Les compartimos algunas fotografías de las instalaciones de biodigestores en difententes puntos de Chiapas, para la generación de Biogas y Biofertilizante.
El uso de los fogones abiertos afecta la salud especialmente de las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños. En muchas regiones del campo la dificultad de conseguir leña, o su exclusivo uso está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, la pobreza de los suelos, entre otras consecuencias. El consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretendemos eliminar por el Cambio Climático. En el ámbito urbano o semiurbano se da también la crianza de cerdos y borregos que genera malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello consideramos que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar estos efectos y problemáticas tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.
¡Energía limpia y renovable para los pueblos! Porque otros mundos son posibles.
También les compartimos este video sobre la instalación de un Biodigestor en Chilil, municipio de Hixtán, Chiapas.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.
A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.
Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.
A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.
La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.
“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,
DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.
Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.
En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.
Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.
La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte. Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.
Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.
La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.
Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.
Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.
Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.
Una burla
El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.
La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.
Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.
Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.
El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.
Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.
Carta de apoyo y solidariadad con el pueblo Garífuna en Honduras
CARTA DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN APOYO A LA INCORPORACIÓN DEL SUNLA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y BÚSQUEDA DE LOS GARIFUNAS DESAPARECIDOS DE TRIUNFO DE LA CRUZAL
C. JUAN ORLANDO HERNADEZ ALVARADO – Presidente de la República de Honduras AL C. MAURICIO OLIVA – Presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras Al C. ROLANDO ARGUETA PÉREZ – Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras A LA C. LIDIA ESTELA CARDONA – Procuradora General de la República de Honduras AL C. OSCAR CHINCHILLA – Fiscal General de la República de Honduras A LA C. JACKELINE ANCHECTA – Secretaria de Estado por ley en los Despachos de Derechos Humanos. A LA C. BLANCA IZAGUIRRE – Comisionada Nacional Derechos Humanos Honduras MICHELLE BACHELET – Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos GIOVANNI SASSOLI – Presidente del Parlamento Europeo NANCY PELOSI -Presidenta Cámara de Representantes EUA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A LA OPINIÓN PÚBLICA
SRAS Y SRES.
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes como espacio de articulación de organizaciones defensoras de derechos, asociaciones estudiantiles; organizaciones de base, organizaciones barriales, movimientos de mujeres, LGTBIQ, movimientos populares, artistas, campesinos, pueblos indígenas y negros organizados quienes nos fortalecemos en la diversidad, en el consenso y la horizontalidad como práctica política en la búsqueda de verdad y justicia para el pueblo garifuna en Honduras.
El 18 de julio de 2020 alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de aproximadamente 30 hombres fuertemente armados con uniformes y chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), identificándose como pertenecientes a dichas fuerzas, ingresaron a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida, Honduras. El ingreso a la comunidad se justificó a partir de un supuesto operativo de allanamiento y búsqueda de personas. Según testigos de la comunidad el objetivo del indicado operativo fue capturar al presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Alberth Sneider Centeno, quien, junto con Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix, fue detenido luego de ingresar de manera violenta a su vivienda. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Transcurridos 10 meses de la desaparición, las autoridades no han desarrollado una investigación diligente y efectiva que haya permitido establecer el paradero de los desaparecidos, identificar a los responsables de estos hechos o determinar el móvil del delito. Ante ello, y amparados en el principio de autodeterminación de los pueblos, que se contempla, entre otros instrumentos, en la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Asamblea del pueblo Garífuna, a solicitud de familiares de los jóvenes desaparecidos, aprobó la conformación de El Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA).
Teniendo en cuenta la impunidad que opera en el país1, y la importancia de ésta en la histórica violación sistemática a los derechos humanos que ha vivido el pueblo garífuna, el SUNLA tiene como objetivo llevar a cabo una veeduría en el proceso de investigación ejecutada por el Estado de Honduras, y de manera simultánea, desarrollar una investigación competente, independiente y autónoma desde las formas ancestrales y propias del pueblo garifuna, que permita un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos, que haga posible identificar la verdad de los hechos y dar respuesta al reclamo de justicia de las familias de los jóvenes desaparecidos y de las comunidades mismas.
Sin embargo, el pasado 26 de marzo de 2021, el Estado de Honduras desatendiendo que estos hechos constituyen una grave violación de derechos humanos que habilitaría la acción pública, negó a través de la Procuraduría General de la República la incorporación del SUNLA en las investigaciones. En su informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas provisionales otorgadas en favor de comunidades garífunas Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra2, adujo que, la inclusión de SUNLA en el proceso investigativo violaría los principios del derecho internacional público relativos a la soberanía y no intervención en los asuntos internos del Estado.
Afirmamos que, de manera contraria a lo señalado por el Estado de Honduras, la incorporación a la investigación de SUNLA y de las personas extranjeras que pudieran integrar no pretende sustituir al Estado en sus atribuciones y obligaciones y tampoco violaría los principios indicados, pues lejos de constituir una forma de injerencia extranjera, supone una iniciativa nacida desde el pueblo garífuna, a través de la cual éste ejerce su autodeterminacion como pueblo culturalmente diferenciado. . Por el contrario, su integración sería una muestra de voluntad del Estado de respetar los derechos del pueblo garífuna y de trabajar una estrategia conjunta de investigación que permita velar por la transparencia, eficacia e independencia en las investigaciones.
La incorporación del SUNLA en el proceso de investigación no solo se justifica en el respeto a los derechos del pueblo garífuna, sino también a partir de los derechos reconocidos a las víctimas de desaparición forzada3 , y en las posibilidades que otorga el derecho interno de incorporarse como acusación particular4 en casos de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos. Por tanto, la incorporación de SUNLA es vital como mecanismo para garantizar el legítimo derecho de las víctimas, familiares y representantes de poder acompañar y participar en el proceso de investigación y búsqueda y velar porque este sea exhaustivo e independiente.
De esta manera, les abajo firmantes, organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, EXIGIMOS: 1.- La incorporación inmediata del SUNLA al proceso de investigación y búsqueda de los jóvenes garífunas desaparecidos el 18 de Julio del 2020. 2. El respeto irrestricto al derecho de las víctimas, familiares y representantes de acompañar y participar en el proceso de investigación y velar porque este sea exhaustivo e independiente; 2.- El cese a la persecución, criminalización, hostigamiento e intimidación por parte del Estado contra el Pueblo Garifuna;
Por la vida y el territorio, justicia y verdad para el pueblo garifuna
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(1) Honduras es el segundo país con mayor índice de impunidad a nivel mundial, según el Informe 2020 del Índice Global de Impunidad. (2) Oficio DNDDHH-LI-256-2021, mediante el cual se presenta informe en relación con el punto resolutivo sexto de la Resolución del 02 de septiembre de 2020. (3) La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece en el artículo 24 que “cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida y recoger también el derecho de las víctimas, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como toda persona, asociación u organización con un interés legítimo tienen el derecho de participar en la búsqueda, establecido en los Principios Rectores de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados en 2019. (4) Código Procesal Penal. Artículo 96. El acusador privado y los delitos de acción pública. En los delitos de acción pública, la víctima o su representante legal podrá provocar la persecución penal con la asistencia de un profesional del derecho debidamente colegiado y en el pleno ejercicio de su profesión, o intervenir en la ya iniciada por el Ministerio Público, con todos los derechos y facultades que le confieren la Constitución de la República, el presente Código y las leyes especiales. Cuando la víctima acredite carecer de medios económicos suficientes para ejercitar la acción privada, será representada por el Ministerio Público. El mismo derecho tendrá cualquier persona, natural o jurídica, contra los funcionarios o empleados públicos que, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, hayan violado derechos humanos. La participación de la víctima como acusador, no impedirá que el Ministerio Público cumpla con las funciones que le atribuye el presente Código o su respectiva ley, ni lo eximirá de sus responsabilidades. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por el artículo 230 de la Constitución de la República.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia las mujeres y sobre todo defensoras en América Latina – A 7 de mayo de 2021
En Mesoamérica la constante violencia perpetuada en contra de las mujeres es una dolorosa realidad. Datos preliminares de la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) revelan que durante el mes de marzo de 2021 se registraron 282 ataques contra defensoras de México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Las cifras recabadas, comparadas con las obtenidas en años anteriores, demuestran que en el mes de marzo hay un considerable crecimiento en el número de ataques a defensoras mesoamericanas.
De acuerdo con la IM-Defensoras, el aumento no es casual. Debido a que el 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer – y por ende se efectúan diversos tipos de dinámicas y protestas en nombre de la vida, dignidad y derechos de la mujer- la cultura machista pone en marcha sus mecanismos de ataque, un mensaje contundente que conjuga misoginia pura: no exijan, no se quejen, no se defienda, o será peor.
La naturaleza de las agresiones y número de víctimas de ataques es diferente en cada país. No obstante, en cada uno de ellos se afianza el mensaje de represión y el odio.
En México, en marzo las protestas – y los actos de represión a las mismas- ocurrieron alrededor de toda la república; en muchos casos la policía encapsuló a las manifestantes como medio de intimidación y coerción física. Se observaron detenciones arbitrarias, acoso cibernético y la violación al derecho de difundir información de las activistas mexicanas. En total se registraron 84 agresiones (el triple en comparación a enero y marzo).
Defensoras en el 8M Oaxaca, México. Fotografía: Vanessa García Navarro
En Nicaragua, se reportó 156 ataques contra defensoras (16 de ellos el día 8 de marzo). El gobierno -utilizando como medio la fuerza policiaca- fue el principal instigador de la violencia. Se dedico a acosar y hostigar a las activistas, incluso impidió que lograran movilizarse libremente en el desempeño de sus diligencias.
En Guatemala, sus tierras, que fueron testigos de la imperdonable masacre de 56 niñas y mujeres adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (en 2017), ahora contemplan las secuelas del crimen. Se sabe que las defensoras del derecho a la verdad, reparación y justicia (madres de las víctimas de esta fatídica tragedia) siguen siendo amenazadas y atacadas ahora que el proceso judicial ha abandonado su pausa. En 2018 y en febrero de este año dos madres activistas fueron asesinadas en su búsqueda de justicias, mientras que, a finales de marzo de este año, la activista Elsa Siquín (también madre de una de las niñas victimas) fue agredida junto a sus hijos en su propio hogar.
En El Salvador, se registraron 25 agresiones (de las cuales 20 acontecieron el 8 de marzo). Las defensoras salvadoreñas de los derechos sexuales y reproductivos amenazadas por la policía y el ejército. En añadidura, su sororidad con el insólito caso en el que una mujer que murió en prisión tras ser condenada debido a que sufrió una emergencia obstétrica, les ha costado desprestigio e estigmatización.
En Honduras, se crearon organizaciones anti-derechos, con el fin único de boicotear las actividades que los grupos feministas y mujeres planeaban llevar a cabo el 8 de marzo y se atacó con propaganda misógina el Foro de Mujeres por la Vida (FMPV). Además, destacan de los crímenes cometidos contra las defensoras de la tierra.
El gobierno en cada uno de los países mencionados se niega a proporcionar seguridad y apoyo a las mujeres, las estorba y las ataca cuando intentan procurárselos ellas mismas. El término “feminismo” se criminaliza, se castiga y se convierte en tabú. No obstante, el no ver, no oír y no hablar de los males de nuestra sociedad no los hace desaparecer. Únicamente difundirlos y encararlos puede abatirlos.
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“El susto”
Martes 18 de mayo de 2021, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
El documental “El susto”, dirigido por Karen Akins, exhibe uno de los problemas más graves de salud que enfrenta México desde el 2000, cuando la diabetes se convirtió en la primera causa de muerte en el país. Para este cine-debate nos acompañaran Marcos Arana del Centro de Capacitación en Ecología y Salud de Chiapas, que trabaja especialmente en los altos de Chiapas y Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor.
Sinopsis: En México, donde los refrescos azucarados son más accesibles que el agua potable y la diabetes tipo 2 es una de las principales causas de muerte, la coca-cola y otras bebidas azucaradas son tanto una forma de vida como de muerte, lo que desencadena una crisis de salud pública en un gobierno y una población mal equipados para manejarlo. Tan revelador como estimulante, El Susto descubre la enorme influencia de la poderosa industria de bebidas en todo el país, su acceso impulsado por profundos lazos políticos, agresivas campañas de marketing y un gran abuso de poder. Presentando familias devastadas por la diabetes tipo 2 durante generaciones; trabajadores de la salud integrados en las comunidades afectadas; destacados defensores de la salud pública; e incluso un ex ejecutivo de marketing de Coca-Cola, El Susto traza la insidiosa infiltración de Big Soda en la sociedad mexicana mientras valientes defensores de la salud pública, profesionales médicos y miembros de la comunidad luchan por el bienestar de una nación.
Ver Trailer aquí :
Les recordamos que la entra el libre, sin embargo hay que pasar a la taquilla de Kinoki por sus boletos ya que debido a la pandemia se controla el número de asistentes a las salas. Recuerden también seguir tomas las medidas y usar correctamente el cubrebocas dentro de la sala
Les compartimos el resumen del día 13 del juicio contra David Castillos en la búsqueda de #JusticiaParaBerta hecho por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 11 de mayo del 2021
Ministro de seguridad le dijo hoy a pedro q era «lio de faldas» -Daniel Atal
Resalta la conversación en la que Daniel Atala Midence, le asegura Sergio Rodríguez que el crimen contra Berta Cáceres sería investigado como un crimen pasional. «Ministro de seguridad le dijo hoy a pedro q era «lio de faldas» le enviaba Atala a Rodríguez, demostrando la coordinación entre los Atala Zablah, en particular Pedro Atala, y el Ministro de Seguridad Julián Pacheco para asegurar su impunidad.
En esta conversación también se demuestra el acceso a información exclusiva del asesinato por parte de Sergio Rodríguez, la cual era proporcionada por miembros de la policía.
Quedo demostrado también como Pedro Atala, José Eduardo Atala, David Castillo y otros empleados de la empresa discutieron estrategias de comunicación después del asesinato de Berta con el fin de desvincularse del crimen. https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1392152319068971010?s=20
Información exclusiva sobre el asesinato y las investigaciones alrededor de este, fueron garantizadas con el Comisionado Sanchez, además de presencia policial para «asegurar» las instalaciones de la empresa. https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1392152323451928578?s=20
La defensa de David Castillo también solicitó la lectura de mensajes con la intención de demostrar supuestas acciones que realizaba la empresa para beneficiar a los miembros de la comunidad, sin embargo estas contrastan con las declaraciones de la compañera Rosalina Domínguez en las que denunció la violencia y destrucción de cultivos que vivieron quienes se oponían al proyecto Agua Zarca. https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1392183339856142336?s=20
La audiencia continuó con la lectura de la prueba documental propuesta por la acusación privada que representa al hijo de Berta Cáceres, Salvador Zúniga.
Entre estos documentos se encontraban: Actas de protocolización de la empresa DESA Acta de monitoreo de las medidas cautelares de las que era beneficiaria Berta Cáceres. En las actas de protocolización de DESA se demostró cómo la empresa fue constituida por los hermanos Abate Ponce, ambos empleados de David Castillo quienes no contaban con conocimiento técnico para la producción de energía, además de que fue creada con un capital mínimo de 25 mil lempiras.
Esto, mientras David Castillo trabajaba en la dirección de la ENEE y los Atala Zablah fraguaban el plan para defraudar el Estado con supuestos proyectos de generación de energía.
Más información sobre este fraude se encuentra en el caso de «Fraude Sobre El Gualcarque» en el que David Castillo también es imputado, caso del cual el COPINH fue expulsado ilegalmente.
En el documento de protocolización de la empresa DESA se menciona a los miembros del Consejo de Administración entre los que se encuentran, David Castillo, Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah.
En el acta de monitoreo de las medidas cautelares de Berta Cáceres, se demostró que Berta demandó medidas de seguridad por su situación de riesgo; sin embargo, estas solicitudes ni las denuncias sobre la empresa DESA de la familia Atala, fueron atendidas.
Es responsabilidad del Estado de Honduras la falta de protección a Berta y su asesinato a mano de sicarios, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y los empresarios Atala Zablah. https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1392261186092154881?s=20 La audiencia finalizó con la presentación de prueba documental propuesta por la defensa de David Castillo. Este miércoles se avanzará con la presentación de los demás medios de prueba propuestos por la defensa.
El Tribunal convocó para este miércoles 12 de mayo, a las 9:00 am
Agenda 12 de mayo: Listado de conversaciones de WhatsApp. ( prueba documental de la defensa se introducida por lectura.) Culminar interrogatorio de perito David Amador sobre el DETECI 167 del teléfono de Sergio Rodríguez. Verificación de acta de decomiso Paola Quintero en la Sala Penal a las 4:00pm y verificación de medios de prueba de acta de allanamiento y decomiso de auto neon. Evacuar medio de prueba de Alejandro Maradiaga.
Por si te lo perdiste: Roxanna Altholz, integrante del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) y el Abogado Víctor Fernández realizaron un análisis de lo acontecido en estas semanas de juicio.
«Asesinato de Berta Cáceres no fue casual. Fue complot de estructuras criminales bajo apariencia de empresas legales, financiadas por altos empresarios en asocio con políticos y funcionarios públicos.» – Padre Melo
Declaración de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Red-DESC – A 7 de mayo del 2021
El 28 de abril de 2021 varios sectores de la sociedad colombiana tomaron las calles en protesta consecuencia de los aumentos de impuestos propuestos a las necesidades básicas, a los combustibles y los servicios públicos. Medidas que afectarían de manera desproporcionada a una gran parte de la población de la clase trabajadora y la clase media que ya se encuentra en dificultades socioeconómicas. El proyecto de reforma tributaria fue justificado por el gobierno del presidente Iván Duque como necesario para estabilizar la economía afectada por el COVID-19, pero fue retirado el domingo 2 de mayo de 2021. Sin embargo, las protestas han continuado en respuesta a la política neoliberal del actual gobierno. Las autoridades han respondido a las protestas con una severa represión que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(link is external) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(link is external). Según diversas fuentes, al menos 19 personas han muerto como consecuencia de la represión estatal, cientos han resultado heridas, detenidas arbitrariamente y se han producido incidentes de violencia sexual contra manifestantes. Quienes monitorean e informan sobre las movilizaciones, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, han recibido amenazas y agresiones.
La Red-DESC se solidariza con los integrantes de la Red en Colombia y con la sociedad civil en general del país. En este sentido, en el marco de la grave situación violatoria de derechos humanos solicitamos a las autoridades colombianas cumplir con sus obligaciones y buscar una salida a la crisis en las siguientes vías:
Respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía que se encuentra en el ejercicio del derecho legítimo de protesta y desescale la violencia.
Dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia de tutela de septiembre 22 de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que se encuentran incumplidas total o parcialmente, en especial:
Diseñar y cumplir un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;
Expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas.
A los órganos de investigación y control cumplir de manera independiente con su función de protección y garantía en el ejercicio de los derechos humanos.
Respetar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, así como a las legítimas exigencias de derechos humanos planteadas por los y las manifestantes.
Liderar con apertura un diálogo efectivo como respuesta a los reclamos sociales y cumplir con las obligaciones de Colombia en materia de derechos económicos, políticos, sociales, civiles y culturales.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de mayo del 2021
El pasado jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco en el Estado de Sonora, fueron asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz yMaría de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del ejido El Bajío, esposos y firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en el Estado de Sonora.
No fue la primera ocasión en la que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habrían sido agredidos. El 3 de septiembre del año 2017, sin el amparo de una orden judicial, fue detenido y desaparecido afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional). Según relata el propio Jesús Robledo para Pie de Página el 23 de marzo de 2020, “ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto. Mi esposa corrió la misma suerte”.
Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el 2002, al ingreso de la empresa Penmont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y, por supuesto, llevar ante el tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto. Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario, desde el primer momento de reclamo, se acrecentaron los actos de violencia tales como; sufrir intimidaciones, detenciones arbitrarias, homicidios, levantones[1], desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos.
En los tiempos de la 4T todo sigue igual; el Modelo Extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y, sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el uso de las fuerzas armadas legales -entre ellas la policía minera, creada recientemente por el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Ing. Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para gobernar el estado de Sonora-, y grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado. Ambas fuerzas son utilizadas para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aún si las y los defensores usan las instituciones en búsqueda de justicia.
En época de celebración de jubilaciones, no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto Bailléres González, al dejar como su último acto, otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la compañera María y el compañero José de Jesús. Se retira de sus “ocupaciones” con la saña que lo ha caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia, por mencionar sólo algunos de sus episodios. ¡Que lejos se encuentra López Obrador de castigar a los mega–empresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno!; ¡Qué equivocado está cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México! Sr. presidente los empresarios mineros “mexicanos” con los que usted opera, son mucho peores que los extranjeros, sin que ello justifique, claro está, que los extranjeros también hacen barbaridad y media.
Para las y los compañeros ejidatarios de El Bajío, no podía estar peor el contexto en el cual, la Sra. Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, es la sobrina de otro personaje impresentable; el Sr. Rafael Pavlovich Durazo. Es evidente el nepotismo con el cual actúa el gobierno estatal al cubrir y ser omisa ante la fabricación de documentos apócrifos gestados por su tío, con el propósito de obligar a los ejidatarios de El Bajío a que lo aceptaran como integrante del ejido y posiblemente, si ello sucediera, ser entonces el puente perfecto para que la empresa minera Penmont lograra continuar con el saqueo de las tierras. El Sr Rafael Pavlovich aparece en el ejido por primera vez en abril el 2014 y, desde entonces su presencia cobra una gran relevancia por sus actos violentos y de denuncias en contra de las y los ejidatarios, muchas orquestadas a través de instituciones de gobierno, con el propósito de imponer condiciones dentro de la asamblea ejidal. Como antecedente mencionamos que, el Sr Rafael Pavlovich, con apoyo del magistrado del tribunal agrario[2] el Lic. Benjamín Arellano Navarro le otorga posesión de un predio de 1,824 hectáreas, que era propiedad plena de El Bajío. Con el respaldo del magistrado, el Sr. Rafael Pavlovich presenta denuncias por despojo agravado contra compañeros del ejido y en 14 días ya tenía a todos encarcelados gracias al trabajo exprés de la fiscalía del estado. En Sonora Rafael Pavlovich es un conocido delincuente, pues su historial en la falsificación de títulos de tierra en Sonora es basto, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca (Caballero, 2018).
El compañero José de Jesús Robledo Cruz fue quien, durante su periodo como presidente del comisariado del ejido El Bajío, encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero y del despojo por desposesión. Esta condición rápidamente lo llevó a oponerse contra estos poderosos personajes que en este país son garantes de libertades para el asesinato y el despojo: Alberto Baillères, potentado empresario minero y Rafael Pavlovich Durazo, un delincuente protegido por su sobrina, la actual gobernadora del estado de Sonora.
La lucha sostenida y legal de El Bajío por la defensa de su territoriosupera los 18 años buscando justicia, misma que, como mencionábamos líneas arriba, en varios tribunales han logrado sentencias a favor del ejido, por ejemplo; a causa de varias resoluciones judiciales se obligó a que la minera Penmont suspendiera su actividad minera y a desalojar y devolver las tierras ejidales. Otro ejemplo sucede al Sr. Rafael Pavlovich Durazo, le obligan a devolver al ejido las 1,824 hectáreas que ocupaba de manera ilegal.
Denunciamos que el asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad de Alberto Baillères, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras, sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución por parte de los órganos judiciales competentes.
Adicionalmente advertimos, por las imágenes a las que hemos tenido acceso, no tenemos duda que el asesinato de nuestra compañera y compañero fue realizado por el brazo armado ilegal que trabaja en contubernio tanto con la empresa de Alberto Baillères como con el Sr Pavlovich. Los cuerpos de nuestra compañera y compañero estaban cubiertos con una cartulina en la que aparecen, a modo de advertencia y amenaza, los nombres de 13 ejidatarias/os cuya vida evidentemente se encuentra en alto riesgo.
Los hechos son vergonzosos para un país que todas las mañanas pregona que la impunidad se terminó y que la corrupción es tema del pasado. La muerte de cada defensora/r del territorio es una herida que la clase política no podrá sanar, esconder o limpiar, salvo que los dichos, por la fuerza de nuestros pueblos, en algún momento se vuelvan hechos.
Exigimos de manera firme y contundente que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad histórica y proteja a sus ciudadanas/os, además de vigilar la actuación de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual en complicidad se ha mantenido al margen de actos de violencia anteriores y, por lo tanto, la duda persiste en el sentido de que ahora lleve a cabo las investigaciones y acciones correspondientes para encontrar y presentar a los asesinos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega ante un tribunal de justicia.
Demandamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que implemente de manera urgente las acciones necesarias que garanticen tanto la protección de las y los 13 ejidatarios amenazados a los que hicimos referencia líneas arriba, así como al resto de las y los ejidatarios de El Bajío y sus familias.
REMA se suma a las condolencias y solidaridad de los familiares de José de Jesús Robledo Cruz yMaría de Jesús Gómez Vega.
CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE SU ESPOSA NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ
CADA DÍA LA IMPUNIDAD SE VUELVE UNA LOZA MUY PESADA PARA LA 4T
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la ruptura de una represa de una minera canadiense en Brasil nuevamente- A 23 de abril de 2021
En una humillante respuesta (para el pueblo de Maranhão, Brasil), de parte de la empresa Equinox Gold al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/equinox-gold-response-4/, sobre el desastre ocasionado, entre el 23 y 25 de marzo del año en curso, a causa de la ruptura de su presa de desechos mineros; la minera relata de manera cínica que, “debido a las intensas lluvias se desbordó un pequeño estanque de agua dulce de nuestra propiedad conocido como Lagoa do Pirucáua, lo que contribuyó a la turbidez del agua e inundó temporalmente la carretera de la aldea de São José.”
De igual forma minimiza los daños y llama a los medios mentirosos y faltos de información, cuando afirma que, “el desbordamiento ha sido reportado incorrectamente por algunos medios de comunicación independientes como una falla de la «presa de jales». No hubo ningún fallo en la presa de residuos. Las fuertes lluvias y las consiguientes inundaciones regionales no afectaron a las estructuras operativas de la mina, incluidos nuestros pozos, la instalación de almacenamiento de residuos y las instalaciones de roca estéril, que siguen intactas y funcionando con normalidad. Tampoco se produjeron emisiones de «productos químicos tóxicos» en la mina, como se afirma en algunos artículos. Estos hechos han sido confirmados por los reguladores que visitaron el sitio de Aurizona para inspeccionar las instalaciones de jales y roca estéril y también fue publicado en el sitio web de la Agencia Nacional de Minería de Brasil.”
Equinox Gold, en su relato al centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos, al que hacemos referencia líneas arriba, afirma de manera engañosa y en consecuencia con dolo, que “el personal de la mina reaccionó rápidamente para apoyar a las comunidades vecinas, incluso transportando a la gente a través de las carreteras cuando se inundaron, ayudando a restablecer rápidamente el acceso a las carreteras, entregando agua limpia en camiones para complementar los suministros de agua de los hogares y entregando agua potable embotellada para complementar los suministros disponibles en la comunidad. También ofrecimos nuestra ayuda para mantener y mejorar la planta de tratamiento de agua de la comunidad, que estaba entregando agua filtrada en pocos días tras la instalación de nuevos filtros”.
Sorprende la rápida y colaborativa respuesta por parte de la empresa en una clara estrategia para tapar lo más rápidamente posible los daños que ocasionó y aparecer ahora de forma colaborativa apoyando a la población, cuando es su responsabilidad directa mantener sus instalaciones en constante supervisión para reducir los impactos al ambiente que de por si ocasiona la actividad minera. Nada puede cubrir los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, ni siquiera su estrategia mediática para subsanar los daños que este tipo de notas le puede ocasionar con sus inversionistas, a quienes sí busca cuidar de miles de formas y no así, ni a la población ni al ambiente en sus sitios de interés.
Que casualidad que ahora en esta nueva contingencia minera en Brasil, muestre todo tipo de colaboraciones para apoyar a la comunidad de Aurizona y ayudar a garantizar el acceso a una fuente estable de agua limpia filtrada, cuando tenemos testimonios de que esa misma empresa ni siquiera permite el libre transito de la población que habita en la cercanía.
En contracorriente a la respuesta de la empresa, las y los afectados junto al Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), denuncian la contaminación al río Tromai; “en algunas casas ha llegado el agua, pero ha llegado con un olor fuerte, da picazón en la piel de la gente. El rompimiento de la presa acabó con la laguna Cachimbo y la laguna Juiz de Fora, que además de los reservorios de abastecimiento de agua de la comunidad, también era nuestro punto turístico. Lo único que teníamos en la región era agua en abundancia, y ahora hasta el agua nos ha quitado la empresa. Las notas (de la empresa) son mentirosas, no son justas, las reuniones con la empresa no resuelven” Comenta Jonais Pinheiro, afectado por el crimen de Equinox Gold.”
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) la respuesta que realiza la empresa minera Equinox Gold para los organismos internacionales como el Centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos sólo refuerza y refrenda lo que acá en México también demuestra; el profundo racismo, discriminación y comportamiento que prevalece no sólo en esta empresa, sino en las empresas mineras del mundo entero. No tenemos duda que la empresa Equinox Gold es un buen ejemplo, pero de intolerancia para lo que ellos llaman sus grupos de interés comunitario, a quienes cada que encuentran ocasión desacreditan ante la opinión pública e incluso acusan ante diversas instancias gubernamentales para que les faciliten la emisión de juicios a favor de la empresa.
No hay forma de que tapen las afectaciones que provocan, porque la ambición minera tal cual lo muestra la empresa canadiense Equinox Gold, no tiene límites para atentar contra la vida.
¡JUSTICIA PARA MARANHAO!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de habitantes de las colonias del Sur de San Cristóbal de Las Casas en la Peregrinación en Defensa del Agua, los Humedales, la Madre Tierra y la Vida en los humedales de montaña compartido por SERAPAZ– A 2 de marzo del 2021
A las compañeras, compañeros que acompañan la lucha por la vida, el agua, los territorios, los humedales de montaña.
Con esperanza y alegría nos dirigimos a ustedes para poder agradecerles su asistencia y acompañamiento a esta peregrinación y celebración, ya que es muy significativa para la colonia y comunidad cinco de marzo.
La memoria viva y colectiva de estas tierras que ahora tocan, son tierras recuperadas de 1994 por la lucha de nuestros hermanos y hermanas zapatistas, que sembraron su vida en estos suelos. Aquí buscamos hogar personas pertenecientes a pueblos de raíz Maya Tsotsiles, Tseltales, Cho’les, y castilla; hemos convivido con nuestra sagrada ciénega hogar de diversas plantas, arboles y animales. queremos decirles que sigue vive la luz de la resistencia, para el cuidado de la vida, de la madre tierra.
La declaratoria de lugar sagrado de la ciénega 5 de marzo, es un acto para decir que ahí donde los intereses extractivistas ven dinero y destrucción, nosotras vemos vida en abundancia. Con esta declaratoria de lugar sagrado sabemos que este lugar pasa a ser tierra y agua para todas y todos. El agua no solo es para unos cuantos, el agua es para todos y todas debemos defenderla y cuidarla, ser guardianes y guardianas del agua y de la madre tierra.
Sabemos que esta lucha por la vida, los territorios, el agua, los humedales de montaña, es una lucha hermana de otras luchas, como la de nuestras compañeras y compañeros de Las Abejas de Acteal, Gobierno Comunitario de Chilón, Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Chinamperos de Xochimilco y San Gregorio Tlapulco.
Seguiremos tejiendo redes organizativas con las comunidades y ciudad para proteger nuestros espacios comunes de vida.
Agradecemos a los pueblos que hoy nos acompañan y nos abrazan en estos momentos de alegría, les damos las gracias por hacer lo posible y tener acto de presencia aquí en nuestra colonia y comunidad cinco de marzo. También agradecemos a los compañeros que no pudieron asistir, pero que a distancia nos apoyan y nos acompañan en esta lucha que es de todos.
A nombre de las colonias del norte y de los barrios al consejo general de la zona sur y norte, de las organizaciones, colectivas, de los académicos, de los defensores de derechos humanos, de los pueblos originarios, de la colonia y comunidad cinco de marzo a nombre de todos, gracias.
¡La Madre Tierra no se vende, se ama y se defiende! ¡El agua no se vende, se cuida y se defiende! ¡Ciénegas para vivir, no para destruir!
SERAPAZ- Peregrinación en Defensa del Agua, los Humedales, la Madre Tierra y la Vida en los humedales de montaña – 2 de mayo 2021
En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.
“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.
Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.
De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.
Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.
Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.
El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.
Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.
Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.
Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.
Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.
Militarización en Chiapas, imparable
Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.
Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.
Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.
Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.
Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.
En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.
La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.
Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.
“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion
El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.
En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.
“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed
Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.
Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.
“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.
Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.
Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.
Sin acceso a la justicia
Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.
“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.
Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.
“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.
“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.
“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.
No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de monocultivo que se pretende instalar en el sureste mexicano – A 5 de abril del 2021
Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.
Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.
Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.
Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).
En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.
“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.
Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.
Corrupción
Sembrando Vidarealiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.
De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.
“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.
“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).
Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.
En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.
La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.
Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.
Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.
Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.
