Categoría: ANÁLISIS

Chiapas: Acción Urgente: Agresión armada a brigada de ayuda humanitaria en Tabak, Aldama

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Compartimos comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sobre la agresión a brigadas de ayuda para las comunidades de Aldama, Chiapas – A 18 de noviembre de 2020

  • Grupo civil armado de corte paramilitar hiere de bala de alto calibre a la religiosa María Isabel Hernández Rea.

Esta mañana, una brigada de ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de Las Casas1 y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México,2 (FISANIM) que entregaba alimentos a familias desplazadas forzadas, en la comunidad de Tabak, Aldama, Chiapas, México, fue atacada por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente del Sector Santa Martha, Chenalhó. De mencionada agresión, con armas de alto calibre, fue herida en la pierna derecha la religiosa María Isabel Hernández Rea, a las 12:39 hrs., aproximadamente.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), recibió información urgente y grave, por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama: «de ataques armados a la comunidad de Tabak, desde las 8:34 hrs, del día de hoy, 18 de noviembre de 2020, procedentes de los puntos de Tojtik, Telesecundaria y Telemax, en Chenalhó.«

De acuerdo a testimonio de Fisanim:

«Esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos a llevarles tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios en esta comunidad y en todos los de Aldama. Debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya.»

Escuchar testimonio completo en voz de Ofelia Medina, directora de FISANIM: https://archive.org/embed/201118-ofelia-medina-fisanim

María Isabel, tiene 52 años de edad, pertenece a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y colabora en la Parroquia de San Andrés Larráinzar, integrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Su trabajo pastoral con las comunidades de Pueblos Originarios se ha caracterizado por su labor social y profética, construyendo puentes de diálogo y de paz, pero también denunciando las injusticias que viven las familias tsotsiles desplazadas forzadas de Aldama.

Cabe señalar que los gobiernos estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador han sido omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama,3 las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud.

El Frayba condena este ataque y responsabiliza de estos hechos al Estado mexicano por no garantizar la seguridad e integridad de las y los agentes de pastoral, de las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas que ingresan, documentan, visibilizan la violencia y acompañan a las comunidades en desplazamiento forzado.

Exigimos al Estado mexicano desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas y que ponen en riesgo la vida de quienes proporcionan ayuda humanitaria a la población.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente acción urgente: >>Firma aquí<<

Asociación civil fundada en junio de 1994 por iniciativa del obispo Don Samuel Ruiz García, como respuesta a la emergencia que imperaba en Chiapas, por el estallido del conflicto armado. http://www.caritasancristobal.org/

2 Fisanim trabaja desde 1990 por el derecho a la salud y alimentación en comunidades de pueblos indígenas en desplazamiento forzado en México. https://www.fisanim.org/

3 Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. El Estado mexicano persistente omisión en proteger la vida en Los Altos de Chiapas. Acción urgente No. 14. 11 de octubre de 2020.   y Se intensifican los ataques armados a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama. Acción urgente No. 17. 13 de noviembre de 2020.

Foto: Impactos de bala a La Tomata, navio de ayuda humanitaria, de Fisanim.

Leer la palabra del Pueblo Creyente:

Leer la palabra de la Diócesis de San Cristóbal.

Leer: Desplazados de Chachihuitán condenan ataque armado contra FIDEO y Cáritas.

Descargar PDF: Agresión armada a brigada de ayuda humanitaria en Tabak, Aldama.

Imagen: Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

«El Escaramujo, Un espacio de análisis político, social y cultural» ahora por Radio Kinoki

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Estamos muy contentos de presentarles: «El Escaramujo, Un espacio de análisis político, social y cultural» ahora por Radio Kinoki ??

?Escúchanos en nuestro primer programa :El Túmin, La Moneda comunitaria en San Cristóbal de Las Casas


⏰Este martes 24 de noviembre a las 6 de la tarde por Facebook Live de Otros Mundos – Chiapas y Kinoki San Cristóbal

Colima: El RAN se niega a recibir acta de la Comunidad Indígena de Canoas

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha antiminera en Colima- A 17 de noviembre de 2020

El viernes pasado el Comisariado Ejidal de Canoas. Municipio de Manzanillo, Colima se dirigieron al Registro Agrario Nacional (RAN) para solicitar el registro de su Acta de Asamblea del mes de agosto del presente año, en la que la Asamblea Ejidal como máxima autoridad, por unanimidad rechazó rotundamente el proyecto minero Rufus5 de la empresa minera canadiense Hematie S.A. de C.V., así como cualquier otro proyecto minero en su comunidad. Con anterioridad la Lic María Concepción Núñez Escobedo había citado al Comisariado para atenderlas/os. Sin embargo, unos minutos antes de la cita les llamó para cancelarla.

El comisariado se dirigió a las oficinas para ingresar la solicitud en la ventanilla y se encontraron con un letrero 8Que también se puede ver en la página del RAN ) que dice “Atento aviso: Se suspenden trámites y servicios en oficinas centrales del Registro Agrario y sus 32 representaciones en el país, así como en el Archivo General Agrario, del 06 de abril y hasta nuevo aviso”.

Después de insistir fueron atendidas/os por el Sr. Carlos Anguiano quien recibió documentos de otro asunto que llevaban, pero se negó a recibir el acto con la justificación de que, por la pandemia, desde oficinas centrales se suspendieron todos los servicios desde el mes de abril. Cabe señalar que en el año 2014 esta misma Comunidad también en Asamblea Agraria declaró su Territorio como “Libre de Mineria” y en esa ocasión, sin pandemia, el RAN también se negó a registrar el acta. Esto evidencia la mala fe del RAN y su complicidad con las empresas mineras.

Por otro lado vemos que esta justificación de la pandemia no se ha aplicado a otras instituciones donde las empresas tiene que llevar a cabo trámites para sus proyectos, como es el caso de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturalres (SEMARNAT) que tan solo desde que el RAN cerró sus puertas, -de lo que la REMA lleva contabilizado-, tenemos registrados 881 proyectos recibidos para su evaluación y 479 resolutivos que en su gran mayoría han sido proyectos autorizados

En contraparte, desde marzo que la SEMARNAT, como las otras instituciones del gobierno, han ampliado los plazos legales de respuesta a solicitudes de información vía transparencia con el pretexto de la pandemia. Por ejemplo, una solicitud de transparencia emitida por la REMA a la SEMARNAT el 27 de marzo del 2020 solo fue recibida oficialmente hasta el 18 de septiembre y la respuesta a la solicitud fue entregada el 16 de octubre, es decir 7 meses después de la solicitud, cuando normalmente el plazo legal es de 40 días.

Esto denota la gran desigualdad que existe entre en apoyo (contubernio) que el gobierno federal otorga a las empresas que destruyen y despojan el territorio y la atención a las comunidades que lo defienden. En estos tiempos de pandemia las autoridades mexicanas han operado bajo favoritismo, de un lado permitiendo las actividades declaradas erróneamente esenciales para el país, como la minería, de poder seguir avanzado con toda normalidad en sus trámites para sus procesos de despojo y del otro lado, impidiendo a los pueblos y a la ciudadanía en general ejercer sus derechos de autodeterminación, de tener certeza sobre la tenencia de su tierra o de acceder a información pública.

Así mismo nos muestra el gran desprecio, discriminación, indiferencia y humillación con la que el gobierno trata a las Comunidades Indígenas. No sólo por no llevar a cabo un trámite sino el hecho de obstaculizar el registro de un proceso que es un derecho otorgado por la propia Constitución y Acuerdos Internacionales, que es la “Libre Determinación de los Pueblos”, derecho ya ejercido por la Comunidad Indígena de Canoas.

¡RESPETO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

¡ALTO A LA DEVASTACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVO!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen: Minería Canoas – Rotativa Libre

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Equinox Gold vuelve a traicionar acuerdos en Carrizalillo, Guerrero.

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Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por Minería REMA – A 14 de noviembre de 2020

La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un juego perverso y déspota, vuelve a impedir acuerdos con las y los ejidatarios de Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri en el Estado de Guerrero, que mantienen cerradas las operaciones de la mina “Los Filos” desde hace 71 días por incumplimiento del convenio.

La Comunidad de Carrizalillo que ha vivido un infierno por años a causa de la destrucción de su territorio, las enfermedades por el uso de agua contaminada, el incremento exponencial de la violencia, así como la pérdida de su calidad de vida por la actividad minera; ha hecho enormes esfuerzos por llegar a un acuerdo que termine con este paro de actividades.  Sin embargo, la empresa de manera prepotente intenta culpar a la comunidad de querer sacar “mayores beneficios”, cuando es la propia empresa, la que sin ninguna consideración ha violentado los derechos mínimos fundamentales de la comunidad como es el derecho al agua aceptable, saludable y asequible; pues los manantiales de donde se abastecía la comunidad, algunos se han perdido y otros rebasan por mucho los límites permisibles del arsénico producto de la actividad minera.

En el colmo del cinismo, el Jefe Ejecutivo de la empresa Equinox Gold, Christian Milau, ha asegurado que “el agua en Carrizalillo es segura para beber”. Esto nos muestra claramente la falta total de respeto que tiene esta empresa canadiense y sus inversionistas por la vida de las personas a quienes la comunidad ha mantenido al tanto de la situación. Así mismo dan cuenta de que lo único que les importa son las ganancias que obtienen del saqueo y despojo a las comunidades.

Tanto la Vicepresidente de Asuntos Externos y Responsabilidad Social, Sra. Georgina Blanco, como el Vicepresidente de Operaciones para México, Sr Peter Burger, han demostrado su total incapacidad para llevar a buen puerto estas negociaciones. Su actitud abusiva y discriminatoria no ha permitido que avancen los acuerdos y cuando parece que ya avanzan, dan marcha atrás, burlándose del proceso.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería exigimos a la empresa canadiense Equinox Gold y a sus inversionistas que retiren a la Sra. Blanco, al Sr. Milau y al Sr. Burger de las negociaciones y que pongan a personas serias y respetuosas que en verdad ayuden a destrabar este conflicto.

A la Comunidad de Carrizalillo les decimos que estamos al pendiente y que cuenten con toda nuestra solidaridad. Las y los felicitamos por la dignidad y presistencia con la que están enfrentando esta lucha tan desigual.

¡ALTO AL ABUSO DE LAS MINERAS!

¡FUERA MINERAS DEL PAÍS!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Carrizalillo LEAGOLD LosFilos EJAtlas

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Ejidatarios exigen a AMLO frenar proyecto de mina canadiense en Colima. Infectará el agua, acusan

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Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha por la vida en Canoas Colima – A 8 de noviembre de 2020

A unos 50 kilómetros del Puerto de Manzanillo, la minera canadiense Hematite planea operar el proyecto “Rufus 5” para cambiar el uso de suelo y extraer fierro, el metal con más presencia en la entidad al suroeste del país. La Semarnat propuso consultas. Sin embargo, la comunidad de Canoas, un pueblo cafetalero, ya se autoconsultó en su Asamblea Agraria y la respuesta por unanimidad fue una rotunda negativa.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Ejidatarios y habitantes de ocho comunidades aledañas al municipio de Manzanillo, Colima, que gozan del agua limpia del río El Cacao, marcharon hacia la capital estatal y se manifestaron afuera de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) para notificar que no era necesaria una consulta, ya que en Asamblea Ejidal con acta notariada ante el Registro Agrario ya habían decidido en colectivo rechazar un proyecto minero canadiense, como previamente lo hicieron en 2014 con otro intento extractivista.

“Los de Semarnat Colima insistían en que según el protocolo se tenían que hacer varias consultas aquí en Canoas. Pero para qué, si ya fuimos a decirles que no queremos la minería y traemos las firmas [de la Asamblea Ejidal del 30 de agosto]”, dijo Salud Valencia Ramos, Secretaria del Comisariado ejidal. Para reiterarlo enviaron una misiva a la Semarnat federal, cuya respuesta siguen esperando. “La naturaleza es muy exuberante. La mayoría tenemos nuestros cafetales. Al aprobarse el proyecto todo eso se vendría abajo”.

Entre canto de gallos, el Comisario ejidal, Raymundo Campos Muñoz, agregó que de hacerse ese proyecto, justo donde nace el afluente que surte al río, “va a contaminarlo y va a cambiar nuestra forma de vida” como les sucedió a sus vecinos en Minatitlán.

No es la primera vez que inversión privada se interesa en una entidad rica en hierro. En 2014 otro proyecto minero intentó instalarse en la comunidad de Canoas, pero, como ahora, se organizaron, hicieron un Acta notariada para manifestar su rechazo, pidieron estudios de impactos ambiental y los echaron. Seis años después, la empresa canadiense Hematite llegó a solicitar el cambio de uso de suelo, les informó el municipio de Manzanillo y les mandó al Delegado municipal de Medio Ambiente para que les informara detalles del proyecto y su impacto.

“Somos varias comunidades –Canoas, zona alta cafetalera pegada a la montaña, y hacia abajo Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo– las que seríamos afectadas en medio ambiente, salud y todas vivimos de la agricultura y ganadería. Imagínese que venga alguien a contaminarnos el agua, que viene siendo la vida de la región”, aseguró Campos.

Río en los Altos de Canoas, zona cafetalera. Foto: Captura de video.

Los vecinos de Minatitlán, a unos 30 kilómetros en el límite con Jalisco, ya tienen su agua contaminada. Ahí el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, con capital italiano, indio y argentino, extrae fierro. Solo ese municipio representa el 1.80 por ciento del total del valor de la producción minera nacional, reporta la Secretaría de Economía. “Está lleno de explotación minera donde quiera, y vienen a Canoas a tomar del recurso. Estamos previendo que se va a convertir en un conflicto social por el agua”, afirmó el Comisario ejidal.

Colima, si bien solo tiene un 1 por ciento de la superficie concesionada del país, es la entidad con mayor porcentaje de su superficie destinado a la minería: un 39.1 por ciento (más de 226 mil hectáreas de sus 580 mil hectáreas), documentó Manuel Llano de la organización CartoCrítica, con datos de febrero de 2020 de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. En Villa Álvarez, la empresa Peña Colorada también registró un proyecto para extraer fierro en los ayanamientos de Arrayane y Llanitos.

“A febrero de 2020 hay 10 por ciento del territorio nacional concesionado, más bajo que en otros años. Sin embargo, parte del discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se han otorgado concesiones, sí, pero los proyectos mineros siguen vigentes e incluso hay más. La concesión es el paso inicial, pero algunas concesiones no tienen aún proyectos y otras se prestan a la especulación”, explicó Llano.

La Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, dijo durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que no se ha dado ningún permiso para fase de exploración ni explotación de minería a cielo abierto o a tajo abierto, como este caso. “En lugares que tienen esa concesión no en 2020 ni 2019, sino desde hace tiempo, son concesiones que ya se entregaron. y hay que revisarlo”, dijo.

La solicitud de cambio de uso de suelo se metió en julio de 2020. El municipio de Manzanillo planea no otorgar el permiso. Imagen: Gaceta ecológica 24-2020 de Semarnat.

Los alrededor de 400 habitantes de Canoas, que se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, también temen que sus cultivos, la flora y fauna sean dañados por la actividad minera. Hematite busca extraer más de 2 millones de metros cúbicos de fierro, con la apertura de un tajo dividido en cuatro secciones con un aprovechamiento gradual de 16 años, de acuerdo con la gaceta ecológica 24 de la Semarnat de julio. Para la operación y extracción en terrenos forestales de casi 30 hectáreas se requiere cambio de uso de suelo. En el predio El Agostadero la minera ofreció la restauración del sitio y se integrará una plantación de café terminando el proceso de extracción.

La Semarnat local les advirtió que mientras su concesión no sea revocada, seguirán insistiendo para echar a andar el proyecto “Rufus 5”. Y cada vez la comunidad lo rechazará, dijo Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal.

“SU CONSULTA FAVORECE A LA EMPRESA”

Los ejidatarios y avecindados de Canoas se enteraron de las intenciones del proyecto minero porque representantes de la empresa Hematite se acercaron con los directivos ejidales. Trataron de sobornar a cada ejidatario, contó Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal. No aceptaron. Luego les ofrecieron beneficios como una planta purificadora de agua y pavimentación. Pero los ejidatarios les explicaron que en la comunidad las decisiones se toman en colectivo a través de una Asamblea Ejidal. Y así fue.

“Canoas es libre de minería. Es nuestro lema desde 2014. Cómo vienen otra vez con lo mismo a incomodar. Para qué queremos una planta purificadora si acá tenemos agua limpia del río. No necesitamos sus obras, porque sabemos que es el precio para que se metan”, dijo Valencia. En la Asamblea de agosto, sin ser invitado, un representante de la minera acudió, pero se le pidió que se fuera para debatir después, si así lo deseaba el pueblo. “Lo sacamos, era para ejidatarios y no tenía nada qué hacer ahí”, evocó la ejidataria. Formalmente, nunca han dialogado empresa y Asamblea Ejidal.

El 8 de octubre fue cuando los ejidatarios y comuneros se manifestaron contra el proyecto “Rufus 5” afuera de las oficinas de la Delegación Colima de la Semarnat. Se les informó que junto con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se planea realizar una consulta. El INPI, que hace años los reconoció como población indígena, no se ha acercado a ellos. El 20 de octubre enviaron una carta a la Secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, donde le hicieron saber que no necesitan otra consulta.

“Rechazamos rotundamente que se haga una consulta, porque no tenemos la confianza con las instituciones que la harían. La población ya se autoconsultó. Tenemos un Acta protocolizada desde 2014 cuando hubo otro proyecto y ahora el 30 de agosto de este año hicimos otra Asamblea donde volvimos a ratificar que Canoas es territorio libre de minería”, aseveró el Comisario ejidal Raymundo Campos. Entregaron las actas de la asamblea de hace dos meses y la de 2014 a la delegación en Colima de Semarnat. “Estamos exigiendo nuestro derecho como pueblo indígena a que se nos respete nuestra decisión. Si nosotros no queremos, por qué se nos va a hacer una consulta favoreciendo a la empresa”, cuestionó Campos.

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La Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) publicó la carta a la Secretaria Albores. “Nos parece lamentable –dice– que las instituciones de Gobierno se estén coordinando para validar proyectos de muerte y pretendan que, por medio de las ya maltrechas y violentadas consultas que este Gobierno impone, sea la vía que posibilite la entrada de este tipo de proyectos”, escribieron. Y, advirtieron en la misiva, no están dispuestos a permitir el ingreso a su comunidad a ninguna autoridad que pretenda “violentar” el ejercicio de su derecho y libre determinación. Aunque tiene el sello de recibido, en más de una semana después no han recibido respuesta.

También le han escrito al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión ha dicho que en su Gobierno ya no se dan concesiones mineras, porque desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a través de la Ley Minera de 1992 se han otorgado más de 20 millones de hectáreas a nivel nacional.

“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho: que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo el proyecto minero ‘Rufus 5’ y cualquier otro proyecto minero en el ejido”, le pidieron las autoridades ejidales. Pero dejar de dar concesiones no implica que dejen de brotar proyectos en las ya otorgadas.

Imagen: Sin Embargo

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Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas 2020

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En Chiapas se resiste contra el despojo de los territorios, por los derechos colectivos, de los pueblos indígenas, por el derecho al medio ambiente y por los derechos de la naturaleza. Es una lucha tenaz y valiente de los pueblos indígenas y campesinos, de los pueblos rurales y urbanos. Mientras el gran capital pretende avanzar disputando los territorios y depredándolos, los pueblos defensores, con hombres y mujeres valientes, dan la vida para defendernos de los proyectos de muerte como son las grandes represas, los proyectos mineros, la extracción de gas y petróleo, los gasoductos, el fracking, los corredores comerciales trasnacionales, los proyectos de biopiratería y de despojo de los bienes comunes naturales, los monocultivos de palma de aceite o de transgénicos y otros proyectos de infraestructura que amenazan la biodiversidad, la soberanía alimentaria, los derechos humanos y colectivos de los pueblos. Sin embargo, pese a todo ello, también los pueblos, colectivos y organizaciones luchan por crear y sembrar alternativas, Alter Natos, esas nuevas formas de construcción de la vida local frente al capitalismo depredador.

En este contexto los Convocantes conmemoramos en el marco del Onceavo Aniversario luctuoso de Mariano Abarca el Segundo Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas 2020 “Mariano Abarca”, con el propósito de agradecer, reconocer y visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad.

La entrega del Segundo Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas será el viernes 27 de noviembre a las 10 de la mañana en Cafe Urbano, 2da Oriente Norta #447 Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México.

Tendremos Transmisión en vivo por Facebook Live Otros Mundos

El 27 de Noviembre 2020, en el 11 Aniversario del asesinato de Mariano Abarca Roblero, se llevará a cabo la Conferencia de Prensa donde se entregará el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 a la organización del FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS).

El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL ‘MARIANO ABARCA”, reconocerá año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, que con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles.

>>Versión en Ingles<<

Chiapas resists against the dispossession of the territories, for the collective rights of indigenous peoples, for the right to the environment and the rights of nature. It is a tenacious and courageous struggle of the indigenous and peasant peoples in rural and urban peoples. While big capital tries to advance by disputing the territories and predating them, the people, with braves men and women, give their lives to defend us from death projects such as large dams, mining projects, oil and gas extraction, gas pipelines, fracking, transnational trade corridors, projects for biopiracy and dispossession of natural commons, monocultures of oil palm or transgenic crops and other infrastructure projects that threaten biodiversity, food sovereignty, human rights and peoples collectives. However, despite all this, also the peoples, collectives and organizations struggle to create and sow alternatives, Alter Natos, those new forms of construction of local life in the face of predatory capitalism.

In this context, the Convocants commemorate the Second Recognition for Environmental Defense in Chiapas 2020 “Mariano Abarca”as part of the Tenth Anniversary ofmourningMariano Abarca, with the purpose of thanking, recognizing and making visible other collective and organized struggles of those who, donot cease to defend life, the environment and collective rights that are, after all, for the benefit of Humanity. Mariano sowed this spirit in the hearts of the resistance

The delivery of the Second Recognition for Environmental Defense in Chiapas will be on Friday, November 27 at 10 in the morning at Cafe Urbano, 2da Oriente Norta # 447 Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Mexico.

We will have Live Transmission on Facebook Live. Page: Otros mundos

A press conference will be held on November 27, 2020, the day of the 11th Anniversary of the assassination of Mariano Abarca Roblero to showcase the awarding of the 2nd PRIZE FOR ENVIRONMENTAL DEFENSE IN CHIAPAS «MARIANO ABARCA» 2020 to the organization of FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO JUNE 20 (FPDS).

The “MARIANO ABARCA ‘ENVIRONMENTAL DEFENSE AWARD” will recognize year after year the community, collective or organization of the State of Chiapas, Mexico, that with their fight for the defense of the rights of nature defend their peoples, and they defend us all, that dignify life, that make us not lose hope that Otros mundos are possible.

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Tribunal federal en Yucatán tiene en sus manos la decisión de proteger los derechos humanos de la infancia maya contra la industria porcícola

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>>Firma la Carta aquí<<

Este viernes, 6 de noviembre de 2020, el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán decidirá sobre la suspensión de la granja de 49,000 cerdos de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén.
• Es fundamental que este Tribunal Colegido confirme la suspensión garantizando así los derechos de las niñas y niños de Homún al agua, a la salud y al medio ambiente sano.
• De acuerdo a Greenpeace, la industria porcina en Yucatán ha contaminado el agua de cenotes y pozos, deforestado más de 10 mil hectáreas de selva y violado los derechos del pueblo maya; además la ganadería industrial puede generar pandemias.

La península de Yucatán alberga la reserva de agua dulce más importante de México, llamada “Anillo de los Cenotes”, que ha sido decretada como sitio RAMSAR. Homún es un pueblo maya situado en la “zona de recarga” de esta reserva, es decir el lugar donde se filtra mejor el agua para su distribución subterránea. Dentro del territorio de Homún se encuentra también el área protegida “Laguna de Yalahau”, también protegida por el convenio RAMSAR.

A finales de 2016, violando el derecho a la libre determinación del pueblo de Homún y sin realizar una consulta indígena libre, previa, informada y culturalmente adecuada, se inició la construcción de una granja industrializada con capacidad para más de 49 mil cerdos.

El pueblo de Homún se organizó y comenzó su lucha en contra de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), aparcera de la empresa Grupo Porcícola Mexicano, conocida como Kekén, así como contra las autoridades municipales, estatales y federales que habían autorizado esta granja industrial de cerdos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán (SDS) autorizó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ampliamente criticada por expertos por su falta de sustento científico, por negar el impacto sobre el pueblo maya de Homún y por estar firmada por una Cirujana Dentista.

Fue hasta septiembre de 2018, que la justicia federal protegió a un colectivo de niñas y niños que interpusieron un juicio de amparo, otorgándoles la suspensión de las operaciones de la granja, suspensión que continúa vigente hasta hoy. Sin embargo, tanto la empresa como las autoridades gubernamentales no han cesado, durante más de dos años, en su empeño por revocar esta suspensión e iniciar la operación de esta granja industrializada de cerdos.

La connivencia empresa-gobierno quedó en evidencia en una inspección realizada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable que determinó, con base en el testimonio de dos personas que no acreditaron sus funciones o su capacidad técnica, que la granja estaba en condiciones de operar. Este documento sirvió a la empresa PAPO para pedir al Juzgado Cuarto Federal en Yucatán que revocara la suspensión y les permitiera operar, porque acreditaba que la granja cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales “concluido” y con eso se evita la contaminación de los mantos acuíferos y del medio ambiente en general.

Con el objetivo de proteger los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a sus derechos como pueblo maya, y aplicando el principio de precaución y prevención que rige la materia ambiental, el Juzgado Cuarto Federal en Yucatán negó a la empresa revocar la suspensión. PAPO, no conforme con la decisión, la recurre, y este recurso (AMPARO EN REVISIÓN 235/2019) será resuelto este viernes 6 de noviembre de 2020, las magistradas Raquel García Flores, Julia Ramírez Alvarado y la secretaría de acuerdos en función de Magistrada Mayra Icela Greene Negroe (quien es la relatora del proyecto de sentencia), integrantes del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán.

Los abajo firmantes, respetuosamente, queremos manifestar a las Magistradas lo siguiente:
Estamos ante un caso que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido como importante y trascendente, al conjugar derechos tan sensibles como la salud, el medio ambiente y el agua de niñas y niños pertenecientes al pueblo maya y el impacto que la operación de esta mega granja puede tener en la “Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán”.

Es fundamental que este Tribunal Colegido pueda garantizar que las niñas y niños de Homún puedan contar con un recurso efectivo como el juicio de amparo para proteger sus derechos humanos, por lo que deben confirmar la suspensión de operaciones de esta granja de cerdos.

Su obligación no sólo se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en los múltiples tratados internacionales que deben aplicarse en este caso, cómo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el Convenio RAMSAR y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que precisamente consagra en su número 15 el Principio Precautorio que obliga a todas las autoridades a adoptar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la degradación ambiental, aun ante la falta de certeza científica absoluta sobre el daño.

Es importante mencionar, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que a través de su Primera Sala, reconoce en el Amparo en Revisión 307/2016 que “una vez identificado el riesgo, la falta de pruebas científicas o técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente”.

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina confirmó que las afectaciones al medio ambiente impactan a derechos interconectados con éste, como el derecho a la salud, el agua, y a la identidad cultural de los pueblos indígenas. Esta interconexión que reconoce la Corte Interamericana, es importante asociarla con la degradación ambiental que ocasionan la industria porcícola en la Península de Yucatán y la pandemia COVID-19 que ahora estamos padeciendo en todo el mundo.

En el reciente reporte de Greenpeace México, La carne que está consumiendo al planeta, se dan a conocer los principales daños ocasionados por esta industria en la Península de Yucatán, como la contaminación de agua de cenotes y pozos de agua utilizados por las comunidades mayas aledañas, la deforestación de más de 10 mil hectáreas de selva para la construcción de estas fábricas de cerdos, la ausencia de una consulta indígena previa, libre, informada y culturalmente adecuada antes de su construcción y la falta de permisos ambientales, como las Manifestaciones de Impacto Ambiental, en el 90 % de los casos (https://bit.ly/2B57yhk)

Estas afectaciones, nos hace reflexionar sobre el modelo agroalimentario actual, que ha colocado a la sociedad mexicana en un alto grado de vulnerabilidad. El actual modelo agroalimentario, como lo ejemplifican estas granjas industriales de cerdos en la Península de Yucatán, tiene su origen en un modelo agroindustrial que se sustenta en la producción intensiva de ganado, alimentado a través de monocultivos, plaguicidas, transgénicos y grandes cantidades de antibióticos.

Las prácticas en estas operaciones industriales con miles de cerdos, confinados en espacios reducidos, con exposición respiratoria a altas concentraciones de contaminantes como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, etc. provenientes de los desechos que ellos mismos generan, no solo tornan a los animales más susceptibles a las infecciones virales, sino que pueden propiciar las condiciones por las cuales los patógenos pueden evolucionar a tipos más infecciosos y peligrosos. Estos virus en constante cambio dan lugar a pandemias humanas, debido a que el ganado a menudo sirve como un puente epidemiológico entre la vida silvestre y los humanos, como en el caso de la gripe aviar y la porcina por ejemplo. Los patógenos primero circularon de aves silvestres infectadas a aves de corral y cerdos, y luego pasaron a los humanos.(Jones, B.A. et al., 2013. Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change. PNSA 110 (21). 8399-8404; https://www.pnas.org/content/pnas/110/21/8399.full.pdf)

La diversidad genética produce un efecto barrera de resistencia natural a las enfermedades entre las poblaciones animales. Contrario a esto, la deforestación y pérdida de biodiversidad inherente a la producción industrial de alimentos y otros proyectos extractivistas, ha producido condiciones que favorecen a ciertos vectores y/o patógenos, o a un huésped en particular.

Por lo anterior, es fundamental que la industria porcícola en la Península de Yucatán se considere como un problema regional, valorando los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos ocasionados por esta industria y otros megaproyectos en la zona. Es inconcebible que, con estas caracterpisticas, la industria porcícola pueda considerarse como un objetivo de desarrollo para el Estado de Yucatán y para el país.
El Poder Judicial de México, ahora a través del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán, debe frenar la degradación ambiental y confirmar la suspensión de la granja de cerdos en Homún, para garantizar el derecho de las niñas y niños al medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, al agua y a un desarrollo sustentable.

Es fundamental que el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán aplique las normas de derecho ambiental e indígena desde el estándar más alto, para que la impartición de justicia en México sea una realidad para los pueblos indígenas, que históricamente han visto vulnerados sus derechos y son más vulnerables a la degradación ambiental y a sus efectos como las pandemias.

Imagen: Equipo Indignación

La cumbre mundial sobre el desarrollo debe centrarse en los derechos humanos, dicen 200 organizaciones de todo el mundo

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Compartimos esta declaración colectiva sobre la Cumbre Finanzas en Común publicada en la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – A noviembre 2020

En una carta dirigida a la Agencia Francesa de Desarrollo, más de 200 organizaciones de todo el mundo piden que los principios de un desarrollo basado en los derechos humanos e impulsado por las comunidades se incluyan y prioricen tanto en el programa como en los resultados de la Cumbre de Finanzas en Común (Finance in Common Summit), una reunión de alto nivel de todos los Bancos Públicos de Desarrollo, que se celebrará en París del 9 al 12 de noviembre.

Si desea respaldar la carta y unirse a nuestros llamamientos, puede inscribirse aquí. 

Del 9 al 12 de noviembre de 2020, la Agencia Francesa de Desarrollo convocará la primera cumbre mundial de todos los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD). El objetivo de esta reunión es proporcionar una respuesta colectiva a los desafíos globales, conciliando respuestas a corto plazo a la crisis de COVID-19 con medidas de recuperación sostenible, reorientando los flujos financieros hacia objetivos de desarrollo sostenible.

Esta cumbre es muy relevante y oportuna, pero para un diálogo verdaderamente integral e inclusivo, debe extraer lecciones del pasado para dar forma a un futuro más sólido con la plena participación de las comunidades afectadas por los proyectos de los BPD y las organizaciones de la sociedad civil que las apoyan. En muchos casos, las actividades respaldadas por los BPD han exacerbado la pobreza y la desigualdad, así como la vulneración de los derechos humanos, como represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y desalojos forzosos, sin una reparación significativa para las comunidades afectadas. La cumbre debería incluir un espacio para la reflexión y el debate sobre la importancia de respetar las normas internacionales de derechos humanos en el logro de los objetivos de recuperación sostenible, como abordar las violaciones de derechos humanos ampliamente documentadas en inversiones y proyectos respaldados por los BPD.  La cumbre debería enfrentar los desafíos de las inversiones de los BPD que carecen de estándares sólidos para los derechos humanos ni garantías sociales y ambientales, el cambio climático y la lucha contra la corrupción; o en los casos en que existan esos estándares, cómo abordar las fallas para ponerlos en práctica.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve y agravado las fallas de los sistemas sanitario, social y económico, lo cual exige un replanteamiento profundo de la forma en que operan los gobiernos, los BPD y otros actores. Varios grupos y organizaciones de la comunidad de base han estado pidiendo a los BPD que garanticen que el financiamiento y el apoyo que brinden para la respuesta al COVID-19, y durante el período de recuperación económica, respeten los derechos humanos y conduzcan a la justicia económica, social y ambiental para quienes son más vulnerables. Es necesario un nuevo impulso para hacer realidad el principio básico de “que nadie quede rezagado”.

Agradecemos la oportunidad de involucrarnos con los BPD durante la cumbre para servir mejor a los principios y objetivos de las normas internacionales de derechos humanos, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, con ese fin, y por una cuestión de credibilidad y eficiencia, debe ser una prioridad garantizar que los derechos humanos y las necesidades de la comunidad se discutan explícitamente y formen parte de la declaración conjunta prevista al final de la cumbre. Como declaró el ACNUDH  el año pasado:

 “Con la década más crucial para la implementación de los ODS por delante, los derechos humanos no solo son la forma correcta, sino la forma inteligente de acelerar el progreso hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. El desarrollo no se trata solo de cambiar las condiciones materiales…. También se trata de empoderar a las personas con una voz … para que participen activamente en el diseño de sus propias soluciones y en la configuración de la política de desarrollo. … Empoderar a las personas significa ir más allá de las soluciones puramente tecnocráticas y tratar a las personas como objetos pasivos de ayuda o caridad. Las personas se empoderan cuando pueden reclamar sus derechos y dar forma a las decisiones, políticas, reglas y condiciones que afectan sus vidas”.

Dado que los ODS están en el corazón de la cumbre, los derechos humanos y la participación de las comunidades son clave. Eso requiere adaptar la agenda y los resultados esperados. Nuestras recomendaciones para garantizar un evento inclusivo son las siguientes:

  1. Los derechos humanos deben quedar reflejados en la agenda central de la cumbre, la asistencia y la participación. Tal como fueron concebidas, la conferencia de investigación y la cumbre no parecen proporcionar un espacio específico para las personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la comunidad. El compromiso con la participación pública y la protección del espacio de la sociedad civil se ha reconocido desde hace mucho tiempo como esencial para garantizar un desarrollo efectivo. Las organizaciones de derechos humanos y de base, las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades deben guiar el futuro del modelo de desarrollo y, por lo tanto, deben involucrarse en la organización, contribuir a la agenda y participar en la cumbre. Es una cuestión prioritaria que las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades que se ven directamente afectadas por las actividades de los BPD estén presentes en la mesa de negociación.
  2. Los principios de un desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad deberían incluirse y destacarse en los resultados esperados de la cumbre, incluidos los trabajos de investigación y las declaraciones colectivas. Alentamos a los gobiernos y los BPD a comprometerse a reforzar y fortalecer los principios del desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad en los mandatos y la gobernanza de los BPD; políticas y prácticas; cultura e incentivos internos; en qué proyectos y actividades invierten; y cómo trabajan con otros BPD, gobiernos y actores clave. Estos compromisos deberían conducir a mejoras, como:
  1. La participación plena y libre de las comunidades directamente afectadas en todas las actividades y proyectos respaldados por los BPD, y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Deberán desarrollarse enfoques innovadores para abordar la reducción de espacio, los riesgos y desafíos para las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil para participar de manera significativa en las decisiones que impactan sus vidas, medios de vida, medio ambiente y recursos. Las políticas de tolerancia cero frente a amenazas y represalias por parte de los BPD y sus clientes deberían ser un requisito fundamental.
  2. La identificación de inversiones que estén alineadas con los derechos humanos internacionales, la protección del clima y los ODS, y reorientar las inversiones hacia un desarrollo sostenible que respete estos estándares, asegurando al mismo tiempo que se cubran las prioridades y necesidades de las personas marginadas.
  3. La mejora de los requisitos sociales y ambientales mediante la inclusión de normas de derechos humanos. Los BPD y sus clientes deben adherirse a los principios y estándares de derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales. Las políticas y procedimientos de salvaguardia deben garantizar que las actividades financiadas directa o indirectamente por los BPD, respeten los derechos humanos, no contribuyan a la vulneración de los derechos humanos y contribuyan a un desarrollo equitativo e inclusivo que beneficie a todas las personas.
  4. El desarrollo y la mejora de los mecanismos de transparencia, seguimiento, supervisión, reclamación y rendición de cuentas para evitar activamente que las actividades e inversiones del AP socaven los derechos humanos.
  5. Asegurar que los clientes o socios del sector privado también adopten estrictas normas ambientales y de derechos humanos, y no eviten ni evadan impuestos.
  6. La elaboración de directrices comunes por parte de los BPD sobre evaluaciones de impacto y diligencia debida en materia de derechos humanos antes de las inversiones de proyectos y en apoyo de políticas o programas de reforma económica. Esto incluye la identificación de riesgos contextuales y específicos, estrategias de prevención y mitigación y reparación de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Asegurar que estas evaluaciones se desarrollen en estrecha consulta con las comunidades afectadas y se actualicen iterativamente en función de las condiciones cambiantes y la nueva información.
  7. El desarrollo de enfoques coordinados para garantizar que las actividades respaldadas por los BPD no agraven la deuda ni contribuyan a recortes del gasto público que repercutan negativamente en los derechos humanos o el acceso a los servicios esenciales para los más vulnerables.

Como reiteró el ACNUDH, la gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible requiere una gobernanza no discriminatoria, inclusiva, participativa y responsable. Con la década más crucial de la implementación de los ODS por delante, y en el contexto de la intersección de las crisis de salud, ambiental, económica y social, será fundamental procurar una mayor integración y coherencia entre las agendas de desarrollo y derechos humanos:

 “Los derechos humanos no son solo una guía sobre la forma correcta de lograr la implementación de los ODS, sino la forma inteligente de acelerar un desarrollo más sostenible y equitativo”.

Los BPD deberían abrir canales para la participación significativa de las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y los grupos de la sociedad civil en la valoración, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de sus proyectos y actividades, así como en sus procesos de toma de decisiones. Por estas razones, la agenda y el producto final de la cumbre deberían reflejar debidamente la centralidad de los derechos humanos y el desarrollo liderado por la comunidad para un desarrollo efectivo y sostenible.

Campesinos de Atenco empiezan con renaturalizar cauce del río Xalapango, dañado por NAICM

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Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la reapropiación de sus tierras en Atenco- A 22 de octubre de 2020

Javier Salinas Cesáreo, corresponsal

San Salvador Atenco, Méx. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco comenzaron a romper los bordos del cauce del río Xalapango para inundar parte los terrenos donde se construyó la autopista Pirámides-Texcoco, que conformaba parte de la infraestructura del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y así devolverle su vocación hídrica a la zona.

El río Xalapango, que nace en la parte alta de Texcoco y desembocaba a la laguna Xalapango, parte del ex lago de Texcoco, fue bordeado hace unos años por autoridades federales como parte de las obras anexas del proyecto aeroportuario.

La mañana de este jueves, un grupo de campesinos de San Salvador Atenco acudieron al punto de intersección del río Xalapango, en el paraje Las Salinas, donde se une con los ejidos de Atenco, Francisco I. Madero y Tocuila, y donde atraviesa la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, a unos metros de la barda perimetral que se edificó del cancelado NAICM.

Los integrantes del FPDT utilizando palas, picos y machetes excavaron e hicieron un boquete a uno de los bordos del río, para que su cauce saliera hacia sus tierras.

“El rio Xalapango viene de la parte alta de Texcoco de la montaña y confluía a la zona de la laguna lo que llamábamos el desparramadero donde habitaban miles de aves migratorias y locales, pero en su momento el gobierno federal, a través de la Conagua, bordeó ese rio para hacer el proyecto aeroportuario y mandarlo al canal conector.

“Lo que estamos haciendo es desbordar ese río porque es importante preservar los cuerpos de agua para el proceso hídrico que guardan nuestras tierras. Esas aguas tienen que regresar nuevamente a la vocación que era dar la regulación al vaso de Texcoco”, dijo César del Valle Ramírez, uno de los dirigentes del FPDT

Tras varias horas de labor, el agua comenzó a inundar parte de sus ejidos, justo en el puente que fue construido de la autopista Pirámides-Texcoco, a un costado de la barda perimetral.

Los campesinos también realizaron pintas sobre un tramo de la autopista para exigir al gobierno federal la restitución de dos mil hectáreas que les fueron despojadas para el proyecto aeroportuario, se desmantele dicha carretera y se retome su propuesta “Manos a la Cuenca” de rescate y conservación ecológica del ex lago de Texcoco.

Cumple 19 años la resistencia atenquense

Los trabajos para desbordar el río Xalapango, se llevaron a cabo al conmemorarse 19 años del surgimiento de la resistencia campesina de Atenco.

El lunes 22 de octubre de 2001, durante la gestión de Vicente Fox, la vida de los pueblos de San Salvador Atenco cambió su rumbo. De la noche a la mañana, se había convertido en realidad lo que para los campesinos y habitantes, hasta ese entonces, sólo era un rumor.

En el Diario Oficial de la Federación se publicaban 19 decretos de expropiación por una superficie total de cinco mil 384 hectáreas de 13 ejidos de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el estado de México para el proyecto de construcción del NAICM

En San Salvador Atenco un pueblo hasta ese entonces tranquilo, con tradiciones ancestrales, con habitantes que eventualmente participaban en organizaciones y simpatizaban con movimientos sociales, pero con una historia de gobiernos priístas, se gestó el movimiento de lucha campesina más importante en el país, en los últimos años. Enarbolaron sus machetes y portando todo objeto con que defenderse, lucharon por defender sus tierras con el lema: «Tierras sí, aviones no. No al aeropuerto y La tierra no se vende».

Los campesinos se organizaron, hicieron plantones, marchas, bloqueos, protestas e innumerables retenciones de funcionarios solo con el objetivo de echar abajo el proyecto aeroportuario.

El 11 de julio del 2002, los campesinos fueron reprimidos por las fuerzas estatales cuando les impidieron el paso para llegar hasta Teotihuacán, en donde habrían de increpar al entonces gobernador mexiquense, Arturo Montiel. Catorce días después de la represión y como consecuencia de los golpes policiacos falleció José Enrique Espinoza.

Tras la muerte del campesino y oposición de la resistencia, la tarde del jueves primero de agosto de 2002, el gobierno federal determinó enterrar el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Daba marcha atrás al proyecto económico más importante del sexenio.

En 2006, en San Salvador Atenco ocurrió uno de los sucesos más graves sobre violaciones a los derechos humanos en el país. El 3 de mayo de ese año la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal, Belisario Domínguez en Texcoco, fue la detonante para que el gobierno del estado de México, entonces al mando de Enrique Peña Nieto, montara una estrategia, en complicidad con el ayuntamiento perredista, para vengarse del movimiento atenquense que años atrás había echado abajo uno de los mayores proyectos económicos del país, el de la construcción del nuevo aeropuerto.

Ese día, los miembros del FPDT fueron reprimidos y se atrincheraron durante nueve horas en una vivienda, de donde fueron sacados a la fuerza y detenidos el dirigente Ignacio del Valle Medina. Al mismo tiempo y en respuesta a la acción policíaca, los pobladores de Atenco bloquearon la carretera y la policía los enfrentó deteniendo a decenas de ellos. Ese 3 de mayo, durante el enfrentamiento, el joven de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago cayó asesinado por un disparo de arma de fuego, proveniente de las armas de los policías.

La madrugada del 4 de mayo, la acción policiaca continuó contra el pueblo de Atenco y miles de policías incursionaron en la comunidad. Utilizando gases lacrimógenos, catearon casas, detuvieron a cientos de ejidatarios y en el traslado hubo abuso sexual hacia decenas de mujeres. 11 llevaron el caso a instancias internacionales.

En la refriega fue herido el estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírez, quien fue impactado por uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, lanzados por la policía y quién 34 días después murió.

El dirigente, Ignacio del Valle Medina, fue encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión, quien a la postre lograra su liberación años después. Al igual que más de 200 campesinos que fueron recluidos en el penal de Santiaguito.

En septiembre de 2014, los campesinos emprendieron de nueva cuenta su resistencia ahora contra el proyecto aeroportuario anunciado por el expresidente, Enrique Peña Nieto, edificación que quedó cancelada con el arribo al poder del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Más información:

Carta de Grupos y Colectivos instan al fondo de pensiones de Columbia Británica, Canadá, para que presione a la empresa Equinox Gold en torno a su mina en Guerrero, México

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Compartimos carta publicada en MiningWacht Canadá sobre la resistencia antiminera en Carrizalillo – A 6 de noviembre de 2020

Exigen que la empresa trate con respeto al ejido de Carrizalillo e incorpore una nueva relación basada en un convenio de prestaciones sociales que resuelva los problemas de fondo de la comunidad.

Hoy, 50 organizaciones canadienses, mexicanas e internacionales, entre ellas el Sindicato de Empleados Generales de Columbia Británica y la Unión de Jefes Indígenas de Columbia Británica, escribieron a la Corporación de Manejo de Inversiones de Columbia Británica (BCI por sus siglas en inglés) sobre su inversión en la empresa minera Equinox Gold con sede en Vancouver. 

Las organizaciones instan al fondo de pensión entrar en un proceso de diálogo respetuoso y de solución de parte de Equinox sobre sus incumplimientos al convenio de cooperación social con el Ejido de Carrizalillo en Guerrero, México, en cuyas tierras se ubica su mina principal. Las violaciones del acuerdo llevaron a la comunidad a ejercer sus derechos establecidos en ese mismo acuerdo y cerrar las operaciones de la mina, ya por 64 días. Algunos de los asuntos relacionados con el fondo del conflicto, se originaron a partir de la irregularidad e incumplimiento de aspectos fundamentales para el bienestar de la población tales como;  la provisión de agua potable, medicamentos, becas educativas, empleo y contratos de equipos y maquinaria. Cabe destacar que durante todo este proceso, Equinox a respondido con un trato discriminatorio y racista cada que la comunidad a intentado establecer procesos de diálogo que resolvieran los incumplimientos. Señalamos que desde que la mina Los Filos entró en operación en 2008, varias fuentes de agua de Carrizalillo han desaparecido y otras más se encuentran contaminadas con arsénico y otros metales pesados.

La carta destaca una preocupación profunda sobre la seguridad, la salud y el bienestar económico de la comunidad, afirmando: “No entendemos por qué la empresa, en lugar de responder de manera pronta y con buena fe, ha decidido adoptar una postura dilatoria, discriminatoria y abusiva, incluso criminalizando las acciones de la comunidad.” El 4 de septiembre, la empresa emitió una declaración pública en la que calificaba el campamento comunitario como un “bloqueo ilegal de carreteras”, poniendo a la población en grave riesgo de la persecución legal y la violencia, algo demasiado común en las zonas mineras de México.

El campamento de la comunidad a sobrepasado en tiempo al último cierre realizado en Los Filos en abril del 2014, el cual duró 33 días después de que la empresa Goldcorp, anterior dueño de la mina, no logró renegociar un convenio sobre el uso de las tierras con la comunidad. Equinox requiere el uso y acceso de las tierras comunales del Ejido de Carrizalillo para poder operar la mina Los Filos.

Las organizaciones firmantes de la carta, algunas de ellas contribuyentes del fondo de pensión, hacen eco a las principales demandas del Ejido de Carrizalillo: 

  • Participar en negociaciones respetuosas y serias sobre un nuevo acuerdo de cooperación social que podría aliviar los daños al agua, la salud, el empleo y la seguridad del ejido.
  • Abstenerse de cualquier acto de criminalización, discriminación, racismo y abuso de su influencia económica y política. 

Se puede encontrar la carta que fue enviada esta mañana con la lista completa de las organizaciones firmantes aquí. 

Imagen: Community members look on Los Filos open pit mine in Guerrero, Mexico; Photo: Christian Leyva

Más información:

Equinox Gold Violenta a campesinos en Guerrero

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia minera en Carrizalillo y los constantes ataques y hostigamientos a las y los campesinos – A 03 de noviembre de 2020

“Los dueños los ignoran, el gobierno de Canadá solapa y el de México calla”

La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un alarde de soberbia, ilegalidad e impunidad, ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Además de los incumplimientos, la empresa ha desatado una campaña que refuerza su ilegalidad, la cual incluye criminalizar a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto de despojo cuando los ejidatarios, haciendo uso de sus derechos escritos en el convenio, cerraron los accesos a la mina al mismo tiempo que la empresa minimiza la participación de los dueños de las tierras, hace señalamientos a personas específicas, obstaculiza el diálogo, así como la negociación, cerrándose a un diálogo en el que se presente sin prepotencia; así mismo mantiene una actitud negligente en donde es evidente el racismo, la discriminación, la intransigencia, la intolerancia y soberbia, propias de una política neocolonial. Todo eso incrementa el riesgo para la población porque es conocido el entorno de violencia en el cual se vive en el Estado.

Hoy se cumplen 60 días en que los ejidatarios de Carrizalillo cerraron el negocio de la empresa que se dedica a la extracción de oro y otros metales a cambio de la destrucción de más de mil hectáreas de territorio del ejido y de otras comunidades vecinas, pero todo indica que el ejido continuará cerrando las operaciones hasta que la empresa canadiense cumpla con un nuevo convenio que garantice nunca más caer en incumplimientos con el ejido en temas tan sensibles, como agua limpia, medicamentos, empleo, equipo y maquinaria, entre otros. Destacamos que, desde el 2007 la empresa minera canadiense Goldcorp asentada en esos tiempos en las tierras del ejido, también incumplió el contrato a tal grado que el cierre de las operaciones duró 83 días.

Equinox Gold se rehúsa a cumplir con un diálogo respetuoso, considerando e incorporando en la discusión las vivencias y problemas que sufre la población, además nos parece que opera en total ilegalidad frente a sus inversionistas a quienes no informa y les tergiversa la realidad del conflicto, incluyendo la omisión por parte del gobierno de Canadá, a través de  la Embajada, quien no actúa con el fin de hacer que sus empresas cumplan con las leyes en un país extranjero y respeten los derechos humanos de la población con sus inversiones. Por otra parte, el gobierno mexicano tampoco presiona a la empresa para proteger a la sociedad mexicana contra el despojo, la violación a los derechos humanos y la ilegalidad que las empresas cometen en los territorios nacionales.

Detener las actividades de la mina sólo es posible gracias a la decisión de toda la comunidad que se apoya en el órgano de máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal y la Asamblea General, quienes han tomado las decisiones sobre su territorio.

Desde hace muchos años la lucha del Ejido de Carrizalillo ha sido una escuela para muchos pueblos en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, por lo cual estamos agradecidos por los aprendizajes ahí generados y compartidos sobre la realidad que implican los daños ocasionados por la extracción de minerales en México, por lo tanto, nuevamente en estos momentos críticos para la población de Carrizalillo, nos vuelven a mostrar de forma contundente, la codicia de las empresas mineras en donde priorizan sus intereses económicos, pero nunca meten en su fórmula los costos sociales y económicos por la destrucción de las tierras, fuentes de agua y la salud comunitaria, ratificando que, para las empresas, la vida de la gente no importa, ni tienen el más mínimo respeto para sus procesos de toma de decisiones y organización colectiva.

La comunidad de Carrizalillo ha dicho estar mejor en su campamento que en su propio pueblo por estarse reencontrando y festejando desde su autodeterminación, su solidaridad y el cuidado mutuo. La REMA le envía saludos y abrazos fuertes de solidaridad en su lucha digna ante un modelo que roba, quita y destruye todo lo que encuentra en su camino.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Diario Bajo Palabra

Más información:

Digamos NO al dinero del Fondo Verde para el Clima destinado a proyectos REDD en Nicaragua

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Compartimos esta pedición lanzada desde el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales – WRM – A 2 de noviembre de 2020

¡¡Convocamos a organizaciones a firmar esta Carta Abierta!! Pedimos a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua.

Desde 2015, unos 40 indígenas han sido asesinados, 47 han sido heridos, 44 han sido secuestrados y 4 han sido desaparecidos, en casos relacionados con invasiones de tierras en Nicaragua, mientras que la represión de voces disidentes ha alcanzado niveles alarmantes.

La Secretaría del Fondo Verde para el Clima, en tanto, recomienda que la Junta del Fondo en su 27a reunión -que se realizará del 9 al 13 de noviembre- apruebe una solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. El conflicto, la criminalización y la represión de las voces críticas se convertirán en una realidad previsible si la Junta sigue la recomendación de la Secretaría.

¡Esto no debe suceder! Firme por favor esta Carta Abierta, pidiendo a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua.

La Carta está abierta para firmas de organizaciones hasta el viernes 6 de noviembre de 2020. Esta se enviará a la Junta del Fondo Verde para el Clima antes de su reunión que inicia el 9 de noviembre.

>>Firma aquí<<

CARTA ABIERTA a los 

Miembros de la Junta del Fondo Verde para el Clima

Exhortamos a la Junta del Fondo Verde para el Clima a rechazar la solicitud de financiamiento (FP146) “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres”* (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan), presentado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. Esta solicitud de financiamiento deja de manifiesto por qué el Fondo Verde para el Clima debe dejar de aportar fondos a proyectos REDD de manera urgente: la descripción tendenciosa e incompleta de las causas de la deforestación y las preocupantes actividades que resultan de este análisis inadecuado presentado en la FP146 evidencian una vez más que REDD es un concepto que no ha contribuido a resolver los factores causantes de la deforestación. Peor aún, su aplicación pone en riesgo las formas de sustento e incluso las vidas de las personas y exacerba los conflictos, tanto entre los organismos estatales y quienes proponen el proyecto REDD por un lado, y las comunidades que ejercen sus derechos tradicionales a la tierra por el otro, así como entre y dentro de las comunidades.

La solicitud de financiamiento del BCIE afecta las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz, en las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe de Nicaragua. En estas dos zonas se encuentran los mayores bosques intactos de Latinoamérica después de la Amazonía, que por generaciones han sido protegidos por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes cuyos territorios se superponen en gran parte con las áreas protegidas Bosawás e Indio Maíz.

La solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua plantea un riesgo extraordinariamente elevado y predecible de incrementar las tensiones sobre el uso de la tierra en una zona donde la (in)acción histórica de los gobiernos de turno ha provocado una escalada de asentamientos ilegales y extractivismo empresarial dentro de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos zonas en donde se centra la solicitud de financiamiento. El resultado ha sido una deforestación masiva, con la destrucción anual de 150.000 hectáreas de bosque en Nicaragua entre 2005 y 2015, gran parte de las cuales fueron en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan.

La implementación de esta propuesta de financiamiento está destinada a violar los derechos de los pueblos indígenas. Las actividades descritas en la solicitud de financiamiento no reducirán la deforestación en estas grandes zonas de bosque intacto de la Costa del Caribe de Nicaragua porque el proyecto ignora causas claves de la deforestación, tales como el otorgamiento de permisos de extracción maderera y minera a empresas extranjeras sin el consentimiento de las autoridades competentes en los territorios de pueblos indígenas. Por ejemplo, al mes de una nueva ley que creó la Compañía Minera Nicaragüense en 2017 y que facilitó el acceso a concesiones mineras para empresas extranjeras, el total de tierras con concesiones mineras aumentaron más del doble, de aproximadamente 1,2 millones a 2,6 millones de hectáreas. Esto es más del 20 por ciento del país. Alrededor de 853.800 hectáreas de esas concesiones están en la zona de amortiguamiento del área protegida Bosawás.1

Un informe reciente también expone el vínculo entre las concesiones mineras, la deforestación y la violencia en las zonas en las que se centra el FP146. El informe revela que los directores de tres compañías mineras están detrás de una de las empresas madereras, MLR Florestal, responsable de la destrucción de bosques y situaciones de violencia en estas zonas.2 Muchas de las concesiones industriales dentro de esas zonas han sido entregadas sin el consentimiento legalmente requerido de los pueblos indígenas, cuyos territorios están siendo destruidos por estas actividades madereras y mineras.

Si bien la solicitud de financiamiento menciona a la ganadería como causa de deforestación, no presenta un análisis exhaustivo de las causas subyacentes, tales como un sector cárnico orientado a la exportación, con vínculos entre la industria de exportación y la ganadería a menudo realizada en asentamientos ilegales dentro de territorios de pueblos indígenas. Como resultado, las actividades propuestas para manejar los asentamientos ilegales y la ganadería no lograrán reducir la deforestación y provocarán más violencia y desesperanza.

Otro agente de deforestación al que no se hace alusión en la solicitud de financiamiento es la falta de acción gubernamental a lo largo de los años para completar el paso final del reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos Regiones Autónomas de la Costa del Caribe. Estos derechos están protegidos por la Constitución nicaragüense, y la Ley Constitucional 28 requiere, entre otras cosas, este paso final llamado Saneamiento, o curación de la tierra. Exige que el Estado suprima a todos los colonos y compañías que operan dentro de los territorios de pueblos indígenas que no tengan títulos legales o acuerdos de arrendamiento con las autoridades comunitarias apropiadas.

Pueblos indígenas tales como la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) han advertido que “están colonizando todos los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. En la Reserva Biológica Indio-Maíz se están estableciendo mineros en busca de oro y en numerosas ocasiones grupos armados han amenazado a familias de los Pueblos Indígenas Rama y Afrodescendientes Kriol. Mientras tanto, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, grupos de hombres armados con armas de guerra provocaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras de los pueblos indígenas Miskitos y Mayangna, y el Estado ha fracasado en proteger a esos pueblos a pesar de múltiples pedidos”3. A pesar de los reiterados llamados por parte de las asociaciones de pueblos indígenas para que el gobierno de Nicaragua implemente plenamente una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirma esta obligación legal del estado, el gobierno no ha tomado medidas concretas para eliminar los asentamientos ilegales o las corporaciones que operan sin el consentimiento de las comunidades indígenas.4

En suma, la solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE no menciona en lo absoluto ni a la minería ni a la extracción maderera industriales, así como tampoco a la falta de acción del gobierno en llevar a cabo el Saneamiento en los territorios indígenas reconocidos en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan. En cambio, la solicitud de financiamiento es una más de la larga lista de propuestas REDD que perpetúan el discurso unilateral de culpar a la agricultura campesina de la deforestación. Si bien los asentamientos ilegales son sin duda una causa de deforestación en esas dos áreas protegidas y en los territorios indígenas, la propuesta de financiamiento no brinda la contextualización y el análisis de este fenómeno, el cual sería crucial para obtener respuestas adecuadas a esta devastación.

El cumplimiento del gobierno de esta obligación legal sería una contribución importante al cese de la deforestación en estos territorios indígenas. Sería especialmente importante a la luz de la escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19. Esos asentamientos no serían posibles sin la complicidad de las autoridades estatales y de la participación del sector privado (tanto de capitales nacionales como extranjeros). Esta misma situación favorece la construcción de nuevas iglesias dentro y alrededor de los asentamientos ilegales. Un informe de julio de 2020 identifica la construcción ilegal de un total de 23 iglesias dentro del área protegida de Indio Maíz/Río San Juan.5 El informe señala el apoyo explícito de las autoridades gubernamentales para la construcción ilegal, citando como ejemplo la oficina del alcalde de un pueblo de la región que proveyó los materiales de construcción.

La escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19 también provocó un alarmante aumento de gente asesinada. El número de personas indígenas que han sido asesinadas en conflictos con los invasores prácticamente se ha duplicado, en comparación con años recientes.6 Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades de los Mayangna y los Miskitos, en la Región Autónoma de la Costa Norte del Caribe, fueron asesinadas, elevando a 46 el número total de asesinatos desde 2015.

En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subrayó la falta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y la impunidad por los crímenes cometidos contra pueblos indígenas en las regiones donde se llevaría a cabo el Proyecto BIO-CLIMA. ACNUDH urgió al gobierno de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para impedir que continúe la violencia y proteger la tierra, los territorios y los recursos de las comunidades indígenas.7 Pero desde entonces la situación ha cambiado para peor.

Nada de esto se refleja en la solicitud de financiamiento que el BCIE presentó en nombre del gobierno de Nicaragua. Por el contrario, la solicitud de financiamiento incluye actividades que en esencia darán impunidad a los asentamientos ilegales. Incluso la propia evaluación de riesgo ambiental y social del Fondo Verde para el Clima calificó como “importantes” los “riesgos de la intervención del proyecto que pueden agravar los conflictos entre campesinos-colonos y comunidades (de pueblos indígenas)”.

En otras palabras, esta solicitud de financiamiento REDD seguramente no abordará las causas reales de la deforestación en los bosques de Bosawás e Indio Maíz y las 42 acciones propuestas incluyen varias que muy probablemente agravarán los conflictos existentes que tienen su raíz en políticas gubernamentales que empujan a los campesinos a adentrarse en territorios de pueblos indígenas.

Además, la solicitud de financiamiento REDD del BCIE propone un procedimiento de “consentimiento libre, previo e informado” que socava la protección legal otorgada a los territorios indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe, donde se implementarán la mayoría de las actividades comprendidas en la solicitud de financiamiento FP146.

La ley 28 de la Constitución de Nicaragua garantiza la inalterabilidad de los derechos a la tierra de Indígenas y Afrodescendientes y reconoce el derecho de estas comunidades a ejercer total control sobre sus tierras. Las decisiones sobre el uso de la tierra, por lo tanto, competen a la comunidad.

Más del 80% del presupuesto de la propuesta de financiamiento se gastará en las dos áreas protegidas que incluyen grandes partes de territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, donde las comunidades tienen garantizados estos derechos legales a determinar el uso de esa tierra. La solicitud de financiamiento del BCIE no oculta el hecho de que la propuesta no ha sido discutida aún con las comunidades de estos territorios.

¿Cómo, entonces, puede el BCIE argumentar que cumple con el requisito del Fondo Verde para el Clima para las solicitudes de financiamiento que afectan territorios de pueblos indígenas, de demostrar “consentimiento libre, previo e informado”? El BCIE simplemente propone excluir a las comunidades que no dan su consentimiento a las actividades propuestas. Esto, como mínimo, es una interpretación muy inverosímil del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). De hecho, dada la situación actual de intimidación y represión masiva de las opiniones críticas en Nicaragua, que ha dado lugar a una nota, entre muchos otros, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que la Secretaría del Fondo Verde para el Clima dé andamiento a una propuesta que incumple de tal manera el procedimiento del CLPI, seguramente pondrá en situación de riesgo a los miembros de las comunidades de estos territorios indígenas y afrodescendientes. ¿Es a esto a lo que equivale en la práctica la política CLPI del Fondo Verde para el Clima? Un informe publicado hace algunas semanas identifica numerosas instancias en las que gobiernos paralelos que cuentan con el aval del Estado se apropiaron de derechos indígenas a la tierra para controlar el otorgamiento de títulos y concesiones a la tierra.8

¿Cómo puede una propuesta de financiamiento con un enfoque de Consentimiento Libre, Previo e Informado tan inadecuado ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima cuando está profusamente documentado que el derecho constitucional de las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes de los territorios afectados por la solicitud de financiamiento del BCIE ha sido y continúa siendo amenazado?

El fracaso del proceso de selección del Fondo Verde para el Clima para REDD ha sido nuevamente puesto al descubierto por la Secretaría que adelantó el FP146 para su aprobación por la Junta. Esto viene justo después de la 26a reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima en agosto de 2020 (B26), donde algunos miembros de la Junta expresaron sus críticas con respecto a la deficiente calidad de evaluación de las propuestas REDD presentadas para aprobación de la Junta. Las expresiones de preocupación tales como las manifestadas por los miembros de la Junta en el B26 son importantes. Pero si no están seguidas de acciones, resultan ser un ejercicio en vano. Claramente es tiempo de poner fin al experimento del Fondo Verde para el Clima de financiar REDD.

Esta propuesta de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua demuestra por qué es imperativo que el Fondo Verde para el Clima cese de inmediato el financiamiento de REDD. Que una propuesta de proyecto como FP146, que se basa en una evaluación tan peligrosamente inadecuada de las causas y el contexto de la deforestación, pudiera ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima, es muy preocupante. De hecho, la omisión de haber evaluado adecuadamente los riesgos contenidos en esta solicitud de financiamiento REDD y el haber presentado esa propuesta REDD a la aprobación de la Junta corre el riesgo de amenazar la vida de las personas en un contexto de violenta represión estatal de las opiniones críticas en Nicaragua. Permítanos recordarles que para las organizaciones de la sociedad civil siquiera publicar una carta que critica el pedido de financiamiento presentado a la Junta del Fondo Verde para el Clima representa exponerse a un riesgo real de represión y criminalización.

La aprobación del FP146 sin duda pondría en serio riesgo la reputación del Fondo Verde para el Clima: conflictos, criminalización y represión de opiniones críticas son una realidad previsible si esta solicitud de financiamiento es aprobada por la Junta del Fondo. Por todas estas razones exhortamos a la Junta a que rechace la solicitud de financiamiento FP146 del BCIE para el “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres” (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan) y suspenda la aprobación de nuevas solicitudes de financiamiento de REDD+.

05/09 de noviembre de 2020

WRM – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Imagen: Mongabay

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