túmin. Seguido por el sabor comunitario de las Ferias y Tianguis, en el cuarto capítulo… y es que todo comenzó con un pequeño tianguis.
En seguida, hablamos de algo que no esperábamos, losmAyuntamientos socios, lo que puede ser motivo de otra polémica. Tampoco esperábamos un capítulo 6, donde la Iglesia so-
lidaria participa, en gran sintonía con el Túmin.

El crecimiento del Túmin nos llevó a formar Regiones autónomas y de esto hablamos en el capítulo 7, para después tratar la necesidad de un Consejo General, que viene a ser una asamblea de coordinadores y enlaces.

Ya en la segunda mitad del libro, haremos un recuento de la Emisión de billetes durante más de 10 años. Y en el capítulo diez, Qué ofrecemos, una sistematización de los productos y servicios en siete categorías.

La última parte es quizá más conceptual o reflexiva. El capítulo 11 trata el controvertido tema Túmin y sustentabilidad, para un entorno sistémico. Luego se habla de la Filosofía y pedagogía del Túmin que han ido guiando este caminar. Finalizando con el capítulo 13, Sistema financiero y economía solidaria, sobre la
importancia de un sistema económico alternativo como el Túmin.

Además, hemos incluido diversas opiniones de tumistas al final de algunos capítulos. Y todos los nombres mencionados a lo largo del libro son reales, no hay seudónimos. Lamentamos no poder mencionar a todos.
Tampoco se ha podido testificar todo lo que ha pasado. La fuente principal de información ha sido la revista Kgosni-elvolador, que, si bien no ha dejado de informar cada quincena desde 2010, no tiene toda la información consigo.

III

Pretendemos que estas páginas ayuden a cohesionar lo vivido. Y quizá puedan ser un referente para otras vivencias. Mas no se pretende un manual para hacer una moneda comunitaria, aunque a veces lo parezca; sólo se quiere compartir lo que se ha hecho, a los tumistas principalmente.

Queremos que sirva para impulsarnos en la economía solidaria, siendo el Túmin un motor y no una carga. Nos debe ayudar

a vender nuestros productos, a satisfacer necesidades, a organizarnos, a capacitarnos, a convivir, a conocer otras formas de producir y consumir; nos ha de entusiasmar. Si el Túmin es una carga, no sirve.
Y en este motor todos somos necesarios, indispensables, y líderes:

Todos necesarios. – Nadie necesita del Túmin tanto como el Túmin necesita de todos nosotros. Cada tumista es tan importante como cada uno. Ciertamente hay los más activos, que organizan, que coordinan o simplemente usan más el Túmin, sin embargo, nada de esto se podría sin los demás.
Todos indispensables. – Cada integrante hace que el Túmin sea distinto: si alguien falta el Túmin ya no es lo mismo. Así, el Túmin puede tener muchas carencias, pero, sobre todo, faltarán siempre los que ya murieron o decidieron irse. Siempre estare- mos incompletos. Nada de que “aquí nadie es indispensable”: todos somos indispensables, en algún modo.
Todos líderes. – No hay jefes, cada uno es libre de participar como quiera y de tomar decisiones, líder de sí mismo. Un liderazgo que se ve desde que alguien saca un Túmin y decide comprar; cuando decimos “págame con Túmin”; cuando coloco mi letrero “Aceptamos Túmin”. Y cada día que ese letrero está ahí
colgado, se ejerce cierto liderazgo, porque nadie me da órdenes, yo lo decido. Y si no quiero, ese letrero no se pone.
“La solidaridad es la ternura de los pueblos”.

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Alarma porque el informe del GT3 del IPCC sobre mitigación del cambio climático permite sobrepasar el umbral de 1,5°C y recurre a pseudo-soluciones tecnológicas no validadas que no frenarán el cambio climático incontrolable

Compartimos esta nota publicada en Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 4 de abril del 2022

Ámsterdam, 4 de abril de 2022 – Una vez más, los hallazgos y conclusiones del IPCC se han convertido en un campo de batalla política. Las y los activistas de campañas por justicia climática temen que el mensaje central de la comunidad científica del clima -que es imprescindible y urgente llevar a cabo una transición justa en pos de prescindir de los combustibles fósiles a fin de limitar el riesgo de un calentamiento global incontrolable- se está socavando al legitimar proyecciones de trayectorias de sobrepaso del umbral de 1,5 grados y planes que apuntan a introducir tecnologías para enfriar el planeta más adelante que no han sido validadas y se fundan en especulaciones.

Activistas y expertas/os de Amigos de la Tierra Internacional, la federación ambientalista de base más grande del mundo, compartieron sus reacciones.

Hemantha Withanage, Presidente de Amigos de la Tierra Internacional, comentó desde Sri Lanka:

«No podemos permitir que se traicione la promesa que significa el umbral de calentamiento de 1,5 grados. Si el informe del GT3 del IPCC no contempla ninguna trayectoria de mitigación que evite sobrepasar el calentamiento de 1,5 grados dentro de los parámetros del paradigma económico actual, lo único que eso prueba es que este sistema económico es incompatible con la vida en la Tierra. La prioridad de las comunidades y las/os tomadores de decisiones debe ser poner fin a la era de los combustibles fósiles y transformar los sistemas socioeconómicos en pos de sociedades sustentables que garanticen las necesidades, seguridad y bienestar de los pueblos, no el lucro y la codicia.»

Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa internacional de Justicia Climática y Energía, agregó:

«No consentimos que se permita sobrepasar el umbral de 1,5 grados, y no hay nada que justifique la introducción de políticas o trayectorias que admitan el sobrepaso. Solíamos cantar “con 1,5 grados, quizás podamos sobrevivir”. Para las comunidades que están en la primera línea y que sufren los peores impactos del cambio climático, el calentamiento de 1,5 grados ya es de por sí una concesión de su parte y representa una solución de compromiso. Los científicos del GT2 del IPCC subrayó el mes pasado que sobrepasar esta barrera de protección, aunque sea transitoriamente, podría precipitarnos a una serie de puntos críticos de inflexión sin retorno que provocarían un calentamiento incontrolable. Sería una negligencia grave que los economistas hicieran caso omiso de esas advertencias y propusieran planes de mitigación inequitativos que admitan sobrepasar ese umbral, como propone ahora este nuevo informe.»

Meena Raman, de Sahabat Alam Malasia / Amigos de la Tierra Malasia, sentenció:

«La idea de que podemos sobrepasar el umbral de 1,5 grados y luego revertir el calentamiento más adelante mediante tecnologías de geoingeniería y de remoción de carbono que son pura especulación y no han sido probadas a escala, es anticientífica y antihumana. Revela la cobardía y la insensatez de quienes una y otra vez no han actuado cuando se requiere. Tenemos todo lo necesario para solucionar este problema ahora mismo, sólo nos falta el coraje de los supuestos líderes del mundo, especialmente del Norte Global, que pretenden eludir su responsabilidad histórica por la crisis que ellos mismos crearon.»


Por más comentarios e información y para ponerse en contacto con alguna/o de nuestras/os portavoces, comunicarse con Madeleine Race, responsable de comunicaciones y prensa, Ámsterdam: madeleine[at]foei.org / +31 645 198 654

Imagen: La central eléctrica de Rampal, en Bangladesh. Por Luka Tomac.