La MIA del Tren Maya: ¿una mera formalidad?

Les compartimos este articulo de opinión publicado en Sin Embargo sobre el Tren Maya – A 23 de junio de 2020

Por: Itzel Silva Monroy*

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó el pasado 16 de junio ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el estudio o evaluación de impacto ambiental –llamado en la legislación mexicana Manifestación de Impacto Ambiental o MIA– del Tren Maya, con miras a que dicha Semarnat le autorice las obras y actividades para desarrollar el proyecto.

La presentación de la MIA fue anunciada por el propio Fonatur mediante un comunicado de prensa en el que señala, entre otras cosas, que la presentación del documento se da “en el marco de inicio de obras del Tren”, y que “actualmente, las empresas que ganaron las licitaciones han iniciado los trabajos y estudios a detalle para elaborar el Proyecto Ejecutivo”.

Es decir, Fonatur ha pedido a la autoridad federal ambiental le dé luz verde para la construcción del Tren, cuando en realidad las obras ya han sido licitadas e incluso iniciadas; valga simplemente recordar el formal banderazo de salida a principios de este mes para la construcción del Tren por parte del Presidente de la República.

Pero, ¿esta situación es válida? ¿No existen acaso normas en materia de estudios de impacto que deben seguirse para la autorización e implementación de este tipo de proyectos llamados de inversión o desarrollo? ¿Sobre todo tratándose de territorios donde existen pueblos indígenas, como es el caso del pueblo maya de donde el tren toma su nombre?

A pesar de que Fonatur afirma reiteradamente en su comunicado que está cumpliendo con la legislación mexicana e incluso la internacional, la realidad es que en el caso del Tren Maya, como en otros tantos existentes en la Península de Yucatán y en el país, se han venido violando desde hace años, normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos de pueblos indígenas, incluyendo lo relativo a la realización de estudios o evaluaciones de impacto.

La vulneración a derechos más conocida ha sido a la consulta indígena y al consentimiento previo, libre e informado, ya sea porque las autoridades omitieron dicho proceso, o porque éste fue violatorio de los criterios internacionales en la materia. Pero, tratándose de proyectos sobre territorios indígenas, el Estado Mexicano también ha incumplido sistemáticamente con su obligación de efectuar estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que analicen los impactos negativos que los proyectos de inversión o desarrollo pueden ocasionar a los pueblos indígenas. Bajo esta obligación, dichos estudios o evaluaciones son un requisito ineludible que permiten al Estado decidir si autoriza o no el proyecto en cuestión, más no una mera formalidad.

La obligación de realizar estudios previos de impacto existe para México desde 1991, en que entró en vigor el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En su artículo 7.3, el Convenio señala que los gobiernos deben velar porque se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo puedan tener sobre esos pueblos.

Pero además, esta obligación fundamental se encuentra reforzada y su contenido profundizado y ampliado con las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió en 2007 y 2008 en el Caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam, en las que estableció los estándares mínimos que los estudios de impacto deben satisfacer, y que los Estados parte deben cumplir, entre ellos:

– Deben ser concluidos de manera previa a la autorización y realización del proyecto de desarrollo o inversión en cuestión, es decir, no puede autorizarse y mucho menos implementarse un proyecto sin que se hayan estudiado los impactos.

– Deben ser de carácter social (entendido en el sentido más amplio) y ambiental, así como de derechos, siendo lo deseable la integración y análisis de todos los impactos en un solo proceso. Para la autorización de un proyecto, el análisis de los impactos no puede limitarse al aspecto ambiental, sino que debe efectuarse un estudio integral, que contemple el resto de los ámbitos de vida de los pueblos.

– Deben tratar el impacto acumulado; es decir, no sólo debe analizarse el impacto que el proyecto que pretende autorizarse puede causar de manera aislada e individual, sino el que puede generar en relación con otros proyectos del territorio que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Es decir, permitirá conocer en su justa y verdadera dimensión los impactos que se ocasionarán, incluyendo si son a corto, pero también a más largo plazo.

– Deben ser realizados en colaboración con los pueblos interesados y sus resultados compartidos y consultados con ellos. Si los estudios pretenden documentar los posibles impactos negativos del proyecto de que se trata, la participación efectiva de los pueblos indígenas es innegable, pues son quienes pueden identificar los posibles impactos negativos sobre sus propias vidas. Pero además, el resultado de los estudios debe ser compartido y consultado con las comunidades, a fin de que puedan brindar aportes y tomar una decisión informada. De hecho, los estudios previos de impacto son parte del proceso de consulta indígena.

Resulta indudable que en el caso del Tren Maya hay una vulneración clara a estos estándares, pues aunque ya están en marcha las obras, apenas se está presentando el estudio de impacto ambiental o MIA para su autorización. Asimismo, sólo se está contemplando el aspecto ambiental del proyecto, omitiendo un análisis de los impactos sociales y en derechos que se pueden generar (y que de hecho, ya se están ocasionando). Además, no sólo no se están evaluando en la MIA los impactos acumulados del Tren, sino que se está fragmentado el proyecto, pues la MIA sólo comprende la Fase 1 de este. Finalmente, tampoco hubo para esta evaluación ambiental una participación efectiva de los pueblos, pues múltiples han sido sus reclamos por la falta de estudios en materia ambiental respecto del proyecto.

La Semarnat tiene ahora en sus manos la resolución, en su ámbito de competencia, de las obras y actividades del Tren Maya, y para ello debe tener presente que los estándares internacionales en materia de estudios de impacto establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana le son de obligatorio cumplimiento. Debe observarlos, y con ello proteger y garantizar los derechos de los pueblos originarios y de las y los habitantes que los integran.

* Itzel Silva Monroy, es abogada litigante de casos de defensa de tierra y territorio de pueblos indígenas en @FundarMexico.

Imagen: El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de obras del Tren Maya. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro.

Más información:

Firma la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos

Les compartimos esta iniciativa de International Rivers – A 29 de junio de 2020

Una coalición de organizaciones ambientalistas y en pos de los Derechos de la Naturaleza encabezó la redacción de una Declaración Universal de los Derechos de los Ríos. Describe los derechos básicos a los que tienen derecho todos los ríos, según lo determinado por los precedentes legales internacionales y los principios ecológicos de la salud de los ríos. La iniciativa recibió aportes de más de 200 organizaciones y personas, incluidos científicos, líderes indígenas, abogados y otros hasta el dia de hoy. Hacemos un llamado a organizaciones, líderes y liderezas de todo el mundo para que lleven la Declaración a los funcionarios del gobierno y la utilicen como punto de partida para establecer los derechos de los ríos dentro de su propio país.

Estaremos trabajando para que esta declaración sea adoptada por el sistema de Naciones Unidas.

La declaración sera lanzada por los medios Julio 28, 2020.

Si desea respaldar y firmar la declaración mandar confirmacion a: monti@internationalrivers  hasta Julio 24, 2020

Lee la declaración completa aquí

Imagen: Patagonia – International Rivers

Palabra de respuesta del chuun t’aan maya a Andrés López Obrador

Compartimos esta carta publicada en la web de Indignación.org – A 25 de junio de 2020

Junio de 2020, año de la enfermedad y la muerte

Sr. Presidente de México

Andrés Manuel López Obrador

Te volvemos a escribir esperando que el terrible temblor que pasó no les haya lastimado a ti y tu familia. Por aquí en este territorio no se sienten los temblores, pero, en cambio, las tormentas nos han dejado mucha tristeza porque se perdieron casi todas las hortalizas que ya estaban jats’ uts para vender.

¡Ni modo! Así es cuando pasa la desgracia, la conocemos por tantos huracanes que han pasado: perdemos en un sólo día todo lo que trabajamos por meses y por años. Nos golpeó fuerte ese Cristóbal, pero sabemos que nos podemos volver a levantar, ya estamos otra vez sembrando la milpa, ojalá y Dios quiera que la logremos. La vida sigue.

Pero ahora resulta que no sólo pasa por los huracanes que se pierde todo de un día para otro, ya oímos que a nuestros hermanos de Campeche les quieren mover sus parcelas y sus casas porque dicen que va a pasar el tren por allá. Van a perder todo lo que tienen sembrado.

Queremos compartirte algo para que lo entiendas. Muchas de nuestras hijas e hijos, hasta las nietas y nietos, la juventud por así decir, que ya fueron a la universidad, nos dicen que las lluvias, los vientos, las sequías caen más recio porque ya no nos defienden los montes como de antes… y dicen bien. Antes había montes y no había granjas de cochinos por todos lados, ni de esos abanicos enormes, ni esos espejos que utilizan ahora para hacer corriente. Antes no había nadie que sembrara  esas plantas que les dicen transgénicas, ni tantas cosas que lastiman tanto al monte y al pueblo. Se necesita entender lo que está pasando y cambiar lo que hay que cambiar.

Por eso te volvemos a escribir. Hemos oído en la tele, el radio y hasta en nuestros celulares, como que nos contestabas lo que te escribimos antes. Nos pusimos el saco, dirás tú. Escuchamos lo que dices y pensamos que es bueno que ya te diste cuenta que somos mayas los que te estamos tratando de hacerte pensar.

Lo malo, en cambio, es que nos dices que no te entendemos. No importa mucho, estamos empatados: tú tampoco nos entiendes… en realidad ningún gobierno o partido político nos entiende.

Nos dices que todos somos adversarios, que somos del PAN, que leemos un diario que ni siquiera conocemos, que se llama Reforma. También dices que los que vivimos en los pueblos donde no pasará el tren no debemos de opinar, que debemos de estar ajenos a los jach pueblos donde si pasará el tren… ¡Te pasas presidente!

Lo que sí es cierto es que esto es muy político y nuestro Chuun T’aan es para eso, para hacer política. Hasta hemos oído que dices que somos sabios y que hay que hacer política. Pues ahora te lo escribimos de nuevo: queremos participar, te lo dijimos en la carta anterior, pero no se vale que sólo nos contestes por la tele.

Vamos hablar de verdad, con el corazón, para que nos entiendas. Somos mujeres que sabemos escuchar y resolver los problemas, somos hombres que sabemos hablar y cuidar la vida. Estamos organizadas, eso sí, en un Chuun T’aan, ¿leíste lo que es un Chuun T’aan, verdad? Te lo ponemos otra vez al final de este escrito, por si no pudiste leerlo. Ahí te decimos que nos hemos organizado desde hace algunos años, no para recibir programas asistenciales, ya vimos que esos programas no cambian nada en la vida de los pueblos, ni para agarrar el poder. No señor. Nos juntamos para ver cómo hacíamos para que de una vez ustedes, el gobierno, nos respeten nuestro derecho a la Libre Determinación. Queremos otra vez decidir nuestras vida ¿Crees tú que es imposible? Tú siempre dices que hay que ser optimistas.

Así que mejor te contestamos que somos mayas como dices, y dices bien, y todo lo que les pasa a los mayas no es ajeno a nosotras. Pensamos que hay mucho que no está listo, falta ver: ¿quién dices tú que es el “sujeto del derecho” de la libre determinación? ¿Cómo vas a decir cuáles son las mojoneras de nuestros territorios ancestrales? ¿En qué te basas para decir si somos o no mayas y si estás o no en un territorio maya?

Ahí está, por ejemplo, esa consulta que dicen qué hiciste, tú decidiste dónde, cuándo y a quién preguntarle, nunca lo acordaste con nosotros los mayas ¿Será que así vas a hacer para decir quién es maya y quién no, qué pueblo es maya y cuál no?

Todo el tiempo están haciendo leyes a espaldas de nuestros pueblos, y con esas leyes que se hicieron sin que nuestro pueblo DECIDIERA, nos están jodiendo.

Nos gusta mucho la historia también y se ve que a ti también te gusta. Ignacio Ramírez “El Nigromante”, que tanto lo mentas, lo estudiamos y leímos que, cuando se discutió la Constitución de 1857, él dijo que “no había una sola nación en México sino muchas naciones”. Parece que eso no te gusta recordarlo.

Pero ahora, en 2020, nos encontramos con que nos han robado el derecho a ser una nación adentro de una Nación de naciones. ¡Y así nos han robado otros tantos derechos! Para ustedes no vale nuestra justicia, no nos dejan que seamos los pueblos quienes demos los permisos para usar, el agua, el sol y el aire.

Te contamos lo peor: ni siquiera nos apoyan para reconstruir nuestras casas como queremos, chulas de ripio, amplias, y frescas como siempre. Nos quieren hacer unas bodegas chiquitas para guardarnos y no ahogarnos. Esas casas parecen cajas de zapatos, nos gustaría ver que uno de ustedes los políticos vivan en una de ellas.

Bueno, pues ahora te volvemos a escribir para decirte otra vez que tenemos muchas cosas para  conversar, justo por eso te preguntamos si de verdad tienes la buena voluntad de hablar de frente a nuestro pueblo o es pura faramalla.

Nunca pensamos que una autoridad no haga su trabajo. La verdad sí queremos que hagas algo. Sabemos que lo malo son los pensamientos de mucha gente y las leyes que tenemos. Oímos esos pensamientos tan diferentes a los que tenemos… primero dicen que ya no hay selva y entonces piensan: “como ya no hay selva, destruyamos lo poco que queda”, en lugar de volverla a cuidar y ayudarla a que se recupere.

Queremos que, si es tu voluntad, hables recio para que se cambien todas las leyes que hacen que solamente nos vean como pobres, campesinos o desempleados. Así mismo decían los que nos invadieron y después lo repitieron los hacendados; ahora sus nietos de ellos lo están repitiendo. Tú no lo sigas diciendo, dices que tú no eres igual que esos conservadores, pero igual hablas de ese tipo de progreso, como ellos hacen.

Nos despedimos todas y todos los que te hemos escrito ya desde antes, los que somos el Chuun T’aan. Aprovechamos para explicarte que le hemos pedido al equipo Indignación de derechos humanos que te mande estas palabras a ti y a los que te acompañan en tu trabajo. Indignación hace 30 años que trabaja para nuestro pueblo. Es a este equipo al que le encomendamos que ponga los amparos y las demandas tan difíciles en esos tribunales. Son las pocas rendijas que nos dejan para defender nuestro derecho a ser pueblo maya.

No estamos peleando, estamos solamente trabajando para cambiar el mundo.

Saluda mucho a tu familia. Creemos que sería mejor que te quedes en tu casa.

Atentamente

Chuun T’aan Maya de Yucatán

Pd. Te volvemos a mandar la carta anterior que nunca nos contestaste, para que la recuerdes y, así como dice el Dr. Hugo, con mucho gusto te volvemos a explicar lo que no entendiste: http://indignacion.org.mx/otra-vez-se-lo-venimos-a-decir-no-nos-gusta-que-ustedes-decidan-por-nosotros/

Severiana Pat Tun, Tekom. Julio Chimal Noh, Kanxoc. Doroteo Hau Kuuk, Homún. Melecio Bernardo Xiu Uc, Mama. María de la Cruz Torres Chap, Maní. Angélica Padrón Euan, Chablekal. José May Echeverría, Homun. Verónica Rosado Góngora, Izamal. José Anastacio Euan Romero, Chablekal. Bernarda Góngora Mejía, Maní. Graciela Margarita Carvajal Flores, Dzibichaltun. Roger May Cab, Chacsinkin. Emilio Torres Pacheco, Maní. Guadalupe de Jesús  Chan Poot, Tabi. Silvia Beatriz Chalé Euan, Chablekal. Artemia Canul Poot, Maní. Moisés Dzul Chuc, Montecristo. José Florentino Chin, Homún. Brenda Leonor Euan Cruz, Chablekal. Tomás Poot Canul, Tekom. Lidia Cruz Vázquez, Chablekal. Nicolás castillo, Maní. Alfredo Serralta Interian, Dzan. Gabriel José Cabrera Pech, Homún. José Ángel Koyoc Ku, Halachó. Verónica Padrón Euan, Chablekal. Humberto Chable Matus, Chacsinkin. Iván Jiménez, Maní. Antonio de Padua Pech Collí, Xanabá. Alberto Velázquez Solís, Jo’. Edgar Cauich Tucuch, Halachó. Pablo Tun Che, San Isidro. Argelia Poot Jimenez, Maní. Alejo Vázquez Cen, Halachó. Elsy Minelia Canche Poot, Mamita. Lilia Cano Chan, Tipikal. Randy Adrean Soberanía Dzul, Chablekal. Roseli Jiménez Balam, Maní. Daniela Cano Chan, Tipikal. Oscar Poot Bacab, Maní. María Concepcióna Coot López, Chablekal. Leticia Canul Castillo, Maní. Andres Chim Sánchez, Chablekal. Francisca Moo, Yokdzonot. Adolfo Pech, Yokdzonot.

*Hace mucho tiempo los chuun-t’annes eran los mayores del pueblo que se reunían para aconsejar en la toma de decisiones. En muchos pueblos entendemos, hasta ahora, que «chun t’aan» significa conjuntar la palabra.

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[PDF] Expansión capitalista y propiedad social en la Península de Yucatán

Les compartimos este análisis hecho por Colectivo GeoComunes, Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez Godoy sobre la Península de Yucatán – Junio 2020

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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este texto es analizar la expansión que sobre la propiedad social tienen tres de los sectores que dinamizan la acumulación de capital en la Península de Yucatán, a saber: el sector de energías renovables, el desarrollo turístico-inmobiliario y el sector agroindustrial. En particular, nos interesa describir la transformación que sobre la tenencia de la tierra ejidal tiene la expansión de un conjunto de proyectos de desarrollo de dichos sectores, que suponen la explotación intensiva de los recursos naturales (tierra, bosques, agua, viento, semillas) y la privatización y mercantilización de la tierra de uso común de núcleos agrarios. Conocer el patrón espacial y los mecanismos de inserción de dichos sectores resulta relevante en la medida en que permite tener una aproximación precisa de los posibles efectos territoriales que tendría la puesta en marcha del llamado “Tren Maya” y el mega-proyecto de reestructuración del sureste del país que vendría a la par.

El presente documento se divide en dos partes. En la primera describimos la situación actual de la propiedad social en la Península de Yucatán y establecemos las bases jurídicas para comprender la forma de tenencia ejidal. Identificamos además los procesos de privatización activados por el PROCEDE y, más importante aún, por los sucesivos cambios de destino promovidos en un gran número de ejidos tras el paso de este programa. En la segunda parte, realizamos una investigación cartográfica que muestra algunas delas transformaciones experimentadas en las relaciones de propiedad y la tenencia de los ejidos de la Península relativos a los proyectos de energías renovables, el tsunami turístico-inmobiliario y la agroindustria.

Para la elaboración de este documento nos apoyamos en varias fuentes de información y trabajos previos que se irán indicando en cada sección. Los mapas y gráficas se realizaron a partir de las bases de datos e información pública provistos por el Archivo Agrario Nacional (RAN), el INEGI, el SIAP de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y las capas elaboradas por Geocomunes. También se construyeron nuevas bases de datos a partir de información pública solicitada vía Infomex a las mismas entidades de gobierno (RAN y Semarnat). Por otro lado, este documento retoma información y argumentos presentados en otros trabajos citados en la bibliografía. Por su especificidad, detallaremos la metodología utilizada para la elaboración de los mapas de expansión urbana y agroindustrial en los apartados correspondientes.

  • Contenido
  • Introducción 2
  • 1.La propiedad social en la Península de Yucatán: procesos de privatización y mercantilización 31.1
  • 1.1.Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida
  • 1.2.Situación de la propiedad social en la Península de Yucatán (2018)
  • 1.3.PROCEDEy el parcelamiento de los núcleos agrarios en la Península de Yucatán
  • 1.4.Cambios de destino de tierras uso común postPROCEDE1993-2018
  • 2.Análisis cartográfico de las estrategias de acaparamiento de la propiedad social por sector de capital
  • 2.1.Energías Renovables: contratos de usufructo sobre tierras de uso común
  • 2.1.1. Mecanismos de apropiación de tierras ejidales del sector de energías renovables
  • 2.2.Expansión urbana y turística: cambio a dominio pleno y asentamientos humanos
  • 2.2.1 Expansión de la mancha urbana sobre la propiedad social y privada
  • 2.2.2 Urbanización futura sobre la propiedad social
  • 2.3 Agroindustria: formas diversas de acceso a la propiedad social
  • 2.3.1 Expansión de la frontera agrícola según tipo de cultivo (riego o temporal)
  • 2.3.2 Monocultivos, propiedad social y privada
  • 22.3.3 Granjas avícolas y porcícolas

1.LA PROPIEDAD SOCIAL EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN: PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN

1.1 Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida

De acuerdo con la Ley Agraria de 1992, el ejido típico se conforma por tres tipos de tierras: tierras parceladas, tierras de uso común y tierras de asentamiento humano. Las tierras parceladas son aquellas asignadas a ejidatarios de manera individual o colectiva (grupos de ejidatarios), que cuentan con certificados parcelarios registrados en el RAN. El artículo 80 de la Ley Agraria dispone que los derechos parcelarios se puedan enajenar a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Se trata de tierras dedicadas a la agricultura intensiva, ganadería y otras actividades productivas, así como a la urbanización irregular en particular en aquellos ejidos colindantes a alguna ciudad en expansión. Las tierras parceladas pueden cambiar de régimen de propiedad y pasar a dominio pleno. Este cambio supone la desincorporación de la tierra ejidal y su conversión a propiedad privada y lo realizan los titulares de las parcelas de manera individual en aquellos ejidos donde la asamblea aceptó el cambio a dominio pleno.

Las tierras de uso común son aquellas que no han sido parceladas y a las que tienen derecho todos los ejidatarios. En la Península de Yucatán se trata, en la mayoría de los casos, de tierras no laborables que se utilizan para aprovechamiento o conservación forestal, milpa, cacería, apicultura, yacimientos de materiales para construcción y uso turístico. Las normas de acceso a las tierras de uso común se establecen por decisión de la Asamblea ejidal o comunal. Estas normas pueden ser desde ‘acceso abierto’ a todos los ejidatarios y comuneros del ejidos, o pueden establecer cierto tipo de restricciones a distintos sujetos agrarios.

Las tierras del asentamiento humano están compuestas por los terrenos donde se ubica la zona de urbanización y su fundo legal. El fundo legal y el asentamiento urbano son tierras destinadas a usos habitacionales de los ejidatarios y demás vecinos, y fueron asignados o reconocidos con la dotación ejidal cuando los ejidos se crearon. Por su parte, las reservas territoriales son zonas creadas tras el paso de PROCEDE por la Asamblea general de ejidatarios. Es importante señalar que el área de reserva de crecimiento y los asentamientos humanos conforman un área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables en tanto no estén divididos. Sin embargo una vez que estas áreas son divididas y convertidas en solares urbanos asignados individualmente a ejidatarios y avecindados, dichas tierras salen del régimen de propiedad ejidal y pasan al régimen de propiedad privada (Pérez Castañeda, 2003:139).

La política de certificación del RAN permite tres figuras: asentamiento humano delimitado, asentamiento humano sin delimitar y reserva de crecimiento

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Imagen: Geocomunes

Más información:

Oaxaca: Minería podría agudizar sequía en pleno pico de pandemia

Compartimos este reportaje publicado en Avispa Midia sobre el impacto de la minería y el acceso al agua en Oaxaca- A 16 de junio de 2020

La minería en Oaxaca aumenta el estrés hídrico y amenaza el acceso al agua limpia en tiempos de sequía y Covid-19

 La gravedad de la pandemia de Covid-19 está superando las predicciones epidemiológicas en Oaxaca, donde los casos confirmados han superado los 3,000 y las muertes se elevaron a más de 340. Pero mientras las autoridades sanitarias instan a las y los habitantes a lavarse las manos con frecuencia y a desinfectar las superficies de uso común con el fin de controlar la propagación del nuevo coronavirus, en más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia: el agua. En este contexto de sequía el gobierno ha decidido declarar la minería, una industria con alto impacto en los recursos hídricos, como una actividad esencial.

Modelo AMA, informe del 11-06-2020 del grupo de respuesta COVID19 del CONACYT. Fuente: CONACYT.

         En el último informe del monitor de sequía, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día 5 de junio, se destaca el estado de Oaxaca por su sequía severa. Según el reporte, el 23.2% del territorio oaxaqueño está anormalmente seco, mientras que casi el 32.5% del estado está resintiendo los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12.3% sufre una sequía grave.


         Desde el inicio de la pandemia, para las y los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, estos porcentajes de sequía se han manifestado en términos de los días que deben esperar entre las entregas de agua por parte de SAPAO (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca): “Antes llegaba cada semana y ahora ha tardado más de 20 días en llegar”, le asegura a Avispa Midia el señor Margarito Jiménez de la Colonia Miguel Alemán. En la Colonia América, otra zona popular de la periferia urbana, la señora Blanca Rodríguez también lleva casi 20 días esperando para llenar sus dos tinacos. “Esto ya no es normal”, señala.

Monitor de sequía México, reporte 31-mayo-2020. Fuente: SMN.

 A pesar de la escasez de agua en el estado, el 13 de mayo, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín declaró que mientras persista la emergencia sanitaria, la minería, junto a la industria automotriz y de construcción, será considerada una nueva actividad esencial. Con ello dio luz verde a la reactivación de una industria que, por su elevado consumo de agua y sus antecedentes de contaminación, probablemente pondrá en riesgo el acceso al agua limpia y aumentará el nivel de conflictividad socio-ambiental, justo cuando la entidad se acerca al pico de la pandemia Covid-19.

Tres proyectos mineros en Oaxaca: Millones de litros de agua en juego

       En el estado Oaxaca existen 355 concesiones mineras, según los datos de la Secretaría de Economía hasta diciembre de 2019. Mientras que la mayoría se encuentra en la fase de exploración, tres proyectos están siendo explotados actualmente por dos empresas norteamericanas, las cuales han exhibido un uso significativo de los recursos hídricos de la entidad, así como su contaminación, durante la última década.

Foto: Emmanuel Ruiz Rojo



         Tan sólo en el Valle de Ocotlán, la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial en México de la corporación canadiense Fortuna Silver Mines Inc. controla 64,422 hectáreas en las que opera el proyecto minero San José desde 2011. Ahí mantiene una operación subterránea de explotación de 3,000 toneladas métricas de mineral diario para extraer oro y plata.

         Al otro extremo de este Valle, en el distrito de Tlacolula, se encuentra la empresa Don David Gold Mexico S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC). Esta empresa controla más de 55 mil hectáreas en las que opera dos proyectos mineros: El Águila y Alta Gracia, que están en función desde 2010 y 2017, respectivamente. Cada día los proyectos envían un promedio de casi 2 millones de kilos de mineral, equivalente a unos 40 mil sacos de cemento, a una planta central de procesamiento que separa el oro, plata, cobre, plomo y zinc para su venta comercial.


         Para procesar todo este mineral, las dos empresas consumen miles de millones de litros de agua por año, al tiempo que reconocen que las regiones donde operan sufren de escasez de agua. Fortuna reporta que su producción consume unos 8,100 metros cúbicos (8,1 millones de litros) de agua por día. Por su parte, GRC no proporciona información precisa sobre su consumo diario de agua. Sin embargo, la compañía tiene un permiso para extraer hasta 150,000 metros cúbicos (150 millones de litros) de agua por año del río Grande-Tehuantepec, a través de la concesión 05OAX137811/22FSDA16, otorgada por la Conagua.


         Aun así, no hay certeza ni mecanismos fiables que garanticen que esta sea la cifra exacta de consumo real, pues como lo afirma el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) en un estudio titulado “Un Plan para un Bien Común”, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión de agua, en general “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.


         En síntesis, si sumamos la cantidad de agua que ambas empresas mineras dicen consumir -o tener permiso para consumir- da un total de 8 millones 511 mil litros de agua al día. Esto significa que en un solo día las minas en Oaxaca consumen una cantidad de agua que es equivalente a lo que 233 personas necesitarían para satisfacer sus necesidades básicas en todo un año (según los parámetros de la OMS para el consumo e higiene personales).


         Para tener una dimensión de la cantidad de agua que esto representa: tan sólo en 2017, entre lo que Fortuna Silver Mines reportó haber consumido, y lo que Don David Gold tuvo permiso para extraer, ambas minas consumieron al menos 3.1 billones de litros de agua; cantidad equivalente a lo que la tercera parte de la población de Oaxaca de Juárez necesita para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene durante un año, tomando como referenica el último censo del INEGI 2015.

Fuente: Elaboración propia con información de Fortuna Silver Mines Inc. y CONAGUA

¿De dónde viene el agua que usa Fortuna Silver Mines Inc.?

       El lunes 22 de abril de 2019, una familia de pobladores de San José del Progreso -la comunidad Zapoteca en el Distrito de Ocotlán donde se instaló de manera violenta la mina de Fortuna Silver Mines- visitó la presa comunitaria denominada “Borde del Vallito” para caminar alrededor de ella y pasar la tarde, como era su costumbre. De pronto, se percataron que en la orilla de la presa yacían docenas de peces muertos sin razón aparente; de cerca vieron que tenían entre las escamas espuma amarilla y café, y si bien parecía que habían muerto recientemente, a la mayoría de los peces también le faltaban los ojos.

Foto: Avispa Midia

Foto: Avispa Midia

         Esto despertó rápidamente sospechas entre los pobladores, quienes no descartaron que se tratara de otro episodio de contaminación por parte de la mina, ya que ésta se encuentra a pocos kilómetros de dicha presa.


         El antecedente directo de contaminación había sucedido apenas seis meses antes: El 8 de octubre de 2018, la presa de jales que contiene los desechos tóxicos de la mina, se desbordó y contaminó el Río Coyote, un afluente que forma parte de la cuenca del Río Verde-Atoyac y de la sub-cuenca Río Atoyac-Oaxaca de Juárez.


         El derrame ha afectado el pastoreo de animales y el abastecimiento de los pozos de agua potable, ya que el agua del Río Coyote fluye por Magdalena Ocotlán y las comunidades de San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol y San Felipe Apóstol.


         En cuanto a la mortandad de peces en la presa comunitaria “Borde del Vallito”, la Dirección General del Organismo de la Cuenca Pacífico Sur de la Conagua descartó, en mayo de 2019, que la presa estuviera contaminada. Se argumentó que la mortandad de peces se debía a fenómenos tales como la disminución del agua y el aumento de la temperatura por el periodo de sequía, y que esto no tenía relación con la actividad minera. Sin embargo, algunos pobladores de San José del Progreso dudaron de esta versión.


         Tal es el caso de uno de los pescadores de la comunidad, que lleva muchos años pescando en las presas para el autoconsumo y la venta. En entrevista para Avispa Midia, este pescador, cuyo nombre se reserva por su seguridad, relató: “También voy a pescar a otros lugares, por ejemplo, hay otra presa aquí, la de Cuajilote, y esa está aún más seca, y ahí no se está muriendo el pescado, lo cual me extraña; ahí están gorditos gorditos. (…) Nos preguntamos: ¿por qué aquí se están muriendo los pescados? Yo pienso que igual de caliente está el agua ahorita allá, que acá; y allá no se están muriendo”.


         Este pescador es solo uno de muchos pobladores que sienten una constante amenaza a su salud y sus labores debido al inminente impacto ambiental de la mina, la cual lleva extrayendo millones de toneladas de minerales en su comunidad desde el año 2011.

Foto: EDUCA

         “Anteriormente aquí había mucho pescado, mojarra grande. Ahorita lo que está muriéndose es la mojarrita. Yo venía seguido, diario, a sacar pescado, a veces me pedían y de ahí yo sacaba algo de dinero. Pero ahora ya no, ya no voy como antes, desde hace algunos años ya casi no hay mojarra y la que hay está toda flaca. Y ahora éstas muertas… ni las gaviotas se las comen. Yo ya no vengo a pescar aquí, por lo mismo de que esto de la mina es pura contaminación”, comparte el pescador.


         Además, este habitante de San José asegura que “está bajando el agua, se está acabando, y no sabemos qué pueda suceder; andan escarbando, andan debajo del agua, ya ve usted que el agua es tan fina, y no vaya a ser que a través de esos huecos que andan haciendo, pues, se nos filtre y se pueda acabar el pescadito”.


         La preocupación expresada por el pescador no es infundada: El manejo, la extracción, el uso y el deshecho de agua por parte de la mina es, cuando menos, nebuloso y contradictorio.


         En una consulta realizada por Avispa Midia al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) el 7 de abril de 2020, la Compañía Minera Cuzcatlán contaba con tres títulos de concesión vigentes para uso industrial (05OAX137328/20FDDA13, 05OAX137242/20FKOC10, 05OAX137241/20FDOC10) que acumulan la ocupación de 15 anexos de zonas federales, por un total de 31,355.39 metros cuadrados (en su mayoría del río Coyote); y dos anexos de descargas residuales (al suelo, y a un arroyo “sin nombre”) por un total de 52.5 metros cúbicos de descargas residuales al día, como se muestra en la siguiente imagen:


         Sin embargo en una nueva consulta realizada el 15 de junio de 2020, esta cantidad permitida de descargas residuales fue reemplazada por un “0”, como se puede ver a continuación:


         El que la base de datos del REPDA sea contradictoria no es el único problema. Hay que recordar que, como lo afirma el INSO, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión, “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.


         Prueba de ello es que en el reporte técnico de la compañía minera publicado en febrero de 2019, la empresa revela que tiene un sistema de drenaje que “retira cualquier exceso de agua subterránea que sea encontrada o producida durante las actividades de perforación” y la destina a su uso industrial en la mina, sin que hasta la fecha exista una sola concesión vigente para el aprovechamiento de aguas subterráneas.


         Además, en su apartado de infraestructura la empresa afirma que, de los 2,7 metros cúbicos de agua necesarios para procesar cada tonelada de mineral, éstos “se obtienen principalmente del agua bombeada a la superficie desde el sistema de desagüe subterráneo”.


         Lo anterior contradice directamente las declaraciones que ha hecho Luiz Calmargo, actual Director de Cuzcatlán y representante en México de Fortuna Silver Mines, quien en julio de 2019 aseveró que “la unidad minera San José no tiene y no necesita concesiones para la extracción de agua del subsuelo, ni ha perforado pozo alguno para abastecerse. La mina no compite con las comunidades por la captación y utilización de agua”.


         Paradójicamente, la mina también expone en un capítulo titulado “Hidrogeología” en el mismo reporte técnico, que dentro de su área de operaciones hay un acuífero complejo al que están estudiando, presuntamente para su explotación:

“Basado en información generada, colectada, e interpretada por la Universidad de San Luis Potosí (Benavides & Amaral, 2007) y Consultores de Gestión del Agua (2009), ha sido posible definir la ubicación aproximada del acuífero local. (…) Han observado la presencia de agua subterránea en forma de flujos esporádicos y permanentes en áreas específicas de los sistemas de vetas de la Trinidad y Bonanza”. Dichos consultores, según se reporta, han trabajado en el diseño de un sistema de bombeo y drenaje de éstas aguas subterráneas “como parte del estudio sobre la expansión minera”.

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Imagen: Avispa Midia

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En Defensa del Campo y las Semillas, y en contra de la Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales

Comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país sobre una reforma que se pretende realizar a la Ley de Variedades vegetales- A 18 de junio de 2020

Una de las más grandes fortalezas de México ha sido y es la diversidad de sus plantas cultivadas y de sus parientes silvestres. Los antiguos pueblos mexicanos lograron domesticar más de cien plantas; algunas tienen un gran valor para la economía y para la alimentación mundial, como el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza, el aguacate, el nopal, el cacao y la vainilla por solo nombrar algunas. Esta gran riqueza ha sido amenazada una y otra vez por las grandes empresas que buscan adueñarse de las principales semillas del mundo, de las mejores tierras y del agua que es un bien común para todas y todos.

Estas empresas, apoyadas por legisladores y funcionarios desinformados de la riqueza de este patrimonio, han diseñado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Esta propuesta fue presentada en marzo pasado ante comisiones de la Cámara de Diputados por el legislador de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez. Entre su articulado, están consideradas costosas multas, penas de cárcel, e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas, las pencas de nopal, los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios; sumemos a ello que las empresas transnacionales podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas. Esta privatización abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas.

La alimentación tradicional que México tiene, es sana y es parte de nuestra identidad cultural. Por su diversidad de ingredientes, preparaciones y platillos hoy forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las formas de cultivo y el intercambio libre de semillas son parte sustantiva de esta riqueza y ha permitido la autonomía y la autosuficiencia de comunidades indígenas y campesinas. Por ello, el Estado mexicano debe atender las obligaciones constitucionales que tiene en materia de protección de derechos.

Es falso el argumento de que se requieran dichas reformas para atender la entrada en vigor del T-MEC.

Por estas razones, hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos de agricultores, campesinos, de pueblos y comunidades indígenas, que se verían afectados, así como a los fitomejoradores honestos, y en general a la sociedad civil, para movilizarnos e impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales. La LFVV de 1996, actualmente en vigor, reconoce el intercambio libre de semillas tan esencial para la protección de la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria de nuestro país.

Demandamos de manera enérgica a las y los integrantes de la actual legislatura de la Cámara de Diputados no aprobar esta iniciativa de reforma de Ley que traería afectaciones sociales y ambientales irreparables, y que violaría los derechos de toda la población mexicana.

¡Digamos no a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales!
¡Digamos sí a la autonomía campesina e indígena, al derecho a una alimentación sana, segura, diversa y culturalmente adecuada y a un ambiente sano!

Atentamente

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Imagen: Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País

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Oaxaca: En San Mateo del Mar, Hay guerra contra la asamblea del pueblo

Comunicado publicado en Educa Oaxaca sobre la acontecido hace unos días en San Mateo del Mar – A 21 de junio de 2020

En San Mateo del Mar se vive una guerra en contra del pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones que es la Asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas en la figura del Alcalde Único Constitucional.

No es suficiente, aunque necesario en la coyuntura, exigir, en el caso de esta crisis, primero en la del 3 de mayo y ahora en la del 21 de junio de 2020, que intervenga la Guardia Nacional y el gobierno estatal y su fiscalía. Desde el 3 de mayo se hizo el llamado, pero no hubo una respuesta efectiva.

Estos ataques armados son provocados para dar apoyo al presidente municipal, para no verse rebasado por la legítima Asamblea del Pueblo. Tienen en común los ataques que se realizan en mayo y junio, la presencia de personal ajeno al pueblo que cuenta con vehículos y armas, que orquestan, como asesores del presidente municipal ataques armados que desatan el intercambio de actos violentos, justamente cuando el pueblo va en camino a una Asamblea, intentando organizarse de acuerdo a sus normas internas.

En el fondo, los órganos del Estado no entienden la institucionalidad de los órganos internos de gobierno de San Mateo del Mar, y terminan por reconocer a quien está realizando la guerra contra el pueblo, es decir, al presidente municipal que robó la elección en 2019, y que fue impuesto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que al sancionar como legales las elecciones violentas y con compra de votos, anula la verdadera figura de toma de decisiones que recae en la Asamblea, que forma parte del sistema normativo interno de San Mateo del Mar. Las autoridades del Estado no acudieron al llamado de controlar la crisis en mayo, solo supieron torpemente contactar a la presidencia municipal espuria, y no desactivó su capacidad de uso de la fuerza contra el pueblo. La consecuencia fue el agravamiento de la crisis que ahora ya tiene muchos más muertos, 14 hasta el momento, porque son batallas entre fuerza desiguales.

Desde septiembre del 2017, avaló el IEEPCO, un primer fraude electoral, con los hechos violentos que se suscitaron, en los que el asesor externo hizo uso de un arsenal de camionetas y armas para mantener bajo terror a la comunidad que fue amenazada de ser arrasada. Y que acabó con el reconocimiento de la elección por el IEEPCO, a pesar de ser testigos sus funcionarios de la compra de votos, el embarazo de urnas y la presión por hacer firmar actas electorales amañadas a quienes cumplían su deber como escrutadores. Cabe señalar que el presidente municipal espurio 2017-2019, ni portó el bastón de mando, ni reconoció la autoridad tradicional de la alcaldía, ni despachó en la presidencia municipal, sino en domicilio particular en Huazantlán del Río, pero eso sí, con la recepción de las partidas presupuestales que otorga la hacienda estatal y nacional.

En el 2019 se volvió a repetir la receta, imponiendo el IEEPCO una elección por planillas, que niega la forma tradicional de elección en Asamblea, por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Que niega el mérito que deben cumplir sus ciudadanos en el sistema de cargos. Y esto falsifica el derecho consuetudinario colectivista, y lo transforma en derecho liberal individual, y el IEEPCO se constituye en autoridad, que dice defender sistemas normativos internos pero que en la realidad receta, en el colmo de la intervención en el derecho normativo interno, elecciones a modo, “por planilla”, y a favor en última instancia de los poderes fácticos que tiranizan al pueblo, atrás de estos presidentes espurios. Poderes fácticos que en realidad son sofisticados contratistas, que lo mismo operan contratos de obra pública, que administran los fondos municipales y “rinden cuentas” con sus contadores a modo, litigan con sus abogados para simular legalidad. Y nuevamente el “presidente” despacha fuera del palacio municipal.

Estos poderes fácticos controlan la guerra contra la Asamblea. Y claramente este ataque del 21 de junio, como el del 3 de mayo de 2020, tienen el fin de frenar la organización del pueblo para tomar sus propias decisiones.

Este último ataque no puede ser más ilustrativo, ya que las y los ciudadanas y ciudadanos se dirigían a realizar una Asamblea en la agencia de Huazantlán del Río, lo que significa que no es un movimiento solo de la cabecera, como podría pensar alguien despistado. A la altura de la colonia Reforma fueron emboscados, inermes, por encapuchados, preparados para el ataque.

Más allá del manejo de la crisis por fuerzas armadas públicas como la guardia nacional o la policía estatal, hay que exigir, además, e igualmente en calidad de emergencia, al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal, al Congreso del Estado de Oaxaca, al IEEPCO, al INPI, a la CNDH, a la DDHPO:

1. El respeto y reconocimiento de la Asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar, como la instancia superior y única en la toma de decisiones y elección de cargos en concordancia con su sistema normativo interno, forma de gobierno, e instituciones tradicionales que conforman su cohesión social, su lengua ombeayiüts, en suma, su cultura.

2. La desaparición de poderes municipales y la expulsión de los paramilitares con máscara de asesores y contratistas, para garantizar el desenvolvimiento libre de la Asamblea del Pueblo en el municipio de San Mateo del Mar, incluyente de todas las agencias, colonias, y la cabecera municipal.

3. Garantizar elecciones libres y autónomas de acuerdo a la forma de gobierno tradicional indígena que caracteriza a San Mateo del Mar desde, al menos, el siglo XIX y que está ahora bajo fuego de guerra etnicida.

4. Manos del IEEPCO, fuera del proceso y presencia de observadores independientes expertos en sistemas normativos internos.

En San Mateo del Mar, a partir de 2012 se desató esta guerra contra la Asamblea; no se tratan, por lo tanto, estos últimos ataques, de episodios aislados, y la razón ha sido la autonomía del pueblo Ikoots, que, en Asamblea en ese entonces, decidió en contra de la admisión del megaproyecto eólico de la empresa PRENEAL y posteriormente protagonizó, al lado de la Asamblea General de San Dionisio del Mar, y de la Asamblea de la Colonia Álvaro Obregón, la expulsión de Mareña Renovables, S.A.P.I. que pretendía instalar 104 aerogeneradores en la frágil ecológicamente y sagrada Barra Santa Teresa. Esta guerra tiene un origen y un objetivo. El pueblo con dignidad se resiste a la enajenación de su territorio ancestral. He ahí la razón por la que le hacen la guerra.

21 de junio, 2020.

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[Vídeo] El Frente Popular en Defensa del Soconusco cumple 5 años de defender la vida en el Soconusco de Chiapas

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” desde el 2015 defienden de manera colectiva y organizada las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. Este mes cumplen 5 años en su digna lucha, forman parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. A lo largo de su lucha han denunciado varias veces el daño a la salud y ambientan ocasionado por la explotación de la ilmenita y titanio. Lograron que los municipios de Escuintla y Acacoyagua se declararan libres de minería, que se suspendiera la explotación de la mina Cristina en el 2015 y frenaron la actividad de la mina Casas Viejas de la empresa El Puntal S.A. de C.V. con dos campamentos pacíficos.

En su 5to aniversario, las y los felicitamos, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y ríos de la voracidad minera pero sobre todo por defender  la vida. Este vídeo cuenta un poco sobre su historia, además de ser un reconocimiento.

¡Felicidades al Frente Popular en Defensa del Soconusco!

#SíALaVida #NoALaVida #RíosLibres

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Petición: Tren Maya arrasará la selva en México

Les compartimos esta petición sobre el Tren Maya lanzada por la Organización civil Salva La Selva – Junio 2020

La idea del presidente mexicano López Obrador es construir un Tren Maya que lleve masas de turistas de sol y playa desde Cancún y la Riviera Maya hasta las ruinas de Palenque y otros centros arqueológicos.

El tren recorrería 1.500 kms por cinco estados de México y atravesaría parajes mexicanos de la Selva Maya, parte del mayor continuo de bosque tropical húmedo de Mesoamérica cuya contribución a la estabilidad del clima es fundamental.

Cualquier obra de infraestructura tiene un alto impacto ambiental. El tren amenaza ecosistemas que garantizan refugio a jaguares, ocelotes, tapires, monos aulladores, monos arañas, cocodrilos, manatíes, loros y guacamayos. Estas especies necesitan de grandes territorios para desplazarse, alimentarse y reproducirse lo que se dificultará al dividir su hábitat en dos partes. No basta construir túneles o puentes para el paso de las especies animales o decir que se utilizarán los derechos de vía ya existentes para preservar la selva.

La construcción del tren generará inevitablemente ruido, contaminación, extracción de recursos pétreos, obras de cimentación y nuevos centros de población para la obra y posteriores actividades turísticas. Con graves repercusiones negativas.

Comunidades rechazan cualquier cambio de uso del suelo o licencia para el proyecto sin el consentimiento de los pueblos indígenas afectados por el tren. El Tren Maya “no tiene nada de Maya, ni beneficia a la población maya. No queremos ser un Cancún o Rivera Maya, donde las cadenas hoteleras, de transporte, de restaurantes son los únicos beneficiarios”.

Firma la petición al presidente mexicano AMLO pidiendo que evite el paso del Tren Maya por Reservas de Biosfera y territorios indígenas.

Carta al Presidente de la Republica

Para: Presidente de México Andrés Manuel López Obrador

Estimado Sr. Presidente López Obrador:

Los países que mejor conserven su patrimonio cultural y natural serán mañana destinos más atractivos para el turismo mundial. El impulso de proyectos turísticos de capital extranjero como el Tren Maya, sumados a los monocultivos de palma africana y de soja , ganadería, tala y tráfico ilegal de especies amenazan reservas ecológicas de valor ambiental y cultural estratégico, así como a las comunidades indígenas mayas y campesinas.

La obra del Tren Maya supone un impacto ambiental demasiado elevado, que pone en peligro el ecosistema y la biodiversidad de la selva maya. Una reserva ecológica tan importante y las pirámides de la zona maya deben preservarse a toda costa.

A mayores, un proyecto de esta magnitud supone la expropiación de tierras y la adquisición de derechos de vía que necesariamente afectarán también a comunidades de toda la península. Las comunidades locales e indígenas deberían haber recibido por adelantado y con tiempo suficiente información completa y verídica referente al tren, lo cual no ha sucedido.

Las comunidades no se oponen -según sus propias palabras- al progreso, sino a la certeza de que el megaproyecto no les dejará beneficios ni desarrollo regional.

El trazado del Tren Maya debería revisarse y evitar su paso por las Reservas de la Biosfera y en todo caso consultar previamente y de manera informada y apropiada cualquier uso de territorios indígenas, como marca la ley y el Convenio 169 de la OIT. También debe realizarse un estudio exhaustivo de impacto ambiental, desconocido hasta la fecha.

Atentamente,

>>Firma aquí<<

Imagen: Comunidades indígenas rechazan planes de construir el llamado Tren Maya (© borphy/istockphoto.com & Sebastian Terfloth – Collage RdR)

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Firma la Petición: Agua para San Cristóbal

Revocar la concesión de aprovechamiento del agua a Coca cola FEMSA en Chiapas

Ayúdanos a defender el agua en San Cristóbal de Las Casas, a proteger nuestros humedales de montaña, al popoye; pez endémico de la región y a todo ser vivo en el Valle de Jovel. Por el agua es un derecho y es de todas y todos #YoProtejoElAgua.

>>Firma le petición aquí<<

Durante más de 20 años esta empresa refresquera Coca cola a extraído 1.3 millones de litros al día y explotado los mantos acuíferos de San Cristóbal de Las Casas. Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel.

Aunado a esto dicho bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y a la vez de los mayores consumidores de esta bebida.

Durante el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19 la empresa a seguido laborando a pesar de ser una industria NO esencial, por lo que pedimos a la Comisión Nacional del Agua la revocación de la concesión de aprovechamiento de agua en San Cristóbal de Las Casas.

¡AGUA SÍ, COCA COLA NO! #YoProtejoElAgua

Imagen: Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas

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