[Vídeo] Serie: Voces en resistencia I: ¿Porque es importante defender el Territorio?

Les compartimos con mucha alegría el primer capítulo de nuestra serie de videos: Voces en resistencia.

Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas. En este primer capítulo, participantes de la Primer Escuela Ejidal nos cuentan porque es importante defender el territorio.

Próximamente más capítulos.

La REMA festeja a las y los Periodistas de A Pie

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 28 de mayo de 2020

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria saluda con enorme alegría el 13° aniversario de la Red de Periodistas de A Pie pues en sus notas, artículos e investigaciones, las resistencia contra la minería en México han encontrado un espacio propio de visibilizarse.

Recordamos que fue en la Red de Periodistas de A Pie con quienes iniciamos nuestros talleres sobre el Modelo Extractivo Minero con el objetivo de que cada vez más periodistas contaran con las herramientas de investigación necesarias para entender como opera la minería y las múltiples formas en que las empresas mineras violentan los derechos de los pueblos y comunidades. Taller que poco a poco replicamos en muchos estados de la República con gran éxito.

Pese al complicado contexto para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión que, en México, pone en riesgo su seguridad personal, las y los periodista de A Pie contiuan ejerciendo una labor fundamental para millones de personas que en sus pueblos y comunidades alzan la voz contra la depredación del Modelo Extractivo Minero.

En los últimos 13 años, la Red de Periodistas de A Pie se han convertido en un referente informativo y un garante del derecho a la información en México.

!!LARGA VIDA A LA RED DE PERIODISTAS DE A PIE!!

¡¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!!

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria

La violencia contra las mujeres crece en abril: 335 son asesinadas y suben 44% las llamadas al 911

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre el preocupante incremento dela violencia hacia las mujeres en México durante la pandemia por Covid-19 – A 25 de mayo de 2020

En el primer mes de la cuarentena se perpetraron 335 asesinatos de mujeres, de los cuales, sólo 68 fueron clasificados por las autoridades como feminicidios. Las llamadas al 911 relacionadas a violencia contra la mujer registraron en abril un descenso mensual, pero aún así, las cifras se mantienen muy por encima en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Al menos 335 mujeres fueron asesinadas en México durante el mes de abril –267 homicidios dolosos y 68 feminicidios–, lo que representa un alza de 1.57 por ciento con respecto a marzo pasado que tuvo 330 asesinatos en total, de acuerdo a las cifras que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que en el periodo de enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres: 987 homicidios dolosos y 308 feminicidios. El número de asesinatos es 8.91 por ciento superior al del mismo periodo de 2019, que reporta en total 1 mil 189 asesinatos, de los cuales solo 305 fueron clasificados como feminicidios y 884 homicidios dolosos.

Los estados con el mayor número de asesinatos perpetrados en abril son: Guanajuato con 180 (172 homicidios dolosos y 8 feminicidios); Estado de México, 133 (95 homicidios dolosos y 35 feminicidios); Chihuahua, 91 (84 homicidios dolosos y 7 feminicidios); Michoacán, 88 (82 homicidios dolosos y 6 feminicidios), y Baja California, 81 (70 homicidios dolosos y 11 feminicidios).

Con un total de 11 casos, el secuestro de mujeres disminuyó en abril; uno menos que en marzo pasado (13)  y 23 secuestros menos que abril de 2019 (35).

De enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres, el número es 8.91% superior al del mismo periodo de 2019.  Mujeres se han manifestado, constantemente por el alza de feminicidios. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo.

Las denuncias interpuestas por violencia familiar –incluye tanto mujeres y hombres– registraron una caída mensual de 27.9 por ciento, pues de 20 mil 232 denuncias presentadas en marzo, en abril se registraron 14 mil 591.

En relación al delito de violación, en abril se registraron 304 llamadas al 911, lo que representa un descenso de 23 por ciento contra marzo, que registró 395 reportes telefónicos.

En los primeros cuatro meses de 2020 se realizaron al menos 1 mil 291 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación, cifra superior en 8.39 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.

VIOLENCIA GÉNERO

Las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer presentaron una reducción mensual en abril, al registrarse 21 mil 722 avisos telefónicos contra las 26 mil 171 de marzo; sin embargo, la cifra de abril aún es superior (44 por ciento) en comparación con el mismo periodo del año pasado que registró 15 mil 84 llamadas de auxilio.

Este tipo de reportes telefónicos – aunque no son denuncias penales, también dan cuenta de la violencia contra las mujeres en el país– se dispararon desde inicios de año y se han mantenido por encima.

En enero las denuncias al 911 crecieron 52.50 por ciento, si se comparan con el mismo mes del año anterior, pues pasaron de 12 mil 579 en 2019, a 19 mil 183 en el primer mes de 2020, de acuerdo a cifras oficiales.

Y por cuatrimestre (enero-abril) se contabilizan al menos 88 mil 803 llamadas de violencia contra la mujer, es decir, 53.16 por ciento más que en el mismo periodo de 2019, que registra 57 mil 980 alertas.

Los estados con la mayor tasa de número de avisos telefónicos sobre violencia contra la mujer: Chihuahua, 735.3 llamadas por cada cien mil mujeres; Ciudad de México, 282; Coahuila, 215; Hidalgo, 201.4 y Querétaro con 197.2.

Activistas y expertas en el tema han señalado previamente que el incremento registrado desde inicios de año, en comparación con las llamadas realizadas en 2019, puede ser por diversos factores, desde el mayor conocimiento de las líneas de emergencia, así como las protestas y manifestaciones que se gestaron desde el año anterior.

Elena Azaola Garrido, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró en una entrevista previa con SinEmbargo que hay que tomar en cuenta que los reportes al 911 pueden haber aumentado, sí por violencia, pero también porque el 911 es un número relativamente reciente, “puede ser que apenas se difunde y por eso se incrementa los reportes”.

La experta comentó que si bien, para analizar el aumento de denuncias hay varios aspectos a cotejar, sí coincidió en que podría haber una relación con las protestas: “yo creo que sí, que indudablemente todo este hablar del tema y todas estas protestas ciertamente han colocado este tema en un primer orden y debate público y hay más conciencia. Sí creo que las protestas han contribuido a que haya más atención sobre el tema, y a que se denuncie más”.

El pasado 15 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el 90 por ciento” de las llamadas sobre maltrato eran falsas. “La mayor parte son falsas”, dijo en conferencia matutina. Las declaraciones del mandatario estatal generaron críticas y reproche por parte de colectivas feminista y organizaciones especializadas en la violencia de género.

Protestas contra la violencia hacia las mujeres. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo.

PETICIONES DE REFUGIO CRECEN

El número de solicitudes para refugio temporal de mujeres violentadas se disparó 50 por ciento durante el confinamiento por la COVID-19; en tanto que las llamadas para pedir asesoría, atención y los acompañamientos personales por casos de violencia crecieron 77 por ciento, reportó la Red Nacional de Refugio A.C (RNR)

Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, explicó que tan sólo del 17 de marzo al 17 de mayo, la organización ha atendido a 11 mil 131 mujeres, niñas y niños (desde la vía telefónica, redes sociales, y de forma personal en los 69 espacios de atención, protección y prevención a nivel nacional). Esta cifra representa un incremento del 70 por ciento, en comparación al mismo periodo del año 2019.

Del total, 6 mil 978 víctimas –el 65.16 por ciento mujeres y 34.88 por ciento niñas y niños– recibieron acompañamiento personal en los Refugios y sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición integrantes de la Red Nacional de Refugios.

Imagen: Galo Cañas, Cuartoscuro.

Más información:

[Vídeo] Nosotras Defensoras

Compartimos la serie de vídeos #NosotrasDefensoras producido por PBI México

Capítulo 6: El enfoque feminista en la protección

El enfoque feminista es una herramienta clave para entender, identificar y atender los riesgos y violencias específicas que enfrentan las mujeres defensoras. Además, incorpora al análisis crítico de estas realidades el ámbito de los derechos que defienden y los actores con quienes interactúan con el objetivo de definir medidas de protección integral para las mujeres defensoras. El feminismo posiciona la creación de redes, el autocuidado y el empoderamiento como la base del proceso de protección, aportando a la construcción de espacios seguros y de confianza para afrontar el aislamiento; para aprovechar recursos, herramientas y saberes colectivos; y fortalecer hacer más sostenibles los movimientos y organizaciones desde la sororidad.

Capítulo 5: Diferentes aspectos de la protección

Ya no podemos hablar de la protección de manera individual ni fragmentada. Es necesario avanzar hacia una visión colectiva de la protección con estrategias que vayan más allá de la seguridad hacia un enfoque integral, que ponga el autocuidado, el cuidado colectivo, la sanación en el centro, que recupere la memoria histórica, que posicione a las defensoras como sujetas activas en materia de seguridad, incorporando las prácticas para el manejo de los riesgos en la cotidianidad y a lo interno de las organizaciones, movimientos y comunidades.

Capítulo 4: Los impactos de la violencia (tercera parte)

Las defensoras de derechos humanos corren mayor riesgo que los defensores de sufrir violencia sexual y otras formas de violencia basadas en el género. También es más frecuente que sus hijos e hijas reciban amenazas y agresiones en represalia por el trabajo que ellas realizan. Los ataques específicos de género incluyen acoso y amenazas con insultos sexistas, violencia sexual en el contexto de actos represivos, estereotipos de género en los procesos judiciales y campañas de difamación y ataques contra quienes defienden los derechos de las mujeres.

Capítulo 3: Los impactos de la violencia (segunda parte) 

El impacto psicosocial y afectaciones de la violencia diferenciada sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres defensoras es un tema que no se aborda fácilmente: la culpa o los miedos no se viven de igual manera que los defensores, la intimidación y amenazas no solo recaen sobre sus cuerpos y vidas, sino en el de sus familias, dependientes y redes afectivas cercanas. Ello se une a otros factores como la falta de reconocimiento al interior de las organizaciones o la normalización de la violencia contra las mujeres, entre otra formas de discriminación cuya combinación pone en riesgo la vida y la salud de las activistas. 

Capítulo 2: Los impactos de la violencia (primera parte)

Las mujeres defensoras enfrentan modalidades de violencia específicas respecto a sus homólogos hombres. Entre las agresiones más frecuentes de que son objeto las Defensoras de DH en Mesoamérica encontramos el hostigamiento psicológico, calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, amenazas; criminalización, violencia sexual o asesinato. Todas estas formas de violencia contra las defensoras tienen un componente de género muy fuerte al utilizar el cuerpo y la identidad de las mujeres como fuente para sembrar el miedo, la intimidación y la explotación. Esta violencia específica impacta de una manera diferente sobre las vidas de las defensoras y su entorno cercano.

Capítulo 1: Nosotras, defensoras ¿Qué significa ser defensora?

Ser defensora es un compromiso de vida. Implica romper los estereotipos marcados por la sociedad patriarcal en un contexto de desigualdades estructurales, impunidad, corrupción, crimen organizado, misoginia, lgbtffobia, discurso de odio, extractivismo, políticas neoliberales y cierre de espacios democráticos. Ser defensora es enfrentar una doble violencia desde lo cotidiano, hasta nuestra acción pública, por el hecho de ser defensoras de derechos humanos y por el hecho de ser mujeres.

Más información:

El feminicidio y la violencia contra las mujeres; ambas pandemias ignoradas por la 4T

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 14 de mayo de 2020

Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un aumento de la violencia hacia las mujeres debido al confinamiento forzado por el Covid-19, agregando además que “la familia mexicana es una unidad fraterna”, dejando de manifiesto que tenemos un Presidente que desdeña e ignora las investigaciones y estadísticas y, en consecuencia, gobierna con un sentido común ralo y falso que lo lleva a una toma decisiones equivocadas o hace declaraciones sin sustento alguno, peor aún, usa su ya célebre frase “yo tengo otros datos” enviando un claro mensaje para deslegitimar las luchas y resistencias que desde hace décadas se han consolidado en el acompañamiento de mujeres que sufren de violencia de género.

En uno de los tantos estudios que existen sobre la temática, destacamos que el Estudio Mundial sobre el Homicidio, Asesinatos de Mujeres y Niñas por motivos de Género; realizado por la oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, determinó que alrededor de 87,000 mujeres habían sido asesinadas en solamente un año en todo el mundo, de las cuales 50,000 habían sido a manos de compañeros íntimos o familiares. Por lo que esa institución internacional alertó que el lugar más peligroso para una mujer es su hogar. https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

En México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de este año ha sido el más violento desde 2015. De enero a marzo del presente año han sido asesinadas 964 mujeres. Asimismo, se han registrado 26,695 casos de violencia contra las mujeres, datos por demás contundentes, pero que el Presidente de la República desdeña, porque evidencian su equivocada y atropellada política de atención al tema.

Por su parte el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” informa que desde el 20 de marzo al 7 de mayo hubo 21 feminicidios, de los cuales en 12 de los casos existía vínculo de pareja con el asesino, es decir, un feminicidio cometido por un esposo o enamorado actual o anterior, a lo que se le conoce como feminicidio íntimo o asesinato por la pareja.

Tal parece que el presidente también ignora las 115,614 denuncias que las mujeres han hecho al #911 tan solo en el mes de marzo de este año, para reportar incidentes de violencia intrafamiliar, de pareja, violación, acoso sexual y abuso, lo cual es un reflejo del contexto violento que viven mujeres y niñas en casa. Esto es 155 mujeres violentadas cada hora https://www.semmexico.mx/?p=20411 .

Si bien el llamado a “quedarse en casa” y el cierre de actividades económicas son medidas necesarias para evitar los contagios de COVID-19, es también un hecho que dicha estrategia se aplica de forma homogénea y desdibuja o no reconoce o desconoce las particularidades para que ese encierro trascienda de forma segura para todas las personas en situación de violencia familiar. Mientras el estado mexicano no brinde las condiciones materiales necesarias para “quedarse en casa” y/o se queden en sus hogares con precariedades, seguramente seguirá presentándose violencia doméstica, sexual, psicológica, económica y laboral e institucional en contra de las mujeres.

Como REMA-Mujeres nos unimos a la exigencia para que se tomen las medidas necesarias para proteger la vida de las mujeres, niñas y niños al interior de sus hogares y para quienes tienen que seguir saliendo a trabajar, muchas veces en condiciones de precariedad. Es urgente que el gobierno reconozca las condiciones de desigualdad de las mujeres en el país, así como la violación a los derechos humanos y laborales. Reivindicamos que, en momentos de crisis, son preponderantes la voz, el pensamiento y las actividades de las mujeres para afrontar y reconstruir la vida tanto en el campo como en la ciudad. Así mismo reconocemos que la economía no está parada en gran medida porque las mujeres seguimos trabajando en casa en actividades reproductivas como los cuidados de la familia, lo que hoy más que nunca debería ser reconocido en el universo de la economía y también seguimos en las calles con actividades productivas.

Cuando decimos que el machismo mata y que el patriarcado mata no es sólo una consigna de denuncia, sino una práctica que nos lastima y/o acaba con la vida de nosotras. Las cifras de denuncias oficiales y datos periodísticos, como los mencionados, nos muestran la desigualdad más atroz a las que nos estamos enfrentando las mujeres y las niñas durante la pandemia. En tiempos de COVID-19, la guerra contra las mujeres y las niñas se manifiesta en los hogares y en los espacios laborales, por lo tanto, es urgente que se reconozca para poder frenarla con la atención necesaria, tanto del estado mexicano como de las y los ciudadanos para no permitir más violencia contra las mujeres y niñas, lo cual también debe reconocerse y actuar en consecuencia como un problema grave de salud pública.

Por otra parte, el cierre de actividades económicas ha visibilizado las desigualdades laborales en las que vivimos las mujeres, empeorando las condiciones con trabajos pesados y poco salario, sin medidas de seguridad, como por ejemplo; los casos de las trabajadoras domésticas que están siendo forzadas a cuidar de otras familias sin medidas de protección, las jornaleras o trabajadoras en las maquilas que han sido despedidas sin liquidación o son amenazadas de perder el trabajo y tienen que seguir laborando a riesgo de enfermarse y hasta morir.

Además, las mujeres que se encuentran en el sector informal: pequeñas comerciantes y vendedoras de comida, cuyo ingreso es parte medular de la economía familiar, se han visto radicalmente afectadas a partir de imponer medidas de aislamiento y de alternativas de acciones y trabajo inexistentes para ese como el trabajo en línea o desde casa, además de que no cuentan con las condiciones mínimas como un espacio adecuado para realizarlo, también se ha incrementado la carga laboral, incluyendo el tema educativo de hijas e hijos y quienes al margen del cuidado y atención que de forma preferente realizan las mujeres, la mayoría de las familias carecen de internet, computadora o Tablet que sólo viene a acrecentar las desigualdades en un país que nos dicta reglas homogéneas para una población heterogénea, lo que ratifica que este gobierno no atiende ni la desigualdad ni la pobreza, por lo tanto, se hace más notorio observar otras desigualdades; de clase, género y etnia y, por si todo lo anterior fuera poco, las mujeres somos también las que contenemos las crisis emocionales, conductuales y cognoscitivas de sus familiares.

No podemos dejar de señalar a todas las mujeres que han sido o están siendo afectadas por proyectos extractivos, porque además de los anteriores problemas de violencia, nos encontramos en mayor riesgo al vivir en lugares contaminados, con violencia generada por fuerzas armadas legales e ilegales, y atendiendo los daños a la salud de la familia en general. ¿Cómo lavarse las manos, en estos tiempos de pandemia si el agua está contaminada con metales pesados o las empresas han desecado las fuentes de agua? ¿Cómo seguir manteniendo la sana distancia en nuestros hogares y comunidades ahora que se da luz verde para la reapertura de la minería y se reintegran miles de trabajadores de diferentes partes del país sin tener claridad del potencial contagio que se puede generar? ¿De verdad creen que el gel y la sana distancia serán suficiente para este tipo de retornos masivos y sin control alguno?

Reprobamos enérgicamente que AMLO argumente como ejemplares “los valores familiares de México” en este país que ha negado y sigue negando la violencia machista, patriarcal y estructural que vivimos, empezando por el desdeño a tratar de forma integral “las violencias” de género por parte del propio Presidente de la República.

Resaltamos nuestra importante aportación al sostenimiento de la vida durante esta crisis sociosanitaria, política y económica que se entrelaza a la ambiental que el despiadado modelo de consumo ya venía generando. Resaltamos nuestro relevante papel en la reconstrucción de nuestro pensamiento y acción, la sororidad y el saber hacer comunidad que sin duda alguna nos apoya a rescatar nuestra sociedad.

Agradecemos a todas las mujeres defensoras quienes se atreven a denunciar las violencias de género y alzan la voz para posicionar políticamente otras formas de vida. Nos unimos al compromiso de denunciar y actuar frente a las violencias de género que vivimos en los hogares. Agradecemos a las enfermeras, doctoras, recolectoras de basura, entre muchas otras mujeres que están haciendo que este caos sea menor.

Desde la REMA Mujeres exigimos una estrategia en la que se busque la forma de terminar con este horror de pandemia de feminicidios y violencia de género, misma que podría empezar por realizar un mapeo, al igual que sucede con el COVID-19, que nos vaya informando minuto a minuto la cantidad y tipo de agresiones que sufrimos a lo largo de nuestro país, y no solo aparezcamos en notas periodísticas, sino dentro de una estrategia y solución nacional.

Fimra

REMA MUJERES

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Una manifestante sostiene un globo en una marcha contra los feminicidios en Monterrey, México, 17 de septiembre de 2017.Daniel Becerril / Reuters

Más información:

La crisis del COVID-19 es una señal de alarma que exige un cambio de sistema

Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) ante por COVID-19 en el mundo – A 15 de abril de 2020

La crisis del coronavirus sólo puede enfrentarse con soberanía de los pueblos y justicia ambiental, social, de género y económica

Amigos de la Tierra expresa su profunda consternación y solidaridad en este momento en que el mundo enfrenta la crisis del COVID-19  que ya está afectando a tantos pueblos en todo el mundo, especialmente a quienes sufren el impacto de las desigualdades estructurales. La dramática pérdida de vidas humanas nos conmueve profundamente, en un mundo que no estaba preparado para enfrentar una catástrofe como esta. Una crisis que trasciende con creces los impactos sanitarios inconmensurables de la pandemia, develando injusticias ambientales, socioeconómicas y de género sistémicas, y causas y consecuencias políticas sumamente nocivas.

Esta crisis se ve acentuada por el sistema político-económico actual, que exacerba sus impactos e interpone obstáculos importantes a las respuestas estructurales. Las horrendas consecuencias del coronavirus son el resultado de la concentración cada vez mayor de la riqueza y la imposición de una doctrina neoliberal que sacrifica la preservación de la vida. Hoy es más evidente que nunca que la economía basada en el libre mercado es el problema, no la solución.

El neoliberalismo condujo a la  privatización y debilitamiento de los sistemas de salud pública  y seguridad social y de los servicios públicos, al desmantelamiento de los derechos de las trabajadoras/es y la precarización del empleo, y a mayor explotación del trabajo de las mujeres. Además le ha otorgado poderes y privilegios extraordinarios a las empresas transnacionales, al tiempo que redujo el rol y la posición del Estado, aumentando la vulnerabilidad de nuestro mundo ante los impactos de la crisis.

La pandemia está dejando al descubierto y agravando las violentas desigualdades del capitalismo entre y dentro de los países. Socava nuestras necesidades humanas básicas y deja vulnerables a millones de personas ante la pérdida repentina de acceso a medios de sustento. Muchas personas simplemente no pueden aislarse, distanciarse socialmente o dejar de trabajar. Los desalojos serán la norma mientras la gente no pueda pagar los alquileres e hipotecas. Las más afectadas serán la clase trabajadora rural y urbana, los Pueblos Indígenas, las mujeres, los pueblos que sufren el racismo, las/os inmigrantes, refugiadas/os, los pueblos en zonas de guerra y conflicto y los que viven en países que padecen bloqueos económicos. Cada vez será mayor el número de trabajadores que pierden su empleo y de migrantes que se enfrentan a una denegación criminal de sus derechos humanos, así como a muros más altos y largos.

El COVID-19 está develando la magnitud de la crisis del cuidado en nuestras sociedades: una crisis que se ha venido gestando desde hace siglos por la incapacidad del sistema patriarcal, racista y capitalista de cuidar a los pueblos, la naturaleza y los territorios, y porque se sostiene sobre la base del trabajo y los cuerpos de las mujeres para compensar y reparar los daños provocados por el sistema de explotación capitalista neocolonial. A través de la división sexual del trabajo, las mujeres han sido y continúan siendo socialmente responsables del trabajo de cuidado y soportando sobre sus hombros esa carga. Las mujeres, familias y madres solteras de la clase trabajadora, se ven obligadas a elegir entre el aislamiento en sus hogares o trabajar para alimentar a sus familias, a riesgo de contagiarse con el virus. Esto sucede particularmente con las mujeres que sufren el racismo. Las/os trabajadores/as del sector de la salud que están en la primera línea, en su mayoría mujeres, enfrentan una explotación creciente y reciben una compensación financiera inadecuada que no se condice con los riesgos que asumen y las responsabilidades que tienen respecto de las/os demás.

La globalización del sistema de libre mercado, en el que las empresas transnacionales juegan un papel clave, ha conducido a una ruptura devastadora entre nuestras sociedades y la naturaleza. La crisis del coronavirus pone al descubierto hasta qué punto verdaderamente el control empresarial de los alimentos, la energía, los bosques y la biodiversidad es la causa principal de la destrucción de los ecosistemas que está facilitando la propagación de los patógenos que afectarán cada vez más nuestra salud. El agronegocio y la producción de commodities agropecuarias generan enormes problemas de salud pública mediante la destrucción de hábitats naturales y/o la intensificación de la ganadería y la cría de animales. Quienes padecen afecciones respiratorias e inmunológicas debido a la energía sucia y otras industrias contaminantes, corren mayores riesgos de infección.

Los impactos devastadores de las industrias extractivas en los territorios de los Pueblos Indígenas los hacen cada vez más vulnerables al COVID-19. Sus sistemas y prácticas de conocimiento tradicional, incluidos el cuidado de la salud, la producción, almacenamiento y consumo de alimentos, se están fragilizando. Además siguen siendo excluidos de los sistemas de salud y no se les brinda información culturalmente apropiada acerca de la crisis.

La pandemia está agravando las consecuencias de décadas de inacción de los países ricos frente al cambio climático, así como de sus políticas dañinas. Los ojos del mundo están puestos con razón en la crisis sanitaria actual; pero las catástrofes relacionadas con la injusticia climática, tal como el reciente ciclón que golpeó a Vanuatu, se repiten sin parar y es necesario encararlas. Los pueblos del Sur global más azotados por los impactos climáticos son sumamente vulnerables a contraer y propagar el COVID-19 y carecen de acceso a sistemas sanitarios fuertes.

Se avecina una crisis alimentaria profunda, principalmente en países que dependen de las importaciones y donde las tierras han sido acaparadas para producir commodities agropecuarias. A medida de que los pueblos pierden sus medios de sustento e ingresos, ya no podrán acceder económicamente a los alimentos, que además están cada vez más expuestos a la especulación financiera. En muchos países, el cierre de los mercados locales impide que los alimentos de la producción campesina familiar y artesanal  lleguen a la población, al tiempo que se privilegia a grandes empresas que priorizan sus ganancias por sobre el derecho a una alimentación saludable.

Hacemos frente a esta pandemia en un contexto en el que la democracia ya venía sufriendo ataques, con elecciones manipuladas mediante el control empresarial de nuestros datos y los medios de comunicación, e incluso golpes de Estado en algunos países. El auge de la extrema derecha y el neofascismo y sus discursos y políticas misóginas, xenófobas, militaristas y racistas, está derivando en un ataque frontal contra los derechos conquistados por la ardua lucha de las clases populares y el movimiento feminista. Muchos gobiernos ya comenzaron a silenciar las voces que defienden la verdadera democracia y el poder y participación popular, criminalizándolas e intentando desmantelar las organizaciones y movimientos sociales.   

Las mujeres están enfrentando un brutal aumento de la violencia y los femicidios en todo el mundo. Las directivas de quedarse en casa encierran a muchas mujeres y sus hijas/os en hogares inseguros junto a sus agresores y perpetradores, sin ningún lugar adónde ir ni posibilidad de recibir ayuda.

En tiempos en que el escrutinio público y la capacidad de movilización y protesta se reducen, enfrentamos amenazas aún mayores de un incremento de los ataques criminales contra las defensoras/es de los territorios y derechos de los pueblos, así como la imposición de nuevos proyectos empresariales perjudiciales.

Los países con poca o nula soberanía para producir muchos insumos clave son vulnerables. El riesgo de que las grandes empresas lucren con esta crisis mediante su control de los sistemas de salud, alimentos y medicamentos es enorme. A esto se agrega el peligro real de que se usen fondos públicos para rescatar grandes empresas, tales como empresas de combustibles fósiles que destruyen el clima y la biodiversidad.

Nuestras demandas

Para hacerle frente a esta crisis y sus causas estructurales, Amigos de la Tierra Internacional se suma al  movimiento feminista, campesino, sindical, a los Pueblos Indígenas y a otros movimientos sociales, para exigir que los gobiernos cesen inmediatamente la represión, abandonen las políticas de austeridad, detengan los desalojos e incrementen los presupuestos públicos, la justicia fiscal y la distribución de ingresos.  Asimismo, nos hacemos eco del llamado a la anulación de la deuda externa.

Es necesario reconocer la centralidad de la vida y el trabajo de cuidados aplicando reglamentaciones ambientales más fuertes, revirtiendo la división sexual del trabajo y ofreciendo una respuesta sistémica a la crisis, enmarcada en la justicia  ambiental, social, de género y económica y una economía feminista.

Los gobiernos tienen que velar por que los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, vivienda, energía, agua, educación, transporte, alimentos y los cuidados estén garantizados a través de servicios públicos proporcionados por el Estado. Deben proveer asistencia financiera a la clase trabajadora y las comunidades. Los fondos públicos deben usarse priorizando a las trabajadoras/es, el clima y la salud duradera  de nuestro planeta y los pueblos.

Los paquetes de estímulo y recuperación económica y financiera internacionales y de los gobiernos nacionales deben destinarse necesariamente a crear millones de empleos dignos que contribuyan a impulsar una transición justa que nos libere del capitalismo y la economía dependiente de los combustibles fósiles y garantice la autonomía de las mujeres. Es inadmisible que los gobiernos vayan al rescate incondicional de grandes empresas contaminantes como las empresas de combustibles fósiles y las aerolíneas. Después de esta crisis no podemos regresar a la situación que vivíamos anteriormente. Debemos sentar las bases para un mundo mejor. No podemos permitirnos otro ciclo de capitalismo agresivo y políticas neoliberales que destruyen la vida de los pueblos y nuestro planeta.

Los gobiernos deben indispensablemente fortalecer los sistemas alimentarios locales, los mercados locales descentralizados y los programas de compras públicas directas que contribuyan a garantizar la venta de la producción campesina familiar y artesanal y la disponibilidad de alimentos para quienes más los necesitan. Los programas públicos dirigidos a la niñez, las personas con discapacidad y todas las personas que padecen hambre, deben mejorarse y ampliarse radicalmente.

Es imprescindible revertir inmediatamente la tendencia actual de incremento del poder, beneficios e impunidad de las grandes empresas, lo cual incluye poner fin a todas las negociaciones sobre comercio e inversiones que empoderan aún más a las empresas transnacionales, así como garantizar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el marco de la ONU.

Deben abolirse urgentemente los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, que les permiten a las empresas transnacionales demandar a los gobiernos por llevar a cabo acciones para proteger la vida, argumentando que tales acciones en función del interés público son discriminatorias o representan una expropiación indirecta de sus inversiones.

Los medios de carácter médico para hacerle frente al coronavirus, inclusive una futura vacuna, deben ser accesibles para todas/os y se deben suspender todos los derechos de propiedad intelectual para los suministros, dispositivos y tratamientos médicos, incluidos medicamentos y vacunas.

Nuestras acciones

Las acciones que llevemos a cabo ahora determinarán lo que suceda después de la crisis. Amigos de la Tierra Internacional y nuestros aliados sabemos qué camino seguir. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para luchar por y avanzar hacia el cambio de sistema, a través del desmantelamiento del patriarcado y otros sistemas de opresión, y asimismo del poder empresarial. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer avanzar la soberanía de los pueblos y la justicia ambiental, social, de género y económica.

Es el momento de reafirmar la esperanza, nutriendo y fortaleciendo nuevos paradigmas ecológicos y emancipatorios, centrados en la justicia y la sustentabilidad de la vida y una nueva relación con el trabajo de cuidados.

La solidaridad internacionalista entre los movimientos y que atraviesa fronteras es clave, a medida que construimos nuestra respuesta colectiva a esta crisis, organizando y movilizando a nuestras comunidades, organizaciones y movimientos para fortalecer nuestras propias iniciativas y luchar por nuestras demandas.

Nuestros grupos miembro están organizando y sumándose a comités locales de solidaridad para apoyar a las/os más afectados/as. Se están sumando también a plataformas políticas de movimientos sociales, junto a sindicatos, organizaciones campesinas y feministas, para luchar por respuestas sistémicas adecuadas frente a esta crisis y las múltiples crisis interrelacionadas que enfrentamos -ambiental, climática y social. Seguiremos forjando unidad con nuestros aliados para combatir las injusticias que el COVID-19 ha develado y exacerbado, y construir el mundo que necesitamos.

Más información:

Lo que el Coronavirus devela, Reflexiones desde la REMA

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de abril de 2020 >>Descargar en pdf<<

“Despertemos Humanidad, ya no hay tiempo” Berta Cáceres

Independientemente de las teorías no concluyentes sobre el origen del COVID-19 incluyendo las conspiraciones o su comparación con otros virus y males que han causado más muertes en el mundo, creemos fundamental señalar, visibilizar y hacer consciente qué se devela con esta pandemia, cuál es su tendencia y quién o quiénes se benefician de este fenómeno de graves consecuencias en lo sanitario, político, social y mediático.

Desde hace tiempo varios analistas insisten que el capitalismo entró en una crisis sistémica terminal en todos sus componentes; social, política, financiera, alimentaria, energética y, sobre todo ambiental. Sin embargo, por lo visto no será necesario esperar a que el descongelamiento del planeta por el Cambio Climático libere otros virus para darnos cuenta de lo que sucederá. El COVID-19 y algunos de sus antecesores, son una “pequeña” prueba de lo que pasará nuevamente en un futuro, quizás no muy lejano, sobre todo si tomamos en cuenta no sólo la frecuencia en la cual aparecen otras pandemias, sino el poco tiempo transcurrido entre, por ejemplo, la influenza y este nuevo brote planetario.

Es contundentemente claro que no existen hoy por hoy estructuras multilaterales que respondan a esta crisis de emergencia sanitaria, menos aún cada nación estaba lista para enfrentarla, sea por sus insuficiencias, por su infuncionalidad o simplemente porque están colapsadas. Tampoco las Naciones Unidas con todo su andamiaje es suficiente y en cada una hay un común denominador; son estructuras que han sido corroídas por la corrupción y la apropiación corporativa. Por su parte, las alianzas multilaterales regionales tampoco han reaccionado ni mostrado estar a la altura de las circunstancias. Los gobiernos asiáticos -al parecer con un menor daño social-, hasta el día de hoy han logrado controlar de forma “más exitosa” el contagio comunitario con el uso del autoritarismo y el control digital sobre los ciber-usuarios de una sociedad la cual, a pesar de estar digitalizada al extremo, todavía experimentará mucho más control en ese sentido en el mediano plazo.

Al otro lado, en occidente, los muertos se contabilizan por miles al día a quienes simplemente se les abandona. La población de los países “supuestamente desarrollados” viven una vulnerabilidad que los atormenta, y que de alguna manera les “es extraña” porque al parecer han olvidado que las pandemias, las guerras, las crisis y la violencia estructural global ha surgido desde su seno. Quizás creyeron que eran inmunes a los efectos y defectos del “progreso capitalista”. Así, la crisis sistémica iniciada hace décadas desde la periferia hacia el centro del capitalismo, ahora como boomerang, regresa desde el centro hacia la periferia del capital.

Al final de la II Guerra Mundial la economía de guerra reactivó a los Estados Unidos luego de la Gran Depresión de 1929, y luego lanzó la iniciativa conocida como “El Plan Marshall” (European Recovery Program -ERP-), inyectando recursos financieros para que los países devastados levantaran sus economías, sustituyeran las importaciones y generaran sus propios medios de subsistencia con deuda externa, generando así la base del condicionamiento acreedor-deudor. Por su lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) endeudaron a naciones enteras que los llevó a la crisis de la Deuda Externa del Modelo Estado de Bienestar. De esa forma, con un claro incremento durante la década de los 70´s, las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por ambas instituciones financieras, paulatinamente desmantelaron este Modelo que terminó por avasallar los raquíticos logros que garantizaban mínimos estándares de derechos humanos.

Así fue que el Modelo Neoliberal cumplió con su objetivo: se desmanteló el sistema de salud y su red de suministros a partir de entregarlo a manos privadas; se demolieron los sistemas alimentarios locales que abonó a la concentración de la producción alimentaria en pocas empresas semilleras en el mundo, creando una gran dependencia alimentaria; se rompieron los eslabones de las cadenas de producción nacional y se debilitaron los derechos de los trabajadores que aspiraban a empleos permanentes para cambiarlos por temporales y hasta por horas; se desincorporaron medios de comunicación y bancos, se fortalecieron las patentes de medicamentos y alimentos como control del capital, al mismo tiempo que igual sucedió con desmontar la educación pública, entre otras áreas de oportunidad dispuestas al capital. En esta lógica, el desarrollo medido por un mayor nivel de población inserta en el sector industrial y de servicios, hoy muestra su desastre. Estos y muchos más elementos de las políticas neoliberales dieron pie a lo que denominamos el Modelo Corporación. Y, efectivamente, todo se ha entregado a la lógica del mercado, con precio y dueño siempre relacionado con las grandes corporaciones. Esto es parte de lo que el COVID-19 ha hecho tan evidente por medio de un mensaje contundente: el capitalismo es insustentable e integral. Bastaron unas semanas para ponerlo en evidencia y en jaque.

El COVID-19 se acompaña de otras plagas: el terror mediático que se retroalimenta del pavor e histeria, implantando como norma “el miedo colectivo”, lo cual deja a la intemperie la aparición de crisis nerviosas vinculadas al “nuevo” ciber-control político y social. Así, estas otras plagas han provocado la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que, sumado a la actual guerra comercial que ha derrumbado los precios del petróleo, están ya afectando otros componentes económicos como la devaluación de las monedas y la siempre “siniestra e incomprensible” caída de la Bolsa de Valores. Se aceleró el crecimiento del desempleo, aumentó la población en pobreza en medio de un incremento descontrolado de los precios de productos básicos que, en conjunto colapsa el nivel de consumo y el consumismo, y por supuesto favorece la generación de brotes de violencia y desfalcos comerciales. Un caso emblemático develado por el COVID-19 como ejemplo, sin duda alguna es el sector turístico, ese mismo que se promueve como una de las principales fuentes de desarrollo y empleo del mundo, y que hoy esta actividad extractiva “tan dependiente”, ha quedado totalmente colapsada.

El virus ha hecho evidente que el sistema capitalista no se sustenta a sí mismo, al mismo tiempo que demuestra su fragilidad sistémica. Se pregona una recesión más fuerte que la de 1929 o la de la década de los 90’s o inicios del presente siglo, sin embargo, no hay forma de compararlas porque esta nueva debacle nunca había paralizado en tal magnitud al mismo tiempo. En ese contexto, pareciera que Kondrátiev tuviera razón. En medio de todo, Estados Unidos, a quien parece es al que menos le interesa los efectos que sufre, pretende reactivar su economía y su crisis pretextando guerras, narcotráfico o terrorismo para que la economía de guerra, tal cual lo hizo después de la II Guerra Mundial, nuevamente lo levante y ayude a sostener su hegemonía sobre el capitalismo, intentando revertir su actual crisis, la cual en REMA consideramos es terminal, frente al gigante asiático.

Por otra parte, Europa presume tener la esperanza de vida más prolongada y lleva años discutiendo el dilema de la sobrevivencia del sistema de salud pública para la atención médica a los adultos mayores, quienes por mucho rebasan a la población joven económicamente activa que no cotiza en el sistema de salud lo suficiente ni con salarios ni con atención de calidad para poder sostenerlos. Esa presunción ha quedado desgarrada ahora que los ancianos están muriendo y sus esfuerzos por salvarlos son inermes. El capitalismo los ha desechado y con ello agudiza la crisis de los cuidados que los ancianos otorgan a la población trabajadora. El panorama es peor en los países donde el sistema de salud se ha privatizado, siendo Estados Unidos quizás el caso más emblemático de la catástrofe sanitaria que ha provocado el COVID-19. Frente a todo este panorama, nuevamente la población clama por una salud pública de calidad, clama también por alimentos de calidad y a precios accesibles, y clama por un salario justo que por supuesto el capitalismo corporativo no pretende otorgar fácilmente.

Frente a la crisis del Modelo Corporativo cuyas empresas sucumben y otras se fortalecen, pero que no están dispuestas a sacrificar ni ganancias ni garantizar la vida digna de la población, ni sus espacios de control del sector; las grandes empresas exigen al Estado que salve la situación, utilizando la ya conocida fórmula del endeudamiento externo, el cual sabemos pagaremos con fondos de todas y todos los mexicanos. De la misma manera, se exige que, al conjunto de la economía, incluyendo un gran sector de pequeños y medianos empresarios que cerrarán sus negocios, se les otorguen apoyos y estrategias para amortiguar y paliar esta nueva crisis que facilitará la acumulación de los más grandes.

Sin embargo, y a pesar de lo que nos devela el COVID-19, las fórmulas para el rescate son iguales, las mismas, de los mismos hacia los mismos, y no hay una sola reacción política que se dirija a la implementación de acciones de fondo desde, por ejemplo, romper la matriz energética que tenemos en el mundo, hasta romper totalmente el modelo corporativo impuesto. Sin ello, el actual Modelo Corporativo suplanta totalmente al estado y en ese contexto, es ingenuo pensar que el Estado debe tener un sistema de salud efectivo que salve vidas, justo porque se encuentra a merced de las farmacéuticas y de la intervención del control expandido en la atención de la salud privada. El actual sistema de salud en México y en el mundo, no es más que la historia del desmantelamiento del Estado de Bienestar, para dar paso al Estado Corporativo, ese Estado que siempre apunta en favorecer la acumulación, a veces interviniendo, a veces alejándose, pero siempre sin poner en riesgo total ni su proceso ni su permanencia.

Sin duda el capitalismo está en su fase terminal. Pero no nos referimos con ello a una mutación estructural del sistema-mundo de un día para otro. Esta etapa del Modelo Corporativo muestra ya su período de transición sistémica que durará otros años y quizás décadas -si es que la naturaleza o una nueva pandemia nos lo permite-, porque no hay duda, este sistema capitalista muestra su insustentabilidad cada vez con más fuerza. Irremediablemente estamos instalados en la era de la transición capitalista post pandémica cuya acumulación y concentración mostrará, como el virus, su pico más alto a partir del final de la contingencia mundial, sin que ello signifique que no habrá ganadores desde ahora, como ya sucede con grandes corporativos comerciales de abarrotes.

Esta fase de acumulación acelerada afectará a muchos que integran el sector empresarial pequeño, medio e incluso grande, por varias razones, entre las que destacan algunas de tipo estructural. El COVID-19 no acabará para siempre, aunque sí pone en jaque, el control de los medios de producción, tampoco tocará el “mercado” de las patentes, menos aun terminará con el despojo y el desplazamiento forzado vinculado al modelo extractivo en búsqueda de bienes naturales, ni menos alterará el tipo y la forma en la cual ha impuesto el consumo y el consumismo. Luego entonces continuará la especulación, la corrupción y la siempre bien vista estrategia económica de los rescates privados con fondos públicos. Dicho de otra forma, en esta pandemia el capitalismo gestiona “otros tipos de virus” que están en consonancia con las necesidades y prioridades de su fórmula de acumulación. Esta geo-bio-política gestiona para sí la vida y selecciona lo desechable. Así, el virus no vencerá al capitalismo, sino que lo fortalecerá hacia su etapa final de transición sistémica, misma en la cual habrá nuevos perdedores, pero prácticamente los mismos ganadores.

En este contexto, no tenemos dudas que hoy vivimos un período más en el aceleramiento de la concentración del capital cuyo proceso no se entiende sin el mecanismo de la deuda externa e interna que pondrá las bases para otros y más profundos condicionamientos estructurales. Nuevamente los gobiernos tendrán la tentación de caer o ya están cayendo, en las garras del FMI, del BM y otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), como los bancos multilaterales de desarrollo regionales e incluso de la banca privada, con el propósito de contraer más deuda y reactivar la macro economía con otros acuerdos financieros tipo “Plan Marshall” tal como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y por ello, preocupa que varias naciones hayan implementado posturas y políticas de guerra contra virus, o aletargar deudas, con su consecuente pago de intereses, sin precisamente condonarlas.

Otros países, los menos, usarán sus reservas creyendo que serán suficientes para contener la crisis y crear crecimiento posteriormente. Ambas son las mismas fórmulas de siempre, y ninguna toca el modelo económico ni la matriz energética.

Nuevamente los Estados se obligan a salir y “salvar” la economía que está en manos de las trasnacionales y de los grupos financieros y de poder más fuertes, mismas que en estos momentos ya están al frente de la fila para beneficiarse de esta pandemia: farmacéuticas, militares, semilleras, minería, bancos, sectores energéticos, incluyendo petroleros y “sustentables”, entre otros. Mientras, nos mantienen sojuzgados por la mala e incompleta información en una condición de miedo, esperando que el “quédate en casa” pase de ser voluntario, a empezar con avisos estrictos, toques de queda o la amenaza de la fuerza y represión, tratando de convencernos que “nosotros seremos los culpables o los héroes” para la humanidad si controlamos o expandimos el contagio.

El mismo sistema atenta contra lo que en esencia somos: la colectividad, la solidaridad, la diversidad, sin una sola línea que desnude, con fuerza y claridad, la real incapacidad que tienen actualmente los sistemas de salud públicos y privados, esos mismos que las y los políticos de antes y de ahora han aceptado como viables. No obstante, es también la antesala que podría reproducirse cuando los poderes quieran imponer un “Nuevo Orden Mundial” y necesariamente aparezcan los primeros brotes de la rebelión sistémica, esa que se encuentra vigente pero apagada frente al desorden mundial, y veremos entonces si estamos listos para encauzarlo hacia la lucha por diversidad de los pueblos, donde otros mundos sean posibles y donde quepamos todas y todos.

En México, al igual que muchos ya lo observan, NO VEMOS ALENTADOR el transitar durante y después de la pandemia: a) Los bancos no condonarán deudas de la población, pero sin duda florecerá su ya conocida cara de responsabilidad social para, en todo caso, aletargar las deudas; b) La canasta básica quedará desbordada para su adquisición, a causa de la depreciación del peso, pero sobre todo porque simplemente este gobierno, al igual que los anteriores, tampoco apuesta a la producción nacional de manera robusta, porque los programas actuales dirigidos al campo son más enunciativos que efectivos, carecen de capital suficiente y no hay en la mira un verdadero rescate de la soberanía alimentaria; c) Cede de manera alarmante más y más presupuesto y control a las fuerzas armadas, a las que no se contempla adelgazarlas financieramente, a pesar de su cada vez más ineficiente actuación en, por ejemplo, el rubro de seguridad; d) El presidente se niega al diálogo colectivo, sobre todo si este lo increpa, le hace observaciones o le propone alternativas diferentes a las suyas, por lo tanto, una sola cabeza “dirigiendo” este país tan diverso es no sólo insuficiente, sino terriblemente ineficiente. Ya estamos en la antesala de negocios cerrados, desempleo galopante, incremento de la pobreza, mayor cantidad de pobres, al mismo tiempo que, vemos noticias en donde impera la toma de decisiones con visos desesperados de los pueblos por obtener dinero que los hará más propensos -a lo que ya eran-, para ser presas más accesibles de proyectos extractivos o de procesos para la implementación de economías de “enclave”, a cambio de recibir las que denominamos “las migajas del despojo”. No es casual que ya en otras regiones del país estemos observando la intención de aprovechar “la actual desmovilización social por pandemia” para que las empresas y los políticos intenten hacerse de minerales, petróleo y otros bienes naturales que insistentemente buscan los proyectos extractivos. En una palabra, “El Tren Maya Va porque Va”.

Sin embargo, mientras la élite privilegiada -esa integrada por los grandes ricos y sus empresas, los gobiernos de derecha y de supuestas izquierdas-, va olvidando en las calles a los muertos, por otro lado, los pueblos se solidarizan y, como siempre, LA HUMANIDAD RESISTE. Salen al encuentro del otro. Gestos de solidaridad son un oasis en medio de la tragedia humana. Se hace evidente la importancia de hacer énfasis sobre la importancia plena, integral, de calidad, oportuna, suficiente y total del acceso a la salud pública, se habla de la producción nacional, la soberanía alimentaria, la sustitución de las importaciones y de la dependencia, la descentralización contra la centralización de la producción, la eliminación de las patentes que usuran en contra de la vida, entre otros muchos aspectos.

A nivel local, familiar y comunitario se revalora la producción local y se esfuerzan por rescatar más y más la vinculación con la tierra; se piensa en la importancia de las pequeñas unidades de producción y del comercio vecinal que asume en la diversidad a su principal componente; se asume la importancia de la salud comunitaria a partir de la alimentación sana y de la medicina tradicional; los sistemas alimentarios regionales se plantean y cobran fuerza, así como la participación equitativa de los ciudadanos pero, sobre todo, pensar qué mecanismos colectivos son los que finalmente darán perpetuidad a la libre determinación y a la autonomía que integre a la diversidad. Eso mismo que desde la sobrevivencia histórica han logrado los pueblos para estar listos, para apoyar a todas y todos, cuando esto vuelva a suceder. Diversificar y descentralizar se convierten en ejes rectores de las alternativas.

El COVID-19 desvela la actual “fuerza” que por años tuvo el discurso neoliberal impuesto de boca en boca por políticos, académicos, científicos, economistas, empresarios, multifinancieras, banqueros, medios de comunicación, entre otros. Un virus les muestra y lanza globalmente a la pobreza y desesperanza al mundo entero, pero “extrañamente”, por lo menos hasta ahora, sus mayores impactos están presentándose en aquellas ciudades que fueron partícipes directas del progreso y desarrollo capitalista. En ese contexto, son otra vez las comunidades indígenas y campesinas, sobre todo aquellas que todavía mantienen mecanismos mínimos de producción local quienes, al parecer tendrán, como ya sucede en las provincias agrícolas de países como España, mejores posibilidades no sólo para sobrevivir, sino para ser la puerta para escapar de éste falaz sistema que nos han impuesto durante la fase neoliberal. Ahí mismo donde la tierra, el agua, los árboles frutales, las gallinas, el huevo, el maíz, el agua, los bienes naturales vistos dentro de la “unidad” territorio, es donde prevalece la lucha por la vida, la misma que con tanta furia hoy se defienden de la apropiación extractivista.

Pensar en las alternativas, creer que somos capaces de poder activar la descolonización -personal, patriarcal, digital, territorial, política y de políticos alineados- y, sobre todo, darnos tiempo para distanciarnos y apagar un rato lo digital para nuevamente escucharnos, vernos, pensarnos diferentes pero, sobre todo, fortalecer la desobediencia civil contra un sistema develado en la profundidad de su fracaso total, aunque aún muy poderoso en términos económicos y políticos.

COVID-19 también por contradictorio que parezca, devela cosas positivas que ponemos también a la reflexión. Han bastado sólo unos días sin la gran locura de la continua actividad humana para que el planeta respire un poco y descanse de nuestra especie y… ella se congratula y nuevamente nos regala un cielo azul.

“¡Es el tiempo de nosotros los Pueblos!” Bety Cariño

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Shuttterstock

Más información:

COVID-19: Las empresas mineras ponen a los trabajadores y a las comunidades en el mayor riesgo

Compartimos esta información publicada por MiningWatch sobre situación de los trabajadores mineros y el coronavirus – A 31 de marzo de 2020

Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades.  Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:

  1. Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
  2. Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
  3. Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
  4. Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
  5. Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
  6. Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
  7. Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
  8. Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
  9. El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
  10. La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.

Imagen:

Más información:

Semana trágica para el activismo en México: tres asesinados en Guanajuato, Morelos y Zacatecas

Compartimos esta nota publicada en Animal Político sobre las agresiones y asesinatos de defensoras y defensores de la vida en México – A 2 de abril de 2020

En los últimos días fueron asesinados Paulina Gómez, Isaac Herrera y Karla Camarena, tres personas que dedicaron su vida a la defensa de la tierra y los derechos humanos.

Por Alberto Pradilla

“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista trans asesinada a balazos el domingo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores. 

En apenas siete días murieron en circunstancias violentas tres activistas. El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue hallado el cuerpo de Paulina Gómez, “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del pueblo wixárika”.

Un día después, el 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del territorio.

Y el 30 de marzo, también a balazos, asesinaron en Guanajuato a Karla Valentina Camarena, que dedicó buena parte de su vida al reconocimiento de la identidad.

Una mujer polifacética

El asesinato de Karla Camarena tuvo lugar cuando salía de un local de su propiedad, conocido como La Valentina, ubicado en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y, posteriormente, atacada a balazos.

Animal Político preguntó a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato sobre los detalles de la investigación. Su respuesta fue que el fiscal general, Carlos Zamarripa, asignó un grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato para que coadyuve con la unidad de homicidios en la investigación del asesinato. 

Según reportaron fuentes cercanas a la mujer, 15 días antes del ataque fue asesinada otra compañera de trabajo

Tampoco se informó sobre si en la investigación se iba a aplicar una perspectiva de género.

Guanajuato es un estado que no reconoce el cambio de identidad en las personas trans. Esta había sido una de las principales reclamaciones de Karla durante toda su vida. De hecho, hace tres años, viajó con otras 40 personas transexuales a la Ciudad de México para tramitar su cambio de identidad sexogenérica, según recuerda Raúl Ruiz de Colunga.

Tras su asesinato, la mujer volvió a enfrentar esa falta de reconocimiento. Según denunció Rubí Suárez Araujo, activista trans y antigua regidora en el ayuntamiento de Guanajuato, la fiscalía habló de “víctima de sexo masculino” cuando reportó sobre el asesinato de la activista trans. 

“Ella se enfocó mucho en el tema de la identidad de género y luchó a lo largo de varios años, impulsando una agenda que se llamó Identidad Trans Guanajuato”, dice Súarez Araujo, que participó hace tres años en esta iniciativa.

“Era una mujer muy comprometida, muy empática, que siempre lucho con el tema de la discriminación”, señala Araujo, que compartió departamento con la víctima en el pasado.

La vida de Valentina fue polifacética. Ejerció como youtuber, fue activista, estuvo afiliada el PRI y también trabajó en locales nocturnos. 

“Uno de sus grandes proyectos era ayudar a las personas de la diversidad con problemas familiares”, explicó Raúl Ruiz de Colunga. En su momento, la activista trató de construir un refugio en Salamanca, Guanajuato. Pero el proyecto “quedó a medias”. 

“Sería bueno que alguna institución lo retomara”, dijo Ruiz de Colunga.

Él mismo sabe lo difícil que es la vida en Guanajuato para el colectivo LGBTI. Según relata, a finales de 2019 decidió, junto a su esposo, abandonar México y pedir refugio en Canadá, debido a las extorsiones y el secuestro sufridos. 

Por el momento, todos los interrogantes sobre el caso están abiertos. Rubi Araujo insiste: “que el crimen no quede impune”.

De las leyes al activismo

A Isaac Medardo Herrera Avilés, de 58 años, lo mataron hombres armados en su casa de Jiutepec, Morelos, en la noche del 23 de marzo. La víctima era abogado y había acompañado procesos de defensa del territorio durante los últimos 20 años. Dejó una pareja y tres hijos. 

Durante mucho tiempo, Herrera Avilés formó parte de la defensa del predio de los Venados, un terreno de 56 mil hectáreas, con árboles autóctonos, que estaba amenazado por la construcción inmobiliaria.

Recuerda Mónica Romero, compañera en el colectivo de vecinos en defensa del predio, que la víctima llegó a las leyes tarde, pasados los 30. “Sabía que muchas de las situaciones que tenían que ver con los procesos sociales tenían su fundamento para detenerlos por la vía jurídica. Por ahí inició en la intención de querer tener más conocimiento”, explica.

A partir de ahí comenzó su labor activista, en los tribunales y en las calles, en defensa de los recursos naturales.

Por un lado, para evitar la destrucción de un manantial y, por el otro, para proteger el predio del Venado. 

Hasta el momento, había tenido éxito en ambas.

El predio es propiedad de la empresa Casas Ara, que tenía previsto levantar 400 viviendas y talar buena parte de los árboles. Durante los últimos 15 años, la compañía ha tratado de llegar a acuerdos con los diferentes presidentes municipales, según explica Romero. En todos estos procesos, los opositores han denunciado prácticas corruptas.

El trabajo de Medardo Avilés era clave, buscando entre los expedientes para encontrar resquicios legales con los que poder frenar las obras. 

Durante un tiempo ejerció como comisariado ejidal y, a su vez, participaba en un despacho de abogados en Cuernavaca. 

“Era un hombre de principios, de fuertes convicciones, como poca gente”, dice Romero, que afirma que la víctima comenzó con el activismo a los 18 años, siempre centrado en evitar el avance del cemento. 

“Cuando entró el PAN, aquí en Morelos se encargó de entregar el territorio a empresas”, dijo.

Sin pistas sobre quién está detrás del asesinato, Romero hace dos apuntes. El primero, que el modus operandi es igual al utilizado en febrero de 2019 contra Samir Flores, activista contra el Plan Integral Morelos en Amilcingo.

Por otro lado, denuncia el papel de medios locales en los que se llegó a señalar al propio hijo como presunto autor material de los disparos. “No queremos ese tipo de desinformantes”, denunció, tras señalar que los activistas temen ser la próxima víctima y que, al ataque, se le sumen las campañas de desprestigio.

Paulina, defensora del pueblo wirikuta

A estos dos asesinatos se le suma el hallazgo, el 22 de marzo, del cuerpo de Paulina Gómez Palacio Escudero, de 50 años y defensora del pueblo wirikuta, que se ubica en los terrenos desérticos entre San Luis Potosí y Zacatecas. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas confirmó el hallazgo del cuerpo en el municipio de El Salvador Zacatecas. La mujer había sido reportada como desaparecida dos días atrás.

Según la necropsia, la víctima murió por un disparo, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación por posible feminicidio. 

Un día antes, los policías habían localizado el vehículo en el que Gómez Palacio se desplazaba y encontraron restos de sangre. Además, lograron arrestar a un hombre que trató de atacarles con un cuchillo y que, según los agentes, portaba 20 mil pesos en metálico.

La mujer había salido con 23 mil pesos para realizar unos pagos a trabajadores. 

La fiscalía anunció que investiga si existe alguna relación entre el feminicidio y la detención.

Imagen: Especial Animal Político

Más información:

¿Cómo sobrevivir al #Covid_19? Propuestas desde los derechos humanos

Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020

Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.

¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?

La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:

  • Servicios de salud disponibles
  • Condiciones de trabajo que sean seguras
  • Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
  • Alimentación adecuada

Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.

El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.

A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.

Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.

Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.

Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:

Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:

  1. Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
  2. Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
  3. Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
  4. Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
  5. Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
  6. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
  7. Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
  8. Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
  9. Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
  10. Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.

Como pueblo ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?

Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.

Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.

Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.

¡La vida digna del pueblo, debe ser primero!

Firma

Comité Cerezo México

Más información:

Feminicidios aumentan y Estado propone modificar leyes, la polémica por recategorizar el delito

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelosobre la reciente ola de violencia hacia las mujeres – A 16 de febrero de 2020

Por Andrés Domínguez

«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez.
Foto: Roberto Ortiz

*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.

*El reconocimiento del feminicidio como delito en la normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.


Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH), afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante del homicidio, significaría una salida errónea.

La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan como un retroceso.

No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República, aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la institución no tiene tal intención.

A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.

“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar las capacidades” añadió Villa.

La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es firmante.

“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó Villa.

Panorama

Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1)
Foto: Roberto Ortiz

Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.

En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo registró 20.

En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con 55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.

Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.

Llamado

En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas.
Foto: Francisco López Velásquez (16)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.

“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.

Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto trabajo de legisladoras y legisladores.

“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad del  contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres,  niega de iure y de facto el  acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.

¿Qué es un feminicidio?

Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)

De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”

Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las mujeres.

Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres…”

Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o adaptando el ya reconocido a nivel federal.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. – A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
  3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
  4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
  5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
  6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
  7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas

Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida


El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia feminicida durante los últimos 4 años.

El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5 homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por caso fortuito.

Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.

La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Activistas y organizaciones del país condenan agresión hacia familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo y no sumamos a las exigencias de cese al hostigamiento hacia el comité de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la caravana de búsqueda de los 43 en su paso por Tuxtla Gutiérrez- A 16 de febrero de 2020

A más de 5 años del crimen de Iguala, vemos con preocupación que lejos de presentar resultados claros al reclamo general por los 43, sea la violencia de Estado la única que se imponga.


Organizaciones y activistas de todo el país exigieron un cese al hostigamiento en contra del comité de padres y madres de los 43 y normalistas en su Caravana en Búsqueda de los 43 y repudiaron la violencia hecha por el Gobierno del Estado.

Denunciaron que los ataques perpetrados por cuerpos policiales ponen en riesgo la integridad de las familias de los 43, las revictimiza y atenta contra una de las causas que convocan a la nación bajo el reclamo de verdad y justicia.

Por lo que demandaron al gobierno federal y estatal que garanticen el libre tránsito, el derecho de organización y de protesta del comité y de los estudiantes.

Marcha de Padres de las 43 en Tuxtla Gutierrez 16 de febrero del 2020

También hicieron responsable al gobierno estatal y federal de la integridad de las personas heridas, de los normalistas rurales y de los familiares de los 43.

Reafirmamos nuestra solidaridad incondicional con la lucha por la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

Organizaciones: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, , Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII Oaxaca, CNTE-SNTE, Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina “Oscar Arnulfo Romero”, Comunidad Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex, Consejo Supremo Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), La Colectiva Diversa, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Unidad Proletaria Pedregal de San Nicolás A.C. UPPESAN, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Búsqueda y Rescate Fundación ‘A’, Mujeres para el Diálogo, Colectivo Solecito Veracruz, Colectivo Solecito Córdoba, Colectivo Solecito Cardel, Colectivo Solecito Xalapa, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, Movimiento en Defensa de la Madre Tierra y La Vida -Nuevo León, COMCAUSA, Colectivo Tierra y Libertad (Mich) , Frente contra la Militarización ( Cd. Juárez. Chih), Red de mujeres que luchan en León, NIMA Centro de derechos humanos de niñas niños y adolescentes en Guanajuato, Colectivo Colibrí.

A título individual: Raúl Vera López (Presidente del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de la Casas-Chiapas), Javier Sicilia Zardain, María Herrera Magdaleno, Araceli Rodríguez Nava, Juan Carlos Trujillo Herrera, Félix Hernández Gamundi, Jorge González de León, Magdiel Sánchez Quiroz, Rosa María Garza Marcué, Johan Gordillo García, Gabriela Hernández, Hildelisa Preciado, Norberto Pérez, Leticia Gutiérrez, Ma. Elena López, Dalia Ruiz,Martín Hernández,Carmen Mendoza, Mariana Gómez, Norma Garduño, José Luis Mariño, Maricarmen Montes, Alfonso Lejia Salas, Elizabeth Alejandre, Lourdes del Villar, Angeles González, Marisa Rodríguez, Graciela Tapia, Bertha Vallejo, Virginia Bahena, Leonor Aída Concha, Rosa Barranco, Romeo Cartagena, Julieta Mellano, Carolina Avilés Junco, Alfonso Ávalos Barajas, Salvador Rosas Octaviano, Mayra Zamaniego, Iván Martínez Zazueta, José Morales Vázquez, María de la Paz Quintanilla, Juan Aguado Franco, Sergio López Zunun, María de los Ángeles García Alfaro, Fernanda Tomasini, Alfredo Velázquez Lara, Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez, Alfonso Anaya, Claudia Sandoval, Cristina Steffen, María Teresa Cervantes, Jacinta Contreras,Héctor Capistran Díaz, Leticia Palma, Walter Martínez, Rosalía Castro Toss, Fernanda Barragán González Luna, Donovan Mendoz Villarreal, Fabiola Sánchez Quiroz, Carlos Adrian Cisneros González, Jessica Alcázar Romero,Nancy Orzoco Cruz, Daniel Orozco Rangel, Juana Vera Vera, Ricardo Jiménez Torres, Enrique Tellez Pacheco, María de Jesús Severo Romero, Carlos Olivares Valencia, Fernanda Severo Guzmán, Itzel Grijalba Pérez, Rafael Ramos Eusebio, Jose Guillermo Garcia Alfaro, Greysi Estefani Utrilla Arguello, Eloisa Alfaro Morales, Cesar Luis Garcia Alfaro, Carlita del Rosario Aguilar Jimenes, lino Vasconcelos Díaz, Angel Garcia Trujillo, Kaisia Martínez Mercado, Celia Edith Sedeño Omaña, David García Victoria.

CNDH, Sanchez Cordero y Encinas condena agresión del Gobierno de Chiapas contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

*Exhortó al gobierno federal, estatal y municipal a eliminar estas prácticas de represión que atentan contra el derecho a la libre manifestación y son evidencia de una política violatoria de derechos humanos.

*Por los actos violentos, fueron heridos dos madres de familia de los 43, 4 estudiantes y 1 policía.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de violencia en contra de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno de Chiapas a escasos metros de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”.

Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Chiapas esta mañana, como parte del recorrido que realizan por los estados del sur del país. Al arribar, fueron recibidos por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en el marco de las protestas que realizan, bloquearon el libramiento norte de la ca

En respuesta, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) los desalojaron, lo que dejó el saldo de un estudiante con herida en la cabeza, provocada por una granada de gas lacrimógeno que le golpeó de manera directa. También hay personas intoxicadas.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

Al mismo tiempo, la Secretaria de Gobernación y Ex-Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, desde su red social condenó el hecho:

Asimismo, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación condenó los hechos.

Ante ello, el organismo solicitó medidas cautelares para los alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”, a los familiares de los 43 Normalistas de Ayotzinapa y a integrantes del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”.

La CNDH aclaró que si bien es de competencia estatal, asumió el compromiso de revisar las circunstancias de los hechos ocurridos la mañana de este domingo 16 y en el que resultaron heridos varios integrantes de la Caravana

Para la CNDH no existe cabida a ninguna expresión que atente en contra del derecho a la libre expresión y menos si se ejercen métodos violentos y de represión, por lo que acciones represivas como las cometidas por policías del gobierno de Chiapas en contra de los familiares y organizaciones que forman parte de la denominada “Caravana Sur en Busca de los 43”, merecen un atento llamado a detener cualquier estrategia de contención que exponga la vida y la dignidad humana de los manifestantes, mencionó la CNDH en un comunicado.

El Organismo nacional informó que ha iniciado una queja de oficio; sin embargo, la CNDH estará cercana en la investigación de los lamentables hechos en los que resultaron heridas varias personas integrantes de la Caravana.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»