Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la situación de defensoras y defensores – A 12 de enero de 2021
El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales.
OAXACA, Oax. (apro).- Por motivos políticos, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial en 2020, segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior se desprende de un informe del Comité Cerezo México, donde resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial, con seis casos, seguido de Guerrero y Baja California, con dos cada uno, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz, con un caso en cada entidad.
Según el informe, de las 14 ejecuciones extrajudiciales, cuatro activistas defendían el derecho a un medio ambiente sano; dos, respectivamente, el derecho al territorio, a la vida digna y a los derechos humanos, y con un caso están los defensores del derecho a la protesta, derechos laborales, a la libertad de expresión y a la justicia.
Las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.
El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con el listado de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente en 2020, en Oaxaca se encuentran los casos de Esteban Martínez Pérez (9 de abril), Pablo Guzmán Solano (9 de abril), Tomás José Martínez Pinacho (24 de agosto), Rodolfo Díaz Jiménez (2 de noviembre), Gabino Ávila Martínez (20 de noviembre) y Maurilio Hernández Martínez (25 de noviembre).
En el caso de Guerrero se encuentran el menor de edad R. R. J. (18 de febrero) y Óscar Ontiveros Martínez (12 de mayo), mientras que de Baja California destacan Óscar Eyraud Adams (24 de septiembre) y Daniel Sotelo, un día después.
A ellos se suman los casos de Issac Medardo Herrera Avilés (23 de marzo), en Morelos; María Elena Ferral Hernández (30 de marzo), Veracruz; Umber Gómez González (1 de junio), Chiapas, y Antonio Montes Enríquez (16 de junio), de Chihuahua.
Estas ejecuciones fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras realizaban, y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.
El informe subraya que los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen gobiernos encabezados por Morena, mientras que en Oaxaca y Guerrero gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chihuahua Acción Nacional (PAN) y en Morelos el Partido Encuentro Social (PES).
De los casos, 65% de las víctimas (ocho) de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, 36% mestizas (cinco casos) y en un caso no lograron determinar su pertenencia o no a un pueblo indígena.
En conclusión, el Comité Cerezo resaltó: “la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de AMLO”.
Añadió: “Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto gobiernos priistas como grandes empresas privadas. En los territorios donde gobierna Morena también se sigue la misma lógica que en estados priistas, es decir, la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los mismos patrones: los defensores son ejecutados por grupos paramilitares (cinco casos), y aunque no se pudo identificar al resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son gobiernos y grandes empresas privadas, sin que esto último quiera decir que es un caso entre particulares, ya que por contexto se estableció que los perpetradores fueron agentes de Estado”.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 15 de enero de 2021
¿Hasta cuándo van a seguir legislando los corporativos empresariales en este país? ¿Qué le pasa a los legisladores de Morena? ¿Pueden superar su propia ingenuidad? ¿Hay alguien que pueda orientarlos en lo más básico, para que entiendan las implicaciones y responsabilidades del quehacer legislativo?
Hay un grave equívoco en pretender resolver la pretensión minera del despojo de los territorios exigiendo a las empresas que paguen más impuestos al erario público. En efecto, las empresas extractivistas se han beneficiado de las ridículamente mínimas tasas impositivas fijadas por el Estado mexicano a sus actividades, en un ordenamiento fiscal que ha sido estructurado para su ventaja económica, a un grado tal que sólo demuestra el servilismo de los legisladores y gobernantes que han permitido ese estado de cosas, quienes por años han doblado dócilmente el espinazo ante los intereses particulares de esas empresas a costa del bien común.
Sin embargo, aumentar los impuestos a la minería depredadora solamente legitima la depredación. Es como si el asesino o el ladrón pagaran un impuesto para tener el derecho de quitarle la vida o los bienes a una persona. El pago de impuestos, independientemente del monto, no pueden dispensar el crimen. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no debe ser convertido en un cómplice del despojo. Es más, ponerle precio a la vida, al bienestar, a la salud y a la economía local mediante una tarifa fiscal, cualquiera que ésta sea, es legalizar la muerte, porque los impuestos no previenen las afectaciones ineludibles, documentables e irreversibles que la megaminería tóxica genera en los territorios donde se instala. Los impuestos no impiden que se agujere la tierra, que se dispersen los contaminantes en el agua y el aire, no revierten las enfermedades y muertes por contaminación, ni reparan las heridas del divisionismo, del desarraigo y de la violencia que conllevan las explotaciones de la megaminería.
Llamamos a los legisladores a proceder con información certera y objetiva, a pesar de la permanente campaña de desinformación que acompaña sistemáticamente a las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en todo el mundo. Hablan de “remediaciones”, de minería “sustentable”, de “beneficio a las comunidades”, pero operan en los hechos generando afectaciones que no tienen remedio, no sólo en los territorios, sino en la vida de las personas y de las comunidades. Esa información certera y objetiva no está en las campañas desorientadoras y encubridoras, motivadas por el afán de lucro y la codicia de las empresas que llegan, despojan y se van. Desde el principio precautorio más elemental, los legisladores conscientes de su responsabilidad para con el pueblo mexicano deben, por dignidad y por coherencia, prohibir en definitiva este tipo de explotaciones; deben prohibir el despojo en lugar de legitimarlo mediante impuestos, sean altos o bajos.
LLAMAMOS A LOS LEGISLADORES DE MORENA Y DE CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN PARTIDARIA A NO FACILITAR EL DESPOJO MEDIANTE EL PAGO DE IMPUESTOS, Y A IMPULSAR VERDADERAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, PROPIAS Y EFICACES, PARA LAS COMUNIDADES
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en Ángulo 7 sobre la represión a quienes defienden la vida en la sierra norte de Puebla – A 14 de enero de 2021
Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla, hicieron un recuento de diversas irregularidades como hostigamiento y criminalización, además de consultas simuladas para realizar el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la firma Deselec 1 Comexhidro.
Así consta en el documento denominado Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan. El caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, elaborado por Itzel Silva Monroy, experta en defensa de derechos humanos y colaboradora del Centro de Análisis e Investigación (Fundar).
Dicho documento recordó que fue en 2009 cuando los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán otorgaron a Deselec 1 las licencias municipales de cambio de uso de suelo, construcción y movimiento de tierras y posteriormente en los años siguientes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Semarnat delegación Puebla, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Antropología (INAH) le han ido otorgando permisos para continuar en su proyecto.
Criticó que el Estado mexicano también incumplió con su obligación internacional de efectuar un estudio de impacto social, ambiental y de derechos, previo al otorgamiento de los permisos que dan lugar al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Puntualizó que se otorgaron los permisos sin haber analizado los posibles impactos sociales y de derechos sobre las comunidades involucradas, y para el caso de los impactos ambientales.
Consulta pública fue simulada
Añadió que la Secretaría de Energía (Sener) organizó una supuesta consulta indígena, con base en la cual, tanto el Estado mexicano como la empresa, afirman que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 fue consentido.
Sin embargo, un conjunto de irregularidades son las que caracterizaron el supuesto proceso, resaltando ya sólo el hecho de haber sido realizado seis años después del otorgamiento de la primera licencia.
Finalmente, a pesar del conflicto social que este proyecto había detonado, la Sener consideró concluido el procedimiento de consulta respecto de las siete comunidades indígenas y determinó que fue consentido por los pobladores, aunque por ejemplo, en la comunidad de San Felipe Tepatlán, las autoridades alegan que no se pudo llevar a cabo la fase consultiva debido a que “fue viciada con la participación de comunidades fuera de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.
Irregularidades en juicio de amparo
Ante el cúmulo de violaciones a sus derechos, las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, con el acompañamiento legal del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar, presentaron, el 4 de abril de 2016, demanda de amparo en contra de las autoridades que otorgaron los permisos para el PHP1. Se trata del juicio 598/2016 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla.
Este documento señaló que a lo largo de estos años de juicio acontecieron irregularidades y que fueron denunciadas en su momento, como el supuesto desistimiento de demanda de algunos de los quejosos, que nunca comparecieron al juzgado a confirmar su deseo de renunciar al juicio.
Además de la existencia de firmas en ciertos documentos que no fueron reconocidas por sus titulares o el extravío de ocho tomos anexos al expediente de amparo principal.
También se han dado situaciones de descalificación, hostigamiento y criminalización, no sólo hacia las personas integrantes de las comunidades demandantes que forman parte de los Comités de Defensa del río Ajajalpan, del Consejo Tiyat Tlali y Fundar.
Revocar o no sentencia de 2019
Recientemente el Consejo Tiyat Tlali y Fundar lanzaron a través de la plataforma Change.org la petición dirigida para Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Distrito Consejo de la Judicatura Federal, de la cancelación de los permisos existentes dados a Deselec, pues rechazan la construcción de esta hidroeléctrica.
Este 14 de enero de 2021, el Primer Tribunal Colegiado decidirá si revoca o no la sentencia de octubre de 2019, cuando se negó el amparo interpuesto en 2016 por mil 96 integrantes de tres comunidades totonacas, en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende implementarse en los Municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.
Cabe mencionar que enero de 2020, el ayuntamiento de Ahuacatlán señaló que los permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 son ilegales por lo que ya le fueron revocados a la empresa Deselec 1 Comexhidro, y cuya instalación daría electricidad a Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.
Imagen: Hostigamiento y criminalización, acusan totonacos en proyecto hidroeléctrico. Foto: Especial – Ángulo 7
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la Ley Minera – A 14 de enero de 2021
¿Cómo es posible que sea constitucional la Ley Minera,que a todas luces favorece al capital?
En México,como en toda América Latina, el Banco Mundial impulsó a modo una Ley Mineraen1992 que a todas luces sentaba las bases para favorecer al gran capital en el marco del modelo neoliberal. Para muestra, en su artículo sexto señala que“serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”. Es decir, pasa por encima de cualquier otra actividad que las comunidades y pueblos lleven a cabo en sus propios territorios, dando privilegio a intereses particulares sobre los de la colectividad, aun cuando ésta,reivindique su derecho a vivir de acuerdo con el bien común y el interés público. Este hecho jurídico es anticonstitucional porque va justo en contra del espíritu mismo de nuestra Constitución, que es el bien común.
Hoy, a pesar de que en el 2019, AMLO decretó “abolido”de una vez y para siempre el neoliberalismo(ver: https://www.nytimes.com/es/2019/07/08/espanol/opinion/lopez-obrador-neoliberalismo.html),un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)continua negándose a “desneoliberalizar”la Ley Minera de nuestro país, rechazando el amparo de comunidades indígenas de Puebla, quienes denuncian precisamente la inconstitucionalidad de la Ley Minera, porque atenta de forma directa y flagrante contra el bien común y comunitario, contra la naturaleza y contra el territorio.
En este país,el subsuelo de los territorios es otorgado/entregado en concesión a privados de forma arbitraria e irracional, justo porque lo privado atenta contra el interés y la utilidad pública, así como se atenta contra el bien común de las poblaciones que son dueñas de su territorio. Además, las concesiones se entregan mirando como irrelevantes a los seres humanos, la vida y la salud de quienes habitan arriba del “subsuelo nacional”,a ser explotado intensamente a través de los proyectos de megaminería tóxica. Así, a la ley y a los magistrados no les importan los pueblos, como en este caso, los de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso en la Sierra Norte de Puebla, quienes promovieron el amparo en revisión 928/2019, denunciando discriminación, entre otros elementos,al ni siquiera ser consultados en ese sentido (La Jornada, 11 de enero, 2021, pág. 11).
En REMA nos preguntamos silos jueces en este país estarían dispuestos a aceptar, sin luchar, el que puedan ser expulsados de su casa sin siquiera ser consultados al respecto;y también cabe preguntarles si están dispuestos a aceptar que sus medios de vida y su salud sean sometidos a una irreparable devastación. Y seguimos preguntando si quienes administran “la justicia” de este país seguirían recurriendo a las ya clásicas artimañas burocráticas y legaloides y a facciosas posturas en donde favorecen, no el interés social ni público, sino el interés de privados que establecen el saqueo y el desplazamiento forzado como sus propios medios de vida.Nosotros tenemos fuertes dudas de que,en la SCJN, tengan siquiera acaso la menor idea de lo que significa ese tipo masivo de despojo y el respeto a la vida. Podrían imaginarlo, al menos.
Este tipo de preguntas que hacemos desde la REMA, sabemos que resultan subversivas para quienes se asumen en los hechos como siervos del capital, porque se han vuelto encubridores de hechos punibles. La actual Ley Minera permite cientos de atropellos y violaciones relacionadas con múltiples derechos de los pueblos y de la naturaleza, pero eso no lo ven o han aprendido a no verlo. Y así, las leyes permisivas y sus protectores,manifiestos en instancias de procuración de justicia, son una vergüenza para la nación.
El Despojo No es de Utilidad Pública
Exigimos Respeto a la Constitución y Respeto a la Vida
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos con ustedes esta publicación de la Universidad de la Tierra que recopila diferentes artículos y opiniones surgidas durante la pandemia a través de Red Latina Sin Fronteras – A noviembre 2020
Presentación
Se ha vuelto indispensable repensar la pandemia. No es solo por la masiva desinformación que se ha propalado durante meses. Es porque se sigue tomando un conjunto de decisiones insensatas colgados de la “verdad científica” en que supuestamente se basan.
Pandemia quiere decir “todo el pueblo”; es una extensión torpe del término “epidemia” que ya de por sí era equívoco. El hecho es que, hasta ahora, nueve meses después de haber aparecido la pandemia, esa “ciencia” no ha podido siquiera caracterizar con precisión la enfermedad que se atribuye al virus y mucho menos proponer fórmulas confiables de prevención y tratamiento.
El juego de cifras es obsceno. Las muertes atribuidas al virus -alrededor de un millón en el mundo a finales de septiembre- son aún inferiores a las que ocurren cada año por accidentes de tránsito o a las causadas por enfermedades virales debidas a la falta de acceso al agua potable que padecen millones de personas.
En Unitierra nos pusimos a repensar el asunto. Semanas después nos pareció importante escuchar otras voces y abrimos un conversatorio, primero semanal y luego quincenal. La reflexión se enriqueció mucho porque, por fortuna, participaron personas muy diversas, de edades que van de los 20 años a más de 80, distribuidas proporcionalmente por géneros, de las más distintas profesiones o vocaciones y de varios países.
Nos fue muy útil, en el punto de partida, leer un texto de David Cayley que parte de las ideas de Iván Illich para desafiar las actitudes dominantes sobre el tema. Cayley ha dedicado varias décadas al estudio de Illich, publicó dos libros de sus conversaciones con él y es, sin duda, buen guía para explorar su pensamiento a pesar de sus sesgos. Publicamos su texto junto con otros dos relacionados con él, que leímos en nuestro conversatorio, como Iván Illich y la pandemia. En el camino fuimos agregando otras lecturas e hicimos algunas exploraciones bibliográficas. La lista puede verse en el apéndice 1.
Con esas lecturas en común, fue una conversación libre y abierta que no se constreñía a ellas. En este libro presentamos una compilación de lo que ahí pasó.
La primera parte, la más extensa, es una selección apenas editada de fragmentos de nuestras conversaciones. No es un texto colectivo ni una relatoría, por lo que carece de la coherencia y orden de lo escrito por una persona o un grupo. Recoge lo que platicamos durante los primeros meses de conversación, cuando transcribíamos todo lo que decíamos. No se trata de resúmenes, aunque hicimos cierta clasificación de las intervenciones.
La repetición es inevitable, pero quisimos dejar los matices que expresaban de diversa manera los mismos argumentos. Mantuvimos la primera persona del singular o del plural, y el masculino y el femenino, tal como se emplearon, sin mencionar el nombre de quien intervino. Si bien se trata de una reflexión colectiva, sus matices y colores personales definen realmente su contenido.
La segunda parte corresponde al periodo en que dejamos de hacer transcripciones de las sesiones y preparamos relatorías. Las intervenciones intentaban ir más allá de la pandemia; esta sección, mucho más pequeña, puede verse como una simple agenda de los temas sobre los cuales queremos seguir reflexionando. Se basó en párrafos tomados de las relatorías, los cuales pueden servir de puente hacia lo que sigue.
La tercera parte recoge la discusión y la propuesta, al final del ciclo de conversaciones, para sustituirlo por un círculo de estudio, en el cual este trataremos de reflexionar sobre las maneras de “Transitar la realidad”. Nos reunimos quincenalmente, a partir del 28 de septiembre. Las y los lectores interesados pueden contactarnos para participar en él a contactounitierra@gmail.com
En Unitierra cada miércoles, a las 4:00 de la tarde, desde hace 20 años, realizamos nuestro conversatorio “Caminos de la autonomía bajo la tormenta”. La conversa es para nosotros una forma de saber (producción de conocimiento, reflexión en la acción) y de hacer (intercambio de experiencias), que genera lo que deseamos que sea nuestra definición: saber hacer… y hacerlo en la lucha, como se hizo también este conversatorio.
Ediciones Unitierra, octubre de 2020
Compilación y edición: Gustavo Esteva, Alberto Elías González Gómez, Azael Rangel López,Andrea González Fernández
facebook: Unitierra de Oaxaca y twitter: @UnitierraOaxaca
LOS PRIMEROS NÚMEROS DE LA SERIE:
1. Mirar con nuestros ojos, Alfonso Morales Toledo, Elías A. González Gómez, Azael Rangel López, Itzel Farías Malagón, Alfredo Agudo, Matthias Gossner, Wendy M. López Juárez.
2. Iván Illich y la pandemia, David Cayley, Sajay Samuel, Gustavo Esteva.
3. Repensar la pandemia, participantes en el conversatorio.
ÍNDICE
2 PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTE: REPENSAR LA PANDEMIA
5 Los daños de la medicina a la salud
7 La industria de la salud
9 La naturaleza del predicamento
9 Ignorancia científica y disparates políticos
14 El caso de los ancianos y otros grupos
14 Las otras pandemias: la chatarra
15 La contraproductividad paradójica
17 ¿Crisis de salud?
19 Subsistemas de los sistemas
22 Autoritarismo
26 Distanciamiento y división
28 La pandemia del miedo
34 Incertidumbre y miedo a vivir
35 Contra la política del miedo, la construcción de la esperanza
37 Recuperar el sentido, los sentidos
41 Hacer comunidad y construir en lo local
46 Cuidado colectivo
49 Desobedecer
53 Sanar
59 El arte de sufrir y de morir
63 La nueva normalidad
66 El virus que llegó para quedarse
69 Nuevas narrativas
SEGUNDA PARTE: MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA
73 Más allá de las creencias dominantes
74 Sanar de la salud
74 Habitar de nuevo nuestro cuerpo
75 Escapar de la ilusión electrónica
76 Las falsas alternativas
77 Más allá del trabajo
78 Más allá del individuo
78 Más allá de la necesidad
79 Regresar al mundo real…
79 …y reinventarlo
TERCERA PARTE: TRANSITAR LA REALIDAD
90 Apéndice 1: Lecturas
96 Apéndice 2: Participantes
SERIE
CONTRA EL MIEDO LA ESPERANZA
El mundo que teníamos ya no está ahí. Hemos entrado en una era de incertidumbre radical: no sabemos cómo será el mundo que ha de venir. El virus derramó el vaso de una crisis profunda que, en medio de un colapso climático y sociopolítico, se expresó en intensas movilizaciones populares en 2019. Desde Maquiavelo, el miedo se considera la más eficaz de las herramientas de gobierno. A él han estado recurriendo las élites en todo el mundo. Ediciones Unitierra comparte, en esta serie, historias y reflexiones sobre la manera en que, desde abajo, contra la política del miedo se construye esperanza.
Compartimos este reportaje especial publicado en Contra Corriente sobre la resistencia y la lucha por la vida en Honduras – A Noviembre 2020
El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.
Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.
Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados.
Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.
Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.
Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.
La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.
La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras. Tweet
La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.
«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».
La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».
Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).
Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).
Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar. Tweet
Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».
En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.
La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.
Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.
Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.
El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.
Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.
Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
La movida legal
La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.
¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable?
El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).
Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.
A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo.
Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.
«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’», agregó el empresario.
Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro.
erar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».
El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.
Compartimos esta información de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM sobre la prohibición del glifosato y el maíz transgénico en México – A 31 de diciembre de 2020
Fernando Bejarano / Director de RAPAM
El 31 de diciembre de 2020 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial que establece la sustitución gradual del uso del glifosato, con cuotas de importación hasta la eliminación total de su uso al 31 de enero del 2024, en un período de transición donde se promoverán alternativas sustentables, incluidas alternativas agroecológicas. El decreto también establece la revocación y abstención de permisos de siembra de maíz transgénico, y del uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos hasta sustituirlo totamente en el mismo período.
Este es un triunfo de las organizaciones de la sociedad civil que por décadas lucharon contra la liberación del maíz trangénico, como las organizaciones campesinas y académicos agrupadas en la Campaña Sin Maíz No hay Pais y Greenpeace. Así como de organizaciones como RAPAM que hemos insistido en la problemática de los plaguicidas altamente peligrosos en México. La publicación del decreto muestra también la voluntad política de cambio dentro de las distintas secretarías que están interesadas en una transformación del sistema alimentario mexicano y que pudieron enfrentar con éxito las opiniones contrarias del titular de la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, del coordinador jurídico de la Presidencia, de las presiones de embajadas de Estados Unidos, Alemania, y del Consejo Nacional Agropecuario en el que participan las empresas transnacionales de plaguicidas como Monsanto.
En los considerandos del decreto presidencial, se invoca al principio de precaución, procedente de la Cumbre de la Tierra y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. También se indica que la adopción de esta medida se debió entre otras razones a que, “con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, nuestro país debe orientarse a establecer una producción agrícola sostenible y culturalmente adecuada, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente, así como congruentes con las tradiciones agrícolas de México. Además porque, “en los últimos años, distintas investigaciones científicas han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales, y ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer; y porque en “ diversos países han prohibido el uso de la citada sustancia en agroquímicos y muchos otros se encuentran evaluando la implementación de medidas similares y de otro tipo para proteger a la población”.
El artículo Primero del Decreto “tiene por objeto establecer las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. En ese sentido, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un período de transición para lograr la sustitución total del glifosato”.
En el Artículo Segundo del Decreto “Se instruye a las dependencias y entidades de la administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias y a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”.
El Artículo Tercero establece que “ Con el propósito de disminuir el posible impacto de la sustitución gradual del uso e importación de glifosato en la agricultura comercial, las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverán e implementarán alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso del glifosato, ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
El artículo tercero indica que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología coordinará, articulará y apoyará las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos e innovaciones para la sustitución del glifosato, Para tal fin podrá convocar a las instituciones de educación superor o centros de investigación pública e invitar a organizaciones de productores agrícolas, a la industria de agroquímicos, a las asociaciones de usuarios y productores de bioinsumos e insumos agrícolas orgánicos.
Según el Artículo Sexto, “ Con el propósito de contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias y como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”.
Esperamos que este decreto impulse un cambio de cambio de política más amplio para la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos en México y la transformación del sistema alimentario. Por nuestra parte continuaremos en nuestra demanda para que de manera inmediata se cancelen el uso del glifosato como desecante antes de la cosecha en los culivos agrícolas y para los usos en jardinería y otros usos urbanos. Y seguiremos planteando que para establecer esas cuotas de importación del herbicida y vigilar su cumplimiento se debe territorializar y reconocer el derecho a la información para saber dónde, quién y cuánto gifosato se usa en los distintos cultivos agrícolas.
Como parte de la Campaña sin Maíz no hay Maíz celebramos también que el decreto requiera que a más tardar en el primer semestre de 2023 se promuevan las reformas legales para evitar no solo el uso del glifosato sino también el de maíz genéticamente modificado en México, como medida que contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria, para “proteger al maíz nativo, la milpa y la riqueza biocultural”.
Compartimos esta información de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – 15 de diciembre de 2020
Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad internacionalista con el pueblo colombiano y exige el cese de la violencia sistemática contra los movimientos, organizaciones y procesos populares, y contra todos aquellos sujetos políticos que defienden los derechos de los pueblos, sus derechos humanos y los territorios. Así mismo, manifestamos nuestra profunda preocupación y repudio a los diferentes tipos de violencia y asesinatos selectivos que han convertido al país suramericano en un escenario en el que se impone y perpetúa una arquitectura de la impunidad.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha sido testigo de la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos populares en Colombia. No obstante en repetidas ocasiones hemos denunciado nacional e internacionalmente la violencia sistemática, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en este país andino, y hacemos un llamado urgente para redoblar esfuerzos de articulación y organización internacionalista en apoyo al pueblo colombiano.
Hasta noviembre de 2020 hemos sido alertados/as del asesinato de más de 280 personas en 73 masacres en Colombia. Esta lamentable escalada de violencia se ha exacerbado durante el modelo de confinamiento y las formas de control y represión declaradas por el gobierno de derecha de Iván Duque durante la crisis global de la salud, producto de la pandemia de Covid 19. Es de amplia preocupación que estos hechos de violencia evidencian sistematicidad contra organizaciones y comunidades de base campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, jóvenes, niños y niñas.
El 29 de abril la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo lanzó un llamamiento a la comunidad internacional que fue respaldado y suscrito por más de 200 organizaciones de Colombia y de diversas partes del mundo. La Jornada Continental denunció el asesinato, hasta esa fecha, de 95 líderes y lideresas y de más de un centenar de desmovilizados de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y exigió garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos por parte de los líderes y las lideresas de las organizaciones campesinas, indígenas y comunidades negras. Infortunadamente, no se obtuvo respuesta efectiva por parte del gobierno colombiano, y, como se desprende de los hechos que nuevamente denunciamos, tampoco se generó ningún tipo de prevención ni estrategia de seguridad que salvaguardara la vida de las personas que posteriormente fueron asesinadas.
Durante el presente año, Colombia ha retornado a uno de los peores momentos de su historia con la perpetración de masacres en territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado. Territorios con poca presencia estatal, y que comparten características como cultivos de uso ilícito, control de grupos armados paramilitares, desarrollo de actividades extractivas ilegales, y existencia de procesos de organización social y popular para enfrentar la ausencia estatal y la violencia. A partir de agosto hubo asesinatos de más de 24 jóvenes de 15 a 26 años en diversos lugares del país, tanto urbanos como rurales. Adicionalmente, organizaciones y medios de comunicación en el transcurso del año han denunciado la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en varios casos de violencia física y sexual contra niñas y mujeres.
Por si fuera poco, como consecuencia del asesinato de un ciudadano en Bogotá en probado abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, se llevaron a cabo numerosas movilizaciones el 9 de septiembre, en las que se registró la masacre de 13 personas más, y un sinnúmero de acciones represivas y violentas por parte de la misma institución. Varias organizaciones han denunciado que estos asesinatos fueron el resultado de las acciones de la Policía y de civiles armados por la misma fuerza pública. Actualmente esos hechos están bajo investigación.
La violencia atroz se ha agudizado mes a mes, sin que el gobierno reconozca la sistematicidad del fenómeno e implemente medidas urgentes para evitarlo, como correspondería cabalmente en el Estado Social de Derecho, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y por el respeto a la memoria de las víctimas. En el mismo sentido, se observa una casi nula voluntad por parte del gobierno Duque para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la otrora insurgencia de las FARC-EP, lo que amenaza con hacer trizas el mandato de construir la paz y la justicia social tan anheladas por el pueblo colombiano.
Como organizaciones en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que en Colombia cada día cobra la vida de más hombres y mujeres dignos/as que trabajan por la defensa de los derechos y territorios. Nos sumamos al llamado de las organizaciones nacionales colombianas e invitamos a los movimientos y organizaciones populares de todo el mundo a reforzar la solidaridad internacionalista y las exigencias de:
Investigar y esclarecer estos hechos de violencia, bajo la estricta vigilancia de organismos internacionales con independencia del gobierno de Iván Duque.
Prevenir la continuidad de estos hechos con la participación efectiva de las víctimas y afectados/as y con la veeduría de organizaciones internacionales de derechos humanos, para definir estrategias concertadas de protección territorial, y de acuerdo a realidades locales de la población en riesgo y vulnerabilidades existentes.
Implementar de manera total e íntegra los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP.
Cumplir el deber constitucional de proteger niñas, niños y jóvenes, buscando su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, cumplir el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derechos del Niño y Derechos de las Mujeres.
Garantizar el cese inmediato de las acciones violentas contra los pueblos, sus organizaciones y movimientos por parte de miembros de instituciones del Estado y el paramilitarismo.
Finalmente, hacemos una vez más un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares colombianos, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la consolidación de la paz y la vida digna.
Compartimos esta nota publicada por Gabriela Coutiño sobre el rechazo a mega proyectos en Chiapas – A 5 de enero de 2021
La agrupación ambientalista también esta en contra de la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional
La organización indigiena Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE colocaron este lunes en el municipio de San Juan Cancuc letreros manifestando su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas – Palenque y la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional.
«Como pueblo creyente MODEVITE y Derechos Humanos San Juan Cancuc rechazamos totalmente el megaproyecto «eje carretero transversal» igual o antes se llamaba; supercarreterra, autopista, proyecto carretero y carretera de las culturas ya que solamente beneficia para los empresarios transnacionales» señalan en un escrito difundido
En el documento, el Modevite rechaza totalmente la carretera, porque señalan: «Como pueblo originario no nos beneficia, al contrario atenta nuestra vida y ademas traerá consecuencias como son las siguientes: Destrucción y despojo de la madre tierra; apertura de camino de megaproyecotos, por ejemplo represas, centro turísticos, etcétera; despojo del pueblo, contaminación, militarización, división del pueblo».
En los letreros colocados en la localidad de Chacté, centro y en el banco de grava en Chilojá, escribiendo; » Los pueblos originarios rechazamos la autopista San Cristóbal de Las Casas -Palenque. No a la instalación de los cuarteles de la Guardia Nacional».
Los mienbros de la agrupación exigieron que se respete su derecho a la libre autodeterminación y se aplique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OTI), así como la declaración de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Compartimos esta nota de Sin Embargo sobre el acaparamiento del agua en México – A 14 de diciembre de 2020
A partir de las concesiones otorgadas por la Conagua por la Ley de Aguas Nacionales de 1992, millonarios acaparan este bien que por su escasez ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Estados Unidos. Un artículo de la UAM revela que, a falta de regulación vigente y vigilancia, solo un 1.1 por ciento concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos. Entre ellos, Claudio X. González con Kimberly Clark y Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Mientras más del 30 por ciento de los hogares mexicanos (Inegi, 2016) padece a diario cortes o tanteo de su derecho al agua y saneamiento, 3 mil 304 grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al concentrar 13 millones 183 de hectómetros cúbicos anuales para fines lucrativos, en su mayoría en acuíferos sobreexplotados, expone la investigación “Los millonarios del Agua” publicada por la Universidad Autónoma de México (UAM), con ciencia de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) hasta enero de 2020.
Esto es, el 1.1 por ciento de todos los usuarios del agua en México explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional (22.3 por ciento). Entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, entre otros.
A partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, aún vigente porque el Congreso sigue sin aprobar una iniciativa ciudadana para una Ley General de Aguas que garantice acceso equitativo, estos denominados “millonarios del agua” son empresas, asociaciones civiles y personas físicas, quienes emplean el agua principalmente para uso agrícola, industrial y de servicio turístico. La Ley de Aguas Nacionales, aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue “la expresión más acabada” de los lineamientos exigidos por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Estado mexicano para “la neoliberalización del agua”, otrora bien nacional, con el fin de dar mayor certeza a la inversión privada en materia de derechos de agua, dice el texto de los investigadores Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma.
El 1.1 por ciento acapara 22.3 por ciento del agua. Gráfica: Los millonarios del agua, UAM, 2020.
“Legalmente no existe un límite en cuanto al volumen de agua a concesionar para un actor privado dentro del margen de disponibilidad, de ahí que algunas empresas hayan acaparado grandes cantidades de agua. Bajo esta lógica, no importa si se pone en riesgo el bienestar colectivo o si se degrada la calidad del agua, lo que importa es la utilidad de las empresas y consorcios privados que gestionan y explotan este bien común”, afirma la investigación. “Los Millonarios del Agua pagan de forma diferenciada de acuerdo con el uso del agua (por ejemplo, se paga más por el uso industrial o servicios). Un usuario tiene la libertad de tener concesiones para distintos tipos de usos, lo que permite ahorrar millones de pesos por no pagar el uso debido y hace más difícil rastrear el destino final”.
En conclusión, exponen Gómez y Moctezuma, hay tres maneras en que la actual administración del agua con la presente Ley de casi 30 años permite que el sector privado monopolice legalmente el agua en el país para fines de lucro, en un marcado contexto de desigualdad: los usuarios pueden acceder a una sola concesión con grandes volúmenes de agua, ya que no se establece un límite preciso; un mismo usuario puede tener distintas concesiones de diversos tipos con diferentes volúmenes y diferentes usos; o un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la Coca-Cola y la familia Tricio de Grupo Lala. También se puede acceder y controlar este recurso gracias a la transmisión de concesiones, o incluso se extrae agua sin contar con una concesión, como ocurrió en Ayutla Mixe, Oaxaca, en donde un grupo paramilitar se apoderó del manantial dejando a la comunidad sin agua desde hace dos años o las cerca de 400 mil tomas de agua clandestinas en la Ciudad de México, donde se anunció un recorte hasta 2021 por disminución del sistema Cutzamala.
El mapa representa el porcentaje del volumen de agua explotada respecto al volumen de agua de recarga de los acuíferos. Mapa: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.
La iniciativa ciudadana en consenso con legisladores que exige un acceso equitativo al agua y mayor control a las grandes concesiones sigue atorada en la Cámara de Diputados. En entrevista, uno de los autores del artículo, Wilfrido Gómez, dijo que con la actual Ley (1992) no hay una regulación ni vigilancia del agua y descargas de manera democrática y limitada, esto es, la adquiere en volúmenes quien primero solicite una concesión y no se consulta a la comunidad o colonia de la zona que padece la escasez. Por lo que debe regularse el tipo de uso y la transmisión de concesiones para evitar mayor “especulación” de oferta-demanda del agua de la que habrá ahora que su uso cotiza en el mercado de futuros de California, Estados Unidos, lo cual de cierta manera “legitimiza el mercado ilegal del agua en México”.
“La Conagua publica cada dos años la disponibilidad del agua en acuíferos y cuencas. Aunque hay acuíferos sobreexplotados, se siguen entregando concesiones. En la nueva Ley primero se debe garantizar el derecho humano al agua, es decir, que no se cree el acaparamiento y desigualdad”, dijo Gómez. “Si hay sobreexplotación, se tiene que restringir para poder restablecer la cantidad y calidad del agua”.
EMPRESAS ACAPARADORAS
De norte a sur del país, los millonarios del agua se reparten en 966 empresas de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras; mil 537 personas físicas y 801 asociaciones civiles que realizan distintas actividades productivas. En total, los 3 mil 304 tienen concesionado un volumen de agua de 13 millones 208 hm³/año, equivalente al 22.3 por ciento de toda el agua concesionada en el país. De los 653 acuíferos que existen en el país, 115 están sobreexplotados y de éstos, 99 tienen la presencia de algún Millonario del Agua.
“Cada uno de estos usuarios y sus concesiones, en muchos casos, representan, una serie de conflictos con distintos actores locales respecto a un bien natural, y representan también un despojo, en donde los ciudadanos, los pueblos y comunidades no fueron considerados en ningún sentido y de un momento a otro se encuentran enfrentados ante una empresa o individuos que tienen grandes volúmenes de agua”, expone el artículo “Los millonarios del agua”.
Entre los Millonarios del Agua que tienen mayores volúmenes concesionados para uso único industrial, se encuentra la trasnacional Kimberly-Clark, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, cuidado e higiene y denunciada por contaminar ríos y manantiales en los estados de Veracruz, Querétaro y Michoacán. El conglomerado de Claudio X. González tiene concesionado un volumen de 27.3 hm³/ año de agua.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-único. Gráfica: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.
Además, en el marco de la especulación y escasez a futuro, es de destacar la presencia de bancos con grandes concesiones, por ejemplo, el español BBVA tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac, cerca de Guadalajara, Jalisco. Y el Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego cuenta con 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado de la Zona Metropolitana, de la cuenca de México.
“La creciente participación de bancos como usuarios de grandes concesiones de agua no deja de ser un tema de preocupación que responde posiblemente a la creación de un mercado internacional del agua y a su control como un bien que cada vez toma más importancia, ante un futuro de inminente degradación de dicho recurso”, expone el informe.
Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, que ha puesto en encrucijada a comunidades totonacas cercanas al río Ajajalpan, Puebla, dispone de un volumen de 369.5 hm³/año de agua. ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, explota cada año en México 100.5 hm³/año de agua, con lo que se llenarían 100 y medio estadios Azteca (el estadio más grande del país). Sus extracciones principales se realizan en el ejido Las Truchas, donde tiene su mayor mina a cielo abierto, y en su complejo siderúrgico ubicado en el Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. El agua se destina principalmente para la elaboración de acero. La magnitud de la extracción de este recurso natural se ve reflejada en los constantes reclamos ejidales que exigen la remediación de tierras afectadas por la minería y su contaminación, así como de pescadores.
En el caso de uso único para diferentes usos, se encuentran termoeléctricas, agroindustrias y constructoras, entre las que sobresale el megaproyecto turístico inmobiliario El Coyote Baja Resort, que posee 90 por ciento del agua del acuífero 0325 de La Paz, Baja California. En uso único para servicios hay principalmente grandes cadenas hoteleras como Quiroocan, con un volumen de 30.1 hm³/año de agua y varias empresas turísticas de este tipo en la Península de Yucatán. También se encuentra la empresa Acueducto Pánuco Al Norte, de capital mixto, con un volumen de 315.4 hm³/año, la cual se dedica al transporte de gas por gasoductos.
Deforestación y sequía en un cultivo en Estado de México. Foto: Cuartoscuro.
Para uso-único agrícola, por el que no pagan por la explotación, se emplea 48.7 por ciento de toda el agua concesionada a los Millonarios del Agua. Aunque se atribuye a los campesinos el gasto de agua, el sector privado tiene bastante cabida como la empresa Agroforestal Uumbal Chiapas Sapi, que explota 54.4 hm³/año de agua y cultiva y cosecha palma de aceite en Chiapas, Tabasco y Campeche, cultivo causante de la deforestación en el sureste. Y la empresa Agropecuaria La Norteñita, a la que se le han entregado 31.9 hm³/año de agua y es una de las principales productoras de manzana del país, tiene 74 por ciento de su volumen concesionado con una serie de irregularidades.
Además, tienen una tarifa preferencial de energía eléctrica ante la CFE y también se ha documentado que algunas empresas y personas físicas utilizan el agua de uso agrícola para otros usos. La extinta inmobiliaria Casas GEO adquirió concesiones de uso agrícola para urbanizar en Querétaro, Morelos, Estado de México y otros.
La investigación de la UAM también enfatiza personas físicas como José Manuel Tricio Cerro, quien cuenta con 3.8 hm³/año de agua al año a su nombre. Este personaje está relacionado con accionistas del Grupo Industrial Lala, acusada de sobreexplotar el agua de la Comarca Lagunera, debido a la compra de alfalfa que realiza para la alimentación de las vacas. Los grandes volúmenes de agua que se utilizan para ello han provocado que para uso doméstico se deba extraer agua de mantos acuíferos profundos con alto contenido en arsénico, ocasionado una gran incidencia de diferentes enfermedades, como cáncer y diabetes, entre los habitantes de la región.
En el Valle de México habrá recorte de agua hasta 2021 por escasez en el sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro.
LOS “USOS-OTROS”
La Ley de Aguas Nacionales (1992) permite no solo que los usuarios puedan tener grandes volúmenes de agua en una concesión, sino también varias concesiones para distintos tipos de usos (usos-otros). Esta clasificación agrupa a 613 Millonarios del Agua, que suman un volumen de un millón 851 hm3 /año de agua concesionada, volumen que representa 14 por ciento del agua total concesionada a los millonarios del agua.
En el caso industrial-otros, destacan la minera Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, que explota un volumen de 50 hm³/año y que ha sido acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Bebidas Mundiales y Bepensa (del grupo FEMSA) que juntas explotan 21.9 hm³/ año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca-Cola. Si se suman los demás usuarios que forman parte de la familia Coca-Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año. Este grupo ha sido denunciado por sobreexplotar los mantos acuíferos en Chiapas y Tlaxcala, y estar dejando sin agua a la población, dice la investigación de la UAM.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.
En el caso de agrícola-otros, destacan la empresa exportadora de frutos rojos Berrymex (estadounidense), que explota en San Quintín, Baja California, 23.7 hm³/año de agua. Esta empresa agroindustrial fue la principal responsable en la región en el conflicto con los jornaleros y sus trabajadores por los bajos salarios otorgados y precarias condiciones de vida, las cuales incluían carencia de servicios de agua potable y drenaje. El agotamiento de los acuíferos de San Quintín obligó a la empresa a instalar una planta desaladora de agua. Otras de las agroindustrias que tienen presencia sobre estos acuíferos sobreexplotados son Agro Industrias Vigor y la enorme productora de semillas a nivel mundial ahora perteneciente a Bayer, Seminis Vegetable Seeds Mexicana.
En uso agrícola-otros, los datos analizados por los investigadores también detectaron a la empresa exportadora de tomates cherry NatureSweet Invernaderos, con 12.5 hm³/año de agua (también estadounidense) y a a empresa biotecnológica Enerall, que explota un volumen de 12.9 millones de m³ de los mantos acuíferos de Yucatán cada año, en las reservas de agua dulce más importante del país y cuyo fundador es Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, cuya compañía fue investigada por periodistas en 2018 por destruir un cenote en la Riviera Maya.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo agrícola-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.
La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, acusada de contaminar grandes volúmenes de agua, tiene concesionados 53 hm³/año, donde el 61 por ciento de esa agua es para uso industrial y 39 por ciento para diferentes usos, lo que los ha eximido de pagar en un porcentaje considerable la tarifa más alta que es la de uso industrial, en vez de la de diferentes usos que es una tarifa más baja.
Para usos mixtos, 16 Millonarios del Agua tienen concesiones con un volumen equivalente al 0.5 por ciento del total concesionado a los usuarios privados que tienen más de 1 hm3 /año de agua. Los usuarios que disponen de más agua para este tipo de usos son Bachoco, que explota 17.6 hm³/año de agua en 20 estados de la república, principalmente en Guanajuato, Sinaloa y Yucatán; cooperativa La Cruz Azul (Cementos Cruz Azul) con 3.7 hm³/año de agua y la multinacional Herdez, dedicada a la producción agroindustrial de alimentos con 2.2 hm³/año de agua.
Compartimos esta información de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México RAPAM – A 9 de diciembre de 2020
A nivel mundial los envenenamientos han pasado de 25 millones en 1990 a 385 millones hoy en día
En un estudio exhaustivo publicado hoy, científicos reportan que los envenenamientos por plaguicidas en el sector agrario han aumentado dramáticamente desde la última evaluación global hace 30 años. En base a una evaluación de datos de envenenamientos disponibles de países en todo el mundo, los investigadores concluyen que hay alrededor de 385 millones de casos de envenenamientos agudos cada año, frente a 25 millones de casos estimados en 1990.
Esto significa que alrededor del 44% de la población mundial que trabaja en el sector agrario – 860 millones campesinos y trabajadores agrícolas, son envenenados cada año.
La revisión sistemática de los envenenamientos agudos, no intencionales, por plaguicidas, fue publicada hoy en la revista arbitrada (revisada por pares), BMC Public Health. El artículo, titulado „La distribución global de envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas: Estimaciones basadas en una revisión sistemática”, es la primera estimación mundial de ese tipo desde 1990.
“Estos hallazgos destacan la urgencia de reducir y eliminar el uso de plaguicidas altamente peligrosos” dice Kristin Schafer, coordinadora de Pesticide Action Network (PAN) Internacional. “Estos pesticidas causan envenenamientos inaceptables a las personas que producen nuestros alimentos, pero también tienen efectos crónicos de salud como el cáncer e impactos ecológicos como el colapso de la biodiversidad. Hace mucho tiempo que se deberían haber tomado medidas a nivel mundial”.
El estudio revela que el numero mayor de casos no fatales de envenenamientos se da en el sur de Asia seguido del sudeste asiático y el este de África. La incidencia nacional más alta se registró en Burkina Faso, donde casi el 84% de los campesinos o trabajadores agrícolas sufren envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas.
Se estima que el total mundial de fatalidades por envenenamientos agudos, no intencionales por plaguicidas, resulta en 11.000 muertes anuales. Casi 60% de ellas acontecen en un solo país, la India, indicando problemas serios con el uso de pesticidas, según los investigadores.
“Los envenenamientos por plaguicidas constituyen una crisis de salud pública, que debe ser abordada” afirma Sarojeni Rengam, Director Ejecutivo de PAN Asia Pacífico. “más allá de los sufrimientos inmediatos, los envenenamientos reflejan también una exposición que causa problemas de salud crónicos a largo plazo. Es chocante y vergonzoso que este problema haya empeorado en lugar de mejorar en los últimos 30 años”.
Los autores del nuevo estudio realizaron una revisión sistemática de la literatura científica publicada entre 2006 y 2018, seleccionando un total de 157 trabajos después de evaluar más de 800 trabajos para determinar su elegibilidad de acuerdo con criterios establecidos, y datos adicionales de la base de datos de la OMS sobre las causas de muerte.
Los datos abarcan 141 países en total. La mayoría de los estudios se enfocan en los envenenamientos ocupacionales, en particular de los agricultores y los trabajadores agrícolas.
“Reconocemos que hay limitaciones en los datos sobre envenenamientos por plaguicidas”, señala Javier Souza, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en América Latina RAP-AL. “Sin embargo este estudio muestra claramente que se trata de un problema grave y global que requiere acciones inmediatas. Plaguicidas altamente peligrosos deben ser eliminados progresivamente hasta 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mundiales y debemos cambiar hacia sistemas más sanos y resilientes como la agroecología».
El número estimado de envenenamientos mundiales no mortales, no intencionales, por plaguicidas en el presente estudio, es significativamente mayor que las estimaciones anteriores. Esto se debe en parte a que el estudio actual abarca un mayor número de países, y también a que ha habido un aumento del 81% en el uso de plaguicidas desde 1990 (se estima que en 2017 se utilizaron 4.1 millones toneladas de plaguicidas en todo el mundo). Los investigadores apuntan a la falta de información para explicar las estimaciones relativamente bajas de casos mortales.
El subregistro también es un problema para los envenenamientos por plaguicidas en general, ya que muchos sistemas de presentación de informes de países específicos carecen de un punto central de información o de un mecanismo jurídico que exija la presentación de informes sobre incidentes.
Los autores concluyen que la pesada carga que suponen los envenenamientos no intencionados y no mortales por plaguicidas, en particular para los agricultores y los trabajadores agrícolas, pone de relieve el sesgo de las políticas actuales, que se centran únicamente en las muertes, y la necesidad de abordar más seriamente el problema general de del envenenamiento por plaguicidas en las políticas y reglamentos internacionales y nacionales.
Nota para los periodistas: Si bien este estudio no abarca los suicidios por envenenamiento con pesticidas, se estima que 14 millones de personas han muerto por suicidio utilizando plaguicidas desde la Revolución Verde en la década del 1960. En un reciente examen sistemático de los datos sobre suicidios de 2006 a 2015, que este estudio no abarcó, se determinó que los plaguicidas representaban entre el 14 y el 20% de los suicidios a nivel mundial, lo que provocó entre 110.000 y 168.000 muertes anuales durante el período 2010-2014.
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Contactos de prensa:
Ahna Kruzic, PAN North America, ahna@panna.org, 510 927 5379
Pesticide Action Network International (PAN) es una red de más de 600 organizaciones no gubernamentales, instituciones y personas participantes en más de 90 países que trabajan para sustituir el uso de plaguicidas peligrosos por alternativas ecológicamente racionales y socialmente justas. PAN fue fundada en 1982 y cuenta con cinco Centros Regionales independientes y colaborativos que implementan sus proyectos y campañas. Se puede encontrar más información en http://pan-international.org.
El lunes 23 de noviembre debió realizarse la Audiencia de Proposición de Pruebas en el juicio contra David Castillo, esta fue suspendida una vez más debido a un recurso interpuesto por la defensa. Con esto, suman ocho las suspensiones de las audiencias en este caso en los últimos tres meses. El recurso fue declarado inadmisible y se está a la espera de la convocatoria para reanudar la audiencia.
En esta etapa se presentarán las pruebas de la vinculación entre David Castillo, los autores materiales e intelectuales, familia Atala Zablah, y las responsabilidades del Estado de Honduras en este crimen. Se dará a conocer el contexto en torno al crimen, las acciones que desencadenaron en los hechos del dos de marzo de 2016.
A pesar de las múltiples maniobras dilatorias de la defensa de David Castillo, la lucha por la justicia para Berta no se detiene. Habrá juicio contra David Castillo y se deducirán sus responsabilidades y la de sus cómplices.
Hay pruebas claras en este caso, que no pueden ser desestimadas. La justicia debe actuar.
Foro Verdad, Justicia y Reparación.
A dos años de la condena de los autores materiales, y a un año de su sentencia, la Misión de Observación Calificada de la causa Berta Cáceres, convocó el pasado 2 de diciembre al Foro Internacional “Acceso a la justicia, verdad y garantías judiciales en la Causa Berta Cáceres”. En este, participaron representantes de distintas organizaciones de la Misión refiriéndose a la urgencia de justicia en los casos en torno al crimen de Berta, a la exclusión arbitraria del COPINH como acusador privado en el caso Fraude sobre el Gualcarque, además, de la importancia de la observación de estos casos hasta la investigación y juicio a la autoría intelectual.
Las y los participantes hicieron énfasis en el carácter selectivo de la justicia en Honduras, que actúa con agilidad para perseguir y criminalizar a defensores de derechos humanos como lo ha hecho en el caso de los defensores del río Guapinol, contra la inacción o los retrasos injustificados en casos de corrupción o de crímenes de lesa humanidad que sostienen la impunidad en Honduras. “La condena de hace dos años no significó una ruptura de la estructura de impunidad. La comunidad Lenca fue dañada y perjudicada por este crimen, el Estado tiene la obligación de reconocer los derechos de los pueblos indígenas” afirmó Joe Berra miembro de la Misión de Observación.
Este miércoles 8 de diciembre se realizó el Foro “Violaciones de Derechos humanos en Honduras y el rol de la Unión Europea” coorganizado por miembros del Parlamento Europeo, la Red Eu-LAT y Friends of the Earth Europe, en el que participaron Miriam Miranda Coordinadora general de OFRANEH –, Berta Zúniga Coordinadora general del COPINH, Gabriela Sorto defensora del agua de la comunidad del Guapinol y el doctor Juan Almendarez para dar sus testimonios respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra sus comunidades por la defensa de sus territorios.
Uno de los temas relevantes fue la denuncia por la inacción del Estado de Honduras ante la búsqueda del pueblo garífuna de sus hermanos desaparecidos de manera forzosa por hombres con vestimenta de la Policía Nacional, el pasado 18 de Julio del 2020. A su vez, la situación actual en la búsqueda de justicia por el crimen de Berta Cáceres, la dilación del proceso en el caso contra David Castillo y la falta de investigación y enjuiciamiento a los autores intelectuales, la familia Atala Zablah.
Se hizo énfasis en el rol de los bancos europeos financiadores de empresas extractivas, entre ellos el Banco de Desarrollo holandés FMO, el banco finlandés Finn Fund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que permitieron la imposición de manera ilegal e inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico, lo que terminó con muchas vidas y suscitó sistemáticos ataques contra la comunidad de Río Blanco.
El agua de los pueblos en Wall Street.
El agua, bien común y sagrado para los pueblos del mundo, comenzó a cotizar esta semana en el mercado de futuros de Wall Street. Es decir, un bien fundamental para la vida del planeta entra a la especulación del mercado financiero así como el petróleo, el trigo y otras llamadas materias primas que ya son bienes intercambiables por quienes pueden comprarlas y venderlas a su antojo.
Mientras los bancos financiadores de proyectos hidroeléctricos inyectan sus capitales para dar rienda suelta a la inversión de empresas productoras de energía, con la excusa del control de las inundaciones después del paso de los huracanes ETA y IOTA, las comunidades que viven en las riberas de la mayoría de las cuencas en Honduras se ven afectadas por las grandes sequías o inundaciones dañando sus cultivos, su fuente de alimento y su relación espiritual con el agua.
Pedro Arrojo, hoy relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, participó en la observación internacional en el primer juicio por la autoría material del crimen de Berta Cáceres, a su vez, en varias ocasiones ha exhortado al gobierno de Honduras a abrir la investigación hacia la autoría intelectual, los financiadores del asesinato por su lucha por la defensa de los ríos y la vida. “Estos intercambios de concesiones entran en flagrante contradicción con las bases con las que se administra un bien público, más que flexibilizar, esto es el libre mercado que hace negocio con el agua, de repente alguien hace dinero a base de vender un derecho que le ha dado gratis el Estado” expresó el relator de la ONU ayer en El País.
“De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca” dijo Berta Cáceres en su discurso al recibir el premio ambiental Goldman, pues la defensa del agua y la vida en los territorios, fue una de las luchas más grandes y constantes que dio junto al COPINH, lucha por la cual fue asesinada.Boletin-13Descarga
