Obras del Tren Maya llevan un año violando decisión de los Tribunales

Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el mal llamado Tren Maya – A 10 de marzo del 2022

El Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito sobre el amparo presentado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal: la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y las obras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya deben permanecer paralizadas.

El 30 de noviembre del 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Dirección General de Impacto y Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la MIA en modalidad regional (MIA-R), para la ejecución del proyecto del Tren Maya en los tramos 1, 2 y 3; que van de Palenque, en Chiapas, a Izamal, en Yucatán.

Ante ese panorama, el 20 de enero del 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, presentó un amparo por las violaciones al derecho al medioambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario, entre ellos, a obtener información y participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales, tal y como indica el Acuerdo de Escazú, ratificado en la actual administración.

Como consecuencia de ese amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó conceder la suspensión definitiva. Ordenó a la Semarnat y DGIRA dejar sin efectos la MIA-R.

Por ello, el 9 de abril del 2021, Semarnat y DGIRA impugnaron la resolución del Juzgado Cuarto ante el Tribunal Colegiado, el cual confirmó la suspensión definitiva.

Pese a la resolución del Juzgado, las obras no han cesado. “Es preocupante la reacción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en señalar que el Tren Maya no se detendrá a pesar de lo resuelto de manera definitiva por un Tribunal Federal”, señaló la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.

De acuerdo con la asamblea, “esto evidencia una tendencia autoritaria que viola la separación de poderes”. Además señalan las “descalificaciones permanentes que el titular del Ejecutivo Federal ha hecho hacia quienes de manera legítima se oponen a este proyecto, (…) poniendo a quienes viven en las comunidades indígenas afectadas en riesgo, dado el contexto de alta vulnerabilidad en que se encuentran”.

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

Desmantelar patriarcado (también) construyendo soberanía alimentaria

Compartimos este posicionamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI en el marco de las movilizaciones del #8M – A marzo 2022

Un documento de posición de Amigos de la Tierra Internacional

Hay 1600 millones de mujeres agricultoras en el mundo, que producen el 50% de los alimentos del mundo. Las mujeres desempeñan un papel clave en la alimentación del planeta, sin embargo sólo poseen el 2% de las tierras y son quienes corren más riesgo de padecer hambre y desnutrición.

Para Amigos de la Tierra Internacional, construir Soberanía Alimentaria implica fortalecer a las mujeres como sujeto político y desmantelar el patriarcado. Implica fomentar la agroecología, que se basa en relaciones de poder igualitarias y una producción inocua con el medioambiente,

En nuestro nuevo documento de posición reclamamos políticas y prácticas para la construcción de la Soberanía Alimentaria con esta perspectiva feminista, entre ellas:

  • remuneración justa del trabajo que realizan las mujeres en la tierra, las fábricas y hogares;
  • igualdad de derechos para las mujeres en el acceso a tierras, semillas, agua y mercados;
  • compartir el trabajo de cuidados entre hombres, mujeres y el Estado.

¡Sin feminismo popular no hay soberanía alimentaria!

>>Documento completo aquí<<

Guatemala: La lucha contra los señores del Xibalbá: despojos por la industria extractiva y defensa del territorio en El Estor, Izabal

Compartimos este artículo publicado en Prensa Comunitaria sobre la lucha por a vida y la resistencia a mega proyectos en Guatemala – A 7 de marzo de 2021

Por Carmen Reina*

Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y la palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021.  Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- lo tergiversa con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo, para favorecer las operaciones de la mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.

Estamos ante una lucha como la que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los K´iche’, entablaron los jóvenes Hunahpú e Ixbalanqué contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.

El despojo histórico y la desigual concentración de la tierra

La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios.  Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de los pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en El Estor:

Después de los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrarreforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980.  Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojo, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías.  En esta etapa se articulan formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.

Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de la tierra cultivable la tiene el 2% de los propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario establece que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra.  En Guatemala, la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.

En el caso del territorio del Polochic y El Estor, esta desigualdad es aún mayor, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.

Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas han sido quienes se han relacionado con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.

Las amenazas al territorio en la región del Polochic y El Estor

Históricamente la región del Polochic y de El Estor han sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en la forma de extractivismo pues han existido ciclos y procesos específicos de invasión y despojo de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar las tierras y despojarlas a los indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años de 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente y de la megacarretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital que pasamos a ver.

Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONG o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años de 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente, que fueran expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es la Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, los militares y por la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar su tenencia en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe la industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz, a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]

Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional e incluso para la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tal como es el caso de las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquín; Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.

Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, del Grupo Tecun, se ha extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como: “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]

A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.

La extracción de níquel en El Estor

La historia de la minería de Níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno.  Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-”, en el contexto  de un proyecto militar en la zona y en una presidencia que favoreció la reducción de impuestos a la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones.  Pero había algo perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´, que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras fueron recuperadas por el derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la mina.

Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y esta permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. -CGN- y sus componentes: el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km2 dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y El Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km2.

En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, bajo el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km2), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado  de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos  minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, al sur de Italia, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de la explotación minera. El resultado ha sido de varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.

La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas de El Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la realización de una consulta “de buena fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.

El acuerdo entre los demonios: Giammattei y los intereses rusos

Antes de partir al exilio, el ahora ex jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, Alejandro Giammattei, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. El proyecto fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público por la revelación del caso de “la alfombra rusa” hacia el presidente.  Dentro de los participantes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como representante de Mayaniquel (Solano, 2021: 28).

Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con los empresarios rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas a ese mismo país, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas. Según se conoció del último convenio, tienen plazo hasta el 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.

El amañamiento de la consulta

Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en El Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “consulta de buena fe”, con el propósito de que la mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.

En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- amparó a las comunidades indígenas de El Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la mina. Esta decisión no se respetó y por eso, en 2018, la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad ante la violación la sentencia de las y los jueces de la CSJ. En el 2020, la CC dio lugar a un amparo presentado por las comunidades y por la Gremial de Pescadores Artesanales -GPA- porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordenó un cronograma para realizar la misma, solicitando a la CSJ ser garante del proceso.  En el 2021, se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]

La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta.  Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.

Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchi´ de El Estor

Al ser excluidas de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como comunidades indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor, iniciaron un proceso de resistencia. El 4 de octubre comenzaron un plantón para no dejar circular los camiones que abastecían a la mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal. Además de los ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio y un Estado de Prevención que duraron casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el conflicto armado interno: allanamientos en las casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres.  La resistencia se desarticuló con el terror militar.

Mientras tanto, la consulta amañada siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran las autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la consulta, todo fue manipulado, en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. El primero, fue en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del departamento, lejos de El Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, junto a diputados de Izabal, alcaldes y el gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente, el último se dio en el Hotel Mansión del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras duró el Estado de Sitio, en El Estor fue vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se persiguió al liderazgo comunitario.

En enero de 2022, el ministro Alberto Pimentel del MEM, indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo cual se otorgó a la CGN, nuevamente, el derecho a seguir operando sin ninguna consideración a los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos.  Se impuso el poder del extractivismo con terror, con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la CSJ por lo viciado del proceso, pero, con la actual cooptación del sistema de justicia en Guatemala, no hubo respuesta.

Reflexiones finales

Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpú e Ixbalanqué libraron contra los señores del Xibalbá.  Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.

El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.

Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es sólo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el buen vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.

Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera…¡No a la minería!

[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q’eqchi’ de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.

[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.

[3] En el año 2015 la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de comunidades  Q´eqchi´  de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.

[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021

*Socióloga, feminista, defensora de derechos humanos, investigadora y analista política.

Imagen: Prensa Comunitaria

Más información:

Celebrando 10 años de lucha y resistencia ¡La Puya Presente!

Compartimos este pronunciamiento publicado en Protection International donde somos firmantes sobre la resistencia en Guatemala ante la devastación minera – A Marzo 2022

A las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,

Queremos extender nuestro reconocimiento este 2 de marzo por los 10 años de valiente resistencia pacífica en defensa del agua, la vida, la salud comunitaria y en contra de la minería y del proyecto minero Progreso VII Derivada, de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).

Recordamos que el 2 de marzo de 2012, con un plantón frente a la entrada del sitio minero, inició la Resistencia Pacífica La Puya, un movimiento que se mantiene hasta la actualidad. Durante esta década, han sufrido intimidaciones, la criminalización de varias personas de la resistencia, el intento de asesinato de una de sus integrantes y un desalojo violento en mayo de 2014. Asimismo, a lo largo de este tiempo, han emprendido varias acciones legales, logrando en noviembre de 2015 que la Corte Suprema de Justicia, suspendiera las actividades de la mina y posteriormente, en junio de 2020, que la Corte de Constitucionalidad confirmara la suspensión de la operación del proyecto minero hasta la realización de una consulta comunitaria.

Ha sido un largo camino de lucha con notables dificultades, pero también con victorias importantes. Frente a la violencia ejercida por parte del Estado y de la empresa, la Resistencia Pacífica La Puya ha tenido como aliados su fe y la convicción de que lo que están defendiendo es su riqueza más preciada: el ambiente, el agua y en consecuencia su vida, la de sus hijos, nietos y futuras generaciones.

Manifestamos nuestro reconocimiento, admiración y solidaridad por estos 10 años de legítima lucha. La Puya se ha constituido en un ejemplo de resistencia pacífica a nivel nacional e internacional gracias a su compromiso con la no violencia, y su sostenido esfuerzo de investigación y formación para ejercer con argumentos sólidos la defensa de su territorio y el ambiente.

Los desafíos que ha enfrentado la Resistencia Pacífica La Puya no han sido pocos a lo largo de su historia. Debió enfrentarse a los actos irregulares denunciados oportunamente, como la falsificación del permiso de construcción municipal, con base en los que la empresa logró la aprobacion de su proyecto. Pese a ser conocedores de la ausencia de consulta con la comunidad por parte del Estado, la empresa mantuvo su intención de continuar con el proyecto, violentando con esto, los derechos a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Asimismo, los actores involucrados en este proyecto han ignorado los graves impactos ambientales que se ocasionarían en el territorio, el cual ya presenta escasez de agua. Además, según estudios del propio Ministerio de Salud, el agua tiene altos índices de arsénico, que con la explotación minera se verían peligrosamente aumentados poniendo en riesgo la vida de la población. Aun conociendo esta situación y sin importar las consecuencias ambientales y humanas, KCA puso en marcha su proyecto de oro por dos años usando la agresión, intimidación y represión policial de la que ha sido víctima La Resistencia Pacífica.

Actualmente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cursa una demanda millonaria (400 millones de dólares) en contra del Estado guatemalteco presentada por la empresa KCA, bajo los terminos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos con América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR). Con esta acción, la empresa no hace más que evidenciar su voracidad económica, en un primer momento, despojando a la poblacion del agua y de su territorio y ahora, con intenciones de estafar fondos millonarios al
Estado guatemalteco.

Hoy más que nunca está vigente la demanda de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para hacer respetar sus vidas y su decisión de tener un territorio libre de la explotación minera y de que nunca más se pongan los intereses particulares de empresas transnacionales por encima del bienestar de las comunidades y la naturaleza.

¡Que vivan las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc!
¡Que viva la Resistencia Pacífica de la Puya!

David Castillo busca impunidad a través de decreto de Amnistía

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta- A 14 de marzo de 2021

Roberto David Castillo Mejía, condenado como “coautor” del asesinato de Berta Cáceres, busca beneficiarse del Decreto de Amnistía 04-2022, para que se suspenda el proceso que se lleva en su contra por corrupción en el caso Fraude Sobre el Gualcarque.

Los abogados Ritza Antunez y Juan Sánchez Cantillano interpusieron solicitud, el día 8 de marzo, ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, para que se archiven las diligencias en su contra por el caso de corrupción en el licenciamiento del proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque en el cual está acusado por los delitos de uso de documento falso y fraude.

El Tribunal de Sentencia ha convocado audiencia para el día miércoles 16 de marzo a las 9 am para la discusión de esta solicitud. La hora y el día coinciden con la audiencia de extradición de Juan Orlando Hernández y el fallo del caso en contra de la ex primera dama Rosa Bonilla.

Ante esto el COPINH manifiesta que:

  1. Denunciamos y rechazamos la utilización ilegal e ilegítima del Decreto de Amnistía para presos políticos y de conciencia, víctimas de persecución por el golpe de Estado de 2009. La amnistía no debe ser fuente de impunidad sino acto de justicia para las víctimas criminalizadas por la beligerancia en la lucha tras el golpe de Estado.
  2. David Castillo no entra en los preceptos del decreto de Amnistía puesto que los hechos de los delitos de corrupción que se le imputan fueron realizados posterior al 28 de junio de 2009, no fueron propios de sus funciones como empleado de la ENEE, ni por acciones en contra del Golpe de Estado. Por el contrario está plenamente establecido que David Castillo fue beneficiario del Golpe de Estado con la obtención de concesiones y permisos, y no víctima.
  3. David Castillo cometió, por lo menos, los delitos de uso de documento falso y fraude para el otorgamiento de las licencias y contratos del proyecto Agua Zarca en beneficio propio y de la estructura criminal Atala Zablah, por lo que debe ser juzgado y condenado.
  4. El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, presidido por Fernando Gabriel Morazán, y las instituciones involucradas deben rechazar rotundamente la solicitud de impunidad de David Castillo a través del decreto de Amnistía 04-2022.
  5. La pretensión de David Castillo y su defensa legal de someterse a la amnistía es la confesión de su responsabilidad penal por corrupción y de su imposibilidad de desestimar los cargos.
  6. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncie y actúe en contra de las maniobras de impunidad de la estructura criminal Atala Zablah.

¡Justicia Para Berta, No Más Impunidad en Honduras!

Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, a los 14 días del mes de marzo de 2022.

“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”

Imagen: COPINH

Más información:

Zacatecas: Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la criminalización a defensores de la vida ante la minería en Zacatecas- A 10 de marzo del 2021

Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”

En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e ilegalidad ha sido ampliamente documentado.  Sin embargo, a partir de entonces el asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el caso de Don Roberto y de su familia.

En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los pobladores habiten el pueblo.

Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.

No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de ese momento.

Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa.

Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna que buscan regresar a sus hogares.

Alto a la criminalización de la defensa de la vida

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Para seguimiento del caso:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac)

SinEmbargo.mx

Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (expediente CDHEZ/746/2016)

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Sol de Zacatecas

Más información:

Las Abejas de Acteal se suma una vez más desde territorio tsotsil a la acción contra las represas y otros megaproyectos de muerte

Compartimos este pronunciamiento de La Sociedad Civil las Abejas de Acteal en el marco de las movilizaciones y acciones por el Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2022

Hermanas y hermanos:

En este día, nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, se suma una vez más desde territorio tsotsil a la acción contra las represas y otros megaproyectos de muerte impuestos en territorios de los pueblos originarios por los ricos y poderosos, bajo el consentimiento y administración del mal gobierno de México.

Nuestra acción de hoy, se solidariza y apoya las luchas de otros pueblos que actualmente están amenazados sus tierras y territorios, sus ríos y manantiales de agua, sus bosques, la vida por defender la madre tierra. Y condenamos enérgicamente los asesinatos de las y los defensores de derechos humanos, ambientalistas y defensores de la vida en México y América Latina.

Actualmente, siguen activos construcciones de represas, existen 41 en Chiapas de las cuales 8 son hidroeléctricas (La Angostura, Peñitas, El Retito, Chicoasén, Malpaso, Bombaná, Bombaná II y Shpoiná). Sin embargo desde el año pasado tenemos conocimiento que en nuestro estado existen más de 90 proyectos en etapa de planeación, en Chiapas los pueblos y comunidades afectadas han manifestado claramente que dichos proyectos no los quieren en su pueblo, como el caso del rio Santo Domingo, pero tanto los gobiernos anteriores como el actual, se han tapado los oídos de la demanda de los pueblos o peor aún si la posibilidad de conocer las afectaciones ambientales, como es el caso del río Yaqui en Sonora, donde recientemente se encuentra suspendida una parte del distrito de riego que pretende el Plan de Justicia Yaqui.  Es por eso que en este día le decimos a Andrés Manuel López Obrador que respete a los pueblos y se detenga de obedecer a las empresas, a los ricos y poderosos como lo hicieron sus antecesores priistas y panistas.

Es indignante cómo los ricos y poderosos en la voz del gobierno dice que las represas, las supercarreteras, los aeropuertos, entre otros megaproyectos, son para el “progreso y desarrollo”. Pero, al mismo tiempo la gente que habita en ese lugar, que es su parcela o tierra en donde se construyen dichos megaproyectos, resulta que tienen que abandonar, quieran o no, pero, se tienen que desplazar de ahí. Entonces, ¿Dónde le toca ese beneficio, la gente humilde, pobre, indígena, campesino?

El gobierno actual que se pregona así mismo “de los pobres”, pero, cuando los pobres o sea el pueblo organizado, hacen uso de sus derechos colectivos para defender su territorio o su manantial de agua, los reprime.  Tal es el caso de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli quienes el pasado 15 de febrero de este año, fueron desalojados por la Guardia Nacional, la policía estatal de Puebla y municipal de Juan C. Bonilla, de dónde fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca.

En estos días, nuestras hermanas y hermanos de las comunidades zapotecas xidza de la Sierra Juárez, han denunciado que el gobierno de México pretende construir una supercarretera que dice comunicar las ciudades de Tuxtepec y Oaxaca, pero, dichas comunidades, han decidido no permitir la construcción de dicha obra y esperamos sea respetada su decisión de hacer valer su derecho básico a la libre determinación.

Porque vemos que en donde hay oposición y rechazo a algún proyecto neoliberal, son asesinados las y los ambientalistas, defensores de los derechos humanos y la vida. Así han sucedido con: Mariano Abarca de Chicomuselo, Chiapas, opositor de la minera canadiense Blackfire, Samir Flores opositor del Proyecto Integral Morelos. Tampoco olvidamos el crimen cometido en contra de Berta Cáceres de Honduras, por oponorse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el noroeste de Honduras, impulsada por la empresa nacional Desarrollos Energéticos (Desa).

Así mismo el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, por denunciar la violencia generalizada aquí en Los Altos de Chiapas y por defender la Madre Tierra.

En verdad existe una guerra de los ricos y poderosos y el mal gobierno hacia los pueblos organizados, porque no paran de asesinarnos. Hace unos días nos enteramos que el defensor del medio ambiente en Chihuahua José Trinidad Baldenegro López, fue asesinado en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo; el activista era hermano de Isidro Baldenegro López, a quien también mataron por su defensa de los bosques en 2017.

Defender la Madre Tierra, defender la vida, criticar y oponerse abiertamente a la construcción de represas, privatización del agua y de los ríos y otros megaproyectos, nos puede costar la vida. Ahora, sólo hay que pensar y preguntarse: ¿Podemos vivir sin tierra para sembrar la milpa y el frijol? ¿Sin agua, se puede vivir?

Es por eso que invitamos a todas las personas quienes ven, miran y sienten como nosotros a que se organicen, es el momento de hacerlo, no lo hagan por nosotros, háganlo por sus hijas e hijos y por las nuevas generaciones que vienen.

¡Justicia para Berta Cáceres!

¡Justicia para Samir Flores!

¡Justicia para Mariano Abarca!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Justicia para todas y todos quienes han sido asesinados por defender la Madre Tierra!

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Imagen: Abejas de Acteal

Más información:

Por la paz en Chiapas

Compartimos este pronunciamiento de la sociedad civil organizada en San Cristóbal de Las Casas ante el incremento de la violencia e inseguridad en la ciudad – A 7 de marzo 2022 >>Descarga el comunicado en pdf aquí<<

San Cristóbal de Las Casas, Chis, 7 de marzo de 2022.

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
MTRO. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, Secretario de Gobernación
LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población
DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PÉREZ, Secretaria General de Gobierno del Estado de Chiapas

Por este medio las y los abajo firmantes expresamos, una vez más, nuestra profunda preocupación por el contexto de violencia que diariamente enfrentan los pobladores de comunidades enclavadas en los limites municipales entre Aldama y Chenalhó, en el Estado de Chiapas.

Como es de su conocimiento, se trata de un conflicto añejo que en los últimos cuatro años se ha recrudecido significativamente, causando un enorme sufrimiento a pobladores de ambos municipios. Los ataques armados se suceden diariamente, a veces de manera prácticamente ininterrumpida, como lo ha venido documentando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

La situación de estos dos municipios se inserta en el contexto de violencia generalizada que se ha incrementado dramáticamente en diversas regiones de la entidad. Al de Chenalhó y Aldama se agregan los casos de Pantelhó, Oxchuc, Chalchihuitán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, El Bosque, Simojovel, Altamirano, Socoltenango, Ocosingo, Palenque, Chilón, Venustiano Carranza, Tila, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Las Margaritas, Chapultenango y Amatán. La lista de episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, crece día con día en todo el estado, como expresión de una clara, acelerada y, al parecer, incontrolable descomposición social. Llama especialmente la atención la gran cantidad de armas, muchas de alto poder y de uso exclusivo del Ejército, que circulan por todo el territorio chiapaneco, sin que ninguna autoridad intervenga para detener el flujo. Asimismo, es evidente la presencia de diversos grupos delincuenciales, algunos de relevancia nacional, que operan en la más absoluta impunidad.

No se trata, pues, sólo de conflictos agrarios intra e intercomunitarios que por sí mismos merecerian una estrategia de intervención inmediata por parte de las autoridades correspondientes. Mirarlo desde esta perspectiva es reducir de manera irresponsable la magnitud del problema. Estamos hablando de una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo, y cuyas terribles consecuencias hemos visto en otros estados de la República.2

Ante esta terrible realidad no se vislumbra estrategia de intervención alguna por parte de las autoridades correspondientes en los tres niveles de gobierno. ¿Están rebasadas? ¿Hay incompetencia? ¿Complicidad? ¿Se trata de rivalidad política y fuego amigo que está convirtiendo a Chiapas en un campo de batalla? ¿Hasta dónde tiene que llegar la situación?

Por otro lado, a la violencia cotidiana y creciente, se agrega la emergencia alimentaria y de salud que se ha extendido a toda la región y que vulnerabiliza aún más a la población. Miles de chiapanecos y chiapanecas, principalmente de comunidades indígenas, padecen hambre y desnutrición en diversos grados. Los servicios de salud, cuando los hay, son insuficientes y deficientes, pues no se cuenta con el cuadro básico de medicamentos ni la atención mínima necesaria en personal y equipo médico. En muchos casos, este tipo de servicios son inexistentes o inaccesibles. Se incumple con ello el derecho humano a la alimentación y a la salud.

Chiapas se acerca peligrosa y rápidamente a un punto sin retorno. Las vidas y los derechos de miles de chiapanecos y chiapanecas están en gravísimo riesgo. Conocemos muy bien lo que puede ocurrir si no se toman medidas urgentes para detener la espiral de violencia. Lastimosamente lo hemos visto desde hace tiempo en Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Morelos, Estado de México.

En estos años de seguimiento a diversos conflictos en la entidad hemos aprendido que las buenas intenciones son muy importantes pero insuficientes. Se requiere de una estrategia integral de intervención que abarque desde una hoja de ruta clara y consensuada hasta la definición de instituciones, funcionarios y presupuestos específicos para implementarla así como mecanismos de información oportunos.

Entre las acciones que consideramos necesario implementar, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, proponemos: un encuentro de emergencia y distensión que siente las bases para procesos de reconciliación; una mesa extraordinaria de diálogo cuya agenda de trabajo incluya los temas que más inquietan a la sociedad; un encuentro de víctimas, en donde se escuche la voz de quienes han sufrido la violencia en carne propia; la conformación de una misión de observación y seguimiento para los casos más graves; la creación de grupos de mediación que faciliten la comunicación, el diálogo y la reconciliación; la participación de organismos de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales en todos los casos que sea necesaria.

La sociedad en su conjunto merece respuestas de largo alcance pero aún más las merecen quienes, como los habitantes de muchas comunidades indígenas en Chiapas, sufren de manera directa y cotidiana una violencia que supera nuestros peores pronósticos. No actuar de inmediato implica en los hechos sentenciar a nuestro estado al horror que se vive en tantas partes del país. La inacción no sólo es inaceptable. Llegaría a ser criminal

>>Descarga el comunicado en pdf aquí<<

Imagen: Heraldo de Chiapas

Más información:

Honduras, territorio libre de minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema – A 4 de marzo del 2022

El lunes 28 de febrero el pueblo hondureño ha concretado una enorme victoria contra el modelo extractivo: prohibir en todo este país la minería a cielo abierto.

En un comunicado, el gobierno de la recién electa Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras anunció que se declara “todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto”. Además, dicho comunicado precisa también que «Se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano» y que “Por aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones».

Esta importantísima decisión en contra del modelo extractivo en el país se da pocos días después del fallo a favor para de liberación de seis de los ochos defensores que habían sido encarcelados por oponerse a una mina de óxido de hierro que amenaza el río San Pedro y otros en el departamento de Colón. Con ello, ambas decisiones marcan un cambio radical del nuevo gobierno hondureño respeto a los gobiernos a partir del golpe de Estado de 2009, habían venido promoviendo múltiples proyectos de despojo a lo largo del país (minería, hidroeléctricas, zonas francas, cultivos de palma aceitera, etc.), la profundización del modelo extractivista con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, además de criminalizar y asesinar de manera sistemática a las y los defensores de los territorios. Vale notar que, bajo el gobierno del Presidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro y quien fue expulsado del país en sus pijamas tras el golpe militar el 28 de junio de 2009, se había elaborado un proyecto de ley que buscaba prohibir la minería a tajo abierto y otras medidas para restringir esta actividad. El proyecto de ley estuvo en la antesala de ser discutido por la legislatura cuando sucedió el golpe de estado. Fue producto de la lucha larga de muchas organizaciones comunidades, como en el Valle de Siria en contra de los daños a la salud de la mina San Martín de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora Newmont). La política que está planteando desde la administración actual construye sobre este largo proceso de lucha.

Con esta importante decisión la batalla contra el modelo minero no termina. Según el informe “Territorios en riesgo III” en Honduras existen 217 concesiones y reservas mineras aprobadas para explotación minera, por una superficie total de 131.5 mil ha, y 481 concesiones y reservas en fase de exploración por una superficie de 433.6 mil ha. Además, hay varias minas en operación, entre otras, la mina San Andrés de la empresa minera canadiense Aura Minerals que está desterrando el cementerio del pueblo de Azacualpaen el departamento de Santa Bárbara. Así también, la mina de óxido de hierro de la empresa hondureña Los Pinares Inversiones que tiene vínculos con la empresa estadounidense de acero, Nucor, logró poner en operación su mina a tajo abierto de óxido de hierro en plena pandemia a través de la criminalización de la resistencia pacífica y con trámites cuestionados por altas irregularidades e ilegalidades. Por esto, frente a esta prohibición y cancelación de proyectos, en los próximos días las reacciones de las empresas mineras con intereses en Honduras serán fuertes para intentar derogar dicha iniciativa y mantener su poder en la región. Es importante mencionar que, desde el Golpe de Estado de 2009, Honduras aprobó una ley minera financiada con la cooperación canadiense y ha firmado acuerdos de libre comercio con Canadá y otros países, y es parte del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y que,por ello, las empresas mineras pueden recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, para presionar económicamente al gobierno hondureño con demandas multimillonarias.

Frente a esas futuras respuestas del sector privado es importante mantener una movilización popular fuerte y solidaria con el pueblo hondureño a lo largo del continente para seguir consiguiendo territorios libres de minería y llenos de lucha y vida.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos felicitar al pueblo hondureño y al gobierno de Xiomara Castro por marcar un claro freno a las políticas extractivistas en nuestra región mesoamericana. Decisiones tan importantes, que no se dan sino a partir de la lucha de múltiples pueblos en contra del modelo extractivo, ya se ha logrado en otras demarcaciones a partir de la organización y lucha incansable de los pueblos: Costa Rica logró la prohibición de la minería a tajo abierto en 2010, El Salvador logró la prohibición de la minería metálica en 2017, y en Argentina han promovido leyes restrictivas para la actividad minera en 7 provincias. Esos casos nos muestran que lograr la prohibición de una actividad tan destructiva es posible y que ampliar los territorios libres de minería a lo largo del continente y del mundo no es un sueño guajiro, sino una realidad que se construye gracias a la movilización de los pueblos y que los gobiernos pueden tener el valor de asumir esta demanda popular y promover cambios estructurales.

TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA


RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)

Más información:

Yucatán: Tribunal resolverá quejas relacionadas con la suspensión de la mega granja de cerdos de Homún

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por una vida digna y un medio ambiente sano en Yucatán ante mega granja porcicola – A 3 de marzo del 2022

Por Ñaní Pinto

A pesar de que en 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún, en Yucatán, y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) busca reabrirla. Hoy un Tribunal Colegiado resolverá quejas relacionadas con la suspensión.

La suspensión fue otorgada a seis niños de la región de Homún. Con apoyo de sus familias y la ONG Indignación interpusieron una demanda de amparo para detener las actividades de la granja. El argumento principal fue la transgresión de los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.


A pesar de la decisión de la SCJN, las organizaciones Kanan ts’ono’ot (Los Guardianes de los Cenotes), Representantes de la infancia en Homún e Indignación A. C., desde el año pasado, han denunciado el incumplimiento de la suspensión por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), al permitir que Papo realice trabajos de mantenimiento. En su momento, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resolvió que no se había violado la suspensión. 

Pero además, la SDS habría violado la suspensión al emitir un documento donde manifiesta que la planta de tratamiento fue analizada y cumple con los límites máximos permisibles: “la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”. 

De acuerdo con las organizaciones, dicha opinión fue emitida sin considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la autorización del funcionamiento de la granja, así como los permisos de la granja se encuentran suspendidos, por lo que la opinión de la SDS básicamente confirma que dicha institución permitió la instalación de la planta de tratamiento aún con la suspensión de operaciones. 

Debido a esto, las organizaciones presentaron tres quejas en contra de las diversas resoluciones y del trámite que el Juez Segundo de Distrito ha realizado para abrirle la puerta a la empresa para continuar operando la mega granja porcícola.

Las quejas presentadas cuestionan que el Juez Segundo de Distrito haya sido omiso para obligar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable “a cumplir la suspensión de la granja, pues a pesar de la medida cautelar la autoridad ha emitido opiniones positivas para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa. Esta opinión fue aportada como prueba en juicio por la empresa Papo, con la finalidad de que el Juez revoque la suspensión y les permita operar”, sostienen en un comunicado.

Además, la empresa presentó un documento supuestamente emitido por la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se describe que la planta de tratamiento de la fábrica de cerdos no contaminará el manto freático y respetará las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Sin embargo, “ambas evidencias son por demás tramposas e ilegales: el propio Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, confirmó que el documento de la UNAM ofrecido por PAPO “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”. Incluso tal prueba falsa podría constituir un delito, afirman.

Hoy, el tribunal decidirá si el juez Rogelio Leal Mota emitió resoluciones ilegales que permiten el incumplimiento y violación a la medida cautelar.

Contaminación

El pasado viernes (25 de febrero), un grupo de organizaciones internacionales y especialistas ambientales y del sector salud enviaron un amicus curiae al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, encargado de resolver el litigio presentado por la niñez de Homún contra la fábrica de cerdos. El documento permite a personas ajenas a un proceso ofrecer opiniones de trascendencia para la solución de un caso judicial.

Señalaron que la mega granja amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles a la salud. En el documento citaron numerosos estudios científicos y testimonios de la experiencia estadounidense, para evidenciar que las fábricas de cerdos suponen riesgos de daño grave e irreversible para el medio ambiente y la salud humana.

“Las mega granjas generan tales daños por la contaminación a los recursos de agua, superficiales y subterráneos, la contaminación del aire y la propagación de patógenos peligrosos. Estos riesgos son de particular gravedad para la salud de personas en situaciones de vulnerabilidad, como las niñas y niños que son los quejosos en el presente caso”, precisa el amicus curiae.

En el documento también se detallan los daños que causaría la reapertura de la fábrica de cerdos a los cenotes de la zona, como a la calidad del agua y del aire en general, además aumenta la exposición de la población a bacterias resistentes a los antibióticos y otros patógenos dañinos, incluyendo los virus.

Imagen: Avispa Midia

Más información:

Mujeres de Las Abejas de Acteal se movilizan este 8M

Les compartimos este pronunciamiento de las Mujeres pertenecientes a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en el marco de las movilizaciones de #8M Día Internacional de la Mujer – A 8 de marzo 2022

Al Congreso Nacional Indígena, Al Concejo Indígena de Gobierno, A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, A las y los defensores de los derechos humanos, A los medios libres y alternativos, A los medios de comunicación nacional e internacional, A la Sociedad Civil Nacional e Internacional, A todas las mujeres que luchan por la vida

«Dichosa mujer, la que sabe ser fiel al quehacer de implantar la justicia y la paz. Bendita será, la mujer que hace opción, por la causa de Dios, por la ley del amor”

“Rosa Martha Zárate”

Hermanas y hermanos:
Hoy 8 de marzo las mujeres de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal junto con todas y todos los creyentes de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Chenalhó, nos unimos para conmemorar juntas a las 129 costureras, que murieron en Nueva York, Estados Unidos, en 1908, encerradas por su patrón y quemadas en su centro de trabajo, cuando realizaban una huelga de hambre, por horarios justos de trabajo, de salario en igualdad de condiciones con los hombres y el derecho a organizarse. Han pasado 114 años que quisieron callarlas. Ellas reviven hoy en cada una de nosotras, que nos organizamos para proteger nuestra vida y la de nuestra Madre tierra  luchando por un futuro mejor.

También unimos nuestra Solidaridad a todas las mujeres víctimas de la violencia armada, por la guerra, el crimen organizado, grupos armados, robos y vicios como el alcoholismo y la drogadicción, que también sufrimos en nuestras comunidades, por falta de voluntad política, responsabilidad y flojera de las autoridades.

Este día, en otros países, miles de hermanas y compañeras se reúnen para ¡gritar sin miedo justicia!  Para que no se multipliquen los feminicidios, en México y en el mundo, Como por ejemplo, el caso de Paula Ruiz de los Santos trabajadora, madre soltera de 4 hijos, asesinada en San Cristóbal el 20 de febrero, por enfrentar al delincuente que con un disparo le quitó la vida.

El nivel de violencia crece en agresiones directas a las mujeres  y nos negamos a acostumbrarnos a ella. En nuestro municipio, al alcoholismo se le ha sumado la venta de  drogas y robos,  las mujeres son hostigadas, golpeadas, acosadas y violentadas cuando los esposos e hijos se emborrachan y gastan lo poco que tiene la familia para sobrevivir.

Como creyentes reconocemos nuestros problemas y que debemos de ayudarnos, fortaleciendo la unidad en cada comunidad, contando siempre con  la fuerza de Dios.

Alonso Vázquez, mártir en 1997, nos insistía  mucho  que teníamos que fortalecer nuestro corazón con la palabra de Dios, para respetar y ser fuertes en la resistencia, para que los y las jóvenes aprendan a pensar bien, y a defender nuestros derechos.

Nuestra madre tierra sufre los  proyectos de muerte que planean el gobierno y las empresas  hacer en nuestros pueblos, nos preocupa mucho la contaminación por los químicos y la basura inorgánica, creemos que también ésa es la causa de las enfermedades que padecemos.  No nos cansaremos de denunciar que lo que traen a las comunidades, nos enferma de muerte.

Nuestra alternativa de vida en Acteal es continuar construyendo poco a poco nuestra autonomía, con nuestro pensamiento, esfuerzo, con nuestros propios medios y sin recibir apoyos del gobierno.

Desde las áreas de nuestra organización (Comunicación, Caja de Ahorro, Artesanas, Coro de Acteal, y Salud) resistimos con nuestro propio modo de vivir como indígenas,  ya que no creemos en las palabras del mal gobierno.

Jamás dejaremos de recordar la matanza que ocurrió en Acteal (1997), donde murieron 34 hermanas nuestras, abuelas, tías, hijas y bebitas asesinadas en el  vientre de sus mamás.

Desde aquél año hasta el actual, no hemos parado de denunciar lo que hicieron los paramilitares por órdenes de los tres niveles del gobierno mexicano, sin haber obtenido justicia.

Por eso hoy le seguimos pidiendo con URGENCIA a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que publique su Informe de Fondo sobre el Caso Acteal, para que el  gobierno y  el ejército  reconozcan su responsabilidad y juzgue a los autores intelectuales desde el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (jefe de las fuerzas armadas 1994-2000) para abajo.

Porque no queremos que vuelvan a pasar masacres de hombres y mujeres que luchan pacíficamente, como las costureras en Nueva York y las abejas en Acteal.

Por eso, queremos pedirles también a las mujeres del mundo, que se unan a nuestra voz  y nuestra fuerza para gritar que pare la locura de la guerra, que Estados Unidos deje de vender armas a los países enfrentados y al crimen organizado.

Por todo lo anterior EXIGIMOS:

  • Justicia para nuestras hermanas y hermanos mártires de Acteal y nuestro hermano asesinado Simón Pedro.
  • Que nos respeten los derechos que tenemos como pueblos originarios a decidir lo que queremos para nosotros y para nuestros territorios.
  • Al gobierno que no permita entrar empresas extranjeras que promueven los químicos que envenan nuestra tierra.
  • Al presidente municipal, que tome medidas para acabar con la venta de alcohol y drogas, NO basta la prohibición que existe en la Cabecera Municipal de Chenalhó, sabemos que su venta se tolera en lugares conocidos en cada comunidad.

Nuestra oración solidaria por la paz, con las mujeres víctimas de los conflictos armados en Santa Martha-Aldama, Chalchihuitán, Oxchuk, Pantelhó… Ucrania, Rusia, Palestina… de todo el mundo

¡Las mujeres de Acteal queremos justicia, respeto y paz!

¡Que paren la venta de alcohol y droga en nuestras comunidades!

¡Que dejemos de enfermarnos y de enfermar a nuestra Madre Tierra!

¡Justicia para todas las mujeres asesinadas!

          ¡Si a la solución no-violenta de los conflictos armados!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

Atentamente

Las Mujeres  de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Imagen: Área de comunicación de Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – 8 de marzo 2022

Más información:

#8M ¡Viva la lucha de las mujeres!

Comunicado de Otros Mundos en el marco del #8M Día Internacional de las Mujeres – 8 de marzo 2022 >>Descargar comunicado en pdf<<

8 de marzo de 2022 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Este 8 de marzo, reivindicamos las luchas de las mujeres a lo largo de la historia. Nos pronunciamos en contra de la impunidad y el incremento de la violencia hacia las mujeres, nos pronunciamos en contra de un país feminicida donde no podemos salir libres y sin miedo a la calle, en un país donde nos acosan, nos desaparecen y son asesinadas diariamente 10 mujeres. Nos pronunciamos ante un país que protege más a los agresores que a las víctimas, nos pronunciamos en contra de este sistema por omisión y complicidad que en vez de hacer justicia nos reprime cuando gritamos por el feminicidio de una compañera más.

Reivindicamos las luchas de todas las mujeres defensoras que resisten al modelo extractivo y sus proyectos de muerte en todo el mundo: represas, minería, pozos petroleros, extracción de gas, privatización de los sistemas de agua, monocultivos y al robo de la diversidad de los bienes comunes naturales por la economía verde o la imposición de proyectos a gran escala de energía renovables. Honramos a las mujeres en defensa de su cuerpo, su tierra, su territorio y la vida.

Recordamos y rendimos homenaje a todas las compañeras asesinadas por proteger la vida ante los proyectos de despojo, como a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety Cariño, así como a las que siguen hoy en pie de lucha, a pesar del machismo, la criminalización, el hostigamiento, las amenazas, el acoso y la violencia sexual que sufrimos por ser mujeres rebeldes, anticapitalistas y en clara oposición al patriarcado.

Reivindicamos el derecho de todas las mujeres a defender su territorio, su agua, ríos, montañas, salud, vida, cuerpos y los de su familia. Las mujeres somos parte medular en la defensa de la tierra y el territorio. Nuestras acciones, palabras y nuestras demandas en contra de los megaproyectos y a favor de una vida digna deben ser tomados en cuenta por las asambleas comunitarias y ejidatarias, por nuestras organizaciones y por los gobiernos.

Exigimos y reclamamos que las autoridades y el sistema de justicia presten oídos y den atención a nuestras demandas de justicia, de esclarecimiento y castigo a los feminicidios, de seguridad y libre manifestación.

Celebramos que a pesar de todo nos organizamos, nos encontramos y seguimos resistiendo en todos los frentes: nuestras luchas contra la violencia patriarcal, que desde sus formas más evidentes hasta las más “sutiles”, abarca nuestros espacios personales, familiares, organizativos, políticos y digitales.

Finalmente, en este día también recordamos esa alegría y esa diversidad que nos convocan en nuestros diferentes espacios de defensa de la tierra y el territorio en los que nos sabemos unidas y fortalecidas.

¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado y a proyectos de muerte!
¡Ya basta de asesinar a las defensoras de la vida en México y América latina!
¡Fuera el patriarcado y los proyectos de muerte de nuestros territorios!

¡Mujeres, Agua y Energía no son Mercancía!

JusticiaParaTodas #NiUnaMás

Firma

Otros Mundos A.C.

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Área de comunicación de Otros Mundos – Movilización de #8M en San Cristóbal 2020