Semana trágica para el activismo en México: tres asesinados en Guanajuato, Morelos y Zacatecas

Compartimos esta nota publicada en Animal Político sobre las agresiones y asesinatos de defensoras y defensores de la vida en México – A 2 de abril de 2020

En los últimos días fueron asesinados Paulina Gómez, Isaac Herrera y Karla Camarena, tres personas que dedicaron su vida a la defensa de la tierra y los derechos humanos.

Por Alberto Pradilla

“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista trans asesinada a balazos el domingo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores. 

En apenas siete días murieron en circunstancias violentas tres activistas. El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue hallado el cuerpo de Paulina Gómez, “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del pueblo wixárika”.

Un día después, el 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del territorio.

Y el 30 de marzo, también a balazos, asesinaron en Guanajuato a Karla Valentina Camarena, que dedicó buena parte de su vida al reconocimiento de la identidad.

Una mujer polifacética

El asesinato de Karla Camarena tuvo lugar cuando salía de un local de su propiedad, conocido como La Valentina, ubicado en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y, posteriormente, atacada a balazos.

Animal Político preguntó a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato sobre los detalles de la investigación. Su respuesta fue que el fiscal general, Carlos Zamarripa, asignó un grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato para que coadyuve con la unidad de homicidios en la investigación del asesinato. 

Según reportaron fuentes cercanas a la mujer, 15 días antes del ataque fue asesinada otra compañera de trabajo

Tampoco se informó sobre si en la investigación se iba a aplicar una perspectiva de género.

Guanajuato es un estado que no reconoce el cambio de identidad en las personas trans. Esta había sido una de las principales reclamaciones de Karla durante toda su vida. De hecho, hace tres años, viajó con otras 40 personas transexuales a la Ciudad de México para tramitar su cambio de identidad sexogenérica, según recuerda Raúl Ruiz de Colunga.

Tras su asesinato, la mujer volvió a enfrentar esa falta de reconocimiento. Según denunció Rubí Suárez Araujo, activista trans y antigua regidora en el ayuntamiento de Guanajuato, la fiscalía habló de “víctima de sexo masculino” cuando reportó sobre el asesinato de la activista trans. 

“Ella se enfocó mucho en el tema de la identidad de género y luchó a lo largo de varios años, impulsando una agenda que se llamó Identidad Trans Guanajuato”, dice Súarez Araujo, que participó hace tres años en esta iniciativa.

“Era una mujer muy comprometida, muy empática, que siempre lucho con el tema de la discriminación”, señala Araujo, que compartió departamento con la víctima en el pasado.

La vida de Valentina fue polifacética. Ejerció como youtuber, fue activista, estuvo afiliada el PRI y también trabajó en locales nocturnos. 

“Uno de sus grandes proyectos era ayudar a las personas de la diversidad con problemas familiares”, explicó Raúl Ruiz de Colunga. En su momento, la activista trató de construir un refugio en Salamanca, Guanajuato. Pero el proyecto “quedó a medias”. 

“Sería bueno que alguna institución lo retomara”, dijo Ruiz de Colunga.

Él mismo sabe lo difícil que es la vida en Guanajuato para el colectivo LGBTI. Según relata, a finales de 2019 decidió, junto a su esposo, abandonar México y pedir refugio en Canadá, debido a las extorsiones y el secuestro sufridos. 

Por el momento, todos los interrogantes sobre el caso están abiertos. Rubi Araujo insiste: “que el crimen no quede impune”.

De las leyes al activismo

A Isaac Medardo Herrera Avilés, de 58 años, lo mataron hombres armados en su casa de Jiutepec, Morelos, en la noche del 23 de marzo. La víctima era abogado y había acompañado procesos de defensa del territorio durante los últimos 20 años. Dejó una pareja y tres hijos. 

Durante mucho tiempo, Herrera Avilés formó parte de la defensa del predio de los Venados, un terreno de 56 mil hectáreas, con árboles autóctonos, que estaba amenazado por la construcción inmobiliaria.

Recuerda Mónica Romero, compañera en el colectivo de vecinos en defensa del predio, que la víctima llegó a las leyes tarde, pasados los 30. “Sabía que muchas de las situaciones que tenían que ver con los procesos sociales tenían su fundamento para detenerlos por la vía jurídica. Por ahí inició en la intención de querer tener más conocimiento”, explica.

A partir de ahí comenzó su labor activista, en los tribunales y en las calles, en defensa de los recursos naturales.

Por un lado, para evitar la destrucción de un manantial y, por el otro, para proteger el predio del Venado. 

Hasta el momento, había tenido éxito en ambas.

El predio es propiedad de la empresa Casas Ara, que tenía previsto levantar 400 viviendas y talar buena parte de los árboles. Durante los últimos 15 años, la compañía ha tratado de llegar a acuerdos con los diferentes presidentes municipales, según explica Romero. En todos estos procesos, los opositores han denunciado prácticas corruptas.

El trabajo de Medardo Avilés era clave, buscando entre los expedientes para encontrar resquicios legales con los que poder frenar las obras. 

Durante un tiempo ejerció como comisariado ejidal y, a su vez, participaba en un despacho de abogados en Cuernavaca. 

“Era un hombre de principios, de fuertes convicciones, como poca gente”, dice Romero, que afirma que la víctima comenzó con el activismo a los 18 años, siempre centrado en evitar el avance del cemento. 

“Cuando entró el PAN, aquí en Morelos se encargó de entregar el territorio a empresas”, dijo.

Sin pistas sobre quién está detrás del asesinato, Romero hace dos apuntes. El primero, que el modus operandi es igual al utilizado en febrero de 2019 contra Samir Flores, activista contra el Plan Integral Morelos en Amilcingo.

Por otro lado, denuncia el papel de medios locales en los que se llegó a señalar al propio hijo como presunto autor material de los disparos. “No queremos ese tipo de desinformantes”, denunció, tras señalar que los activistas temen ser la próxima víctima y que, al ataque, se le sumen las campañas de desprestigio.

Paulina, defensora del pueblo wirikuta

A estos dos asesinatos se le suma el hallazgo, el 22 de marzo, del cuerpo de Paulina Gómez Palacio Escudero, de 50 años y defensora del pueblo wirikuta, que se ubica en los terrenos desérticos entre San Luis Potosí y Zacatecas. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas confirmó el hallazgo del cuerpo en el municipio de El Salvador Zacatecas. La mujer había sido reportada como desaparecida dos días atrás.

Según la necropsia, la víctima murió por un disparo, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación por posible feminicidio. 

Un día antes, los policías habían localizado el vehículo en el que Gómez Palacio se desplazaba y encontraron restos de sangre. Además, lograron arrestar a un hombre que trató de atacarles con un cuchillo y que, según los agentes, portaba 20 mil pesos en metálico.

La mujer había salido con 23 mil pesos para realizar unos pagos a trabajadores. 

La fiscalía anunció que investiga si existe alguna relación entre el feminicidio y la detención.

Imagen: Especial Animal Político

Más información:

¿Cómo sobrevivir al #Covid_19? Propuestas desde los derechos humanos

Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020

Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.

¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?

La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:

  • Servicios de salud disponibles
  • Condiciones de trabajo que sean seguras
  • Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
  • Alimentación adecuada

Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.

El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.

A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.

Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.

Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.

Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:

Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:

  1. Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
  2. Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
  3. Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
  4. Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
  5. Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
  6. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
  7. Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
  8. Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
  9. Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
  10. Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.

Como pueblo ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?

Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.

Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.

Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.

¡La vida digna del pueblo, debe ser primero!

Firma

Comité Cerezo México

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Feminicidios aumentan y Estado propone modificar leyes, la polémica por recategorizar el delito

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelosobre la reciente ola de violencia hacia las mujeres – A 16 de febrero de 2020

Por Andrés Domínguez

«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez.
Foto: Roberto Ortiz

*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.

*El reconocimiento del feminicidio como delito en la normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.


Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH), afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante del homicidio, significaría una salida errónea.

La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan como un retroceso.

No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República, aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la institución no tiene tal intención.

A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.

“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar las capacidades” añadió Villa.

La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es firmante.

“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó Villa.

Panorama

Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1)
Foto: Roberto Ortiz

Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.

En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo registró 20.

En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con 55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.

Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.

Llamado

En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas.
Foto: Francisco López Velásquez (16)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.

“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.

Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto trabajo de legisladoras y legisladores.

“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad del  contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres,  niega de iure y de facto el  acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.

¿Qué es un feminicidio?

Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)

De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”

Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las mujeres.

Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres…”

Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o adaptando el ya reconocido a nivel federal.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. – A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
  3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
  4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
  5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
  6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
  7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas

Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida


El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia feminicida durante los últimos 4 años.

El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5 homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por caso fortuito.

Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.

La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Activistas y organizaciones del país condenan agresión hacia familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo y no sumamos a las exigencias de cese al hostigamiento hacia el comité de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la caravana de búsqueda de los 43 en su paso por Tuxtla Gutiérrez- A 16 de febrero de 2020

A más de 5 años del crimen de Iguala, vemos con preocupación que lejos de presentar resultados claros al reclamo general por los 43, sea la violencia de Estado la única que se imponga.


Organizaciones y activistas de todo el país exigieron un cese al hostigamiento en contra del comité de padres y madres de los 43 y normalistas en su Caravana en Búsqueda de los 43 y repudiaron la violencia hecha por el Gobierno del Estado.

Denunciaron que los ataques perpetrados por cuerpos policiales ponen en riesgo la integridad de las familias de los 43, las revictimiza y atenta contra una de las causas que convocan a la nación bajo el reclamo de verdad y justicia.

Por lo que demandaron al gobierno federal y estatal que garanticen el libre tránsito, el derecho de organización y de protesta del comité y de los estudiantes.

Marcha de Padres de las 43 en Tuxtla Gutierrez 16 de febrero del 2020

También hicieron responsable al gobierno estatal y federal de la integridad de las personas heridas, de los normalistas rurales y de los familiares de los 43.

Reafirmamos nuestra solidaridad incondicional con la lucha por la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

Organizaciones: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, , Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII Oaxaca, CNTE-SNTE, Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina “Oscar Arnulfo Romero”, Comunidad Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex, Consejo Supremo Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), La Colectiva Diversa, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Unidad Proletaria Pedregal de San Nicolás A.C. UPPESAN, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Búsqueda y Rescate Fundación ‘A’, Mujeres para el Diálogo, Colectivo Solecito Veracruz, Colectivo Solecito Córdoba, Colectivo Solecito Cardel, Colectivo Solecito Xalapa, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, Movimiento en Defensa de la Madre Tierra y La Vida -Nuevo León, COMCAUSA, Colectivo Tierra y Libertad (Mich) , Frente contra la Militarización ( Cd. Juárez. Chih), Red de mujeres que luchan en León, NIMA Centro de derechos humanos de niñas niños y adolescentes en Guanajuato, Colectivo Colibrí.

A título individual: Raúl Vera López (Presidente del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de la Casas-Chiapas), Javier Sicilia Zardain, María Herrera Magdaleno, Araceli Rodríguez Nava, Juan Carlos Trujillo Herrera, Félix Hernández Gamundi, Jorge González de León, Magdiel Sánchez Quiroz, Rosa María Garza Marcué, Johan Gordillo García, Gabriela Hernández, Hildelisa Preciado, Norberto Pérez, Leticia Gutiérrez, Ma. Elena López, Dalia Ruiz,Martín Hernández,Carmen Mendoza, Mariana Gómez, Norma Garduño, José Luis Mariño, Maricarmen Montes, Alfonso Lejia Salas, Elizabeth Alejandre, Lourdes del Villar, Angeles González, Marisa Rodríguez, Graciela Tapia, Bertha Vallejo, Virginia Bahena, Leonor Aída Concha, Rosa Barranco, Romeo Cartagena, Julieta Mellano, Carolina Avilés Junco, Alfonso Ávalos Barajas, Salvador Rosas Octaviano, Mayra Zamaniego, Iván Martínez Zazueta, José Morales Vázquez, María de la Paz Quintanilla, Juan Aguado Franco, Sergio López Zunun, María de los Ángeles García Alfaro, Fernanda Tomasini, Alfredo Velázquez Lara, Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez, Alfonso Anaya, Claudia Sandoval, Cristina Steffen, María Teresa Cervantes, Jacinta Contreras,Héctor Capistran Díaz, Leticia Palma, Walter Martínez, Rosalía Castro Toss, Fernanda Barragán González Luna, Donovan Mendoz Villarreal, Fabiola Sánchez Quiroz, Carlos Adrian Cisneros González, Jessica Alcázar Romero,Nancy Orzoco Cruz, Daniel Orozco Rangel, Juana Vera Vera, Ricardo Jiménez Torres, Enrique Tellez Pacheco, María de Jesús Severo Romero, Carlos Olivares Valencia, Fernanda Severo Guzmán, Itzel Grijalba Pérez, Rafael Ramos Eusebio, Jose Guillermo Garcia Alfaro, Greysi Estefani Utrilla Arguello, Eloisa Alfaro Morales, Cesar Luis Garcia Alfaro, Carlita del Rosario Aguilar Jimenes, lino Vasconcelos Díaz, Angel Garcia Trujillo, Kaisia Martínez Mercado, Celia Edith Sedeño Omaña, David García Victoria.

CNDH, Sanchez Cordero y Encinas condena agresión del Gobierno de Chiapas contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

*Exhortó al gobierno federal, estatal y municipal a eliminar estas prácticas de represión que atentan contra el derecho a la libre manifestación y son evidencia de una política violatoria de derechos humanos.

*Por los actos violentos, fueron heridos dos madres de familia de los 43, 4 estudiantes y 1 policía.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de violencia en contra de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno de Chiapas a escasos metros de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”.

Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Chiapas esta mañana, como parte del recorrido que realizan por los estados del sur del país. Al arribar, fueron recibidos por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en el marco de las protestas que realizan, bloquearon el libramiento norte de la ca

En respuesta, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) los desalojaron, lo que dejó el saldo de un estudiante con herida en la cabeza, provocada por una granada de gas lacrimógeno que le golpeó de manera directa. También hay personas intoxicadas.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

Al mismo tiempo, la Secretaria de Gobernación y Ex-Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, desde su red social condenó el hecho:

Asimismo, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación condenó los hechos.

Ante ello, el organismo solicitó medidas cautelares para los alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”, a los familiares de los 43 Normalistas de Ayotzinapa y a integrantes del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”.

La CNDH aclaró que si bien es de competencia estatal, asumió el compromiso de revisar las circunstancias de los hechos ocurridos la mañana de este domingo 16 y en el que resultaron heridos varios integrantes de la Caravana

Para la CNDH no existe cabida a ninguna expresión que atente en contra del derecho a la libre expresión y menos si se ejercen métodos violentos y de represión, por lo que acciones represivas como las cometidas por policías del gobierno de Chiapas en contra de los familiares y organizaciones que forman parte de la denominada “Caravana Sur en Busca de los 43”, merecen un atento llamado a detener cualquier estrategia de contención que exponga la vida y la dignidad humana de los manifestantes, mencionó la CNDH en un comunicado.

El Organismo nacional informó que ha iniciado una queja de oficio; sin embargo, la CNDH estará cercana en la investigación de los lamentables hechos en los que resultaron heridas varias personas integrantes de la Caravana.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

Llega nuevo éxodo centroamericano a frontera sur de México, la falta de claridad de autoridades migratorias genera tensión e incertidumbre

Compartimos comunicado del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano – a 18 de enero de 2020

LLEGA CARAVANA DEL ÉXODO CENTROAMERICANO A FRONTERA SUR, LA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS GENERAN TENSIÓN E INCERTIDUMBRE ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE.

  • No hay claridad sobre los procedimientos migratorios que están realizando y detectamos casos de separación familiar; •
  • Preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país; •
  • Las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no se están atendiendo.

Chiapas, 18 de enero de 2020

Las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano reactivamos el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano. Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrimos la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecun Umán desde diferentes puntos. Asimismo, se mantiene contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.

Identificamos la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertamos de la presencia de personal de seguridad privada. Finalmente, es importante señalar que elementos de la GN y Policía Federal vestida de civil estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integramos la misión de monitoreo durante el día sábado.

Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos. Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y solo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano. Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Previo y durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández. El mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.

Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas especialmente hombres jóvenes intentaron cruzar por el río. Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, la gran mayoría, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso. Algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares adentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.

En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas. Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen. Hacia las 16:00 horas ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.

Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano nos preocupan:

  • La ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional;
  • La falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar;
  • La ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM; •
  • El protagonismo de la GN en durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad.
  • El aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco. •
  • Las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufrimos las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
  • Preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.

Firmamos:

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.

Organizaciones colaboradoras: Dignidad y justicia en el camino A.C “Fm4 paso libre” Apostólicas del Corazón de Jesús

Imagen: Un grupo de migrantes forcejeó brevemente con los militares mexicanos en el paso del puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera con Guatemala© AFP Isaac GUZMAN

Más información:

[Vídeo] Nosotras Defensoras

Compartimos la serie de vídeos #NosotrasDefensoras producido por PBI México

 

Capítulo 1: Nosotras, defensoras ¿Qué significa ser defensora?

 {YOUTUBE}SgtIUvXTQec{/YOUTUBE} 

 

Ser defensora es un compromiso de vida. Implica romper los estereotipos marcados por la sociedad patriarcal en un contexto de desigualdades estructurales, impunidad, corrupción, crimen organizado, misoginia, lgbtffobia, discurso de odio, extractivismo, políticas neoliberales y cierre de espacios democráticos. Ser defensora es enfrentar una doble violencia desde lo cotidiano, hasta nuestra acción pública, por el hecho de ser defensoras de derechos humanos y por el hecho de ser mujeres.

 

Capítulo 2: Los impactos de la violencia (primera parte)

 {YOUTUBE}uRmjr3PpD28{/YOUTUBE} 

Las mujeres defensoras enfrentan modalidades de violencia específicas respecto a sus homólogos hombres. Entre las agresiones más frecuentes de que son objeto las Defensoras de DH en Mesoamérica encontramos el hostigamiento psicológico, calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, amenazas; criminalización, violencia sexual o asesinato. Todas estas formas de violencia contra las defensoras tienen un componente de género muy fuerte al utilizar el cuerpo y la identidad de las mujeres como fuente para sembrar el miedo, la intimidación y la explotación. Esta violencia específica impacta de una manera diferente sobre las vidas de las defensoras y su entorno cercano.

 

Capítulo 3: Los impactos de la violencia (segunda parte) 

 {YOUTUBE}nKMhMsInR2I{/YOUTUBE} 

El impacto psicosocial y afectaciones de la violencia diferenciada sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres defensoras es un tema que no se aborda fácilmente: la culpa o los miedos no se viven de igual manera que los defensores, la intimidación y amenazas no solo recaen sobre sus cuerpos y vidas, sino en el de sus familias, dependientes y redes afectivas cercanas. Ello se une a otros factores como la falta de reconocimiento al interior de las organizaciones o la normalización de la violencia contra las mujeres, entre otra formas de discriminación cuya combinación pone en riesgo la vida y la salud de las activistas. 

 

Capítulo 4: Los impactos de la violencia (tercera parte)

{YOUTUBE}ME4RbvdwbSU{/YOUTUBE} 

Las defensoras de derechos humanos corren mayor riesgo que los defensores de sufrir violencia sexual y otras formas de violencia basadas en el género. También es más frecuente que sus hijos e hijas reciban amenazas y agresiones en represalia por el trabajo que ellas realizan. Los ataques específicos de género incluyen acoso y amenazas con insultos sexistas, violencia sexual en el contexto de actos represivos, estereotipos de género en los procesos judiciales y campañas de difamación y ataques contra quienes defienden los derechos de las mujeres.

 

Capítulo 5: Diferentes aspectos de la protección

{YOUTUBE}49hRvwGbASw{/YOUTUBE}

Ya no podemos hablar de la protección de manera individual ni fragmentada. Es necesario avanzar hacia una visión colectiva de la protección con estrategias que vayan más allá de la seguridad hacia un enfoque integral, que ponga el autocuidado, el cuidado colectivo, la sanación en el centro, que recupere la memoria histórica, que posicione a las defensoras como sujetas activas en materia de seguridad, incorporando las prácticas para el manejo de los riesgos en la cotidianidad y a lo interno de las organizaciones, movimientos y comunidades.

 

Más información: 

[INFORME] ¿Cómo enfrentamos el miedo en el contexto actual las defensoras? 

[AUDIOS] “Luchas por el territorio: Voces de mujeres en resistencias” 

[VIDEO] “Mesoamericanas”: corto-documental sobre defensoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua 

[VIDEOS] Rexistir: Tejiendo Cuerpos Territorios

[Vídeo] Nosotras Defensoras (2)

Compartimos la serie de vídeos #NosotrasDefensoras producido por PBI México

 

Capítulo 1: Nosotras, defensoras ¿Qué significa ser defensora?

 {YOUTUBE}SgtIUvXTQec{/YOUTUBE} 

 

Ser defensora es un compromiso de vida. Implica romper los estereotipos marcados por la sociedad patriarcal en un contexto de desigualdades estructurales, impunidad, corrupción, crimen organizado, misoginia, lgbtffobia, discurso de odio, extractivismo, políticas neoliberales y cierre de espacios democráticos. Ser defensora es enfrentar una doble violencia desde lo cotidiano, hasta nuestra acción pública, por el hecho de ser defensoras de derechos humanos y por el hecho de ser mujeres.

 

Capítulo 2: Los impactos de la violencia (primera parte)

 {YOUTUBE}uRmjr3PpD28{/YOUTUBE} 

Las mujeres defensoras enfrentan modalidades de violencia específicas respecto a sus homólogos hombres. Entre las agresiones más frecuentes de que son objeto las Defensoras de DH en Mesoamérica encontramos el hostigamiento psicológico, calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, amenazas; criminalización, violencia sexual o asesinato. Todas estas formas de violencia contra las defensoras tienen un componente de género muy fuerte al utilizar el cuerpo y la identidad de las mujeres como fuente para sembrar el miedo, la intimidación y la explotación. Esta violencia específica impacta de una manera diferente sobre las vidas de las defensoras y su entorno cercano.

 

Capítulo 3: Los impactos de la violencia (segunda parte) 

 {YOUTUBE}nKMhMsInR2I{/YOUTUBE} 

El impacto psicosocial y afectaciones de la violencia diferenciada sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres defensoras es un tema que no se aborda fácilmente: la culpa o los miedos no se viven de igual manera que los defensores, la intimidación y amenazas no solo recaen sobre sus cuerpos y vidas, sino en el de sus familias, dependientes y redes afectivas cercanas. Ello se une a otros factores como la falta de reconocimiento al interior de las organizaciones o la normalización de la violencia contra las mujeres, entre otra formas de discriminación cuya combinación pone en riesgo la vida y la salud de las activistas. 

 

Capítulo 4: Los impactos de la violencia (tercera parte)

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Las defensoras de derechos humanos corren mayor riesgo que los defensores de sufrir violencia sexual y otras formas de violencia basadas en el género. También es más frecuente que sus hijos e hijas reciban amenazas y agresiones en represalia por el trabajo que ellas realizan. Los ataques específicos de género incluyen acoso y amenazas con insultos sexistas, violencia sexual en el contexto de actos represivos, estereotipos de género en los procesos judiciales y campañas de difamación y ataques contra quienes defienden los derechos de las mujeres.

 

Capítulo 5: Diferentes aspectos de la protección

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Ya no podemos hablar de la protección de manera individual ni fragmentada. Es necesario avanzar hacia una visión colectiva de la protección con estrategias que vayan más allá de la seguridad hacia un enfoque integral, que ponga el autocuidado, el cuidado colectivo, la sanación en el centro, que recupere la memoria histórica, que posicione a las defensoras como sujetas activas en materia de seguridad, incorporando las prácticas para el manejo de los riesgos en la cotidianidad y a lo interno de las organizaciones, movimientos y comunidades.

 

Más información: 

[INFORME] ¿Cómo enfrentamos el miedo en el contexto actual las defensoras? 

[AUDIOS] “Luchas por el territorio: Voces de mujeres en resistencias” 

[VIDEO] “Mesoamericanas”: corto-documental sobre defensoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua 

[VIDEOS] Rexistir: Tejiendo Cuerpos Territorios

[AUDIOS] “Luchas por el territorio: Voces de mujeres en resistencias”

Compartimos la serie de podcats “Luchas por el territorio : Voces de mujeres en resistencia” realizada por el Comité por el Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) 

Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de Podcast “Luchas por el territorio : Voces de mujeres en resistencia”. Voces de mujeres defensoras, guardianas de los recursos, indígenas, campesinas, se entrelazan para desvelar la verdadera cara de los megaproyectos extractivos, así como para evidenciar cosmovisiones distintas y tejer solidaridad y fuerza.

Episodio 1: Introducción

 

 >>Escucha el episodio 1<<

En este primer episodio de la serie se podrán descubrir las luchas y los relatos de mujeres defensoras de la vida y del territorio.

  {YOUTUBE}NTxGO1V1K58{/YOUTUBE}

 

Episodio 2: Raíces de la indignación

 

 >>Escucha el  episodio 2<<

En este episodio, mujeres indígenas, campesinas, defensoras de la vida y del territorio de diferentes partes del mundo, nos cuentan como empezaron a comprometerse en las luchas para la defensa de la Madre Tierra.

  {YOUTUBE}Grd82Px07HI{/YOUTUBE}

 

Episodio 3: Cicatrices de la Madre Tierra

 

>>Escuchar el episodio 3<<

En este episodio, las mujeres recorren las cicatrices de la Madre Tierra para dar a conocer los impactos de los megaproyectos sobre el agua, la tierra, los árboles y los animales. 

  {YOUTUBE}4bq7idtrarA{/YOUTUBE}

 

 

Episodio 4: La epidemia extractiva

 

>>Escuchar el episodio 4<<

En este cuarto episodio, las mujeres siguen examinando los impactos de los megaproyectos y explican cómo las empresas, explotando la naturaleza, contaminan también los seres humanos y los modos de vida, así como desgarran el tejido social de los pueblos. 

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Para construir esta serie de Podcast, se recolectaron testimonios durante el encuentro internacional “Mujeres en resistencia frente al extractivismo”, cual tuvo lugar el el territorio llamado Canadá en abril del 2018 y donde se reunieron 40 mujeres indígenas, campesinas, defensoras de la vida y del territorio de diferentes partes del mundo. En este encuentro, ellas intercambiaron experiencias y estrategias frente a la destrucción del medioambiente y de culturas ancestrales por parte de empresas de extracción de recursos naturales. Cada episodio profundizará un aspecto de la lucha contra los megaproyectos.

Esta serie es una producción del CDHAL y del Proyecto Acompañamiento Quebec-Guatemala (PAQG). Con la ayuda de Solidarité Laurentides Amérique centrale y gracias al financiamiento de ministère des Relations internationale et de la Francophonie du Québec, Fondation Lush, Fondation Solstice, Desarrollo y Paz, Syndicat des Métallos, Congrégation Notre-Dame. 

Vista la web de CDHAL 

Más información: 

[VIDEO] “Mesoamericanas”: corto-documental sobre defensoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

[VIDEOS] Rexistir: Tejiendo Cuerpos Territorios

[VIDEO] Justicia Ambiental y Lucha Antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo

FE DE ERRATA – Declaración de la 2da. Asamblea general de Mujeres de COPINH

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 9 de mayo de 2019 

Reunidas mujeres de las comunidades de Río Blanco, La Jarcia, Santa Elena, Pueblo Viejo, El Guachipilín, La Cuchilla, Nueva Esperanza (Comayagua), El Achiotal y La Esperanza, en la Casa de Sanación y Justicia de las Mujeres los días 6, 7 y 8 de mayo, hemos concluido lo siguiente:

 

Que la justicia para las mujeres genera más cohesión y fortaleza a nivel de las comunidades y de la organización. Frente a la violencia, violaciones sexuales, acoso generalizado y los asesinatos de mujeres originados por proyectos extractivos o presencia de la armas que son símbolo del poder patriarcal nos esforzaremos por romper con la impunidad. Esto es lo que pasa en el caso de la hermana Berta Cáceres, crimen que nos duele y del que entendemos que mientras no haya justicia para ella no habrá justicia para todas nosotras. Exigimos que caigan los autores intelectuales.

Que en la construcción de la autonomía comunitaria, de la que tanto hemos debatido a nivel de nuestra organización, durante años, esperamos que sea impulsada por nuestros proyectos de autonomía económica que en algunas comunidades, todavía muy pocas, ya han comenzado.

Que más comunidades queremos impulsar procesos autónomos de salud como lo han realizado las comunidades de La Cuchilla, La Jarcia, Las Mesitas y El Guachipilín. Por ende nos comprometemos a fortalecer la unidad interna de las mujeres a nivel de cada una de nuestras comunidades.

Que en medio de la desesperanza en nuestro país a las mujeres nos toca liderar procesos de la tierra como lo hace la compañera Rosalina Domínguez en Río Blanco que ha sido apoyada por hombres y mujeres de la comunidad, sin embargo otras y otros se han sentido amenazados por su trabajo, para lo que pedimos la solidaridad.

Que seguimos diciendo que las mujeres de COPINH vamos a mantenernos firmes en no retroceder en nuestro principio de no tolerar agresiones, acoso y maltratos a nivel de nuestra organización, especialmente de líderes de COPINH tal como nos lo enseñó la compañera Berta Cáceres.

 

Que hemos hablado sobre la esperanza internacional que se mueve en el mundo con la lucha de las mujeres de todos los lares y que desde esta pequeña Asamblea hemos escuchado de los movimientos “Ni Una Menos” para que no sigan asesinando a las mujeres y de las iniciativas de soberanía de los cuerpos que son una esperanza para toda la humanidad y para nosotras como parte del pueblo Lenca.

Se ha constituido en esta asamblea el nuevo Consejo General de Mujeres para echar a andar nuestros proyectos en acompañamiento a la coordinación de mujeres, de la coordinación de salud y de la coordinación de comunicación que serán electas en nuestra Asamblea General de los días 24, 25 y 26 de mayo de 2019. Este Consejo ha quedado acompañado de las compañeras: Yéssica, Catalina, Rosadalia y Rosalina.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 8 días del mes de mayo de 2019.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Foto: Asamblea de mujeres, COPINH,  >>Ver más fotos y vídeo<< 

Más información: 

#14M Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía 

#8M ¡Vivan las mujeres que defienden su territorio, agua, vida, cuerpos y familia! 

A 3 años de su siembra: La Justicia para Berta Cáceres es la justicia para las mujeres, movimientos y pueblos

Las consultas “buenas” no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA) – A 1 de abril de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<

LAS CONSULTAS “BUENAS” NO EXISTEN “BASTA DE ENGAÑAR A LOS PUEBLOS”

Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo.

En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder.

En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos.

La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales.

En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes (comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera.

Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía. 

Un listado que argumenta aún más nuestra postura:

  • Las consultas no son previas, sino pre elaboradas. Esta claro que las consultas no son previas, se hacen sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en donde también ya van determinadas las preguntas que, por supuesto no son de fondo, porque no se incorporan desde lo que los pueblos quieren para sus territorios y modos de vida. Es una farsa decir que es un proceso basado en la democracia cuando se pregunta sobre una propuesta ya elaborada, la cual se esgrime bajo la idea del “interés y la utilidad pública”.
  • Las consultas no son libres, sino forzadas. La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un sí o un no. Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T.
  • Las consultas no son informadas, sino manipuladas. El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello.
  • Las consultas son vinculantes cuando les conviene. Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el “consentimiento vinculante”. La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado. Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética.
  • Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas. Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción -como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real.

Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el estado no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo.

Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo. Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas.

MIENTRAS NO RESPETEN NUESTRAS DECISIONES, SUS CONSULTAS SERÁN UNA FARSA SEUDODEMOCRÁTICA LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA ES UN EJERCICIO DE LOS PUEBLOS

¡NO A LAS CONSULTAS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

>>Descargar el comunicado en pdf<<

Más información: 

Consulta fallida y reactivación de Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec