Volvemos, también, con ganas de crear caminos posibles para sostener la vida y ponerla en el centro. Por eso, en este episodio hablamos de la sostenibilidad de la vida.
La entrevista que nos dio Miriam Nobre y las reflexiones que Amaia Pérez Orozco compartió en un seminario de la Red de Estudios Rurales en febrero nos ayudan a responder qué significa «sostener la vida» en esta coyuntura.
«Más que recuperación económica, la idea es de renovación económica: fortalecer lo comunitario, pensar otras formas de relaciones entre Estado y comunidad sin racismo ni colonialismo. Y necesitamos una reconversión productiva junto al tema de la producción de energía justa». Miriam Nobre (Marcha Mundial das Mulheres)
Además, en abril, la SOF, el Colectivo XXK y la Fundación Rosa Luxemburgo de España lanzarán la publicación Juntas y revueltas: explorando territorios de la economía feminista. Es una oportunidad para seguir reflexionando sobre la economía feminista y las formas de sostener la vida.
Equipo: Helena Zelic, Patrícia Cornils, Azul Cordo, Fabiana Oliveira y Pluvia Oliveira.
Comparte este podcast feminista en tu medio. Usa el hashtag #FuriaFeminista y sigue las cuentas en Twitter: @radiomundoreal @marchamulheres @CapireMov
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el modelo extractivista minero- A 23 de marzo de 2021
A inicios del mes la empresa minera canadiense First Majestic fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)y la Fundación Mexicana para la Sostenibilidad y la Equidad como empresa líder en Responsabilidad Social Corporativa por sus“prácticas éticas y de buen gobierno”y su “dedicación al cuidado del medio ambiente”. Estos reconocimientos fueron para las tres minas donde opera en México (San Dimas, Santa Elena y La Encantada).
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos incitara los responsables corporativos del CEMEFI para que por lo menos maquillen un pocolos títulos de sus premios y no sean cómplices del lavado de imagen de las empresas mineras, de tal manera que sus reconocimientos al menos, sean más apegados a las realidades que vive la población de lospueblos en donde operan esas empresas.
Desde nuestro punto de vista, un reconocimiento indiscutible para la First Majestic, sería uno que haga referencia a su “dedicación al destrozo del medio ambiente”. Sobran los ejemplos,pero podemos resaltar los derrames por cianuro que han ocurrido en la mina la Encantada en 2016; la contaminación del río San Rafael y las enfermedades en la población derivadas la por su mina Del Toro en Zacatecas; la tala de más de 2,000 hectáreas de bosque, el derrame y entierros de residuos tóxicos, que han contaminado ríos y manantiales provocados por sus minas “La Guitarra” y “El Coloso” en el estado de México.Podemos citar también el grave intento al destrozo del área protegida y sitios sagrados en Wirikuta por su proyecto de mina La luz.
Asociar First Majestic y “prácticas éticas y de buen gobierno” es otro oxímoron. En los distintos territorios donde opera,la población local ha denunciado las irregularidades en las rentas de tierras, los niveles de criminalización y las estrategias de división social utilizadas por la empresa. El hecho que First Majestic está actualmente demandando al gobierno por medio de un arbitraje internacional para evitar pagar impuestos de hasta 4,919millones de pesos mexicanos, no parece por ningún lado una práctica ética, menos aun de buen gobierno. Esta disputa surge en torno a una diferencia con las autoridades mexicanas sobre impuestos pagados sobre las ventas de plata desde la mina San Dimas en Durango entre 2010-2014 a otra filial de la misma empresa en Barbados. En ese entonces, la mina San Dimas fue propiedad de la empresa canadiense Primero Mining, la cual también amenazó a México con un proceso de arbitraje internacional por la misma razón en 2016, aunque luego se desistió después de que su amenaza desembocó en un proceso de diálogo. Ante la insistencia del estado mexicano de recaudar lo que falta, parece que First Majesticva a proceder con su demanda.
Generalmente las empresas mineras han creado una serie de mecanismos basados en; prémiate a ti mismo,en consecuencia, éticamente incorrectas, totalmente alejadas de cualquier posibilidad de vínculo jurídico (le llaman códigos voluntarios) y siempre cobijadas por académicos quienes han desarrollado cualquier cantidad de artificios para lavar un poco la sucia imagen empresarial del sector
Lamentablemente esas mentiras al respeto alas prácticas de las empresasmineras no se han limitadoal CEMEFIo a las propias empresas, sino que ha llegado, en los últimos días, haciael puesto más alto de quien gobierna nuestro país. Lasdeclaraciones de AMLO resaltando la ejemplaridadde la empresa Newmont-Goldcorp por su mina Peñasquito en Zacatecas por el hecho que“paga bien a los trabajadores, ayuda a las comunidades, no destruyeel entorno y cuida el medio ambiente”, son desconcertantes y absurdas por el nivel de engaño que hace en esa declaración.La mina de Peñasquito, si es un ejemplo, pero del nivel de depredación a lo cual puede llegar este modelo extractivo. Desde que ha empezado a operar ha generado un verdadero desastre social y ambiental totalmente ocultado por esta declaración presidencial, como ha sido muy bien señalado en la carta siguiente: https://ljz.mx/2021/03/19/carta-al-presidente-sobre-el-desastre-ambiente-de-la-mina-penasquito/
Basta de tratar de engañar a los pueblos, y a la opinión pública, promoviendo supuestas empresas y prácticas socialmente responsables o verdes. El modelo extractivo minero,y los actores que la promueven,solo generan despojo, miseria y devastación.
La única práctica socialmente responsable, cuidadora del medio ambiente y realmente de buen gobierno es: TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo
Front Line Defenders, dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe, precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
OAXACA, Oax. (apro).- México se encuentra entre los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, al ubicarse en el cuarto lugar a nivel global, con al menos 19 asesinatos durante 2020, informó la coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders, Sandra Patargo Muriedas.
En reunión virtual de Mary Lawlor –relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos– con diversas organizaciones civiles, el pasado jueves 11, la representante de Front Line Defenders detalló que de las 19 personas defensoras asesinadas en México el año pasado, 15 eran hombres y cuatro mujeres, incluidas al menos tres mujeres trans.
En México, precisó, 14 de las víctimas trabajaban temas ambientales, y seis de ellas defendían derechos de los pueblos indígenas.
La organización civil irlandesa dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
En un evento paralelo a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Patargo Muriedas manifestó: “La situación de los asesinatos y en general de la violencia contra de las personas defensoras trans nos parece alarmante”.
Esta problemática, añadió, “sigue siendo invisibilizada y urge ser tomada con mayor urgencia por las autoridades”.
Con el tema “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”, 10 organizaciones civiles, entre ellas Consorcio Oaxaca y Front Line Defenders, convocaron a este encuentro, donde manifestaron que la violencia es alentada con la impunidad.
Patargo Muriedas citó que poco más de una cuarta parte de los asesinatos contra personas defensoras en México se cometieron en Oaxaca.
Puntualizó: “Cinco de las y los defensores asesinados fueron líderes comunitarios de Oaxaca, hecho que nos parece sumamente preocupante considerando el nivel de violencia, criminalización, amenazas y, sobre todo, impunidad al que se enfrentan los defensores en este estado”.
Ese panorama de Oaxaca, adverso a la defensa de los derechos humanos, es evidente en el caso de los defensores Fredy García y Pablo López Alavez, “quienes siguen injustamente encarcelados en Oaxaca hasta el día de hoy”, expuso en referencia a dos de los casos emblemáticos que una de las organizaciones convocantes del evento, Consorcio Oaxaca, ha llevado al ámbito internacional.
A nivel global, regional y en México, continuó Patargo, las personas defensoras de derechos humanos en mayor riesgo de ser asesinadas son las que trabajan los temas de tierra y territorio, derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales, que representan 69% de las y los defensores asesinados a nivel global, y 73.7% en el caso mexicano.
“Hoy más que nunca nos parecen verdaderamente importantes las recomendaciones que hace la relatora”, dijo en referencia al informe “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, presentado por la relatora especial Mary Lawlor, pues “no han sido suficientes ni constantes los esfuerzos de las autoridades por reconocer la importancia del trabajo que hacen las y los defensores”.
“Pensamos que mientras continúen los discursos estigmatizantes contra la sociedad civil por parte de altos funcionarios, incluyendo el Ejecutivo federal, los esfuerzos para visibilizar el trabajo y riesgos de personas defensoras seguirán quedando cortos ante la realidad que enfrentan”, expresó Patargo.
Igualmente pidió garantizar el presupuesto necesario para el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fortalecer las capacidades y capacitaciones del personal, y seguir reforzando la perspectiva de género y de protección comunitaria.
“Si no se ataca la impunidad desde la raíz, los ataques, desapariciones y asesinatos contra defensoras y defensores no cesarán; las cifras de impunidad en México son casi tan alarmantes como la de los asesinatos”, por lo que “el combate contra la impunidad en los casos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos debe ser una prioridad”, finalizó.
El evento fue convocado por las organizaciones de la sociedad civil: Brigadas Internacionales de Paz (PBI); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Front Line Defenders; Organización Mundial Contra la Tortura; Pan Para el Mundo; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México, y Servicio Internacional por los Derechos Humanos.
En nuestra emisión mensual de abril del El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, seguiremos platicando sobre Honduras y los diferentes procesos de resistencia y lucha que hay dentro del país, acompáñanos este martes 6 de abril a las 6 pm.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Koniki este martes 6 de abril a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Compartimos este Manual de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre los derechos colectivos y campesinos – A diciembre de 2020
Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva, muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.
Esta publicación es una actualización de la nota informativa “Derechos Colectivos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, redactada por Andrea Nuila y publicada por FIAN Internacional en marzo de 2018. Fue actualizada y adaptada para Amigos de la Tierra por Analía Penchaszadeh, en octubre de 2020.Aunque una parte importante del texto proviene de la publicación original, esta actualización de 2020 es exclusivamente la opinión de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra Internacional. La publicación original se puede encontrar en ‹https://fian.org/files/files/droits_collectifs_ESP_web.pdf›.
Campesinos, campesinas, indígenas, pescadores y nómadas han manifestado a través de la historia que el reconocimiento de sus derechos humanos, bajo las configuraciones exclusivas del derecho subjetivo individual, ignora el carácter imprescindible que desempeñan las relaciones comunitarias en la determinación del manejo y uso de los patrimonios comunes, en la protección de los derechos de las y los miembros de la comunidad y en la conservación de la subjetividad e identidad del individuo y del grupo al que este pertenece. Amigos de la Tierra Internacional coincide con esta reivindicación y plantea el reconocimiento de los derechos colectivos como un elemento esencial de los paradigmas y las iniciativas positivas tales como la Agroecología y el Manejo Comunitario de Bosques.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (la Declaración o UNDROP, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, es el resultado de décadas de lucha e incidencia de campesinas y campesinos, y es un instrumento de derechos humanos trascendental en el reconocimiento de los derechos colectivos. Los derechos colectivos protegidos en la Declaración incluyen el ejercicio colectivo del derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la biodiversidad y a un medio ambiente limpio, el derecho a la autodeterminación y el respeto de las prácticas y formas ancestrales y tradicionales de rendición de cuentas y justicia. La Declaración fortalece la arquitectura internacional de derechos humanos y desacredita los mitos de que el derecho internacional de derechos humanos no puede abarcar los derechos colectivos. La Declaración puede ser una herramienta valiosa para avanzar en los derechos colectivos desde lo local hasta lo internacional; también puede apoyar la inclusión de los derechos colectivos en el Tratado vinculante de la ONU sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, que a su vez será un instrumento complementario y poderoso para garantizar el respeto de los derechos humanos para todos y todas.
Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional1 hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva,2 muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales.
1.1 VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES
A lo largo de los años, La Vía Campesina —el movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños y medianos agricultores, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo— ha documentado las violaciones de los derechos de los campesinos. Entre ellas: desalojos forzosos; ocupación y apropiación de territorios campesinos; especulación financiera con la tierra, los recursos naturales y los productos agrícolas; leyes sobre semillas que amenazan la biodiversidad y las semillas campesinas; envenenamiento por agrotóxicos; criminalización y encarcelamiento de dirigentes campesinos; ataques violentos durante las manifestaciones.3
Desde 2012, la organización Global Witness ha llamado la atención sobre los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, definidas como “aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente”. Global Witness registró 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, “convirtiéndose en el año con el mayor número de muertes registradas de personas que defienden sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas del clima. […] Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”.4
Como explica Aleyda Aragón, de La Vía Campesina en América Latina: “la violencia con la que se nos expulsa y se nos discrimina no es inocua, es necesaria y es parte integrante de la política elitista que favorece a las grandes empresas agroalimentarias, mineras internacionales o a grandes latifundistas de la oligarquía local”.5
Amigos de la Tierra Internacional (ATI) reclama la protección de las y los defensores de los territorios y de los derechos colectivos de los pueblos, es decir, las mujeres y los hombres que defienden los lugares que han construido colectiva e históricamente. Entre otras, ATI ha destacado las acciones de defensa ambiental de las campesinas y campesinos en Paraguay, que se resisten a la expansión de las plantaciones de monocultivos; las comunidades de Guatemala, que promueven la agricultura campesina y la soberanía alimentaria como alternativa a la minería; los Pueblos Indígenas de Panamá, que se resisten a las concesiones mineras en sus territorios ancestrales; y las comunidades rurales en Rumania, que rechazan la exploración de las reservas de gas de esquisto en su territorio.6 Situando los conceptos de los derechos humanos dentro de los conflictos cotidianos por el territorio y la naturaleza, ATI además cuestiona las contradicciones y las fuerzas que existen en las sociedades que hacen invisibles las violaciones de los derechos de los pueblos, como el conflicto de clase, el patriarcado, el sexismo, el racismo, la exclusión y discriminación social y el neocolonialismo.7
1.2 EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ES ESENCIAL EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES
El marco de ATI de 2018 sobre los defensores de los territorios y los derechos de los pueblos8informa el posicionamiento frente a la comunidad internacional de derechos humanos y se basa en una larga trayectoria para lograr el reconocimiento de los derechos ambientales, tal como se definieron en 2004:
Los derechos ambientales significan acceso a los recursos naturales no degradados que permiten la supervivencia, entre ellos la tierra, la vivienda, los alimentos, el agua y el aire. También incluyen derechos más estrictamente ecológicos, entre ellos, el derecho de una especie determinada de escarabajo a sobrevivir, o el derecho de un individuo a disfrutar de un paisaje intacto. Para Amigos de la Tierra, los derechos ambientales incluyen derechos políticos como el derecho de los pueblos indígenas y otras colectividades, el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, la libertad de opinión y expresión, y el derecho a oponer resistencia y decirles no a proyectos de desarrollo indeseados. También creemos en el derecho a reclamar indemnización cuando estos derechos han sido violados, incluidos los derechos de los refugiados climáticos y otros pueblos desplazados por la destrucción del medio ambiente, el derecho a reclamar la deuda ecológica, y el derecho a la justicia ambiental… Los derechos ambientales son derechos humanos, ya que los medios de vida de los pueblos, su salud y, a veces, su propia existencia dependen de la calidad del medio ambiente circundante y de su acceso a él, así como del reconocimiento de sus derechos a la información, la participación, la seguridad y la reparación.9
El reconocimiento de los derechos colectivos es un elemento esencial del marco de los derechos ambientales, dado que las violaciones se viven de forma colectiva,10 pero también porque los derechos colectivos son un prerrequisito para construir el mundo que queremos. El Manejo Comunitario de Bosques y la Agroecología son estrategias que aportan a la protección ambiental y los medios de vida sustentables de las comunidades locales, y su éxito depende del reconocimiento del derecho colectivo al control y acceso a los bienes comunes.11
Tal como se plantea en la publicación Manejo Comunitario de Bosques y Agroecología, el control del territorio es una condición esencial, por lo que se deben “generar condiciones en las cuales los pueblos o comunidades locales puedan tomar decisiones independientes y luego ponerlas en práctica”.12 Un territorio y una comunidad se entienden no solo como un espacio geográfico o un grupo de personas que viven juntas, sino como una relación dinámica entre grupos de personas con una identidad colectiva, y la naturaleza y la conexión espiritual que existe en ese espacio.
Dentro de este contexto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.
A los gobiernos de los países miembros de la ONU y la OEA
Al pueblo de Haití y sus organizaciones
De nuestra consideración
Haití atraviesa una vez más una crisis muy profunda. Actualmente, un elemento central de la misma es la lucha contra la dictadura impuesta por el expresidente Jovenel Moïse.
Desde el año pasado este señor, luego de decretar el cese del Parlamento, gobierna mediante decretos, violando de manera permanente la Constitución del país. Así́, por ejemplo, se rehúsa a abandonar el poder a pesar de que su mandato venció́ el 7 de febrero de 2021, alegando que éste termina el 7 de febrero del año próximo, sin ningún sustento legal. Esto lo hace a pesar de los múltiples pronunciamientos en contra por parte de las principales instancias jurídicas del país, tales como el CSPJ (Consejo Superior del Poder Judicial), la Federación que agrupa a las Asociaciones de Abogados Haitianos, así́ como también de las Federaciones Religiosas y numerosas instituciones representativas de la sociedad. En ese momento, además, hay una huelga de funcionarios judiciales lo que deja al país sin ningún organismo del poder judicial funcionando.
Al mismo tiempo, esta crisis institucional se enmarca dentro de una inseguridad que afecta prácticamente a todos los sectores de la sociedad haitiana. Una inseguridad que se expresa a través de salvajes represiones de las movilizaciones populares por parte de la PNH (Policía Nacional Haitiana) domesticada por el Ejecutivo, ataques a periodistas, distintas masacres en barrios populares, asesinatos y detenciones arbitrarias de opositores, detención de un juez de la Corte de Casación bajo pretexto de fomentar un supuesto complot contra la seguridad del Estado y para asesinarlo, revocatoria ilegal y arbitraria de tres jueces de esta Corte, creación de centenares de grupos armados que siembran el terror sobre todo el territorio nacional y que responden al poder, transformando al secuestro de personas en una industria bastante próspera para esos criminales.
Los 13 años de ocupación militar por las tropas de Naciones Unidas a través de la MINUSTAH, así́ como las operaciones de prolongación de una situación de tutela a través de la MINUJUSTH y de la BINUH han agravado la crisis haitiana, apoyando a los sectores retrógrados, antidemocráticos y mafiosos. Además, cometieron graves crímenes contra la población haitiana y sus derechos fundamentales (como la introducción del cólera) que merecen procesos ejemplares de justicia y reparación. El pueblo de Haití́ pagó cara la intervención de MINUSTAH: 30 MIL MUERTOS por el cólera llevado por los soldados, miles de mujeres violadas, que ahora tienen hijos huérfanos de padres vivos, los soldados que regresaron a sus países. Nada cambió positivamente en 13 años, más desigualdad social, más pobreza, más dificultades para el pueblo y ausencia de democracia.
Las condiciones de vida de los sectores populares se han agravado de manera dramática como consecuencia de más de 30 años de políticas neoliberales impuestas por las instituciones financieras internacionales (IFIs), una severa crisis cambiaria, la congelación del salario mínimo y una inflación superior al 20% durante los 3 últimos años.
Ahora cabe recalcar que, a pesar de esta situación tan dramática, el pueblo haitiano sigue firme y se moviliza de manera constante para impedir la consolidación de dicha dictadura exigiendo la partida inmediata del expresidente Jovenel Moïse. Recientemente los días 14 y 28 de febrero centenares de miles de ciudadanos/ciudadanas expresaron claramente en la calle su rechazo a la dictadura y su firme compromiso para el respeto de la Constitución.
Teniendo en cuenta la importancia de esta lucha y que este régimen dictatorial goza todavía del apoyo de gobiernos imperialistas tales como los de Estados Unidos, Canadá́, Francia y de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la UE y el FMI, llamamos a escuchar al pueblo de Haití que exige el fin de la dictadura así́ como también el respeto a su soberanía y autodeterminación y la instauración de un régimen de transición político controlado por los actores haitianos que tenga suficiente espacio como para lanzar un proceso de auténtica reconstrucción nacional.
Reclamamos en especial a la ONU y la OEA – que ciertamente no tiene derecho ni moral a inmiscuirse en las elecciones y otros asuntos internos de los países miembros -, a los gobiernos de todos los países, sobre todo los que se prestaron para “ocupar humanitariamente” a Haití durante 13 años, a través de la MINUSTAH-, que dejen de comportarse como si Haití fuera su colonia. ¡Basta de injerencia! Su deber es otro: asegurar justicia y reparaciones por todos los crímenes que han cometido contra ese pueblo y país, incluyendo la introducción del cólera, la violación y los abusos sexuales, la impunidad de su manipulación electoral y el uso de la “cooperación” para sus propios fines.
Solo el pueblo haitiano puede decidir sobre su futuro, pero en ese caminar cuenta con nuestra solidaridad y disposición a apoyarle con todas las acciones a nuestro alcance. Abajo Jovenel Moïse y que se establezca un gobierno popular de transición, hasta que se elija una Constituyente de forma democrática.
Comunicado del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, CEPAZDH A.C, Otros Mundos A.C, Miradas Verdes, Colektivo Alternativas, Colectivo de Cine Presente, Abya Yala Chiapas y Colectivo Ch ́ulel, Consejo Ciudadano de Seguridad, Xojolabal Jubileo, Agua para Todxs Chiapas y Transforma A.C en el marco del Día Mundial del Agua – A 22 de marzo de 2021
Actuación inmediata para detener las construcciones y devastación de los Humedales Ma. Eugenia y la Kisst.
Garantizar el Derecho Humano al Agua a la población de San Cristóbal desde una gestión integral de Cuenca.
Exigencia de que esta legislatura actual dictamine ya una Ley General de Agua
A las Autoridades Municipales, Estatales y Federales
Al Congreso de la Unión
A los Medios de Comunicación
Al Público en General
PRONUNCIAMIENTO
Hoy 22 de marzo de 2021, en el marco del Día Mundial del Agua, las personas, organizaciones, colectivos y colectivas, colonias y barrios de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, expresamos lo siguiente:
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) decretó que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. En abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos del mismo organismo reconoció, el acceso seguro al agua potable y al saneamientos como un derecho humano.En el caso de México, a partir del 2012se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento.
Lamentablemente en los hechos estas disposiciones legales se incumplen o se violentan diariamente en todo el territorio nacional. Es el caso de Chiapas y en particular, de San Cristóbal de Las Casas, donde el deterioro ambiental ha alcanzado niveles alarmantes. Uno de los puntos más críticos es precisamente el del agua. Nuestra ciudad, donde hasta hace unas décadas llovía diez meses al año, atraviesa hoy por una crisis hídrica severa, producto del cambio climático, la destrucción y contaminación de las zonas de recarga del líquido, el crecimiento descontrolado y sin planeación de la mancha urbana y la falta de aplicación de la ley, en la medida en la que los gobiernos municipales no han garantizado el derecho humano al agua, ni la preservación y protección de los humedales, con un desastroso manejo de ríos y otras fuentes de agua, sin poder o querer controlar la explotación minera, con graves consecuencias para la cuenca.Todo ello ha traído como resultado la pésima calidad del agua que consumimos los habitantes de la cuenca y las subsecuentes afectaciones a la salud; el desabasto del líquido en numerosos barrios y colonias; y la devastación generalizada de las áreas naturales.
Como es sabido, nuestra ciudad posee dos humedales de montaña (valiosos ecosistemas y hábitat de numerosas especies de flora y fauna, que cumplen además la función decaptar, filtrar, almacenar y proveer de agua a la cuenca): Ma. Eugenia y La Kisst. Ambos espacios han sido catalogadosdesde2011 como Áreas Naturales Protegidas Zonas Sujetas a Conservación por el gobierno del estado; y en 2012como Sitios Ramsar (es decir, de importancia internacional debido a su riqueza biológica).
En los últimos años la destrucción de estos espacios se ha acelerado irremediablemente, mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno se lanzan mutuamente la responsabilidad de protegerlos, tarea a la que están obligados todas. Ante esta lastimosa realidad habitantes, colectivas y colectivos,organizaciones ecologistas, de barrios y colonias de la ciudad llevamos años realizando diversas acciones para preservar nuestros humedales, además de solicitar una y otra vez la intervención de las instituciones. Hasta la fecha no hemos logrado detener los rellenos y las construcciones dentro de los polígonos de Ma. Eugenia y La Kisst,nuestras principales reservas de agua.
Ni las anteriores administraciones municipales ni la actual han estado a la altura del reto, bien sea por acciones contrarias a su deber o por omisiones injustificables ante la devastación:falta de vigilancia en las áreas perimetrales de los humedales, para garantizar su protección y mantenimiento; clausuras de obra por falta de permisos para construirque no se respetan;ausencia de sanciones administrativas a quienes infringen la ley;indulgencia ante las invasiones no sólo pero principalmente en los humedales; y, desde luego, la carencia de una disposición verdadera para atender y escuchar nuestras demandas. Esta actitud se hace extensiva a la Procuraduría Ambiental del Estado y a la Fiscalía Ambiental Estatal, de las que hemos solicitado la renuncia de sus titulares actuales.
A pesar de la falta de respuestas, nuestra lucha continúa.Entre otras acciones, hemos elaborado una agenda de doce puntos que presentamos en diversas ocasiones al cabildo municipal.Asimismo, en consonancia con los diversos movimientos en defensa del agua que han surgido en todo el país, suscribimos plenamente los doce apartados de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas.
Ante todo lo expuesto anteriormente, manifestamos:
1.A los tres niveles de gobierno, que asuman su responsabilidad en el cumplimento del derecho humano al agua y al saneamiento, atendiendo todas las demandas que hemos enumerado en el presente pronunciamiento.
2.A los legisladores, nuestro rechazo rotundo a la ley de aguas vigente, que está agotando nuestras posibilidades de salud y de vida, de los ecosistemas, nuestras familias y nuestras comunidades. Colectivos, organizaciones y pueblos que habitamos tierras chiapanecas nos sumamos a la exigencia de que esta legislatura dictamine ya una Ley General de Agua que contenga los temas de consenso y acuerdos alcanzados entre las cuatro iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados el año pasado.
Firman
Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, CEPAZDH A.C, Otros Mundos A.C, Miradas Verdes, Colektivo Alternativas, Colectivo de Cine Presente, Abya Yala Chiapas y Colectivo Ch ́ulel, Consejo Ciudadano de Seguridad, Xojolabal Jubileo, Agua para Todxs Chiapas y Transforma A.C
Desde hace varios años y bajo el lema de la transición energética, empresas y organismos internacionales vienen promoviendo el uso de tecnologías llamadas “verdes” y de “energías limpias”, que supuestamente ayudarían a frenar el cambio climático.
El litio, en este contexto, se convirtió en un metal codiciado para la construcción de baterías eléctricas, en particular para coches eléctricos, proyectos de energías renovables (como parques eólicos o fotovoltaicos) o tecnologías como celulares o computadoras. “El crecimiento acelerado en el uso del ion-litio ha provocado que la tonelada de litio haya subido su precio, desde los 350 dólares que costaba en 2003, llegando a los 3,000 dólares en 2009 y entre los 8,000 y 10,000 dólares por tonelada para el 2020″, indica el informeEl litio: la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde, publicado en enero del 2021 por GeoComunes, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Mining Watch Canadá.
Más de la mitad del litio extraído a nivel mundial proviene de Australia, aunque más de la mitad de las reservas probadas están ubicadas en Chile. “Así mismo, las reservas posibles, pero aún no comprobadas (llamadas “recursos”), están bastante concentradas en el famoso Triángulo del Litio que se forma en la zona transfronteriza de salares entre Argentina, Bolivia y Chile, representando más de la mitad de los recursos mundiales de este mineral”, detalla el informe.
Especulación
Si bien el litio se ha vuelto en los últimos años un elemento codiciado, en realidad, su producción mundial bajó un 20% en 2019, y el lento crecimiento de la demanda sólo alcanzó el 75% de la oferta, provocando una sobreproducción.
Sin embargo, el hecho de que el metal se haya colocado en el mercado mundial como “verdadero transformador”, dentro de la llamada transición energética, ha provocado un gran movimiento de especulación. “En ese contexto, es la industria automotriz, así como la minera, gobiernos en Asia y Europa e instituciones financieras quienes hacen uso de la creación de expectativas y, en consecuencia, de la especulación sobre el litio”, sostiene el informe.
Por ejemplo, el Banco Mundial en 2020 proyectó que la demanda de litio va a crecer en 1200%, “pero varias organizaciones han criticado estos modelos por no contemplar otros modelos económicos, ni otras tecnologías y tampoco contemplan los impactos producidos por una transición energética que continúa basándose en el modelo extractivo minero vigente y causal de una buena destrucción del planeta”, destaca la investigación.
El documento detalla el caso del continente americano, donde existe una creciente especulación por parte de empresas mineras llamadas juniors, que no son más que pequeñas empresas sin ingresos productivos, que sobreviven gracias al dinero que generan con la especulación.
Según los datos recopilados por GeoComunes, Rema y Mining Watch Canadá, la mayoría de los proyectos mineros de litio en Latinoamérica están en etapas de prospección y exploración: de los 218 proyectos identificados, solamente 8 están en operación. “Estas empresas posesionan tierras, generan expectativas irreales, además de conflicto, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas”, denuncia el documento.
El litio en México
Los recursos estimados en México representan solamente el 2.8% del recurso mundial, y existen en el país 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos abarcan a 97 mil hectáreas concesionadas además de 537 mil más que están en trámite, es decir que el 84% de las concesiones asociadas con la extracción del litio están actualmente en trámite.
La realidad de la explotación del litio mexicano es representativa de lo que está pasando a nivel del continente. Como lo señala el informe, “examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos y empresas, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, quienes dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción (Bacanora Lithium, Organimax y One World Lithium).”
Cabe señalar que el proyecto Bacanora, que está activo y ubicado en el municipio de Bacadehuachi, en la Sierra Madre Occidental en el estado de Sonora, ha sido reconocido por Mining Technology como el proyecto minero de litio con mayores reservas probadas a nivel mundial con 243.8 millones de toneladas.
Además de las concesiones privadas, existen en el país 4 asignaciones mineras en trámite a cargo del Servicio Geológico Mexicano (SGM) para realizar trabajos de exploración, repartidas en los Estados de Sonora, Jalisco y Puebla, lo que refleja la voluntad del gobierno mexicano de mantener un cierto control sobre los yacimientos que se empiezan a considerar estratégicos.
Intereses geopolíticos
A pesar de la realidad actual que demuestra que los proyectos que existen en torno a explotación del litio en México corresponden más a estrategias especulativas que a una extracción real del metal, el contexto geopolítico en el cual el país está ubicado obliga a observar la situación presente y futura con más atención.
Hoy en día, el consumo del litio producido alrededor del planeta está vinculado principalmente con las industrias de manufactura de las baterías e infraestructura para las industrias de energía renovable, además de la industria electrónica, cuya mayoría se concentra en los países asiáticos, con el mayor consumo de la materia prima con destino en China (39%), Corea del Sur (20%) y Japón (18%).
El consumo de Norteamérica es mucho menor, llegando apenas al 6%. Sin embargo, es importante considerar que “no hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEUU”, sostiene el informe.
Esto se ve reflejado en “la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con este país, como es el caso del T-MEC. Las medidas impuestas para incrementar el consumo de productos de litio extraídos en Norteamérica, sumadas al hecho de que la producción mundial está actualmente concentrada en Australia, Sudamérica y Asia, ponen mayor presión sobre los yacimientos de este mineral en México y Canadá, y en especial por las empresas que desean suministrar litio para la industria automotriz regional”, alerta el informe.
Impactos de la extracción de litio
Actualmente, la extracción del litio a nivel mundial se realiza en dos principales formas de depósitos mineralógicos: litio en roca (principalmente en Australia) y litio en salmuera o salares (en Sudamérica). A pesar de que presuma ser “verde”, la minería vinculada con este metal presenta una serie de riesgos para el medioambiente, la salud y el bienestar de los pueblos afectados.
“Con respecto a la extracción de litio en roca, los impactos son parecidos a cualquier operación minera que emplea explotación a cielo abierto, en donde prevalece el uso de agua de forma intensiva y el uso de reactivos químicos para el procesamiento. Sin embargo, miembros de la comunidad científica y académicos han denunciado que existen muy pocos estudios que analizan los impactos medioambientales y sociales de la extracción de litio en roca dura”, resalta la investigación.
En cuanto a la extracción de litio en depósitos de salmuera, implica el uso de grandes cantidades de agua, provocando impactos sobre los sistemas hidrológicos de las regiones donde se encuentran, en particular la disminución de las fuentes de agua disponibles, la reducción de humedales, el incremento de estrés sobre sistema hidrológico y las sequías.
Como lo resalta el informe, los efectos no se limitan a estos graves impactos sobre fuentes de agua, sino que “también existen impactos a los usos y costumbres relacionadas con el agua, al pastoreo y, por tanto, a la economía local, además que este tipo de procesos de privatización de tierras ancestrales, la violación de los derechos indígenas y a la libre-determinación de los pueblos, entre otros”, sostiene el informe.
Además, el litio es un elemento altamente inflamable y ligeramente explosivo cuando se expone al aire y al agua, además de ser corrosivo y generar gases tóxicos. Para el ser humano es peligroso su inhalación, la cual puede llegar a provocar edemas pulmonares. También puede provocar daños en la piel, los ojos o el sistema digestivo en caso de ingestión.
Como lo resalta el trabajo investigativo, el litio no es un recurso verde, ni mucho menos representa un camino hacia la transición energética. “Por el contrario, es la continuación del uso de nuevos insumos ante el eventual agotamiento de otros. Por esa misma razón, [con el uso creciente del litio] las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce se mantendrán”.
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el pronunciamiento de la Sociedad Las Abejas de Acteal en el marco de 14 de marzo Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2021
La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, este 14 de marzo de 2021, realizó una acción pacífica en el pinteo de postes y muros para rechazar la construcción de más represas en Chiapas. Señalaron que, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno federal y estatal solo quieren represas para su propio beneficio económico, sin importar las consecuencias que sufren las comunidades, pueblos y pobres.
Ven cada vez más cerca la destrucción de la vida, cerros, manantiales, diversidad de plantas y animales, y salud de las personas, por ello, se detuvieron a pensar que es lo que está pasando y que pueden para detener la muerte de la tierra.
Señalaron que, más gente en sus comunidades viven del gobierno quien de esta manera los compra, divide y acostumbra a vivir del dinero regalado y no de la tierra que trabajan de manera autónoma, además, cuando cerquen las tierras de quienes reciben los apoyos no podrán “morder la mano del amo” que les dio de comer.
De ese modo, la gente en el poder no le será difícil quitarles las tierras para hacer sus proyectos, mencionaron que, el primer paso fue permitir en el gobierno de Salinas de Gortari que la tierra se pudiera vender, después Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma energética en la que buscó modernizar la industria petrolera nacional, confirmando la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos.
Ahora la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por Andrés Manuel López Obrador, donde ya no tendrá que preguntarles, sino que los obligará a venderles por unos pesos sus tierras, si en ellas encuentran gas, carbono, petróleo, y otros minerales como el litio que ayuda a almacenar energía en baterías.
Si quieren usar nuestras tierras o ríos para generar energía eléctrica, no nos preguntaran, si nos negamos legalmente tendrán derecho de despojarnos con la fuerza de sus policías, ejércitos y guardias nacionales, del mismo modo para el caso Acteal ante estas violaciones a los derechos que tenemos los pueblos originarios ya solo nos quedaran las instancias internacionales para exigir el respeto a los convenios y declaraciones universales de derechos de los pueblos originarios donde se reconoce que el territorio es nuestro, dijo la Asociación Civil.
Aunado a ello, el respeto a sus decisiones sobre las tierras que protegen y de dejarlos vivir tranquilos, por ello, siguen en la resistencia contra el despojo, privatización y la instalación de “jugosos negocios” que las compañías nacionales quieren hacer.
Mencionaron que, no aceptaran los miles de pesos que reciben sus vecinos con los programas del gobierno a cambio de ser leales a los partidos políticos y dejaran de hablar sobre cómo engañan a los pueblos originarios para exprimirlos y despojarlos.
Además, siguen en la luchando como Sociedad Civil contra las altas tarifas de la luz, donde el gobierno “cobra tan caro a los pobres, pero regala a los ricos empresarios”, es así como decidieron que hasta que no haya justicia verdadera por la Masacre de Acteal no pagaran la luz.
Denunciaron que, todos los proyectos de ampliación de luz que está dando el gobierno son para dividirlos y poder cobrarle más dinero a la gente instalando medidores digitales que pueden manipular.
Llamamos a toda la gente de buena voluntad que nos unamos a la resistencia y no permitamos que nos sigan engañando y hagamos que nos respeten, porque la tierra es de los pueblos originarios, el gobierno no tiene por qué quitárnosla para hacer autopistas, vías del tren, gasoductos, presas hidroeléctricas, pozos de extracción de gas o petróleo, termoeléctricas, campos de molino de vientos, instalaciones de paneles solares, minas que solo benefician a las grandes empresas nacionales y extranjeras que las construyen y las aprovechan, dijo la Sociedad Civil.
Exigieron justicia por los asesinatos de las y los que fueron reprimidos por participar en organizaciones que defienden a ríos y lucharon para que no se instalaran en sus tierras presas hidroeléctricas y termoeléctricas, como es el caso de Fidel Heras Cruz, miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER); Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla.
Asimismo, Samir Flores Soberanes, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko; y Berta Isabel Cáceres Flores, activista hondureña del medio ambiente, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Acción pacífica en el pinteo de postes y muros para rechazar la construcción de más represas en Chiapas. Cortesía: Abejas de Acteal.
Las Abejas de Acteal exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador detener los asesinatos en contras de las y los defensores de los derechos humanos y la cancelación definitiva del proyecto Tren Maya, la autopista de San Cristóbal a Palenque, a todos los proyectos de ampliación de las presas hidroeléctricas en el estado, la cancelación de construcción de nuevas mini presas hidroeléctricas y proyectos de explotación minera de la costa y sierra de Chiapas.
Como de once nuevos pozos petroleros y una central geotérmica sobre las inmediaciones del Volcán Chichonal, como otorgar nuevas concesiones mineras en la zona centro y norte de Chiapas.
Exigimos que dejen de dilatar el proceso penal contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, ya que, el gobierno hondureño como el mexicano en el caso de la Masacra de Acteal se ha desistido de castigar a los responsables, dijo la Asociación Civil.
Hicieron un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que intervenga, con el fin de que puedan ver llegar la justicia.
Plataforma del geovisualizador. Cortesía: Geocomunes
Por otro lado, el colectivo Geocomunes realizó la investigación denominada “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética. Preguntas clave para entenderlos y construir otros modelos energéticos”, aporta elementos para entender que, para lograr un cambio de modelo energético que frene la devastación del planeta, no basta con la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables.
Sino que, es indispensable incorporar debates vinculados al modelo de producción y consumo capitalistas, como la explotación de trabajadores y trabajadoras, el despojo de bienes comunes y territorios que alimentan la acumulación de capital, la desigualdad que coloca en condiciones cada vez más precarias a comunidades campesinas, indígenas, negras, y mujeres a lo largo del mundo, entre otros.
Geocomunes mencionó que, hablar de energía es también hablar de hidrocarburos, pues su consumo le ha dado forma al mundo durante los últimos 150 años y esta energía fósil ha sido el medio para extender e intensificar la explotación de las personas y la naturaleza por parte del capital.
Agregó que, los problemas que genera están a la vista de cualquiera y la necesidad de una transición energética es algo que va de la mano de una transformación más amplia del sistema, sin embargo, el capital ha generado su propia respuesta y con sus diferentes versiones “verdes”, “limpias” y “sustentables”, la transición energética que impone coloca a la sociedad al borde del suicidio.
Enfatizaron que en su investigación prestan atención a una de las formas en que los hidrocarburos son utilizados en México como fuente energética: la electricidad, ya que su objetivo es aportar una mirada integral del problema energético que muestre la situación actual del sistema eléctrico del país y las contradicciones que presentan los mecanismos y proyectos que impulsan la “transición”.
La investigación viene integrada por un geovisualizador, donde podrán explorar y descargar información georreferenciada sobre los actores y la infraestructura relativa a la producción, transmisión y consumo de electricidad, así como algunas de las principales actividades asociadas con el consumo eléctrico, por ejemplo, la industria minera y cementera maquiladora.
Con el “Panel de capas” podrán activar o desactivar la visualización de la información geográfica, en la sección “Empresas” permite hacer filtros para ubicar las centrales promovidas por determinada empresa, y en la pestaña “Análisis e infografías” integra análisis generales y regionales, así como infografías, que muestran las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y buscan fortalecer la construcción de un modelo energético distinto, dirigido desde y para los pueblos.
Imagen: Área de comunicación de Las Abejas de Acteal
Compartimo esta entevista hecha por La Coperacha a nuestro compañero Gustavo Castro en el marco del 5to aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres
“Pandemia ha incrementado riesgos contra personas defensoras, debemos cambiar las estrategias”.
El mexicano Gustavo Castro Soto fue sobreviviente del ataque y asesinato contra la ambientalista lenca Berta Cáceres la madrugada del 02 de marzo de 2016 en Intibucá, Honduras. Recibió dos disparos y lo dieron por muerto. Había asistido a un seminario sobre Energías Renovables organizado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El pueblo lenca, el COPINH, las mujeres hondureñas y Berta Cáceres, habían resistido y frenado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), propiedad de una familia poderosa del país centroamericano, los Atala Zablah, que pretendía explotar y privatizar el agua del río Gualcarque, el agua de todos.
Entrevistado por La Coperacha, Castro Soto señala que, a pesar de no haber llegado la justicia para Berta, su legado integral se reproduce en mujeres, movimientos sociales y pueblos originarios. El también integrante de Otros Mundos Chiapas identifica que además de los responsables directos en el juicio por el asesinato de Berta, también cabría saber qué tan responsables son las financiadoras del megaproyecto y otros actores.
¿Cómo va el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres? Se encarcelaron a 8 presuntos autores materiales, de los cuales 7 fueron sentenciados a 30 años por el asesinato de Berta y a 20 años por el asesinato en grado de tentativa contra mi persona. Ahora el proceso gira en torno a David Castillo, uno de los miembros de la mesa directiva de la empresa donde se sentaba junto a la familia Atala, los dueños de la empresa. A él se le dio prisión preventiva hace 3 años y desde entonces no se le ha enjuiciado.
La defensa y la impunidad en Honduras han llevado a que las audiencias se suspendan continuamente. Finalmente se aceptaron las audiencias y el COPINH y la familia de Berta presentaron recientemente 88 pruebas. Al final se aceptó que uno de los hermanos Atala fuera a declarar, y en eso está el juicio.
El gobierno hondureño no solamente ha frenado el proceso, sino que sus acciones han sido ilegales, la persona que está actualmente presa lleva 3 años arraigado, pero legalmente sólo se permite año y medio. Ha habido violaciones al Código Penal, se han tratado de evitar peritajes, testigos, suficientes pruebas, se ha buscado generar un escenario que sea favorable a la impunidad. Estamos hablando de una de las familias más ricas de Honduras, dueña de bancos y súper tiendas, con mucho poder político y económico.
Actualmente hay una presión fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos con Joe Biden, donde los Demócratas están promoviendo retirar el apoyo al presidente de Honduras, caracterizado por represión, impunidad, narcotráfico y corrupción. Eso quizá cambie un poco la impunidad que ha habido hasta ahorita.
¿Independiente del juicio por el asesinato dónde ves más responsables? Hay un entramado de intereses muy complejo, cada actor o cada interés tiene un papel fundamental en este círculo de impunidad. Por ejemplo, el proyecto no se hubiera podido hacer si no hay financiadores. Primero fue el Banco Mundial y se retiró. Después fue el Banco Holandés de Desarrollo y el Fondo Finlandés para la Cooperación Internacional, quienes sabiendo que había muertos y había represión, no había consulta previa, libre e informada sobre el proyecto, lo seguían financiando.
¿Qué hubiera pasado si no hubieran financiado? Quizás el proyecto hasta ahí hubiera llegado. Y si se han retirado no es por virtud propia, es por la presión internacional sobre el uso de sus fondos que financian megaproyectos como presas, mineras y otras concesiones extractivas. Estos bancos tienen muchísima responsabilidad. Pero de igual manera el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donde México y varios países son parte, mantienen el financiamiento y los intereses en este proyecto.
Otro actor son la misma familia Atala, la empresa, no solamente por la deuda que tiene y los préstamos que ha recibido, sino porque tiene interés de la apropiación del territorio y del negocio de la venta de energía. El otro actor es el gobierno que mantiene en tal impunidad a un sector oligarca y de ahí todo el entramado institucional como es el Ejército, la Policía, haciendo comparsa de grandes trasnacionales y oligarcas. Todos tienen mucha responsabilidad.
Gustavo Castro y Berta Cáceres hace 20 años. Foto cortesía Otros Mundos Chiapas
¿Cuáles son las enseñanzas que deja Berta a los movimientos sociales, a las mujeres y a los pueblos originarios? Es un legado muy integral. Berta vio nacer al COPINH pero también éste fue formando a Berta. Dentro de la estrategia que ella planteaba, estaba la apropiación de un sistema de comunicación, de formación política, de solidaridad con las organizaciones y los movimientos sociales no solamente de Honduras sino de América Latina, la movilización con distintos temas políticos y económicos porque se movilizaban en torno a la deuda externa, Tratado de Libre Comercio, Plan Puebla Panamá, represas, minería, extractivismo, racismo, patriarcado.
Yo creo que ese es el legado que dejan Berta y el COPINH, que la lucha es integral. No es monotemática, no es sólo local. Incluso reivindicando la lucha por la diversidad sexual y del movimiento LGBTTI.
¿Cómo miras el panorama actual con los megaproyectos y la pandemia en los territorios? Muchos gobiernos de la región, no solamente Honduras, están entrando en un cuestionamiento muy fuerte y evidenciándose sobre a quién salvar. Los países y los gobiernos han rescatado nuevamente a grandes empresas, grandes trasnacionales. Pero además, si antes había un sistema de corrupción impresionante, ahora, con la inyección de recursos, cuanto más.
También es un momento en que los movimientos sociales tenemos que buscar alternativas. Tiene que ser un momento para reflexionar cuál debe ser el camino de las resistencias. Tenemos que ser autónomos en nuestras propias regiones, producir los alimentos, producir la energía, empezar a generar recursos propios y no depender tanto. Con la pandemia se vio claro que las comunidades que sobrevivieron a la crisis fueron las que podían sembrar, que tenían producción, que tenían medicina tradicional. Tenemos el reto de preparar nuevas estrategias y alternativas.
¿Las personas defensoras continúan con el mismo nivel de riesgo ahora en la pandemia? Se ha incrementado el riesgo. Ya era de por sí un riesgo oponerse a las grandes inversiones extractivistas que implican muchos intereses económicos en apropiación de territorios, recursos, agua, energía. Era un riesgo oponerse a la infraestructura, megaproyectos e invasión del capital. Ahora se intensifica porque muchos de estos megaproyectos son declarados como indispensables.
En cuanto a la seguridad de las personas defensoras debemos modificar las estrategias, no podemos realizar las mismas acciones que antes. Muchas acciones están criminalizadas en el marco de la modificación de las leyes y códigos penales. Hoy puede ser declarado como crimen organizado o secuestro el hecho de que una comunidad bloquee un camino para defender su tierra o su agua.
La seguridad debe ser personal, familiar y colectiva, se deben generar mecanismos y protocolos de seguridad comunitarias, eso es fundamental. Pedirle al gobierno que nos garantice la seguridad cuando es quien impulsa aquello que tenemos en contra, puede ser un mecanismo mediático, pero no la garantiza. Se deben buscar mecanismos comunitarios de protección.
Compartimos comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDERaproposito del Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2021
14 de marzo, 2021, “Celebremos los Derechos de los Ríos”
Rechazamos las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia
Alertamos la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos
Demandamos una transición energética que incluya a los pueblos con alternativas de agua y energía sostenibles, justas y solidarias
Exigimos justicia para los Defensores de los Ríos Fidel Heras Cruz y Miguel Vázquez Martínez
Exhortamos al Congreso de la Unión la aprobación de la #NuevaLeyGeneralDeAguasYA, que incluya los 12 Consensos Ciudadanos por el Agua
Desde el 14 de marzo de 1997, organizaciones y comunidades integrantes del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), hemos levantado nuestras voces en el Día internacional de lucha contra las presas, por los ríos, los pueblos y la vida. Llevamos un camino de más de 17 años siendo guardianes de los ríos, exigiendo al Estado y a las empresas respetar nuestros derechos y decisiones sobre los territorios que habitamos. Cientos de casos en México y en diferentes partes del mundo donde se construyeron presas nos dieron las evidencias de los graves daños ecológicos y sociales causados por estos proyectos: asesinato de defensores y defensoras de los ríos, despojo de tierras, desplazamientos forzosos, generación de conflictos comunitarios, afectación del caudal ecológico de los ríos y de la región hidrológica de las cuencas, entre otros.
Hemos documentado la historia de engaños de los promoventes de estas obras privadas y públicas: simulación de consultas en comunidades indígenas, promesas de empleos y progreso, pago de tierras que no llega, falta de servicios y de trabajo en los “nuevos centros de población”, reasentamientos mal construidos en donde a los pocos años la población prefiere emigrar, población sin acceso al agua, contaminación y deforestación. Jóvenes, ancianos y ancianas son particularmente vulnerados por las transformaciones económicas, sociales y culturales provocadas por las presas.
La criminalización y hostigamiento a defensores de los ríos ha sido una constante a lo largo y ancho del país. Este año sin haber transcurrido 3 meses, fueron asesinados dos de nuestros compañeros del MAPDER, Fidel Heras Cruz defensor comunitario y autoridad agraria, integrante del Copudever en Oaxaca y Miguel Vázquez Martínez integrante de la Alianza de Comunidades del Río Bobos Nautla en Tlapacoyan, Veracruz.
Hacemos responsables a los tres órdenes de gobierno de su asesinato y exigimos justicia por ellos y por todos aquellos que en todos estos años de lucha han sido encarcelados, desaparecidos o asesinados por defender el derecho al agua y a la vida.
Desde el Mapder celebramos que gracias a la incansable lucha de cientos de pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes junto con colectivos, organizaciones sociales y académicas se ha logrado evitar la imposición de grandes proyectos de presas en los últimos 20 años. Sin embargo, persiste aún la amenaza de destrucción ecológica, cultural y social a los pueblos afectados por los siguientes proyectos que aún no ha sido cancelados:
Sistema Presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León – Presa El Purgatorio, en Jalisco, promovida por las empresas españolas FCC y Abengoa y las mexicanas Hermes y La Peninsular, que pretende represar el Río Verde para beneficiar a la industria automotriz e inmobiliaria de Jalisco y Guanajuato.
Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 en comunidades totonacas, que pretende beneficiar a Walmart, Suburbia, Vips, entre otras grandes empresas.
16 mini hidroeléctricas en el Río Bobos Nautla en Veracruz.
Presa Hidroeléctrica La Parota en Guerrero.
Presa Hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit.
Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina” y Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, en Oaxaca.
Además, existen actualmente, al nivel nacional, 29 hidroeléctricas que cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que se encuentran en fase de construcción o de planeación.
Tenemos la certeza de que nuestra lucha no sólo es para exigir la cancelación de esos proyectos de muerte, sino por construir en nuestro territorio formas de vida en armonía con la naturaleza y ejerciendo plenamente nuestros derechos.
Con la reciente aprobación a la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el debate público sobre la soberanía energética se ha profundizado. Rechazamos las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia. El hecho de priorizar el despacho de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría motivar la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos.
Nos parece pertinente levantar nuestra voz para hacer saber nuestra lucha y demandas, la transición energética debe incluir a los pueblos, donde sean visualizadas, así como apoyadas alternativas energéticas sostenibles, justas y solidarias.
Consideramos que el debate debería centrarse en identificar cómo disminuir el gasto energético insostenible y absurdo que vivimos actualmente y no sólo si se debe dar prioridad a las energías renovables o a los combustibles fósiles. Sabemos los grandes intereses de las grandes empresas privadas transnacionales que están haciendo gran negocio con sus proyectos de energías renovables de gran escala, mal llamadas limpias, pues también conllevan destrucción y daños ecológicos. Los combustibles fósiles se van a agotar y desde luego urge disminuir su uso y avanzar en la transición energética, pero no para mantener y menos aumentar el gasto absurdo de energía que el actual modelo económico capitalista impone. Nuestra preocupación y acción debe estar orientada a disminuir la producción y consumismo acelerado y brutal que se nos ha vendido como progreso.
El consumo y el acceso a energía siguen siendo bastante injustos y basado en fomentar intereses privados. Una investigación del colectivo GeoComunes presenta que en 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por la industria, lo que representa 3 veces el consumo del conjunto de los usuarios domésticos a nivel nacional. Además, dentro del sector industrial, el mayor consumo lo hacen las ramas minera y cementera, dos actividades que juntas representan en 8% del consumo total de electricidad en 2018, lo que equivale al consumo domiciliario de 46 millones de personas en México. Nos preguntamos, ¿cuál es la supuesta utilidad pública de esos proyectos energéticos si terminan en buena medida abasteciendo actividades que también amenazan nuestros territorios y nuestras vidas como es el caso de la minería?. En muchos de los estados, en los cuales luchamos desde el MAPDER, no solo nos enfrentamos a proyectos de presas sino también a proyectos mineros, industriales o agroindustriales que son parte del mismo modelo extractivo mantenido a flote por el despojo de los pueblos y la generación de energía.
Sobran los ejemplos que nos ilustran que los proyectos energéticos no están promovidos para abastecer en primer lugar de energía a los pueblos. Según la investigación de GeoComunes, y el censo del INEGI, en 2020 existían casi 269 mil viviendas habitadas sin acceso a la electricidad en México. En Nayarit, a pesar de la instalación de 3 de las hidroeléctricas dentro de las más grande del país (Aguamilpa, La Yesca y El Cajón), que han desplazado grandes cantidades de familias, los municipios del La Yesca y del Nayar contaban en 2020 todavía respectivamente con el 12% y el 30% de las viviendas sin acceso a la electricidad.El estado de Chiapas que concentra el 41% de la capacidad operada de las hidroeléctricas a nivel nacional, es la tercera entidad con mayor número de viviendas sin acceso a la electricidad con el 9% del total a nivel nacional. Los 2 otros estados que superan a Chiapas en términos de vivienda sin acceso a la electricidad son Oaxaca y Veracruz (12% y 9.4% del total), donde también se encuentran una gran cantidad de centrales eléctricas como hidroeléctricas o parques eólicos.
Es urgente sacar la discusión sobre el agua y la energía de los círculos de expertos técnicos y las altas esferas políticas para debatir colectivamente el agua y la energía para y desde los pueblos.
Respaldamos la Inicitiva Ciudadana de Ley General de Aguas y exigimos al Congreso de la Unión su inmediata aprobación, respetando en todo momento los 12 Consensos por el agua de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.
Abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del Movimiento Anti-Represas de Brasil (MAB), por sus 30 años de valiente lucha en defensa de los ríos y contra las presas. Celebramos con ustedes sus victorias y alzamos nuestras voces por ¡Agua para la vida, no para la muerte!, muchas felicidades.
14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre un gran logro en la lucha por defender la vida de la minería – A 9 de marzo de 2021
A las/os integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería nos llenó de alegría la noticia del Ayuntamiento Municipal de Libres en Puebla quienes, en una sesión de cabildo del 25 de febrero,acordaron no autorizar ningún permiso de uso de suelo para cualquier proyecto minero en el municipio.
Este gran logro se enmarca con la incansable lucha que desde 2014 ha dado el Movimiento Atzin-integrante del Consejo Tiyat Tlali, a su vez miembros de REMA-, al enterarse de la existencia de dos concesiones mineras en la comunidad de Libres, entregadas a la MINERA GAVILAN, S.A. DE C.V filial de la empresa canadiense Álmaden Minerals, con una superficie total de 8,801 Ha.lo que representa alrededor de un tercio de la superficie total del municipio.
Haciendo pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y colectivos, las mujeres y hombres que conforman el movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali lograron involucrar a sus autoridades municipales para que estos sumarán esfuerzos al compromiso por la defensa del territorio y de la vida. Ese acto nuevamente refrenda la fuerza que tiene la organización comunitaria cuando, desde abajo y de forma constante, impulsa procesos que apuntan al ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, dando fuerza y solvencia a sus estructuras de gobernanza tanto agrarias y municipales, al analizar, discutir y acordar aquellas acciones que atentan contra sus vidas y territorios.
Estas estrategias de consolidación de sujetos políticos colectivos y de trabajos preventivos frente al modelo extractivo minero que apuntan hacia la realización actos legales definidos en este caso a partir de las declaraciones de territorios libres de minería,son y debe ser un quehacer fundamental para todos los movimientos de México ante el embate de acomodos de leyes y manipulaciones políticas que actualmente continúan gestándose a favor de empresas dedicadas al extractivismo. Evidentemente a REMA nos da mucha alegría y esperanza que hoy podamos contar con un nuevo territorio libre de minería en nuestro país, porque reafirma que la mejor forma de parar las asimetrías del poder corporativo es a través de las acciones preventivas, mismas que desde la REMA son el tronco común de nuestro quehacer.
Nos unimos a las exigencias y recomendaciones del Movimiento Atzin hacia sus autoridades municipales de no hacer uso de este gran logro ciudadano como bandera política-electoral, asícomo también queden enteradas las autoridades futuras,su obligación en darle un seguimiento rotundo y firme a esta decisión y mantener su compromiso por la defensa del territorio colocando los intereses de la población por encima de las pretensiones empresariales que hacen toda serie de simulaciones para imponer sus proyectos extractivos.
También nos sumamos a las inquietudes frente a otros megaproyectos que amenazan la región de la Sierra Norte de Puebla(proyecto minero Ixtaca de la misma empresa Álmaden Mineralsen el municipio vecino de Ixtacamatitlán,hidroeléctricas, proyectos solares, proyectos agroindustriales, uso de bombas antigranizo, entre otros), para lo que ya se suman esfuerzos y compromisos que sin duda avanzan en una férrea defensa regional de esas hermosas tierras de la Sierra Norte,que han sido tan acogedoras y fuentes de tantos aprendizajes, para toda nuestra red.
Retiramos toda nuestra admiración,felicitación y solidaridad hacia la digna lucha del pueblo de Libres, así como del movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali.
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
