Presentación de libro: LA TIERRA SOMOS: Buen Vivir y Defensa del Territorio en Mesoamérica martes 14 de febrero 6 pm

Integrantes de los «Colectivos en Acción» presentan un libro colaborativo sobre sus experiencias durante la «Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia» que tomó lugar en 2015 y 2016.

LA TIERRA SOMOS: Buen Vivir y Defensa del Territorio en Mesoamérica

Este martes 14 de febrero a las 6 de la tarde en Sendas, en calle María Adelina Florea #50, Barrio de Guadalupe.

Durante la caravana realizaron intercambios con 17 comunidades desde México hasta Costa Rica. La mayoría son comunidades indígenas que luchan contra diversos megaproyectos, defendiendo su territorio y su Buen Vivir. El libro recoge la valiosa experiencia de las comunidades en la defensa de sus bienes comunes naturales y muestra herramientas prácticas para fortalecer el Buen Vivir. caravanamesoamericana.wordpress.com/libro/

Solidaridad Internacionalista con las comunidades de Santander, Colombia

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI en Solidaridad con Defensoras y Defensoras de Colombia – A 6 de febrero del 2023

Comunidades y organizaciones sociales se han estado movilizando contra un proyecto minero de explotación de carbón a cielo abierto en Santander, Colombia, por más de 20 días, enfrentando amenazas, intimidaciones y acciones de vigilancia y seguimiento. Amigos de la Tierra Internacional llama al gobierno colombiano a que garantice el respeto al derecho del pueblo a defender sus aguas y territorios, y que sancione urgentemente a los responsables de las agresiones.

Desde el 9 de enero del 2023, pobladores de los municipios de Barrancabermeja, San Vicente y el Carmen de Chucurí, pertenecientes a la región del Magdalena Medio santandereano, demandan la revocación de la licencia ambiental otorgada a la empresa minera francesa Colcco S.A. para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto. El 25 de enero, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció públicamente que iniciaría el proceso para la revocación del permiso que fue dado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para explotar carbón durante 30 años. Sin embargo, todavía no se ha realizado ninguna acción concreta  al respecto.

Apoyo a la legítima lucha pacífica de las organizaciones en Colombia

Líderes y lideresas ambientales, que impulsan la movilización social, han sido intimidados/as y amenazados/as durante varias semanas. Personas que han participado de las protestas también han sido perseguidas e intimidadas. Además, se han usado panfletos y un video intimidatorio firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, o Clan del Golfo, para declarar como objetivos militares a quienes han participado en las movilizaciones contra el proyecto minero, así como también a muchas personas que ni siquiera se han sumado a las protestas. Amigos de la Tierra Internacional apoya la lucha legítima y pacífica de las organizaciones sociales movilizadas como una manera de enfrentar la crisis climática planetaria.

Amigos de la Tierra Internacional condena además el uso de amenazas para proteger proyectos extractivos e intimidar a los pueblos que defienden sus territorios y ponen en práctica la democracia ambiental. Esa federación ambientalista demanda también que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo salvaguarden la vida de los/as defensores/as de la naturaleza, y encuentren y procesen judicialmente a los responsables de las acciones que buscan generar terror en la población.

Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad internacionalista con los líderes y las lideresas ambientales de la región del Magdalena Medio santandereano. Nos mantendremos en alerta en espera del avance de medidas que protejan y garanticen derechos. Invitamos a la comunidad internacional a denunciar el uso de la violencia contra la legítima movilización del pueblo [1].

[1] Esta comunicación será enviada a la Presidencia de la República de Colombia, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo..

Más información:

Ecuador: Apoyo a la resistencia de las comunidades de la parroquia La Merced de Buenos Aires, Imbabura, afectadas por invasión minera australiana

Compartimos esta petición de solidaridad con defensoras y defensores de la vida en Ecuador a través de Salva de Selva- Se puede firmar hasta el 28 de febrero del 2023

>>Firma aquí <<

Las comunidades de La Merced de Buenos Aires vienen denunciando las irregularidades y violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza de parte de HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting. Exigen su salida del Ecuador, por considerarla ilegal y por vulnerar derechos humanos y de la naturaleza.

Desde las comunidades, pueblos y organizaciones se exhorta a la Corte Constitucional del Ecuador a acoger y priorizar la Acción Extraordinaria de Protección presentada por las comunidades de Buenos Aires.

Como organizaciones abajo firmantes apoyamos dicha solicitud y nos unimos además en la condena del accionar violento del Gobierno de Guillermo Lasso quien abiertamente ha manifestado pretender brindar seguridad jurídica a las empresas mineras, poniendo a su disposición a la fuerza pública como si se tratara de guardias privados de las empresas mineras.

El pueblo ecuatoriano es el mandante, el aparato estatal no puede estar supeditado a los intereses de las transnacionales mineras que incumplen las leyes ecuatorianas y por ende provocan caos, violencia, criminalización, destrucción y muerte.


English Version: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW0JnsHa73MguitJlCe2syiSCrAp-dF3CcpS9cJvujxZsQNw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

26.1.2023

Denuncia pública del Frente Nacional Antiminero y el Observatorio Minero Ambiental, Social del Norte del Ecuador OMASNE junto a Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema BUPROE

La empresa minera australiana Hancock Prospecting envuelta una vez más en graves violaciones a los derechos humanos y las leyes de Ecuador” 

  La mañana del martes 24 de enero 2023, más de 800 policías y militares ingresaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia Imbabura, norte de Ecuador, con la finalidad de que la empresa minera HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting pudiera ingresar a la comunidad El Triunfo con trabajadores, plataformas y maquinaria para construir campamentos. Hanrine es concesionaria del proyecto IMBA, que abarca buena parte de la superficie de esta parroquia con tradición agrícola y ganadera, cubierta de bosques y atravesada por ríos importantes para la vida de la comunidad y las poblaciones indígenas vecinas. La intención de Hanrine es comenzar con la exploración inicial de oro y cobre sobre la concesión IMBA 2.

Una presencia militar y policial tan masiva responde al plan de seguridad minera que el presidente Guillermo Lasso pretende ejecutar desde este mes para garantizar a las transnacionales mineras sus intereses. Un proceso de servidumbre minera establecido en la ley minera, le permitiría a la empresa instalarse en una propiedad. Mientras, las demandas de las poblaciones afectadas por las concesiones mineras no son atendidas, lo que  se contradice con lo que dicta la Constitución del Ecuador.

Conflicto minero

En la comunidad, debido al contexto previo de gran conflicto en el que ha estado envuelta la empresa australiana desde su aparición, la consideran ilegal y no grata en el territorio. Durante la mañana del citado día, la comunidad se vio en la urgencia de necesitar impedir que HANRINE se instale sobre sus predios y fincas. La Fuerza Pública hizo uso de gases lacrimógenos y balas de goma en contra de la comunidad, resultando varias personas heridas. Aproximadamente a las 11:00 hs de la mañana, se produjeron tres detenciones de personas entre las que se encontraba un hombre de 71 años con disparidad auditiva y visual. Durante ocho horas no se tuvo conocimiento de su paradero. No hubo cargos ni trasladado a la Unidad de Policía Comunitaria. Quiere esto decir que la detención era ilegal

Aproximadamente a las 15:00 pm, la comunidad informó que, con la ayuda de la fuerza pública, la empresa minera logró imponerse luego de varias horas de enfrentamiento completamente asimétrico. 

Intervención del Defensor del Pueblo

En la tarde, el delegado de la Defensoría del Pueblo de Imbabura arribó hasta el lugar de los hechos para indagar lo ocurrido. Solicitó documentos legales que avalaran las acciones perpetradas por los militares presentes. Estos justificaron su presencia con el argumento de que planificaban construir un campamento militar para combatir la minería ilegal en la zona. Pero su accionar estaba claramente ligado la protección de la empresa HANRINE y a facilitar su instalación en propiedad privada, sin los permisos legales pertinentes. Dos objetivos del operativo se detallaban en un documento que pudo ver el Defensor del Pueblo: la entrega del predio para la construcción de un campamento militar y el inicio de la fase de exploración inicial, a cargo de HANRINE. Dicho documento carecía de firma de un representante militar que avalara la intervención. Es decir era un acta redactada a mano, según pudo verificar el Defensor del Pueblo, declarando a continuación la presencia militar y de la empresa HANRINE como “invasión ilegal”, ordenando por consiguiente su retiro de la zona con todo el cargamento, maquinarias, plataformas y personal.

De esa manera se impidió un nuevo episodio de impunidad y, al menos momentáneamente, volvió la tranquilidad a la parroquia La Merced de Buenos Aires. Los dos comuneros detenidos quedaron en libertad en la noche. El comandante de la Policía se comprometió a vigilar que la empresa minera retire todos sus implementos al día siguiente.

Modus operandi minero en el Ecuador

Este es un ejemplo más de las prácticas ilegales de las transnacionales mineras en el Ecuador, apoyadas y respaldadas por el Estado ecuatoriano. Es un abuso de poder frente a comunidades campesinas que defienden sus derechos, la naturaleza y la vida. 

Exhortamos, por tanto, a la Corte Constitucional del Ecuador a acoger y priorizar la Acción Extraordinaria de Protección demandada por las comunidades de Buenos Aires, Imbabura, Ecuador

Frente Nacional Antiminero del Ecuador

Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE

Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema BUPROE

English Version: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW0JnsHa73MguitJlCe2syiSCrAp-dF3CcpS9cJvujxZsQNw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Las Abejas de Acteal convocan a acompañarles en el juicio en busqueda de #JusticiaParaSimónPedro el 7 de febrero en Pichucalco

Desde Otros Mundos Chiapas llamamos a la sociedad civil y a otras organizaciones a solidarizarse en la busqueda de #JusticiaParaSimónPedro y hacer un llamado a través de redes sociales para que las autoridades de Chiapas realicen la diligencias correspondientes de manera correcta. Súmate utilizando el hashtag #JusticiaParaSimónPedro este próximo martes 7 de febrero a las 10 de la mañana hora México.

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

 Convoca:

A los medios de comunicación nacional e internacional, y a las organizaciones no  gubernamentales, a que nos acompañan en en el tribunal de enjuiciamiento de
Pichucalco, Chiapas. 

Para el  desahogo de las pruebas para el esclarecimiento del asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López.

Este 7 de febrero A Las 10:00 A.M.

Los esperamos

Atenta mente mesa directiva de Las Abejas de Acteal.

Más información:

Imagen: Las Abejas de Acteal

Gobierno de México desconoce cantidad de agua utilizada por minería

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la minería y el agua en México – A enero 25 de 2023

PorRenata Bessi

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m3 al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados. 

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m3   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

Imagen: Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.

Presentación con vida de Antonio Valencia y Ricardo Lagunes, defensores de la vida

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A enero 31 de 2023

PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO VALENCIA Y RICARDO LAGUNES

FUERA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO DE NUESTRO TERRITORIO
!YA!

Enero 31 de 2023

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) exigimos al gobierno federal, como al gobierno de Michoacán y al municipal de Aquila, la presentación con vida de los compañeros Antonio Valencia y Ricardo Lagunes quienes fueron desaparecidos el día 15 de enero de 2023 cuando iban hacia la capital de Colima.

El profesor Antonio Valencia y Ricardo Lagunes se encontraban realizando actividades para la defensa del territorio por las consecuencias de la extracción minera Ternium. Lamentamos que el gobierno federal continue invisibilizando las consecuencias de la extracción minera en los territorios. Además de los impactos ambientales y para la salud, las empresas generan despojo y violencia. No es suficiente que las empresas justifiquen «responsabilidad social empresarial», ni que «operan dentro del marco de la ley», porque la vida de las comunidades y de las personas defensoras está en peligro.

La REMA responsabilizamos directamente a la empresa Ternium por la desaparición de los compañeros Antonio Valencia y Ricardo Lagunes y por la violencia generada en el municipio de Aquila que ha desatado múltiples asesinatos y otras desapariciones, así como a los tres niveles de gobierno por la falta de justicia en el territorio

¡YA BASTA DE ENCUBRIR A EMPRESAS MINERAS!
DEFENDAMOS A LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO
¡ANTONIO VALENCIA Y RICARDO LAGUNES PRESENTACIÓN CON VIDA YA!

Atentamente

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Natalia Kuprova

México emite concesiones mineras hasta en áreas protegidas

Compartimos este reportaje especial de Avispa Midia sobre el avance y debastación de la minería en México – A enero 16 de 2023

Por: Santiago Navarro F

Keving Hernán Sánchez es un indígena zoque de San Miguel Chimalapas que dejó su comunidad a temprana edad para migrar hacia la ciudad capital de Oaxaca para aprender literatura. Pero nunca imaginó que al graduarse y regresar a su territorio tendría que aprender a defenderlo, pues un proyecto minero amenaza con desgarrar el tejido social y ambiental de su pueblo.

Keving es oriundo de Los Chimalapas, una región al sur de México que abarca 594 mil hectáreas: 460 mil de ellas en Santa María Chimalapa y 134 mil en San Miguel Chimalapa. En esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Datos del registro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), señalan que Los Chimalapas en la actualidad, “es una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos, (germoplasma) de mayor importancia en México y Mesoamérica. Se estima que una sola hectárea de vegetación tropical no perturbada en esta región alberga hasta 900 especies vegetales”. También es hogar de especies en peligro de extinción como las plantas cicadáceas Ceratozamia spp y palma Chamaedora spp.

Allí habitan también más de 200 especies animales, incluso, los que están en riesgo de desaparecer como: las aves loro farinosa, faisán real, momoto carenado, águila solitaria, cigüeña de cabeza pelada , entre otras.

Sin embargo, a pesar de su riqueza natural, en todo el estado de Oaxaca se han emitido 422 concesiones mineras que ponen en riesgo a sus habitantes, a la flora y fauna del lugar. Sobre todo, hay preocupación por la gran cantidad de agua que utilizan estas mineras, que son millones de litros por día, además de la contaminación de los mantos freáticos. Por si fuera poco, tal como las fuentes consultadas para este reportaje indicaron, los pueblos originarios que habitan las zonas destinadas a la minería no cuentan con información del tipo de metales que quieren extraer en sus territorios ni han sido consultadas al respecto.

Un estudio publicado en diciembre de 2020 por el Sistema de Revistas Electrónicas de la Universidad de Paraná afirma que Sonora, el estado con mayor número de minas en fase de explotación en México, sufre una importante contaminación del agua por sustancias tóxicas. Entre ellas, ácido sulfúrico, cianuro y otras. «Varias minas han reportado más de un derrame y todos son frecuentes, lo que genera preocupación sobre cuántos han ocurrido a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina», señala el informe, titulado «Minería extractiva y conflictos socioambientales por el agua en el noroeste árido de México: un análisis de ecología política».

El caso de los Chimalapas

La minera que puso en alerta a Keving y que encendió las alarmas en Los Chimalapas, donde él vive, es la minera canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V. Esta empresa, a través de su filial, la Minera Zalamera S.A de C.V., tiene el título de concesión número 225472 en el lote denominado “Jackita” que en 2020 comenzó los trámites para que le aprobaran una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que le permite la perforación de pozos para extraer muestras, con motivo de exploración.

Ruta de ciudad de México hacia Los Chimalapas en transporte terrestre, 11 horas.
Keving y otros jóvenes se enteraron en 2020 de la existencia de este proyecto minero y, tras la sorpresa por el hallazgo incidental de esta información, porque ninguna autoridad de Gobierno les había informado al respecto, crearon el colectivo de investigación independiente denominado Matza (que en idioma zoque significa primera estrella de la mañana). “Fue así que investigamos de qué empresa se trataba, cuál era su dimensión y que los minerales que iban a explotar eran oro y plata”, afirma el indígena zoque.

Matza se encargó de informar a las comunidades de la región sobre la minera y lograron diversas movilizaciones de los pueblos en 2020, a través de las cuales hicieron ver al gobierno que no querían minería en sus tierras. “Porque de Los Chimalapas se desprenden diversos afluentes, de los cuales vivimos y vive la mayoría de comunidades de las partes bajas. Todo esto sería devastado y contaminado”, afirma Keving.

Más información:

Piden sumarse al llamado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que no liberen los árboles transgénicos a la naturaleza

Compartimos esta petición e informe de Stop Genetically Engineered Trees sobre los monocultivos de árboles en Estados Unidos – A 23 de enero de 2023

Desde la “Campaña Global para Detener los Arboles Transgénicos” piden decirle al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que los árboles modificados genéticamente son una mala idea y no deben liberarse en la naturaleza con la intención de que se propaguen libremente.

Según el Proyecto de Ecología de Justicia Global (GJEP), se desconocen por completo las repercusiones a largo plazo para los ecosistemas y la salud humana de los árboles modificados genéticamente, que pueden vivir cientos de años y amenazan los bosques afectados por la tala, las plagas y patógenos introducidos, la expansión urbana y el cambio climático. Se trata de un «experimento masivo e irreversible» con nuestros bosques.

La fecha límite para enviar las observaciones al USDA es el 26 de enero de 2023. Estas pueden hacerse al siguiente enlace: https://www.regulations.gov/commenton/APHIS-2020-0030-8291

INFORME:

Estatus global del desarrollo de árboles genéticamente modificados: Una creciente amenaza


La liberación mundial de árboles genéticamente modificados está más cerca que nunca. Este informe examina la realidad mundial actual de los árboles genéticamente modificados. Documenta el estado de desarrollo de los árboles genéticamente modificados alrededor del mundo, con el fin de identificar dónde es más inmediato el riesgo de liberación de árboles genéticamente modificados. También describe algunos de los riesgos y analiza algunos de los usos propuestos más prominentes.

Debido a los cambios en las regulaciones nacionales, este informe puede ser la última oportunidad de obtener una instantánea de las pruebas de campo de los árboles genéticamente modificados en todo el mundo.

Haga clic aquí para leer el informe.

Haga clic aquí para leer el resumen.

Fin del camino para la justicia en Canadá: La Corte Suprema se niega a escuchar apelación de la familia de defensor del medio ambiente mexicano asesinado

Compartimos este comunicado de MiningWatch Canadá, Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y Otros Mundos Chiapas – A 23 de enero 2023

(Ottawa, Chiapas | 23 de enero de 2023) La Corte Suprema de Canadá se ha negado a escuchar una apelación de la familia del defensor del medio ambiente mexicano asesinado Mariano Abarca, cerrando efectivamente la puerta en Canadá a cualquier investigación sobre el papel que la diplomacia canadiense pudo haber jugado en poner en peligro la vida de Mariano.

Mariano Abarca, un líder comunitario en la lucha contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras canadienses en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado en 2009. Creyendo que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano en mayor riesgo en las semanas y meses previos a su asesinato, su familia presentó una queja bajo la ley de denunciantes de Canadá en 2018. Ignorando más de 1000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación.

Tras una revisión judicial, un juez del tribunal federal admitió que “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. No obstante, los recursos presentados contra la decisión del Comisionado no consiguieron que se abriera una investigación, y el 12 de enero del presente año la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia.

Dado que los mecanismos de rendición de cuentas en Canadá le han fallado a la familia de Mariano Abarca, ésta ahora acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.

«Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá», afirma José Luis Abarca, hijo de Mariano. «Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas».

La decisión de la Corte Suprema menoscaba el derecho de acceso a la justicia de los defensores del medio ambiente, según los abogados

El asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope, afirma: «Al negar la autorización para apelar, la Corte Suprema de Canadá ha puesto fin a la posibilidad de una investigación administrativa y judicial canadiense sobre las irregularidades cometidas por funcionarios canadienses en el caso de Mariano Abarca.  La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta».

Shin Imai, del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), afirma: «Este caso va más allá de una mera investigación de los actos y omisiones de funcionarios canadienses de la embajada en México. Si el recurso hubiera sido aprobado por la Corte Suprema, habría sido la primera vez que el deplorable sistema denunciantes de Canadá hubiera sido omitido al escrutinio de la más alta Corte– con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero.»

El gobierno canadiense sigue dando prioridad a las empresas en detrimento de los derechos humanos

En 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188.000 millones de dólares– activos propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense.

La profesora Charis Kamphuis, también de JCAP, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá. Ella afirma que «los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados». «Lamentablemente, en el caso de Mariano Abarca, los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses».

Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), ha trabajado con la familia Abarca desde antes del asesinato de Mariano.  Según él, «la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es decepcionante y reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes».

Antecedentes:

  Contactos para los medios de comunicación:

  • Nicholas Pope, Hameed Law, 613-656-6917
  • Shin Imai, profesor emérito, Facultad de Derecho Osgoode Hall, 647-524-2312
  • Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Laina, (para concertar entrevistas con la familia), 438-993-1264

Más información:

En prensa:

Chiapas: Tras ataque a defensor, marchan en Chicomuselo contra grupos armados y proyectos mineros

Compartimos esta información de Educa Oaxaca sobre la lucha por la vida ante la minería en Chicomuseolo – A enero 12 de 2023

El 5 de enero, miles de hombres, mujeres y niños salieron a marchar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, con el propósito de exigir un alto a la inseguridad y la violencia, ya que la presencia de grupos del crimen organizado y paramilitares ha aumentado, esto anuado a la amenaza de empresas mineras de retomar sus proyectos en esta región fronteriza con Guatemala.

En el municipio de la Sierra Madre, los campesinos y campesinas, feligreses de la parroquia caminaron por las calles pacíficamente “para demandar el fin de la violencia desatada por la delincuencia organizada que pretende imponer la minería en la región con el silencio cómplice de las autoridades”.

El pasado 30 de diciembre del 2022 en Chicomuselo “fue privado de su libertad, torturado, vejado y abandonado herido con disparos de arma de fuego el compañero Isabel Recinos Trigueros, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST)”. Señalaron que el plagiado sobrevivió, pero se encuentra gravemente herido. Que “los agresores forman parte de un grupo de la delincuencia organizada al servicio de las mineras en el estado de Chiapas”.

Ejidales y comunitarios recordaron la operación ilegal de la mina de barita en el ejido Santa María a mediados del 2022, sin embargo, la marcha recordó que dicha actividad extractiva de la empresa Blackfire, intentó asentarse en el ejido Grecia en 2009, pero detuvo sus operaciones después del asesinato del defensor del territorio Mariano Abarca.

Al final del mitin, los voceros llamaron a la unidad de todo el pueblo, por encima de intereses políticos, económicos y religiosos, para velar por la paz y el bien común y a su vez demandar al gobierno federal, estatal y municipal que cese de la minería tóxica y los proyectos de muerte.

Chiapas Paralelo Chicomuselo cierra filas en contra de la inseguridad y la minería Boletín MST aquí

Más información:

Asesinan a dos defensores del territorio Guapinol en Honduras

Compartimos esta noticia publicada en Educa Oaxaca sobre el asesinato de los defensores del río Guapinol en Honduras – A enero 9 de 2023

El 7 de enero del presente año se registró el asesinato de dos defensores comunitarios de Guapinol en Honduras,  Aly Domínguez y Jairo Bonilla eran los líderes comunitarios de la comunidad que durante muchos años se ha mantenido en resistencia ante los proyectos mineros que intentan imponer. Sus familiares exigen justicia ante estos crímenes que se integran a una dolorosa lista de 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante su proyecto minero ilegal.

La lucha de la comunidad de Guapinol comenzó desde 2012 un año después de que se declarara “parque nacional protegido” a la zona donde nacen dos ríos importantes para estas regiones, los ríos Guapinol y San pedro, un logro comunitario que lograron durante muchos años. Sin embargo en 2012 de manera ilegal el congreso  nacional de Honduras aprobó un decreto donde reducía las hectáreas de protección de dicho parque con el fin de que la empresa minera EMCO (ahora, Inversiones Los Pinares) estableciera una minera en la zona.

Desde entonces la lucha por la defensa del territorio y el agua ha permanecido y con ella diversos ataques a personas de la comunidad y defensores, a pesar de la múltiples denuncias que se han interpuesto, la autoridades estatales no han garantizado para protección a la integridad física de las comunidades en riesgo, pero también no han accionado en contra de las mineras que continúan dañando y contaminado los ríos y el ambiente a causa de la explotación  minera.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales exigen un cese a la violencia contra esta comunidad, las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos para poder acceder a la justicia y al mismo tiempo exigen la cancelación inmediata de las licencias mineras en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.

Para conocer más sobre su lucha puedes visitar la Página “Libertad para Guapinol”

Alerta: Denuncian captura de 2 líderes comunitarios y otras 3 personas en El Salvador

Compartimos esta información sobre la violencia y represión a defensores de la vida en El Salvador – A 11 de enero del 2022

San Salvador, 11 ene (EFE).- Habitantes de una comunidad del central departamento de Cabañas denunciaron este miércoles la captura de dos líderes comunitarios y de otras tres personas más por supuestamente estar involucrados en delitos cometidos antes del estadillo de la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

Se trata de 2 miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), una organización no gubernamental creada en 1993, y tres habitantes de la comunidad Santa Marta (Cabañas), quienes fueron arrestados por la Policía la madrugada de hoy, de acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales.

Las personas detenidas responden a los nombres de Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas.

Según la fuente, a estas personas «se les vincula en un caso ocurrido entre los años 1973 y 1974», según la Fiscalía, y «se les agrega el cargo de asociaciones ilícitas».

Los habitantes denunciaron que «toda esta situación pone en evidencia la construcción de un caso de forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a ADES».

Señalaron que los representantes de la Fiscalía les indicaron que las capturas «no tienen nada que ver con el régimen de excepción», por lo que piden que «se siga un proceso apegado a la ley» y que «antes de 72 horas se realice una audiencia».

El Salvador se encuentra en régimen de excepción desde finales de marzo de 2022 y a la fecha han sido capturados más de 61.000 supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas estructuras.

Tres organizaciones humanitarias denunciaron en septiembre del año pasado al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante dicho régimen.

La comunidad Santa Marta fue una de los lugares más golpeados durante el conflicto armando interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante de casos de violaciones de derechos humanos. EFE