Compartimos este comuncado de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A 5 de junio del 2022
Al alma y espíritu de Jtotik Miguel Chanteau Y a todas sus amigas y amigos.
Hermanas y hermanos:
Hoy manifestamos nuestro dolor en el corazón, porque se ha ido físicamente de nosotras y nosotros nuestro hermano, nuestro “Jtotik Miguel” o “Jtotik Chantu”, como le decíamos de respeto y cariño.
El día 1 de junio del 2022, Jtotik Miguel, salió su alma de su cuerpo (como literal decimos en tsotsil). Una comisión de la Mesa Directiva alcanzó todavía a visitar y compartir el último aliento, la última mirada de Jtotik Miguel en el hospital de Caridad en San Cristóbal de Las Casas, en donde yacía su cuerpo varios días. La comisión de Las Abejas de Acteal, le habló en tsotsil, porque Jtotik Miguel aprendió el tsotsil durante sus 33 años de servicio como párroco en San Pedro Chenalhó: “aquí estamos Jtotik Miguel, aquí venimos a verte, discúlpanos si no pudimos venir antes a visitarte, pero sabes que hay mucho trabajo allá en la Organización Las Abejas de Acteal, porque el mal gobierno y los ricos y poderosos no nos dejan en paz, porque todo el tiempo andan buscando cómo exterminarnos para quedarse con las riquezas de la Madre Tierra. Es así Jtotik Miguel que aquí estamos, somos tus hermanas y hermanos, queremos que tu corazón se sienta tranquilo y se ensanche de paz y de amor de Dios Papá-Mamá-Libertadora.
Jtotik Miguel, aquí estamos contigo, el pueblo de la Organización de Las Abejas de Acteal está contigo y siempre, así como siempre estuviste con nosotras y nosotros en los peores momentos, como cuando fuimos desplazados de nuestras comunidades por los paramilitares del mal gobierno y sobre todo cuando sucedió la Masacre de Acteal ahí estuviste, todo eso nunca lo olvidaremos, gracias por todo Jtotik Miguel”. Pocos minutos después de esta breve plática con Jtotik Miguel, aunque ya no podía platicar y mover sus manos para saludarnos; sus ojos, su corazón y su alma, escucharon toda nuestra palabra. De repente, Jtotik Miguel dejó de respirar, llegó el momento de emprender el camino para ir a vivir con Dios Papá-Mamá-Libertadora, con El Dios de los Pueblos Oprimidos, con El Dios de la Justicia y la Paz.
Según nuestra cultura tsotsil, cuando una persona su alma sale de su cuerpo o sea cuando una persona se muere, antes de apagar su último aliento aquí en la tierra, su alma, su espíritu recorre todos los lugares a donde en vida recorrió, una vez terminado ese recorrido, por fin su alma sale de su cuerpo. Es por eso que simbólicamente las cenizas de Jtotik Miguel está recorriendo los lugares en donde conoció y compartió su vida y servicio al pueblo de Dios Papá-Mamá-Libertadora, es por eso que aquí en este día vino su ceniza a visitarnos aquí en Acteal. Porque Jtotik Miguel no nada más estuvo acompañando a las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal como lo hizo el 25 de diciembre junto con Jtotik Samuel Ruiz García en la misa del entierro de los cuerpos de las 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos, sino, que también fue testigo y solidario cuando fundamos la Organización Las Abejas en el año de 1992.
Es por eso que nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, rinde un respeto grande a Jtotik Miguel desde Acteal, aunque no tenemos que ofrecerle más que nuestra palabra digna y nuestro testimonio de lucha por la justicia y la paz, ante sus restos hecho memoria y ahora esperanza y vida eterna. Ahora, vamos a hablar con el alma de nuestro Jtotik Miguel, que en tsotsil le llamamos resal (“rezo”): Está bien Jtotik Miguel, así como tu alma ya salió de tu cuerpo, ya te convertiste en Santo, ya te fuiste para estar con Dios Papá-Mamá-Libertadora; ya haz dejado de comer lo dulce y lo agrio, por favor discúlpanos si supimos respetarte o no, te pedimos intercedas por nosotros ante Dios Papá-Mamá-Libertadora, que todavía nos dé aliento, que todavía nos dé vida. Jtotik Miguel, también te pedimos llevar varias peticiones en tu viaje y encuentro con Dios Papá-Mamá-Libertadora:
Sabes muy bien que en estos tiempos el mundo está bien descompuesto, o sea hay una descomposición social extremadamente inhumana, y sabes quiénes son los responsables; aquí en Chiapas ya no se puede vivir en paz, ya no se puede caminar con seguridad, porque, una mujer o una niña o un niño, puede ser secuestrado, desaparecido, ultrajado o asesinado a plena luz del día y sobre las narices de los que dicen ser “gobernar” Chiapas. Jtotik Miguel de por sí sabes cómo a nosotras y nosotros los pobres, los “indígenas” y las comunidades y pueblos organizados somos discriminados y despreciados por los ricos y poderosos y los malos gobiernos; aquí en Chiapas existe innumerables casos de presos políticos, el sistema judicial chiapaneco se alimenta de la fabricación de delitos y culpables, a quienes son defensores de la Tierra, Territorio y de la Vida, es así el caso reciente de la detención arbitraria e ilegal de nuestros hermanos: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar defensores de derechos humanos de la Parroquia de San Juan C’ancuc, Chiapas, y nos unimos a la exigencia de su liberación inmediata. Jtotik Miguel, la situación de violencia en Chiapas es una vergüenza, da asco, porque nos puede matar un sicario, una banda de criminales o el crimen organizado con la complicidad de la policía, del ejército mexicano y de la Guardia Nacional; para el poder nuestras vidas valen menos que la de un animal o mascota de un rico o de un mal gobierno.
Jtotik Miguel, sabes que el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro sigue impune, los autores intelectuales no se conocen quiénes son, porque no avanza la investigación, porque el sistema de justicia en Chiapas sólo funciona a favor del dinero y del poder.
Jtotik Miguel, bien sabes que la Masacre de Acteal también sigue impune y ya van a hacer 25 años de que el Estado mexicano mandó sus paramilitares aquí en Acteal para matar a niñas y niños, hombres y mujeres, sobre todo a 4 mujeres embarazadas y, tanto los autores materiales como los intelectuales están libres planeando nuevos crímenes desde el nido de la impunidad y sobre el podrido sistema de justicia mexicano.
Ante todo, lo anterior, Jtotik Miguel, te pedimos presentes ante Dios Papá-Mamá-Libertadora, dile por favor que nos estamos muriendo y no es solo por las enfermedades curables, sino, de todo el plan de muerte y destrucción de los ricos y poderosos en complicidad con los sicarios, el crimen organizado, el narco, bajo la anuencia de los malos gobiernos locales, estatales y federales en turno.
Jtotik Miguel, ha llegado la hora, sabemos que tienes que partir y cuando el padre sol se haya apago su luz en este día, sabremos que has llegado a la Casa de Dios Papá-Mamá-Libertadora, y si preguntan por nosotras y nosotros de cómo está nuestra lucha y resistencia, puedes contarles que aunque el mal gobierno nos está destruyendo, aquí seguimos Trabajando por la Justicia, la Paz y Defendiendo la Madre Tierra y la Vida como lo hacen muchas otras mujeres y hombres de todo México; así como lo hizo Simón Pedro y así como lo hicieron nuestras 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos.
Está bien Jtotik Miguel, ve con Dios Papá-Mamá-Libertadora; desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, ha llegado el último momento de contemplar tus restos hecho memoria, que de hoy en adelante será parte de la luz y la esperanza de nuestra lucha como Sociedad Civil Las Abejas de Acteal…
Hasta siempre Jtotik Miguel!
Atentamente
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Compartimos esta nota de La Vanguadia sobre las ganadoras y ganadores del Premio Goldman de este año – A 26 de mayo del 2022
Defensores del clima, las especies en extinción, los espacios naturales más amenazados y los pobladores humanos nativos y conservadores de diversidad biológica. Representantes del activismo ecologista en todos los rincones del planeta… Son las siete personas merecedoras este año de los premios de la Fundación Medioambiental Goldman, unos de galardones de mayor prestigio en el reconocimiento de los héroes de la lucha por la vida natural.
«El Premio Medioambiental Goldman honra los logros y el liderazgo de activistas comunitarios ambientales de todo el mundo, inspirándonos a todos a tomar medidas para proteger nuestro planeta», destacan los organizadores en la presentación de los premios, otorgados el 25 de mayo.
El Premio Goldman fue fundado en 1989 en San Francisco (Estados Unidos) por los filántropos y líderes cívicos Rhoda y Richard Goldman. En 33 años, este premio ha tenido un impacto considerable en el fomento de la protección ambiental y sus protagonistas.
“Si bien los muchos desafíos que enfrentamos pueden parecer abrumadores y, en ocasiones, hacernos perder la fe, los siete líderes premiados este año nos dan una razón para la esperanza y nos recuerdan lo que se puede lograr frente a la adversidad”, dijo Jennifer Goldman Wallis, vicepresidenta de la Fundación Medioambiental Goldman.
“Los ganadores del Premio nos muestran que la naturaleza tiene la increíble capacidad de regenerarse si se le da la oportunidad. Sintámonos todos inspirados para canalizar sus victorias en la regeneración de nuestro propio espíritu y actuar para proteger nuestro planeta para las generaciones futuras”.
Normalmente, los ganadores reciben el Premio en persona en una ceremonia en la Ópera de San Francisco en abril, pero este año, debido a la pandemia, el Premio se otorgará virtualmente y se transmitirá en línea el 25 de mayo de 2022. El evento será transmitido en YouTube, Facebook, y Twitter. Los invitados pueden registrarse para el evento aquí: rsvp.goldmanprize.org/2022.
Los ganadores de este año son:
Chima Williams . GF
Chima Williams, Nigeria: Después de los desastrosos derrames de petróleo en Nigeria, el abogado ambientalista Chima Williams trabajó con dos comunidades para responsabilizar a Royal Dutch Shell por el daño ambiental generalizado resultante. El 29 de enero de 2021, el Tribunal de Apelación de La Haya dictaminó que no solo la subsidiaria nigeriana de Royal Dutch Shell era responsable de los derrames de petróleo, sino que, como empresa matriz, Royal Dutch Shell también tenía la obligación de prevenir los derrames. Esta es la primera vez que se responsabiliza a una compañía transnacional holandesa por las violaciones cometidas por su subsidiaria en otro país, lo que expone a Shell a acciones legales de comunidades de toda Nigeria devastadas por la negligencia de la empresa en cuanto a la seguridad ambiental.
Niwat Roykaew . GF
Niwat Roykaew, Tailandia: En febrero de 2020, Roykaew y el grupo de activistas que encabeza en la comunidad del Mekong dieron como resultado la finalización del proyecto de voladura de rápidos del río Mekong superior liderado por China, que habría destruido 248 millas del Mekong para profundizar los canales de navegación para los buques de carga chinos que viajan río abajo. Fluyendo 3,000 millas desde las montañas del Tíbet antes de desembocar en el Mar de China Meridional, las pesquerías, los afluentes, los humedales y las llanuras aluviales del río Mekong, rico en biodiversidad, son un sustento vital para más de 65 millones de personas. Esta es la primera vez que el gobierno tailandés cancela un proyecto transfronterizo debido a la destrucción ambiental que causaría.
Marjan Minnesma . GF
Marjan Minnesma, Países Bajos: En una victoria revolucionaria, la ahora premiada aprovechó la opinión pública y una estrategia legal única para asegurar un fallo exitoso contra el gobierno holandés, exigiéndole que promulgue medidas preventivas específicas contra el cambio climático. En diciembre de 2019, la Corte Suprema holandesa dictaminó que el gobierno tenía la obligación legal de proteger a sus ciudadanos del cambio climático y le ordenó, para fines de 2020, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25 % por debajo de los niveles de 1990. La decisión de la Corte Suprema de los Países Bajos marca la primera vez que los ciudadanos lograron que su gobierno rindiera cuentas por no protegerlos del cambio climático.
Julien Vincent . GF
Julien Vincent, Australia: Lideró una exitosa campaña de base para desfinanciar el carbón en Australia, un importante exportador de carbón, que culminó con los compromisos de los cuatro bancos más grandes del país para terminar con la financiación de proyectos de carbón para 2030. Debido al activismo de Julien, las principales compañías de seguros de Australia también acordaron dejar de suscribir nuevos proyectos de carbón. Su organización ha producido un panorama financiero desafiante para la industria del carbón australiana, un paso significativo hacia la reducción de los combustibles fósiles que aceleran el cambio climático.
Nalleli Cobo GF
Nalleli Cobo, Estados Unidos. Lidera desde 2020 (cuando solo tenía 19 años) una coalición comunitaria para cerrar permanentemente una polémica extracción de petróleo en el sur de California, un proyecto que le causó graves problemas de salud a ella y a otros conciudadanos. La organización continua de su comunidad en contra de la extracción de petróleo en las zonas urbanas ahora ha generado un importante movimiento político tanto en el Concejo Municipal de Los Ángeles como en la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, que votaron unánimemente para prohibir nuevas exploraciones de petróleo y eliminar gradualmente los sitios existentes. https://www.youtube.com/embed/poKAYPHqmpY?enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com&widgetid=2
Alexandra Narvaez y Alex Lucitante . GF
Alex Lucitante y Alexandra Narvaez (Ecuador) encabezaron un movimiento indígena para proteger el territorio ancestral de su pueblo de la minería de oro. Su liderazgo dio como resultado una histórica victoria legal en octubre de 2018, cuando los tribunales de Ecuador cancelaron 52 concesiones ilegales de extracción de oro, que fueron otorgadas ilegalmente sin el consentimiento de su comunidad Cofán. El éxito legal de la comunidad protege 79,000 acres de selva tropical prístina y biodiversa en las cabeceras del río Aguarico de Ecuador, que es sagrado para los Cofán.
Compartimos esta publicación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Abril 2022
Esta publicación reúne once artículos que reflexionan sobre dimensiones fundamentales y peligrosas de la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD), la política forestal dominante en todo el mundo desde 2007.
Desde que se presentó en 2007, la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) se ha convertido en la política forestal dominante en todo el mundo, con impactos en las comunidades que dependen de los bosques, en particular en países con bosques tropicales.
La experiencia de los últimos 15 años ha revelado una crónica abrumadora del fracaso catastrófico de REDD en cuanto a resolver la deforestación y la degradación de los bosques. Y peor aún: también intensificó la crisis climática y dejó intactas las causas de la deforestación. De hecho, REDD se ha convertido en una causa subyacente de la deforestación y del propio cambio climático.
Esta publicación reúne 11 artículos que reflexionan sobre dimensiones fundamentales y peligrosas de REDD. Esperamos que cada uno de ellos ayude a fortalecer nuestros argumentos y acciones en contra de la compensación y a descubrir lo que realmente es: un mecanismo racista que no puede ser mejorado o arreglado porque está concebido para ‘mantener el flujo de petróleo’ y, con esto, el sistema capitalista que impulsa la actual crisis climática, forestal y social.
Compartimos con ustedes este video sobre la experiencia conociendo energía fotovoltaica durante el encuentro Energía desde y para los pueblos, realizado en Cuetzalan del Progreso, Puebla en año pasado.
Durante este encuentro conocimos y profundizamos sobre la producción energética por celdas fotovoltaicas como una alternativa encaminada hacia la autosuficiencia energética. La Cooperativa Onergia nos compartió su experiencia organizativa acompañando procesos de energía fotovoltaica en comunidades de Puebla.
La Escuela de Justicia Energética se impulsa en torno a tres ejes:
a) Conocer el modelo energético capitalista dominante y sus efectos en los territorios por su centralización y despojo de los pueblos, y también experiencias energéticas comunitarias que son parte de la construcción de un modelo energético para los pueblos y desde los pueblos;
b) Organizarnos y generar acciones para informar, analizar y concientizar sobre los impactos del modelo extractivo energético dominante en nuestros territorios, así como generar debates en lo regional y binacional hacia una transición justa, movilizarnos para resistir al al despojo de los bienes comunes naturales; y
c) Producir nuestra propia energía para y desde los pueblos. Generar alternativas y proyectos de vida que abonen a un modelo de autosuficiencia y justicia energética, y a la construcción de una vida digna desde la gestión de nuestras necesidades energéticas
Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real a nuestra compañera Tania Gonzáles sobre las políticas públicas y normativas abrieron paso a las grandes empresas transnacionales y cerraron puertas a los pueblos en México – A 24 de mayo del 2022
El diagnóstico mexicano sobre las políticas gubernamentales que han permitido e impulsado el avance de las empresas transnacionales, producido por Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México, está centrado en el sector agroalimentario y coincide con el resto de los países de la región en un momento bisagra: los años 90, las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio (TLC).
En el caso específico de México el quiebre puede referenciarse con la firma y puesta en marcha del TLC de América del Norte (TLCAN). Entrevistada por Radio Mundo Real, la activista de Otros Mundos Chiapas, Tania González, explicó que esta apertura comercial, con Estados Unidos como principal socio, provocó un giro en las políticas agroalimentarias del país y concibió una perspectiva agroexportadora. Esto debilitó a instituciones y apoyos que impulsaban un desarrollo rural con los/as trabajadores/as y pobladores/as del campo como centro.
“Las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagónico en la dinámica de producción y consumo de nuestro país, tanto a nivel interno como externo. Están impactando en las decisiones sobre la tierra y la tenencia, absolutamente en todo lo que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos y semillas. También controlan la cadena de comercialización, exportación y logística. Además, están en el comercio minorista, en la industria de los alimentos y la bebida. Es un panorama preocupante”, dijo González.
Dentro de las políticas específicas que habilitaron la concentración de poder de las empresas transnacionales, González destacó la modificación al artículo 27 de la Constitución mexicana, que permitió el arrendamiento de tierras de propiedad social. “Esto llevó a la descampesinización y disminuyó la superficie de nuestro principal cultivo, el corazón de nuestro país, el maíz”. Además, la activista contó que el cierre de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), por falta de apoyo y fomento, permitió la entrada a las transnacionales de semillas, ya que la producción nacional se vio desabastecida.
Por otro lado, las políticas alimentarias de México tienen como principales proveedores a empresas transnacionales y los programas apuntados al campo incluyen paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas. El informe diagnóstico de México también cuestiona las políticas de subsidio del agro orientada a la exportación. “Se les dan subsidios a grandes productores que trabajan con empresas transnacionales, incluso Cargill ha recibido subsidio”, contó González.
Las empresas acaparan y controlan toda la cadena agroalimentaria, incluso la comercialización minorista. El informe recoge un término utilizado por la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo ETC: la Walmartización. González explicó: “es un cambio de relaciones personales y cotidianas en base a la alimentación y la salud. Son modelos de relaciones estandarizadas y mercantiles, no sabemos quién produce ni de dónde viene. Hoy en una sola tienda compramos medicamentos, ropa y comida. Es peligroso porque es un modelo que controla toda la cadena y reduce la posibilidad de competencia de los pequeños productores y minoristas”.
Las consecuencias directas de todas estas políticas recaen sobre campesinos/as, indígenas y pequeños/as comerciantes. Y doblemente sobre las mujeres de estos sectores. González lo analizó desde dos puntos. Uno es que las políticas de subsidios para mujeres en México “refuerzan roles convencionales de género y la división sexual del trabajo, además aumenta la carga de trabajo de las mujeres”, quienes terminan por ser el sustento del hogar, pero sin los derechos a la propiedad de la tierra y por lo tanto sin lugar para la toma de decisiones en el territorio.
El otro punto es que, unido a la descampesinización, se dan los procesos de migración que tienen impactos negativos sobre las mujeres. “Trabajan en la agroindustria hortícola, con condiciones laborales precarias, salarios más bajos, pagos por hora y temporales”, explicó González.
Ante el avance transnacional motivado desde la esfera pública y legal, Otros Mundos Chiapas propone acciones de incidencia social y prevención en territorios. Aún con el cambio constitucional, en México la forma de propiedad social de la tierra representa más del 50 por ciento del territorio nacional. Esto es una oportunidad, ya que según explicó González, “no existen proyectos de ninguna índole donde no tengan que intervenir el municipio y la asamblea de los núcleos agrarios; las empresas tienen que negociar y confrontar sí o sí a las comunidades”.
*A fines de 2021 Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de ocho países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder.
En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región, que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran: escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados.
Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a los/as referentes de las organizaciones de ATALC involucradas.
La Coalición contra la Pandemia Minera trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos mineros relacionados con la pandemia de COVID-19. Trabajamos en coalición, basándonos en el consenso y llevando a cabo una investigación colectiva y activismo en la intersección entre el extractivismo minero y la pandemia de COVID-19.
Acerca de este informe Este informe se basa en estudios de caso realizados en nueve países de América Latina: México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Para la realización de este informe se contó con la participación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de algunos miembros de la coalición y contribuciones de diversas organizaciones en cada uno de los 9 países. Se realizaron entrevistas con organizaciones locales y nacionales, personas de comunidades afectadas, sesiones internas e investigación de escritorio.
Contribuciones Argentina: Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría-Chacay Oeste, Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Mina de Esquel y Asamblea en defensa del territorio de Puerto Madryn Brasil: Movimiento de Afectados/das por Represas (MAB) Chile: Coordinadora Putaendo Resiste Colombia: Fuerza de Mujeres Wayuú (Jakeline Romero Epiayu) Ecuador: Pueblo Shuar Arutam (PSHA), Amazon Watch, Lluviacomunicación y Witness Honduras: Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Juan Antonio López) México: Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA); Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de junio’, Chiapas; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Comunidades Unidas de Zimapán y la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C. (APTYBE) de Epazoyucan, Hidalgo; Articulación por la vida, contra la minería del valle de Ocotlán, Oaxaca; Ejido El Bajío, Sonora Panamá: Colectivo Voces Ecológicas-Radio Temblor (COVEC) Perú: Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) (Vito Yuganson Calderón Villanueva), Asociación de Mujeres defensoras del Territorio y la Cultura K ́ana (Elsa Merma Ccahua)
Compilación del Informe Leny Olivera Rojas, TerraJusta Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Comité Regional de la Coalición contra la Pandemia Minera Aldo Orellana López & Leny Olivera Rojas, TerraJusta Ennedith López & Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Jamie Kneen & Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva
Revisión del informe Aldo Orellana López, TerraJusta Ennedith López, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá
Traducción del español al inglés Thomas Mc Donagh
Corrección de Estilo Adriana Montes Sánchez (Español) Maddy Ryle (Inglés
Resumen ejecutivo
Dos años después de la pandemia mundial a causa del COVID-19, las comunidades afectadas por proyectos mineros, en gran parte de América Latina, han estado viviendo múltiples crisis cada vez más profundas y una aceleración de la violencia, vinculada con la extracción de recursos.
La industria minera ha recibido el apoyo directo e indirecto de los gobiernos, para mantener e incluso ampliar sus operaciones, mientras que las comunidades deben asumir, de manera simultánea, las limitaciones sociales, y los impactos sanitarios y económicos, como consecuencia del virus; así como la militarización, violencia y los daños ambientales directos, que genera la minería en sus territorios. Sin embargo, incluso frente a amenazas graves, las y los defensores del ambiente y del territorio persisten. De hecho, la defensa de la tierra de las comunidades y la ayuda mutua, han sido fundamentales para mantener a las personas lo más seguras posible durante este tiempo de crisis y para reforzar la importancia de proteger el agua, la soberanía alimentaria y el autogobierno.
Las relaciones asimétricas de poder económico y político, entre las empresas mineras y las comunidades locales, que son a la vez racistas, patriarcales, coloniales e imperialistas, se han profundizado durante la pandemia. La pandemia ha ejercido nuevas presiones sobre las comunidades afectadas por los proyectos mineros y, al mismo tiempo, ha creado oportunidades para que las empresas mineras y los gobiernos, continúen violando sus derechos. Esto ha puesto a las comunidades, muchas de ellas comunidades indígenas, en mayor riesgo de sufrir daños graves a largo plazo, para que un pequeño puñado de inver – sores adinerados pueda enriquecerse aún más.
El resultado de la pandemia, desde la perspectiva de las personas afectadas por la minería, parece estar hecho a la medida de los intereses de las empresas mineras. En general, las empresas mineras han podido aprovechar la pandemia como una ventana de oportunidad para impulsar proyectos a los que se oponen las comunidades locales. Las actividades mineras solo tuvieron breves pausas en sus operaciones y en cambio, fueron rápidamente declaradas esenciales para la reactivación económica, y se les permitió continuar operando; lo que generó un incremento progresivo en sus ganancias, a medida que se disparaba el precio de los metales.
En una serie de casos, también encontramos que las empresas utilizaron su influencia política e incluso la amenaza de demandas de arbitraje, para argumentar que la extracción de recursos es necesaria o inevitable para la reactivación económica posterior al COVID-19, lo que implica dividir a las comunidades y marginar a los defensores de la tierra que se oponen a estas narrativas. La llamada transición energética solo sirvió como una justificación más para sostener o expandir las actividades mineras. Varios estados cómplices, sin necesidad de mucha presión de parte de las empresas, desregularon aún más éstas actividades y/o crearon planes para estimular su crecimiento, mientras que los daños existentes en territorios y población, siguen en la impunidad.
Compartimos esta entrevista realizada por Julio Martínez de El Asombrario sobre las y los defensores de la vida asesinados en México – A 16 de mayo del 2022
Según Reporteros Sin Fronteras, en lo que llevamos de 2022 once periodistas han sido asesinados en México. Unas cifras que se unen a los ataques sufridos por los activistas ambientales durante 2021, que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha datado en 25 homicidios, siete más que en 2020. Ante unas informaciones tan alarmantes, desde ‘El Asombrario’ hemos querido entrevistar a Gustavo Castro,un ambientalista con décadas de lucha ecologista a sus espaldas. De hecho, fue el único testigo de la muerte en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres. Durante la conversación, Castro ha analizado las causas de estas agresiones en América Latina, al mismo tiempo que ha recordado la figura de su compañera Bertita, como así la conocía.
¿Cómo calificaría la situación de los defensores ambientales en México y en Centroamérica?
Estamos en un punto muy complicado. Desde 2021 se vienen registrando los mayores índices de asesinatos a activistas y a periodistas. Una situación que no sólo se está produciendo en México, sino en toda América Latina. Entre las causas se encuentra la aceleración del extractivismo [de materias primas] en la región. Una circunstancia que ha generado la resistencia de los movimientos ecologistas y la consiguiente persecución de sus integrantes. En el caso mexicano, el actual presidente –Andrés Manuel López Obrador– ha impulsado grandes megaproyectos que están conllevando unos impactos ambientales y sociales descomunales. Por tanto, la reacción de las organizaciones ambientales no se ha hecho esperar. Y no únicamente con protestas. También con acciones jurídicas en contra de dichas decisiones. Un descontento que la administración actual [la de López Obrador] ha criminalizado, con el fin de evitar que sus megaproyectos se detengan…
Entre las mencionadas obras públicas, ¿se encontraría el ‘Tren Maya’ que se está construyendo en la Península de Yucatán?
Así es. Se trata de una de las propuestas de mayor dimensión. El gobierno se encuentra promoviendo más de 1.500 kilómetros de tren, que van a afectar a gran parte de la selva maya. De hecho, el proyecto ya estaría impactando sobre la deforestación, el uso del agua o la extracción de la energía. Incluso se estaría aprovechando este plan para estimular otras iniciativas poco sostenibles, como pistas de fórmula 1 o complejos hoteleros. Todo ello, además, en una zona muy rica en lo arqueológico, en lo ambiental y en lo cultural.
Por otro lado, la presencia de compañías mineras canadienses en México, ¿cómo estaría afectando a esta situación?
Estas sociedades son las principales inversoras del sector extractivo mexicano. Unas actividades mineras que han generado mucha criminalización y persecución. Precisamente, ahora estamos demandando explicaciones al gobierno de Canadá por el asesinato de Mariano Abarca [el 27 de noviembre de 2009] a manos de una de estas compañías. Sin embargo, el ejecutivo canadiense no acepta que la empresa participase –aunque fuera por omisión– en el homicidio.
¿Qué medidas se podrían tomar para transitar de un modelo extractivo a otro con un mayor peso de las renovables?
El problema de fondo no es el bien natural. Es la forma de extraerlo. De hecho, existen dos alternativas. Por un lado, la descentralizada, donde las comunidades consiguen fuerza energética directamente del entorno, con un impacto ambiental casi nulo y donde tienen el control de la totalidad de la producción y distribución. Y por otro, está el modelo centralizado, en el que hay una sola empresa que emplea y controla una gran extensión de territorios para generar energía y distribuirla a una gran cantidad de clientes. En consecuencia, necesitamos una transición desde la fórmula centralizada a la descentralizada. Y, con este fin, hay que implementar mecanismos para que en los municipios se generen distintas opciones de obtención energética.
Regresando al problema de la persecución de los activistas ambientales en México, hemos hablado de las causas relacionadas con la política extractivita, de la responsabilidad de las compañías transnacionales o de los grandes megaproyectos. Pero ¿qué papel tiene la corrupción en estos ataques? ¿Y el crimen organizado?
Acaba de tocar dos puntos que son fundamentales. En primer lugar, la corrupción. La ciudadanía suele darse cuenta cuando los gobiernos no hacen las cosas bien, pero ¿quiénes son los que ofrecen el dinero para corromper a las instituciones públicas? Normalmente, las grandes empresas transnacionales, que impulsan el cabildeo entre los diputados para conseguir la aprobación de leyes que beneficien sus intereses, para obtener los mejores precios o para hacerse con las concesiones más rentables. Y luchar contra esto es una tarea titánica, sobre todo cuando las corporaciones han asaltado el Estado y han tomado el control del poder ejecutivo. Se acaba produciendo una fusión entre el dominio económico y el estatal…
En cuanto al crimen organizado, se ha desarrollado de forma tan acelerada que ya se vislumbra una fusión entre el narcotráfico y las autoridades políticas y empresariales. De esta forma, nos podemos encontrar con narcoestados. Una circunstancia terrible que estamos observando tanto en México como en toda América Latina. En este contexto, la violencia se agudiza muchísimo más, ya que los cárteles ostentan el poder de los territorios y de la policía. Entonces, la persecución a los defensores ambientales se multiplica.
¿Qué lugares de México se pueden considerar ‘narcoestados’?
La pregunta se ha de formular al revés. ¿Cuáles no lo son? Estamos en un país donde hay 100.000 desaparecidos; donde el narco está utilizando drones para lanzar bombas contra el Ejército; donde existe un crimen organizando que, en definitiva, trae de cabeza al gobierno federal. Una presencia de los cárteles que nunca pensábamos que fuera a llegar a Chiapas [Gustavo Castro vive en este Estado mexicano del sur, que nunca ha tenido una gran presencia del crimen organizado]. Por eso, estamos sorprendidos de cómo en los dos últimos años –desde el inicio de pandemia– los indicadores de violencia también se han incrementado en esta zona. Se ha observado un aumento de las fosas comunes, de los desaparecidos, de los enfrentamientos armados entre los narcos…
¿Por qué se está produciendo este avance en emplazamientos que, hasta no hace tanto, no sufrían este problema?
Hay que tener cuenta que México cuenta con una relevante frontera terrestre con Estados Unidos, el lugar del mundo con mayor consumo de droga. Por tanto, todos los estupefacientes han de pasar por nuestro país. Sin embargo, y por diferentes circunstancias –como el tratado de libre comercio o la edificación del muro que separa ambas naciones–, el narco decidió que también quería fomentar el consumo nacional mexicano. Y, para facilitar el acceso a las mercancías, decidió estimular la siembra de los estupefacientes aquí, en nuestro país. Tras ello, el siguiente paso que dio fue el de la ampliación de sus negocios, a través de extorsiones, secuestros, lavado de dinero, tráfico de migrantes, de órganos, de niños y de armas… Un fortalecimiento de su presencia que se ha visto ayudado por la pandemia, ya que durante la misma no hubo control del espacio –ni ciudadano ni gubernamental–. Con la llegada de la Covid19 nadie salió a la calle, por lo que el crimen organizado se movilizó más fácilmente.
¿Se está normalizando la violencia?
Yo creo que sí. Hay tanta información sobre asesinatos y desaparecidos que la ciudadanía ya no se escandaliza ante estos hechos. Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a que cada día se produzcan decenas de homicidios, feminicidios… En este contexto, la pregunta para los defensores ambientales o para los periodistas es: ¿cómo nos vamos a proteger? No vemos que las administraciones estén respondiendo ni que tengan la capacidad para ello. No pueden hacer nada en contra del narco. El crimen organizado se encuentra sumamente armado…
¿Qué tal funciona el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas? Se trata de una fórmula implementada por el gobierno mexicano para la salvaguarda de aquellos ciudadanos que, por su labor profesional o activista, han sufrido –o sufren– el hostigamiento de diferentes grupos.
Es un recurso muy criticado y muy débil. Asimismo, tampoco se constituye como un elemento disuasorio de los ataques. Los asesinatos y las amenazas continúan. No es capaz de evitar la violencia. De hecho, se encuentra rebasado, por lo que hay que plantearse otras fórmulas.
¿Qué medidas se tendrían que adoptar para proteger a defensores ambientales, a informadores y a otros sectores amenazados en México?
Se debe apostar, en primer lugar, por un incremento de la formación en protocolos de protección en las comunidades, en los colectivos y en los propios activistas. La gente debe abrazar mecanismos de seguridad y cuidado a nivel personal, familiar, colectivo y organizativo. Es algo indispensable que se está incentivando cada vez más.
Por otro lado, se encuentra la solidaridad internacional. Cuando alguna violencia se posiciona a nivel de todo el país, entra este recurso. Lamentablemente, dicha posibilidad se emplea cuando ya ha sucedido el mal y no existe otra alternativa. Además, somos conscientes de que dicha opción también es muy difícil de implementar, ya que los afectados han de tener los contactos necesarios fuera del territorio para poder beneficiarse de esta posibilidad.
No quiero terminar esta conversación sin preguntarle por Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016. ¿Cómo está viviendo su ausencia?
Tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno de Honduras acelere la publicación de la sentencia en contra de David Castillo [ex presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., ex oficial de inteligencia del Ejército hondureño y considerado coautor del crimen]. Esperamos que el fallo sea de al menos 30 años de prisión. Y a partir de este punto, queremos que el juicio siga avanzando y se diluciden las responsabilidades de los posibles autores intelectuales del asesinato de Berta. Entre estos últimos se encontraría la familia Atala, una de las más importantes de Honduras. En cualquier caso, Bertita [Cáceres], a través de su legado y figura, sigue estando presente en los movimientos, en las organizaciones y en las conmemoraciones de cada 2 de marzo. Se ha convertido en un icono y en una bandera de lucha y esperanza por un mundo mejor.
Como último testigo de Berta Cáceres con vida, ¿qué reclama para que se eviten este tipo de crímenes?
Los gobiernos deben detener la corrupción y la venta de nuestros países a intereses espurios cuya acción, en el fondo, implica el despojo total a los campesinos y a los pueblos indígenas. En este sentido, si los sectores afectados se sienten dañados, acabarán reaccionando. No en vano, la gente siempre va a proteger su casa, su territorio y, en definitiva, su forma de vida.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida en el Ejido El Bajio en Sonora ante la devastación minera – A 20 de mayo del 2022
El día de ayer, miembros del Ejido El Bajío junto con organizaciones aliadas de Londres, presentaron una carta ante la Embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena.1 En ella, El Bajío exige la ejecución de las 67 sentencias agrarias a favor del ejido, en su lucha contra la mina de oro Soledad-Dipolos propiedad de la empresa minera PENMONT que operó en su territorio de forma ilegal por más de diez años. Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), nos sumamos a las exigencias del ejido El Bajío para que se cumpla el estado de derecho y se llegue a la justicia y rendición de cuentas ante una de las empresas mineras más poderosas de México.
La empresa PENMONT pertenece al conglomerado de empresas de Fresnillo PLC, la cual, es propiedad en un 75% de Industrias Peñoles cuyo dueño es la familia Baillères. Fresnillo PLC celebró este 17 de mayo su reunión anual de accionistas en Londres, lugar en donde cotiza dentro de la bolsa de valores desde el 2008. Una delegación de ejidatarios del ejido El Bajío, logró entrar a dicha reunión y presentar una serie de demandas y exigencias, que en ningún momento la empresa ha admitido frente a sus accionistas, tal como se evidencia en sus propios informes.
Las demandas y exigencias del ejido se centraron en recalcar la secrecía de la empresa ante sus accionistas sobre las 67 demandas interpuestas por el ejido en el 2013 y las cuales cuentan con sentencias firmes desde el 2014 emitidas por el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora. En las sentencias se ordena a la empresa a: abandonar la mina Soledad-Dipolos ubicada dentro del territorio del cual es propietario el ejido El Bajío; devolver al ejido todo el oro extraído durante la ocupación ilegal de las tierras; pagar las rentas a los ejidatarios por la ocupación ilícita de sus tierras; restituir las tierras a su estado natural y remediar el daño al medioambiente descontaminando las tierras afectadas. Asimismo, hay una nueva sentencia dictada en enero de 2022, por el mismo tribunal que declara nulo un título de propiedad otorgado a la Minera PENMONT por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), condenando “a la parte demandada al respeto irrestricto de la propiedad social del ejido El Bajío y se le solicita, que en un futuro se abstenga de realizar actos que perturben la posesión jurídica y material que el ejido mantiene dentro del territorio”, tal como el ejido le relata en su carta a la embajadora de México entregada el día 19 de mayo.2
Desde la emisión de las sentencias del 2014, el ejido ha sufrido hostigamiento, amenazas, criminalización y violencia permanente por su resistencia a las operaciones de PENMONT. El punto máximo de la violencia ha sido el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz (y la desaparición de su cuerpo), la desaparición de Noemí López Gutiérrez en el 2018, y el asesinato de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en abril de 2021, quienes además de ser asesinados fueron usados como amenazas, al dejar un cartel con el nombre de trece ejidatarios sobre sus cuerpos.
En su carta a la embajadora, el ejido solicita que “usted, como nuestra representante y defensora del medio ambiente, cuente con esta información y pueda generar acciones que conlleven al cumplimiento de la justicia, a la conservación de nuestro medio ambiente y a la defensa de la vida de todas y todos los mexicanos en nuestro país.” Sin embargo, una relación familiar de la diplomática con un alto ejecutivo de la empresa Fresnillo PLC pone en duda la posibilidad de una respuesta consecuente.
Influencia minera en la embajada de México en el Reino Unido
La Mtra. Josefa González-Blanco Ortiz-Mena fue nombrada como Embajadora de México en el Reino Unido el 23 de abril de 2021, es hija del ahora fallecido, Patrocinio González Garrido, ex gobernador de Chiapas y ex secretario de Gobernación bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Inexplicablemente, ocupó de forma efímera el cargo de la Secretaría de Medio Ambiente durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre del 2018 a mayo del 2019.3
Consideramos que este cargo fue ocupado de forma inexplicable, ya que la ahora embajadora, tiene relaciones familiares en los sectores energéticos, turísticos y mineros del país, mostrando un claro conflicto de intereses, tal como tenía en torno a decisiones importantes con respecto al Tren Maya, cuando fue cuestionada por su relación familiar con David Ortiz, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.4 En el sector minero, destaca que uno de los primos hermanos de la embajadora, es Carlos Ortiz Mena, abogado de Fresnillo PLC desde 2001 y quien logró la incorporación de la empresa en la bolsa de valores de Londres, en 2008; año desde el que dirige la sección jurídica de toda la misma. Es decir, Carlos Ortiz Mena es quien dirige a su equipo frente las sentencias que ha logrado el ejido El Bajío y, en consecuencia, quien decide lo que se informa a sus accionistas al respecto.
Ante la evidente relación y conflicto de interés existente entre la Embajadora y su primo el Lic. Carlos Ortiz Mena, REMA exige a la embajadora que responda como le corresponde, defender los intereses de las y los mexicanos y no de su primo hermano. Específicamente, exigimos que atienda las demandas y exigencias del ejido El Bajío ayudando a visibilizar la grave situación de violencia que esta empresa ejerce contra la población del ejido, misma que actúa en total impunidad con el gobierno mexicano.
Otros diplomáticos mexicanos con fuerte influencia minera
Para concluir, queremos decir que la 4T, realmente se ha esmerado en colocar en cargos diplomáticos a verdaderos creyentes y promoventes mineros mexicanos en el extranjero, ya que la ex Secretaria de Medio Ambiente no es el único caso en esta administración.
Está también el reciente nombramiento de la ex Gobernadora de Sonora, la Lic. Claudia Pavlovich Arellano como Cónsul de México en Barcelona, cuyo tío, Rafael Pavlovich Durazo, fue uno de los principales operadores de la misma operación minera dentro del ejido El Bajío desde el 2015 al 2018. Pavlovich Durazo es causante del inicio de las primeras manifestaciones de criminalización y violencia en contra del ejido. Vale mencionar que el mismo día de ayer una representante de las más de 120 familias de las niñas y niños de la guardería ABC de Hermosillo estuvo en España para exigir la destitución de la ex gobernadora Claudia Pavlovich como Cónsul mediante una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ayuntamiento de Barcelona, por haber encubierto a los responsables del incendio en el que murieron 49 niños y muchos más sufrieron daños irreversibles.5
De la misma manera la 4T premió al ex Subsecretario de Minas Francisco Quiroga nombrándolo como Embajador de México en Alemania. Antes de llegar a la política con la inauguración de la administración de López Obrador, el Sr. Quiroga fue empresario en la industria del acero y trabajaba con varias empresas, entre ellas el Grupo Villacero y ArcelorMittal.6 Ahora, llama la atención que representa los intereses de México en uno de los países más dominantes en el sector automotriz y una de las principales potencias en la industria del acero.
En REMA tenemos una larga historia de aprendizajes que nos hacen cuestionar la objetividad del cuerpo diplomático, no sólo de México, sino de varias naciones. En el caso de la embajada canadiense, por ejemplo, a quien hemos denunciado durante años por su constante apoyo a las empresas mineras canadienses en México, frente el caso del asesinato de Mariano Abarca, uno de los fundadores de REMA, por lo cual exigimos una investigación en Canadá.7 Esta embajada hizo trabajo diplomático e injerencista al servicio de los intereses de la empresa Blackfire en Chicomuselo, Chiapas, aun conociendo los riesgos que corría la vida de Mariano durante las semanas y meses antes de su asesinato ocurrido en noviembre del 2009. Por esto, y por los obvios problemas de conflicto de interés, cuestionamos la abierta participación de empresarios y personas vinculadas a empresarios en puestos diplomáticos.
La representación de nuestro país en manos de estas/os dudosas/os personajes, lo único que logra es la reproducción del modelo extractivo minero que estamos padeciendo las comunidades, mismo que ha generado tanta destrucción y pérdida de vidas en las comunidades y los territorios, tal como ahora lo demuestra con tanta claridad la situación en que se encuentra el ejido El Bajío, en Sonora.
¡Basta de la diplomacia minera mexicana!
¡Justicia y rendición de cuentas para el ejido El Bajío!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Imagen: Ejido El Bajio protestas frente a Palacio Nacional – enero 2022 – El bajio
Compartimos con ustedes este boletin de prensa y el informe de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y el covid durante la pandemia en el 2020- A 24 de mayo del 2022 >>Descargar informe en pdf aquí <<
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
>>Informe aquí abajo<<
Informe REMA: La Lucha por lo Esencial
Sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial
El día de hoy, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería presentamos el informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, en el que reflexionamos sobre las vivencias de las comunidades en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza en los territorios. En este informe visibilizamos la asimetría que durante esta pandemia se profundizó entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste. A dos años de la pandemia, los territorios en resistencia a la minería se recuperan y es importante volver plantear lo que consideramos realmente como esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia? Documentamos la forma en que la minería en México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas institucionales les fueron abiertas nuevamente.
A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, en los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020. Así, desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 entidades de la República.
Además, la incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento de los precios de metales como el oro y plata en el mercado internacional. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera rápidamente, hasta obtener ganancias históricas en varios casos.2
Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas y lograron, al mismo tiempo, obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aún más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando. Especialmente, durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.
Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, recopiladas para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades.
Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se movió un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado tantos daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.
El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, lo cual lanza hoy su informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera. Éste informe abarca 16 casos de estudios de 9 países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.
A pesar de estas condiciones adversas, en México como en toda América Latina, las organizaciones y las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio.3
Desde la REMA, tenemos más claro que nunca la importancia de prevenir el acceso de las empresas mineras a los territorios, de informar a las comunidades, de dialogar, de documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero. Para la construcción de un futuro digno es indispensable prevenir y evitar los daños que generan los proyectos extractivos, al mismo tiempo que se promueven alternativas de vida al sistema capitalista -desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios-. Las acciones para el ejercicio de los derechos colectivos y la defensa de la salud comunitaria, del medio ambiente, del agua y de la soberanía alimentaria, entre otras, son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.
La minería no es una salida a la crisis, es su profundización
¡Territorios libres de minería! Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Informe: La lucha por lo esencial
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
INTRODUCCIÓN
A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. Sin embargo, no ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,1 sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.2
Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera.
Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.
A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Protesta El Bajio en CDMX
Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.
Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
Una producción de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), http://www.remamx.org/ Texto y compilación de testimonios: Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos. Revisión: Ángeles Mariscal e Isabel Velásquez. Diseño: Otros Mundos, A.C./REMA Chiapas. https://otrosmundoschiapas.org/ Foto Portada: FPDS Chiapas. Agradecemos a los miembros de la Rema de las entidades participantes por la donación de sus fotografías para este informe. Agradecemos por su participación a: Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; Ejido El Bajío, Sonora; Articulación por la Vida contra la Minería del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A.C., Epazoyucan, Hidalgo; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de Junio’, Acacoyagua, Chiapas. Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera, https://miningpandemic.org/es/. Impresión gracias al apoyo de Salva la Selva, https://www.salvalaselva.org/ México, Mayo 202
Compartimos este informe especial publicado en QuintoElemento Lab sobre la desaparición forzada en México- A mayo 2022
Por Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán
México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.
Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad.
Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.
Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años.
Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad.
Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.
Habitación de Milynali Piña Pérez desaparecida a los 13 años de edad el 14 de agosto del 2012 en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González
En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%.
Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas.
Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25.
Y no se detiene.
La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable.
La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63% de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en 1 mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada.
Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
De la “guerra sucia” a la llamada “guerra contra las drogas”
En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia.
Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León.
Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.
Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.
En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más.
Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están.
La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.
¿Qué sabemos sobre las personas ausentes y los territorios que habitaban?
En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.
También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas.
La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.
Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias.
Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.
En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50% de las desapariciones.
En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.
Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente.
A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.
En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.
En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco.
En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.
El año de la pesadilla: 2010
El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar.
La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.
Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).
En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.
La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.
Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.
La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.
La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).
El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.
La crisis de desapariciones ya no se puede ocultar
Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos.
En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42% no especifica siquiera la fecha de los hechos.
Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.
Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.
Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.
En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa.
A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.
La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.
Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.
2017. Del noroeste al centro
El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31% a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con 7 mil 900 personas ausentes, casi 2 mil más que las contabilizadas en 2016.
El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242.
Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018.
Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.
La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.
Nuevos sitios golpeados por la desaparición
Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición.
A finales de ese 2018, la presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, 9 mil 200 personas más.
En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.
En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes.
Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.
Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años. Foto: Adolfo V. Valtierra.
Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres.
El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente.
Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones.
Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.
Un delito que toma fuerza
El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).
Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533% en un año.
El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.
¿Dónde se concentró la desolación?
Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.
Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.
Aumenta la desaparición de mujeres
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha
La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.
Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.
El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de 2 mil 600 casos concentra el 14% del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres.
En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.
Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.
El 2017 destacó por su violencia con 2 mil mujeres desaparecidas.
A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua.
En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.
En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.
Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los dos amparos ganados en la lucha contra la minería y por la vida en Colima – A 11 de mayo del 2022
La Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima, hace unos días volvió a atinar un duro golpe al modelo extractivo minero, al ganar un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la ciudad de Colima, y dejar sin efecto dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía había otorgado (una de ellas desde 1995) para la extracción de minerales dentro de su territorio.
La lucha de Zacualpan comenzó en 2013 cuando el empresario minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez, de la empresa Gabfer, S.A. de C.V. y la entonces Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, se acercaron a la Comunidad de Zacualpan, uno a comprar y la otra a presionar, al comisariado comunal representado por Carlos Guzmán Teodoro con el fin de que él convenciera a los comuneros para que otorgaran el permiso para la explotación de oro, plata y manganeso de los lotes Heliotropo y Tigrilla con número de concesión 201872 y 227572. La oferta era de 15 a 17 mil pesos por voto y la promesa de poner una farmacia en la Comunidad.
Nunca pensaron que esa comunidad indígena les fuera a dar tantos dolores de cabeza y que tantas/os funcionarios iban a ver afectados sus intereses y algunas/os otras/otros iban a ser incluso destituidos de su cargo. En 2013 se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y, por esta organización, fue que en 2014 el primer funcionario cayó. Se trató de de Carlos Guzmán Teodoro, que fue destituido por la fuerza de la Asamblea Comunal, autoridad máxima, que nombró un nuevo comisariado y que por primera vez en la historia de Zacualpan contaba con dos mujeres, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Arandas, secretaria y tesorera respectivamente. En esa misma Asamblea se decidió declarar a Zacualpan como “Territorio Libre de Minería”.
Ante esto, el gobierno del estado de Colima se negó a reconocer al nuevo comisariado. La Comunidad, en respuesta, paró las bombas de agua que distribuyen agua a Colima y Villa de Álvarez. Esto era una acción también simbólica, pues se sabía que el manantial que Zacualpan había cuidado por generaciones, sería uno de los primeros en contaminarse con la operación de una mina. Rogelio Rueda, en ese momento Secretario de Gobierno, reprimió de manera brutal a las y los indígenas que se encontraban exigiendo ser atendidas/os. Con más de 200 granaderos y una tanqueta obligó, violentamente, al contingente a retirarse del sitio. Esto sería la causa de que el funcionario perdiera su candidatura a gobernador, más adelante.
Por otro lado, Díaz Rivera, la Delegada de la Procuraduría Agraria, asesoró a Carlos Guzmán para que interpusiera un juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, juicio que resolvió el Magistrado Antonio Luis Betancourt, el 3 de julio de 2014. No sólo no le dio el triunfo a Carlos Guzmán reconociendo al nuevo comisariado sino que, por primera vez en México, se reconocía a un Territorio Libre de Minería por un Tribunal Agrario. Esto, por supuesto también le costó a este Magistrado su destitución y por muchos años ese Distrito estuvo sin nombramiento.
Por su lado, Díaz Rivera insistía en que el nuevo comisariado no era legítimo y su soberbia la llevó a extralimitarse en sus funciones y comenzó a cometer incontables violaciones a los derechos de la Comunidad Indígena de Zacualpan, llegando al extremo de usar un helicóptero del gobierno del Estado para poder llegar a la Comunidad y realizar una Asamblea en 9 minutos, donde pretendía destituir al nuevo comisariado ya ratificado por el Tribunal Unitario Agrario.
Este cúmulo de acciones violentas e ilegales contra la comunidad indígena de Zacualpan llevaron a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y a Bios Iguana A.C., que habían estado apoyando desde un principio a la Comunidad Indígena, a organizar una Misión de Observación donde participaron más de 20 organizaciones nacionales e internacionales en marzo de 2015, unos días después de que la principal líder indígena de Zacualpan, la muy querida Epitacia Zamora Teodoro, muriera a causa de presiones y amenazas que agravaron su salud. En esos meses fueron interpuestas denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria en contra de María Elena Díaz Rivera por intimidación y abuso de autoridad.
La REMA, en ese mismo mes de marzo de 2015, junto con otras organizaciones nacionales y como parte de una estrategia nacional para lograr la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apoyó a la Comunidad Indígena de Zacualpan para interponer un amparo contra las concesiones mineras que se habían otorgado en su territorio.
A principios de 2016 finalmente fue destituida la Delegada de la Procuraduría Agraria, Maria Elena Díaz Rivera, por orden del Órgano Interno de Control de la misma Procuraduría Agraria.
Cuántas angustias, violencia física, violencia psicológica, división, criminalización, estigmatización, acoso policiaco, amenazas de muerte, cuánta sangre corrió, cuántas familias divididas, cuantas tristezas, cuanto acoso tuvieron que soportar mujeres y hombres de la Comunidad Indígena de Zacualpan hasta que ahora, finalmente, a 7 años de interpuesto ese amparo, el Juez Federal, Jorge Damián González Villaseñor, Titular del Juzgado Segundo Distrito le da la razón a la Comunidad indígena y deja sin efecto esas concesiones.
Desde la REMA le decimos a la Comunidad Indígena de Zacualpan y al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, miembro de la REMA, que recibimos con gran alegría la noticia de este triunfo, que no es más que de ustedes. Que las y los vemos como un gran ejemplo de lucha y tenacidad, que nos alienta a seguir en este camino. Que su lucha también nos ha fortalecido y nos ha enseñado senderos nuevos que hemos compartido con otras luchas, para que no cometan los mismos errores, para que estén claras/os de que la lucha es larga pero con fuerza firmeza y tenacidad se logra ganar a este modelo extractivo que nos carcome la vida.
En 1981-1982, los regímenes genocidas guatemaltecos, respaldados por Estados Unidos, llevaron a cabo cinco masacres a gran escala contra el pueblo maya achí de la aldea de Río Negro, para dar paso a la presa hidroeléctrica de Chixoy del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un proyecto de inversión en energía que fue financieramente rentable para ambos bancos de «desarrollo» y que dio lugar a una muerte masiva y a la devastación de Río Negro, y de docenas de pueblos mayas a lo largo del río Chixoy.
Impunidad desde lo nacional al internacional Hasta hoy dia, los gobiernos de Guatemala no han cumplido con las reparaciones y condiciones ordenadas como parte de la Sentencia de Corte Inter-Americana de DDHH (2012), ni con las reparaciones ordenadas como parte del Decreto #378-2014, «la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy».
Hasta hoy dia, no el Banco Mundial ni el BID han aceptado responsabilidad algunas por las massacres, destruccion y desalojos violentos e ilegales vinculados con la construccion de la presa Chixpy. Los dos bancos de ‘desarrollo’ profitaron de sus inversiones en este proyecto genocida de desarollo.
14 de mayo – Masacres de Los Encuentros Ahora, bajo las aguas de la presa, Los Encuentros era un punto de encuentro río abajo de la remota aldea de Río Negro, que había estado enclavada a lo largo del río Chixoy (también conocido como Río Negro) en el centro de Guatemala durante siglos, hasta la construcción violenta e ilegal de la presa de Chixoy del Banco Mundial y el BID (1975-1985).
Representación de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, utilizada en un trabajo de educación popular del Centro Historico de la aldea de Rio Negro Salvajismo Fue ese dia, ahi en Los Encuentros, que los patrulleros y soldados llevaron a cabo el cuarto de los 5 masacres de la presa Chixoy/Rio Negro. En total, más de 440 niñas y niños, bebés y ancianos, hombres y mujeres de Río Negro fueron asesinados sin miramientos.
Es difícil comprender el salvajismo de estas matanzas. Los aldeanos fueron asesinados a golpes de machete, estrangulamiento y disparos; las mujeres fueron violadas y golpeadas hasta la muerte; los niños pequeños y los bebés fueron golpeados contra las piedras.
Las masacres y la destrucción fueron llevadas a cabo por los militares guatemaltecos y los patrulleros de la defensa civil (PAC), y por los guardias de seguridad que trabajaban para el proyecto de la presa de Chixoy.
Tras la última masacre de la presa de Río Negro/Chixoy (en la aldea de Agua Fría, el 14 de septiembre de 1982), algunos supervivientes perecieron de hambre y enfermedad, mientras se escondían en cuevas y barrancos de las montañas circundantes. Incluso después de la erradicación de Río Negro y de la mayoría de sus habitantes, los soldados y las PAC patrullaron a pie la zona de la cuenca del río Chixoy, matando a cualquiera que encontraran sobreviviendo allí.
«Plan de reubicación» del Banco Mundial/BID La matanza de los habitantes de Río Negro y la erradicación de la aldea sirvieron para la «reubicación» del proyecto, para dar paso al llenado de la cuenca de la presa. En total, más de 30 comunidades mayas fueron desalojadas por la fuerza, total o parcialmente, río arriba y río abajo del muro de la presa. Ninguna comunidad sufrió más que Río Negro.
En su libro «Chixoy dam, displacement and development: Perspectivas de Río Negro, Guatemala», Nate Einbinder escribió: «No hay forma de cuantificar lo que se perdió en Río Negro» (https://www.springer.com/la/book/9783319515106).
Nate tiene razón. Es difícil exagerar la amplitud y la enormidad de la criminalidad y la violencia del Banco Mundial y el BID, en asociación directa con los regímenes genocidas guatemaltecos de los generales Lucas García y Ríos Montt.
Daños intergeneracionales Los impactos de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro y los desalojos forzosos continúan hoy en día de múltiples maneras. La mayoria de los supervivientes de las masacres y desplazamientos, sus hijos y nietos, llevan hoy vidas de subsistencia, en condiciones de pobreza crónica. Muchos se han visto obligados a huir de su casa y de su país y a intentar buscarse la vida en México o en Estados Unidos.
Impunidad intergeneracional También es imposible exagerar la profundidad de la corrupción y la impunidad del Banco Mundial, el BID y los sucesivos regímenes respaldados por Estados Unidos en Guatemala, que fueron directamente responsables de las masacres y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy/Río Negro.
Han pasado casi cuatro décadas y todavía no se ha hecho justicia contra los autores intelectuales, beneficiarios y aprovechados de este proyecto de inversión de «desarrollo internacional».
Supervivencia / Verdad / Justicia y Reparación Una reflexión sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, 40 años después, puede entenderse mejor en términos de la supervivencia de los supervivientes y su trabajo y lucha continuos para contar la verdad y buscar justicia y reparación.
Supervivencia La mayoría de los sobrevivientes de Río Negro viven hoy en día -con hijos y nietos nacidos desde los crímenes de la presa de Chixoy- en el antiguo campo de concentración militar de Pacux, donde fueron obligados a vivir, y fueron «reubicados» desde Río Negro. Algunos han regresado para ganarse la vida a duras penas, en lo alto de la ladera seca de la montaña, donde la comunidad original se encuentra ahora bajo unos 100 metros de acumulación de limo y agua de la presa de Chixoy. Sebastián Iboy Osorio, superviviente y testigo presencial (cuando tenía 16 años) de la masacre del 13 de marzo de 1982, en la que fue asesinada la mayor parte de su familia, camina por Río Negro, por encima del lodo y el limo que han llenado la cuenca del río Chixoy desde que se represó en 1983, tras la última masacre. La comunidad original de Río Negro se encuentra debajo del lodo. Sus condiciones de vida actuales de pobreza y trauma intergeneracional son complicadas y tóxicas, y son un resultado directo de las masacres, los desplazamientos y los daños de la presa de Chixoy. Sin embargo, sobreviven y siguen reconstruyendo sus vidas para sus hijos y nietos, y siguen contando la verdad y exigiendo justicia y reparaciones.
Se podría decir que es un milagro, pero no lo es. Es un testimonio de la valentía, la dignidad y la fuerza espiritual de los supervivientes de Río Negro (en concreto) y de los pueblos mayas (en general), arraigados en sus antepasados, sus tierras y la Madre Tierra, sus dioses y sus ceremonias.
La verdad Desde la primera exhumación de las víctimas de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, llevada a cabo en 1993-94 por el EAFG (Equipo de Antropología Forense de Guatemala), precursor de la FAFG (Fundación Guatemalteca de Antropología Forense – https://fafg.org/home/), en el lugar conocido como «Pak-o-shom» en las montañas por encima de la aldea original de Río Negro, los supervivientes han estado diciendo la verdad para que todos la escuchen.
Desde esta primera exhumación de la fosa común vinculada a la presa de Chixoy, los sobrevivientes han apoyado otras exhumaciones y han impulsado los esfuerzos para buscar justicia en Guatemala y a nivel internacional.
Los sobrevivientes de la masacre y los testigos presenciales -como Jesús Tecu Osorio y Carlos Chen Osorio- han escrito libros testimoniales. Se han realizado películas documentales. Se han escrito artículos y reportajes. Los activistas supervivientes han viajado por todo el mundo dando testimonios en conferencias y protestando en las reuniones del Banco Mundial y el BID.
Justicia A pesar de la amplia documentación sobre los crímenes de la presa de Chixoy, no se ha conseguido justicia contra ninguna institución (BID, Banco Mundial) o gobierno (Guatemala, Estados Unidos) por su papel como autores intelectuales y materiales de la muerte y destrucción de la presa de Chixoy.
Tribunales nacionales Hay una excepción parcial a esta última afirmación. Desde 1994, los sobrevivientes de Río Negro han presionado al corrupto y comprometido sistema legal guatemalteco para que juzgue, declare culpables y envíe a la cárcel a nueve ex patrulleros de la defensa civil y comisionados militares, principalmente de la aldea vecina de Xococ, que participaron en las matanzas de Río Negro bajo las órdenes y el control de los militares guatemaltecos.
Este es un logro importante. En el corrupto sistema jurídico de Guatemala, los juicios por crímenes de lesa humanidad son escasos, y las condenas, menos. Sin embargo, el encarcelamiento de nueve de los «actores materiales» de menor rango de los crímenes de la presa de Chixoy también sirve como prueba de la impunidad con la que actuaron los «autores intelectuales» de los crímenes.
Ni un solo militar de la cadena de mando, que ordenó y llevó a cabo las masacres de la presa de Chixoy, fue capturado, juzgado y condenado.
Ni un solo funcionario o responsable de programas del Banco Mundial y del BID fue sometido a ninguna investigación sobre el papel de los bancos en la asociación con los regímenes genocidas de Guatemala en la planificación y ejecución de todos los aspectos del proyecto, incluyendo el despojo ilegal de tierras, las masacres y los desplazamientos forzados.
Corte Interamericana de Derechos Humanos Dado que sólo los «actores materiales» de bajo rango fueron declarados culpables de los crímenes de la presa de Chixoy, los supervivientes de Río Negro presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando impunidad y falta de acceso a la justicia.
Tras años de retrasos, manipulaciones por parte del gobierno guatemalteco y amenazas a los supervivientes de Río Negro que lideraban esta lucha por la justicia, el 20 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al gobierno guatemalteco responsable de las masacres de la presa de Río Negro/Chixoy y le ordenó que
investigar legalmente las masacres;
enjuiciar a todos los autores materiales e intelectuales
continuar la búsqueda de los desaparecidos
realizar exhumaciones e identificar a las víctimas;
reconocer públicamente su responsabilidad;
construir infraestructuras y servicios básicos para los supervivientes de Río Negro en Pacux
implementar proyectos de rescate de la cultura del pueblo Maya Achí
proporcionar tratamiento médico y psicológico a las víctimas; y
pagar una indemnización a las familias supervivientes por los daños materiales e inmateriales sufridos.
Si bien esta sentencia de la Corte Interamericana es un importante logro de justicia parcial, la Corte no individualizó la responsabilidad: la sentencia no tuvo impacto en los autores intelectuales de los crímenes de la presa de Chixoy.
Además, la Corte Interamericana se negó a investigar las funciones y responsabilidades del BID y del Banco Mundial, reforzando su corrupción e impunidad.
Recién en 2019 el gobierno de Guatemala realizó los primeros pagos parciales a algunos de los miembros sobrevivientes de la familia de Río Negro, mientras que no cumplió con los demás términos de la sentencia de la Corte. Desde entonces, el gobierno se ha negado a pagar más fondos de reparación o a cumplir con cualquier otro requisito.
Campaña de reparación de la presa de Chixoy Aunque no se trata de un proceso legal formal, la campaña de reparación de la presa de Chixoy es un logro importante, aunque inacabado. Tras años de exhumaciones y otros trabajos de búsqueda de la verdad, los supervivientes de Río Negro se unieron en 2004 a los demás pueblos desplazados por la fuerza y perjudicados por la violencia y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy para exigir una reparación integral. Aclaración: la sentencia de la Corte Interamericana se refiere a las masacres de Río Negro directamente relacionadas con el proyecto de la presa de Chixoy; la Campaña de Reparaciones se refiere a otras pérdidas y destrucciones causadas por el proyecto. Al igual que con el caso de la Corte Interamericana, sólo después de años de retrasos, manipulaciones y amenazas a los supervivientes que lideran esta lucha, el 8 de noviembre de 2014 el entonces presidente y ex general del ejército Otto Pérez Molina (ahora encarcelado por cargos de corrupción) se disculpó en nombre del régimen guatemalteco por las violaciones de los derechos humanos y los sufrimientos causados por el proyecto de la presa de Chixoy, y firmó el Decreto #378-2014, «la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy».
A partir de 2022, el gobierno de Guatemala sólo ha realizado pagos parciales del monto total a pagar en compensación familiar y proyectos de reconstrucción para las comunidades perjudicadas y destruidas por el proyecto.
Una vez más, el Banco Mundial y el BID resistieron todas las presiones para ser incluidos en la investigación de la Campaña de Reparaciones. La impunidad y la corrupción de la «comunidad internacional» se reforzaron de nuevo.
Valor, dignidad y fuerza 40 años después, sólo se ha pagado una pequeña cantidad de reparaciones a algunas de las víctimas de la presa de Chixoy. No se ha hecho justicia a las funciones y responsabilidades de los autores intelectuales de los gobiernos, el Banco Mundial y el BID que promovieron, diseñaron, ejecutaron y se beneficiaron económicamente del proyecto.
Señalar la impunidad y la corrupción de los autores intelectuales y aprovechados de los crímenes del proyecto de la presa de Chixoy pone de manifiesto la enormidad de este problema humano global.
Hoy en día, en todo el planeta, los gobiernos, los llamados bancos de «desarrollo», las empresas y otros inversores siguen adelante con proyectos de inversión, desplazando violentamente a las poblaciones y destruyendo los hábitats, violando una amplia gama de derechos individuales y colectivos, y devastando la Madre Tierra.
La presa de Chixoy fue uno de esos proyectos, quizá más mortífero, violento y destructivo que la mayoría.
TESTIMONIO: Canadian Mining in the Aftermath of Genocides in Guatemala (La minería canadiense tras los genocidios en Guatemala) En nuestro libro TESTIMONIO, incluimos artículos de Cyril Mychalejko y Nate Einbinder sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, haciendo las conexiones directas entre la creación de esta fuente masiva de energía hidroeléctrica en los años genocidas de los 70 y 80, y la nueva ola de inversiones mineras lideradas por Canadá que comenzó en los 90 y principios de los 2000.
El Banco Mundial fue también -no es una sorpresa- uno de los primeros inversores más influyentes en la operación minera de lixiviación con cianuro a cielo abierto de Goldcorp Inc, una de las cuatro minas a gran escala documentadas en TESTIMONIO. *** Señalar la enormidad de la impunidad y la corrupción de los autores y aprovechados de los crímenes de la presa de Chixoy no lleva a nada, y de hecho pone de relieve el valor y la dignidad, la fuerza y la visión de los supervivientes de Río Negro.
Desde que conocí a Carlos, Jesús, Antonia, Bruna, Teodora, Cristóbal y otros supervivientes de Río Negro en 1994, me asombra su fuerza espiritual y su dignidad, su compromiso para reconstruir vidas, familias y comunidades, y su valiente e incesante lucha por la verdad y la justicia.
Desde 1994, Rights Action ha apoyado varios de los procesos de verdad, memoria y justicia, y proyectos de desarrollo y reconstrucción de la comunidad iniciados por los sobrevivientes de Río Negro. Nos comprometemos a seguir haciéndolo, y … a seguir exigiendo que el Banco Mundial y el BID rindan cuentas plenamente algún día, en algún tribunal, en algún país o universo que realmente crea en la justicia y la rendición de cuentas. ******* Más información
Carlos Chen, ADIVIMA (Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achi): chenosorio.carlos@gmail.com;
