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Minera canadiense lleva 12 años contaminando el agua y dañando los cultivos, acusan en Durango

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Compartimos esta investigación especial publicada en Sin Embargo sobre los daños ocasionados por la Minería – 19 de enero de 20202

La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.

Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.

Por Jesús Peña 

Durango, 19 de enero (Vanguardia).– Desde arriba del gran bordo donde descansa la vía del ferrocarril, con sus recios rieles y sus toscos durmientes, se ve un vasto campo sobre el que se extiende una afelpada y verde alfombra de alfalfa, que en el ocaso estepario da la sensación de estar en un paraíso.

Debajo del puente, por el que transita el tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón.

Y todo aquí da la impresión de estar en el edén, la tierra prometida, un vergel.

Parece un vergel, de no ser porque las aguas que bajan por esta rivera caudalosa y clara, son las aguas contaminadas con arsénico, y otros metales pesados, como el plomo y el zinc, que provienen de la mina La Platosa.

Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje, (entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen sin malicia en los establos de la Región Lagunera.

Los procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de arsénico y conseguir agua es complicado en este ejido. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.

Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.

Además de una cansada disputa por el territorio, entre el ejido y la minera, que comenzó en 2012 y aún se libra en los tribunales.

La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe, donde no hay pavimento ni drenaje, sólo el recuerdo de una planta purificadora de agua que ya no funciona y unos talleres de carpintería y costura que están parados por falta de dinero.

En La Sierrita, la mayoría de la gente, unos 100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción.

“Hay una página de la Excellon que dice que el Ejido La Sierrita es ejemplo a seguir en Durango. No es cierto, estamos jodidos, estamos en la ruina”, dirá Carlos Godoy Rivera, el secretario del comisariado ejidal de este poblado.

“Esa tierra ya no sirve, porque ya tiene más de 10 años que se riega con esa agua. Pa producir buena alfalfa, buen maíz, ya no. Trae muchos metales, minerales, mucho arsénico, mucha sal, mucho plomo, zinc. No está tratada. Es agua contaminada y está contaminando las tierras, los pastos, la alfalfa, el maíz, la avena, el trigo, todo se está contaminando aquí”.

Dice César Pulido Barrón, ejidatario y presidente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita, mientras señala a lo lejos, desde lo alto del bordo del ferrocarril que va y viene de Ciudad Juárez a Torreón, las campiñas y campiñas tapizadas de forraje que conceden al paisaje desértico una belleza inusitada.

César denuncia que la minera Excellon Resources Inc vende el agua contaminada con arsénico, plomo y zinc, a unos 13 pequeños propietarios, (agricultores productores), socios de las grandes empresas lecheras en La Laguna tales como Lala, Chilchota, Alpura.

Unos 100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

Al respecto un empleado de una reconocida empresa lechera, que pidió no ser identificado, corroboró de manera extraoficial la versión de los ejidatarios, al ratificar que una parte del agua de la mina la Platosa es utilizada por más de una docena de agricultores productores, socios de varias compañías lácteas de la región.

“Desde luego se hace en el marco de la ley, no hay perjuicio a ningún tercero y sólo se utiliza una parte de total disponible”, dijo la fuente.

Y deslindó a la firma que representa, de toda responsabilidad sobre el manejo que sus socios agricultores productores hacen de sus negocios.

“Cada socio tiene la gestión que le puede convenir más para su negocio en términos de compra de tierra, compra de forrajes, derechos de agua y noria, y cada uno puede responder de lo que está haciendo bien o, en su caso, de lo que está haciendo mal…”.

“Eso lo puede hacer la canadiense – dice Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero –, gracias a que en la ley minera, cuando una mina encuentra agua la norma dice literalmente que puede utilizarla conforme a los intereses que le empresa defina y ahí lo que definieron fue echarla para afuera, porque obviamente si no sacan esa agua no pueden sacar la plata que está allá abajo. Hay empresas que hacen contubernio con la minera para que les dé esa agua y meten forraje para la industria de todo el corredor de Tlahualilo, que es muy grande. No sólo es la minera como tal, sino que se va encadenando a otros megaproyectos como la producción de forrajes que luego cae a otros intereses vinculados a esa zona, que tienen que ver con la cuenca lechera”.

Un estudio realizado por Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua, señala que el volumen de líquido que sale de la mina, como resultado de su laboreo, asciende a unos dos mil metros cúbicos por segundo, cantidad que bastaría para surtir a Gómez Palacio, Durango, y de paso a otros municipios.

“Se dice fácil, pero si lo vemos en una zona desértica es mucha agua. La Platosa es un proyecto que agota el acuífero principal, una mancha que viene de una seria de fracturas de la Sierra de Bermejillo. Y según lo que hemos detectado toda esa sierra está formada por grandes cavernas de yeso. En todas esas grandes cavernas primero está el yeso y luego viene la plata. Ellos dicen que no va a pasar nada, pero sí pasó y la Semarnat les dio permiso: un barreno rompió esas capas, rompió lo que teóricamente son grandes cavernas que por millones de años llenaron esas sierras calizas que son las fuentes de que se alimenta el acuífero principal”.

Un documento relativo a un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, promovido por la empresa Excellon Resources Inc. y publicado en internet, dice que, “se han detectado estructuras como fallas rellenas con yeso, cavidades y cavernas de varios metros de ancho…”, y más adelante dice, “el área se ubica dentro de la unidad hidrológica denominada acuífero principal, región lagunera, en una zona de veda y en donde se presentan dos componentes: uno somero, que manifiesta aportaciones a profundidades de entre 20 y 30 metros de escurrimientos asociados a infiltraciones de recientes periodos de lluvia; y un componente profundo del orden de 150 metros, en el que el agua subterránea presenta concentraciones minerales que le dan un carácter químico no apta para fines de consumo humano”.

Semanario colectó una muestra de las aguas de la Platosa y las llevó al Laboratorio de Análisis Químico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, (IPN), en Ramos Arizpe.

La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

El examen arrojó que dicho líquido contiene 0.468 microgramos de arsénico por litro de agua, cuando lo permitido por la norma nacional es de sólo .025.

César dice que hace algunos años habitaban en esta sierra, la sierra de Bermejillo, Durango, donde se encuentra asentado el ejido, manadas de venados, jabalíes y otros animales silvestres, sin embargo, muchas de estas especies han perecido tras beber las aguas del arroyo contaminadas con metales pesados que extrae la minera de la mina y derrama, sin permiso, en tierras de la comunidad.

En un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, difundido en la red, se lee que entre la fauna que caracteriza a La Sierrita, Durango, se encuentran el águila real, aura, cenzontle, correcaminos, conejo, coyote, gato montés, liebre, víbora de cascabel, zorro, ardilla, cacomiztle norteño, rata cambalachera y ratón, “(….), poco vistas, posiblemente, debido a las perturbaciones por las explosiones mineras realizadas en el área, el movimiento en la zona de cultivo de la zona de influencia o por el tráfico continuo en la carretera, lo que ha ocasionado el desplazamiento de la fauna hacia mejores condiciones del hábitat y menos perturbaciones”.

Y más abajo señala que “la acción de desmonte provoca que la relativamente escasa fauna silvestre menor presente en la zona, se desplace a sitios con menos perturbaciones cerca del área del proyecto, afectando su comportamiento y dinámica poblacional por la migración”.

Esta contaminación, provocada por la minera, ha ocasionado también la muerte de vacas y cabras propiedad de los ejidatarios, que al no encontrar abrevaderos en la sierra, se sacian con el líquido letal derramado por la empresa.

“Las vacas de los mismos ejidatarios que andan aquí sueltas en el agostadero, se han muerto porque toman agua de ahí y luego les faltan pedazos de carne a los animales, a las yeguas, a las vacas, a las chivas. Se están muriendo donde toman agua de ahí”, dice César Pulido Barrón, ejidatario y presiente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita.

Por estos pueblos proliferan las historias sobre labriegos que se han encontrado reses muertas, botadas, en el desierto y que tras abrirlas, tras realizarles una autopsia exprés, han descubierto las carnes quemadas, ennegrecidas del animal.

“La gente dice, ‘la carne de los animales que toman agua de esa, sale quemada’, son los daños que está haciendo esta agua contaminada. Estos animales cuando mueren, que usted los quiere comer, que los destaza, mira que no sirve la carne, está muy negra”, contará Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua.

Habla Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero:

“Sí, nosotros medio sabíamos de unas historias, no de ahorita, de hace unos seis años, sobre varios animales que fueron a tomar agua, se les infló el vientre y murieron”.

El tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

“El agua va rodada y pasa por tierras del ejido. Sin permiso la pasan, les vale… Quieren que salga lo más lejos posible. A parte ellos están haciendo su negocio, están vendiendo el agua para la siembra y están tirando el agua que sobra al ejido, sin permiso. Están dañando la tierra y nomás están ganando, ellos están explotando, están sacando a diario, no sé cuántas toneladas de plata, plomo, zinc”, dice Juan Guadalupe Zamarripa González, el presidente del comisariado del Ejido La Sierrita, un atardecer de vendaval que ha venido con otros ejidatarios para recorrer el área afectada por la contaminación de la mina.

Carlos Godoy Rivera, secretario del comisariado, dice que al principio la minera puso unos letreros que decían “agua no apta para consumo humano”, letreros que más tarde fueron retirados cuando la empresa comenzó a vender el líquido a los pequeños propietarios.

Camino de la carretera 49 a Ciudad Juárez, que parte las tierras del ejido ubicado a unos cinco kilómetros de Bermejillo, Durango, y a 50 kilómetros de Torreón, el ejidatario César Pulido dice que las aguas que corren por el arroyo situado debajo del puente del ferrocarril, son las aguas que la mina desecha, que le sobran, después de haberlas repartido entre los pequeños propietarios de la región, muchos de los cuales rentan tierras al ejido.

“Esta agua ya está sobrante eh, esta agua ya es sobrante de la que agarran todos, pero esa agua que están tirando, la que sobra, ya nos perjudicó todo el terreno, porque ya secó todo el pasto, lo quemó”.

Y dice que esta contaminación ya ha hecho estragos incluso en la flora, cactáceas, plantas medicinales y árboles, que vive en este desierto.

“Aquí había monte de buena calidad. Aquí era buen pasto y todo, buenos mezquites. Todo eso amarillo que uste mira ya está quemado con esta agua, ya de ahí no sale nada de pasto ni mezquites, todo eso amarillo ya está quemado, el terreno ya está quemado. Si se mete usté y saca ese mezquite lo saca con salitre, ahí sale con salitre ese mezquite, ya está muerto ese mezquite, la pastura ya está muerta, ahí ya no sale el zacate”.

Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero, aclara que esta deforestación se debe a que, además de ir cargada con altas concentraciones de arsénico, el agua de la Platosa es rica en carbonato de calcio y magnesio.

“Además de sacar el arsénico y ponerlo en la superficie con estos cultivos, también se está salinizando el suelo, es decir, después de algunos años ese suelo ya no va a quedar ni siquiera para que crezcan nopales…”.

Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación.

Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

“Había norias jalando bien bonito. Una pequeña (propiedad) aquí tenía cinco norias. Se secaron por lo mismo de que la mina saca el agua y ya las norias no produjeron nada. Muchas de las norias al derredor de Bermejillo y de Gómez se han secado por culpa de la mina”, dice César.

“Las mineras canadienses vienen a hacer, en pocas palabras y discúlpeme, pero puro desmadre”, dice Verónica Pulido Barrón, ejidataria.

“Con el Gobierno”, la secunda el comisariado Juan Zamarripa,

“Por eso, aunque nosotros vayamos a pedir justicia a todo mundo… Si son nuestras tierras, ¿por qué ellos vienen a adueñarse de algo que no es suyo? ¿Y por qué el Gobierno los apoya?, ¿porque tienen dinero y a nosotros no…?”, dice Verónica.

Los ejidatarios de La Sierrita dicen estar preocupados por los daños a la tierra, a los animales y a la salud humana, que en el futuro pueda provocar esta contaminación, causada por la minera.

“Uno que consume leche y todo eso, Lala, riega con esa agua, Chilchota riega con la misma agua y producen la leche y todo. Imagínese cómo está la Comarca”, dice el ejidatario César Pulido.

Al respecto una investigación realizada hace una década por la Facultad de Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), reveló cómo las aguas contaminas con altas concentraciones de arsénico que son usadas en el regadío de cultivos, tienen un impacto negativo en la cadena alimenticia.

“Si regamos con agua contaminada con arsénico o el suelo está contaminado con arsénico, la planta extrae este metaloide y pasa a la cadena alimenticia, es acumulativo, no lo podemos degradar. Del agua pasa al suelo, del suelo a la planta, de la planta al animal y luego nos comemos la carne o la leche, ahí va la concentración de arsénico. Aquí en la región tenemos mucho cáncer, tanto en Coahuila como en Durango, y es debido a eso, a que la concentración de arsénico está muy alta y las plantas la absorben y luego nos comemos el maíz o el frijol. O el arsénico se pasa a la carne y lo vamos a acumular hasta que llega a un nivel de toxicidad”, advierte Cirilo Vázquez Vázquez, director de la Facultad Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, (UJED, y doctor en recursos naturales.

Tales resultados se obtuvieron de un estudio sobre cultivos, maíz y frijol, sembrados en suelos con altos niveles de arsénico o regados con agua de pozos profundos, altamente contaminados con este metaloide, en el Ejido Batopilas, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

“Se evaluó y realmente se observó que el arsénico pasa del agua al suelo y luego a la planta y después a los animales, la carne o la leche. Los cultivos absorben la concentración de arsénico y sí, está en lo que nos estamos comiendo”, reitera Vázquez Vázquez.

Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje, entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen en los establos. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

Semanario buscó reiteradamente a Sandra Magaña, la directora de relaciones corporativas de Excellon en México, a fin de que diera su versión en torno a las acusaciones vertidas por los ejidatarios de La Sierrita.

Hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de entrevista.

Este medio intento comunicarse, durante casi dos semanas, con Óscar Gutiérrez Santana, el gerente regional de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, para que fijara su postura sobre este reportaje.

Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, Román Galán Treviño, encargado del despacho de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), delegación Durango, declaró que hasta ahora la dependencia no tiene ningún comunicado, ninguna denuncia en particular sobre el tema de la contaminación en La Sierrita.

“Sé que han estado en pláticas con la Comisión Nacional del Agua, viendo precisamente el problema de la contaminación, Es lo que hemos sabido extraoficialmente, pero no hemos tenido ninguna petición o planteamiento del ejido”.

-¿Conocía el problema?

-Conocemos el problema, pero a través de los medios, de la prensa, hasta ahí.

José Luis Reyes, encargado del despacho de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa), aclaró que no es competencia de esta oficina verificar las condiciones de manejo y uso del agua en las mineras.

Y añadió que es responsabilidad de la Conagua regular este tipo de aprovechamientos.

“Es quien se encarga de verificar todo lo que es el manejo y uso del agua”.

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Imágenes: Jordi Sifuentes, Vanguardia

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Agricultores mayas siguen en pie de lucha a 8 años del arribo de soya transgénica a sus territorios

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Compartimos este nota publicada en Sin Embargo sobre la agroindustria de soya en la península y su impacto negativo en la vida de las abejas- A 29 de enero de 2020

Por EFE SinEmbargo

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

México, 28 ene (EFE).- Los productores locales del sureste de México, territorio indígena maya, denunciaron este martes las consecuencias que sufren sus comunidades desde que en 2012 varias empresas multinacionales consiguieran licencia para plantar soya transgénica en sus territorios.

“Estoy tomando agua contaminada, estoy respirando aire contaminado. Hay un conflicto social y confrontaciones internas muy fuertes. Nuestros jóvenes están migrando”, reclamó este martes la activista maya Leydy Pech, apicultora de Hopelchén, el municipio más afectado por estas plantaciones en el sureño estado de Campeche.

Pech participó en una conferencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la que se trató principalmente el problema que atraviesa la apicultura en esas zonas, primera actividad afectada por la deforestación y por uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

El apicultor y activista Gustavo Huchín denunciaba la situación en el documental “¿Qué les pasó a las abejas” (2019), al señalar que fuerzan a los mayas a vender las tierras, luego las desforestan y las riegan de pesticidas, lo cual destruye el hábitat de las abejas y les causa daños que nos les permiten volver a los panales, cuando no las matan directamente.

Pero las abejas no son las únicas en sufrir los daños, ya que, para evitar inundaciones en las cosechas, los productores industriales construyen pozos de absorción ilegales, con lo que se contaminan el agua y las tierras de toda la zona

Uno de los principales elementos de los pesticidas utilizados es el glifosato, un componente calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Ante esta situación, las denuncias de los productores mayas surgieron efecto en noviembre de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de México suspendió esa licencia para plantar soya y así dar derecho a los indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas deseaban en sus territorios.

Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el proceso sigue sin concluir y la moratoria no se ha respetado, denuncian los indígenas.

“En 2003 no se sembraba soja en Hopelchén. En 2016, se sembraron más de 28 mil hectáreas y en 2019 fueron 45 mil hectáreas, según el grupo de sojeros”, recordó Pech, quien apuntó directamente a Monsanto, que fue adquirida por la multinacional alemana Bayer en junio de 2018 por 63 mil millones de dólares.

El Subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, aclaró a los medios que el Gobierno trabaja en la prohibición “a la siembra de soya transgénica, que está asociada a uso masivo de herbicidas tóxicas”, en un plazo “de pocos meses”.

El Subsecretario reveló que “una comisión intersecretarial”, con apoyo de la Sader, de la Secretaría de Medioambiente y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja en establecer los plazos y las formas para llevar a cabo el estudio que conduzca a la prohibición.

Suárez recordó que el Ejecutivo ya prohibió una lista “amplia” de plaguicidas “altamente peligrosos” por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Imagen: Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México. Foto ilustrativa: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

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Sierra Norte de Puebla: Defensa del río Ajajalpan: un paso adelante

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Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la defensa de los ríos en Puebla- A 25 de enero de 2020

Por Francisco López Bárcenas

El 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.

Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo, revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.

En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.

Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos –supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes 25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces presidente municipal participó como testigo de calidad y no como servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.

La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.

Imagen: Lado B

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[Nota] Comunidades de Calakmul ganan amparo contra Tren Maya

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Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la suspensión de un tramo del Tren Maya – A 29 de enero de 2020

El primer amparo en contra de la construcción del Tren Maya fue aprobado hace 12 días. Sus promoventes objetan que la consulta no se llevó a cabo de la mejor manera, por lo que pidieron la suspensión del proyecto. La suspensión es temporal y tendrá que atender la resolución de un juicio que podría tomar meses

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro 

Un amparo suspendió la aprobación y cualquier acto de ejecución del Tren Maya. Lo anterior por un amparo interpuesto por comunidades indígenas del municipio de Calakmul, en Campeche.

El juzgado primero de distrito de Campeche acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”, por lo que el pasado 14 de enero el Poder Judicial de la Federación dio la orden de suspensión.

Las comunidades indígenas ch’ol y mayas peninsulares, representadas por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) se quejaron por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya, por lo que el pasado 6 de enero presentaron su amparo.

“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, asegura Romel González, miembro y fundador del Consejo Regional Indígena de Xpujil. “La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”, añade.

Su principal crítica es que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, no siguieron ningún protocolo para llevar a cabo la consulta. También, que en muchos casos no se consultó a todo el pueblo sino solo a los representantes ejidales.

“Se hizo con manipulación y mala onda. De mala fe. Si tú lees su protocolo, hasta abajo, casi casi como en letras muy chiquitas se lee: ‘en el caso de que una comunidad solicite una consulta más específica, nos lo hagan saber’ ¿Cómo va a saber la gente que tiene ese derecho?”, dice al respecto Romel González. 

“Ese día que vinieron a hacer la consulta les preguntamos si habían hecho alguna vez una consulta. Nunca habían hecho nada parecido. No tenían experiencia haciéndola. Además. si el gobierno es juez y parte, pues obviamente es una consulta a modo”, añade.

Después de la aprobación de este amparo, y de la suspensión temporal, se tendrá que abrir un juicio, y dependiendo de los resultados de ese juicio la suspensión se podría hacer permanente o levantarse. Romel no tiene un estimado de cuánto podría durar este juicio, pero asegura, podría llevar meses.

El amparo denuncia que la consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre autodeterminación de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.

Niega Fonatur notificación de amparo

Horas después de que el Cripx diera a conocer su amparo, el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons aseguró que no se les ha notificado de ninguna suspensión. Desde hace meses, el titular ha negado la existencia de otros amparos.

En otros puntos de la península de Yucatán se han promovido amparos como éste, sin embargo, de acuerdo con Romel González no se han sostenido porque no hay gente que firme los reclamos. No hay personas que los hayan sustentado. 

El 19 de noviembre del años pasado, el presidente López Obrador aseguró que si empezaban a llegar amparos en contra de la construcción del tren, prefería no empezar la obra, porque se iría atrasando y su gobierno la dejaría inconclusa. 

“No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en tres años y que termine yo el gobierno y se quede la obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa”, aseguró en ese entonces. 

El amparo afecta todo el proyecto

“La suspensión es en función de todo lo que viene del proyecto”, explica Romel González, “No solo de la consulta. Es decir, no suspende sólo la decisión de la consulta, sino todo el proyecto”. El dictamen es un reflejo del sentir de la comunidades de Xpujil, que está en contra de todo el proyecto. 

“No es oponerse por oponerse, es como si estuvieran pensando por nosotros, de qué queremos. Es una actitud totalmente paternalista. Por lo que nos están ofreciendo es como si dijeran: ‘a ver, yo te vengo a traer desarrollo, y tú haces como yo te digo’. No es una acción correcta de mirarnos como sujetos públicos de derecho”. Se escucha la voz fuerte y sonora de Romel, quien habla en entrevista telefónica. 

Él asegura, que los beneficios que traerá el tren parten de imaginarios del gobierno federal que no son científicos ni racionales.

Si bien por Xpujil, un pueblo elevado a cabecera municipal apenas en 1996, cuando se creó el municipio y la reserva de la biósfera de Calakmul (de unas 724 mil Ha) no tiene un trazo ferroviario que se recupere para el paso del proyecto federal, sí cuenta con una autopista, que es por donde podría pasar el tren. 

El problema, dice Romel, es que el paso de una vía ensancharía el derecho de vía de la carretera, lo que presentaría uno de varios problemas: o se destruye montes y selvas, o se desplaza a varias personas del pueblo o se afecta la zona arqueológica.

“Hay una serie de contradicciones porque no nos cabe en la cabeza cómo es que están pensando. ¿Tú crees que va a pasar un tapir, un saraguato (mono aullador) o un tigre por ahí? Puede que genere un gran conflicto, porque va a destruir todos los atractivos que viene la gente a ver, así para qué queremos un tren”.

Xpujil, un pueblo olvidado

Hasta hace 20 años, este pueblo no tenía luz. Aún hoy sus habitantes captan agua a través de juagueyes y aljibes y que ni siquiera tiene un basurero municipal. Sin embargo, a partir de 1996, cuando se creó el municipio de Calakmul, su población empezó a crecer.

Hoy, parece un pueblo flotante, que entre semana se llena de estudiantes que atienden a una de sus tres universidades o a los burócratas del gobierno municipal que vienen a trabajar. Incluso, la explosión demográfica fue tan súbita que servicios como el de salud, no se le ha podido emparejar. “Los hospitales no solo carecen de medicinas, sino a veces también de médicos”, revela Romel. 

Como desde hace años, la gente que vive aquí depende de la producción agrícola de chile jalapeño y de chihua (pepitas de calabaza), así como de la apicultura. “La miel de Calakmul es la miel base para mucha de la producción nacional, por el tipo de floración que tiene”, presume Romel.

Imagen: Representantes de Diversas Organizaciones de la Sociedad civil, Académicos y Campesinos del pueblo Maya, convocados por el Congreso Nacional Indígena Región Península de Yucatán,. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

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[Boletín] Conceptos que matan los bosques | Boletín 247 – Diciembre 2019

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Compartimos el boletín n° 247 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) – Noviembre/Diciembre 2019

Indice:

  • Opinión: Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación…………………………………2
  • Una lista (incompleta) de conceptos que matan los bosques………………………………………………………..4
  • «El interés nacional»: neofascismo en la selva amazónica ………………………………………….11
  • Portucel en Mozambique: la realidad tras el discurso de las “plantaciones sustentables”………………17
  • India: mujeres, bienes comunes y patriarcado ……………………….21
  • Cadena de bloques (blockchain) y contratos inteligentes: los más recientes intentos del capital por apoderarse de la vida en la Tierra…………………………………………………………………………………………..26
  • Climatología /Ideología …………………………………………………………………….32
  • Un nuevo nombre para una vieja cortina de humo: las Soluciones Basadas en la Naturaleza son el nuevo REDD………………………………………………………………………………………………37

RECOMENDADOS

  • Diccionario de Desarrollo ………………………………………………………………41
  • Trampas, dilemas y contradicciones en el discurso de derechos en los bosques…………………………..41
  • Las Soluciones Basadas en la Naturaleza: ¿qué intereses hay por detrás? (Nature-Based Solutions: Whose interests are behind?) …………………………………………………………………………………………………41
  • FSC: Promocionando a la tala como una actividad “sostenible” ………………………………………………..41
  • Destrucción Reglamentada: Por qué la compensación equivalente de biodiversidad protege las ganancias de las empresas y facilita la destrucción del medioambiente……………………………………….41
  • Declaración de indígenas Mapuches y otros en Chile: ¡No a los mecanismos basados en el mercado! ………………………………………………………………………………………………42

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Missão Tabita, Mozambique; activistas de la India; Núcleo de investigación en trabajo, territorio ypolítica en la Amazonía, Brasil; The Cornerhouse UK y miembros del secretariado internacional delWRM.

Nuestra Opinión Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación

Términos como REDD – el principal mecanismo internacional de política sobre bosques que ha impactado los bosques tropicales durante los últimos 15 años, Sostenibilidad y muchos otros más, han influido fuertemente en los debates dentro y entre los grupos de la sociedad civil, las ONGs, las autoridades responsables de formular políticas, las instituciones financieras y las empresas. Sin embargo, parece haber nociones radicalmente diferentes sobre lo que estos términos realmente significan y cuál es o debería ser su función.

Este boletín no pretende embarcarse en un debate sobre lo que es o debería ser la Sostenibilidad, o cualquier otro de los conceptos discutidos en los artículos de esta edición.Más bien, nuestro objetivo es abrir un espacio para la reflexión crítica sobre lo queestos conceptos realmente generan en los bosques y en los pueblos que dependen deellos.

Las numerosas luchas contra las empresas que afirman actuar de manera Sostenible o queimplementan proyectos REDD en los bosques son evidencia de las claras contradiccionesentre el sentido positivo que difunden quienes respaldan estos conceptos y lasconsecuencias reales de los numerosos proyectos y actividades a través de los cuales estosconceptos se manifiestan en el terreno. Los gobiernos se comprometen a una economíaSostenible y las empresas comercializan sus productos como Sostenibles porque al usaresta terminología atraen a los patrocinadores financieros y consumidores.

Es importante notar que cuando la oposición a un concepto se vuelve demasiado fuerte eimpide que el concepto logre su propósito de “maquillar de verde” la destrucción del bosque,se introduce rápidamente otro nuevo concepto. Sin embargo, lo nuevo tiende a ser solo elnombre y la propaganda, mientras que las ideas subyacentes que sostienen laeconomía capitalista se mantienen firmes. La creciente exigencia pública de quegobiernos y empresas adopten medidas significativas para abordar el caos climático, porejemplo, ha dado lugar a una gama completamente nueva de conceptos ambiguos yexpresiones confusas, tales como productos con deforestación neta cero, soluciones basadas en la naturaleza, soluciones climáticas naturales y prácticas inteligentes para el clima.

Parece que para casi todos los “productos” y procesos industriales que causan devastaciónambiental, se presenta una versión Sostenible como solución. Pero en general, estasnuevas versiones resultan ser soluciones falsas porque no representan una ruptura con elparadigma del crecimiento ilimitado, que impulsa la sobreproducción y el consumodesenfrenado. Para estas supuestas soluciones lo que cuenta no es la realidad de milesde comunidades del bosque que se enfrentan al acaparamiento continuo de sustierras, la destrucción de sus territorios y medios de vida, la violencia y lacontaminación, sino que las empresas utilicen etiquetas anunciando que apoyan undesarrollo Sostenible. Mesas redondas, sistemas de certificación, programasempresariales de responsabilidad social y ambiental, salvaguardas de bancos multilaterales,entre muchos otras iniciativas similares, prometen una economía capitalista ecológica ysocialmente amigable. Una economía basada en la producción industrial de aceite de palmaSostenible, plantaciones de árboles Sostenibles, minería Sostenible, energía Sostenible.Pero en realidad, estas prácticas hacen poco más que maquillar de verde la destrucción delbosque y allanar el camino para una mayor expansión industrial

Reportes sobre los desastrosos impactos de un agente específico de la deforestación, laganadería industrial para la producción de carne, por ejemplo, a menudo concluyen con unalista de recomendaciones para que las empresas, los gobiernos y los financiadores apliquenmejores prácticas o desarrollen un nuevo conjunto de salvaguardas o pautas voluntarias.Pero muy a menudo, estas recomendaciones fortalecen conceptos que de hechodestruyen los bosques, porque rara vez exigen una ruptura radical con el status quo y encambio se centran en mejoras que llevan a una destrucción que “pudo haber sido peor”.Estas recomendaciones ofrecen una oportunidad para que las empresas se llamen a símismas Sostenibles, mientras que las comunidades deben continuar enfrentando prácticasde acaparamiento de tierras y destrucción de bosques que supuestamente “pudieron habersido peor”. En este contexto, las llamadas mejores prácticas, salvaguardas y guíasvoluntarias se vuelven fundamentales para la supervivencia del capitalismo y el“modelo de desarrollo” que es el causante de la mayor parte de la destrucción de losbosques.

Otra amenaza importante pero bastante oculta de estos conceptos es que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva entre los grupos de la sociedad civil. Noobstante, movimientos, comunidades del bosque y grupos de apoyo siguen canalizandomucha energía en involucrarse con estos conceptos, con el argumento de que esto mejorarásu implementación.

Con las múltiples crisis ecológicas y sociales determinadas a continuar, lo que a su vezgenera un número creciente de conceptos que distraen de la necesaria ruptura con laeconomía capitalista (verde), tal vez sea tiempo de reflexión. ¿Cómo pueden losmovimientos de base y las organizaciones que las apoyan evitar quedar atrapados en unsinfín de debates políticos y procesos de diálogo relacionados a conceptos que, a lalarga, sirven para perpetuar la muerte de los bosques, mientras que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva?

¡Disfruten la lectura!

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[Nota] Fonatur pide 1,000 hectáreas a ejido de Bacalar para el Tren Maya

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Compartimos la siguiente nota publicada en el diario El economista sobre el Tren Maya y sus proyectos subsecuentes – A 31 octubre de 2019

El Fonatur pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Por Jesús Vázquez

Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última reunión con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, hace más de un mes, las negociaciones están estancadas, pues la asamblea ejidal no autorizará incorporar una superficie tan grande al proyecto sin tener la certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios.

“Ellos quieren hacer negocio con nuestras tierras, pero no tenemos claro de qué manera nos beneficiaremos nosotros. Nos hablan de ser socios, pero no nos han mostrado una propuesta concreta”, explicó.

El líder ejidal agregó que no hay acuerdo tampoco en la superficie que están dispuestos a incorporar al Tren Maya.

“Lo último fue que la asamblea le solicitó a Rogelio Jiménez que se muestre dónde va a estar la estación, dónde son los terrenos que necesitan. Nosotros les mostramos tres lugares, uno le gustó y dijo que se iban a hacer los estudios para después presentárselos a la asamblea, pero después dijo que quieren 1,000 hectáreas al lado, pero lo que está autorizado por la asamblea son solamente los terrenos a los que va a llegar el tren”, detalló.

Desde entonces, no ha habido más acercamientos, porque la postura de la asamblea en ese sentido es inamovible, es decir, sólo permitir estudios en una superficie de 6 hectáreas para la estación, y esperar a que el Fonatur les presente una propuesta económica para las 1,000 hectáreas adicionales que les ha solicitado en torno a la estación, detalló.

“Rogelio Jiménez vino dos veces conmigo para decirme que tienen planeado un centro poblacional a lado de la estación; pero mi gente también necesita recursos. Le pedimos el cambio de uso de suelo a favor del ejido para después negociar las 1,000 hectáreas”, expuso Chimal Balam.

En entrevista aparte, Jiménez Pons confirmó que hay una propuesta de incorporar 1,000 hectáreas del ejido de Bacalar al Tren Maya, pero no se trata de expropiaciones, sino de asociación con los ejidatarios para que ellos renten sus tierras a eventuales inversionistas de proyectos inmobiliarios que se planean detonar en torno a la estación ferroviaria, aseguró.

El esquema de incorporación que el Fonatur propone a los ejidatarios es el fideicomiso de inversión y bienes raíces, figura empleada para fomentar la inversión en bienes raíces al colocar Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores, aseveró.

Este modelo busca aprovechar el expertise del Fonatur en la generación de proyectos, los cuales se pondrán a consideración de las calificadoras para que acrediten su rentabilidad, “y en ese momento lanzarlos al mercado para adquirir el capital para desarrollar las propuestas”, considerando incluso emplear fondos de retiro, que también ya han alzado la mano para participar, refirió.

La cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas

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Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos – A 21 de enero de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos.

A once meses del asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes en Amilcinco, Morelos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala aseguró que «la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas», sino que «los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México», tales como el Proyecto Integral Morelos (PIM).

A través de una carta pública dirigida a Samir Flores, quien se oponía al PIM y fue asesinado el 20 de febrero de 2018, el Frente denunció el aumento de amenazas contra los defensores del territorio y de las «historias de despojo» en el país por la imposición de proyectos extractivos y turísticos.

Sin embargo, los integrantes del Frente aseguraron que continuarán en la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos indígenas en México, y explicaron que «por eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderán por varios días acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió».

Se trata de «una jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo México y el mundo», indicaron.

A continuación la carta completa:

Hoy caminan los pueblos del volcán, con su guardian Popocatépetl observando, respaldando, hoy sigue caminando Samir con nostr@s. Más que nunca presente.

Samir,

Estamos a once meses de que nos hayan arrebatado tu presencia física de estas tierras y el ataque no cesa. Hoy y cada vez más, la presencia del crimen organizado, como brazo armado del Proyecto Integral Morelos, asedia en Amilcingo y Huexca. Mientras que en Puebla se siguen recibiendo las amenazas de volver a encarcelar o asesinar y desaparecer a compañeras o “tirarles los dientes”, utilizar la fuerza pública o la guardia nacional.

Todo por defender nuestro territorio de los proyectos de muerte, del despojo disfrazado de progreso.

Te agradecemos que no nos haya abandonado en la lucha y te pedimos que sigas con nosotros, que nunca te nos despegues.

En este mes más que te tenemos aquí con nosotros, festejamos el sexto aniversario de la Radio Comunitaria Amiltzinko que fundaste con tus amigas y amigos de la comunidad. En este mes también se celebró el día de ayer la asamblea para nombrar autoridades por usos y costumbre en Santa María Zacatepec, siguiendo el ejemplo que empezaste a impulsar en Amilcingo, como el viejo tonto y loco que eras, ¿te acuerdas de la fábula? Aquel viejo tonto y loco que, en lugar de gastar su tiempo en ganar dinero y fama, se pasó toda su vida sembrando un bosque para que el día de mañana los demás tuvieran donde sobrevivir al desastre que ellos mismos se iban creando.

Así hoy, mi querido Samir, en muchas partes de México y el planeta están gritando como nosotros gritamos y a ese grito conjunto le decidieron llamar Samir, somos todas y todos, resultado del acuerdo del Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, convocado por el EZLN y el CNI.

Y es que las historias de despojo en todo nuestro territorio nacional e internacional están creciendo en todos los rincones de México y el mundo se sufre: de la minería a cielo abierto, al histórico despojo o falta de reconocimiento de territorios ancestrales, pasando por los megaproyectos energéticos de termoeléctricas, gasoductos, parques eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricas, así como las franjas de la muerte moderna de los trenes maya y transísmico, el ataque a las autonomías de las comunidades por el Estado y/o el crimen organizado.

Y todo eso lo llaman progreso o que nos oponemos al progreso, y ahora, dice Monreal, nos oponemos al interés social. Su posición solo nos confirma que la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas, los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México.

Samir, los dolores y la uniones van creciendo en el territorio nacional e internacional, eso estamos haciendo abajo todas y todos. Pero arriba, a once meses de tu asesinato, la justicia que debería llegar por parte del Estado no avanza, no avanzan las líneas de investigación sobre tu labor como defensor de derechos humanos, comunicador y principal opositor al PIM en Morelos. Y mientras tanto, el asesinato a defensoras y defensores de derechos humanos se va incrementando de manera preocupante, sin que ningún caso se esclarezca o se haga justicia. La impunidad en todos los casos, permite el aumento de riesgos a la perdida de la vida de personas defensoras de derechos humanos en México, siendo la omisión de la justicia, una causa estructural de la condición de continuidad de ataques y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos.

Por eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderá por varios días acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió , una jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo México y el mundo. Buscando mas voces y oídos que nos escuchen y a los cuales escuchar, denunciando la grave amenaza de los megaproyectos para la vida y la madre tierra.

Este 20 de febrero Samir, te esperamos en Amilcingo, en tu casa, y en todo el mundo en sus corazones y latitudes, trae a toda la banda que ya conoces por allá, porque se va poner bueno.

Samir Flores Vive y vive, la lucha sigue y sigue

Alto a la devastación ambiental, cancelación de megaproyectos

Cancelación del PIM, No a la termoeléctrica, gasoducto y acueducto

Ni una gota a la termoeléctrica

T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timiiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Firma:

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala

Imagen: Desinformémonos

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Guanajuato: SEMARNAT niega autorización para la explotación del Proyecto Minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo

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Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de enero de 2020

Las comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, junto a las organizaciones integrantes de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), tenemos la alegría de comunicar a la población de los municipios del territorio de la Cuenca de la Independencia que, después de un largo proceso informativo y de organización, de manifestaciones públicas, así como de múltiples gestiones ante las autoridades competentes -federales y municipales-, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT ha tenido a bien resolver -el pasado 17 de diciembre del 2019- el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad B Regional solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V -filial mexicana de la minera canadiense Argonaut Gold- para el proyecto de “EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS CERRO DEL GALLO” a ubicarse en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en sentido negativo.


La denegación de la autorización solicitada se basa, por un lado, en una serie de inconsistencias, irregularidades y omisiones detectadas por la autoridad en el DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO presentado por la empresa y por otro, en que el proyecto minero en cuestión se ubica en un territorio actualmente considerado para uso forestal y agropecuario de temporal por lo que no es congruente con la vocación natural de la región, ni con los objetivos establecidos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET).

Es importante resaltar la Política Ecológica establecida en el programa mencionado – PEDUOET– para las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s) número 239 y 257, en las que se ubicaría este proyecto minero.

El PEDUOET señala entre otras cosas que, la política ecológica y los lineamientos para estas dos Unidades, son: ”restauración y mejoramiento, recuperación de la cobertura vegetal original y las funciones ecológicas de los ecosistemas, promoción e impulso de actividades alternativas para un aprovechamiento sustentable” de los recursos, que evite la disminución de capital natural, por lo que las actividades compatibles serían: acuacultura, agricultura de temporal, ganadería extensiva, forestal maderable y no maderable, turismo alternativo, entre otras. Y que las actividades no compatibles son: agricultura de riego y de humedad, agroindustria, ganadería intensiva, turismo convencional, asentamientos humanos urbanos, industrias ligera, mediana y pesada y minería, entre otras.

Nos congratulamos de que el gobierno federal haya concluido que es un proyecto inconsistente, incompatible e incongruente con la vocación de la región. Reconocemos también que el C. Miguel Ángel Rayas Ortíz, presidente municipal de Dolores Hidalgo haya honrado su palabra dada a las poblaciones afectadas por el proyecto y no haya otorgado ningun tipo de permiso para la operación del mismo, así como por sus gestiones ante las autoridades federales a favor del territorio y de las comiunidades que lo habitan.

No omitimos señalar que el total de las autoridades a quienes la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT les solicitó una opinión técnica sobre el proyecto, concluyeron que este no era viable.
Pese a este triunfo de las comunidades que habitan los territorios de extracción, sabemos que la minera canadiense difícilmente cesará en sus intentos por explotar el Cerro del Gallo. En este sentido, queremos anunciar que continuaremos con el proceso informativo y organizativo con las comuidades para que, en su oportunidad, esten en posición de combatir legalmente un nuevo intento de aprobación.

Finalmente, dado el deterioro ecológico de la región debido en gran medida al abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, esperamos que las instituciones de los tres niveles de gobierno se sensibilicen con la situación y favorezcan la participación de la población organizada de las comunidades campesinas en el diseño y aplicación de proyectos de restauración de los ecosistemas, de aprovechamiento sustentable de los bienes naturales -en especial del agua- en concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET) para reactivar la economía rural en la región y recuperar las capacidades de gestión de sus habitantes.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

COMUNIDADES AFECTADAS HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Rueda de prensa Dolores Hidalgo, Gto, México. 22 de enero de 2020

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[Comunicado] Solidaridad con comunidades afectadas por rompimiento de represas en Brasil

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Compartimos el comunicado del Movimiento Colombiano Ríos Vivos a un año de desastre en Brumadinho – A 21 de enero de 2020

Movimiento Colombiano Ríos Vivos se solidariza con comunidades afectadas por rompimiento de represas en Brasil

Al cumplirse más de cuatro años del crimen cometido por el rompimiento de la represa de residuos de la minería en Mariana y un año del crimen cometido en Brumadinho en Brasil, que afectó cientos de kilómetros de la cuenca del Río Doce y Río Paraopebas, y con esto, afectó también la vida de miles de familias, destruyendo sus casas, sus formas de vida, sus trabajos y asesinando a cientos de personas habitantes de las cuencas y trabajadores de las empresas, exigimos que la empresas criminales VALE BHP BILLION Y SÁMARCO sean responsabilizadas penalmente por estos terribles sucesos y no se les permita seguir ejerciendo dicha actividad minera ni de ninguna otra que tenga que ver con los bienes de la naturaleza. En el mismo sentido, exigimos que se realicen los desmantelamientos de las presas de manera preventiva, priorizando los niveles de riesgo.

Con dolor y solidaridad en nuestros corazones el Movimiento Ríos Vivos proceso nacional en el que se articulan procesos territoriales de familias campesinas de Colombia afectadas por la política energética en el país, acompaña a las familias pescadoras, campesinas, trabajadores y trabajadoras afectadas por la acción criminal de dichas empresas. Y nuestra voz se une a la de las poblaciones afectadas, al llamar a la empresa de criminal puesto que:

  1. Los informes e investigaciones demuestran que se pudo haber hecho algo para contener o mitigar la catástrofe y no se hizo nada.
  2. A la fecha las familias siguen sin techo y las medidas de atención no corresponden a las necesidades del pueblo ni mucho menos a la situación generada por estas empresas.
  3. Existen varias decenas de otras represas en las que el rompimiento es inminente, allí la tranquilidad se ha perdido, la empresa activa alarmas en medio de la noche sin comunicación con las comunidades. Tampoco se sabe de planes para desmantelar preventivamente y seguir evitando catástrofes.

La situación de Brumadinho y Mariana en Minas Gerais, muestra el horizonte de las externalidades de los grandes proyectos mineros, al igual que se desarrollan en Colombia y América Latina, dado que el vertimiento de lodos tóxicos jamás fue el desarrollo que prometieron, y dado que, a pesar de ser evidente y demostrada la responsabilidad frente a los daños, las empresas continúan empecinadas en negarlo, en dividir a las comunidades y en dilatar los procesos judiciales, para buscar los menores costos de reparación.

Para la VALE solo es el dinero, para los afectados es su vida. Lo que la VALE destruye, el pueblo construye.

Animamos a las familias afectadas a continuar con dignidad en la reclamación de sus derechos, no permitan que les hagan sentir que sus reclamaciones no tienen efecto, por cada voz levantada son miles de corazones conmovidos. Para nosotros en Colombia, para el Movimiento de Afectados por Represas en América Latica –MAR- y el resto del mundo su lucha nos anima a seguir construyendo un mundo para el mañana sin represas y sin abandonar nuestra dignidad.

Enviamos saludos a las conmemoraciones que ocurrirán los próximos días en una masiva movilización desde Belo Horizonte hasta Córrego do Feijão y Brumadinho.

¡Aguas para la VIDA, no para muerte!

#TransicionEnergetica justa de y para los pueblos

Imagen Movimeinto de Afectads por Represas Brasil (MAB)

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Llega nuevo éxodo centroamericano a frontera sur de México, la falta de claridad de autoridades migratorias genera tensión e incertidumbre

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Compartimos comunicado del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano – a 18 de enero de 2020

LLEGA CARAVANA DEL ÉXODO CENTROAMERICANO A FRONTERA SUR, LA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS GENERAN TENSIÓN E INCERTIDUMBRE ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE.

  • No hay claridad sobre los procedimientos migratorios que están realizando y detectamos casos de separación familiar; •
  • Preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país; •
  • Las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no se están atendiendo.

Chiapas, 18 de enero de 2020

Las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano reactivamos el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano. Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrimos la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecun Umán desde diferentes puntos. Asimismo, se mantiene contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.

Identificamos la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertamos de la presencia de personal de seguridad privada. Finalmente, es importante señalar que elementos de la GN y Policía Federal vestida de civil estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integramos la misión de monitoreo durante el día sábado.

Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos. Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y solo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano. Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Previo y durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández. El mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.

Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas especialmente hombres jóvenes intentaron cruzar por el río. Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, la gran mayoría, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso. Algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares adentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.

En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas. Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen. Hacia las 16:00 horas ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.

Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano nos preocupan:

  • La ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional;
  • La falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar;
  • La ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM; •
  • El protagonismo de la GN en durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad.
  • El aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco. •
  • Las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufrimos las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
  • Preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.

Firmamos:

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.

Organizaciones colaboradoras: Dignidad y justicia en el camino A.C “Fm4 paso libre” Apostólicas del Corazón de Jesús

Imagen: Un grupo de migrantes forcejeó brevemente con los militares mexicanos en el paso del puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera con Guatemala© AFP Isaac GUZMAN

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México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

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Compartimos la siguiente nota publicada en Avispa Midia sobre el hostigamiento y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en México – A 8 de enero de 2020

Por Eugenia López

El año que acabamos de despedir fue particularmente violento para defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.

Enero sangriento

El primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas. Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber participado en protestas en demanda de agua potable.

Pocos días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, quien fue destituido dos semanas después.

Para saber más, Chiapas: Paramilitares cobijados por Morena atacan movimiento social en Amatán

El día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.

Al día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán, Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad de San Sebastián Nopalera.

Defensores del territorio y comunicadores

El mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos (PIM).

En contexto: México: a 2 días de que se realice consulta sobre la Termoeléctrica en Morelos, es asesinado un activista

El 2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”,  Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Durante el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como “TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de  Sayula de Alemán, luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Ver también : TíoBad, el jaranero que defendió con rap la lengua mixe-popoluca

En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.

El 5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfort.

Leer también, México: Alertan sobre aumento en violencia contra organizaciones indígenas en Guerrero

La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.

El 1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.

Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)

El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla, defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de las mayores festividades de la diversidad sexual.

En Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor, en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido.

Buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández, quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo.

El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Imagen: Cuartoscuro

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[Reportaje] Los dueños del agua: trasnacionales acaparan reservas, mientras México avanza al temido “Día Cero”

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Compartimos este reportaje especial sobre el acceso y la explotación del agua en México publicado en Contralínea a través de EducaOaxaca – A 6 de enero 2020

Autor: Lauren Franco

Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se suman mineras y agroempresas. Autoridades han otorgado 536 mil concesiones de aguas superficiales, subterráneas y zonas vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al “Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas

Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las reservas hídricas de México. Industrias Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad encabezan la lista de personas morales que, cada año, explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es decir, más de 5 mil millones de litros).

A éstas se suman mineras y grandes terratenientes agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la fecha, las autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.

Las embotelladoras de agua figuran entre las más beneficiadas, revela el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esa base de datos da cuenta de más de 300 concesiones en manos de esa industria. Coca-Cola, por medio de Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-Water; Pepsi Cola con E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, Voltic; y Nestlé con Santa María, Perrier, Pellegrino.

En el caso de Coca Cola, ésta posee títulos de explotación para la producción de refrescos de diversas marcas, como Sprite, Fanta y Mundet. A través de Femsa y Arca Continental, la empresa de origen estadunidense tiene más de 100 concesiones en el país.

Las transnacionales del ramo no sólo se benefician por el acaparamiento de las reservas del país, sino también por el aumento en las ventas de agua embotellada: México es el tercer país en el mundo con mayor consumo, lo que genera un desecho diario de 21 millones de envases PET.

En esa lista también figuran las nacionales Envasadoras de Agua de México y Embotelladora Aga, que cuentan con 30 y 24 títulos de explotación, respectivamente. Además está el caso de la Compañía Maya de Agua Purificada, con 69; y el Grupo Modelo, con 11.

Las cerveceras son también grandes privilegiadas en este sistema de concesiones. Nada más en el Estado de México, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma posee 22 títulos de explotación para agua superficial y subterránea. De esa veintena de títulos, la compañía que distribuye la cerveza Heineken, tiene dos concesiones para explotación de agua subterránea por 2 y 1 millón de metros cúbicos al año.

Al revisar la base de datos del Repda –de Conagua– la empresa no aparece en los registros de permisos descargas industriales en el Estado de México. Por el contrario, sólo registra un permiso de descarga bajo el concepto de “diferentes usos” –título “08MEX100666/12IMDL12”.

Oficialmente la empresa reporta un volumen de descarga al año de 1 millón 164 mil metros cúbicos. Sin embargo este título no aparece en el registro de permisos para explotación de agua para “diferentes usos”.

Como el de esta cervecera, los casos de multinacionales y grandes empresas mexicanas con situaciones de privilegio se repiten a lo largo y ancho del país. Con información del Repda, la organización Agua para Todos señala que existen 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial que no cuentan con permisos para descargas. “Así evitan inspecciones y cobro de derechos”, asegura.

Además del caso de las embotelladoras y cerveceras, cuyos negocios dependen totalmente de la explotación del vital líquido, el registro de la Comisión Nacional del Agua refiere que Pemex es la empresa con más concesiones en México, al sumar 989.

Otras industrias con un consumo indiscriminado del recurso son: Bachoco, con 375 concesiones; la Comisión Federal de Electricidad, con 69; Cementos de México, con 50; Grupo Nestlé, 43; y Grupo Bimbo, 29;

El riesgo de llegar al Día Cero

Aguas superficiales, subterráneas e incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien nacional, más de 44 millones de mexicanos carecen de dotación diaria de agua en sus hogares, refiere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Aunado a ello, el Instituto de Recursos Mundiales ha alertado que México se acerca al temido Día Cero, como se le conoce al riesgo inminente de escasez de agua. En su más reciente informe, el organismo internacional apuntó que son cinco las entidades que se encuentran en una situación de “estrés hídrico extremadamente alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes y el Estado de México– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a la sobreexplotación de las distintas fuentes y a que consumen un nivel superior de agua del que tienen disponible. Y es que cada año se extraen 87 mil millones de metros cúbicos en todo el país.

A pesar de tan inminente riesgo, las autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso. La organización Agua Para Todos alerta que el sistema de concesiones de la Conagua ofrece nuevos permisos para extraer reservas en dichos estados. Además, acusa su falta de precaución, el favorecimiento a privados y la violación de los derechos humanos –principalmente el del acceso equitativo al agua.

Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, asegura en entrevista con Contralínea que el sistema de “compra y venta” de agua en el país inició a raíz del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1992. Éste, explica, impuso al país un “paquetazo de leyes” entre las cuales destaca la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.

“Esta ley nos impone un sistema único de concesiones donde la concesión es un objeto de compra y venta muy diferente a la concepción del agua como un bien nacional. En Estados Unidos no hay ni siquiera un sistema único de concesiones, pero se le impuso a México”, asegura la activista ambiental.

Aunando en lo anterior, Burns detalla cómo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la legislación paralela al tratado comercial– se habían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando hablamos de la privatización del agua es en serio”, asegura.

Los datos de la Conagua revelan que el sector que más concesiones posee es el agrícola, con 233 mil 126; seguido por el público urbano, con 129 mil 583; uno denominado como “diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 mil 429; servicios, 24 mil 977; doméstico, 16 mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 1 mil 575; otros, 289; y generación de energía eléctrica, 159.

En su mayoría, se trata de concesiones por 30 años con renovación automática incluso por el mismo plazo de tiempo. Así, a pesar que la Constitución Política de México establece que el agua es un bien nacional, en la práctica se favorece el interés de privados, observan defensores de los derechos humanos.

Más aún, en el sector agrícola existen permisos para extraer hasta 149 millones de metros cúbicos. Tal es el caso de la Unidad de Riego de la Candelaria en el municipio de El Carmen, Campeche. El gran volumen concesionado pasa por encima de los derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos y de las 44 millones de personas que no tienen acceso a agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales

Vigente desde 1992, la Ley de Aguas Nacionales es señalada como la principal responsable de haber abierto la puerta al acaparamiento del líquido vital, pues en su artículo 24 establece que el tiempo para una concesión no será menor de 5 años ni mayor de 30; además plantea la renovación automática del plazo de extracción por un tiempo igual al solicitado, por lo que en los hechos acaba siendo de 60 años.

“La Ley de Aguas Nacionales se  constituye en la antítesis del acceso equitativo y del uso sustentable del agua, porque permite que en unas cuantas manos, en unas cuántas empresas se concentren grandes volúmenes de agua. Y premia de algún modo el uso inmoderado e irracional del agua”, afirma en entrevista Miguel Montoya, consultor legislativo y experto en derecho humano al agua.

Por la flexibilidad de esta legislación, empresas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Cola, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos en la adquisición de concesiones de agua, consta en las bases de datos de la autoridades federales.

Al uso agrícola le corresponde el 76 por ciento del volumen concesionado del país, según el informe de Estadística del Agua de Conagua. En Chiapas, por ejemplo, en el municipio de Suchiate, existe una concesión para uso agrícola de 141 millones de metros cúbicos al año a nombre de los Usuarios del Departamento de Riego de Suchiate. La situación, evidentemente desigual, se refleja en los permisos de concesiones de productores que no superan los 1 mil metros cúbicos anuales frente a un productor gigante.

Por ello, Elena Burns asegura que la Ley de Aguas Nacionales además de buscar la compra y venta de agua también tenía como objetivo la creación de diferentes distritos de riego. “Estos bajo la ley fueron puestos en manos de los usuarios y se crearon entidades enormes, con concesiones enormes lo que generó una élite en el campo que a lo largo de estos años ha ido desplazando ejidos, comunidades, adquiriendo más y más derechos dentro de los distritos del riego”.

Para Miguel Montoya, “el actual régimen de concesiones, bajo la Ley de Aguas  Nacionales, es muy permisivo y permite el acaparamiento de agua. Eso bajo las reglas de juego de la propia legislación implica una privatización”.

Asimismo, el investigador asegura que la ley es tan flexible que hay pocos, casi nulos, antecedentes de revocación de concesiones. Ni siquiera en el caso de contaminación del Río Sonora, por parte del Grupo México, se echó para atrás el permiso, observa.

Montoya explica que de acuerdo con el artículo 29 bis, y 3 y 4 de la Ley, podía haberse revocado la concesión, pero no fue así. Este caso es el reflejo de la permisividad del país a los grupos privados para permitir adueñarse del agua.

Aunado a lo anterior, la ruta de acaparamiento del líquido se profundizó con el decreto del expresidente Enrique Peña Nieto, donde se establecieron reservas en 245 cuencas y se levantaron 108 vedas. Con éste se otorgaron 362 nuevas concesiones, principalmente para uso agrícola.

Y aunque ahora se vive supuestamente una “cuarta transformación”, los entrevistados coinciden en que, hasta hoy, la situación no parece ser diferente. Y es que con la entrada en vigor de “Conagua Digital” –la plataforma que otorga concesiones en línea–, las organizaciones y los investigadores temen que se beneficie de nuevo a los privados por encima de las comunidades.

Sin embargo, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea que si en épocas anteriores se vulneraron los derechos de comunidades indígenas, en esta administración no se hará. Al ser cuestionado –durante el Congreso Latinoamericano de Cuencas realizado en Ciudad de México–, el funcionario asegura que para ello existe una serie de reglas para las concesiones.

“Conagua Digital”, el peligro

En agosto de 2019, la Comisión Nacional del Agua inauguró la plataforma “Conagua Digital”, con la cual  busca agilizar el proceso de solicitud de concesiones y que más personas tengan acceso a las mismas. Para la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, es una forma de poner en “venta” las aguas de la nación hasta agotar su existencia, lo que pone en riesgo los derechos de ejidos, comunidades y pueblos indígenas e incluso podría otorgar concesiones  en los lugares con riesgo de llegar al Día Cero.

No obstante, el consultor legislativo Miguel Montoya considera que el nuevo sistema de concesiones no privatiza el agua en el sentido estricto de la palabra, debido a que la nación nunca pierde la jurisdicción sobre el recurso. Pero enfatiza que no se puede negar los intereses de ciertos grupos políticos y económicos que desde 2012 han frenado una reforma de la Ley de Aguas Nacionales que favorezca el acceso equitativo al agua y el derecho humano al mismo.

Tanto para Miguel Montoya como para Elena Burns, antes de abrir un nuevo proceso de concesiones debió haberse reformado la Ley, una promesa por cumplir desde la reforma constitucional de 2011, debido a que esta ley es la que debe sentar las bases para lograr un acceso equitativo y de uso sustentable del agua.

Los entrevistados coinciden en que la reforma en la materia debe prohibir las “transmisiones de agua”, es decir la compra y venta de las concesiones. Y es que, observan, la ley actual permite que quien posee una concesión venda parte de la misma a un tercero si así lo desea. Elena Burns, asegura que estas transmisiones son permitidas incluso para usos diferentes a los cuales fue adquirida la concesión: “esto lo hacen gratuitamente, pagando sólo el derecho del trámite”.

Por su parte, el consultor en gestión integral del agua Miguel Montoya alerta sobre otro riesgo en cuanto a las transmisiones de agua: además de que este nuevo sistema permite renovar con mayor facilidad las concesiones, las condiciones sociales están hechas para que ese pequeño productor termine abandonado su aprovechamiento de agua y migre en algún momento a Estados Unidos, por cuestiones de pobreza o violencia.

“Siempre hay una serie de coyotes muy conectados con la autoridad de agua que toman esa concesión. Luego llega la minera, la empresa petrolera, la industria o el gran agricultor y le transmite ese volumen, porque la ley lo permite entre un acuerdo entre particulares”, detalla.

Para el consultor Miguel Montoya, estas transmisiones de agua es de lo más “lascivo” de la ley porque sólo basta un contrato entre particulares que posteriormente se registra en la Conagua para esa compra y venta de concesiones. “Esto puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos y se lleva incluso un porcentaje el propio funcionario de la Conagua que está conectado con el coyote”.

Al respecto, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea que estas transmisiones “se pueden dar siempre y cuando sea [para] el mismo uso, en la misma zona y no modifique las condiciones de ese título”.

Agrega que los distintos decretos pusieron reglas para ciertas transmisiones; “por ejemplo, el agua que se otorgue para consumo humano no se va a poder transmitir, ésa ya es una restricción. Pero si yo tengo mi agua para uso industrial y llega otro industrial a pedirla, la regla dice que sí la puede transmitir”.

Observa como urgente que la próxima ley prohíba de manera clara y contundente las transferencias de derechos de agua: “solamente permitirlo a tu familiar inmediato por un caso testimonial”. Ello porque el sistema de transferencias ha favorecido tanto el acaparamiento como el despojo de las personas.

Miguel Montoya asegura que para entender el nivel de acaparamiento de agua en el país es necesario conocer quién es Eugenio Barrios, el actual subdirector de Administración de la Conagua: “fue el padre de los decretos privatizadores, aunque con honestidad intelectual en el sentido estricto de la palabra no son privatizadores. Pero el sistema de la Ley de Aguas Nacionales hace que en esencia se vuelvan privatizadores”. Barrios asesoró la tan controversial Ley Korenfeld (llamada así por el exdirector de la Conagua, David Korenfel), conocida como la puerta a la privatización. Por ello, dice, “la Conagua sigue siendo la misma institución neoliberal”.

El especialista en derecho humano al agua alerta sobre el mal uso del concepto “afirmativa ficta” por parte de los privados que solicitan una concesión y de las mismas autoridades: este concepto significa que si la autoridad no atiende en un plazo máximo de 60 días la petición de solicitud de concesión, el solicitante tiene derecho automáticamente a ella. A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales no permite esta situación, en la práctica es diferente. “Ellos [los grupos económicos] siempre van a ir por concesiones sempiternas que se renuevan de manera automática”.

Panorama general del agua concesionada en México

México se ubica como el séptimo país del mundo con mayor extracción de agua, al extraer anualmente un estimado de 87 mil millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Estadística del agua 2017, elaborada por la Comisión Nacional del Agua.

El documento detalla que el sector agrícola obtiene el 76 por ciento de ese volumen, seguido por el abastecimiento público, con el 14.9 por ciento; y las industrias que controlan el 9.6 por ciento.

El mismo informe de la Conagua asegura que para 2017 se tenían concesionado el 61 por ciento del agua superficial del país (ríos, arroyos, lagos) para uso consultivo, es decir para la extracción del agua para llevar a cabo una actividad.

Asimismo detalla que, de las concesiones del país, el 39 por ciento se encuentra en agua subterránea. Para el consultor Miguel Montoya, esto es un problema porque la Ley de Aguas Nacionales regula únicamente la aguas nacionales y estas no entran no entran en dicha clasificación.

A pesar de que la federación las puede regular, no les da un carácter de propiedad de la nación, por ello, explica, el debate en torno a las aguas subterráneas es que muchas personas creen que le pertenece al privado, al dueño del predio donde se encuentran estos yacimientos de agua.

Para el especialista, esto se resolvería con una buena ley general de aguas, que le otorgaría a determinadas autoridades jurisdicción sobre las reservas. “La LAN no genera las condiciones para el derecho humano al agua ni para el saneamiento”, afirma Miguel Montoya. Así, México oscila entre la escasez, la contaminación y la falta de políticas que garanticen el derecho humano al preciado líquido.

Algunas empresas con mayor número de concesiones en México

EmpresaNúmero de concesiones
Petróleos Mexicanos989
Industrias Bachoco375
Compañía Maya de Agua Purificada69
Comisión Federal de Electricidad69
Cementos de México50
Grupo Nestlé43
Envasadoras de Aguas de México30
Embotelladora Aga24
Grupo Bimbo29
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma22
Cervecería Modelo11
SectorConcesiones otorgadas
Agrícola233,126
Público Urbano129,583
Diferentes Usos50,720
Pecuaria47,429
Servicios24,977
Doméstico16595
Industrial8573
Acuacultura1575
Otros289
Generación de Energía Eléctrica159

Lauren Franco