México: Alto impacto de derechos vulnerados por industria energética

Compartimos esta nota publicada en Servicios de Comunicación Intercultural Servindi sobre la vulneravilidad de los drechos humanos ante mega proyectos energéticos – A 29 de enero de 2021

Al menos 105 comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria energética y otros proyectos, según revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

Servindi, 14 de enero, 2021.- La industria energética ejerce la mayor cantidad de conflictos en México, afectando masivamente al 96 % de las comunidades registradas para el país.

Así lo revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

De acuerdo con la plataforma, se mapeó 14 proyectos extractivos y de infraestructura, que afectaron al menos a 105 comunidades mexicanas. Del total de proyectos, 9 son del sector energía: solar, térmica, eólica e hidroenergía.

Esta cifra fue influenciada por la reforma energética mexicana, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto del 2014, donde se amplió la oportunidad de participación privada.

En ese entonces también se ofrecieron incentivos para alentar la inversión en el desarrollo de sistemas de energía renovable.

Además, la agroindustria, la extracción de madera y la minería son las otras industrias que vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Derechos violados

De acuerdo con la plataforma, el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente saludable fueron violados en el 64.3 % de los casos.

Asimismo, el consentimiento libre previo e informado fue violado en el 57 % de los registros.

En el 85.7 % de los casos, el impacto social registrado es la perturbación de sitios culturales; mientras que el impacto ambiental es más heterogéneo, siendo la de mayor registro la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la deforestación.

Ahora bien, la perturbación de los sitios culturales y sagrados –en el 71.4 % de los casos– y la invasión del territorio colectivo –en el 64.3 % de los casos– fueron los ataques más frecuentes en los casos registrados.

Por los 14 proyectos, 30 personas –pertenecientes entre las 105 comunidades afectadas– fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.

También se reportaron asesinatos y criminalización contra defensores ambientales. Un ejemplo de ello fue el asesinato del indígena comunicador Samir Flores, sucedido en febrero del 2019, quien se opuso a la termoeléctrica de Huexca.

Imagen: Servindi

Más información:

Brasil: Dos años después del derrame de la minera Vale, pueblos aún sufren la contaminación

Compartimos esta nota de Avispa Midia a 2 años de la tragedia de Brumadinho – A 2 de febrero de 2021

Vale SA es una de las mayores productoras de hierro y níquel del mundo, con operaciones en más de 30 países. El año 2019 volvió a marcar su historial de las afectaciones ambientales que ha provocado en Brasil. La presa que contenía sus desechos tóxicos se fracturo y provocó un derrame de millones de m3 de sus desechos mineros en Brumadinho, un municipio del estado de Minas Gerais en el sudeste de Brasil. Estos lodos tóxicos inundaron pueblos enteros y plantaciones, dejando un saldo de 270 muertos. Fue uno de los peores desastres ambientales del país.

El 25 de enero de 2019 era un viernes de trabajo como cualquier otro en la Mina Córrego do Feijão, donde la empresa minera Vale explota fierro, en el municipio de Brumadinho, en el estado brasileño de Minas Gerais. Aproximadamente a las 12h30, la represa en la cual la empresa almacena los desechos de su proceso minero se rompió. Un mar de lodo empezó a correr a gran velocidad sobre las instalaciones de la minera, un hotel, casas, cultivos, áreas de bosques y el restaurante del personal de la mina, que estaba lleno. La mayoría de la gente se quedó soterrada.

Las alarmas de seguridad no sonaron, hubo poco tiempo para que la gente huyera. Alrededor de 13 millones de metros cúbicos de desechos escurrieron de la represa, matando a 270 personas y contaminando el trayecto de la cuenca del Río Paraopeba, que irriga por lo menos 48 municipios a lo largo de 300 kilómetros, esta agua era utilizada para abastecimiento humano y para uso agropecuario.

Fue uno de los mayores desastres ambientales en este país. Algunos días después del desastre, los órganos de salud estatales lanzaron una alerta para que la población no utilizara el agua en ninguna situación. “El rompimiento de la presa de Brumadinho ofrece riesgos inmediatos y futuros a la salud de quien tenga contacto con los desechos provenientes de la presa”, sostuvo la Secretaría de Salud del Estado de Minas Gerais.


Desastre en Mariana

Tres años antes del desastre en Brumadinho, la minera Vale había protagonizado otro desastre en el mismo Estado brasileño, Minas Gerais. Otra presa de desechos mineros explotó. En aquella ocasión había sido en la ciudad de Mariana. Las comunidades de Bento Rodrigues y Paracatu de Baixo quedaron bajo el lodo minero, 19 personas murieron. Hoy, a 5 años del derrame este escenario esta lleno de pueblos fantasmas. En el desastre fueron liberados 40 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos que recurrieron 600 kilómetros del Río Doce hasta llegar en las aguas del océano Atlántico. Es considerado el peor en la historia de Brasil. Las fotos que siguen fueron tomadas por un equipo de Avispa Midia en Mariana, hechas un mes después del desastre.

Desborde de la presa de lodos tóxicos de Mariana, en Minas Gerais, Brasil-1

Fotos: Renata Bessi


A dos años del desastre en Brumadinho, el Movimiento de Afectado por Represas (MAB) denuncia en su informe Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho que “no hubo reparación de los derechos a la población afectada (…), hasta el momento diversas acciones de emergencia no fueron cumplidas, y los afectados sufren sin acceso al agua y con el control de la multinacional Vale sobre los territorios”.

El agua continúa siendo el tema de emergencia en las comunidades afectadas. La población que vive en las orillas del río y que utilizan pozos sufren con el miedo de consumir el agua. “La Vale fue obligada judicialmente a distribuir agua potable a esta población, pero el abastecimiento no es regular”, denuncia el MAB.

De acuerdo con el informe independiente de la Asociación Estatal de Defesa Ambiental y Social (Aedas), a dos años del derrame tan solo el 40% de las familias que fueron afectadas tienen el abastecimiento de agua con regularidad.

Según el MAB, no existen informaciones concretas sobre el nivel de contaminación de las aguas de la región, lo que dificulta las actividades económicas y de subsistencias de esta población. “Dificulta principalmente la vida de los pescadores que están imposibilitados de pescar y al no tener plena confianza en el agua y los pescados”, sostiene en MAB en su comunicado.

El documento de Aedas señala que 62,51% de los afectados no ejercen ningún tipo de actividad remunerada en los municipios de Betim, Juatuba, Mário Campos y São Joaquim de Bicas, siendo uno de los medios de sobrevivencia de esta población el programa asistencial del Estado, el Bolsa-Familia.

La narrativa de la minera Vale ha sido construida en el sentido de sostener públicamente que el río ya está recuperado. Sin embargo, estudios independientes señalan que la contaminación todavía está presente. “La Fundação SOS Mata Atlântica divulgó un informe sobre la contaminación del Río Paraopeba que señala niveles de cobre 600 veces superiores a los niveles permitidos por las normas brasileñas. Inviable para el abastecimiento humano, para el riego, pesca”, sostiene el MAB.

La incertidumbre sobre la real situación de contaminación del agua y del medioambiente en general es generada porque “las empresas contratadas por el Estado para realizar los estudios son prestadoras de servicios de la Vale, lo que trae falta de confianza sobre cualquier resultado”, señala el informe del MAB.

El acuerdo

En el 22 de octubre de 2020 la minera Vale, el Gobierno del Estado de Minas Gerais e instituciones judiciales del país realizaron en acuerdo sobre las indemnizaciones y las futuras acciones a ser tomadas por la empresa en lo que respecta a la reparación de los daños ambientales y sociales. Una de las críticas del MAB al acuerdo es que fue hecho bajo sigilo, sin la participación de la principal parte interesada, los afectados.

Otra crítica es en relación a los valores de las indemnizaciones. En un acuerdo inicial, sostiene el MAB, el valor general era de alrededor de 10 billones de dólares, siendo un poco más de la mitad para reparar los daños económicos del Estado y lo demás para reparar daños morales y sociales colectivos de las comunidades. Para hacer una comparación con los lucros de la minera Vale, la compañía registró solamente en el tercer trimestre de 2020, una producción de casi 3 billones de dólares.

En el acuerdo final, según este Movimiento, el valor total de las indemnizaciones se redujo a menos de la mitad, no llega a 5 billones de dólares. Además, los afectados denuncian que parte de estos recursos van para obras del metro y de construcción de carreteras en el Estado, temas totalmente desconectados con el desastre. “Las discusiones sobre reparación de los daños no atienden a las cuestiones de urgencia, como suministro de agua e indemnizaciones, que garanticen las condiciones de vida hasta la reparación integral”, sostuvo el MAB.

Este movimiento de los afectados denuncia todavía que la justicia brasileña no se ha mostrado como un instrumento efectivo de reparación de los daños. Además, la minera Vale posee un “enorme aparato jurídico por medio de los inúmeros bufetes de abogados, lo que le confiere una fuerte capacidad de incisión en las decisiones tomadas por las instancias jurídicas brasileñas”, sostiene el MAB.

Dueños de la Vale

La minera es controlada principalmente por el capital financiero, con una importante participación de bancos de distintas partes del mundo, como el banco inglés HSBC, el español Santander, los estadunidense JPMorgan y State Street Corp, el alemán Deutsche Bank, el canadiense Royal Bank of Canadá. 

Imagen: Renata Bessi

Más información:

Informe: Cuando la basura plástica nos alcanzó y nos rebasó

Compartimos este informe de Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA (Por sus siglas en ingles) – A diciembre 2020

Presentación:

Las organizaciones Acción Ecológica México, Academia Mexicana de derecho Ambiental, Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes, Greenpeace México y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo comunitario y Sustentabilidad (LIDECS); todas ellas integrantes de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración /GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives)1, preparamos este reporte para dar a conocer la grave situación de la contaminación por plásticos y difundir las obligaciones que tendrá México a partir del 01 de enero del 2021 para instrumentar la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea.

Dentro del documento hacemos un llamado urgente al gobierno de México para que desarrolle políticas públicas dirigidas a atender el problema de la contaminación plástica desde su producción hasta el final de su vida útil, su imperante y obligado rediseño. Que no se contemplen modelos contaminantes de gestión de desechos plásticos como lo es la incineración, coprocesamiento o cualquier forma de tratamiento térmico-reciclaje energético, y se transite hacia modelos de prevención y no de gestión y remediación. Para ello, es urgente que se instrumente una política de Basura Cero y el reconocimiento y formalización del trabajo de las y los recicladores.

Sobre la pronta instrumentación de la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea, las organizaciones que elaboramos este documento afirmamos que México tiene que ser más ambicioso frente a ésta y prohibir importaciones de residuos plásticos tóxicos y contaminados, ya que la mayoría de éstos no pueden ser reciclados, por lo que terminan incinerándose, quemándose en hornos cementeros, en tiraderos, cuerpos de agua, océanos, áreas naturales protegidas, en la ciudad, en el campo, deteriorando los ecosistemas y dañando la salud humana.

INCINERAR NO ES RECICLAR y RECICLAR NO ES SUFICIENTE, hay que dejar de consumir y de generar estos residuos. Cualquier tratamiento térmico que se le dé a los desechos plásticos y a otros residuos no es reciclaje ni tampoco una política de economía circular. El llamado reciclaje energético es una forma disfrazada de incineración, por lo que debe evitarse. Este documento identifica un escenario muy complejo para atender la problemática de los plásticos y la necesidad urgente que el Estado realice un diagnóstico nacional ya que no hay información suficiente; los datos oficiales son contradictorios y poco sólidos; hay desorden y grandes vacíos en la clasificación y uso de las fracciones arancelarias que identifican importaciones de residuos y desechos plásticos, por nombrar algunas. Es urgente que México diseñe cuanto antes, políticas públicas nacionales dirigidas a abordar y reducir la contaminación plástica y prohibir la importación de estos desechos para su incineración y coprocesamiento.

Escenario mexicano frente a la entrada en vigor de la enmienda de plásticos del convenio de Basilea

¿Qué es el Convenio de Basilea?

El Convenio de Basilea2 es un tratado internacional que tiene por objeto regular los movimientos transfronterizos (importaciones, exportaciones) de residuos peligrosos y sustancias que representan un riesgo para la salud humana y el ambiente.

El Convenio de Basilea fue adoptado en 1989, entró en vigor el 5 de mayo de 1992, y actualmente cuenta con 178 países miembros para abordar las crecientes preocupaciones sobre la gestión, la eliminación y los movimientos transfronterizos, de un estimado de cuatrocientos millones de toneladas de desechos peligrosos que son producidos mundialmente cada año.

Los principios rectores3 del Convenio sostienen que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos deben ser reducidos al mínimo, gestionados de un modo ambientalmente racional, tratados y eliminados lo más cerca posible de la fuente que los generó (principio de proximidad), ser minimizados en su origen, enfoque de ciclo de vida, principio del que contamina paga, responsabilidad ampliada de los productores, principio de precaución, consumo y producción sostenibles, entre otros.

El Convenio de Basilea Exhorta a los países miembros y otros interesados a: Redoblar los esfuerzos a nivel nacional para prevenir y reducir al mínimo la generación de desechos plásticos, en particular mediante el aumento de la durabilidad, la reutilización y el reciclado y la promoción de la reparación, el reacondicionamiento y la reelaboración de los productos de plástico, en la medida en la que esto sea viable en lo económico y técnico. Decisión BC14/134

¿Es México parte del Convenio de Basilea?

México es parte del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación5 el 6 de agosto de 1990. México, al ser parte del Convenio, adquirió algunas de estas importantes obligaciones:

a) Los desechos se deben gestionar y eliminar de manera ambientalmente racional.
b) Reducir al mínimo la cantidad de desechos que se transportan.
c) Dar tratamiento y eliminar los desechos lo más cercanamente posible al lugar de su generación.
d) Prevenir o reducir al mínimo la generación de desechos en el lugar de origen y fuente

Firma México: 22 de marzo 1989
Aprobación Senado: 3 de julio 1990
Publicación DOF Aprobación: 6 de agosto 1990
Vinculación de México. Ratificación: 22 de febrero 1991
Publicación DOF Promulgación: 9 de agosto 1991
Entrada en vigor internacional: 5 de mayo 1992
Entrada en vigor para México: 5 de mayo 1992

El Convenio de Basilea reglamenta los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, así como otros desechos, y obliga a sus Partes a asegurar que se gestionen y eliminen de manera ambientalmente racional. El convenio abarca desechos tóxicos, venenosos, explosivos, corrosivos, inflamables, ecotóxicos e infecciosos. Ahora con la enmienda de Noruega se regularán también desechos plásticos contaminados.

¿Qué es la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea?

Es la Enmienda de plásticos conocida también como Enmienda de Noruega6, es una medida vinculante que por primera vez regula el flujo internacional de los residuos plásticos y adopta medidas para proteger la salud y el ambiente ante el comercio mundial de estos desechos. La Enmienda es una modificación formal a las disposiciones del Convenio de Basilea que tiene como objetivo atender la alta contaminación generada por los residuos plásticos a nivel mundial, tanto en el medio marino, como en las poblaciones locales de los países más pobres, afectados por las exportaciones de éstos y de otro tipo de residuos provenientes de países más ricos y desarrollados.

La Enmienda de Plásticos7 quedó formalmente establecida en la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Basilea COP 14) 8, realizada en mayo del 2019, siendo aceptada por todos los países parte del Convenio, entre ellos México.

El propósito de la Enmienda de Plásticos es mejorar el control de los movimientos transfronterizos de los desechos plásticos y reforzar la aplicación del Convenio debido al elevado y rápido aumento de los niveles de basura plástica y microplásticos marinos. Esta propuesta y su incorporación a Basilea, representa un hito que se espera cambie el comercio de los desechos plásticos de manera global, ya que antes no existían regulaciones internacionales para el flujo de plásticos conocidos como “no peligrosos”, pero que han significado una devastación ambiental planetaria.

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Informe: Un salto al vacío: Los riesgos de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el negocio del carbono – A 20 de enero de 2021

La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. Sin embargo, la industria de los combustibles fósiles se ha esmerado para presentarla como una fórmula mágica para el clima, simplemente porque le permitiría seguir obteniendo ganancias a partir de la destrucción de nuestras comunidades y ecosistemas.

Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS porque:

  1. La BECCS es una distracción que desvía la atención de las medidas verdaderas que hay que adoptar ahora mismo.
  2. BECCS tendrá impactos sociales y ecológicos inimaginables.
  3. La BECCS es una tecnología no validada e ineficaz.
  4. La BECCS le abre las puertas al sistema corrupto de compensación de emisiones.

La BECCS no proporcionará una solución para la creciente violencia de los impactos climáticos. Las soluciones ya existen dentro de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Para lograr la justicia climática requerimos sistemas energéticos limpios, accesibles, asequibles y de propiedad de las comunidades.

En nuestro informe “Un salto al vacío: Los riesgos de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)” desentrañamos los riesgos y peligros de la BECCS y por qué debemos oponernos a ella.

Introducción

La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. El presente informe describe por qué Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS y presenta los riesgos, costos e impactos negativos de esta tecnología.

La meta del Acuerdo de París de lograr un balance neto de cero emisiones de carbono, o “cero neto”, fue la luz verde que permitió que las emisiones negativas figuren entre los esfuerzos mundiales para combatir el cambio
climático durante las próximas décadas. La BECCS es la principal tecnología que se propone para alcanzar la “neutralidad de carbono” (emisiones negativas netas). Depender de emisiones negativas para lograr cualquier
meta de temperatura se basa en la suposición de que será posible eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera en el futuro. En realidad, no se ha comprobado que ni la BECCS ni la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC, o CCS por sus siglas en
inglés) por sí solas logren esta meta en la escala necesaria. Depender de BECCS es una estrategia inadmisiblemente riesgosa para los pueblos y el planeta. Las políticas climáticas deben basarse en acciones contundentes e inmediatas de reducción de emisiones en la fuente, en lugar de apostar a
estrategias no validadas y de alto riego.

Resumen:

¿Por qué se opone Amigos de la Tierra
Internacional a la BECCS?

1- La BECCS es una distracción que desvía la atención de las medidas verdaderas que hay que adoptar ahora mismo. Hemos sido testigos de cómo los mercados de emisiones de carbono y la compensación de emisiones les han permitido a los países ricos y a las grandes empresas contaminantes retrasar la aplicación de reducciones radicales de emisiones y la transformación de nuestros sistemas energéticos a sistemas sustentables de energías renovables para todas y todos en manos del Estado/las comunidades.1 De la misma manera, el concepto de “emisiones negativas” ahora les permite a los países seguir retrasando la reducción de emisiones en origen. Se dice que la BECCS es una solución conveniente para el problema del clima porque permite “cancelar” las emisiones actuales -y cualesquier emisiones futuras- en algún momento más adelante. Esto es falso, por supuesto. Cualquier lectura seria de los argumentos científicos en materia climática indica que se debe actuar ahora, no dentro de 40 años. La BECCS no es una fórmula mágica.

La pandemia mundial del COVID-19 ha puesto al descubierto que el sistema político-económico actual ha fracasado en hacerle frente tanto a la crisis climática como a la crisis del coronavirus. La privatización de los servicios públicos, el esmantelamiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores y la explotación del trabajo de las mujeres en virtud de las doctrinas neoliberales han dejado a nuestras sociedades sin capacidad para satisfacer las necesidades más básicas de nuestros pueblos y han provocado una ruptura nefasta entre nuestras sociedades y la naturaleza. La crisis del COVID-19 ha demostrado una vez más que la destrucción continua de los ecosistemas pone en peligro la salud de nuestro mundo. En este contexto, es más urgente que nunca ofrecer soluciones verdaderas y justas.

Hay que conminar a los gobiernos a actuar rápidamente y con determinación para dejar de depender de los combustibles fósiles. No es justo que los ricos y quienes hoy tienen un mejor pasar sometan a los pueblos del Sur Global y a las generaciones futuras a la carga de la contaminación que ellos provocaron y a los impactos negativos de estas tecnologías.

2- BECCS tendrá impactos sociales y ecológicos inimaginables. Suministrar suficiente biomasa para BECCS, a la escala necesaria, sólo sería posible deforestando, acaparando tierras y convirtiendo grandes superficies cultivables en plantaciones de monocultivos. Esto significa que la BECCS generará competencia por la tierra entre las/os productores/ as de alimentos, a medida que más y más tierras cultivables se destinen a la producción de cultivos para combustibles. De hecho, se calcula que desarrollar BECCS a gran escala requerirá hasta 3 mil millones de hectáreas, es decir, casi el doble de las tierras cultivadas hoy en día en todo el mundo.

Sencillamente no hay suficientes tierras cultivables en el mundo para plantar suficientes cultivos para combustibles sin afectar seriamente la producción de alimentos. Si la BECCS se implementa a gran escala, las tierras de cultivo de las/os productores/as de alimentos cambiarán de uso en tal magnitud que se agravará profundamente el hambre en el mundo. Los precios de los alimentos se dispararán y las comunidades que dependen directamente de la tierra y los ecosistemas locales se verán severamente afectadas. Un cambio de uso del suelo de tales proporciones exacerbará las amenazas ambientales ya existentes, tales como la degradación de los suelos y el estrés hídrico.

Las/os productores/as de alimentos a pequeña escala y las/os campesinos se cuentan entre los más afectados por la crisis del COVID-19, y hemos sido testigos del efecto devastador que ha tenido el acaparamiento de tierras en lo que hace a la capacidad de respuesta de los Pueblos Indígenas frente a la pandemia. Ahora que enfrentamos una crisis alimentaria inminente y de gran envergadura, no podemos darnos el lujo de permitir que la BECCS aumente la vulnerabilidad de nuestra tierra y de los pueblos cuyas vidas y medios de sustento dependen de ella.

El informe especial de 2019 del IPCC sobre el cambio climático y la tierra señala que si se pretende usar la BECCS al nivel “necesario para remover CO2 de la atmósfera al ritmo de varios miles de millones de toneladas de CO2 por año, eso podría “aumentar la presión sobre la tierra” y provocar “degradación del suelo”. El informe también hace hincapié en investigaciones que muestran que emplear BECCS y bioenergía podría dar lugar a que 150 millones de personas más corran riesgo de padecer hambre. 3

3- La BECCS es una tecnología no validada e ineficaz. El problema de la disponibilidad de tierras es sólo el comienzo. Hay muchas interrogantes sin respuesta que ponen en cuestión la viabilidad de la BECCS, particularmente referidas a: la penalidad energética* asociada a la CAC; la cantidad neta de CO2 que podría capturarse; los impactos negativos; su alto costo; los riesgos de fuga. A diferencia de la efectividad comprobada y la absoluta necesidad de ejecutar reducciones verdaderas de las emisiones, la BECCS está plagada de incertidumbres.

4- La BECCS le abre las puertas al sistema corrupto de compensación de emisiones. La compensación de emisiones de carbono significa que una actividad para reducir emisiones o remover carbono de la atmósfera (tal como plantar árboles) está diseñada para “compensar” por las emisiones generadas en otro lugar.

En vez de reducir realmente las emisiones, la compensación de emisiones permite que los contaminadores sigan contaminando. Amigos de la Tierra Internacional se opone a todas las formas de compensación y comercio de emisiones de carbono. 4

Se corre el riesgo de que el carbono retirado o las emisiones reducidas mediante BECCS se contabilicen como “compensación” de las emisiones que siguen generando los países por usar combustibles fósiles. Esto implica que no habría una reducción neta de emisiones, lo que echaría por tierra el objetivo de la BECCS como tecnología de emisiones negativas.

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Video: Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos – ¿Que significa energía?

Con mucha alegría les compartimos el primer capitulo de la serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos.

La serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos nos invita a reflexionar sobre el actual modelo energético y las alternativas que nacen en la búsqueda de un nuevo modelo desde la autosuficiencia. En este primer capítulo participantes de una serie de talleres que llevamos a cabo para la construcción de un biodigestor nos hablan sobre la energía.

Esta publicación es financiado con recursos de de la Rosa Luxemburg Stiftung con fondos del BMZ

Boletín: Crimen, poder e impunidad en los bosques

Compartimos con ustedes el boletín 253 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Noviembre / Diciembre 2020

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: The Corner House, Reino Unido; mujeres activistas en Costa de Marfil, Sierra Leona y Camerún; miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) en Amapá, Brasil; seis mujeres y hombres activistas a lo largo de Indonesia; Land Watch Thai, Tailandia; Dra. Bernice Maxton-Lee; y miembros del Secretariado Internacional del WRM.

Índice

  • Nuestra Opinión: Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son……………………2
  • Legal pero corrupto …………………………………………..4
  • La explotación sexual y la violencia contra las mujeres están a la raíz del modelo industrial de plantaciones …………………………………………………..7
  • El robo organizado de tierras para plantaciones industriales de árboles en Brasil: el caso de
  • AMCE …………………………………………………………………………………….11
  • Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”……………………..17
  • Leyes, crimen y deforestación en el campo tailandés ……………………..24
  • RSPO: la tercerización de la reglamentación ambiental a las empresas y la industria de la palma aceitera ……………………………………………………..28

RECOMENDADOS

  • Tribunal Africano de los Pueblos en contra de las empresas de plantaciones industriales….32
  • 2020: un año de resistencia y rebelión …………………………………………….32
  • Una explicación de los nuevos mercados financieros sobre la destrucción de la naturaleza 32

Nuestra Opinión
Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son

¿Qué es un crimen? Según el diccionario, un crimen o delito es un acto ilegal por el cual alguien puede ser castigado por la autoridad gubernamental. Pero, entonces, ¿qué se considera un ‘acto ilegal’? ¿Y quién decide esto?

Lo que se considera como un crimen o delito, por tanto, siempre va acompañado por lo que no se considera como crimen. Y viceversa.

Son muchas las tácticas y estrategias empleadas para imponer el control de la tierra y las operaciones extractivas en los bosques. Varían tanto como las formas utilizadas para despojar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas de sus territorios, medios de vida y culturas comunales. La mayoría de estas tácticas y estrategias son actos criminales.
Sin embargo, en la percepción pública (y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley), no se los considera criminales y en cambio se los considera legítimos. Esto viene justificado con discursos sobre el “desarrollo nacional”, la “creación de empleo”, el “desarrollo bajo en carbono”, el “progreso”, etc.

El boletín anterior del WRM (1) reflexiona sobre lo que es el mal llamado desarrollo y advierte acerca de las estrategias que utilizan los actores que lo promueven para tomar el control de los territorios. Este boletín se centra en otro lado de esta historia.

El considerar acciones y decisiones particulares de empresas, bancos multilaterales y organismos gubernamentales como no criminales va de la mano de la criminalización de la mayoría de quienes disienten y resisten en el terreno. Quién decide qué debe considerarse criminal y qué no, está muy relacionado con el poder.

En este sentido, la economía capitalista se basa en la opresión estructuralmente racista y violenta de los trabajadores, las mujeres, los campesinos y las poblaciones que dependen de los bosques en el Sur global. Sin embargo, la mayoría de los tribunales y discursos dominantes perciben esta opresión (y los opresores) como legítima o no criminal o no delictiva. Un artículo de este boletín expone cómo la violencia y el abuso contra las mujeres es parte integral del modelo de plantaciones industriales y está en la base de cómo las empresas generan sus ganancias. Este abuso permanece en gran parte invisible para los consumidores e inversores, dejando a los perpetradores cometer sus crímenes sin consecuencias y manteniendo intacto el violento modelo de plantación colonial.

Los actos criminales o delictivos de actores públicos o privados ocurren constantemente en todo el mundo en formas muy diversas y cruzando diferentes capas de las sociedades. Otro artículo de este boletín expone cómo muchas prácticas perfectamente legales pero corruptas son rutina dentro de gobiernos y empresas, y con frecuencia incluso pasan por ‘buena gobernanza’ o son la misión declarada de organismos públicos.

Indonesia es un buen ejemplo. La implementación de la política económica neoliberal a fines de la década de 1960 fue dirigida por un grupo de economistas indonesios que estudiaron en la Universidad de California, Berkeley. Un economista de este grupo, apodado la Mafia de Berkeley, se jactó de haber presentado un ‘libro de recetas de cocina’ a Suharto. El ‘éxito’ de la violencia anti-izquierdista respaldada por Estados Unidos que conmocionó a la opinión pública para aceptar la imposición de un régimen neoliberal de derecha, convirtió el libro de cocina de la mafia en un método portátil. Solo cinco años después de que Suharto asumiera la presidencia, apareció un graffiti en Chile previo al golpe respaldado por Estados Unidos
que derrocó al socialista Salvador Allende. El graffiti decía “Yakarta se acerca”. (2) Ahora parece que Jokowi, el actual presidente de Indonesia, con la controvertida Ley Ómnibus está reabriendo el libro de recetas de cocina de la Mafia de Berkeley. Un artículo de este boletín reflexiona sobre esta Ley y destaca las voces de seis activistas que se han resistido este ‘libro de recetas de cocina’ a lo largo de las islas durante décadas.

Otro ejemplo es el caso de Brasil, donde el acaparamiento de tierras ha sido -y sigue siendo- parte de un fuerte sistema del crimen organizado. Allí, la palabra grilagem se utiliza para referirse a la producción ilegal de títulos de propiedad sobre tierras públicas, dándoles apariencia legal. Una práctica criminal que comenzó en la época colonial con el robo de tierras de los pueblos indígenas y que sigue siendo muy utilizada por el gran capital. Una
entrevista con un miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT, por sus siglas en portugués) reflexiona sobre las tácticas utilizadas por la empresa Amapá Celulose (AMCEL), que es una de las pocas grandes empresas de plantación de árboles en la Amazonía. Las plantaciones de eucalipto con certificación FSC de AMCEL producen y exportan astillas de madera para la industria de la celulosa y para la producción de energía, entre otros a Dinamarca.

Otro artículo de este boletín destaca los actos criminales legalizados que ocurren en Tailandia, donde la prominencia política de los militares y las inclinaciones autoritarias del propio Estado deciden qué es un crimen y qué no. El artículo muestra varios casos en los que la ley se ha utilizado en los últimos años para criminalizar la resistencia de las comunidades que habitan en los bosques contra el acaparamiento de tierras. El artículo
muestra las duras consecuencias para los activistas comunitarios cuando se criminaliza la resistencia con el fin de proteger los intereses del gran capital y de una élite política.

Pero otros actores de la sociedad también influyen en lo que se considera un crimen o delito y lo que pasa como una práctica legítima. Un ejemplo son los sistemas de certificación. Un artículo del boletín muestra cómo el sello RSPO, que emite certificados para plantaciones industriales de palma aceitera con estándares de ‘sostenibilidad’, es administrada por los mismos productores que luego son juzgados por ella. Además, la legitimidad del Estado para establecer leyes se ve debilitada por el argumento de que el mercado debería fijar los estándares de ‘sostenibilidad’. Esto legitima las plantaciones de monocultivos, cuya gestión con demasiada frecuencia implica un crimen tras otro.

Lo que se suele llamar de “violaciones de los derechos de las personas”, por ejemplo, a menudo son lisa y llanamente crímenes que deben ser llevados a juicio. Asimismo, la mayoría de los llamados “impactos diferenciados” que deben soportar las mujeres por la imposición de plantaciones industriales u otras industrias extractivas, deben ser llamados por lo que son: crímenes.

Es hora de llamar a los crímenes y a los criminales por su nombre.
(1) Boletín 252 del WRM, Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación,
https://wrm.org.uy/es/boletines/nro-252/
(2) Lausan, Jakarta is returning: The ‘neoliberal cookbook’ that guides Indonesia’s Omnibus Law,
2020, https://lausan.hk/2020/jakarta-is-returning-omnibus-bills/

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Guatemala: 195 organizaciones denuncian los últimos ataques contra miembros de la Resistencia Pacífica a la mina de Escobal

Compartimos este carta publicada en Fuera Mina Escobal — Solidaridad con la resistencia al Proyecto Escoba sobre el hostigamiento a la resistencia minera – A 21 de enero de 2021

Urge investigación y alto a la interferencia empresarial a nivel local ante el ataque armado y amenazas en contra de miembros de la resistencia pacífica contra el proyecto minero Escobal en Guatemala

Estimados Srs.

Las organizaciones firmantes denunciamos el atentado contra la vida del Sr. Julio David González Arango, miembro de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa en contra del proyecto minero Escobal, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver. La mañana del sábado, 16 de enero de 2021, sujetos no conocidos dispararon al Sr. González en su casa en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa donde también tiene un pequeño negocio de granos básicos. Fue llevado al hospital inmediatamente con heridas graves.

Al día siguiente, otros dos miembros de la resistencia pacífica de Mataquescuintla, el Sr. Juan Eduardo Donis y el Sr. Pablo Adolfo Valenzuela Lima, recibieron mensajes de texto amenazando sus vidas. Las amenazas incluían una referencia explícita al ataque al Sr. González, indicando que ellos serían los siguientes.

El ataque al Sr. González y las graves amenazas en contra del Sr. Valenzuela y el Sr. Donis son la culminación de un contexto cada vez más tenso y peligroso para los y las miembros de la resistencia pacífica y el Parlamento Xinka de Guatemala. Aunque el Sr. González ha sido sujeto de amenazas y fuertes difamaciones por individuos que apoyan el proyecto minero Escobal desde que empezó su resistencia, las agresiones habían aumentado tanto que a principios de diciembre el Sr. González presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos. A raíz de esta denuncia, se intensificaron las amenazas directas contra el Sr. Valenzuela y el Sr. Donis, así como contra Edwin Alexander Reynoso Bran, y el abogado del Parlamento Xinka, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Vale destacar que el Sr. Reynoso ya sufrió dos atentados en 2014 y 2015, en el primero de los cuales fue asesinada su hija, Topacio Reynoso Pacheco, de 16 años quien también era defensora de derechos humanos. El Sr. Reynoso es uno de los 59 representantes acreditados para participar en la consulta ordenada por la corte con el Pueblo Xinka sobre la mina Escobal. El abogado Quelvin Jiménez también ha sufrido amenazas desde que la corte puso en marcha el proceso de la consulta, por las cuales tiene medidas cautelares desde julio de 2019 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde septiembre de 2020, el Parlamento Xinka ha denunciado continuamente la existencia de un grupo que se autodenomina como la “Resistencia Reorganizada de Casillas” y que actúa en contra de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y sus miembros. Este grupo está liderado por un ex guardia de seguridad de la mina Escobal y sus miembros se han dedicado a intentar socavar el liderazgo Xinka en la zona, fomentar mayor división, y generar un ambiente de inseguridad. Miembros de la resistencia creen que este grupo está operando en coordinación con la empresa, y tanto representantes de la empresa como del Ministerio de Energía y Minas se han reunido con el grupo.

Además, durante los últimos meses, el Parlamento Xinka ha estado denunciando que la empresa Pan American Silver sigue entrando camiones a la mina innecesariamente y persistiendo con sus proyectos comunitarios, fomentando tensiones y divisiones sociales, mientras toda actividad minera debe ser suspendida. Así también, el trabajo comunitario que realiza la empresa genera procesos de coacción, violando la característica “libre” de la consulta.

La mina Escobal ha sido suspendida desde junio de 2017, primero por los dos plantones pacíficos permanentes instalados por la resistencia pacífica en las municipalidades de Mataquescuintla y Casillas para impedir el tráfico que se dirige al sitio minero. Además, desde julio de 2017, la mina fue suspendida por orden de la Corte Suprema de Justicia y ratificada por la Corte de Constitucionalidad el 3 de septiembre del 2018. El Tribunal ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevara a cabo una consulta con el Pueblo Xinka cuyos derechos fueron violados por el proyecto minero, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En su decisión, la Corte Constitucional “ha sido enfática en afirmar que un escenario de enfrentamientos, violencia y desconfianza, no coadyuva a que la realización de la consulta sea auténticamente productiva.”

Ante el atentado en contra de la vida del Sr. González, las amenazas en contra de líderes y lideresas, y el aumento de tensiones en la zona:

  • Nos solidarizamos con las exigencias del Parlamento Xinka de Guatemala para demandar una investigación plena e imparcial por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público con respecto al ataque en contra de la vida del Sr. González.
  • Exigimos que se realice una investigación completa e imparcial por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de las amenazas del 17 de enero contra los Sres. Donis, Valenzuela, y las graves amenazas contra los Sres. Reynoso y Jiménez.
  • Instamos al Procurador de los Derechos Humanos a que tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de Julio David González Arango, su familia, la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y el Parlamento Xinka de Guatemala. Urge que se establezcan las medidas de seguridad, según lo que pide el Sr. González y su familia, para garantizar su seguridad.
  • Solicitamos a las autoridades correspondientes continuar observando que se cumpla la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 4785-2017, para que se garantice su carácter libre y de buena fe del proceso de consulta antes, durante y después de la pre-consulta y consulta al Pueblo Xinka.
  • Exigimos a Pan American Silver que confirme la orden de la Corte Constitucional deteniendo su trabajo de relaciones comunitarias, las cuales son una parte innegable de las «operaciones de la mina» y contribuye al aumento de las tensiones en la región y a la inseguridad de sus residentes.
  • Llamamos a la comunidad nacional e internacional a que presten especial atención a la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades del Pueblo Xinka y las personas defensoras de la Resistencia de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa que se manifiestan pacíficamente en defensa de la vida.

Atentamente,

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Imagen: Acoguate

¡Otro Artero Crimen contra un Defensor del Territorio en Oaxaca!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de enero de 2021

Fidel Heras Cruz presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, Oaxaca, y miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, fue asesinado este sábado 23 de enero a la entrada de la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques les significa a éstos un gran negocio a costa de los bienes comunales de los pueblos circunvecinos. En Paso de la Reyna, la concesión para la extracción de este recurso la ostenta la familia Iglesias, caciques de larga data que, junto con la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec: Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar la extracción, no obstante, ante el incumplimiento del convenio suscrito previamente y los adeudos en el
pago, el ejido solicitó a su presidente que exigiera el pago del adeudo. Las amenazas previas que recibió Fidel Heras Cruz por parte de la familia Iglesias bien puede ser la hoja de ruta para esclarecer este artero crimen, sin descartar su papel como activista contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

Exigimos se atienda con la debida diligencia la solicitud de las Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para que el Gobierno Estatal y a la Fiscalía del Estado de Oaxaca esclarezcan el móvil del asesinato y se tomen las medidas cautelares de protección tanto de las autoridades municipales como de las autoridades agrarias.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Convocan a jornada de protestas a dos años del asesinato de Samir Flores

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre la jordana por el 2do aniversario del Defensor Samir Flores – 21 de enero de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala convocó a una jornada de protestas para exigir justicia a dos años del asesinato del defensor Samir Flores y para proponer acciones contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y en defensa de la vida.

Al reafirmar su postura contra el PIM, el FPDTA señaló que el apagón del pasado 28 de diciembre en varios estados del país «dejó en evidencia dos de las principales mentiras del gobierno federal y la CFE (Comisión Federal de Electricidad) sobre la necesidad de echar a andar la termoeléctrica», que forma parte del megaproyecto junto con un gasoducto y un acueducto.

Los defensores del Frente explicaron que el sistema nacional eléctrico está interconectado, «por lo que da igual si existe una termoeléctrica en Morelos o no», además de que «no es necesaria la generación de más luz», pues el apagón fue resultado de un «‘desbalance en el sistema interconectado nacional’ debido al desequilibrio entre la energía que se está consumiendo y la que se está generando».

«Es ridículo e ilógico entonces que en plena crisis climática y sanitaria se busque generar más electricidad a costa de afectar la salud de la población de Huexca y comunidades vecinas», aseguró el FPDTA en un comunicado, en el que incluyó entre las afectaciones del PIM el impacto en la economía y la producción campesina, el despojo del agua del río Cuatla para la industria y el riesgo a la población que habita en la zona de influencia del volcán Popocatépetl por el funcionamiento del Gasoducto Morelos.

Por otra parte, el Frente de Pueblos denunció las amenazas contra los defensores que mantienen el plantón frente a la termoeléctrica de Huexca desde el pasado 12 de diciembre, donde han documentado la entrada y salida diaria de decenas de elementos de la Guardia Nacional, el ejército mexicano y la policía estatal, municipal y privada.

Los defensores indicaron que personal del ejército mexicano y la policía privada ha tomado fotografías, apuntado con sus armas y preguntado especialmente por la activista Teresa Castellanos, integrante del Comité Huexca en Resistencia, lo cual, señalaron, representa «un grave riesgo sobre nuestra compañera.

Por ello, el FPDTA convocó a todos los pueblos a unirse a la jornada de protesta y propuesta contra los megaproyectos que comenzará el próximo 20 de febrero, en el marco del segundo aniversario del asesinato del defensor y comunicador nahua Samir Flores.

A continuación el comunicado completo:

Comunicado FPDTA-MPT. Samir a 23 meses de tu asesinato nos hermanamos con otros mundos para construir justicia

• Apagón de CFE muestra que no es necesaria la termoeléctrica

• Llamamos a una jornada de acciones de protesta y propuesta, a dos años del asesinato de Samir, contra la muerte que significan los megaproyectos y por la vida de nuestro planeta.

Samir:

Son 23 meses que han pasado después del cobarde asesinato que te quito la vida en medio de un discurso falso y mañoso de consulta por parte de López Obrador, el mismo discurso falso y mentiroso que dijo el 10 de septiembre de 2020 que todos los amparos estaban resueltos y que ya no había problemas para comenzar el funcionamiento del Proyecto Integral Morelos, mandando a la Guardia Nacional el 23 de noviembre para desalojar el digno campamento zapatista de Apatlaco, comprando conciencias de representantes agrarios para simular un acuerdo en que el agua que se ocupa para el campo sea ocupada para una innecesaria termoeléctrica.

Tu sabes bien que la necedad y ambición del capital no tiene ojos, oídos, ni mucho menos corazón, el pasado 28 de diciembre se generó un apagón en gran parte del territorio nacional desde Nuevo León pasando por la Ciudad de México hasta Quintana Roo, lo que dejo en evidencia dos de las principales mentiras del gobierno federal y CFE sobre la necesidad de echar andar la termoeléctrica: 1. El sistema nacional eléctrico está interconectado, por lo que da igual si existe una termoeléctrica en Morelos o no, todo el sistema es uno solo y lo que se genera en el norte, repercute en el sur del país, de nada importa si Morelos es el único estado que no produce luz, máxime si es uno de los estados del centro que tiene una amplia producción agrícola, los costos de transmisión eléctrica son mínimos porque la CFE es dueña de la red y ésta de por sí existe y está interconectada; 2. No es necesaria la generación de más luz, pues el apagón se dio por un “desbalance en el sistema interconectado nacional” debido al desequilibrio entre la energía que se está consumiendo y la que se está generando, resultando que se estaba generando más energía de la que se consume, es ridículo e ilógico entonces que en plena crisis climática y sanitaria se busque generar más electricidad a costa de afectar la salud de la población de Huexca y comunidades vecinas, afectar la economía y producción campesina en Ayala despojando de agua para el campo pretendiendo ocuparla para la industria y matar el agua, a costa también de poner en mayor riesgo a cerca de un millón de personas que habitan en la zona de influencia del volcán Popocatépetl con el funcionamiento del Gasoducto Morelos.

La razón, Samir, está de nuestro lado y lo grita a cada momento, con la actividad del volcán, con la oposición de los pueblos, con su lucha por la autodeterminación, hoy, hasta con un apagón. Pero las mentiras del gobierno irracional se escuchan más en la población en general, porque ellos tienen todos los medios para difundirse, hasta ocupan intelectuales que se decían a favor de los pueblos y pasaron toda su vida defendiendo la sabiduría campesina, para hoy decirnos ignorantes, temerarios, busca pleitos, radicales de izquierda, conservadores, todo por no estar con el nuevo capataz que pregona un discurso falso de cuarta transformación.

Por eso, a un mes de cumplirse 2 años de tu asesinato, nos estamos alistando para realizar acciones en tu memoria y en la defensa de la vida, el agua y el territorio en general, LLAMAMOS A TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO A DONDE LLEGUE TU PALABRA Y EJEMPLO PARA QUE EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE TU ASESINATO REALICEMOS JORNADAS DE PROTESTA CONTRA EL MAL GOBIERNO Y LA FALTA DE AVANCE EN ENCONTRAR A TUS ASESINOS Y, ACCIONES DE PROPUESTA PARA SEGUIR DEFENDIENDO LA VIDA ANTE EL IRRACIONAL CAPITALISMO SALVAJE QUE DESGOBIERNA EN EL MUNDO.

Nos alistamos para que, junto con el Congreso Nacional Indígena y el EZLN viajemos a Europa y conozcamos a otros mundos y espacios que luchan como tú, como nosotros, por la vida y contra el capital. Nos alistamos para continuar con la defensa contra el Megaproyecto de Muerte Integral Morelos en espacios como el plantón de Huexca que se instaló desde el 12 de diciembre enfrente de la termo y que, día con día, es testigo y víctima de lo que se ha convertido, no en un proyecto energético del pueblo, como dice el mentiroso de Obrador, sino en el Cuartel Militar de Ciclo Combinado, con la entrada y salida diaria de decenas de elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Municipal y Privada, 5 fuerzas represivas que se presentan amenazantes contra tus hermanas y hermanos porque le tienen miedo, pavor, a la dignidad, y es que no la entienden, nunca la entenderán y nunca sabrán la fuerza que existe detrás de ella. De esta forma, personal del ejército mexicano y la policía privada ha tomado fotografías, apuntado con sus armas y preguntado especialmente por Teresa Castellanos del “Comité Huexca en Resistencia”, existiendo un grave riesgo sobre nuestra compañera el cual hoy denunciamos.

Aquí seguimos Samir, resistiendo, rebelándonos contra la muerte, por la vida, hermanándonos, construyendo justicia, porque sabemos que de arriba nunca va llegar, la justicia la construimos los pueblos, pero sí, queremos que se sepa y castigue a los responsables de tu vil asesinato.

Aquí seguimos y aquí sigues, en nuestro corazón guerrero, que grita y no se cansa de latir:

¡Samir y Zapata viven, la lucha sigue! ¡Vida sí, termo no! ¡Agua sí, termo no! ¡Vivan nuestros guardianes Samir, Zapata y Don Goyo, muera el Proyecto Integral Morelos!

T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Imagen: Colectivo Colmena

Más información:

Oaxaca: Asesinan a Fidel Heras Cruz defensor comunitario de Paso de la Reina

Compartimos este comunicado de Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER. y Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA Oaxaca – A 24 de enero de 2021

Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.

En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.

La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.

En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.

Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.

“Ríos para la vida, No para la muerte”

Atentamente

Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii

Imagen:

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LEGALIDAD NO ES JUSTICIA – Ante la negación de amparo a comunidades frente la megaminería tóxica

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de enero de 2020

En un mundo que no esté al revés, la vida de cualquier individuo, comunidad o territorio, sea o no indígena, merece respeto. Merece que no se le despoje y que no se le atropelle. Un Estado que permite el despojo y lo justifica es un Estado diseñado para el atropello.

Para cualquier ser vivo, cualquier modelo de “desarrollo” basado en el despojo, en la extracción de sus medios de vida, es un atropello. Y eso, aunque la devastación y saqueo han sido parte de un proceso continuo a lo largo de la historia y siguen siendo tan comunes que se ven como algo “natural”.

En un mundo que no esté al revés, quien atropella no debe quedar en la impunidad. Y una Ley que justifica y permite el despojo debe ser erradicada por injusta. Y los legisladores y jueces que han hecho del despojo una Ley no deben quedar en la impunidad. Aunque sea insuficiente, saludamos que funcionarios de la Semarnat se atrevan a asomar la cabeza y sugerir con diplomática moderación lo que tenían que haber planteado sin ambages desde hace años, o al menos desde el inicio de este sexenio: algo tan elemental como que la ley debe de respetar la integridad ambiental. Hay que animarlos a que se atrevan a más, que es lo menos: a exigir y a ocuparse de lleno en que la Ley Minera sea sujeta a una transformación profunda, no importa si esa transformación es la primera o la quinta.

En un mundo que no esté al revés, haciendo a un lado cualquier moderación diplomática ante la estructura jurídica actual y ante el poder del capital, es una responsabilidad básica el que todas las dependencias del Estado, cada una desde su respectivo ámbito, sea el de la salud, el ambiental, el educativo, el económico, el cultural, desde todos los ámbitos, se exijan a sí mismos, de entrada y en su propio desempeño y el de sus funcionarios, y a todo el sistema en su conjunto, el respeto a la vida y al futuro de los habitantes de este país, sean o no indígenas, y el respeto a la vida en su conjunto y al futuro de sus territorios sin discriminación étnica, de género y de clase, como un postulado fundamental ya impostergable. Sin ese acuerdo plasmado en hechos, no hay Estado que valga.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo

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