Defender el medio ambiente, la práctica más insegura en el mundo

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020

Los defensores del medio ambiente sufren la mayor cantidad de agresiones, según Front Line Defender, una organización internacional de Derechos Humanos. En México el impulso a megaproyectos de desarrollo desde el gobierno federal aumenta su vulnerabilidad

Texto: Arturo Contreras Camero

Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.

En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos fueron asesinadas en el mundo.

América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente. En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por  Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.

Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad, pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia. 

Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado de alguna manera por las agresiones 

Destruir el medio ambiente para combatir la pobreza 

Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una política de combate a la pobreza a través de la creación de megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país. Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso tienen a estas comunidades. 

“El continente fue testigo de la creciente privatización de los servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.

Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”. 

Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”. 

La deuda con las mujeres

En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres, aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de Front Line Defenders.

“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos por defender a personas defensoras de  derechos Humanos, impulsando estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.

Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen en el país. 

Los defensores migrantes, la otra alerta

A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante. Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a los que los defienden.

Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de personas y fueron detenidos sin pruebas. 

“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”, aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT. 

El ejemplo de Nahuatzen

Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”. 

De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente por defender el ambiente. 

“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible. Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en este año”, dijo el representante de la comunidad. 

“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Oaxaca: Pueblo zapoteco de Calpulálpam gana amparo donde se cancelan todas las concesiones mineras en su territorio

Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)

Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este mandato judicial federal.

Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce, hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.

En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la minería”.

Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.

Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época prehispánica.

La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.

En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.

Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los intereses de particulares.

Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido discriminación y racismo en la impartición de justicia.

Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.

“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.

El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen 30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.

Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.

Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las concesiones”.

“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.

Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna institución han hecho absolutamente nada”.

Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.

Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF

Más información:

Activistas y organizaciones del país condenan agresión hacia familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo y no sumamos a las exigencias de cese al hostigamiento hacia el comité de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la caravana de búsqueda de los 43 en su paso por Tuxtla Gutiérrez- A 16 de febrero de 2020

A más de 5 años del crimen de Iguala, vemos con preocupación que lejos de presentar resultados claros al reclamo general por los 43, sea la violencia de Estado la única que se imponga.


Organizaciones y activistas de todo el país exigieron un cese al hostigamiento en contra del comité de padres y madres de los 43 y normalistas en su Caravana en Búsqueda de los 43 y repudiaron la violencia hecha por el Gobierno del Estado.

Denunciaron que los ataques perpetrados por cuerpos policiales ponen en riesgo la integridad de las familias de los 43, las revictimiza y atenta contra una de las causas que convocan a la nación bajo el reclamo de verdad y justicia.

Por lo que demandaron al gobierno federal y estatal que garanticen el libre tránsito, el derecho de organización y de protesta del comité y de los estudiantes.

Marcha de Padres de las 43 en Tuxtla Gutierrez 16 de febrero del 2020

También hicieron responsable al gobierno estatal y federal de la integridad de las personas heridas, de los normalistas rurales y de los familiares de los 43.

Reafirmamos nuestra solidaridad incondicional con la lucha por la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

Organizaciones: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, , Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII Oaxaca, CNTE-SNTE, Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina “Oscar Arnulfo Romero”, Comunidad Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex, Consejo Supremo Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), La Colectiva Diversa, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Unidad Proletaria Pedregal de San Nicolás A.C. UPPESAN, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Búsqueda y Rescate Fundación ‘A’, Mujeres para el Diálogo, Colectivo Solecito Veracruz, Colectivo Solecito Córdoba, Colectivo Solecito Cardel, Colectivo Solecito Xalapa, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, Movimiento en Defensa de la Madre Tierra y La Vida -Nuevo León, COMCAUSA, Colectivo Tierra y Libertad (Mich) , Frente contra la Militarización ( Cd. Juárez. Chih), Red de mujeres que luchan en León, NIMA Centro de derechos humanos de niñas niños y adolescentes en Guanajuato, Colectivo Colibrí.

A título individual: Raúl Vera López (Presidente del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de la Casas-Chiapas), Javier Sicilia Zardain, María Herrera Magdaleno, Araceli Rodríguez Nava, Juan Carlos Trujillo Herrera, Félix Hernández Gamundi, Jorge González de León, Magdiel Sánchez Quiroz, Rosa María Garza Marcué, Johan Gordillo García, Gabriela Hernández, Hildelisa Preciado, Norberto Pérez, Leticia Gutiérrez, Ma. Elena López, Dalia Ruiz,Martín Hernández,Carmen Mendoza, Mariana Gómez, Norma Garduño, José Luis Mariño, Maricarmen Montes, Alfonso Lejia Salas, Elizabeth Alejandre, Lourdes del Villar, Angeles González, Marisa Rodríguez, Graciela Tapia, Bertha Vallejo, Virginia Bahena, Leonor Aída Concha, Rosa Barranco, Romeo Cartagena, Julieta Mellano, Carolina Avilés Junco, Alfonso Ávalos Barajas, Salvador Rosas Octaviano, Mayra Zamaniego, Iván Martínez Zazueta, José Morales Vázquez, María de la Paz Quintanilla, Juan Aguado Franco, Sergio López Zunun, María de los Ángeles García Alfaro, Fernanda Tomasini, Alfredo Velázquez Lara, Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez, Alfonso Anaya, Claudia Sandoval, Cristina Steffen, María Teresa Cervantes, Jacinta Contreras,Héctor Capistran Díaz, Leticia Palma, Walter Martínez, Rosalía Castro Toss, Fernanda Barragán González Luna, Donovan Mendoz Villarreal, Fabiola Sánchez Quiroz, Carlos Adrian Cisneros González, Jessica Alcázar Romero,Nancy Orzoco Cruz, Daniel Orozco Rangel, Juana Vera Vera, Ricardo Jiménez Torres, Enrique Tellez Pacheco, María de Jesús Severo Romero, Carlos Olivares Valencia, Fernanda Severo Guzmán, Itzel Grijalba Pérez, Rafael Ramos Eusebio, Jose Guillermo Garcia Alfaro, Greysi Estefani Utrilla Arguello, Eloisa Alfaro Morales, Cesar Luis Garcia Alfaro, Carlita del Rosario Aguilar Jimenes, lino Vasconcelos Díaz, Angel Garcia Trujillo, Kaisia Martínez Mercado, Celia Edith Sedeño Omaña, David García Victoria.

CNDH, Sanchez Cordero y Encinas condena agresión del Gobierno de Chiapas contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

*Exhortó al gobierno federal, estatal y municipal a eliminar estas prácticas de represión que atentan contra el derecho a la libre manifestación y son evidencia de una política violatoria de derechos humanos.

*Por los actos violentos, fueron heridos dos madres de familia de los 43, 4 estudiantes y 1 policía.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de violencia en contra de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno de Chiapas a escasos metros de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”.

Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Chiapas esta mañana, como parte del recorrido que realizan por los estados del sur del país. Al arribar, fueron recibidos por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en el marco de las protestas que realizan, bloquearon el libramiento norte de la ca

En respuesta, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) los desalojaron, lo que dejó el saldo de un estudiante con herida en la cabeza, provocada por una granada de gas lacrimógeno que le golpeó de manera directa. También hay personas intoxicadas.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

Al mismo tiempo, la Secretaria de Gobernación y Ex-Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, desde su red social condenó el hecho:

Asimismo, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación condenó los hechos.

Ante ello, el organismo solicitó medidas cautelares para los alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”, a los familiares de los 43 Normalistas de Ayotzinapa y a integrantes del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”.

La CNDH aclaró que si bien es de competencia estatal, asumió el compromiso de revisar las circunstancias de los hechos ocurridos la mañana de este domingo 16 y en el que resultaron heridos varios integrantes de la Caravana

Para la CNDH no existe cabida a ninguna expresión que atente en contra del derecho a la libre expresión y menos si se ejercen métodos violentos y de represión, por lo que acciones represivas como las cometidas por policías del gobierno de Chiapas en contra de los familiares y organizaciones que forman parte de la denominada “Caravana Sur en Busca de los 43”, merecen un atento llamado a detener cualquier estrategia de contención que exponga la vida y la dignidad humana de los manifestantes, mencionó la CNDH en un comunicado.

El Organismo nacional informó que ha iniciado una queja de oficio; sin embargo, la CNDH estará cercana en la investigación de los lamentables hechos en los que resultaron heridas varias personas integrantes de la Caravana.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

La mayor cervecera del mundo viola el derecho al agua en Baja California

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre las conseciones de agua a grandes empresas extractivistas – A 9 de Febrero de 2020

Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Baja California y a la Conagua por violar el derecho humano al agua de los pobladores de Mexicali alcanzó a la cervecera Constalleation Brands. La CNDH hizo un llamado a proteger el acceso al agua de la población 

Texto José Ignacio De Alba

La instalación de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali. Esa es la conclusión que se desprende de la recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual está dirigida a la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Baja California .

La recomendación hace énfasis en las irregularidades de una entidad federal y otra estatal para permitir a la mayor cervecera del mundo instalarse en un área con escasez de agua. 

Esta es la primera recomendación emitida por la CNDH desde que Rosario Piedra Ibarra se encuentra al frente de la institución.

El documento señala que la “La Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y la legislación en materia de agua del estado de Baja California presentan insuficiencias que obstaculizan el acceso al agua para el consumo personal y doméstico”.

Mexicali se encuentra en una zona desértica de clima seco, con poca vegetación, “con acuíferos sobreexplotados, vedados y con un río sujeto a un Tratado Internacional desde 1944 para su control”, dice el texto.

La CNDH señala que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Baja California Norte deben privilegiar el acceso al agua de la población, antes que el uso comercial. La propia comisión estima que para elaborar un litro de cerveza se requieren 6 de agua.

Abusos empresariales

Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100 marcas de vinos, licores y cervezas. En 2013 la compañía compró Grupo Modelo, la empresa cervecera más importante de México. 

Constaleation Brands tiene plantas de producción en Nava, Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. Las actividades de la Empresa se orientan fundamentalmente a la producción de cerveza para su exportación y posterior distribución en los Estados Unidos, de ahí la necesidad de realizar sus procesos industriales en puntos estratégicos de la frontera con ese país.

México es el cuarto exportador de bebidas alcohólicas en el mundo, el principal lugar de destino es Estados Unidos.

En Mexicali el proyecto ha tenido descalabros desde que se anunció su instalación en 2015. Primero fue la movilización campesina que se desenvolvió en uno de los movimientos ciudadanos más importantes de los últimos años en Baja California, con el llamado Mexicali Resiste. Desde entonces la empresa ha sufrido retrasos para concluir la obra.

Sigue el apoyo gubernamental a la cervecera

León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, explica en entrevista telefónica que “la CNDH no es la institución que nos va a garantizar el acceso al derecho al agua, pero si es un un punto de apoyo. Porque todas las instituciones le estaban dando la venia a la empresa”.

Fierro relata que el gobierno morenísta de Jaime Bonilla y el gobierno federal siguen apoyando la instalación de la cervecera. A pesar de la recomendación, explica, las acciones contra la instalación de la empresa continúan:

“Seguimos analizando las vías jurídicas, seguimos con movilizaciones, estamos articulándonos a nivel nacional. Estamos con la iniciativa Agua Para Todos, queremos una ley que permita la democratización del acceso al agua; no solo a los empresarios y sus representantes, en los partidos políticos”.

Fierro explica que pese a las movilizaciones sociales, Constellation Brands mantiene irregularidades en la forma de obtener permisos. Incluso asegura, que no se ha establecido la cantidad de agua que consumirá la empresa. La propia CNDH señala la necesidad de que la Conagua “haga públicas las cesiones de derechos tramitadas ante esa autoridad, por parte de la Empresa”.

Hasta el momento hay, al menos, 30 integrantes de Mexicali Resiste  con procesos judiciales por oponerse a la instalación de la compañía, explica Fierro.

Entre las recomendaciones de la CNDH a Conagua y al gobierno de Baja California Norte se pide el diseño de “un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, mismo que deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos”.

Imagen: Proceso 2018

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Guadalajara: Hershey’s, Nestlé y Honda, entre las 29 empresas que contaminan el río Santiago

Compartimos esta nota publicada en Proceso – A 5 de febrero de 2020

Por Gloria Reza M.

GUADALAJARA, Jal. (apro).– El gobierno de Jalisco detectó que 29 empresas contaminan el río Santiago al descargar aguas residuales que incumplen con los parámetros que marca la norma.

La coordinadora de Gabinete de Gestión Integral, Patricia Martínez, informó que, en un recorrido por la cuenca del río Santiago, localizaron 500 puntos de descarga de aguas residuales y tomaron muestras de 150 de ellas.

Entre las 29 empresas que arrojan contaminantes están Hershey’s México, Nestlé, Urrea Herramientas y Honda.

El informe será entregado el viernes a Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, para que tome las medidas necesarias.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, (Semadet), Sergio Graf, recordó que el control, inspección y vigilancia de las descargas peligrosas de la industria es atribución de la federación.

El funcionario estatal agregó que al estado sólo le corresponde supervisar al interior de las plantas que descargan residuos no peligrosos o agropecuarios, entre ellas las tequileras que generan las vinazas.

Realizan recorrido por el río Santiago

Este miércoles, el gobernador, funcionarios de su gabinete, empresarios, activistas y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, realizaron un recorrido por diferentes municipios para demostrar al ombudsman que el Estado sí trabaja para abatir la contaminación del río Santiago.

El pasado domingo, Hernández Barrón anunció que harían una segunda macro recomendación sobre el saneamiento del río Santiago.

En respuesta, Enrique Alfaro retó el lunes a Hernández Barrón y a “opinadores” a acudir a una “macroexcursión” para supervisar las inversiones millonarias de su gobierno en el vaso lacustre.

El recorrido incluyó el municipio de Ixtlahuacán, donde se clausuró la tequilera Los Valores.

En el trayecto, realizado en tres autobuses, el gobernador anunció que firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar que continúen las descargas de agua contaminada en el río Santiago-Lerma, que cruza cinco estados.

Mencionó que se reunió con la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, “para pedirle que haga su parte”, ya que Jalisco no puede intervenir para que en las otras entidades eviten descargas.

Además, se solicitará a la dependencia federal acceso a los recursos que se cobran por descargas en Jalisco, para poder financiar la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado.

Imagen: Proceso

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Coca Cola recorre Chiapas en búsqueda de mantos acuíferos

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre la exigencia que la refresquera salga de San Cristóbal en marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua – A 5 de Febrero de 2020

Por Andrés Domínguez

Alma Rosa Rojas, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, afirmó que la empresa FEMSA-Coca Cola ha visitado diversos municipios en los últimos meses con la intención de identificar afluentes de agua; materia prima para la producción de refrescos embotellados.

En el marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua, la ambientalista comentó que ese esfuerzo busca garantizar el derecho humano al agua bajo principios de equidad y sustentabilidad, por ello, esta lucha se ve clara en San Cristóbal con el control del vital líquido de la empresa, así como en otros sitios que requieren grandes cantidades para minería, agroindustria, empresas lecheras, cerveceras y refresqueras.

“Esta iniciativa de alguna manera demuestra esperanza, hay muchos colectivos, pueblos y organizaciones que buscan acercarse al agua y no permitir que sea CONAGUA, sino la federación quien detalle los procesos de aprovechamiento. Se está dejando a la gente sin agua” explicó.

En este contexto, Rosa Rojas afirmó que FEMSA-Coca Cola mantiene un permiso de extracción de un pozo profundo hasta el 2030. Sobre el aprovechamiento, Otros Mundos, ha señalado que la empresa extrae 1.3 millones de litros al día de San Cristóbal de las Casas.

En diciembre pasado, Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México se pronunciaron en contra de otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas, así como no organizar consultas simuladas y manipuladas sobre megaproyectos. Sin embargo, la propia empresa desmintió tal intención.

“Coca Cola gestionó un permiso para perforar, pero la idea era saber si el acuífero tenia agua, eso fue lo que nos dijeron vía solicitudes de transparencia. Si se autorizó la perforación, pero era solo para ver los niveles” ahondó sobre este punto la activista.

Además, Rosa Rosa comentó que en los últimos dos o tres años, la empresa ha buscado otros sitios para encontrar mantos acuíferos, tal es el hecho de la Laguna de la Candelaria, en San Cristóbal de las Casas.

“Es una laguna sagrada, varias comunidades, incluso Huixtán y Tenejapa se abastecen de ella, llegó la empresa pero la gente se organizó” mencionó.

Hace unas semanas, por el municipio de Marqués de Comillas, en el corazón de la Selva Lacandona, se documentó que la empresa realizó el mismo sondeo, sin embargo, los pobladores no le permitieron la entrada.

Por último, la activista reconoció que si bien la demanda por la salida de la empresa no es de todo el municipio de San Cristóbal, ya que existe una fuerte demanda por el consumo e interés que se trastocan. “Somos grupos sensibles, buscamos se le retire la concesión por el daño que implica la extracción” finalizó.

Fotos: Un grupo de San Cristóbal de las Casas se manifestó a las afueras del Senado de la República para exigir la salida de la empresa. 4 de febrero 2020

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Minera canadiense lleva 12 años contaminando el agua y dañando los cultivos, acusan en Durango

Compartimos esta investigación especial publicada en Sin Embargo sobre los daños ocasionados por la Minería – 19 de enero de 20202

La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.

Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.

Por Jesús Peña 

Durango, 19 de enero (Vanguardia).– Desde arriba del gran bordo donde descansa la vía del ferrocarril, con sus recios rieles y sus toscos durmientes, se ve un vasto campo sobre el que se extiende una afelpada y verde alfombra de alfalfa, que en el ocaso estepario da la sensación de estar en un paraíso.

Debajo del puente, por el que transita el tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón.

Y todo aquí da la impresión de estar en el edén, la tierra prometida, un vergel.

Parece un vergel, de no ser porque las aguas que bajan por esta rivera caudalosa y clara, son las aguas contaminadas con arsénico, y otros metales pesados, como el plomo y el zinc, que provienen de la mina La Platosa.

Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje, (entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen sin malicia en los establos de la Región Lagunera.

Los procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de arsénico y conseguir agua es complicado en este ejido. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.

Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.

Además de una cansada disputa por el territorio, entre el ejido y la minera, que comenzó en 2012 y aún se libra en los tribunales.

La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe, donde no hay pavimento ni drenaje, sólo el recuerdo de una planta purificadora de agua que ya no funciona y unos talleres de carpintería y costura que están parados por falta de dinero.

En La Sierrita, la mayoría de la gente, unos 100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción.

“Hay una página de la Excellon que dice que el Ejido La Sierrita es ejemplo a seguir en Durango. No es cierto, estamos jodidos, estamos en la ruina”, dirá Carlos Godoy Rivera, el secretario del comisariado ejidal de este poblado.

“Esa tierra ya no sirve, porque ya tiene más de 10 años que se riega con esa agua. Pa producir buena alfalfa, buen maíz, ya no. Trae muchos metales, minerales, mucho arsénico, mucha sal, mucho plomo, zinc. No está tratada. Es agua contaminada y está contaminando las tierras, los pastos, la alfalfa, el maíz, la avena, el trigo, todo se está contaminando aquí”.

Dice César Pulido Barrón, ejidatario y presidente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita, mientras señala a lo lejos, desde lo alto del bordo del ferrocarril que va y viene de Ciudad Juárez a Torreón, las campiñas y campiñas tapizadas de forraje que conceden al paisaje desértico una belleza inusitada.

César denuncia que la minera Excellon Resources Inc vende el agua contaminada con arsénico, plomo y zinc, a unos 13 pequeños propietarios, (agricultores productores), socios de las grandes empresas lecheras en La Laguna tales como Lala, Chilchota, Alpura.

Unos 100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

Al respecto un empleado de una reconocida empresa lechera, que pidió no ser identificado, corroboró de manera extraoficial la versión de los ejidatarios, al ratificar que una parte del agua de la mina la Platosa es utilizada por más de una docena de agricultores productores, socios de varias compañías lácteas de la región.

“Desde luego se hace en el marco de la ley, no hay perjuicio a ningún tercero y sólo se utiliza una parte de total disponible”, dijo la fuente.

Y deslindó a la firma que representa, de toda responsabilidad sobre el manejo que sus socios agricultores productores hacen de sus negocios.

“Cada socio tiene la gestión que le puede convenir más para su negocio en términos de compra de tierra, compra de forrajes, derechos de agua y noria, y cada uno puede responder de lo que está haciendo bien o, en su caso, de lo que está haciendo mal…”.

“Eso lo puede hacer la canadiense – dice Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero –, gracias a que en la ley minera, cuando una mina encuentra agua la norma dice literalmente que puede utilizarla conforme a los intereses que le empresa defina y ahí lo que definieron fue echarla para afuera, porque obviamente si no sacan esa agua no pueden sacar la plata que está allá abajo. Hay empresas que hacen contubernio con la minera para que les dé esa agua y meten forraje para la industria de todo el corredor de Tlahualilo, que es muy grande. No sólo es la minera como tal, sino que se va encadenando a otros megaproyectos como la producción de forrajes que luego cae a otros intereses vinculados a esa zona, que tienen que ver con la cuenca lechera”.

Un estudio realizado por Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua, señala que el volumen de líquido que sale de la mina, como resultado de su laboreo, asciende a unos dos mil metros cúbicos por segundo, cantidad que bastaría para surtir a Gómez Palacio, Durango, y de paso a otros municipios.

“Se dice fácil, pero si lo vemos en una zona desértica es mucha agua. La Platosa es un proyecto que agota el acuífero principal, una mancha que viene de una seria de fracturas de la Sierra de Bermejillo. Y según lo que hemos detectado toda esa sierra está formada por grandes cavernas de yeso. En todas esas grandes cavernas primero está el yeso y luego viene la plata. Ellos dicen que no va a pasar nada, pero sí pasó y la Semarnat les dio permiso: un barreno rompió esas capas, rompió lo que teóricamente son grandes cavernas que por millones de años llenaron esas sierras calizas que son las fuentes de que se alimenta el acuífero principal”.

Un documento relativo a un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, promovido por la empresa Excellon Resources Inc. y publicado en internet, dice que, “se han detectado estructuras como fallas rellenas con yeso, cavidades y cavernas de varios metros de ancho…”, y más adelante dice, “el área se ubica dentro de la unidad hidrológica denominada acuífero principal, región lagunera, en una zona de veda y en donde se presentan dos componentes: uno somero, que manifiesta aportaciones a profundidades de entre 20 y 30 metros de escurrimientos asociados a infiltraciones de recientes periodos de lluvia; y un componente profundo del orden de 150 metros, en el que el agua subterránea presenta concentraciones minerales que le dan un carácter químico no apta para fines de consumo humano”.

Semanario colectó una muestra de las aguas de la Platosa y las llevó al Laboratorio de Análisis Químico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, (IPN), en Ramos Arizpe.

La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

El examen arrojó que dicho líquido contiene 0.468 microgramos de arsénico por litro de agua, cuando lo permitido por la norma nacional es de sólo .025.

César dice que hace algunos años habitaban en esta sierra, la sierra de Bermejillo, Durango, donde se encuentra asentado el ejido, manadas de venados, jabalíes y otros animales silvestres, sin embargo, muchas de estas especies han perecido tras beber las aguas del arroyo contaminadas con metales pesados que extrae la minera de la mina y derrama, sin permiso, en tierras de la comunidad.

En un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, difundido en la red, se lee que entre la fauna que caracteriza a La Sierrita, Durango, se encuentran el águila real, aura, cenzontle, correcaminos, conejo, coyote, gato montés, liebre, víbora de cascabel, zorro, ardilla, cacomiztle norteño, rata cambalachera y ratón, “(….), poco vistas, posiblemente, debido a las perturbaciones por las explosiones mineras realizadas en el área, el movimiento en la zona de cultivo de la zona de influencia o por el tráfico continuo en la carretera, lo que ha ocasionado el desplazamiento de la fauna hacia mejores condiciones del hábitat y menos perturbaciones”.

Y más abajo señala que “la acción de desmonte provoca que la relativamente escasa fauna silvestre menor presente en la zona, se desplace a sitios con menos perturbaciones cerca del área del proyecto, afectando su comportamiento y dinámica poblacional por la migración”.

Esta contaminación, provocada por la minera, ha ocasionado también la muerte de vacas y cabras propiedad de los ejidatarios, que al no encontrar abrevaderos en la sierra, se sacian con el líquido letal derramado por la empresa.

“Las vacas de los mismos ejidatarios que andan aquí sueltas en el agostadero, se han muerto porque toman agua de ahí y luego les faltan pedazos de carne a los animales, a las yeguas, a las vacas, a las chivas. Se están muriendo donde toman agua de ahí”, dice César Pulido Barrón, ejidatario y presiente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita.

Por estos pueblos proliferan las historias sobre labriegos que se han encontrado reses muertas, botadas, en el desierto y que tras abrirlas, tras realizarles una autopsia exprés, han descubierto las carnes quemadas, ennegrecidas del animal.

“La gente dice, ‘la carne de los animales que toman agua de esa, sale quemada’, son los daños que está haciendo esta agua contaminada. Estos animales cuando mueren, que usted los quiere comer, que los destaza, mira que no sirve la carne, está muy negra”, contará Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua.

Habla Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero:

“Sí, nosotros medio sabíamos de unas historias, no de ahorita, de hace unos seis años, sobre varios animales que fueron a tomar agua, se les infló el vientre y murieron”.

El tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

“El agua va rodada y pasa por tierras del ejido. Sin permiso la pasan, les vale… Quieren que salga lo más lejos posible. A parte ellos están haciendo su negocio, están vendiendo el agua para la siembra y están tirando el agua que sobra al ejido, sin permiso. Están dañando la tierra y nomás están ganando, ellos están explotando, están sacando a diario, no sé cuántas toneladas de plata, plomo, zinc”, dice Juan Guadalupe Zamarripa González, el presidente del comisariado del Ejido La Sierrita, un atardecer de vendaval que ha venido con otros ejidatarios para recorrer el área afectada por la contaminación de la mina.

Carlos Godoy Rivera, secretario del comisariado, dice que al principio la minera puso unos letreros que decían “agua no apta para consumo humano”, letreros que más tarde fueron retirados cuando la empresa comenzó a vender el líquido a los pequeños propietarios.

Camino de la carretera 49 a Ciudad Juárez, que parte las tierras del ejido ubicado a unos cinco kilómetros de Bermejillo, Durango, y a 50 kilómetros de Torreón, el ejidatario César Pulido dice que las aguas que corren por el arroyo situado debajo del puente del ferrocarril, son las aguas que la mina desecha, que le sobran, después de haberlas repartido entre los pequeños propietarios de la región, muchos de los cuales rentan tierras al ejido.

“Esta agua ya está sobrante eh, esta agua ya es sobrante de la que agarran todos, pero esa agua que están tirando, la que sobra, ya nos perjudicó todo el terreno, porque ya secó todo el pasto, lo quemó”.

Y dice que esta contaminación ya ha hecho estragos incluso en la flora, cactáceas, plantas medicinales y árboles, que vive en este desierto.

“Aquí había monte de buena calidad. Aquí era buen pasto y todo, buenos mezquites. Todo eso amarillo que uste mira ya está quemado con esta agua, ya de ahí no sale nada de pasto ni mezquites, todo eso amarillo ya está quemado, el terreno ya está quemado. Si se mete usté y saca ese mezquite lo saca con salitre, ahí sale con salitre ese mezquite, ya está muerto ese mezquite, la pastura ya está muerta, ahí ya no sale el zacate”.

Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero, aclara que esta deforestación se debe a que, además de ir cargada con altas concentraciones de arsénico, el agua de la Platosa es rica en carbonato de calcio y magnesio.

“Además de sacar el arsénico y ponerlo en la superficie con estos cultivos, también se está salinizando el suelo, es decir, después de algunos años ese suelo ya no va a quedar ni siquiera para que crezcan nopales…”.

Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación.

Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

“Había norias jalando bien bonito. Una pequeña (propiedad) aquí tenía cinco norias. Se secaron por lo mismo de que la mina saca el agua y ya las norias no produjeron nada. Muchas de las norias al derredor de Bermejillo y de Gómez se han secado por culpa de la mina”, dice César.

“Las mineras canadienses vienen a hacer, en pocas palabras y discúlpeme, pero puro desmadre”, dice Verónica Pulido Barrón, ejidataria.

“Con el Gobierno”, la secunda el comisariado Juan Zamarripa,

“Por eso, aunque nosotros vayamos a pedir justicia a todo mundo… Si son nuestras tierras, ¿por qué ellos vienen a adueñarse de algo que no es suyo? ¿Y por qué el Gobierno los apoya?, ¿porque tienen dinero y a nosotros no…?”, dice Verónica.

Los ejidatarios de La Sierrita dicen estar preocupados por los daños a la tierra, a los animales y a la salud humana, que en el futuro pueda provocar esta contaminación, causada por la minera.

“Uno que consume leche y todo eso, Lala, riega con esa agua, Chilchota riega con la misma agua y producen la leche y todo. Imagínese cómo está la Comarca”, dice el ejidatario César Pulido.

Al respecto una investigación realizada hace una década por la Facultad de Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), reveló cómo las aguas contaminas con altas concentraciones de arsénico que son usadas en el regadío de cultivos, tienen un impacto negativo en la cadena alimenticia.

“Si regamos con agua contaminada con arsénico o el suelo está contaminado con arsénico, la planta extrae este metaloide y pasa a la cadena alimenticia, es acumulativo, no lo podemos degradar. Del agua pasa al suelo, del suelo a la planta, de la planta al animal y luego nos comemos la carne o la leche, ahí va la concentración de arsénico. Aquí en la región tenemos mucho cáncer, tanto en Coahuila como en Durango, y es debido a eso, a que la concentración de arsénico está muy alta y las plantas la absorben y luego nos comemos el maíz o el frijol. O el arsénico se pasa a la carne y lo vamos a acumular hasta que llega a un nivel de toxicidad”, advierte Cirilo Vázquez Vázquez, director de la Facultad Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, (UJED, y doctor en recursos naturales.

Tales resultados se obtuvieron de un estudio sobre cultivos, maíz y frijol, sembrados en suelos con altos niveles de arsénico o regados con agua de pozos profundos, altamente contaminados con este metaloide, en el Ejido Batopilas, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

“Se evaluó y realmente se observó que el arsénico pasa del agua al suelo y luego a la planta y después a los animales, la carne o la leche. Los cultivos absorben la concentración de arsénico y sí, está en lo que nos estamos comiendo”, reitera Vázquez Vázquez.

Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje, entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen en los establos. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

Semanario buscó reiteradamente a Sandra Magaña, la directora de relaciones corporativas de Excellon en México, a fin de que diera su versión en torno a las acusaciones vertidas por los ejidatarios de La Sierrita.

Hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de entrevista.

Este medio intento comunicarse, durante casi dos semanas, con Óscar Gutiérrez Santana, el gerente regional de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, para que fijara su postura sobre este reportaje.

Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, Román Galán Treviño, encargado del despacho de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), delegación Durango, declaró que hasta ahora la dependencia no tiene ningún comunicado, ninguna denuncia en particular sobre el tema de la contaminación en La Sierrita.

“Sé que han estado en pláticas con la Comisión Nacional del Agua, viendo precisamente el problema de la contaminación, Es lo que hemos sabido extraoficialmente, pero no hemos tenido ninguna petición o planteamiento del ejido”.

-¿Conocía el problema?

-Conocemos el problema, pero a través de los medios, de la prensa, hasta ahí.

José Luis Reyes, encargado del despacho de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa), aclaró que no es competencia de esta oficina verificar las condiciones de manejo y uso del agua en las mineras.

Y añadió que es responsabilidad de la Conagua regular este tipo de aprovechamientos.

“Es quien se encarga de verificar todo lo que es el manejo y uso del agua”.

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Imágenes: Jordi Sifuentes, Vanguardia

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Agricultores mayas siguen en pie de lucha a 8 años del arribo de soya transgénica a sus territorios

Compartimos este nota publicada en Sin Embargo sobre la agroindustria de soya en la península y su impacto negativo en la vida de las abejas- A 29 de enero de 2020

Por EFE SinEmbargo

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

México, 28 ene (EFE).- Los productores locales del sureste de México, territorio indígena maya, denunciaron este martes las consecuencias que sufren sus comunidades desde que en 2012 varias empresas multinacionales consiguieran licencia para plantar soya transgénica en sus territorios.

“Estoy tomando agua contaminada, estoy respirando aire contaminado. Hay un conflicto social y confrontaciones internas muy fuertes. Nuestros jóvenes están migrando”, reclamó este martes la activista maya Leydy Pech, apicultora de Hopelchén, el municipio más afectado por estas plantaciones en el sureño estado de Campeche.

Pech participó en una conferencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la que se trató principalmente el problema que atraviesa la apicultura en esas zonas, primera actividad afectada por la deforestación y por uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

El apicultor y activista Gustavo Huchín denunciaba la situación en el documental “¿Qué les pasó a las abejas” (2019), al señalar que fuerzan a los mayas a vender las tierras, luego las desforestan y las riegan de pesticidas, lo cual destruye el hábitat de las abejas y les causa daños que nos les permiten volver a los panales, cuando no las matan directamente.

Pero las abejas no son las únicas en sufrir los daños, ya que, para evitar inundaciones en las cosechas, los productores industriales construyen pozos de absorción ilegales, con lo que se contaminan el agua y las tierras de toda la zona

Uno de los principales elementos de los pesticidas utilizados es el glifosato, un componente calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Ante esta situación, las denuncias de los productores mayas surgieron efecto en noviembre de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de México suspendió esa licencia para plantar soya y así dar derecho a los indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas deseaban en sus territorios.

Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el proceso sigue sin concluir y la moratoria no se ha respetado, denuncian los indígenas.

“En 2003 no se sembraba soja en Hopelchén. En 2016, se sembraron más de 28 mil hectáreas y en 2019 fueron 45 mil hectáreas, según el grupo de sojeros”, recordó Pech, quien apuntó directamente a Monsanto, que fue adquirida por la multinacional alemana Bayer en junio de 2018 por 63 mil millones de dólares.

El Subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, aclaró a los medios que el Gobierno trabaja en la prohibición “a la siembra de soya transgénica, que está asociada a uso masivo de herbicidas tóxicas”, en un plazo “de pocos meses”.

El Subsecretario reveló que “una comisión intersecretarial”, con apoyo de la Sader, de la Secretaría de Medioambiente y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja en establecer los plazos y las formas para llevar a cabo el estudio que conduzca a la prohibición.

Suárez recordó que el Ejecutivo ya prohibió una lista “amplia” de plaguicidas “altamente peligrosos” por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Imagen: Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México. Foto ilustrativa: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

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Sierra Norte de Puebla: Defensa del río Ajajalpan: un paso adelante

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la defensa de los ríos en Puebla- A 25 de enero de 2020

Por Francisco López Bárcenas

El 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.

Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo, revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.

En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.

Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos –supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes 25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces presidente municipal participó como testigo de calidad y no como servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.

La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.

Imagen: Lado B

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[Nota] Comunidades de Calakmul ganan amparo contra Tren Maya

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la suspensión de un tramo del Tren Maya – A 29 de enero de 2020

El primer amparo en contra de la construcción del Tren Maya fue aprobado hace 12 días. Sus promoventes objetan que la consulta no se llevó a cabo de la mejor manera, por lo que pidieron la suspensión del proyecto. La suspensión es temporal y tendrá que atender la resolución de un juicio que podría tomar meses

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro 

Un amparo suspendió la aprobación y cualquier acto de ejecución del Tren Maya. Lo anterior por un amparo interpuesto por comunidades indígenas del municipio de Calakmul, en Campeche.

El juzgado primero de distrito de Campeche acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”, por lo que el pasado 14 de enero el Poder Judicial de la Federación dio la orden de suspensión.

Las comunidades indígenas ch’ol y mayas peninsulares, representadas por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) se quejaron por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya, por lo que el pasado 6 de enero presentaron su amparo.

“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, asegura Romel González, miembro y fundador del Consejo Regional Indígena de Xpujil. “La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”, añade.

Su principal crítica es que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, no siguieron ningún protocolo para llevar a cabo la consulta. También, que en muchos casos no se consultó a todo el pueblo sino solo a los representantes ejidales.

“Se hizo con manipulación y mala onda. De mala fe. Si tú lees su protocolo, hasta abajo, casi casi como en letras muy chiquitas se lee: ‘en el caso de que una comunidad solicite una consulta más específica, nos lo hagan saber’ ¿Cómo va a saber la gente que tiene ese derecho?”, dice al respecto Romel González. 

“Ese día que vinieron a hacer la consulta les preguntamos si habían hecho alguna vez una consulta. Nunca habían hecho nada parecido. No tenían experiencia haciéndola. Además. si el gobierno es juez y parte, pues obviamente es una consulta a modo”, añade.

Después de la aprobación de este amparo, y de la suspensión temporal, se tendrá que abrir un juicio, y dependiendo de los resultados de ese juicio la suspensión se podría hacer permanente o levantarse. Romel no tiene un estimado de cuánto podría durar este juicio, pero asegura, podría llevar meses.

El amparo denuncia que la consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre autodeterminación de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.

Niega Fonatur notificación de amparo

Horas después de que el Cripx diera a conocer su amparo, el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons aseguró que no se les ha notificado de ninguna suspensión. Desde hace meses, el titular ha negado la existencia de otros amparos.

En otros puntos de la península de Yucatán se han promovido amparos como éste, sin embargo, de acuerdo con Romel González no se han sostenido porque no hay gente que firme los reclamos. No hay personas que los hayan sustentado. 

El 19 de noviembre del años pasado, el presidente López Obrador aseguró que si empezaban a llegar amparos en contra de la construcción del tren, prefería no empezar la obra, porque se iría atrasando y su gobierno la dejaría inconclusa. 

“No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en tres años y que termine yo el gobierno y se quede la obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa”, aseguró en ese entonces. 

El amparo afecta todo el proyecto

“La suspensión es en función de todo lo que viene del proyecto”, explica Romel González, “No solo de la consulta. Es decir, no suspende sólo la decisión de la consulta, sino todo el proyecto”. El dictamen es un reflejo del sentir de la comunidades de Xpujil, que está en contra de todo el proyecto. 

“No es oponerse por oponerse, es como si estuvieran pensando por nosotros, de qué queremos. Es una actitud totalmente paternalista. Por lo que nos están ofreciendo es como si dijeran: ‘a ver, yo te vengo a traer desarrollo, y tú haces como yo te digo’. No es una acción correcta de mirarnos como sujetos públicos de derecho”. Se escucha la voz fuerte y sonora de Romel, quien habla en entrevista telefónica. 

Él asegura, que los beneficios que traerá el tren parten de imaginarios del gobierno federal que no son científicos ni racionales.

Si bien por Xpujil, un pueblo elevado a cabecera municipal apenas en 1996, cuando se creó el municipio y la reserva de la biósfera de Calakmul (de unas 724 mil Ha) no tiene un trazo ferroviario que se recupere para el paso del proyecto federal, sí cuenta con una autopista, que es por donde podría pasar el tren. 

El problema, dice Romel, es que el paso de una vía ensancharía el derecho de vía de la carretera, lo que presentaría uno de varios problemas: o se destruye montes y selvas, o se desplaza a varias personas del pueblo o se afecta la zona arqueológica.

“Hay una serie de contradicciones porque no nos cabe en la cabeza cómo es que están pensando. ¿Tú crees que va a pasar un tapir, un saraguato (mono aullador) o un tigre por ahí? Puede que genere un gran conflicto, porque va a destruir todos los atractivos que viene la gente a ver, así para qué queremos un tren”.

Xpujil, un pueblo olvidado

Hasta hace 20 años, este pueblo no tenía luz. Aún hoy sus habitantes captan agua a través de juagueyes y aljibes y que ni siquiera tiene un basurero municipal. Sin embargo, a partir de 1996, cuando se creó el municipio de Calakmul, su población empezó a crecer.

Hoy, parece un pueblo flotante, que entre semana se llena de estudiantes que atienden a una de sus tres universidades o a los burócratas del gobierno municipal que vienen a trabajar. Incluso, la explosión demográfica fue tan súbita que servicios como el de salud, no se le ha podido emparejar. “Los hospitales no solo carecen de medicinas, sino a veces también de médicos”, revela Romel. 

Como desde hace años, la gente que vive aquí depende de la producción agrícola de chile jalapeño y de chihua (pepitas de calabaza), así como de la apicultura. “La miel de Calakmul es la miel base para mucha de la producción nacional, por el tipo de floración que tiene”, presume Romel.

Imagen: Representantes de Diversas Organizaciones de la Sociedad civil, Académicos y Campesinos del pueblo Maya, convocados por el Congreso Nacional Indígena Región Península de Yucatán,. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

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