En Chiapas, imposición de cuartel militar provoca rechazo de comunidades indígenas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la instalación de un Cuartel de la Guarda Nacional en Chilón – A 20 de abril de 2021

Por Aldo Santiago

En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.

“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.

Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.

De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.

Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.

Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.

El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.

Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.

Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.

Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.

Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.

Militarización en Chiapas, imparable

Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.

Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.

Actualmente, organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre la consolidación de las actividades del ejército en la vida pública. Recientemente, Amnistía Internacional informó que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.

Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.

Entre las razones que encienden la alarma de defensores de derechos humanos se encuentran el proceso de reclutación, en el cual además de policías, se enlistan soldados y marinos; así como la capacitación, equipamiento y ordenamiento de la GN bajo instrucciones de las Fuerzas Armadas, mismas que han evidenciado el continuo uso desproporcionado de fuerza letal y que en el gobierno de AMLO se encuentran en ascenso, como lo muestra el análisis Falsas salvaguardas. Las capacitaciones de las Fuerzas Armadas en Derechos Humanos y género (2010-2019).

Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.

Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.

En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.

Según datos del informe de la Situación de Seguridad Pública en Chiapas, elaborado por el gobierno federal, se tiene planeado la construcción y operación de 24 cuarteles de la GN, divididos en cuatro zonas militares.

La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.

Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.

“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion

https://archive.org/details/pascuala-militarizacion

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REPRESIÓN

El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.

En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.

“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed

Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.

Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.

“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.

Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.

Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.

Sin acceso a la justicia

Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.

“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.

Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.

“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.

“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.

“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.

No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.

Imagen: Avispa Midia

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Deforestación y corrupción, resultados de Sembrando Vida en el sur de México

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de monocultivo que se pretende instalar en el sureste mexicano – A 5 de abril del 2021

Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.

Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.

Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.

Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.

Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.

“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.

Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.

Corrupción

Sembrando Vida realiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.

De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.

“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.

Así lo registra el estudio Riesgos de corrupción en los programas sociales. Caso del programa Sembrando Vida, elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el cual señala también la simulación, tanto de propiedades para ingresar al programa, así como del trabajo en las parcelas.

“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.

En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.

La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.

Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.

Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.

Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.

Imagen: Carlos Castillo – Avispa Midia

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Podcast: Berta y el río

Les compartimos este podcast sobre la historia de nuestra querida hermana Berta Cáceres producida por Radio Ambulante.

>>Escucha aquí<<

Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Estudios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg PRO. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina.

Créditos

  • PRODUCCIÓN : Victoria Estrada,  David Trujillo y Chiara Eisner
  • EDICIÓN: Camila Segura y Daniel Alarcón
  • VERIFICACIÓN DE DATOS: Desirée Yépez
  • DISEÑO DE SONIDO/MEZCLA: Andrés Azpiri
  • MÚSICA: Andrés Azpiri
  • ILUSTRACIÓN: Yael Frankel
  • PAÍS: Honduras
  • PUBLICADO EN:03/02/2021

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Bety Cariño, Nos arrebataron tu presencia y hasta hoy la impunidad impera

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el 11no aniversario del asesinato de nuestra hermana Bety Cariño y Jyri Jaakola- A 27 de abril de 2021

BETY CARIÑO Once años han pasado desde que grupos armados de paramilitares les arrebataron la vida a Jyri Jaakkola y a ti, en un intento por callar tu voz, voz siempre solidaria, voz que puso en relieve a un sistema injusto que golpea, persigue, criminaliza y trata de desaparecer pueblos en resistencia. Voz que hasta hoy retumba fuerte y clara en cada una de nuestras luchas en la REMA, que hacemos hoy un homenaje en tu nombre, BETY CARIÑO.

Nos arrebataron tu presencia por que la caravana en la que ibas trataron de abrir el cerco que tenía aprisionada a la comunidad de San Juan Copala, que venía dando lecciones de dignidad en la defensa de su autonomía, y hasta la fecha lo hace.

Sabías que tejiendo redes, entrelazando solidaridad, trenzando las voces de mujeres y hombres era indispensable para dar fuerza a la resistencia en ese y otros territorios donde impera la impunidad, las amenazas, los ataques físicos, el hostigamiento y la muerte. Sabías que siendo pilar de apoyo de muchos pueblos era un principio que llevaría poco a poco al sendero de la soberanía, la salud y la felicidad colectiva.

Sabías claramente que la defensa del territorio es el camino, que no hay más a donde ir, que la consigna es “luchar o desaparecer frente a la avaricia, el poder y la mercantilización de la vida”.

Tu asesinato no solo evidencia la cobardía, sino los contubernios, las alianzas de grupos de poder, la podredumbre de quienes están protegiendo el saqueo y la mercantilización de los bienes comunes.

Hoy exigimos justicia porque nos arrebataron tu presencia siempre cálida, siempre alegre, nos arrebataron a la compañera, a la hermana, a la amiga entrañable, a la madre, a la esposa, a la mujer que fortaleció a tantas otras mujeres.

Hoy exigimos justicia porque también nos arrebatan la justicia, porque los asesinos materiales e intelectuales siguen libres, porque la impunidad no debe seguir privando en este país.

Hoy exigimos justicia porque no dejamos de extrañarte, porque nos sigues doliendo. Hoy exigimos justicia en tu nombre y en el nuestro.

¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!

¡BASTA DE IMPUNIDAD, CASTIGO A LOS RESPONSABLES!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: : Rotativo de Queretaro

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Gobierno Provincial de Catamarca y Minera Yamana Gold Declaran la guerra al Pueblo Andalgalá en Argentina

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha antiminera en Argentina – A 19 de abril de 2021

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.

Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal 29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.

Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.

Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.

¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE!
¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!


RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

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Asesinadas, 45 personas defensoras de derechos humanos en lo que va del sexenio: Red TDT

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre la situación grabe de las defensoras y los defensores de derechos humanos en México – A 15 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Durante 2019 y 2020 fueron asesinadas 45 personas defensoras, expone el informe “Semillas de Dignidad y Lucha” de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT). El informe busca nombrar a las personas que fueron “arrebatadas injustamente” a manera de “honrar su lucha”, pues en este país “no hay garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos”, explica la organización.

En el informe, la Red señala la criminalización y estigmatización por parte del Estado mexicano hacia personas defensoras, que se enfrentan a “intimidación, amenazas y acoso” al realizar su trabajo. Además, considera, existe un “amplio desconocimiento y descrédito” de las luchas de pueblos y comunidades por parte del actual gobierno. 

En los últimos dos años, los movimientos feministas crecieron y se posicionaron contra la violencia en América Latina y el Caribe, ante esto, la respuesta de los gobiernos fue reprimir y criminalizar. A esto se suman los retos para la organización en medio de la pandemia, pero ésta “no ha conseguido frenar la lucha de las mujeres”, destaca el documento.

El informe apunta que seis personas de la diversidad sexual, quienes realizaban acciones a favor de los derechos humanos, fueron asesinadas en 2020. Ante ello la Red explica que la invisibilización y vulnerabilidad de las poblaciones LGBTTIQ+ causan la “falta de reconocimiento” a su labor como personas defensoras.

Durante el actual gobierno, las comunidades que protestan contra la imposición de megaproyectos han sido “ignoradas y criminalizadas”, advierte el informe. Además, señala que los patrones de violaciones de derechos y omisiones por parte del Estado se reflejan en el caso particular del Proyecto Integral Morelos, con el asesinato del defensor nahua Samir Flores.

Un caso que para la Red es especialmente grave es el de la defensora Kenia Hernández, abogada indígena actualmente presa en un penal de máxima seguridad, a quien las autoridades abrieron un proceso judicial con “pruebas falsas”. El informe asegura que el sistema de justicia penal se ha utilizado para “criminalizar la protesta y a las personas defensoras”, además de que existe un “abuso de la figura de prisión preventiva oficiosa”.

Con este documento la Red TDT busca visibilizar a aquellas personas que ahora “son semillas de cambio”, pues, asegura, “la memoria es una forma de andar, luchar y cuidar”.

>>Lee el informe completo aquí <<

Imagen: Portada del informe de la Red TDT

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Sonora: Juez Federal admite Amparo a Ejido y ordena suspensión de trabajos a Empresa Minera Canadiense de Mulatos

Compartimos esta nota publicada en Dossier Político sobre la defensa del territorio ante las amenazas mineras esta vez en Sonora- A 11 de abril de 2021

Santiago García C. Dossier Politico

Hermosillo, Sonora.- En lo que representa un primer precedente en Sonora, el Juez Federal decimoprimero, aceptó el amparo al Ejido Tesoripa y ordenó a “Minas de Oro Nacional”, subsidiaria de la Canadiense Álamos Gold Inc., la suspensión inmediata de trabajos de instalación de postes de energía eléctrica, realizar desmonte ni tala, barrenación de suelos, ni utilizar ninguna área de tierras de uso común.

El Comisariado Ejidal presentó el pasado 23 de marzo ante el Tribunal Agrario una demanda por la nulidad de acuerdos y la restitución de tierras ejidales en contra de MINAS DE ORO NACIONAL, S.A de C.V, por violaciones graves a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, Ley Agraria y a la propia Legislación Minera, pero el Tribunal Agrario negó la procedencia de la demanda.

Contra la negativa del Tribunal Agrario el Comisariado Ejidal se amparó y el 7 de abril le fue admitida la demanda y concedida la suspensión total de dichos trabajos por la afectación de derechos agrarios y por violación a los derechos humanos, incluyendo por riesgos de daños ecológicos y ambientales irreparables.

El abogado del Ejido, Marco Antonio Andrade Aguirre, dijo que acudieron al Tribunal Agrario para contener la arbitrariedad y el abuso del poder económico y empresarial de Minas de Oro Nacional cometidos en perjuicio del ejido Tesoripa y después el amparo buscando enderezar el mal criterio del Tribunal que negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente.

“Hemos logrado encauzar por la ruta constitucional y por la vía del derecho y la justicia agraria un conflicto generado por el abuso recurrente de algunas empresas mineras y por un evidente fraude a la ley basado en la impunidad jurídica y política que avasalla los derechos de los ejidos sonorenses sobre sus tierras”, señaló Andrade Aguirre.

Con estas acciones los ejidatarios buscan justicia y respeto por la legalidad agraria y sus derechos humanos colectivos ya que han sido fraudeados y es lógico suponer que también están agraviados, como sucede en los ejidos de Mulatos y Matarachi donde la falta de ética y la nula integridad de los representantes de la empresa podría tener, aunados al amparo y al juicio agrario actuales, consecuencias penales por delitos empresariales tipificados por el código penal federal y el código nacional de procedimientos penales”. 

“Estamos revisando el Compliance Criminal Program ó Programa de Responsabilidades Penales de Minas de Oro Nacional y sus Directivos para proceder en consecuencia. Afortunadamente la justicia federal en Sonora si funciona, sin temores ni distingos como lo demuestra la suspensión ordenada por el Juez de Distrito”, señaló.

El Abogado del Ejido Tesoripa refiere que “sin embargo, la realidad socioeconómica del ejido, como sucede en los núcleos agrarios de sonora y del país, aparte de soportar la actividad destructiva de la actividad minera, es incuestionable que enfrentan la necesidad de buscar nuevos mecanismos de aprovechamiento de sus tierras para proteger, por una parte, la deplorable economía familiar y su precaria capacidad productiva.

Y por otra, garantizarse un ingreso por renta de tierras para sobrevivir su casi indigencia actual, lo cual no justifica a la empresa haber violentado la propia legislación minera y la nueva Ley de la Industria Eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica.

“Se aprovecharon de la necesidad y la marginación social de diversas familias ejidales. Nuestro trabajo es demostrar al Tribunal, con el mayor sentido de serenidad, pruebas, fundamentación jurídica y defensa intransigente de los derechos del ejido, que Minas de Oro Nacional violó las obligaciones que le impone la legislación minera e incumplió con los requisitos de forma y validez señalados por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Agraria para ocupar una área de tierras de uso común, incluyendo la inexistencia de un contrato de ocupación temporal, renta, servidumbre superficial de paso, aérea o subterránea para la instalación de postes de la CFE y suministro de energía para un usuario particular exclusivo como es dicha empresa. La electrificación de la Mina no pasa desafortunadamente por ningún ejido, solamente usan sus tierras en forma ilegal y fraudulenta”.

Finalmente el Abogado del Ejido Marco Antonio Andrade  Aguirre, señalo que la demanda de amparo es por el cabal cumplimiento de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y eléctrica, y por otra, para proteger los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes, nada más, pero nada menos.

“La Constitución y diversos tratados internacionales que en su conjunto configuran el orden jurídico nacional, nos dan la razón plena y absoluta para librar con toda determinación esta batalla litigiosa ante los tribunales agrarios, el poder judicial federal u organismos internacionales si es necesario. Es necesario limitar la arbitrariedad, el abuso y los engaños legales inducidos de empresas mineras contra los ejidos y las comunidades rurales y agrarias de sonora”, expresó.

Imagen: Dossier Político

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A un año continúa impune el asesinato de Adán Vez Lira

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el 1er aniversario del asesinato de compañero defensor Adán Vez Lira en Veracruz – A 9 de abril de 20201

Adán Vez Lira,un referente en la defensa del medio ambiente en Veracruz, en especial de las aves y los manglares de las zonas costeras del municipio de Actopan, fue asesinado en los alrededores de la comunidad de La Manchaelpasado8 de abril del 2020, sin que a la fecha, él y sus familiares y compañeros defensores hayan alcanzado la justicia.

Adán,integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, estaba convencido de que la zona en la cual trabajaba se tenía que ser protegida de cualquier proyecto de despojo. En esta zona hay 6 lagunas costeras, 4 de ellas con manglar y 2 de agua dulce, de las cuales su calidad ecológica depende la salud de la cuenca y subcuencas hidrológicas que las abastecen, por lo que de manera tajante se opuso a la instalación de proyectos de desarrollo de diversa índole que amenazaran la integridad de estos territorios

Desde 2003, los habitantes de La Mancha enfrentan un proceso de despojo de las tierras que tienen en posesión en Los Médanos de La Mancha desde hace más de 50 años –tres generaciones—, derivado de la especulación con terrenos costeros que se ha desatado en la región debido a intereses inmobiliarios y turísticos. Este proceso de despojo se ha manifestado a partir de múltiples invasiones de estos terrenos, robo de ganado, enfrentamientos, criminalización de once defensores de Los Médanos de La Mancha, amenazas de muerte, el encarcelamiento injusto e irregular de dos integrantes del Grupo –uno de ellos Adán—y, en última instancia, el asesinato del propio Adán Vez Lira.

A lo largo del último año, los familiares, colegas de trabajo y lucha y vecinos de Adán Vez Lira han sufrido una situación de constantes amenazas por parte de grupos armados que mantienen a la comunidad en vilo, en apoyo al proceso de despojo en ciernes. Estas amenazas se presentan ante la inacción total por parte de autoridades estatales y federales. Para garantizar su propia seguridad y defensa los habitantes de La Mancha han constituido el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha.

Entre otras actividades, Adán en vida se organizó con la gente de su comunidad y comunidades vecinas en la resistencia regional cuyo objetivo es impedir la llegada de empresas mineras en los Municipios de Alto Lucero y Actopan, específicamente las minas El Cobre y Caballo Blanco.

Como tantas y tantos defensores del territorio que han sido asesinados en este país, el suyo también ha quedado impune ante la incapacidad y/o el contubernio de las autoridades con el capital.Esta misma inacción, por parte de las autoridades del municipio de Actopan, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Federación, pone en riesgo a las y los familiares y compañeros de lucha de Adán.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Exigimos que las autoridades identifiquen a los autores materiales e intelectuales tras el homicidio de Adán Vez Lira.

Exigimos justicia para Adán Vez Lira y sus familiares.

Exigimos que cesen los proyectos de despojo inmobiliarios; turísticos;mineros;de generación de electricidad a partir de fisión nuclear;de infraestructura vial o portuaria;o de cualquier otra índole que amenazan a los habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero.

Exigimos que se garantice la vida, seguridad y el derecho ala autonomía sobre elterritorio de los habitantes de La Mancha

¡Toda nuestra solidaridad con el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha!

¡LA IMPUNIDAD NO CESA EN LA 4T!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Agua para todos

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COPINH se pronuncia ante el juicio contra David Castillo

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el juicio contra David Castillo en el caso #JusticiaParaBerta – A 6 de abril de 2021

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo legal de la causa, ante el inicio del juicio contra el imputado David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

  1. El juicio contra David Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen, que debe proseguir para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala.
  2. El asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque. Actos que se exponen en el caso Fraude sobre el Gualcarque del cual el COPINH sigue estando excluido.
  3. La prueba que existe en contra del imputado David Castillo es contundente e irrebatible para comprobar su participación en el crimen contra Berta y otros delitos.
  4. En juicio se comprobarán los ataques y agresiones sistemáticas en contra de Berta Cáceres, la comunidad Lenca y el COPINH como represalia a su labor en la defensa y reivindicación de derechos.
  5. Confiamos en que el resultado de este juicio será una sentencia condenatoria en un proceso que cumpla con todos los estándares del debido proceso.
  6. La búsqueda de justicia para Berta Cáceres es parte del Pacto de la Verdad al que estamos comprometidos y comprometidas ante la existencia de un pacto de impunidad en Honduras.
  7. La verdad que se conocerá contribuirá a romper la barrera de la impunidad sobre los casos de crímenes contra pueblos indígenas, activistas sociales y defensores y defensoras de los bienes de la naturaleza.
  8. Denunciamos, una vez más, la falta de voluntad política del Ministerio Público para el avance en la búsqueda de la justicia integral de la Causa Berta Cáceres.
  9. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir fortaleciendo las alianzas para la lucha por un sistema de justicia independiente en Honduras y que la Causa Berta Cáceres sea un precedente de verdad y reparación para los pueblos.

Dado a los 6 días del mes de abril de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa

6.4.21-Pronunciamiento-Inicio-Juicio-DC-ESP

Imagen: Área de Comunicación del COPINH

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