El litio y la Falsa Transición Energética

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 23 de septiembre de 2020

El martes 22 de septiembre la empresa estadounidense Tesla celebro el Día de la Batería Tesla que coincide con la reunión anual de su junta directiva, es el más importante productor de baterías de litio y autos eléctricos en Norteamérica, y tiene como accionista mayoritario al empresario ElonMusk quien ha aparecido en los últimos años como promotor de la llamada “transición energética”  para impulsar la venta de sus productos. Las baterías de litio, al tener una capacidad de almacenamiento más eficiente que las fabricadas con otros minerales, ha incrementado su demanda por parte de la industria automotriz y de  aparatos electrónicos. Por este hecho, durante la última década el litio ha sido caracterizado por el servicio Geológico de los Estados Unidos como un elemento “critico” y las empresas mineras, la industria automotriz, y los gobiernos han empezado a promocionar el litio como un metal “verde” esencial para la “transición energética”.

El énfasis mundial que se le ha puesto al litio, está provocando un proceso de especulación  financiera, así como disputas por la fuente de suministro entre los países europeos y EEUU, frente a China y otros países asiáticos que actualmente dominan el mercado de este mineral. En este contexto, el nuevo Tratado de Libre Comercio (TMEC) firmado entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, señala que las baterías de litio son un componente “esencial” para la industria interna, y determina un plazo de 3 años para alcanzar el 75% de contenido regional de litio para estas baterías para autos eviten pagar aranceles. A raíz de este acuerdo, hace unas semanas de eliminaron en México los aranceles para la importación de autos eléctricos. Estas medidas para incrementar el consumo de productos de litio extraído en la región, sumadas al hecho de que la producción mundial está actualmente concentrada en Austria,  Sudamérica y Asia; ponen más presión sobre los yacimientos ubicados en México y Canadá, en los que algunas empresas están intentando instalarse para suministrar litio a la industria automotriz regional.

Un resultado en México de esta “fiebre de litio”, es una oleada de especulación que ha significado la concesión de grandes áreas en el país, con la finalidad de especular sobre su precio, inflar las reservas e incrementar el valor de las acciones de las empresas, lo que ha provocado el despojo de tierra en lagunas comunidades. Actualmente existe en México 97 mil hectáreas concesionadas y 537 mil más en trámite, para la extracción de litio, repartidas en 36 proyectos controlados por 10 empresas, en su mayoría  empresas canadienses  pequeñas al borde de la quiebra, que dependen mucho del proceso de especulación para generar recursos en la bolsa de valores de Toronto. De los 36 proyectos en el país, solamente el proyecto de la empresa Bacanora Lithium en Sonora, es el que ha avanzado en su desarrollo. Los demás se encuentran buscando financiamiento, tratando de encontrar un comprador o socio, o haciendo exploraciones básicas.

El proyecto Sonora, de la empresa Bacanora Lithium, tiene entre sus socios a la empresas japonesa  Hanwa la cual firmo un acuerdo con Bacanora Lithium, para el suministro de litio extraído durante los  10 primeros años del proyecto.  Además de este acuerdo, el proyecto involucra a la compañía china GanfengLithium como socia del mismo. En 2019 Ganfeng invirtió directamente en Bacanora Lithium y en el proyecto Sonora, convirtiéndose en dueña del 2.5% de las acciones del proyecto en México. Como parte del acuerdo de inversión, Ganfeng tiene derecho al 50% de la producción del carbonato de litio  que se extraiga. Esta relación  del proyecto con la empresa Ganfeng, es sumamente importante debido a que esta compañía tiene acuerdos firmados directamente con Tesla. En 2015 GanfengLithium firmó un acuerdo con Tesla para asegurar el suministro  de litio para sus operaciones en la planta de autos y baterías que tiene en Nevada, EEUU en sociedad con la empresa Panasonic. La posible extracción de litio en Sonora, relacionada al crecimiento de industrias disfrazadas de verde como Tesla o la empresa japonesa Hanwa, generan los mismo impactos de siempre. Al ser un depositó de litio en roca, para este proyecto se utilizaran los métodos propios de la extracción minera a tajo abierto, que se acompañan de plantas de procesamiento y  concentración con uso de reactivos químicos.

Este modelo se ve claro en las minas de litio en Chile y Argentina, en las que no existe información clara sobre los verdaderos impactos hidrológicos provocados por una extracción sumamente intensiva de agua, y en donde las empresas violan constantemente la libre determinación de los pueblos Indígenas, destrozando sus modos de vida ancestrales y en muchos casos provocando el despojo de sus territorios. La producción de baterías de iones de litio de empresas como Tesla, también han generado graves impactos en la República Democrática del Congo, en donde se extraen grandes cantidades de cobalto, otro mineral necesario para su producción. Esta supuesta “transición energética” solo provocara el aumento en las zonas de “sacrificio” que el capitalismo requiere para sostener su modelo de consumo desmedido y enriquecimiento privado.

La “transición energética” promovida por este capitalismo verde, tiene una relación inseparable con el rublo minero. En un estudio reciente del Banco Mundial, se estima que la producción de minerales como el grafico, litio y e cobalto deberá crecer un 500% hacia el año 2050 para satisfacer las necesidades de la llamada transición energética  a escala mundial. La producción de baterías eléctricas como las que fabrica Tesla, podría generar un aumento en la extracción de hasta 250 millones de toneladas de minerales (principalmente grafito, niquel y cobalto) de aquí al 2050. Este aumento desbordado de la actividad minera para la “transición energética” no se limita al consumo de estos minerales, sino que incluye otros más comunes como el cobre, el aluminio, la plata o el plomo, necesarios en grandes cantidades para la instalación por ejemplo de parques solares o eólicos. La apuesta de los gobiernos, bancos de desarrollo y empresas frente al problema que representa el cambio climático, se centra en una engañosa “transición energética”, que favorece y fomenta el extractivismo minero, que ha sido una de las actividades más depredadoras y problemáticas en términos de impactos socio-ambientales. Los actores responsables de la grave situación ambiental en la que nos encontramos, cínicamente se promueven como los salvadores del planeta con sus propuestas tecnológicas de minería verde o climáticamente inteligentes.

Basta de engañar a los pueblos o a la opinión pública  con estas falsas salidas “verdes”. Sus propuestas de “transición energéticas” no significan ningún cambio de modelo y repiten las misma estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce en el mundo. ¿Cómo se puede hablar de una transición, cuando lo que se busca es un incremento acelerado de la extracción minera, para el aumento de las ganancias para sus empresas que solo generan despojo e impactos a los pueblos y comunidades? Es el mismo modelo capitalista, al que ahora se quiere pintar de verde.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Vídeo: Escuela de Justicia Energética

Les compartimos este vídeo sobre unas de las propuestas a la cual le apostamos para generar un cambio desde y para el pueblo y las comunidades.

La Escuela de Justicia Energética nace con el fin de aprender colectivamente sobre el significado del actual Modelo Extractivo Energético, sus consecuencias socio ambientales en los territorios, elaborar análisis y diagnósticos colectivos para diseñar estrategias conjuntas que se encaminen no solo a la resistencia contra este modelo en favor de nuestros ríos y pueblos, sino para reflexionar sobre un nuevo modelo energético.

Las políticas neoliberales han llevado a la privatización de la producción, distribución y comercialización de la energía en manos de las grandes corporaciones trasnacionales. La energía centralizada, privada, de grandes costos, ha levantado mucha indignación y protestas por todo el mundo. Las resistencias de los pueblos a este despojo llevó a que en América Latina se creara la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y luego el Movimiento de Afectados por las Represas (MAR). Luego nacieron algunas redes nacionales para compartir experiencias y estrategias de lucha. En México conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Frente a estas resistencias los gobiernos y las grandes empresas constructoras de represas quisieron cambiar el discurso para convencer que las hidroeléctricas son limpias, verdes, sustentables y amigables con el medio ambiente sumando la responsabilidad social de las corporaciones constructoras. Han pretendido convencer que las supuestas medianas y pequeñas represas ya no contaminan ni desplazan. Sin embargo, el uso de la energía renovable bajo el mismo modelo extractivo energético genera las mismas consecuencias. Por ello, sólo con la información, la formación, la consciencia colectiva de los pueblos sobre este modelo extractivo, la movilización, entre otras estrategias de prevención, se puede construir nuevos horizontes, nuevos paradigmas, nuevos modelos energéticos en manos de los pueblos y para los pueblos.

Más información:

Foro virtual: No más Calentamiento, No más Guerra

Les compartimos esta invitación para ver ese foro virtual este lunes 27 de julio del 2020

Del militarismo al extractivismo, pasando por la migración climática y la militarización de las fronteras, reunimos a panelistas de Estados Unidos, México y Filipinas, quienes nos expondrán los fuertes nexos entre el militarismo y el cambio climático en el mundo, y nos compartirán su apreciación sobre las iniciativas actuales para enfrentar los retos del clima, sus limitantes y las futuras oportunidades de cooperación global.

Lunes, 27 de julio del 2020
7:00 PM México

Este seminario está siendo presentado por el Institute for Policy Studies y co-patrocinada por The Leap, Climate Mobilization y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El seminario en línea se llevará a cabo en inglés y en español, y contará con interpretación simultánea en los dos idiomas.

Informe: Riesgos no calculados

Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo

Compartimos este informe hecho por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – A julio 2020

El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades.

Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, luchar por la igualdad de acceso a la vivienda o la educación, denunciar la corrupción y el abuso de poder y abogar por inversiones que beneficien a las personas pobres.

Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y ataques por las actividades que realizan incluidos el acoso, la violencia física, la criminalización, la detención arbitraria y la muerte. Las amenazas y los ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en nombre del desarrollo.

A través de 25 estudios de caso, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en contra de las personas defensoras en el desarrollo y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en su mitigación o exacerbación.

Hallazgos:

  • Las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo son generalizadas.
  • Aunque las amenazas y los ataques adoptan muchas formas diferentes, a menudo comienzan cuando se etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades, grupos e individuos.
  • La imposición de actividades de desarrollo sin el consentimiento o la consulta adecuada de las comunidades locales y los grupos marginados es una de las causas fundamentales de las amenazas contra las personas defensoras en el desarrollo.
  • Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas.
  • Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras, porque no se presta la debida atención a los derechos e intereses de las comunidades locales y de las poblaciones marginadas, ni tampoco a los riesgos contextuales y a los desequilibrios de poder que pueden llevar a que estas comunidades y poblaciones paguen los impactos negativos o se vuelvan vulnerables.
  • A menudo, las señales de alerta temprana que indican la existencia de posibles amenazas para las personas defensoras se ignoran y se pasan por alto.
  • Las IFD disponen de una amplia gama de recursos e influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de riesgo de las personas defensoras en peligro, pero con frequencia dejan pasar oportunidades para crear proactivamente momentos que potencien el apoyo a los derechos de las comunidades y las personas defensoras, y se resisten a utilizar de manera efectiva sus herramientas y su influencia.
  • Desafortunadamente, con frecuencia las IFD guardan silencio ante las amenazas y los ataques, o sus respuestas son insuficientes o tardías, y las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y los daños no se reparan.
  • Varias IFD están empezando a abordar las amenazas en contra de las personas defensoras en el desarrollo, pero hace falta mucho más.

Para abordar con eficacia la reducción del espacio para la participación en los procesos de desarrollo y las crecientes amenazas contra las personas defensoras se necesita no solo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo.

Casos:

Caso 1: Honduras – Asesinatos de personas campesinas y defensoras de la tierra >>Lee aquí<<

Caso 2: México – Criminalización, amenazas y ataques contra integrantes de movimientos de pueblos indígenas >>Lee aquí<<

Caso 3: Guatemala – Encendiendo el conflicto en las comunidades indígenas >>Lee aquí<<

Caso 4: Guatemala – Criminalización de comunidades indígenas >>Lee aquí <<

Caso 5: Honduras – Asesinatos de Berta Cáceres y Tomás García, y ataques contra el COPINH y la comunidad de Río Blanco >>Lee aquí <<

Caso 6: Perú – Agresión contra Máxima Acuña-Atalaya de Chaupe y represión violenta de la protesta >>Lee aquí <<

Caso 7: Perú – Uso de decretos de emergencia y militarización para silenciar comunidades indígenas >>Lee aquí<<

Caso 8: Brasil – Intimidación y corrupción para silenciar comunidades indígenas, activistas ambientales y funcionarios del gobierno >>Lee aquí<<

Caso 9: Brasil – Asesinato de Nilce de Souza Magalhães y amenazas a activistas >>Lee aquí<<

Caso 10: Colombia – Ataques, criminalización y asesinatos de activistas de base >>Lee aquí<<

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