Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento: desafíos y recomendaciones para México (PDF para descargar)

Compartimos el siguiente folleto producido por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México – Noviembre 2019

Presentación:

Este folleto es el resultado de algunos meses de trabajo para poder contar con una publicación (gracias al apoyo de HIC-AL) que no solo resumiera e hiciera más accesible el Informe conjunto de violaciones a los derechos humanos al agua potable y el saneamiento (DHAyS) que preparamos para la misión del Relator Léo Heller en 2017, y el propio Informe de Misión a México del Relator, sino que además organizara la información de tal suerte que ambos informes «dialoguen» entre sí, y que hiciera evidente que los desafíos y las recomendaciones de dicho proceso responden a los componentes de los DHAyS (mismos que se explican en notas al pie, para que sea un material educativo también). En la introducción se dan las definiciones de DHAyS conforme a los estándares internacionales y se explica mejor de qué va el folleto. También pusimos como Anexo el ODS 6 y sus metas, así como otras recomendaciones internacionales que ha recibido México en materia de DHAyS o relevantes para estos derechos: Comité DESC, Relatora de Pueblos indígenas, Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y hasta del EPU. 

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Zacatecas: Ex trabajador de Grupo Modelo Nuevo Titular de CONAGUA local

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 8 de noviembre del 2019

El pasado 01 de noviembre Víctor Manuel Reyes Rodríguez ex trabajador del Grupo Modelo y primo hermano del ex gobernador, Miguel Alonso Reyes, quien ha sido ferviente promotor de la presa Milpillas; asumió la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Es evidente el conflicto de intereses que implica la llegada de este personaje a la dependencia, quien en sus primeras declaraciones ha dicho que la Presa Milpillas es un tema “prioritario” al que dará seguimiento.

El gobierno del Estado, a pesar de la rotunda negativa a la construcción de la presa por parte de los ejidos que serían afectados, continúa en un acto de desesperación, moviendo a sus alfiles para tratar de imponer “Milpillas”la cual desdehace año y medio se encuentra detenida por la fuerza de la lucha de las comunidades que defienden su territorio, y que por medio de denuncias, quejas, demandas y juicios ha venido demostrando que este proyecto está plagado de corrupción y mentiras.

Miguel Alonso Reyes en 2015 anunció “la construcción de la presa Milpillas y su acueducto para dotar de agua a la población, pero también a la cervecera ubicada en Calera, y garantizar que Zacatecas fuera la capital mundial de la cerveza”. https://www.jornada.com.mx/2017/12/11/estados/028n1est, por lo que queda bien claro el papel clave que Víctor Manuel Reyes viene a jugar con este nombramiento.

Hoy en día es para el gobierno estatal una urgente necesidad el justificar los más de 100 millones de pesos que ya se gastaron en los “avances” de la presa como se demuestra conlos más de 14 contratos celebrados entre la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) y diversas empresas disponibles en el sitio oficial de esta institución. Solo hay contratos pagados pero los avances no existen. Seguramente el Sr.Reyes ayudará a justificar estos gastos.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería denunciamos enérgicamente la corrupción que se vive en el estado de Zacatecas por la presa Milpillas y hacemos responsable al Gobierno del Estado de la seguridad de campesinos/as y activistas defensores/as del territorio. #LaPresaMilpillasNoeslaOpción #NoAlaPresaMilpillas #RíoAtencoLibre

¡AGUA PARA LA VIDA NO PARA LAS EMPRESAS!

A T E N T A M E N T E

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

(Nota) Aumenta hostigamiento a personas defensoras del territorio en la 4T

Compartimos la siguiente nota publicada en el diario digital La Cooperacha – A 25 de octubre de 2019

Pocos cambios en políticas extractivas con el actual gobierno, analizan organizaciones.

Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 25 de octubre de 2019

Con un llamado al Gobierno Federal a terminar con la criminalización, violencia y hostigamiento para las personas defensoras del territorio, así como a generar condiciones para realizar su labor en favor de los pueblos, concluyó el Encuentro de Defensores del Territorio el 20 de octubre en Cuetzalan, Puebla.

El llamado ocurre días después que Amnistía Internacional alertara del incremento de agresiones hacia ambientalistas y defensores del territorio. “Tan sólo en 2019 se han reportado 12 asesinatos de personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente”, señaló la organización internacional apoyado en datos de Global Witness. La organización global registró 15 muertes de ambientalistas en México en 2017, y 14 en 2018.

En el Hotel Taselotzin, gestionado y administrado por mujeres masehual, las personas defensoras integrantes de 32 organizaciones como Alianza Mexicana Contra el Fracking, Concejo de Pueblos de Morelos, Fundar y CartoCrítica, analizaron la situación de las comunidades y defensores ante proyectos extractivistas en el contexto de la denominada 4T.

Tiempo de definiciones
En el encuentro se analizaron situaciones como el avance del fracking en la Huasteca Potosina, el caso de la minera en Ixtacamaxtitlán, y el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que busca generar electricidad exclusiva para Walmart y empresas asociadas.

“Se mira que la situación no ha cambiado nada (con la 4T). Los proyectos extractivos están en términos de definición”, señala la abogada Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali.

Durante el encuentro, añadió, se analizó la contradicción del discurso del Gobierno Federal sobre no permitir fracking, sin embargo existe una partida en el presupuesto de egresos destinada a esa práctica. “En casos de la Huasteca Potosina hay solicitudes para autorizar campos de exploración de hidrocarburos no convencionales con la técnica de fracking”, apuntó.

Sobre ello, esta semana Fundar documentó que existen dos proyectos relacionados con fracking con un recurso asignado del presupuesto federal de 10,837 millones. Las organizaciones han insistido en que debe llevarse el discurso oficial anti fracking al plano de las leyes, incluso con un decreto presidencial de suspensión inmediata basta, han planteado.

Aumenta hostigamiento
Sobre el caso de la minera en Ixtacamaxtitlán, que se encuentra a días de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resuelva sobre el Manifiesto de Impacto Ambiental, la ambientalista denunció que se han incrementado las prácticas de acoso y hostigamiento no sólo contra las personas opositoras, sino contra las organizaciones que han acompañado el proceso de defensa del territorio.

El acoso, prosigue la abogada, no proviene de las empresas directamente, si no de sus trabajadores: “las empresas han buscado que el discurso diga que son conflictos intracomunitarios, cuando es evidente que la conflictividad surge a partir de la llegada de estos proyectos”.

En Ixtacamaxtitlán “se han mencionado con nombre y apellido a los integrantes de las organizaciones que acompañan a Cesder y a la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, lo que los coloca en un grado de vulnerabilidad frente a una comunidad cada vez más dividida”.

En cuanto al caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, donde un juez negó los derechos de las comunidades en favor de una hidroeléctrica para Walmart, gente de las comunidades “han ido a las oficinas de Fundar a exigir que no impugne la sentencia del juez”.

La animadversión hacia los defensores “ha surgido de la dependencia económica hacia los megaproyectos y la idea de los supuestos empleos que va a generar”, explica la integrante del Consejo Tiyat Tlali.

Exigencias
Del encuentro en Cuetzalan de personas defensoras, surgió un pronunciamiento dirigido a autoridades de diversos niveles donde se pide el respeto y garantía de los derechos a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos, así como la cancelación definitiva de concesiones mineras, hidroeléctricas, gasoductos y proyectos extractivos en territorios que se han pronunciado en contra de esas actividades.

Además, se exigió al Gobierno Federal y del estado de Puebla poner medidas urgentes para proteger a las personas defensoras de la Sierra Norte de Puebla, así como avances en la investigación de los asesinatos de los activistas Samir Flores, Antonio Esteban y Manuel Gaspar.

Foto: Alianza Mexicana Contra el Fracking

CINCO LÍDERES SOCIALES Asesinados en el Gobierno de Javier CorralY la Procuración de Justicia Sigue Ausente

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 22 de octubre de 2019

Ayer fue encontrado asesinado el compañero Cruz Soto Caraveo, integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, quien fue reportado desaparecido desde el 13 de octubre de este año. Con él son ya 5 compañeras y compañeros que han sido asesinados en Chihuahua bajo la administración del Gobernador Javier Corral, además de lamentablemente, sumar también a la cada vez más larga lista de defensoras/es asesinados durante el gobierno de la 4T.

En todos los casos prevalece la impunidad, la falta de justicia, el desconocimiento de los hechos, la incapacidad de continuar las investigaciones, peor aún la capacidad de reacción ante denuncias realizadas oportunamente. Cada caso nos llena de rabia porque la tan añorada esperanza ni siquiera se ve cerca, menos aún vemos se perciban cambios significativos, sea por parte de gobiernos municipales, estatales ofederales quienes, en su inoperancia e insensatez, se culpan unos a otros, para hacernos creer que con ello realmente se pueden resbalar,sin problema alguno, la responsabilidad de quienes actualmente nos gobiernan, los mismos gobernantes quienes en su momento decidieron cargarlos desagravios del pasado y a cambio ofrecieron en campaña cambiareste país. Nada de ello ocurre.

Con el gobernador en turno de Chihuahua,al asesinato del compañero Cruz Soto, se suman los de Isidro Balde negro López, Juan Ontiveros Ramos y Julián Carrillo Martínez, indígenas defensores del bosque en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo al sur de la Sierra Tarahumara, así como también Luis Gutiérrez, líder de la organización Resistencia Civil Madera y Madero Unido.

De nada ha servido que Chihuahua sea la entidad con más medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una clara incongruencia en sus procesos de actuación para garantizar la seguridad de la población, tal como lo ha documentado la asociación civil Alianza Sierra Madre quienes han mostrado los casos de 17 líderes de comunidades de la Sierra Tarahumara asesinados por no ceder su territorio al crimen organizado que se encuentra en colusión con empresas extractivas.

REMA se suma a la exigencia por esclarecimiento de los hechos y justicia para el compañero Cruz y sus seres queridos, a quienes enviamos un fuerte abrazo lleno de solidaridad.

TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Pueblos originarios que se oponen a Santa Lucía se dicen traicionados

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la lucha y resistencia al aeropuerto en Santa Lucia – A 8 de octubre de 2019

Tecámac, Méx. Tras la revocación de la suspensión definitiva que mantenía detenida la construcción del Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles en la Base Aérea de Santa Lucía; el Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua (FPODA), opositor a la terminal aérea, anunció que romperá el diálogo que sostenía con el gobierno de la República porque considera que fueron traicionados.

Ricardo Ovando Ramírez, dirigente del FPODA, que integra varias comunidades de Tecámac y Zumpango, aledaños a Santa Lucía; afirmó que ante la resolución aumentarán sus movilizaciones contra la terminal aérea por el impacto negativo que ocasionará el proyecto en toda esa región, sobre todo el colapso hídrico que provocará por la sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca.

“Consideramos una traición lo que hace el gobierno porque teníamos mesas de diálogo y ahora resulta que en cuanto se caigan los amparos ahora van a iniciar luego luego las obras, cuando nosotros habíamos venido dialogando en la Secretaría de Gobernación, en la que se nos había abierto la perspectiva de que existía la posibilidad de hacer la consulta previa, como lo marca el Convenio 169, o sea antes de iniciar la obra, y ahora resulta que nos dieron atole con el dedo.

“El capricho presidencial es seguir adelante con la construcción del aeropuerto, independientemente de las mesas de trabajo. Sentimos que hay una traición, se nos habla de que hay voluntad de escuchar la oposición de los pueblos, se nos invita a elaborar un plan hídrico de restauración de la cuenca y después sale la declaración del presidente de que al día siguiente van con la maquinaria a dar el banderazo y a construir su megaproyecto, entonces eso lo vemos como una traición del gobierno federal, lo de las mesas de trabajo”, dijo.

Ricardo Ovando sostuvo que la Federación solo simula escucharlos, pero la decisión de construir la terminal aérea ya está tomada.

Consideró que existe una doble moral de la federación porque mientras convocan a los habitantes a mesas de trabajo para que se realice un plan de restauración hídrica, se toma una “decisión necia y arbitraria” de construir a toda costa el aeropuerto.

Opinó que los argumentos que presentó la Sedena para que fuera revocada la suspensión definitiva para la edificación del aeropuerto son incongruentes porque al estar en operación constante, con el despegue y aterrizaje de aeronaves, obstruirá las propias maniobras militares de seguridad nacional.

“A nosotros nos queda claro que el gobierno federal presionó a los jueces para que aceptaran esta circunstancia”, apuntó.

Imagen: Opositores a las obras en la base militar de Santa Lucía se manifestaron en la reunión pública de información el 30 de mayo. Foto Luis Castillo

Más información:

AMLO Y SU ERRÓNEA VISIÓN AL DESARROLLO

[Comunicado] Somos nosotros quienes pedimos derecho de replica Sr. Presidente

Carta del Lago de Texcoco #YoPrefieroElLago

Zacatecas: Se interpone nueva denuncia penal por intervención de maquinaría en el Ejido El Potrero

Comparitmos este comunicado del Observatorio de conflictos Mineros de Zacatecas, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – a 4 de octubre 2019


Ejido El Potrero, Zacatecas, 4 de octubre del 2019

El Comisariado Ejidal del Ejido El Potrero, ubicado en el municipio de Jiménez del Teul, interpuso otra denuncia penal en el Módulo de Atención Temprana del Distrito Judicial en Sombrerete, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas radicada con el folio 618/2019-10. Esta nueva denuncia se suma a una vasta lista de acciones jurídicas impulsadas por los campesinos de los ejidos ante las constantes irregularidades y delitos cometidos por el gobierno del estado de Zacatecas en su afanoso interés por imponer la construcción de la Presa Milpillas. Del mismo modo, el jueves 03 de octubre se entregó una solicitud en el H. Ayuntamiento de Jiménez del Teul dirigido a Victoriana Espinosa Sánchez, actual presidenta municipal, exigiendo que respete la autonomía del ejido y se informe con el debido procedimiento al Comisariado Ejidal cualquier acción que pretendan llevar a cabo sobre su territorio. 

Toda vez, que el pasado jueves 26 de septiembre alrededor de las 10:00 am, las y los ejidatarios se percataron de dos camiones de carga con la leyenda de “Obras Públicas” en sus ejidos, contrario a lo que dice Maldonado. Uno de los vehículos responde al código VY-37 con placas XG-0995-A, además, se identificaron dos máquinas: una retroexcavadora tipo CAT y otra motoconformadora. Es importante señalar que el ejido no ha otorgado permiso alguno al gobierno municipal y estatal para el acceso de maquinaria y realizar trabajos sobre los terrenos de uso común. Por lo tanto, consideramos que una vez más, los gobiernos encabezados por Alejandro Tello Cristerna y Victoriana Espinosa Sánchez violentan la tranquilidad y los derechos colectivos de las y los campesinos zacatecanos establecidos en la Ley Agraria. Esto, debido a que no conformes con introducir la maquinaria de forma ilegal, los automotores se encuentran extrayendo material de tepetate para el revestimiento de caminos, ocasionando un daño irreversible al territorio al extraer los recursos sin autorización, esto significa, que también están robando al ejido. Los impactos por la destrucción ambiental y la pérdida de biodiversidad para ampliar un camino de 3 metros a 4 metros de ancho por un kilómetro de largo y que va rumbo a la ubicación de la pretendida Presa Milpillas es muy visible.

Denunciamos que las acciones y estrategias de quienes promueven el Megaproyecto Hidráulico “Milpillas”, encabezado por el gobierno del estado de Zacatecas, demuestran desesperación y una urgencia plagada de violencia, corrupción, actos ilegales y autoritarios, a pesar de que dicho proyecto no es social ni ambientalmente viable.

Responsabilizamos al Gobernador Alejandro Tello Cristerna de cualquier agresión física y/o conato de violencia en los ejidos de El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe y Corrales, sobre todo, por la integridad de las y los campesinos que conforman el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Finalmente, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, nos deslindamos de cualquier figura, caudillo o líder político-partidista. Somos y seremos un movimiento autónomo que lucha por combatir al modelo extractivo, que indistintamente del partido que ostente el poder, está depredando al país y despojando a los pueblos y comunidades con el objetivo de obtener ganancias económicas para unos y pobreza para otros.

#LaPresaMilpillasNoEsLaOpcion #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

A T EN T A M E N T E

MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS

Imagen: Maquinaria pesada realiza obras de la presa Milpillas. Foto: Especial

Más información:

Zacatecas: MINERAS SECAN MÉXICO

ZACATECAS: GANA EL COMISARIADO EJIDAL DE ATOTONILCO EL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO

ZACATECAS: PROCURADURÍA AGRARIA DE ZACATECAS A CUENTAS POR CASO MILPILLAS

Honduras: Convocatoria audiencia preliminar David Castillo

Comparitmos esta información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sobre el caso de Justicia para Berta Cáceres – A 3 de octubre de 2019 


Este 10 de Octubre se reanudará la audiencia preliminar contra David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, en la que se dará paso su juicio oral y público.

La audiencia se llevará a cabo a las 9 de la mañana en los Juzgados de Jurisdicción Nacional en La Avenida Los Próceres, Tegucigalpa.

La audiencia contra David Castillo se realizaría el 25 de Septiembre fue suspendida debido a que su defensa manifestó no poder presentarse, sin argumento justificable, para la suspensión. Sin embargo, la juez decidió reprograrmarla. Sabemos que la prueba que lo vincula al asesinato es clara y estas acciones son parte de una búsqueda de dilatar el proceso en su contra y ocultar la verdad de los hechos.

Les invitamos a acompañarnos, difundir esta convocatoria, seguir la transmisión a través de nuestro Facebook Live Copinh Intibucá, donde informaremos sobre el desarrollo de la audiencia y compartir los siguientes mensajes y hashtags en redes sociales:

• David Castillo participó en la planificación del asesinato de Berta Cáceres en su rol de enlace entre la estructura sicarial y quienes pagaron y ordenaron el crimen.

• David Castillo, militar y empleado de DESA, realizó labores de inteligencia, campañas de estigmatización, infiltración, seguimiento y ataques con el fin de asesinar a Berta Cáceres y acabar con su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

• David Castillo representa la violencia, corrupción e impunidad del modelo extractivista en Honduras, las pruebas que lo vinculan en la planeación del crimen de Berta Cáceres son claras.

#JusticiaParaBerta #CastilloCriminal #FaltanLosAtala #CapturaALosAutoresIntelectuales

Juntémonos este 10 de Octubre y exijamos todas y todos ¡Justicia para Berta!

Imagen: COPINH

Más informaciones:

INFORME: Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía 

Sicario contratado por David Castillo para asesinar a Berta Cáceres aparece muerto

A 40 meses del asesinato de la compañera Berta Cáceres exigimos juicio y castigo para autores intelectuales del crimen

Zacatecas: MINERAS SECAN MÉXICO

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada de Zacatecas a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 24 de septiembre de 2019

Con agua concesionada a mineras se podría garantizar el derecho a este recurso de toda la población del estado

■ El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón

■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito

Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.

Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.

Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.

El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.

En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.

Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.

En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.

Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.

Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.

Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.

Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.

No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.

Imagénes: foto 1 mina Peñasquito – Definformemonos.Foto 2: El investigador Federico Guzmán con los conductores del programa radiofónico Sound Politicón, Raymundo Cárdenas y Carlos Galaviz ■ FOTO: ODÍN SALINAS

Más información:

AMLO, La minería no es sustentable