Empresas Mineras en México “Ejemplo de Irresponsabilidad Social y Buenas Prácticas para el Despojo”

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el modelo extractivista minero- A 23 de marzo de 2021

A inicios del mes la empresa minera canadiense First Majestic fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)y la Fundación Mexicana para la Sostenibilidad y la Equidad como empresa líder en Responsabilidad Social Corporativa por sus“prácticas éticas y de buen gobierno”y su “dedicación al cuidado del medio ambiente”. Estos reconocimientos fueron para las tres minas donde opera en México (San Dimas, Santa Elena y La Encantada).

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos incitara los responsables corporativos del CEMEFI para que por lo menos maquillen un pocolos títulos de sus premios y no sean cómplices del lavado de imagen de las empresas mineras, de tal manera que sus reconocimientos al menos, sean más apegados a las realidades que vive la población de lospueblos en donde operan esas empresas.

Desde nuestro punto de vista, un reconocimiento indiscutible para la First Majestic, sería uno que haga referencia a su “dedicación al destrozo del medio ambiente”. Sobran los ejemplos,pero podemos resaltar los derrames por cianuro que han ocurrido en la mina la Encantada en 2016; la contaminación del río San Rafael y las enfermedades en la población derivadas la por su mina Del Toro en Zacatecas; la tala de más de 2,000 hectáreas de bosque, el derrame y entierros de residuos tóxicos, que han contaminado ríos y manantiales provocados por sus minas “La Guitarra” y “El Coloso” en el estado de México.Podemos citar también el grave intento al destrozo del área protegida y sitios sagrados en Wirikuta por su proyecto de mina La luz.

Asociar First Majestic y “prácticas éticas y de buen gobierno” es otro oxímoron. En los distintos territorios donde opera,la población local ha denunciado las irregularidades en las rentas de tierras, los niveles de criminalización y las estrategias de división social utilizadas por la empresa. El hecho que First Majestic está actualmente demandando al gobierno por medio de un arbitraje internacional para evitar pagar impuestos de hasta 4,919millones de pesos mexicanos, no parece por ningún lado una práctica ética, menos aun de buen gobierno. Esta disputa surge en torno a una diferencia con las autoridades mexicanas sobre impuestos pagados sobre las ventas de plata desde la mina San Dimas en Durango entre 2010-2014 a otra filial de la misma empresa en Barbados. En ese entonces, la mina San Dimas fue propiedad de la empresa canadiense Primero Mining, la cual también amenazó a México con un proceso de arbitraje internacional por la misma razón en 2016, aunque luego se desistió después de que su amenaza desembocó en un proceso de diálogo. Ante la insistencia del estado mexicano de recaudar lo que falta, parece que First Majesticva a proceder con su demanda.

Generalmente las empresas mineras han creado una serie de mecanismos basados en; prémiate a ti mismo,en consecuencia, éticamente incorrectas, totalmente alejadas de cualquier posibilidad de vínculo jurídico (le llaman códigos voluntarios) y siempre cobijadas por académicos quienes han desarrollado cualquier cantidad de artificios para lavar un poco la sucia imagen empresarial del sector

Lamentablemente esas mentiras al respeto alas prácticas de las empresasmineras no se han limitadoal CEMEFIo a las propias empresas, sino que ha llegado, en los últimos días, haciael puesto más alto de quien gobierna nuestro país. Lasdeclaraciones de AMLO resaltando la ejemplaridadde la empresa Newmont-Goldcorp por su mina Peñasquito en Zacatecas por el hecho que“paga bien a los trabajadores, ayuda a las comunidades, no destruyeel entorno y cuida el medio ambiente”, son desconcertantes y absurdas por el nivel de engaño que hace en esa declaración.La mina de Peñasquito, si es un ejemplo, pero del nivel de depredación a lo cual puede llegar este modelo extractivo. Desde que ha empezado a operar ha generado un verdadero desastre social y ambiental totalmente ocultado por esta declaración presidencial, como ha sido muy bien señalado en la carta siguiente: https://ljz.mx/2021/03/19/carta-al-presidente-sobre-el-desastre-ambiente-de-la-mina-penasquito/

Basta de tratar de engañar a los pueblos, y a la opinión pública, promoviendo supuestas empresas y prácticas socialmente responsables o verdes. El modelo extractivo minero,y los actores que la promueven,solo generan despojo, miseria y devastación.

La única práctica socialmente responsable, cuidadora del medio ambiente y realmente de buen gobierno es: TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo

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Ubican a México entre los países más letales para personas defensoras de derechos humanos

Compartimos esta nota de Proceso sobre la situación de violencia hacia defensoras y defensores en México – A 15 de marzo de 2021

Por Pedro Matías

Front Line Defenders, dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe, precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

OAXACA, Oax. (apro).- México se encuentra entre los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, al ubicarse en el cuarto lugar a nivel global, con al menos 19 asesinatos durante 2020, informó la coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders, Sandra Patargo Muriedas.

En reunión virtual de Mary Lawlor –relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos– con diversas organizaciones civiles, el pasado jueves 11, la representante de Front Line Defenders detalló que de las 19 personas defensoras asesinadas en México el año pasado, 15 eran hombres y cuatro mujeres, incluidas al menos tres mujeres trans.

En México, precisó, 14 de las víctimas trabajaban temas ambientales, y seis de ellas defendían derechos de los pueblos indígenas.

La organización civil irlandesa dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

En un evento paralelo a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Patargo Muriedas manifestó: “La situación de los asesinatos y en general de la violencia contra de las personas defensoras trans nos parece alarmante”.

Esta problemática, añadió, “sigue siendo invisibilizada y urge ser tomada con mayor urgencia por las autoridades”.

Con el tema “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”, 10 organizaciones civiles, entre ellas Consorcio Oaxaca y Front Line Defenders, convocaron a este encuentro, donde manifestaron que la violencia es alentada con la impunidad.

Patargo Muriedas citó que poco más de una cuarta parte de los asesinatos contra personas defensoras en México se cometieron en Oaxaca.

Puntualizó: “Cinco de las y los defensores asesinados fueron líderes comunitarios de Oaxaca, hecho que nos parece sumamente preocupante considerando el nivel de violencia, criminalización, amenazas y, sobre todo, impunidad al que se enfrentan los defensores en este estado”.

Ese panorama de Oaxaca, adverso a la defensa de los derechos humanos, es evidente en el caso de los defensores Fredy García y Pablo López Alavez, “quienes siguen injustamente encarcelados en Oaxaca hasta el día de hoy”, expuso en referencia a dos de los casos emblemáticos que una de las organizaciones convocantes del evento, Consorcio Oaxaca, ha llevado al ámbito internacional.

A nivel global, regional y en México, continuó Patargo, las personas defensoras de derechos humanos en mayor riesgo de ser asesinadas son las que trabajan los temas de tierra y territorio, derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales, que representan 69% de las y los defensores asesinados a nivel global, y 73.7% en el caso mexicano.

“Hoy más que nunca nos parecen verdaderamente importantes las recomendaciones que hace la relatora”, dijo en referencia al informe “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, presentado por la relatora especial Mary Lawlor, pues “no han sido suficientes ni constantes los esfuerzos de las autoridades por reconocer la importancia del trabajo que hacen las y los defensores”.

“Pensamos que mientras continúen los discursos estigmatizantes contra la sociedad civil por parte de altos funcionarios, incluyendo el Ejecutivo federal, los esfuerzos para visibilizar el trabajo y riesgos de personas defensoras seguirán quedando cortos ante la realidad que enfrentan”, expresó Patargo.

Igualmente pidió garantizar el presupuesto necesario para el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fortalecer las capacidades y capacitaciones del personal, y seguir reforzando la perspectiva de género y de protección comunitaria.

“Si no se ataca la impunidad desde la raíz, los ataques, desapariciones y asesinatos contra defensoras y defensores no cesarán; las cifras de impunidad en México son casi tan alarmantes como la de los asesinatos”, por lo que “el combate contra la impunidad en los casos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos debe ser una prioridad”, finalizó.

El evento fue convocado por las organizaciones de la sociedad civil: Brigadas Internacionales de Paz (PBI); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Front Line Defenders; Organización Mundial Contra la Tortura; Pan Para el Mundo; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México, y Servicio Internacional por los Derechos Humanos.

Imagen: : Juan Carlos Cruz

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Geovisualizador Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética

Compartimos este Geovisualizador de GeoComunes sobre la energía y la miería- A diciembre 2020

Presentación:

La energía eléctrica es un bien común controlado por el Estado y empresas privadas que generan, distribuyen y consumen la mayor parte de la electricidad del país. Mientras tanto, casi dos millones de personas carecen de acceso real a la electricidad, y los pueblos y comunidades organizadas enfrentan los impactos de la expansión de proyectos y redes eléctricas.

En este Geovisualizador podrás explorar y descargar información georreferenciada sobre los actores y la infraestructura relativa a la producción, transmisión y consumo de electricidad, así como algunas de las principales actividades asociadas con el consumo eléctrico (industria minera, cementera maquiladora, etcétera).

Con el “PANEL DE CAPAS” puedes activar o desactivar la visualización de la información geográfica. La sección “EMPRESAS” permite hacer filtros para ubicar las centrales promovidas por determinada empresa. La pestaña “ANÁLISIS E INFOGRAFÍAS” integra análisis generales y regionales, así como infografías, que muestran las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y buscan fortalecer la construcción de un modelo energético distinto, dirigido desde y para los pueblos (y no desde el mercado y para el capital).

Este Geovisualizador es parte de la investigación cartográfica “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética” realizada por el colectivo GeoComunes con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y publicada en Diciembre de 2020.

>>Visitar Geovizualizador<<

>>Consultar investigación completa<<

Imagen: GeoComunes

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La Energía: Otro bien común acaparado por el Modelo Extractivo Minero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de febrero de 2021

El colectivo GeoComunes acaba de hacer público el geovisualizador que forma parte de la investigación “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética”,realizado con apoyo de la fundación Rosa Luxemburg.

Esta investigación aporta datos suficientes para cuestionar y criticar la “utilidad pública” de los proyectos de generación de energía eléctrica en un contexto en donde éstos han sido publicitados como parte de la estrategia de transición energética o como parte de un proyecto de interés nacional. La investigación busca responder de manera sencilla a preguntas que develan algunas de las contradicciones de fondo sobre un sistema eléctrico que hoy, con la reforma en discusión, es nuevamente tema de atención general.

De manera particular, como REMA nos interesa recuperar algunas de las preguntas y datos allí planteados que se relacionan directamente con el modelo extractivo minero, el cual como organización combatimos;datos que nos permiten reafirmar lo que hemos dicho desde siempre: no hay minería verde,ni responsable, ni sus aporteseconómicos generanprogreso y desarrollo, de tal manera que, para nosotros la única minería sustentable es la que no se hace.

La Minería Es La Actividad Que Más Electricidad Consume En México

La investigación presenta que en 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por el sector industrial, lo que representa 3 veces el consumo del conjunto de los usuarios domésticos a nivel nacional. Además, dentro del sector industrial, el mayor consumo lo hacen las ramas minera y cementera,dos actividades que,juntas,representaron en el 2018 el8% del consumo total de electricidad, lo que equivale al consumo domiciliario de 46 millones de personas en México.

Este desequilibrio entre el consumo eléctricode las mineras o cementeras y el consumo doméstico se agrava a nivel local. Así, por ejemplo, la investigación muestra que:

  • -La empresa Cementos Moctezuma con sus tres plantas cementeras (ubicadas en Apazapan, en Veracruz; Emiliano Zapata en Morelos y Cerritos en San Luis Potosí), en 2018consumió 553 gigavatios-hora(GWh), lo mismo que los 764 mil usuariosde los 779 municipioscon menor consumo residencial.-La Mina Hércules (AHMSA) en Sierra Mojada (Coahuila), consumió 248.7 GWh(2018), lo que representa 529 veces el consumo doméstico total del municipiopara este mismo año. En 22010 el 8.4% de las viviendas del municipio de Sierra Mojadano tenían acceso a la electricidad.
  • -La mina San Julián de Industrias Peñoles consumió 117.6 GWh en 2018;30 veces más que el total del consumo doméstico del municipio de Guadalupe y Calvo donde opera. En este municipio en 2010 ¡el 78% de la población indígena seguía sin acceso a la electricidad!El consumo de esta mina equivale al consumo doméstico de 17 municipios de Chihuahua y de 80 mil usuarios domésticos.
  • -La mina Peñasquito de Newmonten 2018, tuvo una demanda eléctrica (potencia que requiere la mina) de 220 Megavatios (MW), lo que equivale a la demanda sumada de 45 mil viviendas.

Cabe resaltar que este incesanteconsumo de energía eléctricano considera el consumo energético derivado del uso de diversos combustiblespor parte de las empresas mineras, concentrados sobre todo en buena parte de los procesos motricesque implementan sean estos en minas subterráneas o a cielo abierto, así como también la fuerte demanda de las metalúrgicas.

La llamada “transición energética” implica más extractivismo minero

Además de señalar a quiénes son los mayores consumidores de electricidad, una sección de la investigación se dedica en aportar datos que desmitifican la “transición energética”corporativa que se predica hoy en día como una verdadera solución a la crisis ambiental. Las referencias más claras de esos señalamientos delatan lo siguiente:

  • -Las energías renovables no están reemplazando la generación eléctrica basada en fósiles,por el contrario, se están sumando al aumento continuo de generación eléctrica. A pesar de duplicar la capacidad instalada de energías renovables entre 2005 y 2019 (con 123 nuevas centrales principalmente eólicas y solares), la generación con fuentes fósiles ha aumentado en un 30% durante este periodo(de 191 mil a 253 mil GWh).
  • -La “Transición Energética” oficial hasta ahora no ha reducido la emisión de bióxido de carbono (CO2)en la generación eléctrica. Por el contrario, las emisiones de la generación eléctrica aumentaronde 133 a 162 mil gigagramos (Gg)de CO2 entre 2005 y 2017.
  • -Debido a que la generación con fuentes fósiles sigue aumentando, y considerando la intermitencia de las centrales renovables y la gran superficie de tierras que éstas requieren para su operación, este “modelo” de transición resulta inviable social y ambientalmente, ya que tan sólo para cumplir con la meta de 35% de generación total para 2024, se requeriría instalar aproximadamente740 nuevas centrales renovables, usando 8.4 mil km2de tierra. ¡Eso representa casi la superficie sumada de los estados de Morelos y Tlaxcala, o aproximadamente 6 veces la superficie de la CDMX
  • -Este modelo de transición energética fomenta el extractivismo minero: las centrales eólicas y solares que actualmente se encuentran en fase de proyecto en México,van a requerir aproximadamente 1.5 millones de toneladas de minerales para su construcción. Además,se seguirá extrayendo gas mediante fracking para abastecer las centrales de ciclo combinado. La transición energética actual es una apuesta corporativa que beneficia a una de las actividades industriales con mayor consumo eléctrico y emisiones de CO2, y es responsable de graves impactos socio ambientales.
  • -La transición energética corporativa es una “transición de mercado”: las energías renovables, los vehículos eléctricos y los minerales que requieren representan nuevas mercancías para la acumulación de capital bajo las mismas lógicas de explotación centradas en el despojo y desplazamiento forzado, sólo que ahora pintadas de verde.

Imagen: No a la Minería

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REMA: Romper el Pacto Patriarcal es Romper el Modelo Extractivista

Compartimos este comunicado de las mujeres de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de marzo de 2021

El pacto patriarcal que las mujeres de México y del mundo exigimos que el Estado, las instituciones, nuestros compañeros y comunidades rompan,es el pacto que promueve la violencia directa e indirecta contra la mujer, aquel que silencia a sus víctimas y que permite que se cuestione más a las denunciantes que a los denunciados. El pacto patriarcal que exigimos romper, es también el que alimenta al modelo extractivista, por lo que romper con él significa romper con la minería y otros proyectos de muerte que nos exterminan.

El modelo expoliador de la naturaleza y de despojo que el sistema capitalista impulsa es especialmente violento con las mujeres, quienes padecen de manera directa la violencia que este modelo desata en sus territorios (violencia física, psicológica, económica y sexual). Al tener la responsabilidad de los cuidados de la vida, el trabajo doméstico se triplica ante el rápido deterioro de los bienes comunes básicos cuando llega una minera (contaminación y escasez del agua, despojo de la tierra para alimentar, contaminación del aire); entre los más duros se encuentran los cuidados de familias enteras cuando éstas enferman como resultado de la devastación y la destrucción de otras formas de vida que las mineras detonan.

El patriarcado y el extractivismo provocan violencias diferenciadas contra las mujeres, quienes pierden su seguridad, su independencia por la economía local que manejan, su libertad de movimiento dentro de sus territorios, el derecho a su tranquilidad, espiritualidad, vida colectiva y una propia vida en comunalidad. Por otro lado, son las que más padecen la militarización, la delincuencia organizada, la paramilitarización, la política de aniquilamiento de las empresas en contubernio con los gobiernos federal, estatal y municipal.

Por ello, mantener las concesiones mineras existentes en el país y, más aún, haber permitido que las mineras continúen activas durante toda esta emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, es también una agresión contra las poblaciones que se oponen a estos proyectos y, particularmente, contra las mujeres que han estado desde siempre al frente de esta lucha de defensa de los territoriosy de la vida. La minería no es una actividad esencial, lo son el agua, los ríos, la tierra, los territorios, el aire que esta actividad contamina, despoja y aniquila.Esenciales son las comunidades que la minería desplaza, la salud de las poblaciones que la minería despoja. Esenciales son las mujeres y la lucha que ellas han dado para defender la vida y los territorios, una lucha que se ha visto más asediada durante la pandemia.

Las mujeres de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA), nos abrazamos de manera sorora y combativa con las mujeres indígenas y no indígenas, campesinas y urbanas, migrantes, yafrodescendientes, todas esas voces de resistencia que luchan por hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a la justicia; a las mujeres que defienden sus territorios, la tierra, los ríos, la espiritualidad, la salud comunitaria, el conocimiento tradicional, a las mujeres que nos enfrentamo a los machismos en la casa, en las organizaciones, en las comunidades, en los gobiernos y en las empresas. Con todas aquellas buscamos construir espacios propios de sobrevivencia que nos permitan vivir una vida más digna y alegre, donde podamos crear vínculos de solidaridad y relaciones sociales sanas,alejadas del patriarcado y su amenaza extractivista. Mujeres fuertes que construimos día a día un futuro más amoroso, más armonioso y respetuoso con otros seres con los que compartimos el planeta.

Las mujeres exigimos romper y darle la espalda al pacto patriarcal y desobedecer el modelo extractivistaque nos ha hecho tanto daño, que nos mantiene tan vulnerables y que perpetúa la violencia en nuestros cuerpos y territorios.

LAS MUJERES LUCHAMOS POR LA VIDA, CONTRA EL EXTRACTIVISMO Y EL PATRIARCADO QUE LO SUSTENTA

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MUJERES DE LA RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Zona Docs

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Transnacionales y Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe: violaciones a la soberanía popular

Compartimos este material de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A 18 de noviembre de 2020

Desacargue aquí el Mapeo completo en PDF

Es imposible entender las configuraciones del sistema capitalista de los últimos años sin considerar el rol que cumplen las Empresas Transnacionales (ETN) en el proceso de acumulación de capital. Las ETN son actores centrales que lideran los procesos de expansión del capital, tanto a nivel territorial, como en todas las esferas de la vida en sociedad. Las políticas de liberalización del comercio y las inversiones, que incluyen nuevas normas en materias de servicios, compras públicas, propiedad intelectual, así como los regímenes de solución de controversias incorporados en los tratados de libre comercio y en los tratados bilaterales de inversiones, han sido diseñados para promover y proteger los intereses de las ETN. Por ello, es necesario entender cómo opera la arquitectura de la impunidad que las beneficia y permite que no tengan que rendir cuentas por sus violaciones de derechos humanos, ambientales y de los pueblos, para comprender cómo imponen la primacía de sus intereses, por ejemplo a través de agendas políticas y comerciales.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) mapeó a lo largo de la región distintos casos en los que las ETN intentaron -o lograron- imponer sus intereses generando y/o exacerbando las crisis sistémicas, violando o vulnerando los derechos de los pueblos, destruyendo los territorios y medios de sustento.

Este trabajo se confeccionó con casos propuestos por los grupos miembro de ATALC, que denuncian el accionar y las violaciones de derechos perpetradas por las ETN, a partir de sus experiencias de lucha territorial y en defensa de los derechos de los pueblos. Los casos son mencionados en el segundo capítulo del informe, donde se caracterizan los distintos sectores en los que operan las ETN, y serán desarrollados en una serie de podcast producidos por Radio Mundo Real.

El mapeo no pretende ser exhaustivo, pero sí brindar una caracterización fundamentada sobre el papel y la actuación de las ETN en la región y la ofensiva que ejercen en los territorios y sociedades contra los derechos de las clases populares, los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y las mujeres. A la vez, se describen los esfuerzos por parte de los pueblos afectados por rechazar y resistir las imposiciones corporativas.

El litio y la Falsa Transición Energética

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 23 de septiembre de 2020

El martes 22 de septiembre la empresa estadounidense Tesla celebro el Día de la Batería Tesla que coincide con la reunión anual de su junta directiva, es el más importante productor de baterías de litio y autos eléctricos en Norteamérica, y tiene como accionista mayoritario al empresario ElonMusk quien ha aparecido en los últimos años como promotor de la llamada “transición energética”  para impulsar la venta de sus productos. Las baterías de litio, al tener una capacidad de almacenamiento más eficiente que las fabricadas con otros minerales, ha incrementado su demanda por parte de la industria automotriz y de  aparatos electrónicos. Por este hecho, durante la última década el litio ha sido caracterizado por el servicio Geológico de los Estados Unidos como un elemento “critico” y las empresas mineras, la industria automotriz, y los gobiernos han empezado a promocionar el litio como un metal “verde” esencial para la “transición energética”.

El énfasis mundial que se le ha puesto al litio, está provocando un proceso de especulación  financiera, así como disputas por la fuente de suministro entre los países europeos y EEUU, frente a China y otros países asiáticos que actualmente dominan el mercado de este mineral. En este contexto, el nuevo Tratado de Libre Comercio (TMEC) firmado entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, señala que las baterías de litio son un componente “esencial” para la industria interna, y determina un plazo de 3 años para alcanzar el 75% de contenido regional de litio para estas baterías para autos eviten pagar aranceles. A raíz de este acuerdo, hace unas semanas de eliminaron en México los aranceles para la importación de autos eléctricos. Estas medidas para incrementar el consumo de productos de litio extraído en la región, sumadas al hecho de que la producción mundial está actualmente concentrada en Austria,  Sudamérica y Asia; ponen más presión sobre los yacimientos ubicados en México y Canadá, en los que algunas empresas están intentando instalarse para suministrar litio a la industria automotriz regional.

Un resultado en México de esta “fiebre de litio”, es una oleada de especulación que ha significado la concesión de grandes áreas en el país, con la finalidad de especular sobre su precio, inflar las reservas e incrementar el valor de las acciones de las empresas, lo que ha provocado el despojo de tierra en lagunas comunidades. Actualmente existe en México 97 mil hectáreas concesionadas y 537 mil más en trámite, para la extracción de litio, repartidas en 36 proyectos controlados por 10 empresas, en su mayoría  empresas canadienses  pequeñas al borde de la quiebra, que dependen mucho del proceso de especulación para generar recursos en la bolsa de valores de Toronto. De los 36 proyectos en el país, solamente el proyecto de la empresa Bacanora Lithium en Sonora, es el que ha avanzado en su desarrollo. Los demás se encuentran buscando financiamiento, tratando de encontrar un comprador o socio, o haciendo exploraciones básicas.

El proyecto Sonora, de la empresa Bacanora Lithium, tiene entre sus socios a la empresas japonesa  Hanwa la cual firmo un acuerdo con Bacanora Lithium, para el suministro de litio extraído durante los  10 primeros años del proyecto.  Además de este acuerdo, el proyecto involucra a la compañía china GanfengLithium como socia del mismo. En 2019 Ganfeng invirtió directamente en Bacanora Lithium y en el proyecto Sonora, convirtiéndose en dueña del 2.5% de las acciones del proyecto en México. Como parte del acuerdo de inversión, Ganfeng tiene derecho al 50% de la producción del carbonato de litio  que se extraiga. Esta relación  del proyecto con la empresa Ganfeng, es sumamente importante debido a que esta compañía tiene acuerdos firmados directamente con Tesla. En 2015 GanfengLithium firmó un acuerdo con Tesla para asegurar el suministro  de litio para sus operaciones en la planta de autos y baterías que tiene en Nevada, EEUU en sociedad con la empresa Panasonic. La posible extracción de litio en Sonora, relacionada al crecimiento de industrias disfrazadas de verde como Tesla o la empresa japonesa Hanwa, generan los mismo impactos de siempre. Al ser un depositó de litio en roca, para este proyecto se utilizaran los métodos propios de la extracción minera a tajo abierto, que se acompañan de plantas de procesamiento y  concentración con uso de reactivos químicos.

Este modelo se ve claro en las minas de litio en Chile y Argentina, en las que no existe información clara sobre los verdaderos impactos hidrológicos provocados por una extracción sumamente intensiva de agua, y en donde las empresas violan constantemente la libre determinación de los pueblos Indígenas, destrozando sus modos de vida ancestrales y en muchos casos provocando el despojo de sus territorios. La producción de baterías de iones de litio de empresas como Tesla, también han generado graves impactos en la República Democrática del Congo, en donde se extraen grandes cantidades de cobalto, otro mineral necesario para su producción. Esta supuesta “transición energética” solo provocara el aumento en las zonas de “sacrificio” que el capitalismo requiere para sostener su modelo de consumo desmedido y enriquecimiento privado.

La “transición energética” promovida por este capitalismo verde, tiene una relación inseparable con el rublo minero. En un estudio reciente del Banco Mundial, se estima que la producción de minerales como el grafico, litio y e cobalto deberá crecer un 500% hacia el año 2050 para satisfacer las necesidades de la llamada transición energética  a escala mundial. La producción de baterías eléctricas como las que fabrica Tesla, podría generar un aumento en la extracción de hasta 250 millones de toneladas de minerales (principalmente grafito, niquel y cobalto) de aquí al 2050. Este aumento desbordado de la actividad minera para la “transición energética” no se limita al consumo de estos minerales, sino que incluye otros más comunes como el cobre, el aluminio, la plata o el plomo, necesarios en grandes cantidades para la instalación por ejemplo de parques solares o eólicos. La apuesta de los gobiernos, bancos de desarrollo y empresas frente al problema que representa el cambio climático, se centra en una engañosa “transición energética”, que favorece y fomenta el extractivismo minero, que ha sido una de las actividades más depredadoras y problemáticas en términos de impactos socio-ambientales. Los actores responsables de la grave situación ambiental en la que nos encontramos, cínicamente se promueven como los salvadores del planeta con sus propuestas tecnológicas de minería verde o climáticamente inteligentes.

Basta de engañar a los pueblos o a la opinión pública  con estas falsas salidas “verdes”. Sus propuestas de “transición energéticas” no significan ningún cambio de modelo y repiten las misma estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce en el mundo. ¿Cómo se puede hablar de una transición, cuando lo que se busca es un incremento acelerado de la extracción minera, para el aumento de las ganancias para sus empresas que solo generan despojo e impactos a los pueblos y comunidades? Es el mismo modelo capitalista, al que ahora se quiere pintar de verde.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Vídeo: Escuela de Justicia Energética

Les compartimos este vídeo sobre unas de las propuestas a la cual le apostamos para generar un cambio desde y para el pueblo y las comunidades.

La Escuela de Justicia Energética nace con el fin de aprender colectivamente sobre el significado del actual Modelo Extractivo Energético, sus consecuencias socio ambientales en los territorios, elaborar análisis y diagnósticos colectivos para diseñar estrategias conjuntas que se encaminen no solo a la resistencia contra este modelo en favor de nuestros ríos y pueblos, sino para reflexionar sobre un nuevo modelo energético.

Las políticas neoliberales han llevado a la privatización de la producción, distribución y comercialización de la energía en manos de las grandes corporaciones trasnacionales. La energía centralizada, privada, de grandes costos, ha levantado mucha indignación y protestas por todo el mundo. Las resistencias de los pueblos a este despojo llevó a que en América Latina se creara la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y luego el Movimiento de Afectados por las Represas (MAR). Luego nacieron algunas redes nacionales para compartir experiencias y estrategias de lucha. En México conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Frente a estas resistencias los gobiernos y las grandes empresas constructoras de represas quisieron cambiar el discurso para convencer que las hidroeléctricas son limpias, verdes, sustentables y amigables con el medio ambiente sumando la responsabilidad social de las corporaciones constructoras. Han pretendido convencer que las supuestas medianas y pequeñas represas ya no contaminan ni desplazan. Sin embargo, el uso de la energía renovable bajo el mismo modelo extractivo energético genera las mismas consecuencias. Por ello, sólo con la información, la formación, la consciencia colectiva de los pueblos sobre este modelo extractivo, la movilización, entre otras estrategias de prevención, se puede construir nuevos horizontes, nuevos paradigmas, nuevos modelos energéticos en manos de los pueblos y para los pueblos.

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Foro virtual: No más Calentamiento, No más Guerra

Les compartimos esta invitación para ver ese foro virtual este lunes 27 de julio del 2020

Del militarismo al extractivismo, pasando por la migración climática y la militarización de las fronteras, reunimos a panelistas de Estados Unidos, México y Filipinas, quienes nos expondrán los fuertes nexos entre el militarismo y el cambio climático en el mundo, y nos compartirán su apreciación sobre las iniciativas actuales para enfrentar los retos del clima, sus limitantes y las futuras oportunidades de cooperación global.

Lunes, 27 de julio del 2020
7:00 PM México

Este seminario está siendo presentado por el Institute for Policy Studies y co-patrocinada por The Leap, Climate Mobilization y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El seminario en línea se llevará a cabo en inglés y en español, y contará con interpretación simultánea en los dos idiomas.

Informe: Riesgos no calculados

Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo

Compartimos este informe hecho por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – A julio 2020

El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades.

Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, luchar por la igualdad de acceso a la vivienda o la educación, denunciar la corrupción y el abuso de poder y abogar por inversiones que beneficien a las personas pobres.

Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y ataques por las actividades que realizan incluidos el acoso, la violencia física, la criminalización, la detención arbitraria y la muerte. Las amenazas y los ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en nombre del desarrollo.

A través de 25 estudios de caso, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en contra de las personas defensoras en el desarrollo y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en su mitigación o exacerbación.

Hallazgos:

  • Las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo son generalizadas.
  • Aunque las amenazas y los ataques adoptan muchas formas diferentes, a menudo comienzan cuando se etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades, grupos e individuos.
  • La imposición de actividades de desarrollo sin el consentimiento o la consulta adecuada de las comunidades locales y los grupos marginados es una de las causas fundamentales de las amenazas contra las personas defensoras en el desarrollo.
  • Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas.
  • Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras, porque no se presta la debida atención a los derechos e intereses de las comunidades locales y de las poblaciones marginadas, ni tampoco a los riesgos contextuales y a los desequilibrios de poder que pueden llevar a que estas comunidades y poblaciones paguen los impactos negativos o se vuelvan vulnerables.
  • A menudo, las señales de alerta temprana que indican la existencia de posibles amenazas para las personas defensoras se ignoran y se pasan por alto.
  • Las IFD disponen de una amplia gama de recursos e influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de riesgo de las personas defensoras en peligro, pero con frequencia dejan pasar oportunidades para crear proactivamente momentos que potencien el apoyo a los derechos de las comunidades y las personas defensoras, y se resisten a utilizar de manera efectiva sus herramientas y su influencia.
  • Desafortunadamente, con frecuencia las IFD guardan silencio ante las amenazas y los ataques, o sus respuestas son insuficientes o tardías, y las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y los daños no se reparan.
  • Varias IFD están empezando a abordar las amenazas en contra de las personas defensoras en el desarrollo, pero hace falta mucho más.

Para abordar con eficacia la reducción del espacio para la participación en los procesos de desarrollo y las crecientes amenazas contra las personas defensoras se necesita no solo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo.

Casos:

Caso 1: Honduras – Asesinatos de personas campesinas y defensoras de la tierra >>Lee aquí<<

Caso 2: México – Criminalización, amenazas y ataques contra integrantes de movimientos de pueblos indígenas >>Lee aquí<<

Caso 3: Guatemala – Encendiendo el conflicto en las comunidades indígenas >>Lee aquí<<

Caso 4: Guatemala – Criminalización de comunidades indígenas >>Lee aquí <<

Caso 5: Honduras – Asesinatos de Berta Cáceres y Tomás García, y ataques contra el COPINH y la comunidad de Río Blanco >>Lee aquí <<

Caso 6: Perú – Agresión contra Máxima Acuña-Atalaya de Chaupe y represión violenta de la protesta >>Lee aquí <<

Caso 7: Perú – Uso de decretos de emergencia y militarización para silenciar comunidades indígenas >>Lee aquí<<

Caso 8: Brasil – Intimidación y corrupción para silenciar comunidades indígenas, activistas ambientales y funcionarios del gobierno >>Lee aquí<<

Caso 9: Brasil – Asesinato de Nilce de Souza Magalhães y amenazas a activistas >>Lee aquí<<

Caso 10: Colombia – Ataques, criminalización y asesinatos de activistas de base >>Lee aquí<<

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