Megaproyectos de muerte: la Termoeléctrica en Huexca ante la devastación ambiental de Morelos

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada Morelos sobre la Termo Electrica – A 25 de septiembre de 2020

JOSEMANUEL LUNA…

La urbanización e industrialización del estado de Morelos ha resultado en una devastación socioambiental, la cual se ha agudizado con la prospección y desarrollo de una serie de megaproyectos presuntamente sustentables que han propiciado el desarrollo de cierto tipo de infraestructuras que acompañan, convalidan y retroalimentan la reconfiguración capitalista del territorio. Por ejemplo, la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado que se ha instalado en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que hoy día amenaza con sobreexplotar y contaminar los recursos hídricos subterráneos y superficiales del estado de Morelos.

La termoeléctrica en Huexca representa una megainfraestructura que ha producido un escenario de conflictividad socioambiental frente a la devastación latente del territorio. Recuérdese que la inversión multimillonaria del capitalismo español representado por las empresas Abengoa, Elecnor y Enagás han construido —en contubernio con la Comisión Federal de Electricidad— una infraestructura que consta de tres turbogeneradores de gas y uno de vapor y un acueducto que pretende extraer agua del caudal del Río Cuautla para la operación y enfriamiento de los turbogeneradores.

El proyecto energético de la Central Termoeléctrica en la comunidad de Huexca representa un foco rojo para la devastación socioambiental en el estado de Morelos. En primer lugar, se ha de considerar que la infraestructura que se requiere para su funcionamiento necesita de un acueducto de poco más de 10 kilómetros de longitud para extraer más de 500 litros por segundo del caudal del Río Cuautla. Aunque presuntamente dicho volumen será obtenido del agua excretada por la Planta de Tratamiento del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Río Cuautla (soaps), en realidad, expertos en ingeniería hidráulica y pobladores de Anenecuilco han denunciado la existencia de diversos puntos de conexión del acueducto a canales del Río Cuautla y la perforación de pozos para la extracción de agua subterránea. En segundo lugar, la Central Termoeléctrica representa un factor de impacto socioambiental en tanto que se producen altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono que terminaría por provocar una fuente de disminución de la función pulmonar para los habitantes de la comunidad de Huexca y una reducción en la capacidad agrícola y forestal, en tanto que el proceso de fotosíntesis se ve atrofiado.

El problema del consumo productivo del agua por parte de la termoeléctrica no sólo queda en la construcción del acueducto que busca extraer agua del cauce del Río Cuautla, sino que al interior de la Central Termoeléctrica —según testimonios de los pobladores de Huexca y de expertos en hidroingeniería que han visitado la comunidad— se están llevando a cabo diversos trabajos que presuponen la perforación de pozos al interior de las instalaciones para poder abastecer de la cantidad de agua a la Termoeléctrica, una vez que el caudal de los manantiales y del Río Cuautla, se ha visto disminuido en los últimos años, por lo que en sí mismos no representan una fuente de agua suficiente para el funcionamiento de la megainfrasestructura.

Los peligros derivados de la entrada en operación de la Termoeléctrica, no se quedan, desafortunadamente, en supuestas especulaciones alarmistas de la comunidad, ambientalistas y de científicos críticos que se han opuesto activamente en contra de este megaproyecto; la realidad hídrica de zonas del país en los cuales se han construido Centrales Termoeléctricas muestran, precisamente, la inviabilidad ecológica e hídrica de este tipo de megaproyectos. Tal es el caso de la Termoeléctrica en Tula, Hidalgo, para cuyo funcionamiento se han perforado diversos pozos de los cuales se extraen importantes volúmenes de agua tanto para su operación directa, como para el suministro de energía a los parques industriales que se han establecido en dicho territorio.

Ante la creciente incertidumbre que representa la devastación ambiental e hídica que actualmente se ha producido en Morelos por la reconfiguración urbana e industrial del territorio, se puede establecer que el estado de Morelos no es viable para la operación de la Termoélectrica en la comunidad de Huexca, en tanto que el Río Cuautla, de por sí ha visto disminuido y contaminado su caudal, así como la sobreexplotación de los recursos hídricos de la entidad, se verían impactados negativa e, incluso, catastróficamente tanto por la extracción de agua por medio del acueducto, pozos y demás tomas clandestinas que se instalen para abastecer de agua a la megainfraestructura, así como también por el calentamiento del agua excretada y devuelta al Río Cuautla una vez de haber sido utilizada por la termoeléctrica.

La Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado construida en la comunidad de Huexca no sólo resulta hídrologicamente inviable sino que, también, es innecesaria, pues ni en los municipios circunvecinos, ni en el estado de Morelos se requiere de la cantidad de electricidad que se generaría con la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica, a menos que, en realidad, ésta fuese ofertada para abastecer a la industria que actual y proyectivamente se busca emplazar en la región como parte del Proyecto Integral Morelos. Es decir que la Termoeléctrica de Huexca representa no sólo una superexplotación del agua por medio del sobreconsumo del recurso hídrico sino que, también, ésta cantidad de agua saqueada, implicaría un inminente apuntalamiento del proceso de industrialización de los territorios de la región, que terminaría por impulsar la ya de por sí acelerada devastación ambiental de Morelos.

Dada la inviabilidad hídrica y el talante innecesario de la Termoeléctrica en la comunidad de Huexca, se tiene que impedir a toda costa que esta megainfraestructura entre en funcionamiento. De lo contrario, se estaría dando la estocada final tanto a la vocación agrícola y campesina de la región, así como se impactaría negativamente sobre el metabolismo natural y social del agua, en tanto que el agua superficial y subterránea se vería contaminada y sobreexplotada, en primer lugar, por la propia Central Termoeléctrica y, en segundo lugar, por todos los procesos de industrialización que se generarían posteriormente a la entrada en funcionamiento de la Termoeléctrica.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fijado una postura referente a la Termoeléctrica en Huexca que, de mantenerse, daría continuidad a las dinámicas neoliberales de contaminación, despojo y devastación ambiental del territorio morelense. Sin embargo, dado el talante transformador y de rectitud moral y humanista social con el que el actual Presidente fija su ética política, se abre una posibilidad ante la coyuntura que marcaría una ruptura con la larga tradición de devastación ambiental llevada a cabo de forma sistemática por los gobiernos neoliberales que le antecedieron; y, con ello, se vuelve posible poder detener el avance de uno de bastiones más agresivos que hoy día amenazan con embestir desde diversas aristas al estado de Morelos: el Proyecto Integral Morelos.

Para impulsar que el Gobierno Federal recapacite respecto a su posicionamiento sobre el perfil presuntamente sustentable de la Termoeléctrica en Huexca, se deben de ofrecer caminos de solución al problema que, presuntamente, esta megainfraestructura busca atender. Por ejemplo, ante el controvertido avance del megaproyecto de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado en la comunidad de Huexca, el Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la Dra. Elena Burns, ha presentado un proyecto para que la infraestructura de la termoeléctrica sea reemplazada por una planta de energía solar para la producción de electricidad.

Los costos de operación y mantenimiento de esta interesante propuesta de producir energía a partir de paneles solares, serían de 3.16 mil millones de dólares; mientras que la operación de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado está costeada en 5.3 mil millones de dólares. El costo de operación de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado estimado en 5.3 mil millones de dólares no contempla el mantenimiento al acueducto ni al gasoducto; además no considera la variación en el precio del gas lutita (shale gas) que se importaría de Texas (Estados Unidos) para poner en funcionamiento la termoeléctrica.

Además, la propuesta de sustituir la termoeléctrica por una planta de energía solar, permitiría que no se sobreexploten y contaminen los recursos hídricos de la región, en tanto que no se requeriría hacer un uso energético-productivo de los casi 8 mil millones de litros agua que se necesitan para el funcionamiento de la Central Termoeléctrica. Esta u otras soluciones deben provenir del diálogo horizontal entre la comunidad de Huexca, la Academia y los representantes tanto del gobierno local como Federal. Por lo anterior resulta urgente que se diseñen propuestas concretas que tengan como principal objetivo el cancelar o transformar la serie de megaproyectos productivos, energéticos y de comunicación y transporte que se promueven actualmente bajo la forma del Proyecto Integral Morelos. Y si bien la resistencia social se ha topado con la barrera institucional burocrática y política del Estado mexicano neoliberal, esta postura no debe de traducirse en la desmovilización y despolitización de aquellas comunidades que tendrán que sufrir directamente los efectos derivados de la devastación ecológica y social del territorio.

Por lo pronto se tiene que hacer un llamado urgente para que el Gobernador del estado de Morelos e, incluso, el propio Gobierno Federal reconsideren la entrada en funcionamiento de la Termoeléctrica en Huexca. Más allá de los resultados de una consulta “popular” en la que no se vieron reflejados los derechos ambientales y de autodeterminación de las comunidades afectadas, así como de la evaluación supuestamente neutral por expertos internacionales, se tiene que reconocer con ugencia la amenaza de muerte y devastación ambiental que representa la entrada en funcionamiento de la Termoélectrica en Huexca, en tanto que se vendrían a complicar aún más los diversos escenarios de riesgo, vulnerabilidad, injusticia y conflictividad socioambiental, en tanto que las megainfraestructuras que contempla el Proyecto Integral Morelos han propiciado la destrucción del tejido comunitario, la violación de derechos humanos y ambientales, la criminalización de la protesta y el asesinato de activistas sociales frente a la vulnerabilidad socioambiental múltiple y la creciente sobreexplotación y contaminación de la riqueza hídrica y ambiental de la entidad.

Imagen: La Jornada

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Vídeo: Escuela de Justicia Energética

Les compartimos este vídeo sobre unas de las propuestas a la cual le apostamos para generar un cambio desde y para el pueblo y las comunidades.

La Escuela de Justicia Energética nace con el fin de aprender colectivamente sobre el significado del actual Modelo Extractivo Energético, sus consecuencias socio ambientales en los territorios, elaborar análisis y diagnósticos colectivos para diseñar estrategias conjuntas que se encaminen no solo a la resistencia contra este modelo en favor de nuestros ríos y pueblos, sino para reflexionar sobre un nuevo modelo energético.

Las políticas neoliberales han llevado a la privatización de la producción, distribución y comercialización de la energía en manos de las grandes corporaciones trasnacionales. La energía centralizada, privada, de grandes costos, ha levantado mucha indignación y protestas por todo el mundo. Las resistencias de los pueblos a este despojo llevó a que en América Latina se creara la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y luego el Movimiento de Afectados por las Represas (MAR). Luego nacieron algunas redes nacionales para compartir experiencias y estrategias de lucha. En México conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Frente a estas resistencias los gobiernos y las grandes empresas constructoras de represas quisieron cambiar el discurso para convencer que las hidroeléctricas son limpias, verdes, sustentables y amigables con el medio ambiente sumando la responsabilidad social de las corporaciones constructoras. Han pretendido convencer que las supuestas medianas y pequeñas represas ya no contaminan ni desplazan. Sin embargo, el uso de la energía renovable bajo el mismo modelo extractivo energético genera las mismas consecuencias. Por ello, sólo con la información, la formación, la consciencia colectiva de los pueblos sobre este modelo extractivo, la movilización, entre otras estrategias de prevención, se puede construir nuevos horizontes, nuevos paradigmas, nuevos modelos energéticos en manos de los pueblos y para los pueblos.

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El fracking sigue avanzando en México

Comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 19 de mayo de 2020

Pese a compromiso presidencial, el gobierno sigue dando permisos y destinando presupuesto público a fracking en formaciones no convencionales.

– En Pantepec, donde se perforó y fracturó un pozo, no se informó a la población, la cual sufrió daños a la salud y al medio ambiente inherentes a esta práctica.

– Los compromisos deben traducirse en hechos, se urge al gobierno y al legislativo a detener el fracking y prohibirlo legalmente para proteger los derechos humanos, el ambiente y el clima.

A través de una investigación realizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la cual se accedió a información oficial, se constató que, pese a los compromisos del actual gobierno expresados por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, la explotación de gas y petróleo en formaciones no convencionales a través de fracking sigue vigente y avanzando en territorio mexicano. Este compromiso quedó establecido en el Punto 75 del Plan de Gobierno de la 4T, el cual señala “no se usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”. Desde entonces, en varias sesiones de “Las Mañaneras”, el presidente ha reiterado su compromiso para detener esta práctica.

Desde que comenzó el gobierno de la 4T, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha aprobado seis Planes de Exploración en yacimientos no convencionales, los cuales permiten la perforación y fracturación de pozos para extraer gas y petróleo. Cinco de estos planes le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción (PEP) y uno más a Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019. Además, se le autorizó a PEP un séptimo Plan de Exploración, esta vez en yacimientos convencionales, que permite actividad no convencional. Cabe señalar que, pese a que el presidente anunció el 26 de junio de 2019 que el Plan correspondiente a la Asignación de PEP “AE-0387-2M Humapa” quedaría cancelado como una muestra del compromiso de su gobierno de no avanzar con esta práctica, a noviembre de 2019 este Plan seguía vigente, lo que supone que Pemex cuenta con los requisitos pertinentes para seguir avanzando con las actividades contempladas en él.

En total, en estos planes se contempla la perforación y fracturación de entre seis y diez pozos (en el escenario base y el escenario incremental, respectivamente) entre 2019 y 2021. Estos pozos se suman a los tres pozos que, si bien fueron autorizados durante el sexenio anterior, han sido operados durante el gobierno actual. En concreto, uno de ellos fue perforado y terminado en 2019 y dos más fueron terminados ese mismo año −Chaxán-EXP1, Pankiwi-EXP1 y Semillal EXP1−, lo que indica que la actividad de fracturación hidráulica ha sido realizada durante la 4T, a través de PEP, empresa productiva del Estado. Asimismo, al menos había tres pozos −Maxochitl-EXP1, Kaneni-EXP1 y Pankiwi-EXP1− que se encontraban produciendo gas y petróleo no convencional en 2019.

Ese mismo año, en el la comunidad del Tablón del municipio de Pantepec en Puebla, donde se sitúa el pozo Pankiwi-EXP-1, hubo diversos daños a la salud de la población derivados de la actividad del mismo, como constantes dolores de cabeza y náuseas debidos a los fuertes olores y vapores que emanaban del pozo. Además, en la zona  también ha habido daños a parcelas donde, repentinamente y sin explicación alguna, ocurrieron fisuras en la tierra y vertidos de petróleo. La población nunca fue informada sobre el uso de fracking en dicho pozo y solo lo pudieron corroborar que así fue una vez que se obtuvo la información vía transparencia en el marco de la investigación señalada.

Por otro lado, el gobierno ha seguido asignando y ejerciendo presupuesto público en proyectos de inversión de Pemex Exploración y Producción que requieren el uso de fracking para explotar hidrocarburos en formaciones no convencionales. Aunque estos proyectos −”Aceite y Gas en Lutitas” y “Aceite Terciario del Golfo” − fueron creados en sexenios anteriores, ha habido una continuidad en los mismos durante la presente administración. De esta manera, en 2019 se asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un total de 6,603,959,696 pesos a los mismos, mientras que en 2020 este presupuesto se aumentó a 10,837,382,324 pesos, lo que, en términos reales, significó un incremento de 58.4%. En cuanto al presupuesto efectivamente gastado en 2019, asciende a 5,318,771,761 pesos según la Cuenta Pública de ese año, mientras que a primer trimestre de 2020 ya se han erogado 1,196,761,113 pesos, lo cual es una muestra irrefutable de que esta actividad sigue siendo impulsada por el gobierno actual.

Por último, cabe señalar que toda la normatividad para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales creada en el marco de la Reforma Energética del sexenio anterior sigue vigente y operativa en la actualidad. Esto incluye los “Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos” y los “Lineamientos de perforación de pozos”, ambos de la CNH, los cuales incluyen disposiciones para no convencionales y fracking. Asimismo, los “Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra” de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA). Finalmente, los “Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Lo cual implica que las empresas y las entidades públicas implicadas en esta actividad siguen contando con un marco normativo que les permite realizarla.

Todo lo señalado muestra que es necesario que el gobierno y el Poder Legislativo tomen medidas inmediatas para concretar los compromisos de la 4T en hechos que eviten que el fracking siga siendo utilizado y, consecuentemente, proteger a la población, el ambiente y el clima de esta dañina técnica cuyos daños no pueden ser evitados al ser inherentes a la misma, como se ha demostrado por su uso en otros lugares. Por ello, urgimos a que se tomen medidas administrativas y legislativas que prohíban el fracking en México, como lo demandan ya 88 mil personas a través de su firma, y como lo han hecho responsablemente otros países y territorios del mundo, entre ellos: Francia, Bulgaria, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda, Uruguay, la provincia de Entre Ríos en Argentina, el estado de Victoria en Australia, la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España, el Estado de Paraná en Brasil, y varios estados y localidades dentro de Estados Unidos (Vermont, Nueva York, Maryland, ciudad de Pittsburgh, condado de Monterey y territorios Chippewa y Cherokee).

Contacto de prensa: Alejandra Jiménez, nofrackingmx@gmail.com, Cel. 784 117 6209

La investigación está disponible aquí.

Imagen: Protesta en contra de la práctica del ‘fracking’, en imagen de archivo de La Jornada. Foto Alfredo Valadez

Más información:

Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento: desafíos y recomendaciones para México (PDF para descargar)

Compartimos el siguiente folleto producido por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en México – Noviembre 2019

Presentación:

Este folleto es el resultado de algunos meses de trabajo para poder contar con una publicación (gracias al apoyo de HIC-AL) que no solo resumiera e hiciera más accesible el Informe conjunto de violaciones a los derechos humanos al agua potable y el saneamiento (DHAyS) que preparamos para la misión del Relator Léo Heller en 2017, y el propio Informe de Misión a México del Relator, sino que además organizara la información de tal suerte que ambos informes “dialoguen” entre sí, y que hiciera evidente que los desafíos y las recomendaciones de dicho proceso responden a los componentes de los DHAyS (mismos que se explican en notas al pie, para que sea un material educativo también). En la introducción se dan las definiciones de DHAyS conforme a los estándares internacionales y se explica mejor de qué va el folleto. También pusimos como Anexo el ODS 6 y sus metas, así como otras recomendaciones internacionales que ha recibido México en materia de DHAyS o relevantes para estos derechos: Comité DESC, Relatora de Pueblos indígenas, Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y hasta del EPU. 

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Fracking: EE. UU. Y la fiebre de esquisto en América Latina

Fracking: EE. UU. y la fiebre de esquisto en América Latina

América Latina es una de las regiones del mundo mejor posicionadas para convertirse en escenario de una “fiebre del esquisto”, o shale gas. Y Estados Unidos está interesado en echarle leña al fuego.

En 2010, el Departamento de Estado lanzó una Iniciativa Global de Gas de Esquisto (GSGI, por sus siglas en inglés, ahora conocido como Programa de Compromiso Técnico de Gas no Convencional, Ugtep) enfocada en una de las técnicas más prometedoras y controversiales de los últimos tiempos: la fracturación hidráulica o fracking.

Se trata de una apuesta a través de la cual Washington invita a varios países del mundo -entre ellos algunos de la región como Brasil, Chile, México y Colombia- a discutir los beneficios y los riesgos de esta técnica que, según sus proponentes, está cambiando el mercado energético y, según sus detractores, está dejando una estela de daños ambientales.

La fracturación hidráulica ha sido prohibida en el propio suelo estadounidense, en el estado de Nueva York, y es objeto de debate dentro y fuera de la nación norteamericana.

Fuentes del gobierno estadounidense aseguraron que el objetivo es compartir, con países donde hay un alto potencial de exploración, la información que ha permitido a Estados Unidos convertirse en el país líder en el uso de esta técnica.

Pero otras voces afirman que Washington tiene un interés nacional claro al promover el fracking en la región, por ejemplo para reducir la dependencia energética que algunos países latinoamericanos tienen con Venezuela.

Robert F. Cekuta tiene profundo conocimiento sobre la iniciativa que busca vincular a Estados Unidos con América Latina en el marco del nuevo panorama energético creado por el fracking.

En su oficina en Washington, Cekuta, subsecretario adjunto de la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado, insistió en que el proyecto no busca promover la tecnología sino fomentar una conversación global sobre esta. Para él, dijo, esa es una diferencia fundamental.

Según el funcionario, la idea fue establecer un sistema para que un país interesado en recurrir al gas no convencional encuentre una plataforma en la que Estados Unidos comparte su información y su experiencia. A su vez, Washington busca entender cómo se está desarrollando el tema en otros lugares.

  • Según pronósticos de la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos, la producción de gas natural del país se incrementará en 44% entre 2011 y 2040.
  • Casi todo ese incremento se debe al crecimiento proyectado de la producción de gas de esquisto, que se duplicará entre 2011 y 2040.
  • Aunque estos datos son prometedores, la EIA dice que hay incertidumbres considerables por el tamaño y la productividad a largo plazo de este recurso.
  • También asegura que hay potenciales preocupaciones ambientales por la cantidad de agua que se necesita para el fracking, por la posible contaminación de las áreas de producción y por las aguas residuales.

Fuente: Administración de Información Energética de EE.UU.

En repetidas ocasiones y por diferentes medios, BBC Mundo le inquirió al Departamento de Estado qué países latinoamericanos han participado en la iniciativa global y cuáles han sido los resultados concretos, pero no obtuvo más que una respuesta general.

También le preguntó cómo se justifica la promoción de información de una técnica que es tan polémica, vetada en países como Francia.

Cekuta argumentó que, en últimas, cada país toma sus propias decisiones y Estados Unidos tiene que respetarlas. En su opinión, lo clave es tener una discusión educada sobre lo que involucra el fracking: desde los riesgos ambientales hasta las condiciones geológicas propias de cada país, pasando por el papel del sector privado o la atención a los grupos civiles locales.

“A través de la aplicación sensata de esta tecnología hemos visto un gran cambio en Estados Unidos, hemos visto un gran incremento en nuestra disponibilidad energética”, concluyó.

“Es algo que hemos visto que puede ser desarrollado y usado de manera segura”.

“Reduce la dependencia de Venezuela”

Antes de la llegada de Robert Cekuta, la persona que estaba encargada del proyecto GSGI, como se llamaba entonces, era David Goldwyn, quien fue coordinador para asuntos energéticos internacionales del Departamento de Estado.

En ese puesto no sólo estuvo a cargo de la creación de la iniciativa sobre el gas de esquisto, sino que llevó a cabo diálogos energéticos estratégicos con países como México y Brasil.

A diferencia de Robert Cekuta, Goldwyn está convencido de que no se trata únicamente de fomentar las conversaciones.

“Cuando uno está en el gobierno de Estados Unidos, en el Departamento de Estado, si algo no sirve a los intereses de Estados Unidos, entonces no debería estarse haciendo”, le dijo a BBC Mundo.

“Nosotros veíamos el desarrollo de la producción de gas local en esos países, y hasta cierto punto de petróleo de esquisto, como algo que servía mucho a nuestros intereses”.

¿Cuáles eran esos intereses particulares en América Latina?

En esto Goldwyn no se fue por las ramas. “Reduce la dependencia potencial de algunos de esos países hacia Venezuela, que tiene las reservas más amplias de gas aunque no pueda realmente desarrollarlas”, dijo.

“Venezuela tiene enormes reservas pero no tiene capacidad de exportación de gas licuado natural, LNG. Fue muy exigente en cuanto a tener su propia tecnología y ahuyentó a Shell y a otros. Provee crudo subsidiado a sus vecinos (Petrosur y Petrocaribe) por razones políticas”, agregó.

Otro elemento de peso para Washington, según Goldwyn, es que la variedad de suministros en América Latina incrementa la prosperidad económica en el hemisferio y puede mejorar la seguridad energética.

Estrategia a largo plazo

Sin embargo, otros analistas creen que hay más razones detrás del interés estadounidense en “facilitar información” sobre el fracking a América Latina.

Recursos técnicamente recuperables de petróleo de esquisto, en mil millones de barriles

Rusia…………….75

EEUU……………48

China…………….32

Argentina………..27

Libia………………26

Australia…………18

Venezuela……….13

México…………..13

Fuente: EIA, informe junio 2013, tabla 4

Rodolfo Guzmán, experto en asuntos energéticos de la firma consultora Arthur D Little, dijo a BBC Mundo que a Estados Unidos quiere diversificar la oferta energética en el mundo, que actualmente está concentrada en el Medio Oriente, una región inestable.

Con su vasta experiencia en fracturación hidráulica, las empresas estadounidenses tienen un liderazgo en esta tecnología.

“Aparte de que las empresas estadounidenses se van a beneficiar, que es cierto, también hay un interés estratégico de largo plazo de ayudar a que se desarrollen nuevas regiones exportadoras de energía”, opinó Guzmán.

Estos argumentos no los desarrolló Cekuta cuando BBC Mundo le preguntó qué ganaba Estados Unidos con este proyecto.

Más allá de si se trata de fomentar un diálogo, como aseguró este funcionario, o si la iniciativa también responde a otros intereses de Washington, como sugirió Goldwyn, una cosa resulta incuestionable: Estados Unidos, el país que más ha desarrollado el fracking en el mundo, tiene sus ojos puestos en América Latina.

 

Qué es el fracking y por qué genera tantas protestas

Alejandra Martins, BBC Mundo
Según sus defensores, es una técnica que da respuesta a la creciente demanda de energía con recursos más limpios que el carbón. Sus detractores lo consideran un grave riesgo para la salud y el medioambiente: el fracking, para algunos la nueva frontera en materia de combustibles, promete polémica por años por venir.
Este trabajo forma parte de la serie “clic Fracking: mito y realidad“, de BBC Mundo, publicado a lo largo de la semana